Domingo, 17 Diciembre 2017 07:40

Brasil: una gran derrota del golpe

Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil

 

El pasado jueves, al mediar la tarde el dólar subió 0.63 por ciento frente al real, y el euro pegó un brinco de 1.32 por ciento. A la vez, la Bolsa de Valores retrocedía uno por ciento, y la agencia Moody’s advertía sobre el riesgo de rebajar la clasificación de Brasil, lo que servirá para ahuyentar inversionistas.

Todo eso porque el presidente de la Cámara de Diputados, el derechista Rodrigo Maia, confirmó lo que había sido anunciado de manera abrupta en la noche anterior por el vocero del gobierno en el Senado, el denunciado y procesado Romero Jucá: la reforma del sistema de jubilaciones, principal bandera de Temer y compañía, no será votada antes de febrero del año que viene.

De inmediato Jucá fue desautorizado por el despacho presidencial y, curiosamente, por el mismo Rodrigo Maia, que en menos de 24 horas probó que él tenía razón. Hasta ayer, el gobierno insistía en que los debates en el Congreso empezarían la semana que viene. No había ninguna señal en el horizonte indicando que se alcanzaría la cantidad de votos necesaria para una enmienda constitucional, o sea, 308 de los 531 diputados.

Los que conocen las entrañas de la Cámara decían que siquiera había seguridad de alcanzar 270 votos favorables a un proyecto que, al inicio de la gestión de Michel Temer, luego del golpe institucional que lo llevó al poder, era considerado la principal bandera de su gestión y que en los últimos meses ya había sido drásticamente deshidratado.

Cuando fue anunciado, en octubre del año pasado, el proyecto de ley recibió fuerte resistencia de los sindicatos. La eliminación de párrafos que significarían pérdidas brutales de derechos no ha sido suficiente para calmar los ánimos, en especial de parte de los funcionarios públicos, que perderían varios de sus privilegios.

El sacrosanto mercado, a su vez, se resignó, a regañadientes, a los cambios y al drástico encogimiento del texto original. Pero aun así, la resistencia de amplios sectores de la opinión pública persistió. Los diputados intentaron urgentemente de convencer de las bondades del proyecto altamente impopular, en los últimos días, representantes de distintos sectores del empresariado se desplazaron hacia Brasilia para, en el Congreso, intentar convencer a los más recalcitrantes de su importancia. En vano.

Como 2018 es año de elecciones generales, y la propuesta de Temer, el más impopular presidente de la historia brasileña, sigue enfrentando resistencias, es más fácil encontrar un refrigerador en el polo norte que un solo analista que asegure que en febrero el proyecto tiene posibilidades reales de ser aprobado.

Ha sido la más contundente derrota de Temer. Hasta el último instante, y en complicidad con el presidente de los diputados, se pretendió pasar al empresariado y al mercado financiero que sería difícil pero posible aprobar la propuesta de enmienda constitucional todavía en 2017. Ha sido justo el vocero del gobierno en el Senado quien desarmó lo que todos sabían ser una farsa de proporciones amazónicas.

Lo más probable es que la votación de la reforma del sistema de previdencia social ocurra en 2019, ya con el sucesor de Temer en el sillón presidencial. Con eso, el gobierno tiene muy poco con que ocuparse el año que viene, excepto, claro, las elecciones.

La reforma principal naufragó, y en su estela naufraga la esperanza del gobierno de hacer aprobar en lo que resta del año un paquete de medidas fiscales supuestamente capaces de asegurar la meta fiscal del año que viene. Esa meta, a propósito, prevé un agujero –mejor dicho, un cráter– de escandalosos 159 mil millones de reales, o sea, unos 48 mil 500 millones de dólares. Son pocos los vestigios de que semejante déficit sea cumplido: se teme que, con Temer, podrá ser superior.

Para mantenerse aferrado al sillón presidencial, que le asegura foro jurídico privilegiado, y amparar a dos de sus cómplices denunciados a su lado manteniéndolos en puestos ministeriales, Michel Temer dedicó cinco largos meses a comprar votos de diputados que le asegurasen protección. La tan propalada austeridad prometida entre frases tan solemnes cuanto vacías fue substituida por gordas prebendas y obesas distribuciones de presupuesto a sus excelencias.

En la actual legislatura, y más que nunca, es tan fácil comprar un voto que una naranja en cualquier frutería. Temer y su bando lo saben. Gastaron lo que tenían y lo que no tenían para asegurar protección frente a denuncias amparadas en bases más que sólidas tanto de la fiscalía general como de la misma policía federal. Se les acabó el dinero, al menos en las cantidades exigidas por los diputados. Perdieron.

Así terminará un año capaz de asustar hasta a las niñas bonitas de Oaxaca: con un gobierno que no gobierna, encabezado por un presidente que carga dos sólidas denuncias criminales en los hombros y con un ministro de Hacienda que, a pesar de ser incapaz de cumplir lo prometido, tiene pretensiones de altos y risibles vuelos. Es que Henrique Meirelles pretende lanzarse candidato a la presidencia en 2018.

En un país de locuras y naufragios, todo puede ocurrir. Inclusive que el responsable por la devastación de la economía pretenda ser presidente.

 

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El presidente de EEUU, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, salen del escenario después de participar en la ceremonia de iluminación del Árbol Nacional de Navidad. EFE

 

La reforma supone la mayor bajada de impuestos de los últimos 30 años, pero también un aumento importante del déficit presupuestario.

 

El Senado de Estados Unidos ha aprobado de madrugada la reforma fiscal impulsada por el presidente, Donald Trump, que supone la mayor bajada de impuestos de los últimos 30 años, pero también un aumento importante del déficit presupuestario.

La Cámara Alta aprobó su versión con 51 votos a favor, todos de senadores republicanos, y 49 en contra. El senador Bob Corker fue el único republicano que se opuso al proyecto.

La votación empezó a las 01.36 hora local (06.36 GMT) tras unas diez horas de debate y cuatro de votación de enmiendas.

La aprobación de la reforma fiscal acerca a Trump a su primer gran triunfo legislativo después del sonado fiasco que supuso en verano la fallida derogación de la ley sanitaria conocida como Obamacare.

Los líderes republicanos en el Senado deberán conciliar ahora el texto aprobado hoy con sus colegas de la Cámara Baja, que tienen su propia versión con algunas diferencias, antes de que Trump pueda promulgar su ansiada reforma fiscal.

La ley que salga del proceso de negociación deberá someterse de nuevo a votación en ambas cámaras.

La ambiciosa reforma fiscal que promueve Trump implica un aumento del déficit presupuestario de 1,5 billones de dólares en la próxima década que él considera fundamental para revitalizar la actividad económica y acelerar el crecimiento anual del país por encima del 3 .

El eje central de la propuesta republicana es una reducción impositiva a las empresas del 35% al 20% que el Senado prevé para 2019 y la Cámara Baja pretende inmediata.

Asimismo, también plantea simplificar los tramos de impuestos de la renta individual, al pasar de los siete actuales a cuatro: del 12%, del 25%, del 35% y del 39,6%.

Aunque el proyecto prevé recortes de impuestos para familias e individuos, el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso aseguró en su última estimación que tan solo el 44% de los estadounidenses verán una reducción anual de más de 500 dólares.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguró que la reforma ahorrará 1.182 dólares anuales a las familias promedio.

Con la aprobación de la reforma fiscal, los republicanos colaron una enmienda que elimina la obligatoriedad de adquirir un seguro médico en su afán de desmantelar la ley sanitaria Obamacare, que no se pusieron de acuerdo para derogar meses atrás.

La rebaja impositiva promovida por Trump es la mayor desde la de 1986 del expresidente Ronald Reagan. En esa ocasión la reforma fue aprobada en la Cámara Baja por unanimidad y en el Senado con 97 votos a favor y 3 en contra.

Con la reforma fiscal casi bajo el brazo, los republicanos afrontan más confiados las elecciones legislativas de 2018 que supondrán un plebiscito a la gestión de Trump.

 

 

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Lunes, 27 Noviembre 2017 07:08

Honduras amanece con dos presidentes

Honduras amanece con dos presidentes

Los primeros datos oficiales dan la victoria a Nasralla en Honduras pero Hernández se resiste a darse por vencido


Tanto el candidato opositor, Salvador Nasralla, como el actual presidente, Juan Orlando Hernández, se presentan como vencedores en las elecciones de Honduras. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano encargado de monitorear los comicios y dar los resultados, ha avanzado sus datos preliminares que dan la victoria al aspirante de la Alianza Opositora contra la Dictadura. Pasadas las 2 de la madrugada, desde el hotel Plaza San Carlos, en Tegucigalpa, los magistrados dan un 45,17% a Nasralla, por un 40,21% al líder del Partido Nacional. Este, sin embargo, no tira la toalla y afirma que en los votos que todavía quedan por contar está su victoria. La tendencia apunta al triunfo de la coalición entre Libre (partido del expresidente José Manuel Zelaya, depuesto en un golpe de Estado en 2009) y el Partido Innovación y Unidad-Social Demócratas (PINU). El candidato opositor llama a sus partidarios a concentrarse frente al TSE a las 14.00 horas (las 21.00 horas en España).


Durante varias horas, Honduras vive en bicefalia retórica. Por un lado, el presidente, Juan Orlando Hernández, se había declarado ganador para las 8 de la tarde. Poco después comparecía su rival, el cabeza de lista de la Alianza Opositora contra la Dictadura, que aseguraba estar a la cabeza. Los cómputos eran diferentes. El jefe de Gobierno se basaba en los sondeos a pie de urna, que es la fórmula que habitualmente sirve para que un candidato se declare vencedor. El opositor, sin embargo, había anunciado que hasta que no tuviese datos de las actas físicas no se pronunciaría. De esa primera pugna, aún en el terreno de lo simbólico, salió vencedor Nasralla. Aún sin que el Tribunal Supremo Electoral se pronunciase, el representante del Partido Nacional saldría en otra ocasión para proclamar su victoria, en esta ocasión en base al escrutinio. Sin embargo, no nos adelantemos.


Pasan de las 20.00 horas y en el Hotel Aurora, el cuartel general de la Alianza, se aguarda la llegada del candidato. Previamente, José Manuel Zelaya, desde la sede de Libre, calienta el terreno asegurando que las primeras actas les dan la victoria. A tener en cuenta: los opositores no se fían de las encuestas a pie de urna y tampoco de los recuentos del Tribunal Supremo Electoral, al que acusan de estar al servicio del Ejecutivo. Previamente sus líderes ya habían avanzado que solo asumirían los datos que sus propios activistas recogiesen en los colegios electorales.


Entra Nasralla, acompañado por su plana mayor, entre los que se encuentran Zelaya y Xiomara Castro, su pareja y candidata en 2013, y se presenta triunfal. Afirma que los primeros datos de los que disponen le ponen diez puntos por encima de su rival. Este, media hora antes, había comparecido dándose por ganador. O pecó de excesiva confianza en sus fuerzas o alguien le pasó mal los datos porque en ese momento, a pesar de que el TSE no había abierto la boca, daba la sensación de que pensaba ir a celebrarlo sin esperar a los datos oficiales.


Nasralla, por su parte, anunció que plantaría batalla. Convocó a dos ruedas de prensa más y dejó un mensaje claro: si en la última comparecencia admitía su derrota era que nada se podía hacer. Si seguía presentándose como presidente, habría que “defender el voto”. Por eso convocó ante la sede del Tribunal Supremo Electoral una protesta para la jornada siguiente. Una jugada arriesgada. Hay que tomar en cuenta que Honduras ha aprobado recientemente una ley antiterrorista que castiga duramente las protestas. Durante la jornada, muchos de los partidarios de la Alianza, como Norman Giovanni Estrada, coordinador en el barrio del Pedregal, se mostraban dispuestos a salir a la calle en caso de que su partido cantase fraude. Otros, como Ricardo Martínez, miembro de la mesa en el colegio Francisco Morazán, en la colonia Bellavista, uno de los feudos del PAN, reconocía tener miedo. “No saldré. No quiero que me macaneen (golpeen) o acabar en el mamo (cárcel)”.


Pasan las horas y no hay movimientos. Habitualmente, el TSE ha dado sus resultados antes de la medianoche. Y, previamente, iba emitiendo estimaciones, generalmente desde las 20.00 horas. En esta ocasión, nada. El silencio da lugar a muchas especulaciones. Especialmente en un país como este, marcado por un golpe de Estado hace ocho años, con una fuerte influencia de EEUU y con un Gobierno que, progresivamente, se ha hecho con todos los espacios de poder.


La tranquilidad se rompe pasada la medianoche. Ya en la sede de la Alianza, Nasralla vuelve a presentarse ante la prensa. Esta vez, más arropado por seguidores. En esta ocasión, con mayor contundencia. Asegura que la victoria no tiene vuelta atrás, que las tendencias son irreversibles. Y demuestra más convencimiento. Lo que cuatro horas antes era una movilización ahora se presenta como una fiesta. “Hay que salir a celebrar pacíficamente”, proclama, instando a los hondureños a desplazarse a Tegucigalpa. El lunes es festivo para los empleados públicos. Estos, tradicionalmente, se han vinculado al oficialismo. Aunque algo tiene que ver el sistema clientelar organizado por el Partido Nacional, que vinculaba la continuidad en el puesto a que Hernández ganase las elecciones.


La comparecencia de Nasrala ha desatado la euforia. Mientras el ya presidente atendía a los medios de forma desordenada, a su alrededor comenzaba la fiesta. “Por primera vez vamos a tener democracia, gente que nos representa, que no se haga rica con el erario público, gente que no tiene pasado y nos va a valorar de verdad”, decía Jorge, un joven que se había quedado pegado a la valla que le separaba de la cúpula del partido con una bandera roja de Libre. En la zona destinada a los periodistas, “Mel” Zelaya bailaba mostrando un cartel con un gráfico en el que podía verse la victoria de la Alianza sobre el PAN y los liberales.


Mientras tanto, el TSE seguía mudo. Y su página web, donde estaba previsto que ofreciesen los conteos, permanecía caída.


“No hay salud, educación ni garantías vitales. Nos robaron el seguro social (en referencia al desfalco de 300 millones de dólares), nos hicieron tomar pastillas de harina (un escándalo desatado en la sanidad hondureña, en el que se descubrió que se había dado a pacientes pastillas de harina en lugar de medicamentos, lo que provocó varios muertos). Estamos cansados de tanto abuso”. A Perla Rivera, de 21 años, casi se le quiebra la voz de alegría. “Hoy hacemos historia, hemos roto con el bipartidismo”, añade. Durante décadas, en Honduras ha existido un turnismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Ambos tienen más de un siglo de historia. De hecho, el propio Zelaya fue presidente tras presentarse por la segunda formación y únicamente dio el salto a fundar Libre tras el golpe de Estado y su posterior exilio.


La incertidumbre seguía siendo la misma. Juan Orlando Hernández mantiene el control sobre los militares y todavía podría tener a bien reclamar una victoria de la que aún no ha abdicado. Además, los magistrados se mantenían callados, lo que puede ser interpretado como signo de que las cosas no van como al presidente le gustaría.
“¡Vamos al Tribunal Electoral!” Crecidos, los partidarios de Nasralla montan una improvisada caravana de pick-ups. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Es decir, si no se anuncian los resultados (un anuncio al que, por cierto, la oposición no daba credibilidad), marcharán al lugar del conteo para presionar.


Por el camino, entre bocinas y canciones (al margen de los hits de la temporada, Quilapayún se mantiene como clásico imprescindible), llegaba la segunda comparecencia del todavía presidente. Atrincherado en el hotel Honduras Maya, el jefe de Gobierno insistía en que él era el ganador de las elecciones. Y recurría al argumento que sus rivales esgrimieron durante toda la campaña: el de dar validez a las actas físicas. “Con el 50% de actas que tenemos, soy el ganador”, clamaba. Para ese momento había perdido la iniciativa. La comparecencia sonaba a respuesta, a tratar de mantener el control en medio de la euforia opositora.


Mientras tanto, el TSE seguía mudo.


Frente al hotel convertido en sede, cada vez se concentraba más gente. En la puerta, un destacamento de antidisturbios impedía el paso, aunque de forma relajada. No parecía que fuesen a cargar, como así fue. Pasadas las 2 de la madrugada (las 9 en España), el TSE ofrece sus primeros resultados: Nasralla va por delante. Se desata la euforia entre los pick-ups, que hacen las veces de plataforma de discoteca donde bailar y ondear la bandera roja. Durante dos horas, los opositores se han mantenido frente al hotel. Hasta que han decidido retirarse, preparados para la jornada de mañana. Aunque hay quien no las tenía todas consigo. Raúl Rodríguez, maestro, consideraba que “aún pueden decir que en los votos que quedan ha dado la vuelta y JOH ha ganado”. La desconfianza hacia la administración es absoluta. Aunque, progresivamente, crece la sensación de que la oposición vence “a pesar del fraude”, como asegura Rodríguez. Durante la jornada se han registrado irregularidades como compras de votos. No obstante, este era un trámite que los fieles a la Alianza daban por seguro.

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El presidente de EEUU, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, acuden a la Cámara de Representantes para votar la reforma fiscal.

 

El plan, aprobado en la Cámara de Representantes y que necesita ser ratificado por el Senado, incluye una bajada del impuesto de sociedades que pagan las empresas de 35 % a 20 %, y reduce de los 7 actuales a 4 los tramos impositivos.

 

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este jueves la propuesta de reforma fiscal impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que promete profundos recortes de impuestos para las empresas.

La votación reflejó la mayoría republicana en la Cámara Baja con 227 votos a favor, todos republicanos, y 205 en contra del proyecto, que tendrá que ser ratificado por el Senado en las próximas semanas.

"Lo que estamos haciendo hoy no es determinar el sistema fiscal que vamos a tener, lo que estamos haciendo es determinar qué tipo de país vamos a tener", aseguró el congresista republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara y uno de los principales diseñadores de la propuesta, minutos antes de la votación.

El plan incluye una bajada del impuesto de sociedades que pagan las empresas de 35 % a 20 %, y reduce de los siete actuales a cuatro los tramos impositivos.

Ryan, que defiende que la reforma afecta también a a los trabajadores, ha insistido en que el plan supone un "alivio real" para la clase media y ha recalcado que el ahorro para la típica familia estadounidense sería de 1.182 dólares al año.

El presidente Trump, que ha alabado la reforma como "el mayor evento fiscal de la historia del país", visitó este jueves el Congreso para reunirse con los legisladores antes del voto.

A la par que la Cámara, el Senado trabaja en una propuesta paralela, con algunas modificaciones, que se prevé sea sometida a votación en diciembre y para la cual los republicanos cuentan con una mayoría más pequeña, por lo que se esperan más obstáculos para que salga adelante.

 

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Miércoles, 08 Noviembre 2017 06:29

El protestantismo global 500 años después

El protestantismo global 500 años después

Los números del protestantismo global muestran peculiaridades y sorpresas. Al cumplirse 500 años del movimiento iniciado por el monje agustino Martín Lutero han tenido lugar distintas conmemoraciones, festividades, análisis críticos y ejercicios de valoración sobre las transformaciones culturales que trajo la consolidación del protestantismo en distintas regiones y países.


La directora asociada de investigación religiosa del Centro de Investigación Pew, Neha Sahgal, dio a conocer en el artículo “500 years after the Reformation, 5 facts about Protestants around the world” (500 años después de la Reforma, cinco hechos sobre los protestantes alrededor del mundo), datos acerca del estado cuantitativo del protestantismo global. Es importante señalar que en otro reporte el Centro Pew definió que usa el concepto protestante: en un sentido amplio para hacer referencia [a integrantes] de las iglesias protestantes históricas (por ejemplo, bautistas, adventistas del séptimo día, metodistas, luteranos o presbiterianos), miembros de iglesias pentecostales (por ejemplo, Asambleas de Dios, Iglesia Pentecostal de Dios o Iglesia Evangélica Cuadrangular) y miembros de otras iglesias protestantes.


El primer hecho es que dentro de lo que llama las mayores tradiciones cristianas alrededor del mundo, el protestantismo representaba a fines de la primera década del siglo XXI, 37 por ciento, mientras el catolicismo aglutinaba 50 por ciento y la cristiandad ortodoxa 12 por ciento. Recuerda que el protestantismo nació en Alemania, y actualmente casi nueve de cada 10 (87 por ciento) de protestantes viven fuera de Europa, particularmente en países que integran el sur global. Hay más protestantes en Nigeria que en Alemania.


El segundo dato apunta hacia que la población adulta protestante en Estados Unidos está declinando. Pasó de 51 por ciento en 2007 a 47 por ciento en 2014. El declive es mayor entre quienes se identifican con las conocidas en inglés como mainline protestant denominations, entre las cuales Neha Sahgal incluye a la Iglesia metodista unida y la Iglesia evangélica luterana de América. De la población adulta en Estados Unidos en 2007 se identificó protestante 18 por ciento, en 2014 lo hizo 15 por ciento. Mientras el protestantismo de la corriente principal pierde adeptos En Estados Unidos, los adultos del país sin afiliación religiosa pasaron de 16 por ciento en 2007 a 23 por ciento en 2014.
El tercer hecho sobre el protestantismo global revela que su crecimiento en América Latina ha sido muy importante. En América Latina vive cerca de 40 por ciento de católicos de todo el mundo. En 2014 el Centro Pew condujo la investigación Religion in Latin America: Widespread Change in a Historically Catholic Region (Religión en Latinoamérica:

extensión del cambio en una región históricamente católica), en la que fueron estudiados 19 países, entre ellos México. Mientras 9 por ciento respondió que fue formado en una familia protestante, 19 por ciento se identificó al momento del estudio como protestantes, es decir, el número de conversos fue más del doble que el de los provenientes de un hogar protestante. En contraste, 84 por ciento respondió haber sido educado como católico, pero el porcentaje bajó a 69 cuando la pregunta fue si al momento se identificaba con el catolicismo. La pérdida fue de 15 puntos porcentuales. Los protestantes latinoamericanos tienen más compromiso con su confesión religiosa que los católicos, también los primeros son más conservadores que los segundos en temas como divorcio, aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo y normas de género.
El cuarto dato señala que dentro del abanico protestante la que tiene mayor crecimiento es la expresión pentecostal. Así como hay varios protestantismos (los hubo desde el mismo siglo XVI) que tienen rasgos comunes pero también singularidades, de la misma manera existen variaciones del pentecostalismo. El énfasis que distingue al pentecostalismo es el de los dones del Espíritu Santo, que comprenden sanidad divina, hablar en lenguas y recibir revelaciones directas por parte de Dios. Éstas son prácticas comunes, observa Neha Sahgal, en África subsahariana, América Latina e incluso Asia. El pentecostalismo es con claridad predominante en el protestantismo latinoamericano, ya que en su seno congrega 75-80 por ciento de los protestantes del continente.


En Europa occidental, el hogar de la Reforma protestante, católicos y protestantes son ahora más similares de lo que son diferentes, al menos en algunas cuestiones teológicas, por ejemplo en cuanto a la forma de tener salvación. En el año que corre la investigación del Centro Pew mostró que en 15 países de la región la visión prevaleciente en protestantes y católicos es que para alcanzar la salvación son necesarias buenas obras y fe en Dios. En resumen, “menos gente responde que solamente la fe conduce a la salvación (Sola fide, en latín)”, ésta última convicción fue el centro del enfrentamiento de Martín Lutero con el catolicismo romano en el siglo XVI.
Los datos glosados son útiles para comprender las diversificaciones de los protestantismos quinientos años después del sismo religioso y cultural encabezado por Lutero.

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Ajit Pai, el titular de la FCC cuyas desregulaciones pueden llevar a la concentración de medios.

 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) anunció que en noviembre modificará la norma que prohíbe que un medio audiovisual concentre más del 39 por ciento de la audiencia en su área de cobertura, una reforma que tiene nombre y apellido, el Grupo Sinclair, el mayor conglomerado de medios de Estados Unidos, en constante expansión y con vínculos cada vez más estrechos con la Casa Blanca.

 

El organismo conducido por el republicano Ajit Pai se propone, de acuerdo con lo que él mismo reconoció ante el Congreso, acabar con muchas de las regulaciones vigentes desde los años 70, entre ellas las que los dueños de canales de TV alegan que no les permiten crecer frente a la competencia de los medios on line.

“Si creen, como yo, que el Gobierno Federal no tiene que intervenir en esta área, debemos terminar con la intervención estatal en el mercado de medios”, adelantó Pai en Washington.

El mercado de los canales locales de televisión se convirtió en los últimos diez años en un próspero negocio gracias a los cánones que deben pagar las señales de cable y las satelitales para retransmitir contenidos, y la propia dinámica del mercado ha permitido que grupos como Sinclair Broadcast hoy lleguen al 45 por ciento de los hogares norteamericanos, en abierta contradicción con las leyes antimonopolio vigentes, que solo permiten la posesión de dos señales de TV si una de ellas no está entre las cuatro más vistas en su área de cobertura y si hay, además, otras ocho emisoras independientes en el mismo espectro.

Ante el Congreso, Pai anticipó el propósito de terminar con la llamada “prueba de las ocho voces” y subrayó la necesidad de autorizar excepciones en relación a los cuatro canales más vistos. La iniciativa oficial, que se descuenta que será aprobada, contempla también autorizar la tenencia de un canal de TV y una radio en la misma área.

La Nacional Association of Broadcasts, que reune a los empresarios televisivos, por lo pronto manifestó su “fuerte apoyo” a la iniciativa republicana. Y la Asociación de Diarios de América aprovechó para reclamar el acceso a señales audiovisuales, algo vedado en los Estados Unidos para la prensa escrita. "Las regulaciones obsoletas que impiden la inversión en un sector del mercado de medios no tienen sentido, particularmente cuando los periódicos compiten con innumerables fuentes de noticias e información todos los días", aseguró su titular, David Chavern.

La ONG Free Press, que aboga por el derecho a la comunicación, denunció, por su parte, que Pai “está claramente comprometido” con el Grupo Sinclair y advirtió que quiere “eliminar cualquier obstáculo a su expansión voraz". En su opinión, “necesitamos fortalecer las voces locales y aumentar la diversidad puntos de vista, no entregar nuestras ondas a un grupo cada vez más pequeño de conglomerados gigantes".

 


 
El Congreso de EE.UU. aprobó el presupuesto para 2018 que presentó Trump

 

Luz verde para la reforma tributaria

 

La reforma apunta a implementar una gigantesca reducción de los impuestos de alrededor de 1500 millones de dólares. “¡Gran noticia, el presupuesto acaba de pasar!”, escribió en Twitter el mandatario tras la votación en el Capitolio.

 

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El líder republicano de la Cámara baja, Paul Ryan, sale del Congreso después de aprobar el presupuesto. Imagen: EFE

 

La prometida reforma tributaria del presidente Donald Trump obtuvo ayer su primera victoria luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara por estrecho margen el presupuesto 2018. Se trata de un paso importante para la política fiscal del magnate neoyorkino, que se anotó su primera gran victoria legislativa. La reforma apunta a implementar una gigantesca reducción de los impuestos de alrededor de 1,500 millones de dólares.”¡Gran noticia, el presupuesto acaba de pasar!”, escribió en Twitter el mandatario tras la votación, en la que, pese a las divisiones entre los republicanos, la partida para el próximo año, de 4 billones de dólares, fue aprobada con 216 votos a favor y 212 en contra. “No subestimen la unidad republicana”, había advertido un rato antes el líder republicano en la misma red social. La importancia del proyecto reside en que incluye una enmienda que habilita al Senado a aprobar la futura reforma fiscal con una mayoría simple de 51 votos, en lugar de los habituales 60 que se requieren.

De este modo, eso ayudará a los republicanos, con una mayoría de 52 escaños en el Senado, a sortear la oposición demócrata para sacar adelante su plan impositivo, aunque tampoco está garantizado que lo logren como ya se demostró en sus esfuerzos fallidos por derogar la ley de salud. La división entre los republicanos quedó plasmada en una votación en la que 20 diputados se pronunciaron en contra de la medida presupuestaria, varios de ellos representantes de estados con altos impuestos en los que muchos de sus votantes se verían perjudicados por una disposición de la reforma fiscal que eliminaría la deducción por los pagos de impuestos estatales y locales.

Los demócratas, que rechazaron el presupuesto en ambas cámaras, afirman que la reforma fiscal que quiere aprobar Trump es un regalo para los ricos y las corporaciones y que si se aprueba hará crecer el déficit federal. “Aquí mismo, ante nuestros ojos, en esta Cámara, los republicanos están reemplazando las grandes escalas estadounidenses de oportunidades con la cuchara de plata de la plutocracia y la aristocracia. Su agenda aumenta los impuestos a la clase media. Ese es el hecho “, afirmó durante el debate la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Del otro lado, el representante republicano por Illinois Peter Roskam, se quejó de la discusión en torno a la reforma tributaria y señaló que es un asunto irritante.

“La reforma fiscal no significa simplemente redistribución de la obligación tributaria de una parte del país a otra, sino que significa una desgravación fiscal para todos”, defendió Roskam. La división de ayer anticipa algunas de las batallas que enfrentarán los republicanos a medida que sigan intentando avanzar con los recortes para los sectores más populares. Anteayer, Trump y el representante por Texas Kevin Brady reabrieron el debate sobre la posibilidad de reducir un popular programa de ahorro para la jubilación que se realiza a través de impuestos diferidos, un plan que desde hace más de 40 años ayuda a millones de estadounidenses a acceder a una jubilación.

Tras el fracaso en sustituir la ley de cobertura médica del anterior presidente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos presentó a fines de septiembre un ambicioso plan que supondría la mayor reforma fiscal del país en décadas y recortaría los impuestos a las empresas y a muchos estadounidenses, pero que enfrenta la oposición de los demócratas, quienes creen que el proyecto beneficia a los más ricos. Deseoso de lograr un triunfo legislativo cuanto antes, Trump anunció en ese momento un plan con el que pretende simplificar y hacer más justo el código fiscal estadounidense y acelerar el crecimiento económico del país, al rebajar del 35 al 20 por ciento la tasa impositiva para las empresas.

“Este es un cambio revolucionario, y los mayores ganadores serán los trabajadores de clase media, porque los empleos volverán a nuestro país, las compañías empezarán a competir por los trabajadores estadounidenses, y los salarios seguirán creciendo”, dijo Trump en un discurso en Indianápolis, Indiana.

El plan, divulgado conjuntamente por la Casa Blanca y líderes republicanos del Congreso, simplificaría las categorías de pago de impuestos de la renta individual, al reducirlas de las siete actuales a tres: del 12 por ciento, del 25 por ciento y del 35 por ciento. Las nuevas cifras suponen reducir el tipo máximo, actualmente del 39 por ciento, y elevar levemente el mínimo, del 10 por ciento. La propuesta también eliminaría el impuesto de sucesiones, elevaría las deducciones fiscales para las familias con hijos y crearía una nueva para adultos dependientes, como personas mayores o enfermos. “Haremos todo lo posible para reducir la carga impositiva para ustedes y sus familias”, aseguró Trump a los estadounidenses.

Según el Tax Policy Center, el 1 por ciento de los hogares más ricos experimentaría un aumento de 8,5 por ciento de sus ingresos netos en 2018, mientras que el beneficio sería mucho más limitado –entre 0,5 y 1,2 por ciento– para el 95 por ciento de los hogares de menores ingresos. Chuck Schumer, jefe de la oposición demócrata en el Senado, denunció que la reforma reduciría los dispositivos médicos Medicaid y Medicare y haría que el déficit presupuestario explote.

 

 

 

 

 

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Lunes, 02 Octubre 2017 07:35

Macron, con los ricos

A Macron lo llaman “el presidente de los ricos”.

 

Desde París

 

“Porque él nos impide soñar, impidámosle dormir”. La consigna para el cacerolazo de este sábado lanzada por el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon hizo menos ruido que el denso rumor que se ha instalado en torno al jefe del Estado francés:”Emmanuel Macron, el presidente de los ricos”. La política fiscal del mandatario le valió a Macron el mismo epíteto y los mismos sarcasmos que al ex presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) y su famoso “escudo fiscal”. El macronismo y su reforma de la ley de finanzas se apresta a modificar los cálculos del impuesto a las grandes fortunas (ISF). Su nueva denominación, IFI, impuesto sobre la fortuna inmobiliaria, así como el fiscalidad que atañe al capital contaminaron el debate con la acusación frontal de que el presidente sólo reforma en beneficio de los ricos. Las cuentas son ruidosas: entre otras generosas delicadezas, el nuevo IFI deja fuera de los gravámenes los valores muebles, entiéndase, en este caso, todo lo que brilla como “signos exteriores de riqueza”: los yachts, los jets privados, los autos de lujo, los caballos de carrera y los lingotes de oro no entrarían en los cálculos de las próximas cargas fiscales. Si a ello se le agregan los cambios en el impuesto sobre el capital gracias a los cuales los contribuyentes más ricos pagarán 5 mil millones de euros menos, más los recortes en las ayudas destinadas a la vivienda (1, 7 mil millones de euros menos para los pobres), el ahorro en el sistema de protección social (5 mil millones de euros en recortes) y el alza del 25% en la Contribución Social Generalizada (CSG)que recaerá esencialmente sobre los jubilados, el retrato presidencial se llena de ironías y de juicios negativos. El primer ministro, Édouard Philippe dijo que “asumía una medida en nada popular pero útil para la economía francesa”. Un sondeo publicado por el diario Libération el pasado 18 de septiembre recoge una opinión mayoritaria: para el 53% de los encuestados, la política económica del mandatario beneficia sobre todo a los ricos.

Los moribundos socialistas y la Francia Insumisa de Mélenchon se metieron en esa brecha. Mélenchon, sobre todo, fustiga a Macron como el presidente “de la oligarquía” y ya anhela un cacerolazo masivo como el que derribó en 2012 en Canadá al Partido Liberal de Jean Charest, empecinado en aumentar los gastos de escolarización. La ruptura no sólo se focalizó en la oposición progresista sino que también agita los rangos de los 313 diputados de La República en Marche (LRM) que componen la mayoría presidencial. Varios diputados de LRM se inclinan ahora hacia la opción de presentar enmiendas al proyecto para corregir el “efecto devastador” que estos regalitos fiscales tienen sobre la imagen de Macron.

Resulta que hay una grieta descomunal entre la promesa de presentar un presupuesto “a favor del poder adquisitivo y de un descenso de los impuestos que beneficien a todo el mundo” y esta versión que deja fuera de los gravámenes a los símbolos de la riqueza como esos bienes mobiliarios de lujo no productivos. Las únicas medidas que beneficiarán a las clases medias y modestas es la paulatina eliminación de la tasa sobre la vivienda y un subsidio al consumo de energía (gas, electricidad). Lo demás es un río de gravámenes en aumento y claras economías para los adinerados. La transformación del impuesto sobre las fortunas ISF en IFI y las variaciones en torno a la fiscalidad del capital (una flat tax del 30) le costará al Estado unos 5 mil millones de euros. Estas dos reformas representan por si sola la mitad de los ahorros fiscales previstos para 2018. Por ejemplo, en lo que atañe al IFI, según los casos, es decir, la fortuna que se detenta, los más ricos pegarán unos 10 mil euros menos de impuestos por año. Otro detalle: las fortunas más imponentes (más de 10 millones de euros) están compuestas en un 90% por inversiones financieras, las cuales estarán exoneradas del impuesto. El IFI concierne a 330 mil personas, de las cuales 180 mil se salvarán de la furia impositiva. Ante esto, los comparativos son locuaces: los jubilados, por ejemplo, pagarán entre 200 y 700 euros más de impuestos anuales. Las clases con menos recursos también perderán 60 euros anuales por el recorte de las ayudas a la vivienda (seis millones de hogares).

Con las cuentas claras en la mano, el apelativo de “presidente de los ricos” se forma solo. La política es a menudo un asunto de símbolos y el Ejecutivo ha sacado el lado más oscuro de los mismos. La prensa habla de una “apuesta incierta”. El Ministro de Economía, Bruno Le Maire, alega que “nosotros bajamos la fiscalidad del capital para liberar la capacidad de crecimiento de las empresas y las creación de impuestos”. La oposición progresista pone en tela de juicio la eficacia del procedimiento y califica la transformación como una “reforma de banquero de negocios”. Los presupuestos nacionales y las políticas fiscales desnudan, de hecho, las metas de los mandatos. Son más sabrosos en verdades que todas las narrativas y las estrategias de comunicación. Ahí queda plasmado quien paga y quien ahorra. En la naciente Francia de Macron ahorran los ricos.

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Viernes, 22 Septiembre 2017 07:34

Para los obreros, Macron rima con patrón

Macron tiene previsto firmar por decreto hoy la reforma laboral: en las calles lo reprueban.

 

Los sindicatos y la izquierda volvieron a salir a las calles de Francia para exigir el retiro del proyecto de reforma que da más flexibilidad a las empresas y limita las compensaciones de los trabajadores en conflicto.

 

Decenas de miles de opositores a la reforma del código laboral del presidente francés Emmanuel Macron volvieron a salir a las calles ayer para exigir el retiro del proyecto, que consideran una regresión de los derechos de los trabajadores.

“Macron, marioneta de los patrones”, se podía leer en una pancarta enarbolada por una de las miles de personas que comenzaron a desfilar al mediodía local en la capital francesa y en las principales ciudades del país, en medio de una nube de banderas sindicales y globos multicolores.

Las manifestaciones reunieron 132.000 personas en toda Francia, según el ministerio del Interior, frente a 223.000 en la primera gran jornada del 12 de septiembre.

No obstante, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martínez, líder de la protesta, consideró que la de ayer a la que asistieron 500.000 manifestantes fue de un nivel “equivalente” a la del día 12. En declaraciones a la prensa, el sindicalista aseguró que iba buscar la “unidad” con los secretarios generales de las otras dos grandes centrales –Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT) y Fuerza Obrera (FO)– que no quisieron participar ni en la convocatoria del día 12 ni en la de ayer, para organizar una jornada de acción interprofesional de todas las confederaciones” contra la ley de la reforma laboral. “Estamos decididos, estas ordenanzas no deben pasar. Es un verdadero drama para los jóvenes del país”, declaró ayer Philippe Martinez, líder del sindicato CGT.

Tras la acción de los sindicatos llegará el turno de la acción política, con otra manifestación convocada el sábado por la izquierda radical.

Por su parte, el líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, advirtió que lo que se ha visto en la calle “es sólo el comienzo”, en referencia a los paros que habrá la semana próxima en algunos sectores como el transporte.

Mélenchon, quien se presenta como el jefe de la oposición a Macron, participó de la marcha en París, a su vez que convocó otra manifestación contra la reforma laboral el próximo sábado. “La democracia es a la vez la calle y las elecciones”, afirmó el líder de la Francia Insumisa, que considera la reforma como un “golpe de Estado social”. y con la resistencia popular pretende obligar al gobierno a dar marcha atrás con la reforma porque “no se puede imponer a la fuerza a un pueblo que no la quiere”.

La reforma laboral impulsada por Macron incluye medidas para limitar el máximo de compensaciones para los trabajadores en caso de conflicto laboral, o la posibilidad de llegar a acuerdos laborales en las empresas de menos de 50 empleados sin necesidad de que haya representantes sindicales.

El objetivo del gobierno es dar más flexibilidad a las empresas y alentarlas a contratar más para luchar contra el desempleo, que afecta al 9,5 por ciento de la población activa en Francia, más que la media europea de 7,8 por ciento. La reforma será presentada hoy en consejo de ministros para una aplicación casi inmediata.

Para Philippe Braud, profesor de Ciencias Políticas, el ejecutivo tiene la ventaja en el pulso con los sindicatos. “Hay una forma de resignación frente a reformas. Los franceses las aceptan, aunque sin entusiasmo”, estimó.

Además, el frente sindical está dividido. Aunque todos los sindicatos estiman que la reforma debilitará los derechos de los trabajadores -una visión que comparte la mayoría de los franceses según los sondeos- varios desistieron a salir a las calles.

Esta reforma será una prueba de fuego para el mandatario liberal, quien se encuentra en plena caída de su popularidad tras su asunción en mayo pasado. Las próximas semanas se anuncian difíciles para Macron, con varias manifestaciones previstas en contra de los recortes que ha anunciado. El lunes, los transportistas prometen una “movilización masiva” que podría paralizar parcialmente a Francia.

El 28 de septiembre será el turno de los jubilados, quienes se manifiestan contra una subida de impuestos que los perjudica principalmente, y el 10 de octubre saldrán a las calles los funcionarios públicos para manifestar contra la supresión de puestos y la caída del poder adquisitivo.

 

 

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Sábado, 02 Septiembre 2017 10:29

Asignaturas pendientes

Asignaturas pendientes

El sol alumbra de manera cada vez más intensa la espalda de Juan Manuel Santos, y con claroscuros los meses donde tomará forma una nueva campaña electoral, en realidad dos: una para elegir congresistas y otra para seleccionar jefe de Estado.

Con ese sol indicando que ya sale, el aún Presidente sabe que tendrá una agenda difícil de sobrellevar y sacar adelante en el Congreso de la República, donde el acuerdo burocrático que le permitió contar con mayorías a lo largo de estos años muestra cada día más fracturas. En ese interregno quedan pendientes de aprobar decenas de iniciativas que concretan los Acuerdos firmados con las Farc.

Para conocer algunos pormenores de la agenda legislativa del segundo semestre 2017, nos citamos con el congresista Alirio Uribe, quien de manera presta dispone un tiempo para ello. Tras el saludo, entramos en materia:

 

Héctor Arenas (HA). Alirio, el fast track todavía sigue vigente para esta legislatura o finalizado el pasado mes de julio.
Alirio Uribe Muñoz (AUM). Sigue vigente por otros seis meses. Ese mecanismo fue aprobado para que en Colombia no pase lo mismo que en otros países donde se firmaron acuerdos de paz: que pasen los años y los acuerdos de paz no se implementan.

 

Es así como lo acá aprobado establece un procedimiento dirigido a que en el primer año queden aprobados todos los marcos constitucionales y legales, todas las leyes estatutarias, leyes ordinarias, decretos legislativos, que desarrollan los Acuerdos de tal manera que los mismo tengan el soporte legal para permitir su cumplimiento.

 

HA. ¿Puedes relacionar lo desarrollado hasta el momento en tal perspectiva?
AUM. Hasta los primeros días de agosto de 2017 se han expedido más de noventa leyes de implementación de los acuerdos, treinta y cinco decretos con fuerza de ley. Todas van a pasar por la Corte Constitucional, las mismas que regulan muchos temas de los Acuerdos, y cuarenta y siete decretos ordinarios, expedidos por las facultades ordinarias que tiene el Presidente.

 

De los siete Actos legislativos que deben ser aprobados ya contamos con tres. Es importante indicar que los actos legislativos son reformas constitucionales, y que en términos estatales-legales es lo que tiene más alto nivel.

 

Dentro de esos actos legislativos tenemos todo lo concerniente a la Justicia Especial para la Paz (JEP) del sistema de verdad, justicia y reparación. Todo lo de la reincorporación política, y todo lo que tiene que ver con la estabilidad de los acuerdos; su primacía en los desarrollos legislativos también está aprobado.

 

HA. Entonces, ¿qué sigue en trámite en la legislatura que apenas empieza?
AUM. Sigue en trámite lo concerniente con las regalías, recursos para financiar mucho de lo aprobado y de lo acordado. También la prohibición del paramilitarismo, que ya casi se finiquita. Lo de las circunscripciones especiales de paz, que al parecer puede tener más trabas en la Cámara de Representantes que en el Senado. Recuerde que en el Senado hay 19 departamentos que no tienen representación, por lo que sus integrantes representan más a las grandes capitales; la Cámara, en cambio, representa todo el país, entonces, cuando se crean 16 circunscripciones especiales de paz todas se cruzan con Cámaras territoriales, de ahí que sientan amenazados sus zonas de influencia y sus poderes territoriales por eventuales nuevos actores políticos.

 

Por otra parte tenemos la reforma política, y en contravía de lo que creíamos imposible, se han logrado incluir y excluir temas que son claves para la primera ponencia de la reforma de las costumbres políticas. Esto no significa que tengamos una reforma política extraordinaria, pero se han logrado avances, sobre todo en temas que eran demandas estructurales de los partidos minoritarios.

 

HA. Nos puede ejemplificar...
AUM. Se logró, por ejemplo, evitar que eliminasen la muerte política, que es la sanción de prohibirles intervenir en política de por vida a los alcaldes, concejales, diputados, congresistas, etcétera, sancionados penalmente o destituidos por corrupción. Algunos congresistas trataron de eliminar esta sanción, pero se logró conservarla, con una audiencia y con la atención al tema de los medios de comunicación.

 

La reforma política está iniciando el trámite, y se acaba de nombrar ponentes con la primera ponencia; es una reforma constitucional en fast track lo que implica que le faltarían otros 3 debates. Es vital, sobre este particular, que la movilización ciudadana acompañe el trámite de la reforma para que el Congreso sea consciente de su obligación de autoreformarse, esto bajo dos variables: la variable de corrupción (financiación ilegal, Odebrecht, etcétera). y la variable de los acuerdos de paz.

 

HA. ¿Qué otros proyectos están en curso?
AUM. Están pendientes las cuatro reformas constitucionales y diez normas nuevas, además llegó la ley estatutaria de la JEP que se había retirado, pero falta, por ejemplo, el catastro multipropósito que tiene que ver con todo el tema de tierras. Estas normas van con tres debates: comisión conjunta de Senado y Cámara, y dos plenarias.

 

Hay varias leyes pendientes: la que modifica la ley orgánica del plan de desarrollo, la atinente a las zonas de reserva forestal, y otra que debe modificar la ley de garantías, porque la implementación de los Acuerdos se cruza con las campañas electorales, y con éstas se congelan los presupuestos. Hay que hacer entonces una excepción para toda la implementación de los Acuerdos.

 

También está pendiente la jurisdicción agraria, un tema candente, con la cual debe venir un tratamiento penal diferencial para personas procesadas por participar en actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito, lo que seguramente generará mucho debate.

 

También está una norma sobre crédito y financiación agropecuaria, que es importante. Y hay una ley sobre participación ciudadana, con quince variables de los Acuerdos de paz en el punto dos; también va a salir una norma para el combate del crimen organizado y el paramilitarismo.

 

La ley de tierras no saldrá por fast track, para evitar que la Corte Constitucional pueda tumbarla, por lo que irá por trámite ordinario con mensaje de urgencia.

 

HA. Hace unos meses, usted nos manifestó su inquietud porque en el segundo semestre del 2017 se vendría encima la agenda política electoral y no habría atención ni tiempo para aprobar las leyes indispensables para implementar los acuerdos de paz, ¿está sucediendo lo que previó?
AUM. Eso temía, sin embargo hemos tenido varias reuniones de bancadas con expresiones claras de la voluntad de aprobar las leyes que van por fast track. Eso me ha sorprendido, pero aun tengo dudas pues no veo aprobada, por ejemplo, la reforma política ni la jurisdicción agraria; también temo que algunas normas no pasen la revisión de la Corte Constitucional.

 

Creo, sin embargo, que con las normas que han salido, más las cuatro reformas constitucionales que se aprueben, y cinco normas más por fast track, tendríamos un muy buen balance para el primer año de desarrollo legal de los acuerdos. Un comparativo internacional avalaría esta convicción.

 

Ahora, lo que hay que tener claro es que el hecho de tener leyes no significa que se produzcan de manera inmediata e inexorable cambios en la vida cotidiana, pero es un primer paso indispensable para promoverlos.

 

En todo caso, en la nueva fase política que se abre (campaña electoral), el Presidente pierde control sobre el Congreso y es probable que iniciativas contrarias a los acuerdos se abran paso.

 

HA. ¿Ha sucedido algo en este sentido?
AUM. Este mes, por ejemplo, sucedió un gran debate en el Congreso a partir de cuestionar que las Farc participen en política sin haberse puesto en paz con la justicia, y este es un punto que está en los Acuerdos. Al ver lo sucedido, me pregunto: ¿es conveniente que integrantes de las Farc estén en el Congreso al tiempo que están siendo procesados en la JEP?

 

El Congreso está siempre en la mirada pública, si quienes son adversos al proceso de paz le filtran a las bancadas opuestas a los Acuerdos la información que llegará a la JEP ¿no ayudará esta situación a la matriz mediática adversa a la paz? Mi tesis ha sido que al Congreso hay que llevar personas que no estén en la JEP, o que ya hayan pasado por ella y estén a paz y salvo.

 

HA. ¿Qué ha sucedido con la obligación del Gobierno de excarcelar a los prisioneros de las Farc? Dos meses atrás usted nos dijo que esas excarcelaciones se darían gracias a un decreto del gobierno, pero pareciera que el mismo no ha surtido efecto.
AUM. Así es. El Congreso aprobó la ley de aministía pero la mayor parte de los jueces afirmó que el procedimiento para expedir las órdenes de libertad no estaba claro. El gobierno nacional sacó entonces un decreto aclarando la ley de amnistía, sin embargo no se produjeron las liberaciones esperadas, por lo cual vino la protesta en las cárceles y la huelga de hambre en el mes de junio.

 

El gobierno nacional expidió otro decreto aclarando la ley de amnistía y el decreto previo, y después expidió el decreto 750 nombrando a 700 guerrilleros detenidos como gestores de paz; con este decreto el propio Gobierno da las órdenes de libertad.

 

Sin duda hay resistencia por parte de los jueces contra lo acordado. Quizás haya necesidad de nombrar otros 700 gestores de paz, todavía debe haber en las cárceles al menos 1.500 detenidos de las Farc.

 

Una evaluación al finalizar diciembre de lo acá relacionado nos indicará, con toda certeza, las fuerzas que deberán moverse en el futuro cercano para garantizar que todo lo acordado se torne realidad. La coyuntura seguirá marcada por esta pugna.

 


 

Recuadro

 

En defensa de los cerros orientales de Bogotá

 

En los años sesenta, en los cerros orientales que colindan, entre otras, con la localidad de San Cristóbal, los niños respiraban libertad jugando en el bosque y aprendiendo a nadar en el río. El Fucha descendía del páramo de El Verjón, aún con peces. En ese tiempo el niño Alirio Uribe Muñoz no podía imaginar, mientras se zambullía en las frías y puras aguas del riachuelo andino, que cincuenta años después estaría defendiendo esos cerros tutelares y sagrados –para el milenario pueblo muisca– de la embestida turbia de los urbanizadores representados por Enrique Peñalosa.

 

En su oficina del quinto piso en el Congreso de la República, Alirio nos comenta que el 3 de agosto realizaron la audiencia pública sobre cerros orientales en el Capitolio, la que contó con un amplia concurrencia de los actores civiles, singulares o articulados en procesos organizativos, que desde hace años han estudiado y adelantado acciones para cuidar los Cerros, o simplemente los han habitado. En la lucha por la defensa del territorio, nos cuenta, que también sesionó una audiencia pública sobre el parque Bavaria, también con una amplia participación ciudadana.

 

HA. El tema de la defensa de los territorios es primordial, ¿cómo sesionó la audiencia pública sobre los cerros orientales?
AUM. Es necesario recordar que estos Cerros son zona de reserva, por lo cual no pueden ser construidos, como lo desean los constructores de urbanizaciones estrato diez. Pese a la norma, este bello espacio de la ciudad ha sufrido intervención, favorecida por prodecimientos corruptos, que han permitido la construcción de edificaciones como algunas torres de la Universidad Externado, de la Universidad América, así como edificios de la calle 19 con carrera tercera.

 

En la lucha por proteger este patrimonio colectivo, en el 2005 organizaciones de la sociedad civil presentaron una acción popular invocando su protección, acción popular que finalmente fue fallada en última instancia por el Consejo de Estado en el 2013 ordenando proteger los Cerros, bajo las modalidades de franja de amortiguamiento y zona de reserva.

 

La franja de amortiguamiento tiene un problema: la Sentencia dijo que se respetaban los derechos adquiridos, y en esa área están las licencias de construcción, el problema es que existe un conflicto social pues pueden existir allí entre 10 o 20 mil viviendas ilegales de diversos estratos socio-económicos.

 

La Sentencia tiene 14 recomendaciones, y compromete a las diversas autoridades ambientales en la aprotección de la zona de reserva: CAR, Secretaría de Medio Ambiente, y Ministerio de Medio Ambiente, autoridades encargadas de la vigilancia y ejecución de la Sentencia.

 

Peñalosa llega a la Alcadía con la propuesta del sendero de las mariposas, un nombre bonito para una propuesta dirigida a convertir la zona de reserva en un proyecto de clubes de turismo con miradores estrato diez y zonas de parqueo.

 

Previendo la protección los Cerros, desde hace años la sociedad civil diversa y organizada que los estudia y protege, propuso la creación de veinte parques a lo largo de los Cerros, desde Usme hasta Lijacá. Esa propuesta fue construida con la administración Petro y se presentó en la audiencia pública que organizamos en ese momento. En tal audiencia también se revelaron los temores y los conflictos existentes en esa zona; por nuestra parte, presentamos los cinco títulos mineros que encontramos en el área, títulos contrarios a lo ordenado por la Sentencia del Consejo de Estado que prohíbe de manera terminante la minería en la zona; también hay conflicto entre los derechos de la gente que habita ese territorio y las constructoras.

 

Hay muchas propuestas que podrían hacerse para proteger este importante y bello espacio de la ciudad, y no atropellar los sectores sociales más vulnerables que lo habitan desde hace décadas, los que podrían ser convocados a la tarea de proteger el área y brindarle seguridad.

 

Por ahora y sin retardo, hay que seguir con los ojos bien abiertos, realizando un monitoreo sobre lo decidido por la Corte y para contener las pretensiones de los negociantes del cemento, en cabeza del señor Peñalosa.

Publicado enEdición Nº238
El impacto de la reforma laboral de Brasil: ¿Habrá un 'efecto dominó' en Sudamérica?

Tras aprobarse la legislación en la economía más importante de Sudamérica, en Argentina crece la preocupación por los derechos de los trabajadores.

 

 

 

El pasado 11 de julio el Senado brasilero aprobó la reforma laboral con 50 votos a favor y 26 en contra, generando grandes manifestaciones en las calles, huelgas generales y el repudio generalizado hacia el mandatario Michel Temer, quien se quedó con la presidencia tras el impeachment y destitución de Dilma Rousseff el 31 de agosto de 2016. El pueblo no lo votó.

Después de 13 años en los cuales gobernó el Partido de los Trabajadores, ahora los obreros de Brasil deben enfrentar las modificaciones en muchos de sus derechos. Entre los puntos más importantes, se destaca que de ahora en más los acuerdos salariales fijados entre empleadores y empleados -es decir, en desigualdad de condiciones- prevalecerán por encima de los convenios colectivos de trabajo.

También posibilitan la extensión de una jornada simple hasta las 12 horas y se reduce el típico descanso de una hora a tan solo 30 minutos. Uno de los aspectos polémicos, entre otras vulneraciones, es que las vacaciones podrán dividirse en tres tramos. Además, los trabajadores autónomos, aunque tengan siempre un mismo patrón, no tendrán una relación laboral normal.

A pesar de ser empleados, estarán bajo una incesante inestabilidad y muchos gastos extras, como la cobertura médica, saldrán de sus bolsillos. Por otro lado, le quitan fuerza a los sindicatos: la contribución de los trabajadores deja de ser obligatoria y pasa a ser optativa.

 

¿Habrá un 'efecto dominó' en Sudamérica?

 

"No creo, más allá de que las derechas locales en cada país le harán eco", responde el coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, Gabriel Puricelli. El sociólogo añade:"En la mayoría de los países sudamericanos, con la excepción de Argentina y Uruguay, las condiciones para los trabajadores no son de mayor calidad que en Brasil".


El problema es que la reforma brasilera podría ser el techo para las naciones con los trabajadores más vulnerados y el piso para aquellos lugares con legislaciones consagradas. Se trata del territorio más extenso de América del Sur, con 207 millones de habitantes y, ahora, mano de obra más flexible. Su influencia en el mercado internacional es enorme.

 

Alertas en el Cono Sur

 

El principal socio comercial de Argentina es Brasil, por ello no es extraño que desde el Cono Sur se observe de reojo lo que sucede en la economía más importante de la región. El director de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, expresó a Cadena 3 que hace falta una reforma "porque no se puede competir contra sueldos bajos", y sumó: "Tenemos salarios altos para ser un país en vías de desarrollo".

El empresariado local muestra sintonías con las medidas de Temer, a pesar de que el mandatario no fue legitimado con una elección democrática. Consultados para este artículo, desde la UIA dijeron que no van a hablar sobre el tema porque "todavía no hay una reforma".

La intención patronal de reducir los costos es clara, pero Puricelli sostiene: "La reforma laboral brasileña, que borra de un plumazo el legado varguista, no debería impactar directamente sobre Argentina, al menos desde el punto de vista de los inversores". En muchos medios de esta nación se difunde la idea de que los inversores extranjeros preferirán hacer sus negocios en el país vecino por sus nuevas y ventajosas condiciones.

Sin embargo, el experto en coyuntura internacional añade que "los derechos de los trabajadores ya eran mucho más débiles allí que aquí, las potenciales inversiones no tienen incentivos para elegir Brasil antes que Argentina a raíz de este retroceso". Por otro lado, destaca que "el Gobierno de derecha argentino sí va a intentar servirse de ese retroceso como un ejemplo a seguir para tratar de imponer el tema en la agenda política local".

Puricelli también destaca que "dada la condición de minoría en el parlamento que tiene la derecha en Argentina, es poco probable, aunque no imposible", que Mauricio Macri impulse una reforma laboral. "A ello hay que sumarle que Michel Temer no solo es inmensamente impopular en su país, sino que es un ejemplo poco edificante para la opinión pública de los países vecinos", considera el especialista en geopolítica.

 

"El principal temor es que Macri introduzca la reforma por decreto"

 

Desde el Ejecutivo argentino ya nadie habla al respecto; este domingo se disputa la primera ronda de las elecciones legislativas y es preferible no perder seguidores. Los partidos que no obtengan un mínimo del 1,5% de los votos no podrán participar del sufragio definitivo de octubre y, lógicamente, tampoco colocarán representantes en el Congreso. La composición del parlamento será fundamental para la continuidad del Gobierno.

A pesar de las trabas burocráticas que tendría el macrismo para alterar la regulación laboral, el sistema político local, altamente presidencialista, le otorga capacidades para impulsar normas salteándose el Congreso, cualquier tipo de debate y la voluntad de 44 millones de ciudadanos.

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, habla durante una entrevista en la Casa Rosada de Buenos Aires, Argentina 8 de agosto de 2017 / Marcos Brindicci / Reuters
"Mi temor es que quieran introducir la reforma por decreto", advierte Héctor Recalde, el jefe del bloque de diputados del Frente Para la Victoria (FPV), la fuerza que gobernó el país bajo los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. La única forma de lanzar este mecanismo sería que existiera una necesidad nacional, real e inminente, de implementar una norma evitando la lentitud burocrática en su aplicación, por eso su nombre: Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Hasta enero de este año, Macri ya había firmado 18 de ellos, pero el número sigue en aumento.

"Hasta hoy, no hay avances legislativos presentados por el Ejecutivo nacional que tengan contenido flexibilizador", continúa Recalde, y hace una pregunta retórica: "¿Por qué? Por las elecciones, no quieren demostrar ahora lo que van a hacer". De todas formas, ¿no es necesario hacer cambios en la ley sancionada en 1974 para regular las innovaciones tecnológicas y de otra índole? El trabajo a distancia ("home office") es un claro ejemplo de ello. "Podemos modificar cosas, siempre y cuando no se perjudiquen a los obreros", contesta.

 

"Quienes quieran imitar la legislación brasilera, ni lo sueñen"

 

El político opositor cree que después de los comicios el oficialismo presentará un proyecto formal, aunque tiene esperanzas de que no prospere. Pero destaca: "Hasta ahora la única que aprobaron fueron los cambios en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), pero con la complicidad de dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT)", recuerda el letrado, que fue abogado laboralista en aquella central obrera -la más importante del país- desde 1964 hasta 2012.


Sobre las barreras que tiene el macrismo, resalta: "Antes presentaron un proyecto flexibilizador sobre el empleo joven, pero ni salió de la cámara de diputados". En cuanto al contexto latinoamericano, expresa que "la región sufre el embate de la derecha y el neoliberalismo, eso es claro", y se explaya: "Si hay algo que profundizó la desprotección de los trabajadores, fue la reforma de Brasil. Ponen al empleado en paridad de condiciones con el empleador. Es como si un obrero cualquiera, Juan Pérez, del rubro automotor, tiene que discutir su salario con General Motors. Es absurdo".

Por último señala que los derechos de los trabajadores "no pueden ser entendidos como privilegios", y sentencia: "A quienes quieren imitar la legislación brasilera, les advierto que ni lo sueñen. Los gremios también van a resistir, porque para avanzar deberían aniquilar los colectivos de organización sindical".

 

La izquierda argentina pide una respuesta internacional

 

"Los sindicatos argentinos deberían llamar a un frente común con los brasileros contra la aplicación de la reforma", le dice a RT el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Marcelo Ramal. También vocifera: "La lucha contra la reforma laboral debería ser continental".

El postulante a representar a la Ciudad de Buenos Aires en el parlamento agrega que aunque hoy existe una legislación vigente, en Argentina "hay precarización laboral de hecho". Sobre los pedidos empresariales, Ramal replica: "Reclaman una competencia entre trabajadores, el problema de la falta de competencia de la industria argentina tiene otros factores de fondo".

Y ejemplifica: "Tenemos los aumentos de tarifas (luz, gas y agua) que golpearon la capacidad de competencia industrial. Hay una serie de desequilibrios económicos cuyo costo quiere ser trasladado a los obreros".

 

"Despojo de los trabajadores en favor del capital"

 

"Para todo el empresariado alto de Latinoamérica, la reforma anti trabajadores de Brasil es como un modelo a imitar", dice Ricardo Aronskind, economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

El docente también considera que sería difícil aplicar la reforma en Argentina, porque hay "una tradición bastante más fuerte de lucha sindical y social, y aunque haya un gobierno de derecha electo de forma legítima, el panorama es diferente". Y detalla: "En Brasil hay una grieta enorme entre lo que pasa en el Congreso y la opinión pública. Hay mucho rechazo a la reforma laboral, aunque no se refleje en el sistema político".

Aronskind coincide con el sociólogo sobre las falencias regulatorias, incluso antes de la normativa de Temer: "En muchos países de América Latina, por la precariedad del mercado laboral, las cosas implementadas en Brasil ya ocurren de hecho. La falta de respeto a los derechos de los trabajadores, con contratos flexibles acomodados a las necesidades empresarias, ya estaba vigente. Perú es un claro ejemplo de ello, pero en toda la región la ley en materia laboral es muy relativa".

Un trabajador pinta un automóvil en la línea de montaje del Complejo Industrial de Nissan en Resende, 160 km al oeste de Río de Janeiro, Brasil, el 3 de febrero de 2015. / Yasuyoshi Chiba / AFP
Para el experto, el contexto de cada país es casi tan importante como los marcos regulatorios, y menciona: "En Argentina en la década de los '90, con el proceso de flexibilización, si bien la legislación laboral no cambió, su cumplimiento se redujo fuertemente". Y va más allá: "Además de las leyes, hay que tener en cuenta la capacidad del Estado de cumplir las normas y el contexto del mercado, como las condiciones laborales concretas, la informalidad y el desempleo. Aún con los Kirchner acá teníamos a un tercio de los trabajadores en condiciones informales, imaginate ahora en condiciones más desfavorables".

 

"Se busca aumentar las ganancias empresariales, con cualquier excusa"

 

Mientras en los medios se repite la idea de que las inversiones ahora se van a dirigir a Brasil por las últimas modificaciones, el académico replica que "es una excusa porque Brasil históricamente suele tener salarios más bajos que Argentina". Y profundiza: "No existe una estrategia para una competitividad real. No se habla de inversión en nuevas tecnologías, solo existe una táctica de despojo de los trabajadores en favor del capital".

Aronskind ridiculiza los argumentos típicos que proponen recortar salarios para sumar productividad: "Un sueldo promedio en Bangladesh es el equivalente a 1000 pesos (55 dólares), si se baja el sueldo a ese nivel, el trabajador argentino se muere hambre, no hay forma de bajar el costo laboral, la estrategia debe ser otra. Cuando hablan de bajar el costo laboral, solo se busca aumentar las ganancias empresariales, con cualquier excusa".

Si bien es cierto que en comparación con América Latina los salarios argentinos medidos en dólares "son relativamente altos", también hay que considerar el elevado costo de vida. ¿Se puede reducir el tan mencionado costo laboral sin achicar salarios? "La mejor forma es bajar los costos de los alimentos, el transporte o el alojamiento, para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y alivianar los gastos de las patronales", responde el especialista, y concluye: "Esto sería una verdadera revolución económica".

 

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