Sábado, 18 Diciembre 2021 05:44

Luis Arce y el MAS: gobierno sin hegemonía

Luis Arce y el MAS: gobierno sin hegemonía

A un año de su regreso al poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) mantiene una popularidad significativa y una fuerte capacidad de movilización social, pero está lejos de la hegemonía del pasado. A las idas y vueltas de los proyectos presidenciales se suman las tensiones entre «arcistas» y «evistas» y la persistente polarización del país.

El 9 de diciembre pasado, Marcos Pumari, el segundo dirigente más importante de las protestas contra el presidente boliviano Evo Morales en 2019, fue arrestado en Potosí tras un aparatoso operativo policial. Un juez dictaminó seis meses de prisión preventiva mientras se realiza su juicio. Debe cumplirlos en Llallagua, una localidad minera en la que él no reside pero que las autoridades consideran más segura que Potosí, la capital regional, donde Pumari cuenta con el apoyo de la población. 

Se lo acusa de haber provocado el incendio y saqueo del Tribunal Electoral de Potosí en los días posteriores a la elección del 20 de octubre de 2019, que la oposición consideró fraudulenta. Poco después de que el candidato que saliera segundo en esa elección, Carlos Mesa, acusara a Morales de haber cambiado los resultados de las urnas, hubo ataques de multitudes enardecidas contra las oficinas electorales en las ciudades de Potosí, Sucre y Santa Cruz de la Sierra. Pumari era entonces el presidente del Comité Cívico potosino. Esta institución es, junto con el Comité Cívico de Santa Cruz, la que más antagoniza con Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS).

La detención de Pumari fue aplaudida por los militantes oficialistas, la mayoría de los cuales considera que el programa de enjuiciamiento de los principales protagonistas del derrocamiento de Morales en 2019 se desarrolla con excesiva lentitud. Un vocero de la poderosa Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que forma parte del Movimiento al Socialismo (MAS), declaró: «Nosotros respaldamos plenamente la detención del señor Pumari, pero no es suficiente, esto es apenas el inicio de la justicia. Nosotros exigimos también la aprehensión de todos los golpistas». Y a continuación mencionó los nombres de casi todos los jefes de la oposición, inclusive el compañero de Pumari en la elección presidencial de hace más de un año, el actual gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho. 

El 14 de diciembre, Camacho no pudo llegar a la opositora ciudad de Potosí a coordinar con los dirigentes cívicos una reacción movilizada contra la detención de Pumari, porque los campesinos bloquearon el camino para que no lo lograra. Al explicar este percance, Camacho habló de «hordas masistas» que actuaron «como terroristas» en contra suyo y de su comitiva. Desde el oficialismo le respondieron que los bloqueadores querían sanciones para los crímenes del gobierno interino de Jeanine Áñez, cuya formación fue respaldada tanto por Camacho como por Pumari. El MAS cree que la quema de los tribunales electorales el 21 de octubre de 2009 fue parte del golpe de Estado que terminaría con la presidencia de Morales tres semanas después.

Esta es, más o menos, la tónica del debate boliviano. Estos, también, son algunos de los clivajes que dividen al país: campo versus ciudades; indígenas versus no indígenas; comités cívicos versus sindicatos; Santa Cruz, Beni, Potosí y Tarija, en el oriente y el sur del país, versus las regiones del occidente y el norte (donde está La Paz). Y, por supuesto, la división en torno a las dos opiniones sobre el derrocamiento de Morales y sobre el carácter del gobierno de Áñez, si fue un ataque a la democracia boliviana o un intento fallido de salvarla de una «dictadura» previa. 

Las detenciones de los opositores al MAS, acusados de ejecutar un golpe de Estado contra Morales, alimentan esta polarización que mantiene al país en una constante tensión. Más de una decena de ex-jefes militares está en prisión por haber «sugerido» a Morales que renunciara al final de la crisis electoral; los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía en 2019 se hallan prófugos de la justicia. Y, como se sabe, la ex-presidenta Áñez también está en la cárcel. Hace poco se la acusó formalmente de dos delitos menores: resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, que se penan con dos años de prisión. También está siendo investigada por sedición, conspiración y terrorismo, cargos que, de probarse, podrían mantenerla encerrada durante 20 años. 

El procesamiento de estos cargos más graves no avanza. Resulta paradójico que Áñez sea investigada por su papel en la caída de Morales, que fue menor al de Camacho, a quien los fiscales no se han atrevido siquiera a convocar para que testifique. Cada vez que lo intentaron se generó un enorme malestar en la región del gobernador. (En cambio, sí convocaron al ex-presidente Mesa, el cual se negó a declarar para no incriminarse. Y no se lo procesó). Una de las razones por las que Áñez ha sido involucrada en este juicio es que el oficialismo no puede armar un juicio de responsabilidades por sus acciones como presidenta interina, porque para ello requeriría de una autorización de dos tercios de los parlamentarios, una mayoría con la que no cuenta. 

El presidente Luis Arce está en el gobierno desde hace más de un año y no ha logrado encaminar las acciones judiciales para establecer la responsabilidad de la clase política en los dramáticos sucesos que antecedieron y sucedieron a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. No quiere frenar las acusaciones contra ninguno de los políticos opositores ni tampoco actuar como el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, impulsando el arresto de dirigentes de partidos políticos que gozan de popularidad, como Camacho y Mesa. Un camino intermedio parece ser ocuparse solamente de los objetivos «fáciles», como Marcos Pumari, cuyos días de gloria política ya habían pasado bastante antes de su detención. Sin embargo, en caso de ser esta la estrategia, implica dejar a los demás dirigentes opositores (a Camacho y a Mesa, en particular) en el limbo jurídico, lo que podría impedir que el oficialismo supere alguna vez «la cantinela del golpe de Estado», como la llamó un político opositor. Al mismo tiempo, la falta de un cierre para la serie de acusaciones judiciales impide que el gobierno pueda plantearse un proyecto constructivo que reconcilie al país o al menos le «quite pólvora» a la polarización. «Tanto el oficialismo como la oposición están subordinando sus estrategias de más largo plazo a sus tácticas de confrontación», opina el sociólogo Fernando Mayorga.

Las encuestas muestran dos hechos contradictorios entre sí: mientras una parte creciente de la población está molesta por esta animosidad de los políticos, los dos bandos cuentan con un respaldo parecido (alrededor del 40% cada uno, aunque la oposición está dividida en varias facciones).

El problema ha demostrado ser demasiado complejo para las ideas y los recursos del gobierno. El presidente Arce es un reconocido economista pero carece del brillo político de su antecesor, Evo Morales. Arce ha dejado que «las cosas sucedan», sin tratar de organizarlas dentro de un plan premeditado e inteligible. Con ello, realmente nadie sabe, ni siquiera dentro del gobierno, si la persecución judicial irá más allá, hasta abarcar a las principales figuras de la oposición, o no. Es probable que esta incertidumbre siga existiendo durante todo el periodo presidencial. Esto ha llevado a varios analistas a pronosticar que la polarización se transformará en un mal crónico. En este momento, muchos otros países, de Estados Unidos a la Argentina, viven una parecida división social de largo plazo.

Por otra parte, Arce ha cometido un error importante, que ha afectado la estabilidad de su gobierno. Intentó aprobar una serie de leyes para ejecutar una estrategia de combate al lavado de dinero en Bolivia. La estrategia tenía un carácter tecnocrático; había sido copiada de las políticas europeas y resultaba atemorizante en un país en el que 70% de la economía es informal. Los empresarios informales, que en general habían apoyado al MAS, reaccionaron con un paro indefinido al que se sumaron los comités cívicos (los cuales forman la columna vertebral de la oposición boliviana). Esta alianza, que hubiera sido impensable tiempo atrás, terminó haciendo retroceder al presidente. Este tuvo que retirar una de las leyes que pensaba aprobar y pedir a la Asamblea Legislativa que abrogara otra. Se mostró así como un gobernante «débil» (el calificativo que apareció en la prensa). Sin embargo, al mismo tiempo que se producía este conflicto, una encuesta indicaba que su popularidad superaba el 40%, lo que lo ponía muy por encima del resto de los políticos nacionales.

Como muestra este contraste, la «debilidad» del gobierno de Arce es en gran parte un efecto del aislamiento del MAS en el campo comunicacional y cultural. Poco después del paro, Evo Morales, en su condición de presidente de este partido, organizó una caminata de 180 kilómetros desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz en apoyo al presidente. La marcha comenzó siendo menospreciada por los principales medios de prensa y terminó movilizando a decenas de miles de campesinos, vecinos pobres y trabajadores. Mostró dos cosas a la vez: la gran fortaleza del MAS entre los sectores plebeyos y su alejamiento de la clase media urbana, de la que, como se sabe, salen los operadores periodísticos e intelectuales. Aunque el oficialismo cuenta con algunos medios estatales y privados, la inferioridad de su fuerza comunicacional ha sido evidente, en especial por el fuerte antagonismo en contra suya de los principales periódicos, televisoras y radios del país. 

Si un extranjero llegara y basara su opinión sobre Bolivia en las columnas de la prensa, tendría que concluir que Arce se encuentra acorralado y no para de cometer abusos. La misma correlación de fuerzas desfavorable para el MAS se observa en las universidades, las instituciones de pensamiento y debate, etc. 

Esta es otra expresión de la polarización sociológica del país. El grueso del electorado del MAS se halla en los segmentos que no han tenido 12 años de estudios básicos, es decir, que no han completado el bachillerato. Al contrario, la oposición tiene mucho más éxito en los sectores mejor educados del país. 

El 15 de diciembre, un piquete de mujeres opositoras hizo una demostración en la puerta de un hotel de Santa Cruz donde, por convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, cientos de intelectuales se reunían para analizar la polarización política boliviana. Las mujeres llevaban un cartel con la foto del presidente Arce y la leyenda «Gobierno fraudulento», y gritaban «Abajo el comunismo». 

No se trataba de un hecho raro. La oposición, en particular en su facción más radical, cuestiona sistemáticamente al Tribunal Electoral, pese a que este fue elegido como parte del proceso de sustitución de Evo Morales, para organizar unas elecciones creíbles para los opositores. El escepticismo de estos se debe a la historia última del país, en el que la acusación de fraude electoral ha sido central, y también al hecho de que, luego de intentar muchas vías distintas –desde el «voto útil» por la candidatura con mejores perspectivas de vencer al MAS, hasta la activación de procesos para suspender los derechos electorales de este partido–, la oposición, que siempre ha estado dividida y carece de líderes con influencia nacional, no logra derrotar en las urnas a su rival. Justifica su impotencia, entonces, retomando las sospechas de fraude y echándole la culpa al árbitro. 

«Ambas partes sigue absorbidas por la confrontación de 2019. Mientras los opositores cuestionan la legitimidad de las elecciones (que ganó Arce) porque intentan reactivar el clivaje ‘democracia y dictadura’ que les dio éxito en 2019, el gobierno convierte cada iniciativa opositora en un ‘segundo golpe de Estado’», explica Mayorga.

Puesto que se miden los sectores populares con la clase media, el MAS se siente seguro de su mayoría numérica. Por otra parte, la oposición se fortalece y radicaliza por su primacía en los medios de comunicación, sus victorias en la lucha ideológica y su mayoría en las ciudades, especialmente en Santa Cruz de la Sierra. No es precisamente un empate, sino una dualidad de las fuentes de legitimidad, la cual impulsa el enfrentamiento político. 

¿En qué terminará este? Nadie lo sabe. Algunos piensan en un escenario parecido al de Chile entre 1971 y 1973, periodo en el que se crearon las condiciones ideológicas y psicológicas para el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Otros suponen que, pese al fracaso del esfuerzo opositor para echar al MAS del poder en 2020, el país ha entrado en un momento de transición entre el ciclo estatista y redistribuidor dirigido por Evo Morales y otro que todavía no termina de emerger. 

A lo largo la historia boliviana, la desaparición política de un caudillo importante ha generado coyunturas de dispersión del poder, fragmentación social y disputas caóticas para determinar la forma en que aquel sería sustituido. El elemento singular de este momento reside en que Morales no ha desaparecido del panorama político. Todo lo contrario. Aunque las encuestas de popularidad lo ponen por detrás de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca en adhesiones, la masiva y épica marcha que organizó hace poco mostró que sigue teniendo una fuerza política que no se puede menospreciar. Además, posee el control del partido de gobierno, lo que puede ser definitivo a la hora de definir el candidato para la elección de 2025.

Por otra parte, el sistema político boliviano es fuertemente presidencialista, lo que en los hechos pone a Arce en competencia con Morales por la conducción del próximo periodo gubernamental. Ya se habla del «arcismo», como una corriente dentro del MAS con sus propias dirigentes y características (ideología fuertemente estatista y anti-elitista con cierta tendencia tecnocrática, una combinación parecida a la del grupo de apoyo de Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador). Si Arce optara por la reelección, algo que le permite la Constitución, es muy probable que el MAS se dividiría, pues no es un secreto para nadie que Morales quiere volver a candidatear en 2025. 

Este deseo ya ha comenzado a generar rispideces entre el líder indígena y el presidente. Se sabe que ambos chocaron a raíz de la organización de la marcha ya mencionada, la cual devolvió a Evo Morales al centro de la actualidad informativa y le permitió lucir sus «músculos» como conductor de su partido. En público, sin embargo, se muestran bien avenidos. Morales no deja de reconocer en sus discursos la primacía de Arce –e incluso de Choquehuanca, que es su rival personal– en la vida institucional del país, y muchos de sus seguidores no han sido incorporados al Ejecutivo. 

Morales sabe, como cualquier otro boliviano, que la única forma realista a corto plazo de que la oposición llegue democráticamente al poder pasa por la división del MAS en las próximas elecciones. Esta comprensión limita sus posibilidades de maniobra, igual que las de Arce. Sin embargo, las diferencias entre ambos, que comienzan a despuntar, podrían desarrollarse de tal manera que desbordaran el marco de prudencia dentro del que han actuado hasta ahora. El tiempo lo dirá.

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La pandemia de la deuda asfixia a los países pobres

A pesar de las medidas de alivio dispuestas por organismos financieros internacionales por la crisis de COVID-19, alrededor del 60% de los países de bajos ingresos se encuentran en alto riesgo de insolvencia o tienen problemas de deuda.

En 2015, esa cifra estaba por debajo del 30%.

En cambio, las potencias económicas registran crecimiento en el segundo año de la pandemia y, por lo tanto, están disminuyendo su respectiva relación deuda/PIB.

La pandemia también profundizó la desigualdad en el frente financiero haciendo más vulnerables a los países que ya lo eran.

Contrarreloj

Para muchos de estos países con debilidades estructurales, los desafíos financieros son cada vez mayores. Las nuevas variantes están provocando más perturbaciones en la actividad económica y las iniciativas relacionadas con la crisis provocada por el coronavirus, como la Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda del G20 (DSSI, por sus siglas en inglés), están terminándose.

Muchos de esos países enfrentan atrasos o una reducción en los gastos prioritarios y, de esta manera, es posible un colapso económico a menos que los acreedores del G20 acuerden acelerar las reestructuraciones y suspender el servicio de la deuda mientras se negocia.

En esa misma línea, también es fundamental que los acreedores del sector privado implementen un régimen de alivio de la deuda.

El reciente documento del FMI Debe reforzarse el programa del G20 para el tratamiento de la deudadepaísespobres, de Kristalina Georgieva y Ceyla Pazarbasioglu, advierte que 2022 será mucho más complicado con el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales en el panorama.

"El plan de alivio del G20 expirará a finales de este año, lo que obligará a los países participantes a reanudar los pagos del servicio de la deuda", afirman.

Perspectivas de un horizonte de deuda complicado

Desde el inicio de la pandemia, los países de bajos ingresos se han beneficiado de medidas atenuantes, pero no suficientes.

Las bajas tasas de interés en las economías avanzadas mitigaron el impacto financiero de la crisis en sus economías. A la vez, el G20 estableció el plan de suspensión temporal de los pagos de la deuda pública de los países más pobres, seguido de la elaboración de un Marco Común para ayudar a estos países a reestructurar su deuda y hacer frente a la insolvencia y los problemas prolongados de liquidez.

Hasta ahora, solo tres países (Chad, Etiopía y Zambia) han presentado solicitudes de alivio de la deuda en el esquema de este Marco Común. Y cada caso ha experimentado retrasos importantes.

La comunidad internacional también aumentó el apoyo financiero incluyendo préstamos de emergencia del FMI y una asignación de derechos especiales de giro (DEG) de 650.000 millones de dólares, de los cuales 21.000 millones se asignaron directamente a países de bajos ingresos.

Georgieva y Pazarbasioglu reclaman que "los desafíos de la deuda son apremiantes y la necesidad de actuar es urgente", al destacar que "la reciente variante de ómicron es un claro recordatorio de que la pandemia estará con nosotros por un tiempo".

Para concluir que "ahora se necesita una acción multilateral decidida para abordar la desigualdad de las vacunas a nivel mundial y también para apoyar la resolución de la deuda de manera oportuna y ordenada".

La bomba de la deuda global

En 2020 se registró un fuerte aumento de más de 32 billones de dólares de la deuda mundial, y en lo que va de este año subió otros 4 billones de dólares, para alcanzar el récord de 296 billones de dólares.

El último informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IFI) expone la divergencia en el sendero de la deuda entre países ricos y países de ingresos medios y bajos.

La recuperación económica ha ayudado a reducir la deuda global con respecto al PIB al 350% en el tercer trimestre de 2021, más de 10 puntos porcentuales desde el máximo histórico en el primer trimestre.

Esto fue por el aumento del PIB nominal —a medida que aumentan el crecimiento y la inflación—. Sin embargo, la deuda de los mercados emergentes siguió aumentando en otros 5,7 billones de dólares durante los primeros tres trimestres de 2021, alcanzando un nuevo récord de 92,5 billones de dólares, equivalente a 247% del PIB.

Los financistas del IFI explican que si bien el costo promedio de financiamiento en los mercados internacionales permanece cerca de mínimos históricos, la caída de las tasas de interés no ha sido universal, con una amplia dispersión de las tasas entre los países de ingresos medios y bajos.

Encienden alertas respecto a que "si las presiones inflacionarias actuales demuestran no ser transitorias, un aumento abrupto o más pronunciado de lo esperado en las tasas de política monetaria en los mercados maduros podría aumentar los costos de interés para los gobiernos de los mercados emergentes".

Agenda de financiamiento para América Latina y el Caribe

El escenario crítico de la deuda pública está preocupando a gobiernos y organismos multilaterales. Por caso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea que la crisis actual debe ser aprovechada como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de ingreso medio, como los de América Latina y el Caribe.

"Es una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita aplicar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de construcción sostenible e igualitario hacia el futuro", señala en el documento Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo y la recuperación de la región.

"El COVID-19 ha evidenciado la necesidad de abordar el problema del financiamiento para el desarrollo de los países de ingreso medio. La pandemia ha empeorado los problemas estructurales de América Latina y el Caribe en materia de inversión, productividad, informalidad, desigualdad y pobreza", subrayó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, durante su presentación.

América Latina y el Caribe es actualmente la región más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda general promedio de los gobiernos el 77,7% del PIB regional, aunque en algunos casos supera el 100% del PIB nacional, y el servicio total de la deuda representa el 59% de sus exportaciones de bienes y servicios.

En el documento se menciona que el alto nivel de endeudamiento resultante de una menor recaudación de impuestos, junto con el incremento de las transferencias corrientes para apoyar a los hogares y las empresas, ha aumentado las necesidades de liquidez de los países, a pesar de la considerable heterogeneidad de su situación fiscal y vulnerabilidad de la deuda. Esta situación ha reducido el espacio fiscal para implementar políticas contracíclicas, socavando la capacidad de los países para construir un futuro mejor, afirmó la secretaria ejecutiva de la CEPAL.

El informe propone la siguiente agenda de financiamiento para el desarrollo de la región, basada en cinco medidas:

1. Ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo.

2. Fortalecer la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo.

3.. Llevar a cabo una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral.

4. Proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.

5. Integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de desarrollo encaminada a construir un futuro mejor.

En este último punto, el documento subraya como ejemplo el Fondo de Resiliencia del Caribe, un fondo fiduciario establecido como una asociación público-privada cuyo propósito es financiar intervenciones estratégicas en todo el caribe para aliviar dificultades que afectan a la subregión.

Por Alfredo Zaiat

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Domingo, 28 Noviembre 2021 11:31

La segunda oleada progresista latinoamericana

En Caracollo, partidarios del gobierno boliviano participaron en la Marcha por la Patria el martes pasado. Foto Ap

El mundo está atravesando una transición política-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy se ve cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown de 2020 han erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial. Hoy, otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite; Green New Deal, proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc., son las nuevas ideas-fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero. Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980, aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia el espíritu social.

América Latina se adelantó a estas búsquedas mundiales hace más de una década. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a esta "primera oleada" de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que logró tasas de crecimiento económico entre 3 y 5 por ciento, superiores a las registradas en tiempos anteriores. Paralelamente, se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0.54 a 0.48, en la escala de Gini y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población que inclinó la balanza del poder social en favor del trabajo. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia, al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

Esta primera oleada progresista que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes.

La segunda oleada progresista

La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte, por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas.

El progresismo cambió la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las "clases medias", ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de "ingresos medios", la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., modificó no sólo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darle sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.

La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantarse los nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente, este tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado, sólo un revanchismo enfurecido de un "libre mercado" crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.

Ello dio pie a la segunda oleada progresista que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el "fin del ciclo progresista". La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos, sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas y su duración también.

En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que por su sola presencia habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido, no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente.

Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como el gran constructor de reformas. Ciertamente, el "gran encierro" mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.

Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden. Sin embargo, la ausencia de "relación carismática" de los nuevos líderes no es un defecto sino una cualidad del actual tiempo progresista, pues fue por esa virtud que fueron elegidos por sus agrupaciones políticas para postularse al gobierno y, también, por lo que lograron obtener la victoria electoral. En términos weberianos, es la manera específica en que se rutiniza el carisma, aunque la contraparte de ello será que ya no puedan monopolizar la representación de lo nacional-popular.

En tercer lugar, el nuevo progresismo forma ya parte del sistema de partidos de gobierno, en cuyo interior lucha por ser dirigente. Por tanto, no busca desplazar el viejo sistema político y construir uno nuevo como en la primera época, lo que entonces le permitió objetivamente enarbolar las banderas del cambio y de la transgresión por exterioridad al "sistema tradicional". Lo que ahora se proponen es estabilizarlo preservando su predominancia, lo que los lleva a una práctica moderada y agonista de la política.

En cuarto lugar, la nueva oleada progresista tiene al frente a unos opositores políticos cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Las derechas políticas han superado la derrota moral y política de la primera oleada progresista y, aprendiendo de sus errores, ocupan las calles, las redes y levantan banderas de cambio.

Han cobrado fuerza social mediante implosiones discursivas reguladas que las ha llevado a enroscarse en discursos antiindígena, antifeminista, antiigualitarista y anti-Estado. Abandonando la pretensión de valores universales, se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas. Ya no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y persuasión, sino de revancha contra los igualados y exclusión de quienes se considera son los culpables del desquiciamiento del viejo orden moral del mundo: los "populistas igualados", los "indígenas y cholos con poder", las mujeres "soliviantadas", los migrantes pobres, los comunistas redivivos…

Esta actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva, sino de representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales, con efecto en sectores populares. De una tolerancia y hasta simpatía hacia la igualdad hace 15 años atrás, la opinión pública construida en torno a las clases medias tradicionales ha ido girando hacia posiciones cada vez más intolerantes y antidemocráticas ancladas en el miedo. Las fronteras de lo decible públicamente han mutado y el soterrado desprecio por lo popular de años atrás ha sido sustituido por un desembozado racismo y anti-igualitarismo convertidos en valores públicos.

La melancolía por un antiguo orden social abandonado y el miedo a perder grandes o pequeños privilegios de clase o de casta ante la avalancha plebeya han arrojado a estas clases medias a abrazar salvacionismos político-religiosos que prometen restablecer la autoridad patriarcal en la familia, la inmutabilidad de las jerarquías de estirpe en la sociedad y el mando de la propiedad privada en la economía ante un mundo incierto que ha extraviado su destino. Es un tiempo de politización reaccionaria, fascistoide, de sectores tradicionales de la clase media

Y finalmente, en quinto lugar, el nuevo progresismo afronta no sólo las consecuencias sociales del "gran encierro" planetario que 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación.

Esto conlleva una situación paradojal de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina en tiempos de crisis económicas, médicas y sociales extraordinarias.

Pero, además, globalmente se está en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones.

Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario con clases medias rezando por "orden" a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos.

Pero, además, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular, de hegemonía cultural y movilización colectiva, hoy ausentes, sin los cuales es imposible imaginar triunfos políticos duraderos.

Por Álvaro Garcia Linera. Fragmentos del discurso pronunciado en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, al recibir el nombramiento de doctor honoris causa, el 5 de noviembre pasado.

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El futuro gobierno alemán representará más de lo mismo

Los encuestadores alemanes pueden aparecer satisfechos. Las encuestas de intención de voto vaticinaron los resultados de la elección del pasado domingo con inusitada certeza. Toda una rareza en estos tiempos. Finalmente, el partido socialdemócrata (SPD), encabezado por Olaf Scholz, conquistó el primer lugarcon el 25,7 % de los votos, mientras que el partido demócrata cristiano (CDU), liderado por Armin Laschet, (foto) alcanzó el segundo lugar con el 24,1 % de los votos. En tercer y en cuarto lugar aparecieron el partido verde, con el 14,8 % de los votos, y el partido liberal (FDP), con el 11,5 % de los votos. 

Más allá de todo, los resultados del domingo representaron una catástrofe electoral para la CDU, la cual protagonizó su peor elección desde la posguerra. Por su parte, el SPD restableció parcialmente su caudal de votos tras haber alcanzado su mínimo histórico en la elección de 2017. Los verdes realizaron una muy buena elección, la mejor de su historia, y casi con seguridad participarán en el próximo gobierno. El partido ultraderechista (AFD) retrocedió del tercer al quinto lugar, pero su caudal de votos solo descendió levemente. Además, la AFD conquistó el primer lugar en Sajonia y Turingia, dos provincias del este fuertemente afectadas por la pobreza y la desigualdad.

Desde el anuncio de los resultados el domingo por la noche, las negociaciones entre los partidos para la formación del gobierno comenzaron a toda máquina. Por el momento, la “coalición semáforo” entre el SPD (rojo), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Scholz como canciller, aparece como la más probable. Sin embargo, la “coalición Jamaica” entre la CDU (negro), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Laschet como canciller, aún no aparece descartada del todo. Curiosamente, la negociación iniciada entre los verdes y los liberales, terceros y cuartos respectivamente, determinará al futuro canciller de Alemania.

En este contexto, ¿qué consecuencias generarán los resultados de la elección del domingo de cara al futuro? En Alemania el modelo de país no aparece en disputa. Las principales fuerzas políticas no presentan diferencias de fondo respecto a la orientación económica, política y social del país, sino que representan matices en el marco de un modelo de país impuesto por las clases dominantes. El hecho de que el candidato a canciller de la socialdemocracia participe en el gabinete de Merkel como ministro de Finanzas representa una muestra de la hegemonía del modelo de país imperante.

En este sentido el futuro gobierno, independientemente de su composición, estará caracterizado por la continuidad del rumbo neoliberal asumido por el gobierno de Merkel (CDU), como así también por el gobierno de su antecesor, Gerhard Schröder (SPD). Los matices aparecerán eventualmente en lo social, por iniciativa del SPD, y en lo medioambiental, por iniciativa de los verdes. En lo social, el SPD acometerá un aumento del salario mínimo, la flexibilización de los requisitos para la asistencia social y la expansión de las guarderías infantiles. En lo medioambiental, los verdes establecerán metas y plazos más estrictos para las emisiones de CO2, como así también un límite de velocidad de 130 km/h en las autopistas (actualmente sin velocidad máxima y por ende más contaminantes). 

Ninguna de estas reformas, evidentemente, determinará cambios de fondo en el modelo de país imperante en Alemania. Desafortunadamente, este modelo ya no representa como en el pasado una garantía de bienestar para las mayorías sino que, por el contrario, desde la irrupción del neoliberalismo en Alemania a finales de los años 1990s, genera una sociedad cada vez más desigual y menos incluyente. En este sentido el futuro gobierno alemán representará, más allá de su composición final, más de lo mismo.

29 de septiembre de 2021

Por Ezequiel Luis Bistoletti, profesor argentino en la Universidad Alice Salomon Berlin, en Alemania, y conductor del programa “Demoliendo mitos de la política”.

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El FMI y Lasso acuerdan la receta para Ecuador

Las políticas neoliberales del exbanquero

El plan económico incluye reducción del gasto, apertura económica y reforma impositiva. Si la Asamblea quiere frenarlo, el presidente ya dijo que irá por la consulta popular.

 

El FMI acaba de darle un nuevo respaldo a las políticas neoliberales de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció un principio de acuerdo con el organismo para la llegada de 1.500 millones de dólares hasta fin de año. Un monto más que necesario para un país con una crisis económica que estalló hace dos años, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Lasso habla de recomponer la economía ecuatoriana apelando al libreto neoliberal conocido: apertura de la economía, recorte del gasto público y reforma tributaria. Para llevarlo adelante deberá negociar con un Asamblea muy fragmentada, donde su partido apenas si suma una docena de bancas. Si no lo apoyan, ya dijo que apelará a la consulta popular. Y sabe que tiene las de ganar: viene llevando adelante una exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus.

Colchón de vacunas

El dinero que llegará desde el FMI forma parte de un acuerdo previo que el organismo había firmado con Moreno en 2020 por 6.500 millones de dólares. La llegada de nuevos desembolsos dependía del cumplimiento de las metas (y exigencias) que hizo el Fondo, algo que conocemos muy bien en Argentina. En ese sentido, Lasso fue claro durante una entrevista con la agencia EFE. “Nos pidieron aumentar la recaudación fiscal en un 0,7 por ciento del PBI a partir del 2022”, señaló el presidente. Esto a pesar de que el país viene mostrando mejoras en sus números, tras haber levantado gradualmente las restricciones por la pandemia: el FMI prevé que la economía se expandirá un 2,7 por ciento en 2021 y un 3,5 por ciento en 2022.

El panorama que plantean Fondo y gobierno se basa en lograr ingresos a partir de inversión extranjera. En este sentido, el gabinete de Lasso y la prensa afín pusieron como ejemplo exitoso de un mix entre público y privado, a la campaña de vacunación. La promesa del entonces candidato había sido “nueve millones de vacunas en los primeros 100 días”. El laboratorio estadounidense Pfizer perfilaba como vedette para lograr ese objetivo. Sin embargo, la realidad obligó a recalcular. El gobierno tocó la puerta de China y así logró la llegada de millones de vacunas Sinovac.

Lasso asumió el 24 de mayo. Hasta ese día se había vacunado con al menos una dosis a solo 1.400.000 personas. De allí en adelante, y especialmente desde junio de este año, la campaña de vacunación no paró de crecer. El gobierno alcanzó el objetivo que se había propuesto. Al día 11 de septiembre lleva aplicadas 12 millones de vacunas Sinovac, casi seis millones de Pfizer y dos millones de Astrazenca. La coordinación con el sector privado incluyó vacunar a los empleados, sus familias y aún a proveedores, dentro de las empresas; otorgar descuentos en productos a cambio de vacunas; y traslados gratuitos hasta los centros de salud; solo por citar algunos ejemplos.

Desregulación y apertura financiera

Pero cumplir con las metas del FMI y el plan con que Lasso llegó al poder, también tiene un costado menos luminoso. El presidente planteó la necesidad de una reforma tributaria y de reducir el gasto público. De la primera se sabe muy poco. El eslogan con el que salieron a darle impulso a esta iniciativa es un impuesto a los sectores más ricos del país. “Que el costo de la pandemia recaiga sobre aquellos que más tenemos en el Ecuador", sostuvo el mandatario. El tributo se focalizará en el cuatro por ciento de la población más pudiente. “El resto no va a sufrir ningún impacto en materia de impuestos, ni por incremento de tasas, ni por la creación de nuevos tributos", sostuvo Lasso. Lo demás detalles, siguen sin conocerse.

La otra pata, la reducción del gasto, tiene como bandera el impulso a la inversión privada. Para esto el exbanquero planteó un programa de desregulación y apertura comercial muy ambicioso. El primer paso lo dieron el 21 de junio pasado, cuando el embajador de Ecuador en Estados Unidos firmó el reingreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Para el sociólogo económico Andrés Chiriboga es un claro retroceso, ya que el país había logrado salir de este espacio en 2009. “Bajo este tipo de instancias regulatorias el Estado pierde siempre. En el mejor de los casos, no paga indemnizaciones, pero ganar, nunca. Lo que se busca con esto es inclinar la cancha a favor de los privados”, sostuvo el académico.

El ingreso al CIADI fue la antesala del otro gran objetivo del mandatario: ingresar a la Alianza del Pacífico, un bloque regional que componen Chile, Perú, Colombia y México. Para Pablo Iturralde, Director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), un grupo de estudio ligado al correísmo, estas medidas benefician al sector financiero. “Se impulsa una rama vinculada con el ingreso de divisas por agroexportación, el sector importador y petrolero, todos vinculados al mercado externo. Los campesinos, que venden puertas adentro, están siendo sofocados económicamente”, indicó el académico. En este sentido Chiriboga señaló que Lasso se está ganando un enemigo importante. “En la campaña había dicho que iba a dar créditos al agro, algo que no está cumpliendo. El gobierno no está tomando el camino de inyectar con recursos a la población”, sostuvo el sociólogo económico.

Un límite en la Asamblea

Una de las principales fuentes de recursos de Ecuador pasa por la exportación de petróleo. La pandemia representó una dura caída en este sentido. En 2019 las exportaciones llegaron a 8.680 millones de dólares, en tanto que en 2020 se retrajeron a 5.250 millones de dólares. Los números mostraron un alza durante el período enero/mayo de 2021: 3.450 millones de dólares. De la mano de esta recomposición, Lasso prometió duplicar la producción durante los próximos cuatro años, a partir de alianzas con privados. Para Chiriboga el plan pasa por privatizar la empresa estatal, Petroecuador. “A través de un decreto de liberación de capitales en las empresas públicas, prepara el terreno privatizarla”, indicó el académico.

La principal traba que tiene Lasso para avanzar con más medidas de este tipo está en la Asamblea. En la primera vuelta de las presidenciales de este año, que definían las bancas legislativas, su fuerza sacó tan solo el 19,7 por ciento de los votos, con lo que obtuvo 12 asambleístas. Las fuerzas que quedaron mejor paradas fueron el correísmo, que bajo el Frente UNES logró 49 bancas, y el partido indigenista Pachakutik, con 27. Este contexto obliga al exbanquero a mostrar su faz negociadora. Sin embargo ya adelantó que si el legislativo no aprueba sus proyectos avanzará por otro camino. “Si los asambleístas no son sensibles a la realidad del país, tendremos que ir a una consulta popular para que el pueblo dirima en las urnas su futuro", sostuvo el mandatario.

El plan ya está en marcha. Funcionarios del gobierno están proponiendo que una de las preguntas a la población sea si la dolarización debe o no incluirse en la Constitución del país. Para Iturralde esa pregunta funcionará como anzuelo para poner otras más polémicas, detrás de un “sí” que lo englobe todo. “Los únicos dos consensos que existen en Ecuador son el apoyo a la tricolor (la selección de fútbol) y a la dolarización. Van a preguntar una obviedad para poder lograr el respaldo en toda la consulta”, sostuvo el director del CDES. Lo cierto es que el viento de cola del exitoso plan de vacunación puede servirle de impulso. El apoyo político y económico del FMI, también. Quedará por verse como responde una oposición muy divida, otro elemento que puede jugar en favor de Lasso.

13 de septiembre de 2021

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Foto de archivo de Ariel Henry. — REUTERS

 

El nuevo Gobierno asumirá sus funciones en un plazo de ocho días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, firmó este sábado un acuerdo con los principales partidos de oposición para formar un Gobierno de unidad y una asamblea que redactará una nueva Constitución, antes de celebrar las elecciones.

El nuevo Gobierno asumirá sus funciones en un plazo de ocho días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones "a más tardar a finales de 2022, bajo el imperio de la nueva Constitución", según figura en el texto del acuerdo.

Henry presidirá el ejecutivo, que será "esencialmente no partidista" y estará integrado por personalidades escogidas con base en su "notoriedad". En este período transitorio, la acción del Gobierno será supervisada por una Autoridad de Control y Seguimiento, ente que estará formada por los 10 senadores que siguen en activo y por otros 23 miembros designados por universidades públicas, cámaras de comercio y varios colegios profesionales.

El acuerdo prevé también la creación de una asamblea nacional constituyente, formada por 33 miembros, nombrados por diversas instituciones y organismos de la sociedad civil, incluyendo representantes de grupos feministas, de la comunidad en la diáspora y de personas con discapacidades.

Esta asamblea tendrá en cuenta en sus trabajos el anteproyecto de Constitución presentado esta semana y que fue redactado por una comisión de expertos designada por el presidente Jovenel Moise, quien fue asesinado el pasado 7 de julio. Los constituyentes tendrán un plazo de tres meses para preparar el proyecto de carta magna, que será sometido a la ratificación del pueblo haitiano.

Una vez sea promulgada la nueva Constitución, se celebrarán elecciones, como máximo hasta finales del 2022, para que las nuevas autoridades asuman sus cargos a comienzos de 2023, agrega el texto del acuerdo. Haití se encuentra en estos momentos sin un presidente, por la muerte de Moise, y sin un Parlamento operativo desde comienzos de 2020, debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.

 11/09/2021 18:58 Actualizado: 11/09/2021 20:34

EFE

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Bukele saluda el 6 de junio después de una conferencia de prensa en San Salvador.JOSE CABEZAS / Reuters

A través de un fallo judicial de un órgano nombrado por él, el presidente de El Salvador apunta a reelegirse en 2024 y reaviva los temores de sus críticos

 

Unos meses después que el presidente Nayib Bukele comprometió la independencia de la justicia en El Salvador a golpe de giros autoritarios, la Sala de lo Constitucional que él instaló autorizó la noche de este viernes su reelección presidencial inmediata, cruzando una línea que los críticos del proyecto de Nuevas Ideas —el partido del mandatario— habían advertido con preocupación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño anunció este sábado que acatará la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de que se permita la inscripción para competir por una reelección presidencial con la única condición de que el presidente en funciones renuncie seis meses antes del mandato.

Así, Bukele apunta a reelegirse en 2024 usando un fallo judicial para consolidar su proyecto político, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua en 2011. La diferencia es que el mandatario sandinista alegó que la prohibición constitucional de la reelección “violaba sus derechos humanos” y la justicia de Bukele invocó al pueblo para “que decidan sin presiones o coacciones indebidas”.

Hasta ahora, y según la Constitución del país, los presidentes de El Salvador, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo para un periodo inmediato. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional instalada en mayo pasado por Bukele arrolló el artículo 152 de la Carta Magna que señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.

Aunque la reelección presidencial era algo que se barajaba en El Salvador, tomando en cuenta los zarpazos de Bukele a la justicia destituyendo a través de la Asamblea Nacional a magistrados y recientemente a un tercio de los jueces y fiscales, lo sorpresivo es la celeridad con que el mandatario afianza su proyecto político tildado como autoritario por sus detractores.

“La Sala de lo Constitucional de El Salvador —que Bukele cooptó en mayo de este año—acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. La democracia en El Salvador está al borde del abismo”, expresó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

04 sept 2021 - 19:36 CEST

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Viernes, 27 Agosto 2021 06:25

Instituciones depredadoras

Instituciones depredadoras

Aunque estamos habituados al papel devastador de los aparatos armados, legales e ilegales, contra los pueblos y sectores sociales, suele pasar desapercibido el carácter depredador de las instituciones estatales y de las organizaciones de arriba. En no pocas ocasiones, éstas desarticulan a las comunidades en resistencia de modo aún más duradero que la represión violenta.

Algo de esto sucede en el Chile de la revuelta y ahora de la Convención Constituyente. "Aún tenemos izquierda, ciudadanos", titula su último artículo Manuel Cabieses, veterano luchador y periodista, director de la publicación Punto Final hasta su cierre en 2018 y ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Con dolor y rabia alude a la "dispersión del pueblo" y la "desorientación ideológica", ya que sectores importantes de quienes lucharon en la revuelta lanzada en octubre de 2019, fueron subordinados "a la cultura excluyente de la oligarquía" (https://bit.ly/3j7jbrG

Destaca que los dos principales candidatos a la presidencia, Sebastián Sichel, por la derecha, y Gabriel Boric, p).or la izquierda, "son dos caras de la misma moneda", ya que ambos reciben la bendición de la Bolsa de Comercio "en demostración elocuente de confianza del capital financiero en el resultado de las próximas elecciones".

La Lista del Pueblo, que había conseguido 27 asientos en la Constituyente de los 155 en juego, siendo la agrupación que encarnaba a los movimientos nacidos en la revuelta, perdió un tercio de los constituyentes por las disputas internas de poder, maniobras y acuerdos secretos que resultan ser copia y calco de la vieja cultura política.

Una de las renunciantes, la constituyente Claudia Pérez, se alejó de la Lista de Pueblo "debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes" (https://bit.ly/3kc4vGW). Se refiere a la denuncia del Centro de Investigación Periodística (Ciper), de casos de corrupción comprobada en los gastos de campaña que llevaron a la expulsión de varios activistas (https://bit.ly/3808DUP).

Medios de izquierda e independientes, como El Clarín y El Ciudadano, están intentando analizar y comprender las razones de la crisis en esta agrupación que aparecía como la vocera natural de los movimientos populares.

Uno de ellos considera que el torrente inicial de la Constituyente se ha ido aquietando hasta convertirse en "un calmado cauce constitucional", en medio del cual aparecen "las maniobras y acuerdos políticos tras bambalinas entre los distintos grupos de convencionales" (https://bit.ly/3j77h0K).

La conclusión del periodista Guillermo Correa es que la energía de este sector se comenzó a volcar hacia las elecciones de noviembre, "en la idea de poder conquistar nuevos espacios de poder en la institucionalidad capitalista que rechazaban con energía y decisión en las calles, asambleas y territorios".

En efecto, el potente movimiento popular chileno se enfrascó primero en la elección de la Asamblea Constituyente, acudiendo a las urnas el 15 y 16 de mayo, pero de inmediato sus energías se volcaron hacia las presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre, que se superponen a la elaboración de una nueva Constitución.

En este proceso, que pretende trasladar la potencia de la calle a las instituciones estatales, se fueron dejando jirones de principios y de rebeldías, que terminaron por desfigurar y debilitar a las organizaciones de base. Peor aún, participando en las instituciones la vieja cultura política se renueva y vigoriza, encarnando en jóvenes y militantes de los sectores populares.

Es necesario aprender de los procesos en curso, ya que se repiten de país en país con notable precisión. El levantamiento de octubre en Ecuador fue tragado por la disputa electoral, situación que puede repetirse en Colombia con las elecciones de 2022, con el agravante de que fue la más profunda y dilatada revuelta de las varias que sacudieron el continente en los últimos años.

Un primer aprendizaje dice que no es posible participar en las instituciones estatales sin practicar la cultura política tradicional. Es profundamente equivocado pensar que, desde esos espacios, se pueda hacer algo diferente a lo ya establecido. Una y otra vez observamos que las mejores voluntades se estrellan en los muros institucionales.

El segundo aprendizaje es que el mayor error consiste en dispersar las organizaciones de base, que son las que generan los grandes eventos y las que pueden darle continuidad a los movimientos. Sin ellas quedan prisioneros de las dinámicas institucionales que los neutralizan.

En algún momento debemos asumir que es preferible crear lo nuevo, que dedicarnos a reformar lo existente. Que no es posible descolonizar el Estado, ni despatriarcalizar el patriarcado; ni democratizar las fuerzas armadas y el Poder Judicial, núcleos duros de las opresiones. Es lo que nos dice la experiencia de las últimas décadas.

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¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?

Las razones de las protestas en Cuba son muchas y en estos meses se han superpuesto una serie de crisis. La unificación monetaria coincidió con la crisis provocada por la pandemia, pero también con la llegada de Miguel Diaz-Canel a la presidencia, un líder sin la legitimidad de origen de los hermanos Castro. En esta crónica de la revista cubana El Toque se repasan los motivos del renovado descontento social que es el combustible de las movilizaciones.

 

El 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, se inició en el municipio de San Antonio de los Baños, en Cuba, una protesta social. En cuestión de horas, las llamas se extendieron a todo el territorio nacional.

Miles de personas salieron a las calles a reclamar libertad, cambios en Cuba, vacunas, el fin de las tiendas en moneda libremente convertible, la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y mejoras en general de la situación del país. El gobierno los llamó «confundidos», «vándalos» e «irresponsables» y los acusó de responder a intereses externos, al tiempo que dio una «orden de combate» a los «revolucionarios» y a las fuerzas de seguridad para que salieran a confrontar las expresiones populares.

Estos hechos, inéditos por su proporción, son el resultado del agravamiento de las condiciones sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país. A continuación, repasamos varias de esas causas:

Emergencia sanitaria

La pandemia por COVID-19 en el país se ha agravado. Después de tener la enfermedad bajo relativo control, con números muy bajos para la región, y comenzar la vacunación en algunas zonas del país -como parte de estudios de intervención con los candidatos cubanos- se desató la ola más fuerte de contagios y muertes. Hasta el 12 de abril de 2021, a poco más de un año de pandemia en el país, habían fallecido 467 personas y se habían diagnosticado 87.385 casos. Solo tres meses después, el 12 de julio, la cifra alcanza los 1.579 fallecidos y 224.914 casos positivos (2,5 veces más).

La peor situación ocurre en la provincia de Matanzas donde, entre el 1 y el 10 de julio de 2021, fueron diagnosticados 16.447 casos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines, dijo al inicio del aumento de contagios que contaban con una capacidad para casi 6.000 personas en centros de aislamiento, pero declaró que se requieren 3.000 camas más para cubrir las necesidades frente al elevado número de casos que presenta. En el resto de las provincias del país, sobre todo en la capital, los casos oscilan en cifras de tres dígitos. El aumento de las personas hospitalizadas, la carencia de insumos y medicinas, y el agotamiento progresivo de los recursos materiales y humanos disponibles han puesto al sistema de salud en una situación de crisis, aunque las autoridades gubernamentales la llaman «compleja».

A la falta de recursos para enfrentar el covid-19 se suman graves carestías en el llamado Cuadro Básico de Medicamentos, que ha supuesto hasta la reaparición de otras enfermedades como la escabiosis.

El Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba lo integran 619 productos: 351 para hospitales y 268 para farmacias. De ellos, 263 (42%) son importados y 356 (58 %) son nacionales: 350 producidos por BioCubaFarma, 5 por la industria alimentaria y 1 por el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. De los fabricados por BioCubaFarma, un promedio de 85 estuvo «en falta» durante 2020. A estos se suman los de importación, que tampoco han entrado al país en los últimos meses y que se usan, fundamentalmente, en la atención secundaria de salud. El ministro de Salud Pública José Ángel Portal reconoció que la situación con los medicamentos continuaba «tensa» y ofreció como alternativa la producción y el uso de la medicina natural y tradicional.

Ante el desabastecimiento en las farmacias, los cubanos han buscado otras vías para acceder a los medicamentos: grupos en redes sociales de donación e intercambio, comercialización en el mercado ilegal y encargos al extranjero. En medio de este panorama, usuarios cubanos en Twitter iniciaron la campaña #SOSMatanzas, a la que lograron sumar influencers y personalidades internacionales tan variadas como Mía Kalifha, Alejandro Sanz, Daddy Yanky, Paco León, Residente (Calle 13), entre otros. La movilización busca denunciar la situación de colapso y reclamar la creación de vías legales para el envío de ayuda humanitaria desde otros países por parte de la diáspora, en especial un corredor entre la comunidad cubana en Estados Unidos y el archipiélago que no sea gestionado por el Estado cubano, en el que no confían. El Gobierno cubano ha denunciado esta campaña por considerarla afín a intereses intervencionistas del gobierno norteamericano. Niega estar cerrado a la recepción de ayuda humanitaria, aunque siempre demanda que llegue «por los canales pertinentes».

Parte de la discusión pública desatada por la gravedad de la crisis sanitaria en los últimos días está vinculada a la convivencia de la población matancera con cientos de turistas rusos. Las fronteras del país continúan abiertas al turismo internacional, restringido a los principales polos turísticos; pero las autoridades aeronáuticas permiten muy pocas frecuencias de vuelo a los principales enclaves de la emigración cubana, desde donde llegan remesas y envíos que ayudan a paliar la crisis general.

El gobierno cubano, en particular el primer ministro Manuel Marrero, dijo en comparescencia televisiva que descartan a los turistas rusos como la causa de los contagios y que solo cerrarán el país ante una situación extrema. En los primeros seis meses del año han arribado 122.000 turistas, la cifra más alta antes de la pandemia fue de 4,2 millones.

A pesar de que el país es el primero en la región latinoamericana en desarrollar dos candidatos vacunales contra el covid-19 con una eficacia de más de 90 %, la vacunación también se ha demorado. Cuba apostó al desarrollo de sus propios candidatos vacunales y decidió no incorporarse al mecanismo internacional COVAX. Ello implicó que la aplicación de candidatos vacunales cubanos fuera hecha de manera experimental y con límites durante varios meses, hasta que recién el 9 de julio, uno de los dos candidatos, Abdala, obtuvo de la entidad reguladora nacional cubana el permiso de uso de emergencia.

Como parte de ensayos clínicos y estudios de intervención, hasta el 10 de junio 3.045.823 personas habían recibido al menos una dosis y 1.862.930 han completado el esquema de tres dosis de Abdala o de Soberana 02 más Soberana Plus. Sin embargo, esto se ha limitado a la provincias de La Habana, Matanzas, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, y al personal de salud.

Extender la vacunación fue uno de los reclamos escuchados durante las protestas.

Crisis económica

La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización de la economía y el difícil acceso a alimentos y productos de primera necesidad -comercializados desde fines de 2019 en divisas extranjeras- han aumentado las desigualdades y es una de las principales fuentes de malestar.

La permanencia del bloqueo/embargo y de las medidas de la administración Trump que desmontaron el proceso de normalización iniciado por Barack Obama y Raúl Castro suenan de fondo en esta situación. Sanciones a empresas relacionadas con el consorcio GAESA, de las Fuerzas Armadas, condujeron al cierre de los servicios de Western Union en Cuba y un recorte drástico de las remesas; además de la prohibición de vuelos a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana, y el cierre de los servicios consulares de la embajada estadounidense por los presuntos «ataques sónicos», son componentes de la crisis pero no la explican por sí solos.

En octubre de 2019 el gobierno cubano informó la posibilidad de comprar electrodomésticos, partes y piezas de autos y otras mercancías en monedas libremente convertibles. Lo que se anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y alta, no demoró en convertirse en norma.

En su argumentación, las autoridades aseguraban que una parte de las ganancias de las tiendas en moneda libremente convertirle se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado doméstico y, en algún momento, exportar.

«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo por entonces Díaz-Canel.

Un año y medio después los alimentos y principales productos de primera necesidad se encuentran, casi de manera exclusiva, en divisas extranjeras y aumenta el número de servicios que solo están disponibles en esta moneda. Aunque el cambio oficial de divisas en el país está fijo desde el 1 de enero de 2021 en 24 pesos cubanos (CUP) por dólar, no es posible comprar divisas por esa vía. El mercado informal se ha encargado entonces de suplir la demanda de divisas para poder comprar en las tiendas (todas estatales) o para salir al extranjero, lo mismo como emigrados que de viaje de compras. La tasa informal se ha vuelto la verdadera referencia de los valores del mercado.

La situación empeoró cuando el Banco Central de Cuba (BCC) anunció el 10 de junio de 2021 que diez días después suspendería de manera temporal los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses. Según las autoridades, la medida se debía a los «obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país». Sin embargo, varios economistas apuntaron que la medida tenía la ventaja de recoger varios millones de dólares en efectivo circulante en el país de manera rápida, en un momento de álgida crisis de liquidez en los bancos cubanos, y justo en el momento en que Cuba llegaba a acuerdos con sus acreedores del Club de París para no incumplir compromisos de pago y entrar en default.

Un desordenado «ordenamiento económico»

La implementación de la nombrada Tarea Ordenamiento, destinada a suprimir la dualidad monetaria existente, ajustar tasas de cambio y escalas salariales, comenzó en enero de 2021, después de ser pospuesta durante años. El timing, sin embargo, no pudo ser menos halagüeño: transcurría el primer año de consecuencias económicas y sociales de la pandemia y se había iniciado un proceso de re-dolarización de la economía.

Junto a la unificación monetaria y cambiaria que eliminó al peso cubano convertible (CUC), una de las dos monedas cubanas circulante en el país, y las múltiples tasas de cambio, llegaron otras dos medidas anunciadas desde hacía años: la eliminación de subsidios y gratuidades y una transformación en los ingresos. El aumento de salarios y pensiones debía ajustar la pirámide invertida en el ingreso de los trabajadores con una mejor repartición de las riquezas según el trabajo de cada cual y con ella una mayor calidad de vida. Sin embargo, seis meses después de la implementación de estas reformas, la inflación ha consumido las ganancias del cambio salarial, no se detiene el aumento de precios en todos los sectores económicos, tanto estatales como privados. Muchas personas ahora ganan más, pero tienen menos capacidad adquisitiva.

La crisis es también social

Sin dinero para importar los alimentos que demanda el país, ante la precaria producción nacional, el gobierno ha llamado a incrementar las cosechas, con resultados apenas visibles. Conseguir comida sigue siendo uno de los más angustiosos dilemas del día a día.

La poca disponibilidad de productos -sin hablar de su falta de variedad y baja calidad para la nutrición- y sus altos precios, han hecho de este problema la principal preocupación de las familias, al punto que el Estado, desde 2007, lo ha considerado un tema de seguridad nacional que cada día se agrava más.

Otro tema que ha generado profunda irritación e incertidumbre entre los cubanos ha sido el regreso de los apagones. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitieron una nota oficial el 21 de junio sobre las afectaciones al servicio en el país.

Según el comunicado, esta situación es temporal y se debe a la conjunción de varias causas: las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, las unidades que se encuentran en mantenimiento, averías ocurridas en las plantas y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Un lenguaje burocrático para no decir que los bloques de generación están obsoletos y que no está entrando suficiente combustible a Cuba.

El resultado fue el regreso de «rotaciones» para afectar los distintos circuitos del país un tiempo máximo de 4 horas diarias -ampliada a 6 horas el 30 de junio- oficialmente. La realidad ha sido de apagones mucho más largos en varios territorios, en especial fuera de La Habana. En San Antonio de los Baños, donde comenzó la revuelta, los pobladores daban cuenta de apagones de 12 horas por varios días consecutivos. Tras la movilización popular, el gobierno prometió el fin de estos problemas en breve.

Las actuales circunstancias sociales rememoran los años del llamado Período Especial en los años años 90, cuando el país atravesaba una dura crisis económica tras la caída del bloque soviético. Para muchas cubanas y cubanos la situación ahora es igual o peor que entonces.

Activación ciudadana y fractura del monopolio ideológico

Las protestas recientes no son la primera expresión de inconformidad política de los últimos meses. Son las primeras de carácter popular y masivo; pero varios incidentes sirven de antecedentes a los sucesos de este 11 de julio.

Después de que las autoridades irrumpieran la noche del 26 de noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y desalojaran a quienes se habían declarado en huelga de hambre, sed o ambas en protesta ante la detención y el proceso judicial contra uno de sus miembros (el rapero Denis Solís), una veintena de jóvenes se encontró frente al Ministerio de Cultura para reclamar un diálogo con las máximas autoridades. El grupo y las demandas crecieron a lo largo del día hasta superar la cifra de 300 personas ahí presentes.

El 27 de noviembre de 2020 ocurrió algo inédito en la Cuba post-59. Por primera vez, un grupo diverso de personas autorganizadas, con diferentes demandas políticas, tomaron el espacio público y lograron presionar a una institución gubernamental: el Ministerio de Cultura.

En menos de una semana, las autoridades encontraron pretextos para impedir la mesa del diálogo y lanzar una campaña de deslegitimación del movimiento, al acusar a los participantes de responder a intereses externos. Comenzaría entonces un proceso que ha durado varios meses en los que las detenciones, los asesinatos de carácter y una campaña de descrédito en los medios de la propaganda oficial contra todo el que se relacionó con los eventos del 27N, serían noticia cada día.

Todas las propuestas de diálogo con la sociedad civil merecieron igual desinterés por parte del gobierno, enrocado en su postura de solo hablar con quienes estén «dentro de la Revolución».

Los constantes ataques y descalificaciones llevaron al grupo conocido como Articulación Plebeya a presentar un recurso de queja y petición firmada por más de 400 intelectuales para frenar los atentados contra la dignidad y el honor de las personas, los cuales se han vuelto prácticas habituales de las autoridades y medios de comunicación en el archipiélago.

Las tensiones volvieron a las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021, cuando varios miembros del grupo autoconvocado en noviembre de 2020 demandaron ser escuchados otra vez y fueron agredidos físicamente por empleados estatales, encabezados por el ministro del ramo. En la mañana del 3 de febrero de 2021, varios artistas cubanos presentaron una petición al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para revocar a Alpidio Alonso de su cargo como diputado y ministro, lo cual como era de esperar fue desestimado.

Durante este tiempo también generó mucho impacto en la opinión pública virtual el caso de la joven periodista Karla María Pérez, quien fue dejada en un limbo legal por el gobierno cubano al prohibirle la entrada a Cuba y notificárselo en Panamá, mientras hacía tránsito desde Costa Rica, donde había terminado su estancia legal al concluir los estudios. Karla fue desterrada por su trabajo en medios digitales independientes, antes había sido expulsada de la universidad en Cuba por sus criterios políticos y por su membresía en una organización opositora.

La impunidad con la que actúan los representantes estatales y los voceros de campañas de desprestigio en los medios estatales ha generado diversos rechazos en los ciudadanos, algunos de los cuales han presentado quejas y denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, como ha quedado claro, a las instituciones que les corresponde velar por la «legalidad socialista», no les interesa investigar posibles delitos de sus compañeros, aunque ello implique incumplir con su mandato constitucional.

Son meses en los que han continuado las acciones represivas, enfocadas en acallar la insólita congregación que se logró el 27 de noviembre de 2020.

Ante las detenciones y la destrucción de sus obras de arte, el líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, anunció que se declaraba en huelga de hambre y sed el 25 de abril de 2021 y así se mantuvo hasta que un operativo policial lo llevó al hospital Calixto García.

El encierro de Otero Alcántara generó un acto de protesta pública en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, que se saldó con 12 detenidos, acusados luego de resistencia y desacato y dejados algunos de ellos en prisión provisional. El 31 de mayo, 29 día después de su extracción, fue dado de alta. Durante ese tiempo solo pudieron tener acceso a él las personas que los cuerpos de seguridad que custodiaban la instalación hospitalaria determinaron, con varios días consecutivos en los que nada se supo de él.

También ha avanzado la estrategia de persecución judicial «quirúrgica» contra las figuras más «combativas» del 27N y la oposición política actual. A fines de abril de 2021, la artista Tania Bruguera fue acusada de instigación a delinquir luego de que escribiera un post en Facebook a raíz de una de las detenciones arbitrarias de las artistas y activistas Katherine Bisquet y Camila Ramírez Lobón. La lista de acusados ha seguido creciendo. Hamlet Lavastida, artista y miembro del grupo 27N, fue arrestado y puesto bajo investigación tras su llegada a Cuba el 21 de junio de 2021 proveniente de Alemania, donde concluyó una residencia artística en la galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín.

Este enfrentamiento entre los artistas que protagonizaron el 27N ha estado en el foco de atención del país, aunque pareciera que se escucha más alto la campaña desinformativa estatal. La estrategia represiva ha incluido otra vez los actos de repudio contra disidentes u opositores; además de constantes escaramuzas públicas y «guerras de canciones»; como la protagonizada a partir del tema musical «Patria y Vida», respuesta directa a la tradicional consigna política «Patria o Muerte».

A pesar de todo el esfuerzo comunicacional por desacreditar las acciones disidentes la tensión no ha bajado en estos meses. Un intento de detener al rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo, cuando buscaba llegar a San Isidro, terminó con un enfrentamiento con la patrulla que buscaba llevárselo y la liberación del miembro del MSI por los ciudadanos.

Este caldo de cultivo muestra condiciones naturales para un estallido social. Aunque el gobierno cubano no reconoce su legitimidad y prefiere hablar de un «golpe blando continuado y orquestado desde Estados Unidos», tiene responsabilidad en la acumulación de las causas de la protesta. Lo raro es que no hubiesen ocurrido antes. Al final, no solo vacunas, comida o el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible se escuchaba en las consignas de los manifestantes. También sonó alto el grito de ¡Libertad!

Nota: este artículo fue originalmente publicado en la revista cubanaEl Toque.

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Martes, 29 Junio 2021 06:40

¿A dónde va Pedro Castillo?

Fotos: La República

El llamado público a respetar la Constitución de 1993 y el pedido al neoliberal Julio Velarde para que se mantenga como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, muestran el derrotero continuista en materia económica que cada día va asumiendo el ex dirigente magisterial y virtual presidente peruano Pedro Castillo.

 

En un mitin realizado el sábado 26 de junio en horas de la noche en la Plaza San Martin de la ciudad de Lima, Pedro Castillo, ganador de la segunda vuelta, dijo con mucho énfasis que: “Somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana y por eso estamos acá. Seremos respetuosos de esta Constitución y en ese contexto pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente y coherente frente al Banco Central de Reserva”. En esta intervención, el representante de Perú Libre aprovechó, una vez más, para desmarcarse del supuesto comunismo y pro chavismo que le endilgan sus opositores cercanos a Keiko Fujimori.

Más tarde, y para que no queden dudas, desde su Twitter personal Castillo volvió a afirmar que: “Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución”.

Recordemos que días atrás Pedro Franke, quien proviene del partido de Verónica Mendoza y es actualmente uno de los asesores económicos más influyentes en Pedro Castillo, ya había dicho en una entrevista publicada en el diario Gestión, que se pueden hacer cambios en el país, sin cambiar la constitución de 1993 e incluso menciono que no era necesario cambiar el capítulo económico, el cual - literalmente - condena al estado peruano al triste papel de subsidiario del capital.

Como se recuerda, este proceso de adaptación de Castillo y sus aliados a la institucionalidad vigente se inició en la segunda vuelta cuando, para hacerse digeribles ante los empresarios y la gran prensa, empezaron a bajarle la intensidad a sus cuestionamientos al modelo neoliberal. Ahora, y a raíz de la prolongación de la oficialización de la victoria de Castillo en el balotaje debido a las maniobras fujimoristas, esta tendencia se ha ido profundizando.

¿Quién es Julio Velarde?

Julio Velarde Flores es presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú BCRP, desde el año 2006, cuando fue nombrado por el ex presidente aprista Alan García Pérez como un gesto político dirigido a los grandes empresarios nacionales y extranjeros para demostrarles que su segundo gobierno no repetiría la experiencia económica “heterodoxa” de los años 1985-1990. Recordemos que Velarde ya se había desempeñado como director del BCRP durante los años 1990 a 1992 cuando gobernaba el país Alberto Fujimori y durante los años 2001 a 2003 cuando era presidente Alejandro Toledo.

Desde la dirección del Banco Central de Reserva, Julio Velarde siempre les ha dado estabilidad y seguridad a las AFPs para que puedan seguir con sus negocios a costa de los ahorros del pueblo trabajador y ha contribuido notablemente para la implementación de las políticas neoliberales manejando el tipo de cambio de acuerdo a los intereses de los grandes importadores y exportadores, esto ha golpeado duramente a los pequeños productores nacionales y ha limitado una diversificación productiva priorizando así el esquema primario exportador y dependiente de nuestra economía.

Por esa razón Velarde es considerado como un “gurú” de las finanzas por los banqueros, los grandes empresarios, los políticos de derecha y por los medios de comunicación al servicio del estatus quo. Por eso todos ellos aplaudieron su mantención al frente del Banco Central de Reserva durante toda la gestión del segundo gobierno aprista, así como durante toda la gestión de Ollanta Humala y durante los convulsionados y breves gobiernos de Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti. Para los empresarios neoliberales asentados en el Perú todo esto se puede resumir en la frase siguiente: “en el Perú todo puede cambiar, menos Velarde”.

Velarde proviene de las filas del conservador y derechista Partido Popular Cristiano PPC, actualmente liderado por Lourdes Flores Nano quien es una de las pocas defensoras y voceras públicas que le quedan ha Keiko Fujimori. Por su ortodoxia neoliberal, Julio Velarde ha recibido diversos premios y reconocimientos públicos como el de la revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times, que lo distinguió como Banquero Central del año a nivel global en 2015 y como Banquero Central de las Américas del Año 2020, lo cual pone en evidencia su estrecha relación con los organismos financieros internacionales al servicio de las políticas imperialistas. Por ello también fue nombrado como Presidente del Consejo Consultivo para las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) por dos años desde enero de 2018, Presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en el período 2018/2019, Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) entre 2007 y 2009 y Presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) desde 2004 hasta octubre de 2006.

“No más pobres en un país rico” ¿Con Velarde y con la Constitución del 93?

Como se recuerda, esta fue la frase que hizo popular Pedro Castillo durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones pasadas, para poner en evidencia la necesidad de cambios profundos que alteren la actual situación económica y social que se vive en el país. Por ello, miles de trabajadores y sectores populares, en su mayoría provenientes de las regiones más golpeadas por la crisis, votaron por el profesor cajamarquino a pesar de sus límites programáticos y políticos y de la grosera campaña macartista y racista que sectores de la derecha volcaron contra él.

Sin embargo, la posibilidad de llevar a la práctica esos cambios profundos está directamente relacionada a la posibilidad de acabar con las políticas de saqueo y recolonización imperialista que se vienen aplicando en el Perú en estos últimos 30 años a través de las políticas neoliberales, las cuales tienen su expresión jurídica en la Constitución Política de 1993 y se sostienen - a su vez - en reaseguros institucionales supuestamente autónomos como el Banco Central de Reserva o el Tribunal Constitucional que, como nos demuestran los hechos, no tienen nada de autónomos ya que solo han servido para preservar la reproducción de las ganancias de los grandes empresarios y banqueros en desmedro de las necesidades del pueblo trabajador y de las grandes mayorías.

No será pues, como dice ahora Pedro Castillo, “siendo respetuosos de esta constitución y sus instituciones” o “promoviendo las inversiones privadas y respetando la independencia y autonomía del BCRP” y la vigencia de personajes como Julio Velarde al frente de esta instancia, que se harán esos cambios tan sentidos por el grueso de los explotados y oprimidos. Todo lo contrario; para avanzar hacia ese horizonte de transformaciones profundas urge acabar, en primer lugar, con todo ese chaleco de fuerza institucional que los capitalistas, a través de los gobiernos de turno y los tecnócratas a su servicio, han ido edificando y legitimando para hacernos creer que a lo máximo que podemos apostar es a la “miseria de lo posible”.

Por eso, los trabajadores y los sectores populares que en primera y segunda vuelta votaron por Pedro Castillo esperando un cambio de fondo, no pueden arriar ahora sus banderas de lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como primer paso para acabar con todas esas instituciones que nos fueron impuestas para favorecer el saqueo nacional y la explotación laboral de millones de trabajadores y trabajadoras. Esto nos permitirá encarar de mejor manera la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y los sectores populares de ruptura con el capitalismo y el imperialismo.

Además de ello, la posibilidad de imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos permitirá también implementar un programa alternativo para encarar desde las perspectivas de los trabajadores y el pueblo pobre, la presente crisis, lo cual pasa necesariamente por afectar las ganancias de los grandes empresarios. Sin embargo, no podemos perder de vista que a esa Constituyente solo llegaremos con la movilización y la auto organización obrera y popular.

José RojasMilitante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Lunes 28 de junio | 12:10

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