EFE/Alberto Valdés

Tras un año de discusión, el borrador de la nueva constitución Chilena es mucho más moderado que las demandas de la rebelión que la parió. Así y todo la derecha se juega con todo a que se rechace en el referéndum de septiembre.

El pasado 28 de junio se realizó el último plenario de la Convención Constituyente de Chile y este lunes se realizó la ceremonia oficial de cierre donde se presentó el borrador final que será sometido a un plebiscito el 4 de septiembre.

El gobierno de Gabriel Boric tiene una nueva prueba de fuego en esta elección y está profundamente preocupado porque muchas encuestas apuntan a que el texto será rechazado. Y aunque es difícil saber a ciencia cierta cuánto hay de verdad y cuánto de operación, la realidad es que vastos sectores de los trabajadores y el pueblo pobre chileno se sienten defraudados, no solo por el texto final sino por todo el proceso constituyente.

Es que el texto resultante es demasiado moderado para las enormes expectativas que condensaba la constituyente surgida de la Rebelión Popular de 2019, cuyas demandas requerían cambios estructurales históricos. Además la convención mantuvo la impunidad para los responsables de la brutal represión con la que el gobierno de Piñera respondió a la revuelta y se negó explícitamente a tratar un proyecto de norma que indultara a los presos políticos.

Apruebo y Rechazo

De cara al plebiscito de salida los grandes poderes económicos ya definieron posiciones. La derecha y algunos sectores empresariales ya están haciendo campaña por el rechazo. Representan al ala más directamente ligada al pinochetismo que quiere defender con uñas y dientes lo más que puedan la herencia de la dictadura. Por otro lado, una minoría de la burguesía chilena se juega a aprobar la constitución con la idea de moderar las expectativas de las masas y apuestan a la posibilidad de reformar la nueva constitución más adelante para recuperar algunas de las cuestiones que tuvieron que ceder.

Por su parte, el gobierno de Boric (Apruebo Dignidad) y sus aliados como el Frente Amplio y el Partido Comunista necesitan aprobar el nuevo texto constitucional. Su objetivo es modernizar el régimen político chileno para recomponer la gobernabilidad, pero sin tocar los pilares fundamentales de la estructura capitalista del país. Pero además de la traición a los presos políticos cada vez se ve más claro su doble discurso. Mientras hablan de plurinacionalidad y derechos sociales, reponen el estado de excepción en el Wallmapu y fortalecen la represión.

Los Movimientos Sociales Constituyentes y grupos que surgieron desde La Lista del Pueblo, se concentraron en la disputa institucional, entrando en una dinámica totalmente parlamentaria sin usar sus tribunas para convocar y organizar movilizaciones o acciones de lucha coordinada. Sus constituyentes, muchos de ellos con asambleas de base en las espaldas, no expresaron esa amplia base social que los votó y prefirieron jugar bajo las reglas del juego que impuso el régimen.

Dauno Tótoro, militante del Partido de los Trabajadores Revolucionarios de Chile y candidato a Constituyente dijo en declaraciones a La Izquierda Diario “Sabemos que muchos compañeros y compañeras votarán por el Apruebo para acabar con la Constitución de la dictadura. Y la lucha contra toda la herencia de Pinochet, incluyendo su Constitución, es una lucha que compartimos y de la que somos parte. Pero es necesario poner blanco sobre negro de qué se trata esta nueva Constitución.”

El borrador de nueva Constitución elimina varios enclaves autoritarios de la Constitución de Pinochet, reconociendo formalmente derechos negados, como derechos sexuales y reproductivos, derechos sindicales, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Hay algunos aspectos más revulsivos para los grandes empresarios como el establecimiento del agua como bien incomerciable y la plurinacionalidad de Chile. Sin embargo, mantiene aspectos fundamentales de la institucionalidad republicana como el presidencialismo y un Congreso bicameral. Además se mantiene el dogma neoliberal del Banco Central autónomo y se rechazó la nacionalización de las empresas estratégicas como las mineras.

En cuanto a pensiones, el pleno rechazó el sistema de reparto y el nuevo sistema quedará así en manos del Congreso. Al respecto, asesores de varios bancos comerciales confían en que las odiadas AFP no dejarán de existir y esperan incluso que haya mayor libertad de elección.

En el fondo, el punto clave es que no toca los ejes de la acumulación capitalista en Chile. La propia Convención se alejó completamente de las necesidades obreras y populares y de las demandas de octubre, que se han profundizado con la pandemia y la recesión económica, ya que mientras se debatía el borrador de la nueva Constitución, los salarios se desplomaban producto de la inflación.

Tótoro agregó que “La nueva Constitución es un nuevo ropaje para vestir la explotación y la opresión del Chile capitalista y patriarcal. Por esto es que tenemos que confiar en el camino de la movilización, de la auto organización, con un programa que se proponga atacar la ganancia empresarial para resolver las necesidades de las grandes mayorías populares”.

Lunes 4 de julio

Publicado enInternacional
Finalizó la Constituyente en Chile: ¿nueva crisis para el Gobierno de Boric?

Este martes se realizó el último plenario. El Gobierno de Boric empieza a barajar la posibilidad de que sea rechazado en el plebiscito. La derecha aprovecha la disposición a ceder para limar el ya moderado texto.

 

Este martes se realizó el último plenario de la Convención Constituyente chilena. El 4 de julio se realizará la ceremonia oficial de cierre, cuando será presentado el texto definitivo que deberá ser sometido a plebiscito el 4 de septiembre.

Las encuestas no le son favorables. El Gobierno de Boric se juega mucho en ese resultado, y ya comienza a considerar un posible escenario de "rechazo" en el plebiscito. Es que el texto resultante terminó siendo demasiado moderado para las enormes expectativas que condensaba la constituyente surgida de la Rebelión Popular de 2019, cuyas demandas requerían cambios estructurales históricos.

Esta política de la coalición de Gobierno de ceder permanentemente, envalentonó a la derecha a buscar moderar todavía más el texto en la Convención, que intenta flexibilizar los procedimientos de reforma que le permitan limar los cambios más radicales, y a su vez avanzó en una ofensiva por la opción del rechazo en el próximo plebiscito.

Luego de semanas de reflexión, el Gobierno de Gabriel Boric se abrió a evaluar un posible escenario de rechazo el 4 de septiembre. En el comité político de este martes los dirigentes de los partidos en el Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, delinearon algunas estrategias de cara al inicio de la campaña.

Faltando solo unos pocos días para que la Convención Constitucional termine su trabajo, el gobierno y los sectores oficialistas vienen discutiendo los diversos escenarios luego del plebiscito del 4 de septiembre. El primero y que fue abierto por el propio secretario general de presidencia, el ministro Georgio Jackson, es que la suerte del Gobierno se juega a partir de una victoria del Apruebo ya que el Rechazo “dificultará llevar adelante el programa de gobierno” o que en cualquier caso, el 5 de septiembre (el día después del plebiscito) trabajarán por "hacer viable la mayor cantidad del programa de gobierno". Este escenario fue rápidamente cuestionado por el resto de los ministros, ministras y los partidos oficialistas, que buscaron instalar que “Gobierno” y “Constitución” son dos cosas distintas.

El ánimo más derrotista en el Gobierno viene instalándose con las constantes encuestas que salen semana a semana donde el Rechazo sigue arriba del Apruebo por varios puntos, que además se suma a otra ofensiva mediática de la derecha que busca instalar que puede haber un “plan B”: “rechazar para reformar”.

La derecha por décadas se aferró a los elementos más conservadores y antidemocráticos de la actual Constitución. Durante todo el proceso constituyente se dedicó a bloquear cualquier iniciativa progresiva por muy elemental que pudiera parecer. Ahora se viste de oveja, dice que quiere construir una “casa de todos”, cuando su único objetivo es evitar que se mueva un solo centímetro de los privilegios de su clase, de sus amigos empresarios y políticos a su servicio.

Pero el desencanto con el proceso constituyente no provino sólo de las “fake news” y otras maniobras de la derecha en estos 12 meses, sino sobre todo porque la Convención se volvió un espacio más de los mismos de siempre, no en término de las personas que la componían, sino de cómo se discutió y decidió finalmente.

Todo el entramado de la “sala de máquinas”, de los consensos con la derecha, de las reformas en la medida de lo posible y el alejamiento de las urgencias de la población, hicieron de la Convención un nuevo Parlamento, solo que con menos trajes y más pintoresco. Recordemos que el Parlamento chileno es una de las instituciones impugnadas por la rebelión popular y cuenta con una bajísima popularidad.

Esto fue en gran parte el porqué la clase trabajadora y los sectores populares, que habían puesto sus esperanzas en el proceso constituyente se decepcionaron tan rápido. Un proceso similar están viviendo los votantes de Gabriel Boric, que ven nuevamente a la Concertación en los ministerios y medidas represivas no tan distintas a las de los gobiernos de los últimos 30 años.

Por eso el Rechazo en la opinión pública no cayó del cielo y ahora, con la estrategia del “Plan B”, lo que se hace es reforzar esta idea de que incluso en caso de que se apruebe, esta Constitución que ya es “moderada” deberá ser más moderada aun, porque eso es lo que buscan sectores de la Democracia Cristiana y “socialismo democrático”.

El gobierno y sus partidarios se preparan para un escenario convulso de crisis económica y alta inflación, que suma la incertidumbre de la guerra y la pandemia. Boric y el oficialismo miran con preocupación la situación en Ecuador no por solidarizarse con el gobierno, sino porque puede abrirse una nueva oleada de protestas en el subcontinente producto de los padecimientos que comienzan a sufrir cada vez más amplias franjas de la población.

En un escenario de movilización, sirve tener una sociedad polarizada por un debate constituyente o comienzan desde ya a poner paños fríos, abrir espacios para amplios acuerdos o se la juegan por la fractura política con los sectores conservadores. Hasta ahora la opción pareciera ser la primera.

Antonio Paez. Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile

Miércoles 29 de junio

Publicado enInternacional
Viernes, 24 Junio 2022 05:45

Movimientos precongresuales en el PCCh

El presidente de China, Xi Jinping, junto a soldados de la guardia de honor en una ceremonia de entrega de medallas en el 70 aniversario de la Victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, en la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. REUTERS / Jason Lee

Con el horizonte del XX Congreso del PCCh a la vista, los movimientos en la política china revisten gran interés en la medida en que es en estos meses previos cuando las grandes decisiones se van cerrando de cara a la crucial cita de otoño.

Pasado el momento de tensión por los rebrotes de la Covid-19 en importantes ciudades del país, el Consejo de Estado ha reaccionado con un millonario plan de impulso económico con vistas a estabilizar la situación general y garantizar al máximo el cumplimiento de los objetivos principales para el presente ejercicio. En ese contexto, las especulaciones en torno al resurgimiento político del primer ministro Li Keqiang, incluso sugerido como hipotético rival de Xi Jinping, carecen de sustento. Ese protagonismo, plasmado en la videoconferencia con 100.000 gestores clave de todo el país el pasado 25 de mayo, es revelador de la situación de emergencia de la economía china y sus prioridades absolutas pero en modo alguno traduce otras certezas respecto al futuro político de Li, condicionado por una jubilación inminente y prácticamente cerrada a día de hoy.

Por su parte, el presidente Xi multiplica sus apariciones y movimientos, a la par que en su entorno se propician los indicios que avisan a navegantes de la firme consolidación de su posición y expectativas de cara al congreso. Su gira de inspección en Sichuan, que el 1 de junio sufrió un fuerte terremoto, rememora aquel espíritu con el que inició su mandato en 2012, de "cercanía con el pueblo", aletargado (y también por ello, criticado) en otras calamidades similares en las que, a diferencia de Li Keqiang, no supo responder con la debida celeridad.

Se especula ahora con su presencia en los fastos por el 25 aniversario de la retrocesión de Hong Kong, el próximo 1 de Julio, para certificar la estabilización de la región tras las multitudinarias protestas de 2019. Trataría con ello de capitalizar los beneficios políticos de todo ello, pasando de puntillas respecto a cuanto ha supuesto en términos de daño a la imagen internacional de China. No obstante, internamente, su reivindicación del patriotismo y la seguridad como claves de bóveda para la solución del problema se ha impuesto sobre cualquier otra expectativa.

De igual modo, Xi ha tendido otro puente con una política que le hizo ganar popularidad en los primeros años: la lucha contra la corrupción, objeto de una reciente sesión de estudio grupal del Buró Político, con vistas a capitalizar también la severidad exhibida en este aspecto frente a "tigres, moscas y zorros", que ha alcanzado niveles nunca vistos en la China reciente.

Huang Kunming, máximo responsable de propaganda en el Comité Central del PCCh, quien también inspeccionó recientemente la provincia de Anhui, va dando el tono territorial para ensalzar "los grandes logros de la nueva era". Otro tanto se puede esperar de sus más fieles en el Buró Político y en su Comité Permanente. A partir de ahí, es previsible que asistamos en las próximas semanas a un torrente de pronunciamientos de líderes provinciales para significar la lealtad a Xi. Y también de autoridades centrales relevantes como el propio Hu Chunhua, que se afirma como claro sustituto de Li Keqiang el próximo año y figura en ascenso como número dos del PCCh. El coro de reconocimientos de la condición de "núcleo" de Xi y de su pensamiento como guía rectora del Partido marca el ritmo hacia el inusual tercer mandato, a pesar de las resistencias que pueda encontrar.

En lo discursivo, la multiplicación de publicaciones antológicas de sus discursos en diversas áreas revelan el pleno apogeo del xiísmo, acompañada de su presentación como el impulsor de una nueva etapa histórica en la sinización del marxismo, solo comparable doctrinalmente al salto sugerido por Mao cuando se distanció del dogmatismo soviético. He Yiting, subdirector de la Escuela del Partido, no ha dudado en calificar el xiísmo como "el marxismo del siglo XXI". La reciente publicación del "esquema de estudio del pensamiento económico de Xi Jinping", podría marcar el inicio de un nuevo salto en la canonización de su pensamiento y en su equiparación normativa con el de Mao.

En su agenda internacional inmediata, es previsible algún contacto telefónico con Joe Biden, mientras una cumbre presencial deberá esperar a finales de año si las cosas no se tuercen en el plano bilateral, un afán que en estos momentos ambos líderes parecen compartir a fin de controlar el delicado marco de disensiones. Si bien las espadas siguen en alto (como se evidenció en el foro de seguridad de Shangri-La del 10 al 12 de junio), algunos signos de apaciguamiento se manifestaron en el encuentro no anunciado previamente entre Yang Jiechi y Jake Sullivan en Luxemburgo el 13 de junio.

Frente a algunas críticas de excesiva proximidad de Xi a Putin, la conversación telefónica mantenida por ambos el 15 de junio, hizo alarde de una cooperación que no se verá sustancialmente afectada por la guerra de Ucrania.

Por tanto, la reafirmación de los ejes determinantes de su doble mandato condiciona la precampaña de Xi Jinping y su programa de cara a ese tercer quinquenio al frente de los destinos del PCCh y de China que se avizora como imperioso.

A la espera de la cumbre informal de verano en Beidaihe, la reunión llevada a cabo del 10 al 14 de junio en la capital china, preparativa de los documentos del XX Congreso, ha validado ya decisiones trascendentales como la no modificación del límite de dos mandatos de los dirigentes del partido y del Estado o los límites de edad de los dirigentes; no obstante, todo indica que alguna excepción habrá.

Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China

Publicado enInternacional
Una bandera chilena desplegada durante una movilización contra el expresidente Sebastián Piñaera en Santiago de Chile. (Marcelo Hernandez / Getty Images)

Entrevista cion Elisa Giustinianovich

Una mirada desde adentro del debate en la Comisión de Normas Transitorias, responsable de articular la larga y compleja transición entre la Constitución pinochetista y la aprobada este año, después de la inmensa revuelta social chilena.

Este martes 14 de junio se aprobaron las últimas Normas Transitorias que establecen los términos en los cuales se implementará la nueva Constitución de Chile. De entre esas normas destacan la obligación del gobierno de presentar proyectos legislativos para instaurar sistemas nacionales que garanticen derechos sociales. Además, se establece el fin del Senado en el año 2026, dando paso a un nuevo período en la historia política del país, con una representación regional más profunda en la nueva Cámara de las Regiones. Finalmente, todavía se siente en el aire la tensión por el debate por el quórum y el mecanismo de reforma constitucional, que dejó claro que la implementación de la nueva Constitución no va a ser un proceso pacífico sino uno de fuertes disputas entre los sectores populares y la elite.

Pablo Abufom, de Jacobin, conversó con Elisa Giustinianovich, convencional constituyente por la Coordinadora Social de Magallanes, en el extremo sur de Chile, participante del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, quien fuera coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias. En esta conversación se explora la importancia de las normas transitorias para los próximos años, la conducta de los bloques políticos al interior de la Comisión, y los desafíos que abre esta transición para los sectores populares. 

 

PAS

Sabemos que una vez terminada la redacción del borrador de la Constitución se crearon tres comisiones: de Normas Transitorias, de Armonización y de Preámbulo. ¿Podrías contarnos cuál fue la tarea de la Comisión de Normas Transitorias y por qué es tan importante? 

EG

Se ha creado una comisión ad hoc para poder construir las normas transitorias. En principio llegaron propuestas preliminares aprobadas en general desde las comisiones temáticas, pero era muy necesario crear una comisión transitoria para poder profundizar y dar una visión más sistémica, considerando el borrador completo de la nueva Constitución, con todo el sistema de normas aprobadas y poder pensar en normas de carácter general que permitieran acompañar a la nueva Constitución en sus primeros años de vida. Esto último es muy importante: un sistema de normas transitorias ayuda en el tránsito de habilitación de un nuevo orden constitucional y permite acompañar este cambio del actual orden al nuevo orden constitucional. Ese tránsito efectivamente está en manos de los poderes constituidos, pero evidentemente ayuda muchísimo poder pensar desde el poder constituyente en las eventualidades, en las dificultades, y en cualquier problema que pudieran tener aquellos poderes en el momento de habilitación.

Hay ciertos nudos que tienen que ser resueltos, idealmente de manera anticipada, para no generar conflictos de carácter técnico, administrativo e incluso político a la hora de generar o implementar estos cambios y transformaciones, ya sean de orden orgánico o adecuaciones legislativas. Hay varias materias que hay que anticipar, porque efectivamente una Constitución entra en vigencia in actum, pero hay que abordar todo lo que tiene que ver con el derecho anterior. Uno podría hacer una analogía con un corazón y su sistema circulatorio: tú estás haciendo una cirugía de trasplante de corazón, pero todo el engranaje, todo el sistema circulatorio que es infra constitucional, infra corazón, por así decirlo, y hay partes que tienen que mantenerse vigentes, tienen que compatibilizar de alguna manera, mientras que todo aquello que no es compatible requiere una vía para poder transformarlo, adecuarlo o derogarlo. El sistema de normas transitorias tiene que prever ese tipo de dificultades, anticiparlas y proponer una solución. 

En términos más jurídicos, efectivamente, hay normas que son más características, más tradicionales en el derecho constitucional, que por lo general están siempre contenidas en el sistema de normas transitorias. Por ejemplo, la clásica norma que habla de la entrada en vigencia de la nueva constitución y la derogación de la anterior. Y la clásica norma de recepción del derecho anterior, que la forma en que este nuevo corazón recibe todo lo que es infra constitucional y lo adapta a la normativa constitucional de manera de no dejar un vacío normativo. Y bueno, de ahí en adelante vienen todas las materias más específicas, que responden evidentemente al momento histórico donde se genera este cambio. Entonces hay que hacer una lectura del momento y de las excepcionalidades para tomar decisiones, unas principalmente políticas y otras de carácter más técnico, para construir un sistema íntegro y coherente. 

PAS

Es claro que esta Convención es un fenómeno inédito en nuestra historia: no ha habido convenciones o asambleas constituyentes que sean tan democráticas y que tengan este carácter en el marco de una crisis social y política tan profunda. Naturalmente, eso implica que existan tensiones, polarizaciones, bloques. ¿Podrías relatarnos cuáles han sido los principales nudos del debate sobre Normas Transitorias? ¿Cómo fue discutir sobre la democracia participativa, plurinacionalidad, derechos sociales o el rol de los recursos naturales en la economía chilena?

EG

Las disputas más fuertes no se dieron con los temas específicos. En general hubo una buena disposición para abordar los temas específicos más urgentes, los relativos a derechos sociales, las aguas y los bienes comunes. Creo que los principales nudos políticos se dan con las normas de carácter general que son las que generan un marco de acción, que condicionan todo el sistema de normas transitorias. Esas normas más complejas de carácter general tienen que ver con la recepción del derecho anterior y con el quórum de reforma constitucional transitoria para el actual Congreso. 

Y eso es porque el cambio constitucional genera una situación de excepcionalidad, es un contexto en el que va a entrar en vigencia la nueva Constitución pero habiendo tenido hace muy poco el último evento electoral (parlamentario y presidencial). En el momento previo a la gestación de esta vía institucional para canalizar finalmente la revuelta social del 2019 jamás se anticipó que tuviéramos que retrasar el inicio y el cierre de la Convención Constitucional. Se pensaba en un principio que durara como máximo un año para finalizar antes del siguiente evento electoral, lo que hubiera sido lo ideal. La secuencia debió ser: fin de la Convención, plebiscito de salida, ingreso de la nueva Constitución y siguiente evento electoral. Pero, por la pandemia, no fue eso lo que ocurrió. 

Así que estamos en una situación anómala, donde va a entrar en vigencia el nuevo texto después de la elección de las nuevas autoridades, lo que nos ha provocado una dificultad mayor. Genera complicaciones frente a la posibilidad de poder llamar o no a nuevas elecciones en forma inmediata para habilitar el nuevo orden político, el Estado regional, las autonomías territoriales, etc. Y es una decisión política importante porque efectivamente estamos en un contexto de democracia, donde el único ejercicio democrático al cual tenemos acceso es el sufragio, ya que todavía no tenemos otros elementos democráticos participativos y vinculantes. Sería complejo llamar a elecciones anticipadas siendo que las autoridades fueron electas democráticamente hace menos de un año. Es por eso que se toma la decisión de respetar los mandatos de las autoridades recientemente electas, reconociendo que hay un periodo de transición donde tenemos un Congreso bajo las viejas reglas, con toda la normativa actualmente vigente. En ese periodo de transición se abordarán materias de carácter más urgente para las que se requieran adecuaciones legales y normativas, de tal modo que en el siguiente ciclo político podamos habilitar de forma plena todos los mandatos constitucionales. Creemos que es un diseño lógico, que permite preparar la habilitación de nuevos capítulos constitucionales como sistema político, como forma de Estado. Por ejemplo, se respeta el calendario electoral, excepto en el caso del Senado. Las próximas elecciones a nivel regional y local se realizan en 2024 y las nacionales en 2025, pero mientras no se pueda habilitar este nuevo Congreso o estos nuevos gobiernos regionales o gobiernos locales se generan todas las adecuaciones para que puedan habilitarse plenamente en el siguiente ciclo. Ese fue un primer gran nudo, que estaba muy vinculado a un acto electoral con una alta concurrencia de votantes. 

En segundo lugar, la norma de recepción del derecho anterior tiene dos formas más tradicionales de hacerlo. Una pasa por recibir toda la normativa infraconstitucional, excepto aquella contradictoria con la nueva Constitución —para lo que es contradictorio, se pueden generar mandatos para adecuarlo, modificarlo o derogarlo, y se puede indicar una derogación tácita frente a la que tendrán que actuar rápidamente las instituciones y tribunales—, otra implica una recepción de todo lo acorde a la nueva Constitución, mientras que lo que fuera contradictorio se recibe de manera transitoria, mientras no sea derogado, adecuado o modificado por parte de los poderes e instituciones que corresponda.  

Eso fue un nudo político, uno de los nudos más densos de resolver dentro de la comisión porque efectivamente había muchas alternativas. Se podían establecer acciones para la ciudadanía ante la Corte Constitucional para declarar ciertas normas como inconstitucionales. Se podía dar mandato a los altos funcionarios de la administración pública para que hicieran adecuaciones desde el momento en que se promulga la nueva Constitución. En general nuestra posición desde Movimientos Sociales Constituyentes fue la de canalizar acciones ante la Corte Constitucional, pero lamentablemente la posición del oficialismo fue la más conservadora y quisieron dejarlo exclusivamente en manos del Congreso, sin intervención del Poder Judicial, con la excusa de que eso podía saturar los tribunales. Logramos, eso sí, incluir el mandato a los altos funcionarios y funcionarias de la administración pública para generar adecuaciones, y una cláusula que permitiera a la ciudadanía desde el primer momento interponer Iniciativas de Derogación de Ley para todo el derecho anterior. Eso permitiría de alguna manera meterle presión al Legislativo para que derogue las leyes que contrarias a la nueva Constitución. 

PAS

Hay normas transitorias aprobadas que efectivamente dan un mandato al Ejecutivo para que en cierto plazo tenga que tener una iniciativa legislativa sobre distintos Sistemas Nacionales muy vinculados a la garantía de derechos sociales, lo que fue muy demandado por los pueblos en las últimas décadas ¿Podrías hablarnos de algunas de esas normas transitorias? 

EG

Efectivamente, hay muchas vías de proponer adecuaciones legales o la creación de nuevas leyes. Entonces, para poder hacerse cargo de las urgencias, existen estas normas de carácter excepcional. Para derechos fundamentales se escogió lo prioritario, que es la habilitación de los sistemas nacionales —Sistema Nacional de Seguridad Social, Sistema Nacional de Cuidados, Sistema Nacional de Educación Pública, Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional Integrado de Suelos—, lo que permitirá la habilitación del derecho a la vivienda. Esto también se aplicó para el derecho al agua. Y eso quedó planteado con una fórmula que establece un plazo para que el presidente proponga los proyectos al Congreso y, una vez cumplido ese plazo, se abre una etapa de dos años para que el Congreso los tramite y promulgue. También será posible levantar Iniciativas Populares de Ley para estas materias.

Hubo un consenso bastante amplio para sacar adelante esas normas porque había que dar una señal muy clara respecto de las urgencias que nos trajeron acá. Son normas que sirven para generar un mandato a los poderes constituidos, sabiendo que desde el 4 de julio la aplicación va a estar en sus manos porque ese día la Convención termina sus funciones. De allí en adelante queda todo en manos del poder constituido. Sin embargo, hay un mandato constitucional claro respecto de cuáles son las acciones en este periodo de transición, con fechas establecidas, lo que le permite a la ciudadanía tener algo así como una carta de respaldo que dice: «Nosotros generamos un mandato a través del poder constituyente para que de aquí a dos años tengas que proponer un proyecto de ley y tramitarlo en otros dos años». Entonces en la Constitución ese respaldo de alguna manera queda en manos de la ciudadanía. En la redacción del pacto social de los pueblos de Chile tienes una carta de garantía y si los poderes constituidos no cumplieran tendremos motivos de sobra para salir a la calle a protestar nuevamente. 

Bueno, para eso también sirven las normas transitorias, como una especie de seguro de cumplimiento de la nueva Constitución frente a un mandato que deben respetar los poderes constituidos. Por eso para nosotras era muy importante incidir en estas normas, porque efectivamente les corresponde a ellos llevar a cabo esta habilitación pero necesitamos un mandato claro que nos entregue cierta seguridad y una garantía para poder exigir más adelante que estos plazos se cumplan.

PAS

Hablemos sobre los bloques políticos de la Convención. ¿Qué sectores encarnaban las distintas posiciones con respecto de esos nudos? ¿Hubo ciertos sectores que siempre tomaron una posición más conservadora y otros que no? 

EG

Bueno, la derecha se restó y en este último mes han estado distantes del proceso, con la gran mayoría manifestando públicamente su postura de rechazar la nueva Constitución. Hubo un bloque que, bajo el pretexto de supuestas irregularidades en la tramitación de las normas dentro de la Comisión, incluso dejó de votar y estuvo bastante ausente del proceso. Por eso, para las normas transitorias se constituyó un bloque con todos los colectivos menos con la derecha, desde el Colectivo del Apruebo hacia la izquierda. Y el bloque oficialista, incluyendo al Frente Amplio y el Colectivo Socialista, son los que han tomado una posición bastante conservadora. A mí me da la impresión de que tiene que ver con generar ciertas garantías o estabilidad al gobierno, o con dar señales para las negociaciones legislativas que necesitan para implementar su plan de gobierno. Esa es una lectura que hago en términos personales. Lo digo porque es extraño que luego de haber tenido posiciones más progresistas a lo largo del debate sobre la nueva Constitución luego hayan llegado a esta Comisión con posiciones más conservadoras de lo habitual. Probablemente hubiese sido distinto si hubieran sido oposición, ¿no? Si este mismo debate se hubiese dado en el gobierno de Sebastián Piñera yo creo que este bloque oficialista hubiese adoptado posiciones más progresistas. De todos modos, era previsible que siendo gobierno llegaran con estas posiciones. 

Pese a todo, se ha hecho un gran contrapeso desde el bloque popular de la Comisión, lo que ha permitido avanzar en otras materias e incorporar medidas dentro de las normas más generales que le permiten al pueblo accionar frente a la necesidad de habilitar, de transformar y de adecuar la reglamentación que se requiera para la habilitación de determinadas normas constitucionales. 

PAS

¿Cuáles son las fuerzas del bloque popular? 

EG

En el bloque popular estamos Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Pueblo Constituyente (PUCO), la Coordinadora Plurinacional y Popular, y los Escaños Reservados (de pueblos originarios). Con ese bloque finalmente logramos tensionar un poquito más hacia la izquierda, hacia posiciones más progresistas respecto de lo que en general manifestaba el bloque del Frente Amplio, el Partido Socialista e Independientes Nueva Constitución, que en general se plegaron a la posición del Partido Socialista. En el caso del Colectivo del Apruebo, la verdad es que es bastante difuso porque en la Comisión tienes por una parte a Fuad Chahín (Democracia Cristiana) y por otra a Eduardo Castillo (Partido Por la Democracia), quien como coordinador tal vez tuvo un peso mayor para encontrar consensos dentro de este grupo y en varias oportunidades terminó sumándose a la mayoría más que a la tendencia conservadora del bloque de centro. 

En definitiva, lo que se logró con el bloque popular fue la incorporación de más normas de carácter específico, como las relacionadas el agua, la habilitación de derechos sociales, normas relativas al financiamiento de estos derechos, normas relativas a planes regionales o políticas vinculadas con la reforestación, el resguardo de bosques nativos y ecosistemas. Son demandas que tienen que ver con las resistencias socioambientales, por ejemplo. Se podrá implementar una comisión ad hoc para hacer catastros y recolectar todos los antecedentes que permitan hacerse cargo finalmente de las normas del capítulo de la Constitución sobre Naturaleza y Medio Ambiente. También aportamos normas relativas a los derechos indígenas contenidos en la nueva Constitución, como la norma transitoria que propone la creación de una Comisión Indígena para todo lo que tiene que ver con la restitución territorial. 

Esas son algunas de las más emblemáticas respecto de las luchas que portamos desde el bloque popular, que hemos logrado traducir en normas transitorias para permitir una habilitación más inmediata, más visible dentro de los próximos años, de estas normas más urgentes y significativas relacionadas con las demandas populares. Todas esas fueron cosas que negociamos como bloque frente a la articulación más partidista del oficialismo. 

PAS

Uno de los temas más polémicos, que ha estado muy en boga en el debate público, ha sido el tema del quórum para la reforma constitucional. ¿Cuáles fueron las posiciones y en qué quedó finalmente?

EG

Para el bloque popular efectivamente era un tema muy complejo el de las reformas constitucionales por parte del actual Congreso. En primer lugar porque es un Congreso que se rige bajo las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución y no es el Congreso que fue diseñado para llevar a cabo el mecanismo de reforma que propone esta nueva Constitución. Entonces, un Congreso que se rige por las antiguas normas también debiera reformar utilizando las viejas normas. Por otra parte, está la cuestión de cómo es posible que se permita la reforma de un texto que está recién habilitándose, o sea, cómo vas a reformar algo que recién cobra vida. Es otra cuestión muy importante porque pareciera contradictorio que exista la posibilidad de reformar algo que ni siquiera se habilitó. Y en tercer lugar está el cuestionamiento del carácter democrático o antidemocrático que tendría prohibir a un órgano democráticamente electo hacer su trabajo. Y es que dentro de su trabajo también está hacer modificaciones, mejoras, adecuaciones o lo que sea en cuanto a las leyes o a cualquier normativa constitucional. Entonces, para nosotras evidentemente fue una posición política no permitir reformas para el actual Congreso, porque no es el Congreso que dispone la nueva Constitución sino uno electo bajo las normas anteriores. Y además planteamos que se necesita un periodo de protección de la nueva Constitución durante el cual se habilita, considerando que hay muchos Capítulos que van a entrar en vigor de forma diferida. Como te mencionaba anteriormente, el Capítulo de forma de estado del sistema político recién entra en vigencia en el 2025-2026, entonces para nosotras eso era motivo suficiente como para generar un marco de protección frente a eventuales reformas durante el periodo de habilitación, porque hay capítulos que recién van a entrar en vigencia años después. Entonces, en esa tensión de las posiciones sobre la irreformabilidad y las reformas había que encontrar un término medio. Nosotras propusimos que las reformas requieran un mínimo de dos tercios, un quórum que en definitiva requiera grandes acuerdos para reformar un texto que está recién salido del horno. 

Ahora, como evidentemente para el bloque popular es difícil defender un quórum supra mayoritario entonces también había una tensión. Y además frente a una opinión pública de lo que significaba dejar un quórum mayoritario para el actual Congreso, para nosotras fue sensato pensar que, más que un quórum supra mayoritario, lo que necesitamos son garantías que den protección al nuevo texto, garantías necesarias para que efectivamente sea el soberano quien tenga la palabra en torno a una eventual reforma. ¿Y qué significa darle poder de soberano al pueblo? Que cualquier reforma que se quiera realizar tenga que pasar por un plebiscito o referéndum. Esa es la fórmula que está en la nueva Constitución para materias sustantivas, que las reformas deben ser aprobadas por 4/7 y ratificadas por referéndum. Pero además incorporamos el Capítulo de Naturaleza a esas materias sustantivas. Con eso generamos un marco de protección que entrega la llave al pueblo mediante plebiscito para viabilizar un eventual proyecto de reforma a la nueva Constitución durante este periodo de transición. 

De alguna manera nos genera cierta tranquilidad que va a ser muy difícil proponer o llevar adelante una reforma por parte del actual Congreso a una Constitución que está recientemente aprobada por parte de la ciudadanía. En ese sentido preferimos enfocar nuestros esfuerzos en una campaña que sea potente para que el resultado del Apruebo en el plebiscito de salida sea lo que termine protegiendo la nueva Constitución durante sus primeros años de vida. Si efectivamente el resultado es altamente favorable para aprobar la nueva Constitución eso ya genera un marco de protección mucho más potente que cualquier quórum o cláusula para reformar el nuevo texto. Porque nos imaginamos que si uno vota Apruebo es un Apruebo para habilitar y no para reformar. 

PAS

Señalaste que ahora se acaba la Convención y que este periodo de implementación y habilitación queda en gran medida en manos de los poderes constituidos, particularmente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, elegidos con la Constitución anterior. Eso quiere decir que hay vastos sectores populares que no están ni en el gobierno ni en el Legislativo y que en sus manos van a tener la experiencia constituyente y que con la nueva Constitución como carta podrán exigir ciertas cosas. ¿Cuáles serían las tareas que se abren para estos sectores populares que lograron hacer el proyecto constituyente, incidiendo de manera contundente y sustantiva, que ahora quedan en esa posición durante un tiempo? 

EG

Algo muy positivo que pasa desde la revuelta en adelante es que se acelera la construcción del tejido social que venía haciéndose a un paso lento durante las últimas décadas, después de la dictadura, lo que ha sido una tarea monumental. Creo que hay que seguir fortaleciendo lo que hemos logrado reconstruir. El proceso constituyente y el ingreso de los sectores populares y organizados socialmente de manera previa ha permitido generar confianza y entrelazar territorios. El hecho de habernos encontrado en esta convención con asambleas y organizaciones que van desde Arica a Magallanes es algo que tenemos que seguir fortaleciendo, porque lo que tenemos que empujar ahora, no solo a nivel de nuestros propios territorios sino de todo el país, es un desafío mayor. Entonces tenemos que regresar con todas las energías para poder fortalecer a nivel territorial nuestras propias organizaciones. 

Ha sido bastante desgastante estar en la Convención Constitucional y seguir manteniendo los activismos territoriales, pero no nos hemos soltado y hemos intentado fortalecer estas redes y lazos. Lo que nos toca ahora es utilizar todas estas nuevas herramientas democráticas, y para eso necesitamos fortaleza, voluntad y, por sobre todo, trabajar de manera colaborativa para empujar estos cambios. La Constitución efectivamente es muy importante, pero no deja de ser un papel, no deja de ser un texto, que perfectamente podría quedar como un texto muerto si es que no empujamos la habilitación de sus normas. Y para ese empuje vamos a tener varias herramientas nuevas que tenemos que aprender a usar. Entonces tiene que haber una especie de alfabetización institucional para que la ciudadanía pueda utilizarlas y esa va a ser nuestra principal labor. 

¿Cuáles son estas nuevas herramientas democráticas? La Iniciativa Popular de Ley, la Iniciativa de Derogación de Ley, los mecanismos de participación directa y vinculantes que van a estar a disposición en nuestros territorios, la exigencia a nuestras autoridades actuales de que esos mecanismos empiecen a habilitarse. Y para eso tienen que armarse movimientos ciudadanos constituyentes, para que ese texto constitucional comience a concretarse. Por otra parte, me parece fundamental que todos estos nuevos sectores organizados y populares que lograron entrar a la Convención se puedan seguir organizando para discutir y disputar la nueva institucionalidad, porque sin duda no va a ser lo mismo disputar el congreso con la Constitución del 80 que hacerlo con la Constitución del 22. Porque si nosotras abrimos las puertas es importante que entremos, ¿no? Si no, van a seguir ocupando los puestos los mismos de siempre. Yo creo que eso va a ser fundamental para empujar las transformaciones. Entonces, frente a estas falsas dicotomías entre la vía institucional o la vía de la calle, yo creo que es importante ahora más que nunca disputar y ocupar todos los espacios posibles, porque estamos en un contexto donde necesitamos con urgencia que el texto cobre vida y eso se hace principalmente desde la habilitación de las nuevas leyes, las adecuaciones, las modificaciones y la creación de nuevas leyes e instituciones. Y eso lamentablemente se hace desde la institucionalidad. Esa disputa es una tremenda tarea que tenemos por delante.

PAS

Para terminar, ¿cuánto crees que nos va a tomar este proceso de habilitación? 

EG

Yo te diría que unos 10 años, que es lo que toma la habilitación de los nuevos órdenes constitucionales a nivel global. Pero eso es una cosa y otra es que realmente se comience a percibir ese cambio. Yo creo que en una década ya se van a sentir de una manera plena los cambios, sobre todo en lo relativo a los derechos sociales, porque el financiamiento es progresivo. Hay que recordar que estamos en un contexto de desmantelamiento de lo público, en un periodo en que ha habido una acción sistemática por desmantelar el aparato público en nuestro país, producto de la Constitución que instala un Estado subsidiario en Chile. Entonces nos encontramos en un punto de partida difícil, bastante precario. 

En ese contexto hay que armarse de paciencia y empujar las transformaciones, sacándose un poquito la ansiedad de encima y tratando de generar ese proceso de educación popular sobre lo que significa un cambio constitucional, porque en el fondo lo que hicimos es permitir que el Estado pueda hacerse cargo. Lo que hace la Constitución actual es ponerle una camisa de once varas al Estado para que no actúe salvo donde los privados no lo hacen, entonces hay que acompañar al Estado, por decirlo de alguna manera, en este proceso de comenzar a tomar acciones y empezar a llenar esos vacíos. Así que yo creo que tienen que pasar unos dos o tres gobiernos, a los que habrá que acompañar con disputas populares, para que efectivamente se hagan cargo de la implementación. Es un trecho largo, pero lo importante es que se abre un camino de avances efectivos y no solamente de resistencia. Eso es lo importante. 

Serie: Convención Constitucional 2022

Publicado enInternacional
Qué hay detrás de la propuesta del Reino Unido de trabajar 4 días a la semana

La pandemia expuso nuevas formas de trabajar, las empresas están probando una prueba piloto para pagar el mismo salario por el mismo trabajo en menos tiempo. Pero qué hay detrás de esta propuesta.

 

Se trata de la prueba más grande del mundo para cambiar las formas de trabajo tras las modificaciones expuestas por la pandemia y tiene el objetivo de reducir de 5 a 4 días la jornada laboral como prueba piloto. Si bien es presentado como la posibilidad de disfrutar de más tiempo libre trabajando un día menos, lo cierto es que las empresas van a exigir que se garantice la misma producción en 32 horas de trabajo (4 días) en lugar de las 40 que se venían realizando hasta ahora (5 días). Esto permite a las empresas garantizar la misma producción que antes y ahorrarse los costos de mantener las oficinas abiertas y en funcionamiento un día a la semana.

Sin embargo, el proyecto no deja de ser un “sinceramiento” de que el avance de la técnica, la robótica, la inteligencia artificial, la informática y la digitalización podría servir para que toda la humanidad reduzca la cantidad de horas de trabajo, evitando que mientras que un sector está sobreocupado, trabajando hasta 12 o 14 horas diarias, hay otro que está subocupado o directamente desocupado, o con trabajos totalmente precarizados. Pero, este proyecto está lejos de ser un plan que tenga el objetivo de repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para acabar con ese flagelo, sino que busca mantenerlo y justificarlo.

Es por esto que el plan no aplica a las grandes fábricas, donde la introducción de tecnología no sólo no redujo las horas de trabajo sino que las extendió y las mantuvo estables con un aumento importante de la productividad. La propuesta actual está pensada centralmente para el trabajo de oficina donde el “home office” durante la pandemia demostró que se podía concentrar el tiempo y los empresarios podían ahorrar en energía, materiales y alquiler de oficinas, refrigerio o almuerzo, etc. Esto no tiene nada que ver con repartir la totalidad de las horas de trabajo entre los "sobreocupados" y los desocupados o subocupados.

Cómo es la prueba Piloto

Como informa The Guardian, en Reino Unido se incorporarán a esta prueba más de 3.300 trabajadores en 70 empresas, que van desde tiendas de chips locales hasta grandes firmas financieras, donde comenzarán a trabajar una semana de cuatro días a partir del lunes sin pérdida de salario.

La prueba piloto la organizan 4 Day Week Global en asociación con el grupo de expertos Autonomy, 4 Day Week Campaign e investigadores de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y el Boston College y tendrá una duración de seis meses.

Según indica la página de 4 Day Week Global: "Abogamos por el modelo 100-80-100: el 100 % del salario, el 80 % del tiempo, pero fundamentalmente a cambio del 100 % de la productividad". Pero esto implica una trampa discursiva que ya veremos.

Las empresas que participan son de alta tecnología, diseño tecnológico y servicios complejos (seguros y estudios jurídicos corporativos, finanzas, etc) lo que genera que sus tareas sean mucho más difíciles de cuantificar a diferencia de las tareas manuales de producción industrial.

Algunas de las empresas que están participando son Platten’s Fish and Chips en Wells-next-the-Sea en la costa norte de Norfolk, junto con la firma de software de Sheffield Rivelin Robotics, los especialistas en impuestos de sucesiones con sede en Londres Stellar Asset Management y Charity Bank en Tonbridge, Kent.
El director ejecutivo, Joe O’Connor, del grupo sin fines de lucro 4 Day Week Global, dijo con un tono humanista que el Reino Unido estaba en la vanguardia de la semana de cuatro días: "A medida que salimos de la pandemia, cada vez más empresas reconocen que la nueva frontera para la competencia es la calidad de vida, y ese trabajo de horas reducidas y centrado en el rendimiento es el vehículo para darles una ventaja competitiva”.

Las curiosas declaraciones de Ed Siegel, director ejecutivo de Charity Bank, al The Guardian son ilustrativas, “Durante mucho tiempo hemos sido defensores del trabajo flexible, pero la pandemia realmente movió los postes de la portería en este sentido. Para Charity Bank, el cambio a una semana de cuatro días parece un próximo paso natural."

“El concepto del siglo XX de una semana laboral de cinco días ya no es el más adecuado para los negocios del siglo XXI. Creemos firmemente que una semana de cuatro días sin cambios en el salario o los beneficios creará una fuerza laboral más feliz y tendrá un impacto igualmente positivo en la productividad comercial, la experiencia del cliente y nuestra misión social”.

Hace parecer que se trata de empresarios que brindan concesiones, pero de fondo hay un ajuste de recursos y una revalorización del tiempo trabajado. O sea, se logra una intensificación del trabajo, misma cantidad de productos en menos tiempo, con optimización de recursos. Esto es menos utilización de energía eléctrica en los edificios centrales. Y si le agregamos el teletrabajo, muchos de estos costos recaen sobre los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, existe un aumento de la productividad que trae un aumento de ganancias.

Entonces es necesario tener en cuenta que se trata de una forma para las empresas de flexibilizar y descentralizar el trabajo, no como una visión humanista hacia los trabajadores. La pandemia expuso que es posible trabajar desde el hogar por ejemplo, donde las empresas de oficinas que alquilan o son dueñas de enormes rascacielos tienen gastos gigantescos en infraestructura, energía y comida para los trabajadores. Por eso, esta reducción de horas no significa un “regalo” a los trabajadores sino un ajuste de costos edilicios para las empresas.

Por otro lado, este tipo de regulaciones sólo son posibles en los trabajos que pueden lograrse remotamente (vía internet) o en una oficina. En las fábricas, en el transporte, los trabajadores viven otra realidad. Allí las tendencias de las empresas son aumentar la intensidad de las máquinas en la misma cantidad de horas de trabajo (o aumentarlas) manteniendo salarios (o reducirlos). En el mismo caso de Gran Bretaña se vienen dando huelgas en petroleros y ferroviarios por aumento de salarios ante la inflación además de mejoras en las condiciones ambientales de trabajo. Curiosamente este sector no entró en las pruebas de reducción de jornada.

A diferencia de esta burguesía globalista, la izquierda plantea una propuesta que toque las ganancias de los capitalistas. Que implique reducir la jornada laboral en las fábricas, el transporte, en los pozos petroleros, en la construcción, ahí donde las ganancias son siderales y los trabajadores salen cada vez más rotos. Pero esa reducción de horas es manteniendo el mismo salario ajustado según la inflación real, pero para dividir el tiempo restante con los trabajadores desocupados que están sufriendo aún las consecuencias de las crisis económicas en todo el mundo.

Martes 7 de junio

Publicado enSociedad
Al lado de China y Vietnam: Laos y el socialismo de mercado

Laos es una nación desconocida para la mayoría. Sin embargo, su apoyo a las tesis de la “economía de mercado orientada al socialismo”, su mirada particular del marxismo-leninismo (uno con “características laosianas”) y sus vínculos con sus vecinos obligan a tenerlo en cuenta.

 

Inserta en la región del Sudeste Asiático se encuentra Laos, antaño una parte constitutiva de los dominios imperialistas de Francia que vinieron a llamarse ‘Indochina’. Sus cerca de siete millones de nacionales habitan un territorio rodeado enteramente por otras naciones que le superan ampliamente en población, a saber: Myanmar, Tailandia, Camboya, Vietnam y China. Lo recóndito de su ubicación geográfica —ni siquiera tiene costa—, lo tímido de su demografía y la magnitud de algunos de sus vecinos ocultó al país del “millón de elefantes” para buena parte de la historiografía y la prensa mainstream.

De Laos se sabe, por lo general, entre nada y muy poco. Quizá en su propio beneficio, la prensa de las regiones más poderosas del mundo apenas posa sus ojos en el proceso político que está atravesando el país. En consecuencia, su gobierno no recibe los apelativos con los que “nuestros” medios se refieren habitualmente a estados como el cubano o el vietnamita. Tampoco de su población se habla como si fuese una suerte de masa acrítica “zombificada” y manipulada por la propaganda estatal, como suele hacerse —desde una perspectiva a menudo racista— con la ciudadanía china o norcoreana.

A Laos se le puede definir, en general, como “un estado socialista que está construyendo las bases materiales para el socialismo”, lo mismo que defienden los partidos comunistas de China y Vietnam. Según Estado y Partido en estos países, el pasado de violencia imperialista les sumió como nación en un estado de muy bajo desarrollo de las fuerzas productivas, socavando las posibilidades efectivas para la construcción del socialismo. En consecuencia, se plantea, es necesario un tiempo de desarrollo “tutelado” del capitalismo nacional bajo férreo dominio político del Partido Comunista (nombrado en Laos como Partido Popular Revolucionario —PPRL—). Esto, lejos de ser un dogma cerrado, da forma a buena parte de las discusiones dentro del país: ¿qué significa “desarrollo del capitalismo nacional”? ¿hasta dónde tiene sentido consentir la acumulación privada del capital? ¿cómo se defenderá el Estado frente al creciente poder de los capitalistas?

Su Constitución especifica lo siguiente: “Durante [los años] desde que el país fue liberado, nuestro pueblo ha estado cumpliendo unificadamente las dos tareas estratégicas de defensa y construcción del país, en especial la de emprender reformas a fin de movilizar los recursos dentro de la nación para preservar la régimen democrático popular y crear las condiciones para avanzar hacia el socialismo”. “Emprender reformas”, “movilizar recursos”, “crear condiciones” y “avanzar hacia el socialismo”. Esta es la hoja de ruta del socialismo con características laosianas. Como todo proceso político, solo el tiempo juzgará cuánto de cierto había en esa estrategia.

Para comprender Laos, conviene echar un vistazo a los escritos de sus propios teóricos y dirigentes. En el caso del socialismo laosiano, considerar a Kaysone Phomvihane es necesario. Su pensamiento, una suerte de “marxismo-leninismo adaptado a las circunstancias laosianas” —al estilo de otras edificaciones teóricas como el denominado Pensamiento de Xi Jinping (China)— incorpora también elementos del dirigente vietnamita Ho Chi Minh. Phomvihane planteó, luego de la independencia del país y la destitución de la monarquía en 1975, que el país debía hacer frente a cinco prioridades anteriores a la edificación del socialismo, a saber: 1. “normalizar” la vida de la gente (en cuanto a comida, ropa y vivienda); 2. afianzar el poder del Partido (arraigar en las “zonas blancas” realistas); 3. establecer instituciones estatales y abolir las instituciones feudalistas y coloniales; 4. diseñar la gobernanza post bélica; 5. “construir” la nación e integrar a las minorías (en Laos conviven más de sesenta comunidades étnicas diferenciadas, de las que el grupo ‘Lao’ es el mayoritario con cerca de un 40% de la población).

Historia antiimperialista

El desarrollo teórico y político laosiano tiene que ver con su particular historia marcada por la resistencia armada a la violencia imperialista de Francia, Japón y Estados Unidos. Como en el caso de Vietnam, Francia ocupó durante décadas el territorio actual de Laos como parte de la llamada ‘Indochina francesa’. Hasta la década de los cincuenta, el país sufrió la ocupación violenta de los imperialismos francés y japonés. Posteriormente, Laos se vio inmersa en las avanzadas del imperialismo estadounidense sobre la región. La ‘Teoría del Dominó’ norteamericana, según la cual los estados socialistas “contagiarían” a sus vecinos, motivó su incursión en Vietnam. Si triunfaba el FNLV —Frente Nacional de Liberación de Vietnam—, el socialismo se extendería por la región, motivo por el cual la estrategia anticomunista debía apuntar también al Pathet Lao, la organización comunista laosiana aliada al Vietnam del Norte que postulaba la independencia total del país y la conformación del socialismo nacional.

La “Guerra Oculta” que sufrió el pueblo laosiano paralelamente a la —por todos conocida— invasión estadounidense de Vietnam merece mención aparte. Como en su vecino, los bombardeos y el Agente Naranja fueron parte de la cotidianeidad durante mucho tiempo. Sobre este pequeño territorio fueron lanzadas más bombas que sobre la Alemania nazi. En un momento en el que el número de ciudadanos laosianos rondaba los tres millones, aproximadamente 50.000 perdieron la vida durante la guerra. Y, desde que la misma terminó en 1975, más de 20.000 han sufrido la misma suerte al explotar bombas que quedaron desperdigadas por el territorio nacional sin llegar a explotar en un primer momento.

Décadas de violencia externa legitiman el relato interno del PPRL y su mirada sobre el proceso como uno largo y que requiere de etapas contradictorias. Tras la lucha del Pathet Lao contra franceses, japoneses y estadounidense, el país se encontró falto de infraestructura industrial y, sobre todo, de una capa suficiente de intelectualidad obrera, ambos factores clave para el socialismo en aquellos países que abandonan bruscamente la dominación imperialista.

Sin duda, para un país tan pequeño, contar con una densa amistad política con China y, ante todo, con Vietnam, fue y es crucial. Luego de la liberación, Vietnam ayudó a Laos en lo referente a la infraestructura, pues la escasez de ingenieros dificultaba enormemente alcanzar los objetivos inmediatos. En compensación, Laos facilitaba alimentos, ropa y medicinas al vecino, inmerso en un cruel bloqueo del bloque capitalista. Esta relación colaborativa hunde sus raíces en la época misma del dominio francés, en la que los comunistas laosianos militaban junto a los vietnamitas en el Partido Comunista de Indochina. En nuestros días, este vínculo persiste. Véase, por ejemplo, cómo la falta de costa del país es parcialmente compensada por proyectos conjuntos como el Puerto Internacional de Vung Ang (en suelo vietnamita pero que pertenece en un 60% al Estado laosiano). Por su parte, China ha ayudado financiera y logísticamente en proyectos como el del tren que conecta la ciudad laosiana de Vientián con la provincia china de Yunnan, clave para el que es el único país sin salida al mar de todo el Sudeste asiático.

¿”Economía de mercado orientada al socialismo”?

“Socialismo de mercado”, “orientación al socialismo”, “las bases materiales del socialismo”, “marxismo-leninismo con características laosianas, chinas, vietnamitas…” Existen múltiples formas para denominar lo que algunos países regidos por la forma política del unipartidismo socialista están llevando a cabo en el plano del desarrollo económico. En Laos, conviven tendencias que a priori podrían parecer profundamente contradictorias pero que, al menos dentro del país, se explican bajo un plan supuestamente largoplacista de un Estado que, por su propia configuración política, puede esperar un considerable grado de continuidad con el paso del tiempo y un control efectivo sobre los grandes acumuladores de capital.

A fines de los años ochenta, el país se abrió a la inversión extranjera y al comercio con el mundo capitalista. Desde entonces, el PIB nacional ha crecido en cotas de entre el 4 y el 8%. La inversión privada extranjera y el fomento del desarrollo del capitalismo nacional queda supeditado al consentimiento del vínculo entre Partido-Estado. Con Tailandia, China y Laos como principales socios comerciales, Laos se proyecta hacia el exterior como una economía en vías de desarrollo receptiva de capitales extranjeros (públicos y privados) siempre y cuando acepten jugar bajo las normas particulares del socialismo laosiano.

En Laos, un amplio porcentaje de la población trabajadora se dedica a tareas agrarias, lo que confiere a la cuestión de la tierra una importancia todavía más grande que la que, de manera intrínseca, le corresponde habitualmente al asunto en los países socialistas. Dado que la producción primaria es la más inmediata tarea que enfrenta una nación periférica a la hora de asegurar su soberanía alimentaria y productiva, y dado que el marxismo piensa las grietas de clase en términos internacionales, los partidos comunistas que gobiernan en regiones antaño colonizadas imponen gran importancia a la gestión de la propiedad de la tierra. Desde que el PPRL se hiciese con el poder estatal, el suelo ha sido de propiedad pública sin posibilidad de venta; sí se consiente, previa autorización del Estado, el arrendamiento por particulares, fundamentalmente pequeños campesinos del país.

El socialismo laosiano, por su presencia en el sistema capitalista, afronta grandes contradicciones en la relación entre el Partido y la economía. El sector financiero, si bien reserva un papel importante a varias instituciones estatales, consiente la presencia de importantes grupos privados extranjeros con los que, inevitablemente, tiene que jugar a un equilibrio complejo. Por otro lado, las Zonas Económicas Especiales (ZEE), existentes también en China o Corea del Norte, facilitan la entrada de inversión extranjera a costa de beneficios fiscales, aunque aseguran, al ser designadas por el Estado, un considerable control de los recursos económicos que a través de ellas entran al país.

A modo de resumen, Laos combina varias características que lo hacen especial: en primer lugar, se trata de un país pequeño geográfica y demográficamente en medio de una de las regiones más densamente pobladas del planeta y con vecinos de la talla de China, Tailandia y Vietnam; en segundo lugar, es uno de los ejemplos internacionales de aquellos “socialismos de mercado”, “economías de mercado orientadas al socialismo”, “marxismos-leninismos con características X”, etc. que todavía tienen que pasar el examen de la historia. Además, la profunda diversidad étnica del país abre un nuevo capítulo en lo que al vínculo entre el socialismo, los Estados y la superación de las brechas identitarias refiere.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

22 may 2022

Publicado enInternacional
Chile: la batalla por la nueva Constitución

La Convención Constitucional chilena ha entregado el primer borrador de Carta Magna, que ahora debe pasar a la Comisión de Armonización. En estos meses de deliberaciones, la legitimidad de los constituyentes se fue desgastando. Y, pese al carácter moderado del texto, sectores de derecha harán del rechazo su bandera para enfrentar al proceso constituyente y al gobierno de Gabriel Boric. En septiembre, la población chilena deberá dar su dictamen en un plebiscito.

El 4 de septiembre, los chilenos se enfrentarán en las urnas a una papeleta con dos opciones: aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional que reemplazará la Constitución vigente nacida bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Pero, como sabemos, en los plebiscitos nunca se vota solo lo que se pregunta en la papeleta. Como en tantas otras contiendas, las dos opciones contienen muchas más.

El plebiscito constitucional es fruto de un acuerdo político transversal que buscó canalizar el estallido social de octubre de 2019. Aquella movilización social sin voceros ni voceras, sin organización ni listado de demandas, emitió un claro mensaje de crítica a la elite chilena y, sobre todo, a la política de los últimos 30 años.

El proceso constituyente iniciado luego de las elección de los miembros de la Convención Constitucional fue de una intensidad extrema. No podía ser de otro modo, pues se había establecido el límite de un año para todo el trabajo constitucional. El mismo acuerdo político que dio origen al proceso marcaba, asimismo, que el texto que emanaría de la Convención tendría que ser plebiscitado para su aprobación final en una consulta en la que, a diferencia de otros procesos electorales en Chile, el voto será obligatorio.

Tras un trabajo de casi diez meses, no exento de tensiones y traspiés, el pasado 16 de mayo la Convención Constitucional hizo la entrega simbólica del primer borrador de la nueva Carta magna. El texto, que todavía tendrá que pasar por la Comisión de Armonización, contiene 499 artículos y versa sobre los más variados temas, producto de las deliberaciones de siete comisiones temáticas. Cada una de sus propuestas debió contar con la anuencia de dos tercios de los convencionales para integrarse al borrador tal como estableció el acuerdo político interpartidario.

Ahora que el primer borrador está listo, aún queda el trabajo de las últimas comisiones. Además de la de armonización, se creó una comisión de disposiciones transitorias para definir los plazos y formas de la transición constitucional. Asimismo, se constituyó una comisión de preámbulo: esta tiene la responsabilidad de escribir la introducción no vinculante de la Carta Magna. Es decir, lo que algunos llaman la «poesía» de la Constitución.

Dos propuestas de preámbulo, que probablemente no verán la luz —ya sea por la votación de la comisión o del pleno— no dejaron de llamar la atención. La primera, formulada por algunos convencionales de derecha, comienza del siguiente modo: «Nosotros, los chilenos, con el propósito de continuar transitando hacia una patria más justa, en la que se reconozca a Dios como fuente de la dignidad intrínseca…». Pero la segunda, desarrollada por un grupo de convencionales independientes, es la que ha marcado el tono del debate —aunque no necesariamente el contenido—, dice así: «Somos naturaleza. Siempre lo hemos sido… Los tiempos de ahora, a partir de la gesta de octubre, nos invitan a reconocernos iguales en la diversidad… Somos humanes (sic), construyendo nuestros destinos, con distintas miradas, sin distinciones de género y creencias...».

Ligados a los movimientos sociales feministas, ecologistas y de reivindicación de derechos indígenas, los convencionales independientes que redactaron la segunda versión del preámbulo han tenido una presencia preponderante en los medios. Se trata de dirigentes que lograron «hacer carne» el relato del estallido de octubre de 2019 y que consiguieron, a través de las movilizaciones periódicas en la plaza Italia —rebautizada como Plaza Dignidad—, una fuerte legitimidad social, además de una clara presencia mediática. Aunque su inesperado éxito electoral se explica por una serie de elementos coyunturales, resulta claro que esos dirigentes fueron quienes lograron expresar una idea que rondaba desde hacía mucho tiempo el debate público: la de que las víctimas de una «coalición del abuso» (empresarios, políticos, economistas, etc.) podían arrebatarle el poder a una elite indolente. Y no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pero el problema es que los tiempos cambian.

Un escenario incierto

Según los sondeos de opinión, la intención de voto del apruebo del texto constitucional ha caído consistentemente. A estas alturas, todas las encuestas muestran una leve ventaja para el rechazo. Más aún, los sondeos evidencian que la principal razón de esa actitud parte del juicio negativo a la forma de funcionamiento de la Convención, 55% de los consultados menciona como fuente principal del rechazo la desconfianza en los constituyentes y 40%, el desacuerdo general con las propuestas aprobadas.

En buena medida, este juicio negativo se debe a las diversas performances realizadas durante el debate por algunos convencionales. Lo que en un comienzo parecía pintoresco y llamativo ha terminado por generar cierto desasosiego. Por otro lado, para varios de estos referentes era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos en la Convención (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). Los medios han amplificado estos actos performáticos y las propuestas más descabelladas, que han sido, además, reforzadas por campañas de desinformación en las redes sociales.

Ahora que termina el proceso de deliberación comienzan los preparativos de la campaña para el plebiscito y las fuerzas políticas se han ido ordenando por el «apruebo» o el «rechazo». El texto propuesto ha terminado reflejando la visión de los dos tercios de la Convención. Una visión mucho más amplia que las caricaturas que han dominado el debate público.

En el campo del apruebo parece haber cierto consenso de que será necesario sumar más vocerías capaces de instalar en la opinión pública un texto que se aleja de las estridencias que dominaron el debate durante estos meses. Pero, sobre todo, prevalece la idea de que, terminado el tiempo de los espacios performáticos, debe ser el propio texto el que imponga los términos de la discusión.

El texto

Buena parte de la campaña de los detractores del proceso constituyente se había centrado en la experiencia venezolana (aún resuenan las apelaciones a «Chilezuela» de las últimas dos campañas presidenciales). Diversas temáticas, como la autonomía del Banco Central o el derecho de propiedad, eran presentadas como ventajas del texto constitucional heredado de la dictadura pinochetista. Sin embargo, parece haber cierto consenso en ciernes de que la propuesta de texto constitucional no tiene ninguna cercanía con los fantasmas que se habían levantado sobre la Convención. Incluso desde Morgan Stanley, la poderosa multinacional financiera que opera como banco de inversión internacional, se afirmó que, según sus proyecciones, una aprobación del texto constitucional no afectaría los resultados macroeconómicos del país y que el rechazo, en cambio, generaría mucha más incertidumbre e inestabilidad, y disminuiría el atractivo para los inversionistas.

A diferencia de lo que muchos preveían, la principal crítica al modelo productivo propuesto por la Convención Constituyente no ha provenido de los sectores cercanos al «socialismo del siglo XXI», sino del espectro ecologista. A pesar de que el nuevo texto constitucional redundaría en una mayor regulación para aquellas actividades que generan daño a los ecosistemas —se establece, por ejemplo, una protección muy particular a los glaciares—, las dificultades para consensuar el apoyo de los dos tercios de la Convención hicieron que diversos aspectos ligados a la agenda medioambiental quedaran para la discusión legislativa. De hecho, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico fue la de peor desempeño en el pleno de la Convención Constituyente, y logró solo la aprobación de 21% de sus propuestas con dos tercios de los convencionales. La declaración de Bloomberg sosteniendo que se trata de un «texto razonable», en el que no quedaron aspectos negativos para la inversión minera, marca parte de los problemas en términos ambientales.

Si bien la cuestión económica seguirá siendo parte de las críticas de quienes rechazan el texto —la manoseada imagen de «chavista» no caerá en desuso—, es probable que la disputa definitiva no provenga de ese flanco. De hecho, más que por lo incorporado al texto constitucional, en términos económicos la discusión se ha centrado en lo que ha quedado afuera y se ha dejado para definir mediante una ley, como el estatuto de la gran minería.

A diferencia de la Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, las comisiones de Sistema Político y Formas de Estado obtuvieron resultados ostensiblemente mejores ante el pleno, dado que alcanzaron la aprobación del 34% y el 48% de sus artículos respectivamente. En términos del sistema político, la disputa principal fue la que tuvo como eje al sistema legislativo. El conflicto fundamental tuvo como eje la posibilidad de alterar el llamado «sistema legislativo espejo» en el que dos cámaras deben aprobar cada proyecto de ley y ambas pueden funcionar como cámara inicial o revisora. El consenso que alcanzó los dos tercios es el de la apuesta por un bicameralismo asimétrico, con una cámara política en la que se originan los proyectos de ley y una segunda cámara que, en la práctica, funcionaría como revisora para casi todos los proyectos. Ambas cámaras jugaran roles centrales para la nominación de autoridades y para dar curso a las acusaciones constitucionales.

En términos de forma del Estado, la propuesta, que contó con un apoyo transversal de las fuerzas políticas, incluidos varios convencionales de derecha, consistió en la conformación de un «Estado regional» con un mayor nivel de descentralización.

Más allá de la importancia que tienen las propuestas de estas reformas, hay pocos que sostengan que estos sean los temas que movilicen a los votantes (apenas 1% de quienes votarían por el rechazo ubican como su mayor motivación los cambios en el Poder Legislativo) y, en el caso de la regionalización, probablemente esta movilice votos por el apruebo. Por otro lado, si bien en este aspecto se incorporó una serie relevante de definiciones, hay numerosas reformas que no pudieron consensuarse por los dos tercios y que quedaron para futuras leyes. Por ejemplo, el sistema electoral no quedó establecido en la Constitución. Además, la norma que establecía el quórum supramayoritario para las reformas constitucionales tampoco logró pasar el pleno.

Por último, la Comisión de Derechos Fundamentales alcanzó un porcentaje de éxito levemente mayor a la de medioambiente, obteniendo apoyo para 24% de su articulado. La cuestión de los llamados derechos fundamentales estuvo en la base de diversas movilizaciones durante la última década, incluido el «estallido» de octubre de 2019. Es, de hecho, la temática en la que la Constitución vigente (expandida en varias «leyes orgánicas») tiene su carácter más distintivo. La Constitución hereda de la dictadura refleja el principio de subsidiariedad, garantizando el derecho a elegir entre la provisión de servicios básicos provistos por privados y por el Estado, pero tiene pocos espacios para exigir que estos derechos se satisfagan en la práctica. El texto constitucional propuesto le otorga un rol más preponderante al Estado, permitiendo la provisión de servicios privados, pero estableciendo que el Estado deba responder ante la demanda por estos servicios. Por otro lado, el detalle de cómo interactuaría la provisión privada y pública quedó, nuevamente, para una futura ley.

En definitiva, en términos de modelo económico, de institucionalidad democrática y de derechos sociales, muchos de los nudos más complejos no consiguieron los dos tercios. En este sentido, los temores de la derecha sobre una posible «Constitución de izquierda» con un programa centralizador del poder en el Estado se han mostrado infundados. Si ha habido una tónica reinante en la Convención ha sido la de la desconcentración del poder. Sin embargo, hay aspectos del texto que sí han levantado la oposición de un sector de la sociedad y particularmente de la derecha. Estos elementos se han convertido en el eje de significativas disputas.

Feminismo y plurinacionalidad

La campaña del rechazo se ha ido ordenando sobre todo en torno a dos temáticas que sí están muy presentes en el texto: las banderas feministas y el plurinacionalismo. En el primer artículo del nuevo texto constitucional se consagra a Chile como un «Estado social y democrático de derecho» y se afirma que además es «plurinacional, intercultural y ecológico». Además, se consagra a Chile como una república con una «democracia paritaria».

El nuevo texto constitucional consagra el derecho al aborto, una de las causas más sentidas del movimiento feminista y de las recientes «mareas moradas». Además, se garantiza la paridad de género en la mayoría de los órganos colegiados del Estado. A su vez, el texto constitucional define a Chile como un Estado plurinacional, reconociéndole algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas e instaurando un sistema de justicia indígena.

Como ha ocurrido en otras latitudes del planeta, el avance del movimiento feminista y, sobre todo, del derecho al aborto, ha generado fuertes reacciones, sobre todo en las bases más duras de la derecha. Por otro lado, según los sondeos de opinión, después del juicio negativo sobre los constituyentes la razón que más emerge entre los que apoyan al rechazo es la plurinacionalidad. Según la encuesta CADEM, los encuestados se inclinaban fuertemente por el concepto de una «sociedad multicultural de una sola nación» frente al de una «sociedad plurinacional», con 72% frente a 26%.

El sector del rechazo ha logrado consolidar una base de apoyo en torno a identidades tradicionales que se sienten amenazadas por la noción de plurinacionalidad. El nombre que se han venido a dar las huestes del rechazo en las redes sociales es el de «los patriotas». Por cierto, es imposible olvidar que, hace solo algunos meses José Antonio Kast, el candidato de la extrema derecha, ganó la primera vuelta electoral para la presidencia y que, en segunda vuelta, logró amasar un número altísimo de votantes (44%), casi el mismo número de votos absolutos con los que Piñera había ganado las elecciones de 2017. Ciertamente, el discurso de la «derecha sin complejos» que enarbolaba un mensaje de orden religioso, familiar y patriótico, puede tener un arrastre relevante. Y hay pocas dudas de que Kast jugará un rol preponderante en la campaña del rechazo.

Una patria inclusiva

La Constitución de 1980 no tiene preámbulo. Apenas tiene algunas referencias a los decretos leyes dictados por el régimen de Pinochet. Aunque los preámbulos no sean jurídicamente lo más relevante del texto constitucional, el hecho de que la Junta de Gobierno no haya sentido la necesidad de introducir alguna visión general sobre la sociedad dice mucho. De hecho, las constituciones previas —las de 1823, 1833 y 1925— tampoco lo tenían. Todas las constituciones que ha tenido Chile nacieron de guerras civiles o golpes de Estado en el que el lado vencedor ha impuesto su posición y, por lo mismo, no ha visto mayor necesidad de entregar un preámbulo justificativo del texto.

La nueva Constitución chilena tendrá necesariamente un preámbulo, porque es un documento redactado ante la sociedad chilena que se expresará en el próximo plebiscito. Hay cosas que ciertamente se podrían haber hecho mejor y hay artículos que, muy probablemente, tendrán que ser reformados por el poder constituido. Sin embargo, en gran medida gracias a la regla de los dos tercios —y más allá de los gestos performáticos y simbólicos— el texto ha logrado ser un lugar de encuentro que ha respondido a su origen democrático y ha superado las posiciones maximalistas sin posibilidades de ser plasmadas en la Carta Magna.

Por otro lado, es claro que una victoria del apruebo no cerraría la cuestión constitucional en el país. El Congreso actual, en el que la derecha y el centro tienen una representación mucho mayor que en la Convención, terminará jugando un papel relevante en implementar y reformar la nueva Carta. En las próximas semanas se definirá cuánto poder se le entregará al Congreso en este proceso de transición y el éxito del proceso dependerá en buena medida de que la Convención le entregue a los parlamentarios las herramientas para hacer estas mejoras.

Pero, más allá de las modificaciones materiales que sufra el texto, el gran desafío será imbuir a la nueva Constitución de un sentido de patriotismo constitucional inclusivo. Una Constitución democrática necesita poder incorporar a la identidades marginadas y abandonadas, que se expresaron en torno a las manifestaciones de octubre de 2019, pero también quienes se sienten parte de las identidades tradicionales de la chilenidad.

Es decir, una patria que no se defina simplemente por sus guerras, conquistas o exclusiones. La patria que puede ser la del Estado social de derecho. Una patria que sea la comunidad solidaria que cuida y protege a todos sus integrantes. Una Constitución democrática no puede ser una imposición de un grupo de vencedores sobre otro, sino que debe dejar la cancha abierta para la disputa y la acción política dentro del marco de respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, quizás haría bien la comisión de preámbulo constitucional en optar por un texto menos marcado por las identidades de la tribu propia. Ideas hay muchas, pero tal vez valdría la pena mirar el ejemplo sudafricano: «Nosotros, por lo tanto, a través de representantes libremente electos, adoptamos esta Constitución como ley suprema con el fin de: sanar las divisiones del pasado y establecer una sociedad basada en valores democráticos, justicia social y derechos humanos fundamentales».

Publicado enInternacional
La debilidad del gobierno de Boric y la Convención constituyente

La periodista Francisca Sandoval, baleada por grupos que actúan en connivencia con las fuerzas policiales cuando cubría las marchas del 1º de mayo para el canal comunitario Señal 3 La Victoria, ha muerto, tras 11 días de agonía. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric ratifica a Ricardo Yáñez como general director de Carabineros. Su pasado represor no es obstáculo para su nombramiento. Asimismo, la negativa a retirar las fuerzas armadas del Wallmapu, territorio Mapuche, transmite un mensaje de apoyo a las compañías madereras, terratenientes y trasnacionales. Bajo el eufemismo "estado intermedio", las fuerzas armadas mantendrán su presencia en las regiones de Biobío y La Araucanía para garantizar el orden y la seguridad de la población, declaró el subsecretario de interior, Manuel Monsalve.

Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia de Chile, tomo posición el 11 de marzo en medio de la algarabía general y cientos de invitados internacionales. Dos meses antes, sorprendía a propios y extraños designando a sus ministros. Algunos pertenecían a los partidos que gobernaron Chile desde el progresismo. Algo inexplicable, si se considera que el estallido social de octubre de 2019 agitó como bandera su rechazo. Sin embargo, el presidente Boric no tuvo remilgos. Personajes que han contribuido al mantenimiento del neoliberalismo, apuntalado sus reformas, y bajo acusaciones de prácticas clientelares, forman parte de su gobierno. ¿Por qué esta decisión?

Sin duda, debió ser meditada con sus asesores. ¿Se trataba de enviar un guiño hacia quienes vaticinaban un gobierno rupturista? ¿Era una manera de conseguir apoyos en territorio enemigo? Añadir interrogantes es fácil. Sin embargo, creo que se debe más a una estrategia de coyuntura y una debilidad estructural. Se trataría de fortalecer la Convención Constitucional y de esa manera al gobierno, evitando roces con socialistas, democratacristianos e independientes neutrales, cuyas decisiones pueden contribuir a redactar una nueva constitución "progresista". De logarlo, Gabriel Boric pasaría a la historia como enterrador del pinochetismo constitucional. Su visita a los convencionales nada más tomar posesión del cargo contrasta con el boicot de Sebastián Piñera y supone un aval, más allá del resultado final.

Sin mayoría en el parlamento, sus decisiones están permeadas por el resultado del plebiscito constitucional, a celebrarse el próximo 4 de septiembre. La necesidad de aprobar la nueva Carta Magna es un objetivo prioritario. Su rechazo provocaría una hecatombe. La derecha lo sabe y ha puesto toda su actividad en demostrar que la propuesta de Carta Magna "sobrepasa todas las líneas rojas". Por consiguiente, es poco representativa del país. Presa del estallido social, está sesgada por miembros que la han secuestrado, avivando viejos odios políticos que alteran la paz y el buen orden. Por otro lado, dirán, los convencionales "progresistas" son incompetentes y frívolos.

Para contrarrestar este dislate, la derecha moviliza fuerzas en campo propio y ajeno. Ex dirigentes de la concertación, premios nacionales, senadores, diputados, ex rectores de universidad, ex ministros, se adhieren al movimiento "Amarillos por Chile", cuyo ideario puede sintetizarse en el eslogan "Una constitución sin ideologías. Ni de derechas ni de izquierdas". Fulvio Rossi, ex senador socialista y amarillista, se despacha tildando a los convencionales de redactar una Constitución totalitaria, sin respeto a la propiedad privada. En contraposición, la actual Carta Magna, tras las reformas introducidas por Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, sería un ejemplo de consenso, democracia y armonía social. Con este argumentario, compartido por los miembros de "Amarillos por Chile", el fantasma del rechazo se vuelve una alternativa a proponer como opción. De esa manera, la constitución pinochetista seguiría vigente.

Una derrota sería difícil de encajar por el gobierno de Gabriel Boric. Su fuerza depende del resultado en el plebiscito. Un triunfo podría incluso ser interpretado como un éxito personal. Pero el gobierno se ha encharcado y no ha sido capaz de fortalecerse; por el contrario, ha demostrado no estar a la altura de las expectativas. A poco de andar sigue la misma trayectoria de gobiernos anteriores. Los movimientos sociales, en los cuales debía apoyarse, han sido desmovilizados, cuando no reprimidos. De tal manera que el partido del orden se recompone. Cuarenta años de transacciones, corruptelas, favores, enriquecimiento fraudulento y pactos espurios genera redes, y visto que el gobierno no los ataca, se siente con renovadas fuerzas. Su poder se encuentra en las instituciones: fuerzas armadas, jueces, empresarios, curia, banqueros. Representan un poder fáctico. Así, más allá de los brindis al sol, la realidad sugiere que el dique para avalar una acción de gobierno en el medio plazo, una nueva constitución "progresista", se esfuma entre decisiones controvertidas, prácticas clientelares y errores de principiante. La arrogancia de quienes pensaron que gobernar un país era similar a tener el mando de un sindicato estudiantil, se topan con viejos lobos con años de experiencia. Soberbios y sin humildad, están siendo engullidos por tiburones de la política. Se cuenta que al presidente Salvador Allende, en marzo de 1973, época de las elecciones legislativas, le informaron la intención de un pariente deseoso de postularse al Senado, su respuesta fue demoledora: "Sin experiencia se lo van a comer vivo. Allí no tendrá ninguna opción de sobrevivir. Mejor que se olvide y se presente a diputado". Saque usted las conclusiones.

Publicado enInternacional
Los 37 diputados electos del Sinn Fein en febrero de 2020 en Leinster House, sede del Parlamento Irlandés. Foto: Sinn Féin

El acceso a la vivienda —con precios disparados—, la sanidad y la educación han sido los argumentos que han marcado la campaña del Sinn Féin. Las condiciones materiales de la vida, al fin y al cabo.

Uno de los argumentos esgrimidos por el sector pro Gran Bretaña en el referéndum para la independencia de Escocia celebrado en 2014 fue que si ganaba la independencia, Escocia quedaría fuera de la Unión Europea. Luego vino el Brexit, en cuyo referéndum de 2016 los escoceses votaron mayoritariamente a favor de la permanencia en la UE —como en Irlanda del Norte—, pero el cómputo global en Gran Bretaña fue abandonar el espacio común europeo. Muchos escoceses se arrepintieron de haber votado no en vez de sí en aquel referéndum de 2014. El descontento con el Brexit se sitúa hoy como uno de los factores fundamentales —además de las políticas de izquierda, la identidad nacional e incluso la demografía— en el resultado histórico del partido Sinn Féin obtenido anoche tras el largo escrutinio de las elecciones del jueves. El partido que reivindica la reunificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda —país que sigue dentro de la UE— ha obtenido el 29% de los votos. Es la primera vez que gana los comicios. 

Le sigue el Partido Democrático Unionista (DUP), defensor del Brexit, monárquico, protestante y partidario de que Irlanda del Norte siga siendo parte de Gran Bretaña y quede fuera de la UE. Ha obtenido el 21,3% de los votos. 

Según el Acuerdo de Viernes Santo firmado en 1998, republicanos y unionistas deben gobernar conjuntamente, ocupando de forma matemática la primera y segunda presidencia —el partido más votado ocupa el primer cargo—. Pero el líder del DUP, Jeffrey Donaldson, se niega a asumir la derrota y condiciona la formación del Gobierno Autónomo a la anulación del Protocolo de Irlanda, el acuerdo firmado entre Londres y Bruselas para sacar adelante el Brexit. 

El Protocolo pretende ser una solución intermedia a la salida europea de la isla británica pero con el mantenimiento, en parte, de la isla irlandesa en Europa: la frontera aduanera se localizaría en el mar, así Irlanda del Norte permanecería en el mercado interior de la UE (como Irlanda) y no se levantaría una frontera terrestre, algo que impide el Acuerdo de Viernes Santo. El DUP quiere un Brexit total, y vivió el Protocolo de Irlanda como una traición por parte de la propia Gran Bretaña. 

Las condiciones materiales de la vida

El acceso a la vivienda —con precios disparados—, la sanidad y la educación han sido los argumentos que han marcado la campaña del Sinn Féin. Las condiciones materiales de la vida, al fin y al cabo. La identidad nacional no ha sido abordada y, sin embargo, es ahora cuando parece más cercano un referéndum que propicie la reunificación de Irlanda —del Norte, cuya capital es Belfast, con la República de Irlanda, Dublin—.  “Creo que el referéndum sería posible en el plazo de cinco años, pero es mucho más importante que la preparación empiece ya”, indicó la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald. 

Por su parte, la vicepresidenta de la formación y próxima primera ministra, Michelle O’Neill, indicó ayer que “es un día histórico, el comienzo de una nueva era. Vamos a gobernar para todo el mundo y mi mensaje a los unionistas es que no habéis de tener miedo”, afirmó tras conocer los resultados de los comicios.

Aparte del discurso y programa con medidas de izquierdas y el descontento con el Brexit, el corresponsal de La Vanguardia en Belfast, Rafael Ramos, destaca el factor demográfico como parte también para analizar los resultados obtenidos por los republicanos: los católicos tienen más hijos que los protestantes, y la ideología política acostumbra a heredarse.

Irlanda y Gran Bretaña fueron el mismo país hasta que mantuvieron la guerra de la independencia entre 1919 y 1921. La creación del Estado Libre Irlandés tuvo lugar el 6 de diciembre de 1922, quedando fuera de él la zona de Irlanda del Norte. 

Por Gessamí Forner

@GessamiForner

8 MAY 2022 13:46

Publicado enInternacional
Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de Xiomara Castro.

Reportaje exclusivo a Rodolfo Pastor de María y Campos, el principal asesor de la Presidenta

Politólogo y diplomático, el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de Xiomara Castro, cuenta cómo el nuevo Gobierno enfrenta la crisis económica y las trampas políticas dejadas por "el dictador que saqueó Honduras"

 

Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de Xiomara Castro, Rodolfo Pastor de María y Campos habló con la Agencia Regional de Noticias (ARN) para explicar las medidas que está impulsando el gobierno de Castro en medio de la crisis que tiene el país. Las “arcas públicas han sido saqueadas, no tenemos liquidez y por otra parte estamos altamente endeudados”, dijo.

El gobierno de Honduras, según Pastor, no está en “condiciones” para avanzar en este período en temas como reforma constitucional y despenalización de drogas, aunque son discusiones que podrán reaparecer más adelante, ya que prevén un “proyecto de reconstrucción” nacional que tomará “varias generaciones”.

El funcionario del gobierno considera que una posible “reformulación” de la relación con Estados Unidos y el vínculo “estratégico” con México son factores importantes para enfrentar la crisis migratoria y se mostró entusiasmado con la nueva oleada de gobiernos progresistas latinoamericanos. “Nosotros queremos ser parte de eso también”, señaló.

Pastor de María y Campos es un politólogo, diplomático y político hondureño y mexicano. Fue Ministro de Asuntos Políticos y Encargado de Negocios en la Embajada de Honduras en Washington

La crisis que dejó Juan Orlando Hernández

-Cuando asumió Xiomara Castro planteó unas 18 medidas para tomar en el país, ¿en qué está eso en estos primeros 100 días?

-La propuesta de la presidenta Xiomara es de transformaciones profundas y de refundación de Honduras. Partimos de la idea que Honduras como país, como república, está rota. Y es una ruptura que se origina en el golpe de Estado de 2009 (cuando se derrocó a Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro). Eso provocó una crisis que se va profundizando, con instituciones desmembradas y luego se concentra el poder alrededor de la figura presidencial de Juan Orlando Hernández. Ahí se instala una dictadura en 2013. En esos años, Hernández manipuló la institucionalidad y la estructura del Estado para concentrar poder, consolidar la dictadura y para que todas las instituciones del Estado le obedecieran.

Eso llevó al país a estar sumergido en una crisis sin precedentes que ahora estando a cargo del gobierno, comprendemos con mayor precisión de qué se trata. Lo veníamos denunciando cuando éramos oposición, pero ahora lo comprendemos a mayor profundidad porque nos toca administrar. Logramos ver el nivel de saqueo que se había dado. En ese sentido, los primeros días nos hemos dedicado a apagar fuegos, a hacer un diagnóstico de la situación que recibimos. Es abrumadora la crisis. Por un lado, tenemos un país cuyas arcas públicas han sido saqueadas, no tenemos liquidez y por otra parte estamos altamente endeudados. Tenemos una deuda que representa más del 60% de nuestro PIB, de alrededor de 20 mil millones de dólares, y hemos tomado la decisión de responder a esa deuda y de ir haciendo los pagos correspondientes para tratar de estabilizar la situación.

Eso significa que prácticamente el 50% del presupuesto que estaba proyectado para este primer año se va automáticamente al pago de esa deuda y nos deja con la reducida capacidad, sino que nula capacidad, de inversión pública. Previo al golpe teníamos una deuda que no rebasaba los 3 mil millones de dólares y ahora tenemos 20 mil millones de dólares. Tenemos colapsada la salud pública, no solo por la pandemia, sino por falta de inversión durante muchos años y por el saqueo. Esto coincide con un contexto internacional complejo, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania que ha resultado el incremento de los combustibles. Es una situación crítica. Y las primeras decisiones de la presidenta Castro se enfocaron en atender las emergencias. Se tomó la decisión, a un costo considerable para el gobierno, de subsidiar las energías eléctricas y los combustibles, para mitigar el impacto que podía ser sobre la población.

Por otra parte, se ha comenzado a desarticular la estructura de esa dictadura. Hemos ido trabajando de la mano de un congreso con el que podemos colaborar de cerca, se fueron derogando leyes que le garantizaba a la estructura previa un grado de impunidad.

Además, fuimos testigos de la extradición del expresidente Hernández que es un paso importante y simbólico. Juan Orlando le rinde cuentas a una justicia ajena pero no por los crímenes que cometió contra Honduras y su población. En Honduras todavía está instalado en los operadores de justicia gran parte de la estructura que Juan Orlando construyó, y lo siguen protegiendo aquellos que le permitieron operar con total impunidad.

A partir de ahora hay que comenzar un proyecto de reconstrucción que tomará más que esta administración, tomará varias generaciones.

La relación con los empresarios

-El gobierno impulsó la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ¿cómo ha sido la reacción del empresariado? ¿Cómo explica en general la relación en estos primeros 100 días con el sector empresarial?

-La relación tanto con el sector empresarial como con otros poderes fácticos ha sido en principio un reconocimiento de parte de ellos de que hemos llegado por la vía democrática con un mandato muy importante de la población. La presidenta Xiomara Castro goza de una legitimidad y apoyo popular que la fortalece. Es un reconocimiento de que lo que venía sucediendo no era ni sostenible ni aceptable. Ellos mismos terminaron aceptando que los abusos, la dictadura, la corrupción, los vínculos con el crimen organizado, le había hecho tanto daño a la economía hondureña que les estaba afectando también sus propias ganancias. Eso pasó también con los norteamericanos. Desde el golpe se dedicaron a lavarle la cara al golpe y luego apostaron a una normalización del gobierno. Apoyaron a Juan Orlando Hernández en sus dos mandatos. Estados Unidos lo tenía como un aliado fundamental, como alguien que les daba garantías y seguridad en el país, pero también se dieron cuenta, aunque tomó demasiado tiempo, que se había convertido en un socio incómodo, que no solamente afectaba sus intereses sino que provocaba en Honduras un problema tan profundo que se había convertido en un emisor de emigrantes, miles de hondureños que buscaban migrar a Estados Unidos. Ahora esos empresarios y los norteamericanos se han acercado a nosotros con la intención de establecer una buena relación. La contradicción está ahí, y a pesar de que estamos en un momento en que se busca un entendimiento, entendemos que en la medida que comencemos a implementar las transformaciones profundas que buscamos, también entraremos en confrontación con algunos de estos intereses.

-Habló de medidas para desmontar la dictadura que dejó el expresidente Hernández, ¿qué pasa con la Corte Suprema de Justicia que es cuestionada? ¿En qué otras cosas están pensando para desmontar esa dictadura?

-Hemos declarado una lucha contra la corrupción y por la transparencia. Hemos solicitado a las Naciones Unidas que nos acompañen en la conformación de una Comisión de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, tratando de aprender de otras experiencias de la región y de aquí mismo. Queremos que sean contrapeso a los operadores de justicia que sabemos que no contamos y que pueden hacer un juego en nuestra contra. Las nuevas autoridades de la Corte Suprema como de las fiscalías serán electas en 2023 y esto depende la conformación del congreso nacional. Ustedes vieron que antes de que asumiera doña Xiomara, se dio en la conformación del congreso una última jugada de Juan Orlando Hernández queriendo comprar a un sector de la bancada del partido Libre para que viniera a la oposición y se conformara un bloque oficialista y tuviera suficiente control para influir en el control de esta elección de magistrados. Eso, afortunadamente, lo logramos revertir, no sin costos, pero hemos ido tratando de estabilizar las cosas y en este momento tenemos una buena colaboración con el congreso nacional. Las cosas no van a ser fáciles, se creó la Secretaría de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción también para fortalecer esta intención y esperamos que en este sentido nos acompañe las Naciones Unidas para tratar de tener ese contrapeso contra ese sector muy poderoso.

-Los gobiernos progresistas que plantean cambios refundacionales muchas veces apelan al camino de la reforma constitucional. ¿Lo tienen descartado?

-El golpe de Estado provocó la organización y movilización de un frente nacional de resistencia popular, y de ahí surge el partido Libertad y Refundación (Libre). Lo que buscamos es una asamblea nacional constituyente que pueda revisar de manera integral el pacto social vigente que no obedece a la realidad actual en Honduras. Hay que llegar a nuevos consensos en el que todos estemos representados. Sin embargo, en este momento nosotros nos consideramos como un gobierno de transición, que debe tener un entendimiento estratégico respecto a qué tanto podemos hacer en lo inmediato. Venimos también de un golpe de Estado y eso nos enseñó que hay límites a lo que es posible hacer en un momento determinado y reconocemos que en este momento no hay condiciones para que se lleve a cabo una asamblea nacional constituyente. No tenemos entre los hondureños los suficientes consensos, la estabilidad y fortaleza institucional que requería dar un paso de esa naturaleza. Estamos buscando primero generar las condiciones de estabilidad y los consensos básicos que nos permitan dar los próximos pasos.

Reformular la política de seguridad

-¿Cómo funcionó el indulto para descomprimir las cárceles?

- Apostamos a desmilitarizar el sistema penitenciario, que en nuestro país fue militarizado de manera absoluta en la última década. El sistema penitenciario de Honduras tiene problemas históricos pero en estos últimos años se privatizó; las instalaciones físicas se construían y se operaban por medio de empresas privadas, con el Estado jugando un papel marginal. Y le permitían al crimen organizado operar desde estas cárceles de alta seguridad. En estas condiciones, no tenemos capacidad para garantizar los derechos humanos a la población privada de la libertad. En ese proceso estamos. No podemos transformarlo de la noche a la mañana y sacar a los militares de ahí pero la intención es que el Ejército y la Policía cumplan con sus propias responsabilidades. Es una transformación del modelo y de la concepción de lo que debe ser un sistema penitenciario que tenga como objetivo fundamental la rehabilitación y eventual reinserción de estas personas a la sociedad. Tenemos que reconocer que en el origen de estos privados de libertad hay una situación de abandono del Estado, una ausencia de garantías y servicios públicos para que estos jóvenes tengan oportunidades de educación.

- En El Salvador hay una polémica acerca de cuánto negociar con las organizaciones criminales y se supo hace poco que Nayib Bukele había negociado con las pandillas. ¿Cómo se para el gobierno de Honduras en esa discusión?

- Nosotros no coincidimos con el modelo del presidente Bukele en ese sentido. Buscamos enfrentar el tema de la seguridad y las violencias múltiples, que son estructurales, desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo. Queremos generar condiciones para que el Estado tenga la capacidad de brindar oportunidades y servicios, como herramienta para prevenir el crimen. En El Salvador, al igual que en otros países centroamericanos como Honduras, hay un problema muy serio de seguridad, con distintas dimensiones de crímenes, tanto lo que implica el tráfico de drogas y armas, que obedecen a dinámicas más globales de oferta y demanda, y también por ser país de tránsito. La ausencia del Estado durante décadas ha permitido que otras organizaciones llenen estos espacios. En Honduras, como en otros países de la región, hay importantes territorios en los que el Estado está prácticamente ausente y esa falta de presencia, control y servicios estatales deja un vacío. Con los grados de desigualdad y pobreza que tienen nuestros países, la violencia es algo estructural, o sea que cualquier tipo de solución tiene que pasar por disminuir los niveles de miseria y las desigualdades. A eso verdaderamente apuesta la presidenta Xiomara Castro. Por ejemplo, el presupuesto se reformuló para atender los temas sociales: salud, educación, vivienda y generación de empleo. Uno de los pilares del gobierno es la red solidaria, que busca erradicar la pobreza extrema y ahí estamos destinando la mayor parte de los recursos. Es una estrategia que lleva tiempo, son semillas que empezamos a sembrar ahora para cosechar después y en términos inmediatos enfrentamos problemas muy grandes de seguridad que vamos a tener que atender desde una perspectiva más convencional, fortaleciendo estrategias de inteligencia policial y combatiendo la impunidad con la que se venía actuando.

Venimos de 10 años en los que el Estado era un socio fundamental del crimen organizado, desde la propia Casa Presidencial se controlaban estos negocios, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía, las cortes y los bancos. Todo un sistema que le permitía al crimen organizado funcionar de manera fluida mientras se hacía un espectáculo con la construcción de prisiones de alta seguridad y teníamos una policía altamente represiva, militarizada, que obedecía directamente al presidente. El presidente le daba órdenes a las cortes, las Fiscalías, desde el Consejo Nacional de Seguridad. Era un modelo perverso, que no solamente no combatía el crimen, sino que formaba parte de la estructura criminal. ¿Cómo hacerle frente a eso? Es todo un reto.

- Salvador Nasralla, socio presidencial y designado presidencial, habló de legalizar el cultivo de cannabis, pero el expresidente Zelaya dijo que no estaba de acuerdo. ¿Cuál es la posición del gobierno?

-En América Latina se ha explorado esta potencial industria, que puede generar empleos e ingresos que son necesarios. Es posible que Honduras tenga características que le permitirían, en algunos sectores del país, producirla con alguna ventaja competitiva. Pero siendo sincero, creo que para el gobierno no es un tema a tratar en este momento. Acabamos de extraditar a Juan Orlando Hernández, estamos tratando de desarticular una operación del Estado diseñada para el tráfico de drogas y armas, entonces no tenemos las condiciones ni la solidez institucional que nos permitiría desarrollar este tipo de industrias de manera responsable, porque el Estado obviamente tendría que jugar un papel de regulación. No estoy en contra de una idea como esa, pero hay que tener conciencia del contexto y la coyuntura en la que estamos. No creo que sea factible en este momento. Sabemos que hay experiencias interesantes en Uruguay, Colombia, México lo está considerando, Estados Unidos, Canadá. Es un tema para ponerle ojo en el futuro, pero en este momento no viene al caso.

Las relaciones con Estados Unidos

-Habló de una posible reformulación de la relación con Estados Unidos. ¿Eso serviría para enfrentar la crisis migratoria?

- La migración es el problema fundamental que lleva a Estados Unidos, primero a dejar de considerar a Juan Orlando Hernández como socio y luego a intentar establecer, por varias vías, una nueva relación con nosotros, ya como actores legítimos y democráticos en el poder. Para ellos representa un problema de diferentes tipos. Es de carácter humanitario por lo que sucede en la frontera y también es un problema político para ellos. Para Joe Biden o Kamala Harris el problema de los migrantes representa un problema político que sus adversarios pueden utilizar en su contra. Ahí tienen un interés claro, que quedó claro desde el momento que Kamala vino a la toma de posesión de Xiomara Castro. Cambia dramáticamente el discurso hacia nosotros, que fuimos perseguidos por una dictadura que ellos apoyaron de muchas maneras. Ahora somos socios, diría que particularmente imprescindibles para ellos, en una región en la que otros interlocutores han perdido legitimidad y con los que están confrontados. La situación en Nicaragua, El Salvador y Guatemala lleva a que Honduras se convierta en un interlocutor interesante en la región. En ese sentido creo que tenemos coincidencias, porque nosotros también estamos interesados en generar condiciones para que nuestra población no se vea obligada a emigrar. Honduras se convirtió en un país exportador de migrantes, las remesas son la principal fuente de divisas para Honduras, representan casi 26% del PIB. Es lo que mantiene a flote la economía, a nuestro sistema financiero y comercio. Imaginen la ironía: quienes han sido excluidos, al punto que tuvieron que abandonar el país, ahora mantienen a quienes los excluyeron. Dentro de todas las transformaciones que nos planteamos, también queremos cambiar eso y permitirle a los hondureños quedarse en el país. Además, representan una fuga de cerebros importante, porque estamos hablando de mucha gente que podría quedarse y ayudarnos con sus talentos y capacidades. Mucha de esta gente es joven, entonces también estamos perdiendo futuro. No es sostenible seguir exportando hondureñas y hondureños, y queremos que eso cambie lo antes posible. Tanto ante México como ante Estados Unidos hemos dejado claro que para Honduras es fundamental que se respeten los derechos de nuestros migrantes. Son personas vulnerables, sometidas a un proceso migratorio complejo y ya luego a contratos laborales abusivos. Eso lo tenemos que cambiar y esperamos ser parte de una solución.

- ¿Qué más dejó la señal estadounidense de enviar a Kamala Harris a la asunción presidencial?

- Centroamérica es particularmente estratégica para Estados Unidos y dentro de Centroamérica, en particular Honduras. Acabamos de estar en una primera sesión del diálogo estratégico binacional, junto al canciller, el secretario de Desarrollo Económico y la secretaria de Derechos Humanos. Tenemos un diálogo fluido. A pesar de las diferencias importantes que tenemos con Estados Unidos y sabiendo que actúan en función de sus propios intereses, también tenemos claro que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es la superpotencia que tiene la hegemonía en la región a la que pertenecemos. Estados Unidos no se va ir ni va a dejar de ser una superpotencia en los próximos 100 años y tenemos que trabajar con esa realidad. Lo que sí queremos y vamos a exigir es una relación de respeto a nuestra soberanía y al derecho a la autodeterminación como pueblo independiente. En la medida que podamos marcar esa diferencia, nosotros vamos a tener la apertura hacia un diálogo y una relación que debe ser fluida.

- ¿Esas coincidencias con Estados Unidos generan algún riesgo en la base social y electoral de Libre? ¿Se entiende naturalmente o es necesario explicar el vínculo?

- Creo que la fuente fundamental de la legitimidad y la autoridad de Xiomara Castro y del gobierno es popular. Son sectores populares que nos dieron el voto y un mandato. Son quienes también nos dan la fuerza para hacerle frente a estos intereses poderosos que he señalado a lo largo de la entrevista. Si dejamos de entenderlo, vamos a perder esa fuerza. Entonces el diálogo debe ser muy cercano con los movimientos populares que nos acompañaron en los años de resistencia, que marcharon en las calles contra la dictadura y nos debemos a esos sectores. Tenemos que cumplirle a esa población que nos llevó al poder. Claro, estando en el gobierno tienes que hacer un acto permanente de equilibrio, entre distintos intereses y fuerzas. Y lograr consensos, porque sino esto se desbarata. Tenemos que administrar eso. Pero Xiomara ha dejado claro que la cercanía con los sectores populares va a ser total. Es de donde venimos y para quienes estamos aquí. No aceptamos el actual statu quo y lo queremos cambiar, porque no es justo ni sostenible.

Los sectores que han concentrado la riqueza tradicionalmente han sido demasiado mezquinos como para entender que su propia seguridad y prosperidad dependen del bienestar general. Creo que eso es lo más importante que tenemos que dejar claro. Para que le vaya bien al empresario le tiene que también ir bien al campesino, también al trabajador, a la mujer. Somos el país de la región con más violencia contra las mujeres. Esas son cosas que no vamos a tolerar, y que vamos a resolver. Estamos trabajando, con instrucción de la presidenta, en una iniciativa de ley para frenar la violencia contra la mujer. Esto implica una transformación profunda, dentro de una sociedad conservadora en la que ni siquiera tenemos acceso a los métodos anticonceptivos y es ilegal el aborto. En Honduras hay mucho por hacer y transformar.

El lugar dentro de la izquierda latinoamericana

-¿Cómo visualiza que será la relación con Nicaragua, Cuba y Venezuela?

- Ideológicamente somos un gobierno que se identifica con la izquierda. Nuestras redes diplomáticas en los años de la resistencia han sido cercanas a los gobiernos de izquierda en la región. Obviamente que hay izquierdas e izquierdas. Hay países en los que preocupa un deterioro demasiado marcado de las condiciones mínimas de democracia y de derechos humanos pueda provocar un problema mayor. Pero con Venezuela, por ejemplo, una de las primeras acciones que hicimos a nivel diplomático fue restablecer relaciones. Con Cuba tenemos una muy buena relación y con Nicaragua tenemos una relación un poquito más distante. Pero en general vamos a buscar tener buenas relaciones con otros gobiernos de izquierda. Tenemos este viernes (6 de mayo) la visita del presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), con quien tenemos un diálogo muy fluido. El presidente AMLO tiene acá en Honduras dos programas de cooperación para el desarrollo que nos representan una ayuda. También queremos trabajar con México el tema de la migración hacia Estados Unidos. Creo que en América Latina hay una especie de renacer de la izquierda, en su diversidad. Ahí viene Lula en Brasil, en Bolivia tenemos de regreso a la izquierda, en Chile hay un proceso interesante, también en Argentina. Nosotros queremos ser parte de eso también.

-¿La relación con AMLO puede servir para negociar con más fuerza ante Estados Unidos?

México es un país lo suficientemente importante en términos políticos, económicos y comerciales en la región para que sea un interlocutor relevante. Nosotros queremos buscar con México las relaciones más cercanas y entendemos a México como un país que tiene la capacidad y el potencial de ayudar significativamente a Centroamérica, que además sufre las consecuencias de los problemas en Centroamérica y que está interesado también en crear condiciones para evitar ese éxodo de migrantes. Obviamente que también hay una presión de Estados Unidos hacia México. Creo que en este momento México, Estados Unidos y Honduras coincidimos en que hay que ir a la raíz de los problemas. No se trata de militarizar las fronteras, eso solo nos lleva a los abusos sistemáticos de los derechos humanos. La criminalización y la perspectiva punitiva no pueden dominar el trabajo de los gobiernos para regular la migración. Hay que generar condiciones en los países de origen y ayudar a los países de tránsito para que puedan garantizar derechos.

- ¿Cómo funcionó la decisión de poner una moratoria a la minería a cielo abierto?

- El tema ambiental es fundamental para nosotros y estamos totalmente en contra de la minería a cielo abierto y de todo tipo de extracción irresponsable. Estamos en contra de las concesiones que se dieron durante el régimen anterior; son operaciones criminales que no tienen ningún tipo de licencia para seguir con las actividades. En ese sentido, el ministro de Recursos Naturales ha estado intensamente ocupado en recorrer el territorio nacional para identificar las operaciones ilegales y determinar cuáles van a ser las acciones a tomar. La minería a cielo abierto no ha sido mínimamente responsable con los derechos de las comunidades afectadas. Ha sido un modelo extractivo y abusivo, que dejó como resultado comunidades desplazadas, derechos violentados y un medio ambiente deteriorado y contaminado. Somos ricos en recursos naturales, tenemos bosques, minerales, y tenemos el derecho de explotarlos, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo de una manera sostenible y respetuosa, con las comunidades y el ambiente. Esa es una agenda importante para este gobierno.

-¿Alguno de estos conflictos podría judicializarse?

-Las operaciones mineras más importantes del país están vinculadas con empresarios cercanos a Juan Orlando Hernández. En gran medida, son corporaciones que van a tener que rendir cuentas ante la justicia por sus abusos a los derechos humanos y por muchos tipos de crímenes cometidos. Repito: necesitamos la inversión, necesitamos generar empleos y aprovechar los recursos que tenemos, pero tiene que darse de manera respetuosa con la población y el ambiente. Y vamos a ser totalmente contundentes contra quienes pretendan continuar de manera abusiva y por fuera de la ley con la extracción de recursos.

Publicado enInternacional
Página 1 de 32