Un coche pasa junto a la embajada de EEUU en La Habana, Cuba, en una imagen de archivo de octubre de 2020. — Alexandre Meneghini / REUTERS

Las restricciones habían sido impuestas durante la administración de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que solo llegaban a la ciudad de La Habana, y que suspenderá el límite de 1000 dólares por trimestre a las remesas. El mandatario da así marcha atrás a algunas de las medidas más duras de la gestión de Donald Trump. Además, el demócrata también restablecerá un programa de reunificación familiar que llevaba suspendido desde hace años.

Las recientes novedades fueron comunicadas por el Departamento de Estado. El portavoz, Ned Price, sostuvo que las medidas buscan mostrar apoyo al pueblo cubano y darles herramientas para conseguir una "vida libre" fuera de la "opresión" del Gobierno de su país y para ayudarles a buscar mejores oportunidades económicas.

"Con estas acciones pretendemos apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar una vida exitosa en su hogar. Seguimos pidiendo al Gobierno cubano que libere de inmediato a los presos políticos, que respete las libertades fundamentales del pueblo y que permita que puedan determinar su propio futuro", remarcó Price en un comunicado oficial.

De esta manera, se especificó que se restaurarán tanto los vuelos comerciales como los vuelos chárter y que se permitirán algunos que el expresidente Trump había restringido, como aquellos con fines educativos o relacionados con fines profesionales. También se autorizarán los viajes de grupos de estadounidenses destinados a hacer contactos con el pueblo cubano, conocidos en inglés como "people to people travel", pero seguirán prohibidas las visitas individuales de esta clase.

Hasta ahora, las aerolíneas estadounidenses solo podían volar a La Habana, lo que dejaba a los cubano-estadonidenses con pocas opciones para visitar a sus familiares en otras partes de la isla. Asimismo, el departamento comandado por Anthony Blinken anunció que incrementará su apoyo a los emprendedores cubanos con autorizaciones para que accedan a plataformas de comercio electrónico, entre otras acciones.

El cambio de política se produce después de una revisión interna dentro de la Administración Biden que duró, supuestamente, meses. Esa revisión comenzó tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la isla, que provocaron la imposición de sanciones por parte de EEUU en castigo por el encarcelamiento de algunos de sus líderes y participantes.

Tras esos roces, representantes de EEUU y de Cuba se reunieron en abril de 2022 en Washington para hablar de asuntos migratorios, en el primer diálogo de alto nivel entre ambos países desde la llegada de Biden a la Casa Blanca.

17/05/2022 09:14

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Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de Xiomara Castro.

Reportaje exclusivo a Rodolfo Pastor de María y Campos, el principal asesor de la Presidenta

Politólogo y diplomático, el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de Xiomara Castro, cuenta cómo el nuevo Gobierno enfrenta la crisis económica y las trampas políticas dejadas por "el dictador que saqueó Honduras"

 

Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de Xiomara Castro, Rodolfo Pastor de María y Campos habló con la Agencia Regional de Noticias (ARN) para explicar las medidas que está impulsando el gobierno de Castro en medio de la crisis que tiene el país. Las “arcas públicas han sido saqueadas, no tenemos liquidez y por otra parte estamos altamente endeudados”, dijo.

El gobierno de Honduras, según Pastor, no está en “condiciones” para avanzar en este período en temas como reforma constitucional y despenalización de drogas, aunque son discusiones que podrán reaparecer más adelante, ya que prevén un “proyecto de reconstrucción” nacional que tomará “varias generaciones”.

El funcionario del gobierno considera que una posible “reformulación” de la relación con Estados Unidos y el vínculo “estratégico” con México son factores importantes para enfrentar la crisis migratoria y se mostró entusiasmado con la nueva oleada de gobiernos progresistas latinoamericanos. “Nosotros queremos ser parte de eso también”, señaló.

Pastor de María y Campos es un politólogo, diplomático y político hondureño y mexicano. Fue Ministro de Asuntos Políticos y Encargado de Negocios en la Embajada de Honduras en Washington

La crisis que dejó Juan Orlando Hernández

-Cuando asumió Xiomara Castro planteó unas 18 medidas para tomar en el país, ¿en qué está eso en estos primeros 100 días?

-La propuesta de la presidenta Xiomara es de transformaciones profundas y de refundación de Honduras. Partimos de la idea que Honduras como país, como república, está rota. Y es una ruptura que se origina en el golpe de Estado de 2009 (cuando se derrocó a Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro). Eso provocó una crisis que se va profundizando, con instituciones desmembradas y luego se concentra el poder alrededor de la figura presidencial de Juan Orlando Hernández. Ahí se instala una dictadura en 2013. En esos años, Hernández manipuló la institucionalidad y la estructura del Estado para concentrar poder, consolidar la dictadura y para que todas las instituciones del Estado le obedecieran.

Eso llevó al país a estar sumergido en una crisis sin precedentes que ahora estando a cargo del gobierno, comprendemos con mayor precisión de qué se trata. Lo veníamos denunciando cuando éramos oposición, pero ahora lo comprendemos a mayor profundidad porque nos toca administrar. Logramos ver el nivel de saqueo que se había dado. En ese sentido, los primeros días nos hemos dedicado a apagar fuegos, a hacer un diagnóstico de la situación que recibimos. Es abrumadora la crisis. Por un lado, tenemos un país cuyas arcas públicas han sido saqueadas, no tenemos liquidez y por otra parte estamos altamente endeudados. Tenemos una deuda que representa más del 60% de nuestro PIB, de alrededor de 20 mil millones de dólares, y hemos tomado la decisión de responder a esa deuda y de ir haciendo los pagos correspondientes para tratar de estabilizar la situación.

Eso significa que prácticamente el 50% del presupuesto que estaba proyectado para este primer año se va automáticamente al pago de esa deuda y nos deja con la reducida capacidad, sino que nula capacidad, de inversión pública. Previo al golpe teníamos una deuda que no rebasaba los 3 mil millones de dólares y ahora tenemos 20 mil millones de dólares. Tenemos colapsada la salud pública, no solo por la pandemia, sino por falta de inversión durante muchos años y por el saqueo. Esto coincide con un contexto internacional complejo, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania que ha resultado el incremento de los combustibles. Es una situación crítica. Y las primeras decisiones de la presidenta Castro se enfocaron en atender las emergencias. Se tomó la decisión, a un costo considerable para el gobierno, de subsidiar las energías eléctricas y los combustibles, para mitigar el impacto que podía ser sobre la población.

Por otra parte, se ha comenzado a desarticular la estructura de esa dictadura. Hemos ido trabajando de la mano de un congreso con el que podemos colaborar de cerca, se fueron derogando leyes que le garantizaba a la estructura previa un grado de impunidad.

Además, fuimos testigos de la extradición del expresidente Hernández que es un paso importante y simbólico. Juan Orlando le rinde cuentas a una justicia ajena pero no por los crímenes que cometió contra Honduras y su población. En Honduras todavía está instalado en los operadores de justicia gran parte de la estructura que Juan Orlando construyó, y lo siguen protegiendo aquellos que le permitieron operar con total impunidad.

A partir de ahora hay que comenzar un proyecto de reconstrucción que tomará más que esta administración, tomará varias generaciones.

La relación con los empresarios

-El gobierno impulsó la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ¿cómo ha sido la reacción del empresariado? ¿Cómo explica en general la relación en estos primeros 100 días con el sector empresarial?

-La relación tanto con el sector empresarial como con otros poderes fácticos ha sido en principio un reconocimiento de parte de ellos de que hemos llegado por la vía democrática con un mandato muy importante de la población. La presidenta Xiomara Castro goza de una legitimidad y apoyo popular que la fortalece. Es un reconocimiento de que lo que venía sucediendo no era ni sostenible ni aceptable. Ellos mismos terminaron aceptando que los abusos, la dictadura, la corrupción, los vínculos con el crimen organizado, le había hecho tanto daño a la economía hondureña que les estaba afectando también sus propias ganancias. Eso pasó también con los norteamericanos. Desde el golpe se dedicaron a lavarle la cara al golpe y luego apostaron a una normalización del gobierno. Apoyaron a Juan Orlando Hernández en sus dos mandatos. Estados Unidos lo tenía como un aliado fundamental, como alguien que les daba garantías y seguridad en el país, pero también se dieron cuenta, aunque tomó demasiado tiempo, que se había convertido en un socio incómodo, que no solamente afectaba sus intereses sino que provocaba en Honduras un problema tan profundo que se había convertido en un emisor de emigrantes, miles de hondureños que buscaban migrar a Estados Unidos. Ahora esos empresarios y los norteamericanos se han acercado a nosotros con la intención de establecer una buena relación. La contradicción está ahí, y a pesar de que estamos en un momento en que se busca un entendimiento, entendemos que en la medida que comencemos a implementar las transformaciones profundas que buscamos, también entraremos en confrontación con algunos de estos intereses.

-Habló de medidas para desmontar la dictadura que dejó el expresidente Hernández, ¿qué pasa con la Corte Suprema de Justicia que es cuestionada? ¿En qué otras cosas están pensando para desmontar esa dictadura?

-Hemos declarado una lucha contra la corrupción y por la transparencia. Hemos solicitado a las Naciones Unidas que nos acompañen en la conformación de una Comisión de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, tratando de aprender de otras experiencias de la región y de aquí mismo. Queremos que sean contrapeso a los operadores de justicia que sabemos que no contamos y que pueden hacer un juego en nuestra contra. Las nuevas autoridades de la Corte Suprema como de las fiscalías serán electas en 2023 y esto depende la conformación del congreso nacional. Ustedes vieron que antes de que asumiera doña Xiomara, se dio en la conformación del congreso una última jugada de Juan Orlando Hernández queriendo comprar a un sector de la bancada del partido Libre para que viniera a la oposición y se conformara un bloque oficialista y tuviera suficiente control para influir en el control de esta elección de magistrados. Eso, afortunadamente, lo logramos revertir, no sin costos, pero hemos ido tratando de estabilizar las cosas y en este momento tenemos una buena colaboración con el congreso nacional. Las cosas no van a ser fáciles, se creó la Secretaría de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción también para fortalecer esta intención y esperamos que en este sentido nos acompañe las Naciones Unidas para tratar de tener ese contrapeso contra ese sector muy poderoso.

-Los gobiernos progresistas que plantean cambios refundacionales muchas veces apelan al camino de la reforma constitucional. ¿Lo tienen descartado?

-El golpe de Estado provocó la organización y movilización de un frente nacional de resistencia popular, y de ahí surge el partido Libertad y Refundación (Libre). Lo que buscamos es una asamblea nacional constituyente que pueda revisar de manera integral el pacto social vigente que no obedece a la realidad actual en Honduras. Hay que llegar a nuevos consensos en el que todos estemos representados. Sin embargo, en este momento nosotros nos consideramos como un gobierno de transición, que debe tener un entendimiento estratégico respecto a qué tanto podemos hacer en lo inmediato. Venimos también de un golpe de Estado y eso nos enseñó que hay límites a lo que es posible hacer en un momento determinado y reconocemos que en este momento no hay condiciones para que se lleve a cabo una asamblea nacional constituyente. No tenemos entre los hondureños los suficientes consensos, la estabilidad y fortaleza institucional que requería dar un paso de esa naturaleza. Estamos buscando primero generar las condiciones de estabilidad y los consensos básicos que nos permitan dar los próximos pasos.

Reformular la política de seguridad

-¿Cómo funcionó el indulto para descomprimir las cárceles?

- Apostamos a desmilitarizar el sistema penitenciario, que en nuestro país fue militarizado de manera absoluta en la última década. El sistema penitenciario de Honduras tiene problemas históricos pero en estos últimos años se privatizó; las instalaciones físicas se construían y se operaban por medio de empresas privadas, con el Estado jugando un papel marginal. Y le permitían al crimen organizado operar desde estas cárceles de alta seguridad. En estas condiciones, no tenemos capacidad para garantizar los derechos humanos a la población privada de la libertad. En ese proceso estamos. No podemos transformarlo de la noche a la mañana y sacar a los militares de ahí pero la intención es que el Ejército y la Policía cumplan con sus propias responsabilidades. Es una transformación del modelo y de la concepción de lo que debe ser un sistema penitenciario que tenga como objetivo fundamental la rehabilitación y eventual reinserción de estas personas a la sociedad. Tenemos que reconocer que en el origen de estos privados de libertad hay una situación de abandono del Estado, una ausencia de garantías y servicios públicos para que estos jóvenes tengan oportunidades de educación.

- En El Salvador hay una polémica acerca de cuánto negociar con las organizaciones criminales y se supo hace poco que Nayib Bukele había negociado con las pandillas. ¿Cómo se para el gobierno de Honduras en esa discusión?

- Nosotros no coincidimos con el modelo del presidente Bukele en ese sentido. Buscamos enfrentar el tema de la seguridad y las violencias múltiples, que son estructurales, desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo. Queremos generar condiciones para que el Estado tenga la capacidad de brindar oportunidades y servicios, como herramienta para prevenir el crimen. En El Salvador, al igual que en otros países centroamericanos como Honduras, hay un problema muy serio de seguridad, con distintas dimensiones de crímenes, tanto lo que implica el tráfico de drogas y armas, que obedecen a dinámicas más globales de oferta y demanda, y también por ser país de tránsito. La ausencia del Estado durante décadas ha permitido que otras organizaciones llenen estos espacios. En Honduras, como en otros países de la región, hay importantes territorios en los que el Estado está prácticamente ausente y esa falta de presencia, control y servicios estatales deja un vacío. Con los grados de desigualdad y pobreza que tienen nuestros países, la violencia es algo estructural, o sea que cualquier tipo de solución tiene que pasar por disminuir los niveles de miseria y las desigualdades. A eso verdaderamente apuesta la presidenta Xiomara Castro. Por ejemplo, el presupuesto se reformuló para atender los temas sociales: salud, educación, vivienda y generación de empleo. Uno de los pilares del gobierno es la red solidaria, que busca erradicar la pobreza extrema y ahí estamos destinando la mayor parte de los recursos. Es una estrategia que lleva tiempo, son semillas que empezamos a sembrar ahora para cosechar después y en términos inmediatos enfrentamos problemas muy grandes de seguridad que vamos a tener que atender desde una perspectiva más convencional, fortaleciendo estrategias de inteligencia policial y combatiendo la impunidad con la que se venía actuando.

Venimos de 10 años en los que el Estado era un socio fundamental del crimen organizado, desde la propia Casa Presidencial se controlaban estos negocios, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía, las cortes y los bancos. Todo un sistema que le permitía al crimen organizado funcionar de manera fluida mientras se hacía un espectáculo con la construcción de prisiones de alta seguridad y teníamos una policía altamente represiva, militarizada, que obedecía directamente al presidente. El presidente le daba órdenes a las cortes, las Fiscalías, desde el Consejo Nacional de Seguridad. Era un modelo perverso, que no solamente no combatía el crimen, sino que formaba parte de la estructura criminal. ¿Cómo hacerle frente a eso? Es todo un reto.

- Salvador Nasralla, socio presidencial y designado presidencial, habló de legalizar el cultivo de cannabis, pero el expresidente Zelaya dijo que no estaba de acuerdo. ¿Cuál es la posición del gobierno?

-En América Latina se ha explorado esta potencial industria, que puede generar empleos e ingresos que son necesarios. Es posible que Honduras tenga características que le permitirían, en algunos sectores del país, producirla con alguna ventaja competitiva. Pero siendo sincero, creo que para el gobierno no es un tema a tratar en este momento. Acabamos de extraditar a Juan Orlando Hernández, estamos tratando de desarticular una operación del Estado diseñada para el tráfico de drogas y armas, entonces no tenemos las condiciones ni la solidez institucional que nos permitiría desarrollar este tipo de industrias de manera responsable, porque el Estado obviamente tendría que jugar un papel de regulación. No estoy en contra de una idea como esa, pero hay que tener conciencia del contexto y la coyuntura en la que estamos. No creo que sea factible en este momento. Sabemos que hay experiencias interesantes en Uruguay, Colombia, México lo está considerando, Estados Unidos, Canadá. Es un tema para ponerle ojo en el futuro, pero en este momento no viene al caso.

Las relaciones con Estados Unidos

-Habló de una posible reformulación de la relación con Estados Unidos. ¿Eso serviría para enfrentar la crisis migratoria?

- La migración es el problema fundamental que lleva a Estados Unidos, primero a dejar de considerar a Juan Orlando Hernández como socio y luego a intentar establecer, por varias vías, una nueva relación con nosotros, ya como actores legítimos y democráticos en el poder. Para ellos representa un problema de diferentes tipos. Es de carácter humanitario por lo que sucede en la frontera y también es un problema político para ellos. Para Joe Biden o Kamala Harris el problema de los migrantes representa un problema político que sus adversarios pueden utilizar en su contra. Ahí tienen un interés claro, que quedó claro desde el momento que Kamala vino a la toma de posesión de Xiomara Castro. Cambia dramáticamente el discurso hacia nosotros, que fuimos perseguidos por una dictadura que ellos apoyaron de muchas maneras. Ahora somos socios, diría que particularmente imprescindibles para ellos, en una región en la que otros interlocutores han perdido legitimidad y con los que están confrontados. La situación en Nicaragua, El Salvador y Guatemala lleva a que Honduras se convierta en un interlocutor interesante en la región. En ese sentido creo que tenemos coincidencias, porque nosotros también estamos interesados en generar condiciones para que nuestra población no se vea obligada a emigrar. Honduras se convirtió en un país exportador de migrantes, las remesas son la principal fuente de divisas para Honduras, representan casi 26% del PIB. Es lo que mantiene a flote la economía, a nuestro sistema financiero y comercio. Imaginen la ironía: quienes han sido excluidos, al punto que tuvieron que abandonar el país, ahora mantienen a quienes los excluyeron. Dentro de todas las transformaciones que nos planteamos, también queremos cambiar eso y permitirle a los hondureños quedarse en el país. Además, representan una fuga de cerebros importante, porque estamos hablando de mucha gente que podría quedarse y ayudarnos con sus talentos y capacidades. Mucha de esta gente es joven, entonces también estamos perdiendo futuro. No es sostenible seguir exportando hondureñas y hondureños, y queremos que eso cambie lo antes posible. Tanto ante México como ante Estados Unidos hemos dejado claro que para Honduras es fundamental que se respeten los derechos de nuestros migrantes. Son personas vulnerables, sometidas a un proceso migratorio complejo y ya luego a contratos laborales abusivos. Eso lo tenemos que cambiar y esperamos ser parte de una solución.

- ¿Qué más dejó la señal estadounidense de enviar a Kamala Harris a la asunción presidencial?

- Centroamérica es particularmente estratégica para Estados Unidos y dentro de Centroamérica, en particular Honduras. Acabamos de estar en una primera sesión del diálogo estratégico binacional, junto al canciller, el secretario de Desarrollo Económico y la secretaria de Derechos Humanos. Tenemos un diálogo fluido. A pesar de las diferencias importantes que tenemos con Estados Unidos y sabiendo que actúan en función de sus propios intereses, también tenemos claro que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es la superpotencia que tiene la hegemonía en la región a la que pertenecemos. Estados Unidos no se va ir ni va a dejar de ser una superpotencia en los próximos 100 años y tenemos que trabajar con esa realidad. Lo que sí queremos y vamos a exigir es una relación de respeto a nuestra soberanía y al derecho a la autodeterminación como pueblo independiente. En la medida que podamos marcar esa diferencia, nosotros vamos a tener la apertura hacia un diálogo y una relación que debe ser fluida.

- ¿Esas coincidencias con Estados Unidos generan algún riesgo en la base social y electoral de Libre? ¿Se entiende naturalmente o es necesario explicar el vínculo?

- Creo que la fuente fundamental de la legitimidad y la autoridad de Xiomara Castro y del gobierno es popular. Son sectores populares que nos dieron el voto y un mandato. Son quienes también nos dan la fuerza para hacerle frente a estos intereses poderosos que he señalado a lo largo de la entrevista. Si dejamos de entenderlo, vamos a perder esa fuerza. Entonces el diálogo debe ser muy cercano con los movimientos populares que nos acompañaron en los años de resistencia, que marcharon en las calles contra la dictadura y nos debemos a esos sectores. Tenemos que cumplirle a esa población que nos llevó al poder. Claro, estando en el gobierno tienes que hacer un acto permanente de equilibrio, entre distintos intereses y fuerzas. Y lograr consensos, porque sino esto se desbarata. Tenemos que administrar eso. Pero Xiomara ha dejado claro que la cercanía con los sectores populares va a ser total. Es de donde venimos y para quienes estamos aquí. No aceptamos el actual statu quo y lo queremos cambiar, porque no es justo ni sostenible.

Los sectores que han concentrado la riqueza tradicionalmente han sido demasiado mezquinos como para entender que su propia seguridad y prosperidad dependen del bienestar general. Creo que eso es lo más importante que tenemos que dejar claro. Para que le vaya bien al empresario le tiene que también ir bien al campesino, también al trabajador, a la mujer. Somos el país de la región con más violencia contra las mujeres. Esas son cosas que no vamos a tolerar, y que vamos a resolver. Estamos trabajando, con instrucción de la presidenta, en una iniciativa de ley para frenar la violencia contra la mujer. Esto implica una transformación profunda, dentro de una sociedad conservadora en la que ni siquiera tenemos acceso a los métodos anticonceptivos y es ilegal el aborto. En Honduras hay mucho por hacer y transformar.

El lugar dentro de la izquierda latinoamericana

-¿Cómo visualiza que será la relación con Nicaragua, Cuba y Venezuela?

- Ideológicamente somos un gobierno que se identifica con la izquierda. Nuestras redes diplomáticas en los años de la resistencia han sido cercanas a los gobiernos de izquierda en la región. Obviamente que hay izquierdas e izquierdas. Hay países en los que preocupa un deterioro demasiado marcado de las condiciones mínimas de democracia y de derechos humanos pueda provocar un problema mayor. Pero con Venezuela, por ejemplo, una de las primeras acciones que hicimos a nivel diplomático fue restablecer relaciones. Con Cuba tenemos una muy buena relación y con Nicaragua tenemos una relación un poquito más distante. Pero en general vamos a buscar tener buenas relaciones con otros gobiernos de izquierda. Tenemos este viernes (6 de mayo) la visita del presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), con quien tenemos un diálogo muy fluido. El presidente AMLO tiene acá en Honduras dos programas de cooperación para el desarrollo que nos representan una ayuda. También queremos trabajar con México el tema de la migración hacia Estados Unidos. Creo que en América Latina hay una especie de renacer de la izquierda, en su diversidad. Ahí viene Lula en Brasil, en Bolivia tenemos de regreso a la izquierda, en Chile hay un proceso interesante, también en Argentina. Nosotros queremos ser parte de eso también.

-¿La relación con AMLO puede servir para negociar con más fuerza ante Estados Unidos?

México es un país lo suficientemente importante en términos políticos, económicos y comerciales en la región para que sea un interlocutor relevante. Nosotros queremos buscar con México las relaciones más cercanas y entendemos a México como un país que tiene la capacidad y el potencial de ayudar significativamente a Centroamérica, que además sufre las consecuencias de los problemas en Centroamérica y que está interesado también en crear condiciones para evitar ese éxodo de migrantes. Obviamente que también hay una presión de Estados Unidos hacia México. Creo que en este momento México, Estados Unidos y Honduras coincidimos en que hay que ir a la raíz de los problemas. No se trata de militarizar las fronteras, eso solo nos lleva a los abusos sistemáticos de los derechos humanos. La criminalización y la perspectiva punitiva no pueden dominar el trabajo de los gobiernos para regular la migración. Hay que generar condiciones en los países de origen y ayudar a los países de tránsito para que puedan garantizar derechos.

- ¿Cómo funcionó la decisión de poner una moratoria a la minería a cielo abierto?

- El tema ambiental es fundamental para nosotros y estamos totalmente en contra de la minería a cielo abierto y de todo tipo de extracción irresponsable. Estamos en contra de las concesiones que se dieron durante el régimen anterior; son operaciones criminales que no tienen ningún tipo de licencia para seguir con las actividades. En ese sentido, el ministro de Recursos Naturales ha estado intensamente ocupado en recorrer el territorio nacional para identificar las operaciones ilegales y determinar cuáles van a ser las acciones a tomar. La minería a cielo abierto no ha sido mínimamente responsable con los derechos de las comunidades afectadas. Ha sido un modelo extractivo y abusivo, que dejó como resultado comunidades desplazadas, derechos violentados y un medio ambiente deteriorado y contaminado. Somos ricos en recursos naturales, tenemos bosques, minerales, y tenemos el derecho de explotarlos, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo de una manera sostenible y respetuosa, con las comunidades y el ambiente. Esa es una agenda importante para este gobierno.

-¿Alguno de estos conflictos podría judicializarse?

-Las operaciones mineras más importantes del país están vinculadas con empresarios cercanos a Juan Orlando Hernández. En gran medida, son corporaciones que van a tener que rendir cuentas ante la justicia por sus abusos a los derechos humanos y por muchos tipos de crímenes cometidos. Repito: necesitamos la inversión, necesitamos generar empleos y aprovechar los recursos que tenemos, pero tiene que darse de manera respetuosa con la población y el ambiente. Y vamos a ser totalmente contundentes contra quienes pretendan continuar de manera abusiva y por fuera de la ley con la extracción de recursos.

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Chile: los dilemas que plantea Boric en política exterior

El flamante mandatario toma distancia de Unasur, Prosur y el Grupo de Lima

El nuevo presidente chileno eligió en Cancillería a la abogada Antonia Urrejola. Una mujer que pasó por varios cargos en los gobiernos de la Concertación y  presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 

El gobierno de Gabriel Boric cumple diez días y porta un documento genérico de izquierda. Pero si hay un área donde debe vérselo caminar para definir su perfil, esa será su política exterior. La cancillería es ocupada por Antonia Urrejola, una abogada que a poco de ser elegida para el cargo, ya recibía críticas por su pasado en la OEA junto a José Miguel Insulza primero y Luis Almagro después. Presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 y pasó por diferentes relatorías. En el informe de febrero de 2020 sobre el golpe de Estado en Bolivia esa organización señaló que Evo Morales había renunciado y que la expresidenta de facto, Jeanine Añez, había asumido un “interinato”. No hubo ni una mención literal del derrocamiento. La misma funcionaria firmó un documento lapidario sobre la situación en Nicaragua y durante su mandato no llegó a entregarse el informe final sobre violaciones a los DD.HH del gobierno de Sebastián Piñera contra la rebelión popular de 2019. En enero de este año recién se conoció un dictamen bastante tibio, cuando la actual ministra ya había abandonado la CIDH.

El 14 de marzo, el nuevo presidente de Chile señaló que estaba en contra de organismos regionales como Unasur, Prosur y el Grupo de Lima, el primero integrado por países como Venezuela y Bolivia y los otros dos por gobiernos alineados con Estados Unidos. Fue una formulación un tanto equidistante en política exterior con una crítica concreta. Boric dijo que “la serie de siglas que ustedes conocen han mostrado que no sirven para unirnos y avanzar en la integración”. Una integración que el joven mandatario dice pregonar.

En la misma conferencia de prensa recordó que veía con simpatía a la fuerza Pacto Histórico de Colombia que lidera el dirigente de izquierda Gustavo Petro y comentó que tenía “afinidades con Lula, con Dilma y con el MAS en Bolivia”. En esa misma sintonía se incluye la empatía que mostró con el presidente argentino Alberto Fernández. Su primer viaje como mandatario en ejercicio – prometió - será a este lado de la cordillera de Los Andes.

El día del traspaso del mando en el Congreso de Valparaíso hubo varios jefes de Estado sudamericanos presentes, con excepción de tres. Iván Duque de Colombia, Jair Bolsonaro de Brasil (lo representó su vice, Hamilton Mourao) y Nicolás Maduro de Venezuela. Para este último presidente “no hubo invitación” como le informaron a PáginaI12 desde la embajada en Buenos Aires. Tampoco se cursó una al gobierno de Managua. No fueron pocos los medios que le atribuyeron a Boric una conducta semejante con Cuba. Pero la noticia quedó desmentida de inmediato con la presencia en Chile del canciller de la isla Bruno Rodríguez Parrilla.

Desde su cuenta de twitter, el ministro de Relaciones Exteriores comentó: “Fue un placer saludar al Presidente de Chile @gabrielboric y transmitirle una felicitación a nombre del Presidente @DiazCanelB. Le reiteré nuestros más sinceros deseos de éxito y expresé la voluntad de profundizar las relaciones bilaterales”. También se reunió con la canciller y lo expuso por la misma vía: “Sostuve encuentro con Antonia Urrejola Noguera, a quien reiteré nuestras felicitaciones por su designación como Ministra de Relaciones Exteriores de Chile. Confirmamos voluntad de profundizar las relaciones bilaterales y de cooperación entre ambos países”.

La lista de presidentes, vicepresidentes, primeros ministros y cancilleres presentes en la asunción de Boric fue indicativa del arco ideológico diverso que contiene hoy Latinoamérica. Convivieron en ella el economista del MAS, Luis Arce, de Bolivia, su colega el empresario neoliberal Guillermo Lasso de Ecuador y el peruano Pedro Castillo, un maestro de izquierda que abraza la causa indigenista. Según lo indicado por la Cancillería chilena a este medio, también asistieron en condición de invitados especiales del presidente Boric la escritora nicaragüense Gioconda Belli, ex integrante del sandinismo y opositora después del gobierno de Daniel Ortega; el candidato a presidente colombiano Petro, el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera y el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se estrechó en un prolongado abrazo con Boric que las cámaras de la TV chilena tomaron con detalle.

En esa lista republicana y más allá de las diferentes expresiones políticas desentonaba el rey de España Felipe VI. La nobleza suele estar presente cuando se producen este tipo de ceremonias en sus ex colonias. El presidente chileno, unos días más tarde de su asunción, explicó en la misma conferencia de prensa: “Nuestras relaciones son institucionales con las presidencias de los países, sean cuales sean”.

La historia política de Boric como militante estudiantil y después diputado nacional, tiene definiciones, gestos y afinidades que conducen hacia los inicios de Podemos en España. Su cercanía con Iñigo Orrejón, fundador de esa fuerza y hoy en Más País, es conocida. Cuando el dirigente madrileño de su misma generación escribió el libro Con todo, de los años veloces al futuro, Boric subrayó una frase del texto después de leerlo: “Los revolucionarios se prueban cuando son capaces de generar orden”. El español se lo agradeció públicamente.

Una de las prioridades que anunció el presidente chileno para su política exterior es el cambio climático. En las primeras horas de su gobierno conversó sobre el tema con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. “Tenemos un interés común en acelerar la lucha contra el cambio climático y robustecer las instituciones democráticas en el planeta. Continuaremos trabajando juntos en este camino”, dijo Boric.

Muy crítico de la intervención de Rusia en Ucrania, llegó a sugerir que Vladimir Putin debería ser perseguido por los tribunales internacionales de Justicia: “Creo que, hechos como el bombardeo en Mariupol del hospital de Niños, de ratificarse, constituyen antecedentes suficientes para pensar en eso”.

Estas son algunas de las definiciones del nuevo presidente chileno que eligió para manejar las relaciones exteriores a la abogada Urrejola. Una mujer que pasó por varios cargos en los gobiernos de la Concertación, fue asesora durante la presidencia de Michelle Bachelet y militó en su juventud en el Partido Socialista que lideró Salvador Allende. Sus detractores la ubican en una línea de seguidismo a Estados Unidos. Su posición sobre la guerra que sacude al mundo es, como no podía ser de otra manera, coincidente con la de Boric.

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Pedro Castillo quiere fortalecer la Celac y reactivar Unasur

Claves de la política exterior del nuevo gobierno de Perú

“Condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que sólo afectan a los pueblos”, dijo el nuevo canciller Héctor Béjar. La derecha quiere un ministro alineado con EE.UU. 

 

Una política exterior “abierta y democrática”, que priorice la integración regional, el fortalecimiento de organismos como la Celac y el Grupo Andino, y la reactivación de Unasur, anunció el nuevo canciller peruano Héctor Béjar al asumir el cargo este lunes. En su primer discurso como ministro de Relaciones Exteriores, dijo que “la autonomía e independencia serán un principio esencial de la nueva diplomacia peruana, las decisiones se tomarán en función de los intereses del nosotros, que es la expresión colectiva de la nación, y no de intereses de otros”. Es una declaración que anuncia un cambio de una política exterior que en el último tiempo ha sido cuestionada por su dependencia de Washington.

Blanco de la derecha

El nuevo canciller peruano, sociólogo de 85 años, es un viejo militante de la izquierda que participó en las guerrillas guevaristas de los años sesenta. Es un reconocido intelectual y profesor universitario. Su viejo pasado guerrillero y su larga militancia izquierdista lo han convertido en blanco de la derecha, que exige su salida del gabinete con un discurso abiertamente macartista que se ha convertido en hegemónico en los medios. La derecha quiere un canciller alineado con la política exterior estadounidense, que se dedique a condenar a Cuba y Venezuela, que se olvide de Unasur y la integración regional. Béjar no entra en ese perfil. Por eso presionan para lograr su salida.

El canciller puso énfasis en decir que su gestión trabajará por fortalecer la integración y cooperación regional “sin distinciones ideológicas”. “América Latina -precisó- es y será la prioridad geográfica y sociológica de la política exterior. Es nuestro entorno inmediato, territorial, histórico, económico, social y cultural. El espacio de nuestra propia historia. Retiraremos del Congreso la solicitud para que el Perú denuncie el tratado que instituyó Unasur. Por el contrario, impulsaremos su reconstitución y modernización, como el organismo de cooperación y consulta que afirme en este mundo global la identidad propia de Sudamérica. Reinsertaremos vigorosamente la presencia peruana en la Celac, trabajaremos en su fortalecimiento e impulsaremos su capacidad de acción”, señaló. También anunció una política para “revalorar” y “modernizar” la Comunidad Andina, formada por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

Distancia con el Grupo de Lima

No mencionó al Grupo de Lima, formado para promover la caída del gobierno venezolano y convertido en vocero internacional de la oposición al régimen de ese país, que el Perú ha integrado con entusiasmo en los anteriores gobiernos, pero fue claro en señalar que el nuevo gobierno se guiará por el principio de “no intervención en los asuntos internos de otros países” y que en ese marco buscará contribuir a un diálogo entre los distinto sectores venezolanos y no el enfrentamiento con el gobierno de ese país. Un claro distanciamiento del Grupo de Lima.

“Nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando en esto y con un conjunto de países latinoamericanos en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela sin intervenir en su política interna”, anunció, revelando la intención de un acercamiento al Grupo de Contacto, que, a diferencia del Grupo de Lima que apuesta por el enfrentamiento, busca el diálogo entre todas las partes en conflicto en Venezuela, “Favoreceremos una renovación democrática en Venezuela, que se respeten los derechos sociales de los venezolanos. Tengan en cuenta que en Venezuela existe un sistema de seguridad social universal y un sistema de educación universal”, apuntó, para escándalo de la derecha. 

En una de sus primeras acciones como canciller, Béjar se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y expresó su intención de mejorar las relaciones entre ambos países. La derecha le saltó al cuello. Béjar, tranquilo, respondió que su tarea es mejorar las relaciones “con todos los países”, que se ha reunido y lo seguirá haciendo con distintos cancilleres, parte esencial de su trabajo. En un breve encuentro con los medios, le preguntaron si se reunirá con el embajador en Lima del fantasmal gobierno de Juan Guaidó, reconocido por los anteriores gobiernos peruanos. “No sé quién es ese señor, no lo conozco”, respondió irónico.

Fue enfático en condenar los bloqueos, como los que sufren Cuba y Venezuela, aunque no mencionó directamente a estos países al referirse a este tema. “Condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que solo afectan a los pueblos”, dijo en su discurso con el que se estrenó como canciller.

El presidente Pedro Castillo ha enfatizado que su prioridad es la lucha contra la pandemia y la vacunación, y Béjar ha indicado que eso se trasladará a la política exterior promoviendo iniciativas a nivel regional “para establecer acuerdos y estrategias comunes”. “Sudamérica y América Latina -afirmó- tienen una deuda pendiente con sus pueblos para articular una acción conjunta y responsable en la lucha regional contra la covid- 19. Nuestros países tienen la obligación ética de cooperar en esta lucha, independientemente de las orientaciones políticas de los gobiernos”.

En el inicio de su gestión, el canciller destacó que la defensa de los derechos humanos, los derechos económicos y sociales, de los pueblos indígenas, de las minorías sexuales, las políticas de igualdad de género, la defensa del medioambiente, serán parte central de la nueva política exterior peruana

Por Carlos Noriega

02/08/2021

Publicado enInternacional
Entre el desborde de la pandemia y las protestas, Mercosur se queja de EEUU y busca auxilio en China

Las palabras de los cancilleres del Mercosur deben haber caído como una bomba en los despachos de la Casa Blanca. "Sólo China está escuchándonos, China está golpeando nuestras puertas", dijo el uruguayo Francisco Bustillo, en la conferencia organizada por el centro de pensamiento Atlantic Council, con sede en Washington.

 

En el evento participaron además Felipe Solá, por Argentina, Ernesto Araújo de Brasil, Euclides Acevedo de Paraguay, completando los cuatro países fundadores del Mercosur (Mercado Común del Sur) cuando se cumplen los 30 años de fundación del bloque sudamericano.

Pese a las enormes diferencias ideológicas y políticas, los cuatro cancilleres reclamaron a EEUU que preste más atención a la región, que está siendo cautivada por China que ya es el principal socio comercial de varios de sus países.

Además de quejarse, pidieron ayuda con las campañas de vacunación. Al respecto, Bustillo enfatizó que "Estados Unidos debe escucharnos porque el único que nos presta atención es China, que golpea continuamente nuestras puertas porque el Mercosur somos una región muy rica. Es importante que EE.UU. reconozca que hay un bloque que apoya aún a Occidente, pero se deben preocupar y acercar más a nuestra región".

El argentino Solá, cuyo país ocupa la Presidencia pro témpore del Mercosur, enfatizó que "hay una reconfiguración del tablero internacional y no se puede desconocer el rol protagónico cada vez mayor de China".

En tanto, Bustillo pidió asistencia por el "tsunami económico" que está sufriendo la región por la pandemia de COVID-19. Pero fue el paraguayo Acevedo el más enfático a la hora de denunciar la escasez de vacunas. "Las vacunas deberían ser un bien común universal, pero no las obtenemos debido a la avaricia de algunos", señaló Acevedo.

En Paraguay estos días se registran importantes manifestaciones populares de una población cansada de la pandemia, donde la campaña de vacunación aún no ha comenzado.

Un reciente informe de la edición brasileña del diario El País, plantea la enorme desigualdad en la distribución de vacunas en la región, que se superpone a la que existe en el mundo. Hasta ahora América Latina recibió vacunas para inmunizar apenas el 2,8% de la región, pero el 87% de las dosis se concentran en cuatro países: Brasil, Chile, México y Argentina.

El presidente de la Cruz Roja argentina, Diego Tipping, destacó que "dos tercios de las vacunas fueron destinadas a los países más poderosos y apenas el 0,1% a los 50 países más pobres". En ese sentido, México llevó una demanda por mayor equidad en la distribución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

De los cuatro países del Mercosur, la mayoría de las vacunas recibidas provienen de Rusia y de China. Argentina viene vacunando con Sputnik V, AstraZéneca y Sinopharm. Brasil fabrica la Sinovac en el instituto Butantan y AstraZéneca en el instituto Fiocruz. En tanto, Uruguay vacuna prioritariamente con Sinovac y cuenta con algunas dosis de Pfizer. Por último, Paraguay recibió vacunas Sputnik V.

El caso de Uruguay es sintomático. Aunque el Gobierno de Luis Lacalle está alineado con Washington, está recibiendo casi dos millones de vacunas de Sinovac y apenas 50.000 de Pfizer, pese que la empresa estadounidense asegura que "Uruguay tuvo prioridad para recibir las vacunas".

Los principales países de la región están considerablemente atrasados en la vacunación. Brasil y Argentina se acercan al 5% con la primera dosis. En contraposición, Chile ya vacunó al 30%, pero Paraguay, Venezuela y Ecuador aún no llegan al 1%.

El viraje político más evidente fue el de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro había dicho que jamás compraría vacunas chinas. Esta semana, el Ministerio de Salud envió una carta al embajador de China para que "interceda ante la estatal Sinopharm para que libere 30 millones de dosis del inmunizante".

El Ministerio de Salud es consciente de que Brasil enfrenta una situación especialmente grave, como consecuencia de la variante P1, originaria de Manaos y mucho más contagiosa."El Ministerio de Salud está consciente de la importancia de contener esta cepa e impedir que se difunda por el mundo, recrudeciendo la pandemia", afirma la carta.

La llamada de auxilio de los cancilleres del Mercosur se relaciona con dos hechos de días que tienen un enorme poder desestabilizador, poniendo en jaque a los gobiernos.

El primero y más acuciante es el desborde literal del sistema de salud en Brasil y también en Paraguay. La mayoría de las ciudades brasileñas tienen más del 80% de las plazas de Unidades de Tratamiento Intensivo (UTI) ocupadas. En varias ciudades importantes, como Porto Alegre, el 111% de las camas de UTI están ocupadas, o que indica que hay enfermos esperando en los pasillos.

La desesperación del gobierno de ese estado lo llevó a firmar un convenio para la compra de 10 millones de dosis de Sputnik V para superar la inoperancia del Gobierno nacional.

El segundo problema se deriva directamente del anterior. Los sucesos de Paraguay, con enormes manifestaciones de jóvenes cansados de la pandemia y de la ineficiencia del Gobierno de Mario Abdó Benítez, provocó la renuncia de todo su gabinete para ganar tiempo y conseguir capear la crisis.

Sin embargo, las manifestaciones continúan y nada hace pensar que vayan a desactivarse. Paraguay recibió apenas 20.000 dosis de Sputnik V, entregadas por el Gobierno argentino. Pero hasta ahora vacunó apenas a 4.600 personas, el 0.06% de la población.

Lo que detonó las movilizaciones, según una referente de las ollas populares donde comen miles de paraguayos, "es la crítica situación de la salud, las familias que tienen familiares internados no tienen medicamentos, sin embargo se hizo un préstamo de 1.600 millones de dólares que se esfumó porque no se destinó a la compra de medicamentos, de insumos o equipamiento de hospitales y colapsó definitivamente".

Los demás gobiernos del Mercosur y de la región tienen que haber tomado buena nota de lo que viene sucediendo en Paraguay. No olvidan tampoco que cuando comenzó la pandemia, había protestas importantes en Chile, Ecuador y Colombia, y que en el medio de la pandemia se registró un levantamiento popular en Bogotá contra el abuso policial y otro en Perú contra un golpe parlamentario.

Nadie puede saber si en esta situación de cansancio, de mala gestión de la pandemia y de pobreza creciente, pueden producirse estallidos sociales. A mi modo de ver, esto está detrás de las críticas a EEUU y la pedida de auxilio a China.

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Las políticas exteriores de América Latina en tiempos de autonomía líquida

El debate político y académico en torno de la noción de autonomía que se inició en la Guerra Fría vuelve a cobrar vigencia, pero partiendo de diagnósticos y supuestos diferentes. Las políticas exteriores de América Latina sufren hoy un doble acoso sistémico: los embates de Westfalia y Mundialización, con procesos de concentración y de difusión del poder. En un contexto de agudización de la dependencia de la región, las políticas exteriores deberán prepararse para los escenarios más restrictivos y adversos, fortaleciendo las capacidades de resiliencia frente a acontecimientos inesperados, mitigando riesgos y aprovechando oportunidades.

 

Introducción

En la tercera década del siglo xxi, las políticas exteriores de América Latina están sometidas a un doble acoso sistémico: la intensificación de la disputa hegemónica Estados Unidos-China, con sus consecuentes turbulencias, y la aceleración de una tendencia global hacia el caos y la entropía, con sus derivaciones e incertidumbres críticas. La multiplicación y transversalización de los riesgos globales, así como los desafíos geopolíticos, geoeconómicos y geotecnológicos que plantea la disputa sinoestadounidense, demandarán de mayores capacidades de resiliencia de los Estados-nación para adaptarse y salir adelante de escenarios más restrictivos y adversos. Ese doble juego, en un contexto de deterioro económico-social y de múltiples crisis en los países de la región, introduce nuevas presiones y tensiones en los espacios de autonomía. 

Sobre el final de la segunda década del siglo xxi, el declive relativo del poder estadounidense en el hemisferio occidental viene acompañado de la amenaza del uso de la fuerza, interferencia militar, ruptura de consensos de posguerra y mayor inclinación a la imposición por sobre la consulta y el respeto a las decisiones de los socios. La novedad de esta transición hegemónica con respecto a anteriores es el avivamiento de la rivalidad con China, una potencia no occidental en ascenso que desafía en los campos económico, financiero, tecnológico y comercial a eeuu. Aunque se desconoce la duración del proceso y si China finalmente trasladará su poder económico al campo militar con mayor presencia fuera de sus fronteras, uno de los escenarios plausibles podría ser la elevación de los niveles de pugnacidad como consecuencia de una mayor asertividad y de un más frecuente uso de la diplomacia coercitiva.

Si hoy las narrativas de unidad latinoamericana como Patria Grande, Nuestra América o Indoamérica están en franco retroceso frente a un mosaico de realidades desagregadas sin vínculos con acciones colectivas, ¿ingresamos en una era de postautonomía? ¿Es posible, entonces, seguir pensando en términos de instancias regionales necesarias para preservar la autonomía? ¿Es necesario desarmar los marcos políticos que dieron forma a las concepciones de autonomía y comenzar a diseñar los trazos de nuevas experiencias menos arraigadas en los dogmas, las utopías o las dicotomías, y más realistas, graduales, acotadas o parciales, pero internacionalmente viables? Estos interrogantes constituyen la materia de reflexión de este artículo.

Un mundo de arenas movedizas

Para entender el sistema global contemporáneo, es necesario remitirse a la caída del Muro de Berlín en 1989. El mundo que devino con la Posguerra Fría era lo más parecido a un cosmos para Washington: liderazgo global indiscutido, primavera democrática liberal y auge de la economía de mercado. El famoso «fin de la Historia» era, en realidad, una vuelta de página y un anuncio de futuro redentorio sin contrapesos: la idea de que era posible una sociedad cosmopolita mundial y, en consecuencia, una mayor confianza en el futuro de la paz y la democracia en el mundo. Sin embargo, aquella transición solo trajo consigo un espejismo de mediano plazo: la aparente reducción de la incertidumbre mundial estaba asentada en un excesivo optimismo de las elites occidentales sobre las oportunidades de la globalización.

La era de la entropía en la que están ahora inmersos los Estados-nación es una versión pesimista, en términos normativos y filosóficos, de la famosa teoría de la «interdependencia compleja»1. El crecimiento exponencial de los canales de contacto transnacionales no es fuente exclusiva de beneficios, sino que también multiplica las incertidumbres y transversaliza los riesgos globales. Los más importantes en términos de impacto son ambientales: calentamiento global, fallas en la acción climática, desastres naturales, pérdida de biodiversidad, desastres ambientales provocados por los seres humanos y crisis del agua. A estos se suman los geoeconómicos, geopolíticos, socioespaciales y geotecnológicos: fraude o robo de datos, ciberataques, fallas de la gobernanza global, crisis alimentarias, fallas de planeamiento urbano, armas de destrucción masiva, migración forzada, flujos financieros ilícitos, crisis financieras y pandemias2. Antes, se suponía que la noción de riesgo era un intento de regular el futuro; hoy, los desafíos son del presente y del corto plazo, lo que acorta los tiempos para la cooperación internacional y el diseño de políticas públicas destinadas a mitigarlos.

El escenario actual se parece a una contienda entre dos polaridades: el mundo de las interacciones entre Estados, o Westfalia, de un lado; y el mundo de la globalización y las interacciones transnacionales más allá de los Estados, o Mundialización, del otro. Las tensiones y contradicciones entre un proceso de concentración del poder internacional que supone el primero y un proceso de difusión de ese mismo poder que introduce el segundo son bien palpables. Westfalia pone el acento en los Estados-nación, las fronteras, el territorio, la soberanía y el control de los flujos transnacionales. Mundialización diluye la noción de fronteras, dejando traslucir el papel de los actores no gubernamentales, las grandes corporaciones digitales, la banca financiera multinacional, las organizaciones criminales y los movimientos sociales transnacionales de ambientalistas, feministas o de derechos humanos, entre otros. En este contexto, asistimos a una situación crítica en la que coexisten fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas del orden internacional. La competencia geopolítica y la globalización del capital aumentan las tensiones y plantean desafíos de escala macroscópica y microscópica a la autonomía de los Estados-nación.

Una región en caída libre

A medida que los cambios sistémicos toman cuerpo, se consolida la tendencia a la pérdida de gravitación política de América Latina en el mundo. Cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas (onu) en 1945, 20 de los 51 miembros iniciales eran países latinoamericanos. Hoy, son 193 países miembros y la dispersión del voto de la región, así como el menor peso específico del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (grulac), le restan aún más influencia como bloque. Según el índice de poder militar de Global Firepower de 2006, Brasil, México y Argentina ocupaban, respectivamente, las posiciones 8, 19 y 33; en 2020, Brasil está en el puesto 10, México en el 38 y Argentina en el 433. En el Soft Power Index, Brasil se ubicó en el lugar 23 en 2015, en el 24 en 2016 y en el 26 en 2019; mientras que Argentina mantuvo el puesto 304. Hoy asistimos a un escenario políticamente fragmentado, en el que las iniciativas de integración regional, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (can), la Alianza del Pacífico (ap), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) atraviesan situaciones de irrelevancia, estancamiento o desmantelamiento, según el caso.

Al tiempo que la región declina y pierde peso político en Westfalia, se observa una preocupante tendencia a la desinserción económica en Mundialización. Sobresale, en ese mundo, el pronunciado declive de la participación de América Latina en las cadenas globales de valor. De una participación en el total de exportaciones mundiales de 12% en 1955, la región pasó a 6% en 2016, para llegar a su peor performance de 4,7% en 20185. Las solicitudes de nuevas patentes tecnológicas provenientes de la región equivalían a 3% del total global en 2006, bajaron a 2% en 2016 y llegaron a un insignificante 0,62% en 20186. Los gastos en investigación y desarrollo como porcentaje del pib en el transcurso de dos décadas se mantuvieron estancados en un promedio de 0,65%7. La pandemia de covid-19 llevará a la mayor contracción económica de la historia de la región, por lo que revertir esa trayectoria declinante de siglos será aún más difícil.

La impotencia que experimenta la región es, además, consistente con una tendencia que persiste hacia la desintegración y la fragmentación política y económica. El menor volumen del mercado regional y la escasa participación en cadenas de valor regionales se explican por el perfil de especialización productiva y de los socios comerciales predominantes de los países de la región. La especialización se centra en «cadenas cortas» (de pocos países) y de baja complejidad económica, con escaso o nulo valor agregado, como las agroindustriales, en las que el grueso de las exportaciones son bienes finales o intermedios que suelen ser consumidos en el país de destino, lo que disminuye la participación regional «aguas abajo» o en futuras exportaciones de los países que compran a la región. Las dinámicas comerciales empujadas por el ascenso económico de China (el primer socio comercial de Sudamérica, salvo para Colombia, Ecuador y Venezuela, que mantienen a eeuu como primer socio) refuerzan la «primarización» o la escasa diversificación de las economías e incrementan los incentivos para buscar atajos bilaterales fuera de los espacios de convergencia regionales8.

En la tercera década del siglo xxi, los obstáculos a la integración regional serán enormes; es la era de la Cuarta Revolución Industrial, en la que unas pocas potencias tecnológicas y unas pocas empresas digitales tendrán un peso cada vez mayor. La tendencia a la concentración de mercado y geográfica de los polos de innovación en tecnologías disruptivas es alarmante. China y eeuu detentan 90% de las 70 principales plataformas digitales, 78% de las patentes de inteligencia artificial, 75% de las patentes de tecnología blockchain, 50% del gasto global de internet de las cosas y 75% del mercado de computación en la nube9. Si se consolida la tendencia que muestra la región a la dependencia tecnológica, la adquisición de proyectos de transferencia de tecnología «llave en mano» y la falta de inversión en infraestructura y desarrollo científico para la producción y la difusión de tecnologías disruptivas, se estará ya no en una situación de periferia, sino de marginalidad en Mundialización.

Un tablero de disputas

Para abordar la situación geopolítica regional, hay que subrayar un cambio de rango y ritmo en la política de los Estados-nación. La región pasó de un sistema predecible, relativamente constante, con ciertos principios de concertación interestatal y de resolución autónoma y pacífica de conflictos hacia uno inherentemente desconocido, errático, fragmentado y desprovisto de regularidad de comportamientos. Ni escenarios de equilibrio de poder ni de hegemonía regional son ya esperables. Quizás resulte más adecuado referirse a la noción de «vacíos regionales» que son ocupados por potencias extrarregionales y/o empresas transnacionales y actores no estatales, según las capas y tejidos de la geopolítica que estén en tensión. 

A medida que se hace más pronunciado el declive de la región, aumenta su nivel de exposición y vulnerabilidad frente a la interferencia externa. La presencia de eeuu en Centroamérica y el Caribe, así como los lazos con Colombia y Brasil, tienen como pretexto la «guerra contra las drogas» y el acorralamiento a Venezuela, pero su verdadero propósito es incrementar la injerencia militar en la región. La internacionalización de la crisis venezolana y su no resolución tienen como protagonistas a tres grandes potencias extrarregionales: eeuu, China y Rusia. Brasil puede ser un potencial espacio de conflicto para Francia, su vecino de la frontera norte en la Guayana Francesa, que arremete contra la deforestación del Amazonas. La mayor exposición a ciberataques, la presencia ilegal de varias potencias y buques pesqueros en el espacio marítimo del Atlántico Sur, el rearme de Reino Unido en las islas Malvinas o una batalla geopolítica que podría librarse por los recursos naturales en la Antártida ante un eventual escenario de vencimiento del Protocolo de Madrid en 2048 sobre prohibición de la explotación de recursos minerales y la protección del medio ambiente, dejan traslucir el principal dilema de Westfalia en la región: ¿cómo ejercer un control efectivo de los entornos terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial que al mismo tiempo preserve la autonomía, en un contexto de declinación pronunciada y de deterioro económico y social?

La competencia geopolítica no es exclusiva del ámbito estratégico y militar. Westfalia intenta, además, domar a Mundialización, llevándola hacia su propio reducto con medidas que tienden a una mayor politización o «securitización» del comercio, las finanzas y las transferencias tecnológicas. El nexo entre seguridad, comercio y finanzas se hace evidente tras el lanzamiento, en 2019, de la iniciativa «América Crece» de eeuu, que busca ofrecer una plataforma para financiar a su sector privado y contrarrestar el avance de proyectos chinos en la región, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (conocida también como la nueva Ruta de la Seda), propuesta en 2013, y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, creado en 2014. En tanto, la vinculación entre seguridad, control de datos y tecnología es palpable en el intento del Departamento de Estado de prohibir a Huawei y detener el avance de la tecnología 5g de origen chino en la región. Como respuesta, existe una decisión de Beijing de impulsar activamente una diplomacia más coercitiva y asertiva. La denominada «diplomacia de los lobos guerreros»10 es reflejo de un discurso más confrontativo de los embajadores chinos, pero también síntoma de una elevación de los niveles de tensión con eeuu y Taiwán, de una mejor calibrada y quirúrgica penetración política y económica en la región a través de acuerdos con gobiernos subnacionales y de una todavía resistente agenda política que vincula asistencia o ayuda con objetivos diplomáticos, como muestran los casos de establecimiento de relaciones con Panamá en 2017, República Dominicana y El Salvador en 2018, o la mayor presión recibida por Paraguay durante la pandemia en 2020; todos estos, países que tenían estrechas relaciones con Taiwán, considerado por China como una provincia. 

Si bien son palpables una elevación de los niveles de pugnacidad y una ampliación de los rangos de disputa en la región, sería errado sostener que la politización de Mundialización coloca a los gobiernos latinoamericanos frente a una disyuntiva o cálculo de elección entre pertenecer a uno u otro bloque. No asistimos a una segunda Guerra Fría, sino a una intensificación de una disputa hegemónica en un marco de profunda interdependencia económica entre ambas potencias. Las capas económicas, financieras, comerciales, tecnológicas y migratorias entre Washington y Beijing están imbricadas. Washington y Moscú intercambiaron solo 4.000 millones de dólares en 1979, el mejor año. Hoy, eeuu y China comercian ese monto en solo tres días de intercambios. Las inversiones entre ambos alcanzaron los 260.000 millones de dólares, y la tenencia de bonos del Tesoro en manos chinas es de 1,6 billones11. De allí emerge la gran contradicción de este tiempo: mientras Westfalia y las batallas geopolíticas dividen a eeuu y China, Mundialización y las dinámicas de la economía política internacional los unen.

Surfeando en la autonomía líquida

A lo largo de la historia, para América Latina, la noción de poder no ha estado centrada principalmente en la influencia, sino en la autonomía. Como señala Benjamin Cohen, la influencia es poder sobre otros, la autonomía es poder para implementar políticas y resistir presiones12. Las conceptualizaciones convencionales sobre las grandes potencias se preguntan cómo lograr lo primero, los enfoques teóricos que abordan como objeto de estudio a los países de la periferia se plantean cómo incrementar lo segundo. Por eso, la autonomía ha estado siempre en el corazón de las investigaciones sobre política exterior del Sur global.

La conceptualización de la autonomía en América Latina se inicia en la Guerra Fría y tiene como padres fundadores a Juan Carlos Puig en Argentina y a Helio Jaguaribe en Brasil. Aquellas interpretaciones partían de dos premisas fundamentales en el campo de las relaciones internacionales: a) el sistema internacional es jerárquico, y no anárquico, como sostienen los realistas y los liberales, y b) los proyectos nacionales y las creencias de las elites determinan el tipo de relaciones a que aspira un país con las grandes potencias. La noción de «autonomía heterodoxa» se caracterizaba, así, por una disposición de la elite a no confrontar totalmente con los intereses estratégicos de la potencia dominante, pero en simultáneo postular un proyecto en gran medida disidente, especialmente en lo que hace a la defensa de los intereses nacionales13

Una segunda ola de estudios sobre la autonomía hace su aparición en la Posguerra Fría. En el «realismo periférico» de Carlos Escudé, la noción de autonomía aparece asociada a la idea de confrontación producto de una sobreestimación del margen de maniobra de los Estados débiles, que no distinguía entre la autonomía que un Estado posee (que es consecuencia de su poder) y el uso de esa autonomía14. En la primera década del siglo xxi, Roberto Russell y Juan Tokatlian retoman ese debate, planteando la noción de «autonomía relacional». A diferencia de Escudé, sostienen que la «autonomía relacional» no es confrontación ni aislamiento, sino disposición de un país a actuar de manera independiente y en cooperación con otros, en forma competente, cooperativa y responsable15. Los autores proponen, además, una escala de grados a lo largo de un continuo cuyos extremos son dos situaciones ideales: dependencia total o autonomía completa. La autonomía, desde esta categorización, es siempre una cuestión de grado que depende fundamentalmente de las capacidades, duras y blandas, de los Estados y de las circunstancias externas a las que se enfrentan16.

Hay, finalmente, una tercera ola de estudios que aporta una diferenciación analítica de la autonomía, ya no en cuestión de grados, sino en la clasificación de los subtipos de autonomía. Los académicos brasileños Tullo Vigevani y Gabriel Cepaluni clasifican la noción de autonomía para explicar la evolución del caso brasileño en tres formas: «autonomía en la distancia», cuando el país confronta con las normas e instituciones internacionales y con la gran potencia, a la vez que tiende al aislamiento y el desarrollo autárquico; «autonomía en la participación», cuando la orientación externa se basa en un compromiso por la gobernanza global y las instituciones multilaterales; y «autonomía en la diversificación», cuando se asienta principalmente en las relaciones con el Sur global17. La «autonomía con adjetivos» habilita la comparación sincrónica entre países y la comparación diacrónica de un mismo país a lo largo del tiempo. 

El debate sobre la autonomía hoy continúa vigente, pero parte de diagnósticos y supuestos diferentes de aquellos que dieron origen a las reflexiones de los padres fundadores en el Cono Sur. En primer lugar, las actuales tensiones entre Westfalia y Mundialización son una manifestación de las contradicciones que genera un orden internacional en el que coexisten fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas, tanto en el plano estatal como en el no estatal, que combina simultáneamente niveles de concentración y difusión del poder, dinámicas de conflicto y de interdependencia, de competencia geopolítica y de cadenas de inserción en la globalización, de control territorial y de flujos transnacionales, en escalas macroscópicas y microscópicas18. En segundo lugar, la autonomía ya no es una disposición que ejerce de manera libre y deliberada exclusivamente una elite: las sociedades son más complejas y la política exterior no es distinta del resto de las políticas públicas. En la actualidad, las fronteras que definen la orientación externa de un país están abiertas a la influencia e interposición de distintas e intrincadas dinámicas multiactorales (entre actores estatales y no estatales) y multinivel (entre gobiernos nacionales y subnacionales).

Lejos de la solidez inquebrantable de la «autonomía heterodoxa» de la Guerra Fría, la autonomía hoy sigue siendo posible, pero es más líquida y frágil. La sociología reflexiva del cambio ofrece una interpretación válida sobre el comportamiento de los Estados19. En un mundo entrópico, las condiciones de actuación de los países pueden cambiar antes de que las formas de actuar se consoliden en conductas determinadas. Frente al doble acoso sistémico que plantean los procesos de transición hegemónica y de entropía e incertidumbre –los embates de Westfalia y Mundialización– en un escenario de agudización de la dependencia de la región, las políticas exteriores latinoamericanas tienen menor margen para la contestación o la resistencia. Sin embargo, eso no debe llevar a un juicio imposibilista y paralizante que únicamente preste atención a los limitantes de estructura y subestime las potencialidades de agencia. La construcción de horizontes posibles y viables para la acción externa está tanto en reconocer la fragilidad de los escenarios globales y regionales como en la capacidad de los Estados de anticiparse y ser resilientes frente a la adversidad y los acontecimientos inesperados, mitigando riesgos y aprovechando oportunidades.

El no alineamiento o la neutralidad como alternativa a una subordinación automática, ya sea a Beijing o a Washington, aparece hoy en la retina de académicos y políticos20. La prescripción normativa de mantener una posición equidistante frente a las dos potencias es correcta, pero insuficiente para un mundo y una región que cambiaron. Para mejorar la capacidad negociadora y fortalecer la respuesta frente a la multiplicación y transversalización de riesgos globales, los países de la región que busquen preservar márgenes de maniobra deben pensar menos en el «espíritu de Bandung» y más en un «espíritu de abacc Plus». La agencia de control nuclear entre Argentina y Brasil (abacc), creada en los años 90, es un ejemplo que perdura en un terreno dominado por potencias nucleares. También la reciente alianza entre México y Argentina para producir la vacuna contra el coronavirus o el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología (cabbio) son muestras del potencial de las agendas de nicho. Sin embargo, será también necesario que esas agendas técnicas escalen hacia una comunidad de sentido que solo surgirá de la existencia de un sustrato político, económico y social cimentado por valores comunes, intereses mutuos y objetivos estratégicos compartidos entre países de la región.

Reflexiones finales

El horizonte futuro de América Latina estará signado por un conjunto de tensiones que se derivan de la confluencia de crisis simultáneas asociadas a riesgos globales: crisis sanitarias, crisis de desigualdad social, crisis climáticas y de pérdida de biodiversidad, y crisis de endeudamiento y de inestabilidad financiera. La convergencia de esas crisis compromete las perspectivas de desarrollo sostenible de los países, multiplicando los riesgos, aumentando la imprevisibilidad de los escenarios futuros y reduciendo la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad. Estos riesgos sistémicos repercuten, además, en una disminución de las propiedades de resiliencia y las capacidades de adaptación de las políticas exteriores, las cuales resultan estratégicas frente a los escenarios de concentración del poder en Westfalia y a las tendencias de difusión del poder en Mundialización. Para preservar los márgenes de autonomía y limitar al máximo la interferencia externa, las políticas exteriores tendrán que jugar inteligentemente en las deficientes instituciones regionales existentes, pero de manera complementaria forjar sociedades estratégicas múltiples con distintos países que podrán encabezar, según sus trayectorias, diferentes agendas temáticas, tales como salud, género, reducción de desigualdades sociales, ambiental, infraestructura, regulación de la tecnología, protección de recursos naturales, financiamiento externo, transferencia tecnológica, entre otros. Se deberá seleccionar y priorizar «enclaves de autonomías» a través de diplomacias de nicho. No solo gobiernos centrales, también provinciales y locales, actores de la sociedad civil, científicos, empresarios y ciudadanos pueden contribuir a reforzar una renovada «diplomacia 3m» (multidimensional, multiactoral y multinivel). Será necesario anteponer las cuestiones temáticas a las dogmáticas, trazando lazos entre los campos técnicos y los ámbitos políticos, económicos y sociales de la cooperación regional.

En tiempos de «autonomía líquida», la preservación de márgenes de maniobra dependerá más de la anticipación y la adaptación que de la rigidez. El debate en relación con las políticas exteriores parece haber dejado atrás la dicotomía entre autonomía y dependencia, para girar en torno de una diferenciación analítica de grados y tipos de autonomía. Ello implica considerar que existen constantes transacciones entre ambas lógicas ante una complejización de los actores, las agendas y las dinámicas externas. La «autonomía líquida» es un tipo de «autonomía con adjetivos» que supone proactividad, variaciones y flexibilidad ante los desafíos y las oportunidades que plantean los escenarios de Westfalia y Mundialización. También puede implicar cierto tipo de pragmatismo defensivo para ofrecer concesiones en temas específicos que serán funcionales para ganar márgenes de maniobra y resultados en otras batallas. Hoy no se trata de «autonomía en la resistencia», sino de «autonomía en la resiliencia». Quizás el desafío de estos tiempos sea prepararse para los escenarios futuros más restrictivos o adversos, comprendiendo las potencialidades y los limitantes que plantean los entornos mundiales y regionales, para poder articular políticas que contribuyan a alcanzar los escenarios más deseables con objetivos estratégicos de cooperación regional modestos, alcanzables y realizables en el corto y el mediano plazo.

  • 1.

Randall L. Schweller: «The Age of Entropy» en Foreign Affairs, 16/6/2014.

  • 2.

Foro Económico Mundial: «Global Risks Report 2020», 12/2020, disponible en https://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/.

  • 3.

Global Firepower: «Military Strength Ranking», Ginebra, 12/2020, www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.

  • 4.

Soft Power Index: «The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2019», Portland / Facebook / USC Center on Public Democracy, 12/2020, https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf.

  • 5.

Banco Mundial: «Solución comercial integrada mundial (WITS)», 12/2020, https://wits.worldbank.org/default.aspx?lang=es.

  • 6.

WIPO: «Solicitudes internacionales de patente por país de origen», 12/2020, www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/es/documents/pr_2020_848_annexes.pdf#annex2.

  • 7.

Banco Mundial: «Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB)», 12/2020, https://datos.bancomundial.org/indicador/gb.xpd.rsdv.gd.zs?locations=zj-z4,.

  • 8.

Daniel Schteingart, Juan Santarcángelo y Fernando Porta: «La inserción argentina en las cadenas globales de valor» en Asian Journal of Latin American Studies vol. 30 No 6, 2017.

  • 9.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): Digital Economy Report 2019, Ginebra, 12/2020, https://unctad.org/es/node/27419.

  • 10.

Xhou Zhu: «Interpreting China’s ‘Wolf-Warrior Diplomacy’» en The Diplomat, 12/2020.

  • 11.

Congressional Research Service: «US-China Trade and Economic Relations: Overview, 2020» en Focus, 12/2020, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/if/if11284.

  • 12.
  1. Cohen: Currency Power: Understanding Monetary Rivalry, Princeton UP, Nueva Jersey, 2015.
  • 13.

María Cecilia Míguez: «La autonomía heterodoxa y la clasificación de las políticas exteriores en la Argentina» en Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad vol. 12 No 2, 2017.

  • 14.

José Briceño Ruiz y Alejandro Simonoff: «La Escuela de la Autonomía, América Latina y la teoría de las relaciones internacionales» en Estudios Internacionales vol. 49 No 186, 2017.

  • 15.
  1. Russell y J. Tokatlian: «De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur» en Perfiles Latinoamericanos No 21, 2002.
  • 16.

Letícia Pinheiro y Maria Regina Soares de Lima: «Between Autonomy and Dependency: The Place of Agency in Brazilian Foreign Policy» en Brazilian Political Science Review vol. 12 No 3, 2018.

  • 17.
  1. Vigevani y G. Cepaluni: «A política externa de Lula da Silva: a estratégia da autonomia pela diversificação» en Contexto Internacional vol. 29 No 2, 2007.
  • 18.
  1. Tokatlian: «Crisis y redistribución del poder mundial/Crisis and Redistribution of World Power» en Revista CIDOB D’Afers Internacionals No 100, 2012.
  • 19.

Zygmunt Bauman: Modernidad líquida, FCE, Ciudad de México, 2015.

  • 20.

Carlos Fortín, Jorge Heine y Carlos Ominami: «Latinoamérica: no alineamiento y la segunda Guerra Fría» en Foreign Affairs Latinoamérica vol. 20 No 3, 7-9/2020.

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Independentistas del Frente Polisario, quienes retomaron las armas en noviembre pasado, desfilaron con motivo del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. El responsable del organismo, Khatri Addouh, responsabilizó a la ONU del bloqueo político y de apoyar a Marruecos en el Sahara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas tras la retirada de España. La imagen, en un campo de refugiados cerca de Tinduf, al sur de Argelia. Foto Ap / Afp

 

Tindouf. Los independentistas del Frente Polisario, que retomaron las armas en noviembre, responsabilizaron ayer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) del "bloqueo político" y de apoyar a Marruecos en el Sáhara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas.

"Marruecos no podría haber hecho lo que hizo sin el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de la ONU, el Consejo de Seguridad, así como del secretario general de la ONU", sostuvo el responsable del Frente Polisario, Khatri Addouh.

Sus declaraciones tuvieron lugar en los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en el oeste de Argelia, con ocasión del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Las negociaciones de paz cuatripartitas (Marruecos, Polisario, Argelia y Mauritania), realizadas con auspicio de la ONU, están en punto muerto desde marzo de 2019.

Tras casi 30 años del alto el fuego, las tensiones resurgieron en noviembre cuando Marruecos desplegó sus tropas en el Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, después de que un grupo de militantes bloqueó la única carretera hacia la vecina Mauritania.

Desde entonces, el Polisario, frustrado por el estancamiento del proceso auspiciado por la ONU, ha dicho que está "en estado de guerra legítima". Aun así, es complicado comprobar lo que sucede en el terreno, de difícil acceso.

"El Frente Polisario ha intentado durante 29 años evitar la guerra haciendo concesiones, pero hace frente a la falta total de cooperación tanto por parte de Marruecos como por parte de la ONU", criticó Addouh, citado por la agencia saharaui SPS. El dirigente del Frente Polisario responsabilizó a la ONU del "bloqueo político" de la cuestión saharaui por su "laxismo" frente a Marruecos.

El jueves, durante una reunión con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, el secretario general del Polisario, Brahim Ghali, lamentó "el silencio de la comunidad internacional" e instó a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a visitar la ex colonia española "para proteger a los ciudadanos saharauis indefensos".

Este sábado, el Polisario presentó a sus fuerzas armadas en un desfile en presencia de los dirigentes saharauis, como suele hacer en cada aniversario de la fundación de la RASD, autoproclamada el 27 de febrero de 1976. Columnas de soldados, equipados con mascarilla, presentaron armas, siguiendo a una mujer completamente envuelta en la bandera saharaui.

Referendo de autodeterminación

La cuestión del estatus del Sáhara Occidental, considerado "territorio no autónomo" por la ONU en ausencia de un acuerdo definitivo, ha opuesto a Marruecos y al Polisario durante décadas.

El Polisario reclama un referendo de autodeterminación previsto por la ONU, mientras Marruecos propone un plan de autonomía bajo su soberanía.

Rabat controla alrededor de 80 por ciento de este vasto territorio desértico, donde se han lanzado grandes proyectos de desarrollo marroquíes en años recientes.

Poco antes de dejar la Casa Blanca, el ex presidente estadunidense Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en su conjunto, a cambio de que Rabat normalizara sus relaciones con Israel.

Ahora, los saharauis esperan que la administración de Joe Biden dé marcha atrás al respecto, al considerar que la decisión de Trump vulnera "todas las decisiones y resoluciones de las instancias internacionales".

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El nuevo canciller uruguayo definió a Venezuela como una dictadura 

Importante giro en la cartera comandada por Francisco Bustillo 

Bustillo dijo que la situación venezolana es distinta a la de Bolivia, ya que allí hay un proceso electoral en curso destinado a "recuperar la democracia". 

 

A diferencia de sus antecesores, el nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo , aseguró sin rodeos que Venezuela "es una dictadura" durante la presentación de los lineamientos que seguirá su cartera. Su par venezolano, Jorge Arreaza, le salió inmediatamente al cruce y le sugirió "refrescar sus conocimientos" sobre derecho internacional. Bustillo dijo además que la situación de Venezuela es distinta a la de Bolivia, ya que allí hay un proceso electoral destinado a "recuperar la democracia", y afirmó que buscará "seducir" a los países miembros del Mercosur. La principal polémica que rodeó al excanciller Ernesto Talvi  antes de su salida del cargo fue justamente su negativa a tildar a Venezuela de dictadura. Se esperaba la opinión de Bustillo al respecto, algo que no había querido adelantar hasta su presentación formal luego de cumplir con la cuarentena tras su arribo al país desde España, donde ejercía funciones como embajador. 

"Conforme al derecho internacional público, las normas democráticas que nos hemos dado en nuestra América, mi propia convicción, la del presidente de la República, del gobierno todo y no tengo dudas que de cualquier habitante nacido en la tierra de Artigas, con libertad no ofendo ni temo, Venezuela es una dictadura", enfatizó el flamante ministro de Relaciones Exteriores uruguayo desde la sede de Cancillería. Sin embargo, dijo que Uruguay "no tiene vocación de gendarme internacional", por lo tanto no le corresponde señalar ni perseguir dictaduras.

A su vez, Bustillo sostuvo que permanecerá en los grupos que buscan una solución pacífica del conflicto venezolano aunque no promoverá más diálogo por "la falta de voluntad de una de las partes", en referencia al gobierno de Nicolás Maduro. "Vamos a dejar clara la posición de Uruguay en cada foro internacional, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA)", aseguró el canciller, quien agregó que el país seguirá perteneciendo al Grupo de Contacto Internacional y el Mecanismo de Montevideo, ambos espacios creados para debatir y buscar soluciones a la "crisis venezolana".

Las declaraciones de Bustillo ponen fin a una preocupación central del presidente uruguayo. Tanto Luis Lacalle Pou como Ernesto Talvi repitieron en campaña que lo que había en Venezuela era una dictadura. Muy distinta fue la actitud del gobierno del Frente Amplio (2005-2020), que en septiembre de 2018 decidió por unanimidad expulsar del partido al secretario general de la OEA y excanciller entre 2010 y 2015, Luis Almagro, luego de que éste asegurara que no se debía descartar una intervención militar en el país caribeño. En tanto, en enero de 2019 el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez se negó a acompañar la declaración del Grupo de Lima que definió como "ilegítimo" el nuevo período de gobierno de Maduro al frente de Venezuela, al proponer en cambio una postura pacífica y dialoguista frente al conflicto.

Las fuertes palabras del flamante canciller uruguayo no tardaron en llegar a Venezuela. Fue su par venezolano, Jorge Arreaza, quien recogió el guante. "Le sugiero refrescar sus amplios conocimientos sobre los principios del Derecho Internacional, estudiar el Derecho Constitucional de Venezuela y evitar ideologizar la política exterior de su país por afinidades. ¡Que vivan Bolívar y Artigas!", planteó Arreaza en su cuenta de Twitter.

Pero Venezuela no fue el único país de la región que mereció un pronunciamiento de Bustillo. Consultado sobre Bolivia, el flamante canciller dijo que está en un proceso electoral "en aras de recuperar la democracia en todo su esplendor". Respecto al Mercosur, consideró que Uruguay tiene una vocación "de regionalismo abierto" en el que intentará seducir a los socios del bloque para buscar "acuerdos a distintas velocidades". Además, Bustillo aseguró que confía en poder firmar el acuerdo Unión Europea - Mercosur durante estos seis meses de presidencia pro tempore del bloque regional.

Bustillo llegó a ocupar el lugar que dejó vacante Talvi, quien renunció a su cargo el pasado primero de julio. Talvi, anterior canciller y excandidato a la presidencia, dijo a El Observadorque no utilizaría la palabra dictadura para referirse a Venezuela mientras ocupara el cargo. Los dichos del dirigente colorado generaron cortocircuitos dentro del Ejecutivo, elemento que detonó su pronta salida de la Cancillería.

El hasta ahora embajador de Uruguay en España arribó el 5 de julio a Montevideo en el primer vuelo de línea de la aerolínea española Iberia desde el cierre de fronteras por la covid-19. Tras cumplir una semana de cuarentena obligatoria pese a que contaba con un test negativo de coronavirus realizado en España, Bustillo mantuvo reuniones con los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Lacalle Herrera (1990-1995), José "Pepe" Mujica (2010-2015) y Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020).

Bustillo cuenta con un extenso pergamino diplomático. Entre otros cargos, fue jefe de gabinete del ministerio de Relaciones Exteriores durante la gestión del entonces canciller Almagro y embajador en Ecuador, Argentina y España. En su conferencia de prensa del lunes, aseguró que en 34 años en el exterior recorrió muchas embajadas y "mucha gente habla sin conocimiento de causa" y sin "haber puesto un pie" en las sedes diplomáticas, palabras que, aunque sin nombrarlo, parecían dirigidas al excanciller Talvi.

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"Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla", dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de facto de Bolivia, que encabeza la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba.

El canciller en funciones, Yerko Núñez, dijo en conferencia de prensa que tal decisión responde a los supuestos “agravios” del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

El Gobierno de facto encabezado por Áñez, desde que usurpó el poder en el contexto del golpe de Estado contra Evo Morales, arremetió contra Cuba, especialmente contra el personal de la Salud que laboraba en ese país.

A pesar de que los médicos cubanos regresaron a su nación, las autoridades golpistas continúan atacando su labor solidaria, que beneficiaba a cientos de miles de familias bolivianas, sobre todo humildes, tal como hizo Áñez este 22 de enero en el acto para celebrar la fundación del Estado Plurinacional.

Áñez afirmó que del total de gastos por cada médico, que era de 9 000 bolivianos (1 300 dólares), "80% era desviado para financiar al castrocomunismo".

Rodríguez calificó de "vulgares mentiras" las declaraciones de la autoproclamada presidenta, señalando que esta es "otra muestra de su servilismo a EE.UU.".

Desde que se registró el golpe de Estado contra el mandatario Evo Morales, en noviembre pasado, y Áñez asumió la Presidencia, hubo hostigamiento contra los trabajadores cubanos en Bolivia.

Cuatro ciudadanos de Cuba fueron detenidos arbitrariamente, acusados de ser los responsables del financiamiento de las protestas contra el Gobierno de facto, tras retirar una cantidad considerable de dinero.

No obstante, se demostró que esos fondos eran para el pago de salario de un centenar de trabajadores de la Salud Pública en Bolivia, por lo que fueron puestos en libertad.

24 enero 2020

(Con información de Abi, RT en Español y Prensa Latina)

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Viernes, 10 Enero 2020 10:02

Israel y los golpistas bolivianos

Israel y los golpistas bolivianos

Mario Payeras (bit.ly/36vsHvE), el histórico comandante de la guerrilla guatemalteca, apuntaba que en realidad los movimientos revolucionarios en Centroamérica no confrontaban a los corroídos regímenes dictatoriales sino a consejeros israelíes, taiwaneses y estadunidenses en guerras de baja intensidad y contrainsurgencia. El papel de Israel en sostener las sangrientas camarillas allí ha sido particularmente nefasto. Cuando el propio Washington retiró oficialmente su apoyo ante las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos en Guatemala, Tel Aviv fue más que contento de llenar el vacío y actuar como su “ proxy”. La asistencia, el armamento −“‘testeado’ en Líbano y en territorios ocupados en contra de los insurgentes”− y otras tecnologías israelíes ayudaron a suprimir la guerrilla urbana y rural junto con sus bases de apoyo mayoritariamente indígenas. Los generales guatemaltecos, siguiendo a sus instructores, implementaron la estrategia de tierra arrasada −igualmente testeada en Medio Oriente: destrucción de comunidades enteras, desplazamiento forzoso− hablando abiertamente de la palestinización de los mayas (sic) (bit.ly/2ZPkGzn). En El Salvador, Israel proporcionó armas y entrenamiento al ejército y escuadrones de la muerte a cargo de múltiples masacres. Su tecnología de espionaje fue usada para vigilar y asesinar a los opositores (bit.ly/39CHFSI). Desde aquel entonces –y ya en otro contexto para los movimientos sociales− esta asimetría estratégica se ha extendido globalmente con nuevas doctrinas del Pentágono y la guerra al terrorismo (bit.ly/2FpUh1z).

Hoy en Honduras post-golpe (2009) plagado por represión y asesinatos de líderes sociales, la asistencia israelí −venta/modernización de armamento (bit.ly/36BFdtX) y un inédito envío de mil tropas para entrenar a sus pares hondureños en tareas de antiterrorismo y de cómo frenar la migración (sic) (bit.ly/2ZWdrWb)−, sirve para sostener el régimen ilegítimo de Juan Orlando Hernández, su narco-Estado (bit.ly/2QQ1EEO) y a reprimir a sus críticos (bit.ly/2sFxb4x). Lo mismo –otro capítulo de la histórica complicidad de Israel en apoyar a los regímenes fantoches− está por ocurrir en Bolivia.

Semanas después del derrocamiento de Evo Morales, el ministro de Interiores del gobierno de facto pidió la asistencia de Israel para luchar en contra del supuesto terrorismo de izquierda −grupos vinculados con Maduro y los narcotraficantes, un bizarro link que existe sólo en la imaginación de los golpistas− que trae caos al país: Los invitamos a que nos ayuden, ellos están acostumbrados a tratar con los terroristas... ( reut.rs/2QFN2YC ). No importa que los que trajeron caos a Bolivia han sido los propios putshistas. No importa que los verdaderos terroristas hayan sido las fuerzas del orden amotinadas que desataron una barbarie en contra de los opositores al golpe. El terrorista no. 1 es por supuesto Morales –que por su parte criticó la ayuda del gobierno sionista de Israel en la criminalización de la izquierda en Bolivia (bit.ly/2tugVTG)− y a quién el nuevo gobierno prohibió por decreto volver a postularse abriéndole una causa por... terrorismo y financiamiento al terrorismo (sic). ¡Cómo todo hace “ click”! Así en los próximos meses, aparte de más represión, el MAS no sólo confrontará las maniobras judiciales y electorales de los golpistas, sino también –como los movimientos centroamericanos en los 80− a consejeros israelíes en una guerra híbrida e irregular.

Más allá del vasto conocimiento de Israel en reprimir a la insurgencia que le resulta atractivo al nuevo régimen autoritario boliviano, su solicitud también tiene sentido por otro lado: dado que el golpe de Bolivia tiene tintes supremacistas y racistas apuntando a revertir los años del empoderamiento indígena y a recolonizar la esfera pública, la experiencia de Israel en colonizar a Palestina, de llevar a cabo un genocidio y limpieza étnica (bit.ly/2N80ROK ), suprimir a los nativos y su cultura y estar a cargo de un régimen racista y segregacionista (bit.ly/3049qPJ) viene muy a propósito (bit.ly/2SQsjE1).

A parte de dar un revés a las políticas anticolonialistas y antimperialistas del gobierno anterior, la extrema derecha también dio un giro a la política exterior. Una de sus primeras decisiones fue restablecer las relaciones diplomáticas con Israel que fueron rotas por Morales en 2009 tras la masacre israelí en Gaza (Plomo Fundido). En 2010 su gobierno reconoció formalmente a Palestina como un Estado y en 2014 –tras otra masacre en Gaza (Borde Protector)− denunció a Israel ante la ONU por terrorismo de Estado. Todo esto ocurre en medio de un fuerte empuje de Israel que busca −en sintonía con la administración de Trump− poner fin a la cuestión palestina y anexar los territorios ocupados, tratando de sumar apoyo diplomático a esta violación del derecho internacional. En la región, los primeros países que se lo ofrecieron son exactamente éstos cuyos ejércitos y escuadrones de la muerte Israel venía entrenando en el marco de la lucha estadunidense en contra del comunismo: Guatemala –como la única hasta ahora, aparte de EU− ya trasladó su embajada a Jerusalén. Honduras −que también recibió asistencia en los 80 para no volcarse a la izquierda− ya lo reconoció como la capital de Israel y prometió hacer lo mismo (bit.ly/2QWqaV5). El mismo precio por sostener su régimen pagarán pronto los golpistas bolivianos.

Maciek Wisniewski, periodista polaco

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