Indígenas bloquearon ayer la carretera que une la costa y las zonas montañosas en la región de Zumbahua, Ecuador, como parte de la protesta contra las políticas económicas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Foto  Afp

Abierto desafío al estado de excepción // Reportan bloqueos y choques con policías // Al menos 37 detenidos, reporta la prensa local // El gobierno minimiza la movilización

Quito. El poderoso movimiento indígena de Ecuador que participó en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005 (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), encabezó ayer, como parte del paro nacional convocado por organizaciones sociales, una protesta contra las políticas económicas de gobierno de Guillermo Lasso, tras los incrementos en los precios de los combustibles y en abierto desafío al estado de excepción por la violencia del narcotráfico.

"La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias ecuatorianas. Di no al paro", replicó Lasso en un tuit.

"El pueblo está diciendo: no podemos cargar únicamente nosotros con el precio de los combustibles", señaló Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Ante la represión aseguró: "no venimos a desestabilizar, sino a exigir al gobierno en materia económica".

Rodeado de miles de indígenas en el sector de Panzaleo, en el centro del país, Iza expresó que una de sus exigencias es la congelación del precio de los combustibles en 1.50 para el diésel y 2 dólares para la gasolina. Otro reclamo es la reducción de precios en beneficio de los indígenas, que representan 7.4 por ciento de los 17.7 millones de habitantes.

Lasso anunció el sábado la congelación del precio de la gasolina extra en 2.55 dólares el galón, y del diésel en 1.90.

Iza lanzó la advertencia de una protesta escalonada e indefinida hasta que Lasso muestre "voluntad" de atender las demandas. En casi tres años, el galón de gasolina corriente, de la más utilizada, subió de 1.48 a 2.50 dólares, y los incrementos no cedieron pese a la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19.

Al participar después en la movilización en Quito, Iza añadió: "no podemos sacar dinero de la gente más pobre, sino ir a una discusión más integral. Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes".

José Villavicencio, presidente de la Unión General de los Trabajadores, aseveró que “se demuestra el descontento del país frente a la política neoliberal. El presidente Lasso en lugar de congelar lo que ha hecho es incrementar los precios, en los hechos ha sido un paquetazo contra el pueblo ecuatoriano”.

Al finalizar la tarde, miles de trabajadores, integrantes de organizaciones sociales, indígenas y otros colectivos marcharon de manera pacífica en Quito, en rechazo a las políticas del gobierno.

La policía acordonó desde la mañana el Palacio de Carondelet y otros edificios del gobierno, y por la tarde se reportaron choques entre manifestantes y uniformados. Decenas de personas arrojaron piedras a los policías, que respondieron con gas lacrimógeno.

Hubo, además, informes de incidentes aislados en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Pastaza, Los Ríos y Azuay, donde la vía Panamericana fue bloqueada con troncos y otros objetos.

El vocero presidencial Carlos Jijón aseguró que las protestas son "de baja intensidad".

La prensa local reportó la detención de 37 personas, mientras dos militares fueron retenidos por manifestantes al noreste de Quito y cinco policías resultaron heridos.

También hubo roces entre manifestantes y agentes en los bloqueos.

Los inconformes respondieron al llamado de la Federación de Estudiantes Universitarios y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Negras e Indígenas.

Las movilizaciones hacen recordar las protestas de octubre de 2019, cuando cientos de indígenas protagonizaron por casi dos semanas violentas marchas en rechazo al aumento del precio de la gasolina, que saldaron con 11 muertos, saqueos, destrucción de parques, ataques al edificio del Legislativo y el incendio del edificio de la Contraloría. El entonces mandatario Lenín Moreno dio marcha atrás con la medida.

Al descontento social se suma el despliegue de militares que hizo Lasso en apoyo al combate del narcotráfico y las investigaciones por su relación con cuentas en paraísos fiscales reveladas por la investigación Papeles de Pandora.

La actual agitación se suma al repunte de homicidios y masacres carcelarias, que este año han dejado más de 2 mil muertos. Ayer por la mañana se reportó un nuevo enfrentamiento entre presos, con saldo de dos heridos, en la penitenciaría del Litoral, donde en septiembre otro motín dejó 119 muertos.

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Este martes los principales sindicatos y organizaciones sociales realizan una movilización nacional contra las reformas impulsadas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El anuncio, el viernes pasado, de la suspensión de posibles subidas del precio de los combustibles no alcanzó para frenar las protestas.

La convocatoria nacional fue llamada desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.

La movilización se da a tan solo cinco meses de haber asumido Lasso y con el presidente que se encuentra sin aliados claros, con un apoyo minoritario en el Congreso y cruzado por las revelaciones de los Pandora Papers que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

En paralelo, el Gobierno utilizó la “crisis de seguridad” que vive el país, golpeado por la crisis económica, para sacar a los militares y policías a las calles, luego de que el presidente decretó el estado de excepción la semana pasada. "Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional", había dicho Lasso en un mensaje transmitido por el canal estatal EcuadorTV.

En este contexto se darán manifestaciones contra el Gobierno en varias ciudades del país en rechazo a las medidas políticas oficiales, entre ellas el fallido intento de aumento del combustible en base al sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración del ex presidente Lenín Moreno. Una medida similar había sido el detonante del estallido social de 2019.

Desde las organizaciones que convocan las protestas exigieron que se frene el aumento del combustible permanentemente. "Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano", advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Para el presidente del FUT, Ángel Sánchez, la suspensión debió contemplar todo el incremento desde junio pasado, y no solamente el de este mes, es decir, regresar a 1,75 dólares y 1,00, respectivamente.

Las manifestaciones están incluyen otras demandas de carácter social y legislativo, entre ellos, que el presidente no aproveche el estado de excepción en el país por la crisis de seguridad, para pasar leyes de forma acelerada.

En concreto una serie de reformas que propuso Lasso, pero no lograron avanzar en el Congreso, donde el Gobierno controla apenas 13 de los 137 escaños que tiene la cámara única. El mes pasado el parlamento rechazó la ley Creando Oportunidades, una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo que incluía entre una reforma fiscal y laboral que fue catalogada como “regresiva” por sindicatos. A esto se suma un presupuesto con recortes en materia social dictada por el mandato de austeridad del FMI, que ha prolongado el programa de crédito que empezó con Lenin Moreno.

En un acto público este lunes, el presidente aseguró que frente a las manifestaciones la decisión del Gobierno es mantenerse "firme". "Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, (..) y con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden", afirmó Lasso.

Los organizadores de las protestas advirtieron un posible uso de las Fuerzas Militares, amparado por el estado de excepción, para bloquear o impedir la salida de manifestantes.

Lasso llegó a la presidencia cuando el país enfrentaba una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste.

Ecuador tiene una deuda externa de 52.000 millones de dólares, necesitará más de 7.000 millones de dólares en un nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario a un objetivo de $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2020. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

Un ajuste según los dictados del FMI fue lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019, que no terminó con la caída del expresidente Lenin Moreno por la acción de las direcciones sindicales y de las organizaciones indígenas que las terminaron desactivando.

Ante la crisis el presidente amenaza con activar un mecanismo que le permite al Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Una medida de ese tipo podría abrir un escenario político y social imprevisible, en el contexto de la crisis social provocada por los ajustes sistemáticos para cumplir con una deuda odiosa contraída con organismos internacionales.

Lunes 25 de octubre

Diego Sacchi@sac_diego

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Viernes, 22 Octubre 2021 06:04

Que la tortilla se vuelva

Trabajadores de John Deere realizan una huelga con piquete, el 14 de octubre, en las instalaciones de la empresa en East Moline, Illinois AFP, GETTY IMAGES, SCOTT OLSON

La pandemia y el teletrabajo recordaron a millones de estadounidenses que la vida es frágil y la familia importa. La reactivación impulsada por el Estado, que sigue engordando las ganancias empresariales, se ha topado con una creciente militancia gremial y con demandas de sueldos más altos y mejoras en la calidad de vida.

 

SI EL MAÍZ CRECE DESPAREJO…

La pandemia tuvo un impacto grueso en el mercado laboral estadounidense: el índice de desempleo, que hasta enero de 2020 se había mantenido alrededor del 3,5 por ciento, saltó al 14 por ciento en abril. Los pedidos de subsidio por desempleo, con un promedio semanal de 205 mil trámites a comienzos de ese año, se remontaron a 6,8 millones en la última semana de marzo. Decenas de millones de personas perdieron su empleo o registraron una poda sustancial en sus ingresos por la reducción de las horas de trabajo.

El efecto no fue parejo: los trabajadores en sectores en que fue posible el recurso del teletrabajo continuaron laburando, pero otros muchos –en sectores como los restaurantes y los hoteles– quedaron desempleados. Para otro segmento, el de los llamados «trabajadores esenciales» –las cosechas, el transporte, el cuidado de niños, enfermos y ancianos–, el panorama fue sombrío: quedarse en casa sin sueldo o concurrir a trabajar y exponerse a la pandemia.

Los programas de estímulo por 1,9 billones de dólares, aprobados de manera rápida por el Congreso y promulgados de forma expedita por el presidente Donald Trump, reanudaron la actividad económica. El arribo de las vacunas contra la covid-19 y otro generoso estímulo de 1,2 billones de dólares promulgado por el presidente Joe Biden han contribuido a esa reactivación. El índice de desempleo ha bajado al 4,8 por ciento en setiembre de este año y, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, la cifra semanal de solicitudes del seguro de paro se ha ubicado por debajo de las 300 mil.

Como suele suceder, las noticias que son medianamente buenas para muchos son mucho mejores para otros pocos. En el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia causó una caída del 9,1 por ciento en el PBI de Estados Unidos, las ganancias de las empresas sumaron 17,4 billones de dólares. En el segundo trimestre de 2021, cuando el PBI creció 12,2 por ciento, sumaron 24,4 billones de dólares. Un aumento del 40 por ciento. El índice del mercado de valores (Stock Market Index), que muestra el entusiasmo o el pánico en el casino financiero, tenía en julio de 2020 una marca de 26.400 puntos. Esta semana el optimismo ronda por encima de los 35.381 puntos. Un aumento del 34 por ciento.

Mientras tanto, y con una tasa anual de inflación del 5,4 por ciento, los sueldos reales de todos los trabajadores en el sector privado (medidos en dólares constantes de 1982-1984) bajaron de 394,62 a 391,62 dólares por semana.

NO ES SOLO CUESTIÓN DE DINERO

La pandemia tuvo otro efecto en el mercado laboral, previsible desde hace un par de décadas y demorado solo por el enfoque anticuado en la administración empresarial de los llamados «recursos humanos». La propagación del teletrabajo ha demostrado, primero que nada, que sí es posible mantener la actividad de negocios, escuelas y universidades sin la concentración de empleados y estudiantes en oficinas, fábricas y aulas. Desde el punto de vista empresarial, esto es una promesa de reducción de gastos fijos, como el alquiler de espacios, la electricidad y los seguros.

Para los millones de trabajadores que han continuado sus labores desde casa, la revelación ha sido aún más importante: existe la vida afuera del horario. Librarse de las dos horas diarias de transporte hacia y desde el sitio de trabajo significa dos horas más de vida familiar, el ahorro de dinero en el cuidado de los niños, una dieta más sana con comidas hogareñas. Y, sobre todo, una administración diferente del tiempo: en lugar de ocho horas de confinamiento en una oficina de las que quizás solo dos o tres se ocupan en alguna labor, ahora puede haber tiempo para ejercicio, para escuchar música, para leer o –sin que se note– para echarse una siesta hasta que la tarea siguiente sea asignada.

Con la recuperación del tiempo personal, millones de personas empleadas a tiempo completo o parcial, o desempleadas, encontraron el tiempo y las circunstancias para tomar cursos por Internet y adquirir certificados profesionales, o han emprendido pequeños negocios propios. Y las empresas, especialmente las que mejor se adaptaron al teletrabajo, encuentran ahora la resistencia de sus empleados a retornar a las oficinas y fábricas, a las escuelas y universidades. Una renuencia combinada con las precauciones para evitar nuevos brotes de la pandemia.

En pocos meses, millones de estadounidenses descubrieron aquello de que hay que trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar. Hay instructores de yoga, de canto, de reparación de motores que se han hecho clientelas vía Zoom, y alumnos que por Zoom exploran el canto, practican yoga o se entretienen reparando una motocicleta. La aritmética es sencilla: una instructora de guitarra o de cocina uruguaya, un instructor de ajedrez o fotografía puede cobrar, digamos, 25 dólares por clase. Si consigue tan solo cuatro alumnos por día y trabaja desde su casa y apenas cuatro horas diarias, de lunes a viernes, logrará un ingreso superior al sueldo real. El teletrabajo tiene sus propias complicaciones: el uso de espacio para oficina en un apartamento o casa familiar, la interferencia de los niños, la pereza de cambiar del pijama a una vestimenta formal. Y también el peligro de la disponibilidad ilimitada: por Internet el empleador puede encargar tareas a cualquier hora del día o de la noche, lo que crea una forma nueva de compromiso laboral.

La fuerza combinada de la reactivación económica impulsada con dinero estatal y el teletrabajo y sus beneficios forman parte del fenómeno por el cual, ahora, en Estados Unidos hay una escasez tremenda de mano de obra. Las empresas no pueden encontrar gente dispuesta a emplearse a menos que las condiciones de trabajo sean más flexibles, con más tiempo para la familia o el gusto personal.

A LA HUELGA, COMPAÑERAS

En agosto unos 4,3 millones de trabajadores, esto es, el 2,9 por ciento de la fuerza laboral, abandonaron sus empleos, la cifra más alta de dimisiones desde que se registra este dato. Eso significa 242 mil renunciantes más que en julio, como reflejo de que más y más empleados reclaman sueldos más altos, mejores condiciones de trabajo, incluidas más vacaciones, licencia por maternidad o paternidad y horarios flexibles.

En agosto, al acentuarse la escasez de mano de obra dispuesta a emplearse, había unos 10,4 millones de ofertas de empleo en puestos vacantes en casi todas las industrias. En julio había 11,1 millones. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. Gran Bretaña encara una escasez de pilotos, al tiempo que se reanudan los vuelos normales, debido a que cientos de tripulantes de aerolíneas se jubilaron o cambiaron de carrera durante la pandemia, y otros muchos requieren instrucción. Expertos en el área de la aviación comercial calculan que esa industria tendrá una escasez de unos 34 mil pilotos hacia 2025.

«Es la época de oro para los trabajadores estadounidenses», según Joe Brusuelas, economista jefe en la firma contable y de asesoramiento RSM. «El trabajador estadounidense sabe que ahora tiene poder en la negociación, que puede obtener un sueldo razonable y tener influencia en la conformación de las condiciones laborales. Esto es lo que ocurre después de las guerras o depresiones grandes. Es difícil percibirlo cuando uno está en medio del proceso, pero hemos tenido un shock que ha generado cambios inesperados en la población», ha afirmado Brusuelas a la CNN.

Los sindicatos en Estados Unidos han estado perdiendo influencia por décadas, y la afiliación de trabajadores ha bajado del 18 por ciento de los trabajadores en 1985 al 10 por ciento actual. Paradójicamente, el 68 por ciento de los estadounidenses tiene una opinión positiva de los sindicatos, el nivel más alto de confianza desde 1965, según una encuesta de Gallup. La simpatía por los gremios sube al 78 por ciento entre la gente más joven, con edades entre 18 y 29 años.

Y hasta esta semana ya más de 100 mil trabajadores en diferentes industrias han aprobado la autorización para que los sindicatos que los representan declaren la huelga si no hay progreso en las negociaciones de los respectivos convenios colectivos. La semana pasada 10 mil trabajadores de la firma John Deere entraron en huelga, y una medida similar en el área de producciones de Hollywood se evitó pocas horas antes del plazo, cuando se llegó a un acuerdo con unos 60 mil trabajadores. Unos 1.400 empleados de la firma Kellogg, que produce cereales para el desayuno y otros alimentos, se declararon en huelga el 5 de octubre en las plantas de Michigan, Nebraska, Pensilvania y Tennessee, en repudio a la oferta de contrato presentada por la patronal, que incluye recortes en el seguro médico, las jubilaciones y las vacaciones.

Más allá de los trabajadores en los sectores privado y público que tienen representación sindical, un aspecto notable del mercado laboral en 2021 es que hay millones de trabajadores, en áreas sin sindicatos, que se rehúsan a retornar a sus empleos. «Somos testigos de la “Gran Huelga de 2021”, y la componen mayormente millones de trabajadores no organizados y en áreas de empleo de bajos sueldos», afirmó esta semana el periódico financiero The Street. «Muchos de los nueve millones de trabajadores que no han retornado a trabajar están, de hecho, en huelga para obtener algo mejor.»

De acuerdo con la Facultad de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad Cornell, este año ha habido huelgas contra 178 empresas. Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales, que solo lleva el registro de las huelgas mayores, ha documentado 12, en las que participaron más de mil empleados. «Las huelgas son una señal, sin duda, de que los empleadores ignoran a los trabajadores en perjuicio propio», dijo esta semana a The Washington Post Elizabeth Shuler, la primera mujer al frente de la central sindical AFL-CIO. «La pandemia dejó al desnudo nuestro sistema de desigualdades, y los trabajadores se rehúsan a volver a empleos míseros que ponen en riesgo su salud. Esta ola de huelgas inspirará a más y más trabajadores para que se planten firmes y digan “merecemos algo mejor”», agregó.

Por Jorge A. Bañalesdesde Washington 
21 octubre, 2021

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Corea del Sur: medio millón de trabajadores van al paro y miles se movilizan

Medio millón de trabajadores se unieron a la huelga y miles realizaron manifestaciones en Seúl y en otros lugares el jueves, muchos con disfraces que hacen referencia a la oscura serie que se inspiró en las terribles condiciones económicas que enfrentan muchos surcoreanos.

 

Al menos medio millón de trabajadores en Corea del Sur de los sectores de la construcción, el transporte, los servicios y otros abandonaron sus trabajos para unirse a la huelga general el 20 de octubre de 2021. La Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la organización laboral más grande del país, con más de un millón de miembros, realizó un mitin a nivel nacional para lograr mejores condiciones y una mayor autodeterminación de los trabajadores. Cerca de 80.000 trabajadores participaron en manifestaciones en 13 ciudades de todo el país, con 27.000 trabajadores participando solo en Seúl.

Además hubo una particularidad de que en las movilizaciones se utilizaron los trajes y máscaras de la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar". La serie trata sobre cientos de surcoreanos con problemas de dinero atraídos a competir en series de juegos sencillos por un enorme premio en efectivo, pero la penalización por perder cualquiera de las seis etapas es instantánea y muerte brutal. Se inspiró en las condiciones de los surcoreanos normales tras el colapso económico mundial de 2008.

Las demandas de huelga se pueden clasificar en tres categorías amplias : abolir el "trabajo irregular" (trabajo a tiempo parcial, temporal o por contrato con pocos o ningún beneficio) y extender las protecciones laborales a todos los trabajadores, dando a los trabajadores más poder de decisión en torno a la reestructuración económica. En tiempos de crisis, la nacionalización de industrias clave como la salud y los servicios básicos como la educación y la vivienda. Los trabajadores en huelga exigen que la vivienda pública aumente del 5% al ​​50% del parque de viviendas y que el gobierno contrate a un millón de nuevos trabajadores de cuidado para brindar cuidado de niños y ancianos gratis, expandir la atención médica pública, brindar preparación universitaria gratuita y terminar con el sistema de clasificación universitaria. También luchan por el fin de las lagunas en las leyes laborales que permiten a los empleadores privar a sus empleados de derechos básicos, como el derecho a organizarse, así como su acceso a beneficios y compensación por lesiones laborales.

Corea del Sur ocupa el tercer lugar en el mundo con las horas de trabajo anuales más altas, en 2015, ocupó el tercer lugar más alto en número de muertes en el lugar de trabajo, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se estima que aproximadamente el 40 por ciento se consideran "trabajadores irregulares" y se encuentran principalmente en la economía del trabajo temporal. Estos trabajadores irregulares incluyen trabajadores temporales y subcontratados y no reciben todos los beneficios prometidos en la legislación laboral existente.

Los trabajadores movilizados son cada vez más y son quienes están sacando a la luz las terribles condiciones laborales que muchos han soportado. El personal de limpieza de LG Towers compartió que LG contrató matones para verter agua en las tiendas de los trabajadores mientras dormían mientras protestaban por los despidos y las condiciones de explotación en el lugar de trabajo en los fríos meses de invierno. Los mineros de carbón de Korea Coal, propiedad del gobierno, discutieron cuántos mineros están sufriendo problemas de salud por respirar polvo de carbón y exceso de trabajo. Los trabajadores irregulares en las minas hacen exactamente el mismo trabajo que los trabajadores a tiempo completo y sufren las mismas dolencias, pero no reciben ni la mitad del mismo salario que sus contrapartes.

Chaebol (es decir, los conglomerados corporativos controlados por familias unifamiliares, como Samsung, Hyundai y LG) han creado y fomentado problemas sociales y económicos. Los chaebols son responsables de la crisis financiera asiática de 1997 , así como de la concentración económica y la consolidación industrial que se aceleró después de la crisis, que culminó en despidos y una mayor precariedad de trabajadores en industrias clave como la automotriz. Sesenta y cuatro chaebols reclaman el 84 por ciento del PIB, pero proporcionan solo el 10 por ciento de los puestos de trabajo . A medida que los grandes conglomerados comerciales reducen la contratación, los trabajadores tienen que asumir cada vez más un segundo y tercer empleo para poder pagar sus facturas debido a la inherente inestabilidad del trabajo de baja jornada, contrato limitado o sin contrato.

La policía reprimió duramente las protestas, desplegando agentes e instalando paredes de autobuses para bloquear el movimiento desde la estación de Seodaemun hacia la oficina presidencial cerca de Sejong-no, además de chocar con los manifestantes en los puestos de control. El presidente de la KCTU, Yang Kyung-soo, y al menos otros 30 organizadores sindicales fueron arrestados y encarcelados, según el director de políticas de la KCTU. Los funcionarios citaron las medidas de prevención del coronavirus como la razón para evitar las protestas, y el ministro del Interior y Seguridad, Jeon Hae-cheol, llegó a decir que las protestas destruirían las expectativas de normalidad en este punto de inflexión crítico.

Pero no debería haber ninguna expectativa de normalidad. Si bien Corea del Sur fue anunciada en todo el mundo como un modelo a seguir en términos de medidas de prevención de enfermedades de salud pública, la crisis del coronavirus también puso al descubierto la verdadera precariedad de los trabajadores. Las industrias de las aerolíneas, la fabricación de automóviles y la construcción naval están despidiendo trabajadores en masa, mientras que los precios promedio de los apartamentos en todo el país han aumentado más del 70 por ciento en los últimos cinco años. Todos los pasos que el presidente Moon ha tomado desde 2017 para tratar de reducir los precios de la vivienda, como los pasos regulatorios, aumentar los impuestos a las ganancias de capital por la mudanza de viviendas y los impuestos a la propiedad para los propietarios de viviendas múltiples, finalmente no han tenido éxito. Solo desde julio de 2020 hasta julio de 2021, los precios de las viviendas aumentaron un 14,3 por ciento . La deuda de los hogares en Corea del Sur es casi el doble del ingreso familiar promedio, pero la respuesta del gobierno al aumento de la deuda y la inflación de los hogares es aumentar las tasas de interés para tratar de disminuir la inflación.

Entre otras demandas, la huelga también exige la nacionalización de industrias críticas y una mayor autodeterminación de los trabajadores en tiempos de crisis económica.

Se movilizó a muchos trabajadores de una variedad de industrias, como la educación, el servicio civil, la manufactura, la logística y los sectores de la construcción. Los gobiernos capitalistas burgueses siempre intentarán obstaculizar la autodeterminación y la nacionalización de los servicios bajo el control de los trabajadores. El gobierno coreano podría ceder ante la presión social y ofrecer algunas concesiones a los trabajadores, como aumentar los canales para que los trabajadores aporten información en la toma de decisiones económicas (sin implementar cambios críticos) o invertir algo de dinero en los servicios sociales. Sin embargo, los trabajadores merecen mucho más que las concesiones que se pueden otorgar o no.

Es inspirador que los trabajadores estén luchando contra la ofensiva neoliberal que diezmó por completo la red de seguridad social, y estén luchando por mejores condiciones laborales y mejores vidas. En los Estados Unidos, en el núcleo imperial, debemos apoyar la lucha de los trabajadores coreanos para terminar con el trabajo irregular y precario, por la mejora de las condiciones laborales, más poder de decisión y una mayor nacionalización, al mismo tiempo que luchamos por más para todos los trabajadores en todas partes.

Para que los trabajadores coreanos ganen sus demandas, deben continuar luchando, extendiendo la huelga de un día a una huelga general indefinida hasta que obtengan lo que legítimamente merecen. Solo ejerciendo todo el poder de la clase obrera a través de sus métodos, los trabajadores podrán ganar sus demandas.

Por KS Mehta

Jueves 21 de octubre

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Rasgos de una dictadura paramilitar en nuestra región. Gobernar por el terror.

 

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que lo hace fuerte para someter al campesinado a sus proyectos. 

Con mucho dolor y descontento se encuentra nuestra región, pues ya no se sabe cómo dar el paso adelante, teniendo al frente un muro de muerte, que no permite que se viva con dignidad y libertad en nuestras tierras. Ahora los paramilitares, como desde los comienzos del año 2017, están obligando a la población civil a reunirse con ellos y para infundir terror en esas reuniones, grupos de ellos participan con uniformes camuflados y con armas largas; así creen lograr que sus órdenes y directrices sean obedecidas por la población civil. 

Alias “CRISTIAN” y alias “FRANCO”, conocidos políticos de los paramilitares, en estos momentos están reuniendo obligadamente a la población de la zona y nadie está haciendo nada por impedirlo. Quien no participe, es sometido a pagar altas multas o a ponerse en alto riesgo si no acepta participar en esos proyectos. 

Lo más triste es ver cómo los intereses económicos de los políticos sólo han buscado lucrarse a costa de la población civil, mientras el paramilitarismo diseña políticas de exterminio de esa población civil. San José de Apartadó se ha convertido en un escenario de yugo y dictadura por parte de políticos, empresarios, fuerzas militares y paramilitares ya que todos ellos conviven en esta región y entre sí no se hacen daño pues los perjuicios los sufre el campesino que tiene que someterse a todas esas acciones de opresión. En la zona se escucha que se realizará el desminado humanitario en algunas veredas y para lograrlo supuestamente el Batallón de Desminado N. 6 tiene que colocar unas repetidoras o torres de control para radios de comunicación VHF, entre otros. No se entiende a quién se busca beneficiar con esto, pues lo claro es que no beneficia a la población civil, sino que se refuerza el control armado en la zona. 

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • ·El lunes 20 de septiembre de 2021, en horas del día y en medio de fuerte consumo de licor en un espacio público, en La vereda La Unión, fue visto el paramilitar conocido como alias “Pollo”.
  • ·El martes 21 de septiembre de 2021, en horas de la noche, reconocidos paramilitares que controlan el poblado de San José de Apartadó y sus veredas, intentaron asesinar a un joven en el casco urbano de San José. En el lugar se escucharon varios disparos, al parecer de arma larga. Los hechos ocurrieron en el lugar conocido como La Invasión. Este día las unidades de Policía y Ejército que controlan el orden público en el centro urbano actúan como si nada hubiera pasado, pues se hicieron los ciegos y sordos ante el hecho, lo que reconfirma una vez más la complicidad y unidad de acción entre fuerza pública y paramilitarismo e la zona. 
  • ·El jueves 23 de septiembre de 2021, a las 13.00 horas, fue visto un punto o informante paramilitar en el lugar conocido como La Pedrona, de la vereda Mulatos Cabecera, quien portaba dos radios de comunicación. 
  • ·El domingo 26 de septiembre de 2021, tuvo lugar una fiesta, organizada por el Señor CÉSAR JARAMILLO, funcionario de FEDECACAO y asesor de la Alcaldía y de las Juntas Comunales, en el casco urbano de san José de Apartadó. A ella se invitó a las veredas del corregimiento y allí supuestamente le fue entregada una ambulancia al corregimiento para sus necesidades emergentes de llevar enfermos a los servicios médicos de Apartadó. Los engaños no tienen fin, pues al parecer dicha ambulancia la gestionó el coronel Bastidas para el servicio del Batallón #6 de Desminado y sólo estaría en San José hasta el día en que termine el desminado humanitario. 
  • ·El martes 28 de septiembre de 2021, en horas de la tarde, los paramilitares que controlan la región reunieron bajo amenazas a la población civil de la vereda La Cristalina; allí, según la información recibida, alias “CRISTIAN” y una persona mayor de nombre “FRANCO”, al parecer mando superior, quien a la vez estaba con más de 20 hombres vestidos de camuflado y portando armas largas, forzaron a los campesinos a asistir a la reunión para imponerle nuevas órdenes a los pobladores. 
  • ·El mismo martes 28 de septiembre de 2021, conocimos un audio donde el Señor CÉSAR JARAMILLO arremetió con graves calumnias contra una persona cercana a la región y contra nuestra Comunidad de Paz. En dicho audio, dirigido a las juntas de acción comunal, les comunica que dicha persona es un “delincuente” porque “defiende delincuentes”, es decir, porque defiende a nuestra Comunidad de Paz, compuesta, según él, por “delincuentes”. 
  • ·El miércoles 29 de septiembre de 2021, conocimos audios donde funcionarios del proyecto de Desminado Humanitario para San José de Apartadó comunican que colocarán unas torres de comunicación en la zona para radios de comunicación VHF. Según información de pobladores, se colocaría una torre en la vereda Alto Bonito y otra en la vereda La Hoz. Preocupa que se esté programando poner repetidoras para radios de comunicación sin saber cuál es la relación entre esto y el plan de desminar algunas veredas. Lo que sí es claro es que en la zona los que están utilizando radios de comunicación son la policía, el ejército y los paramilitares y esto les permite cargar radios de alta frecuencia en la zona. La estrategia del control no cesa en la región. Se busca de mil maneras controlar toda la vida de los pobladores para no permitir que sus maneras de pensar, de organizarse, de vivir, de pensar su futuro, se salga de los moldes que el paramilitarismo quiere imponer a sangre y fuego, estigmatizando a quien no piense como ellos o a quien estorbe los proyectos de explotación y opresión que quieren imponer. 
  • ·El jueves 30 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, los mismos paramilitares que reunieron a los campesinos el pasado martes 28 de septiembre en La Cristalina, convocaron reunión, esta vez en la vereda La Linda, donde llamaron no solo a todos los pobladores de la vereda sino también a todos los del casco urbano de San José de Apartadó. Según las informaciones, allí plantearon las nuevas reglas que toda la población civil tiene que acatar, según la reunión realizada por alias “FRANCO” y alias “CRISTIAN”, este último paramilitar que ya en otra ocasión ha reunido a la población civil en otras veredas e incluso realizó una reunión con la población de San José en el lugar conocido como La Invasión, que se encuentra en medio del Bunker de la policía y la base militar. Se da orden de que el casco urbano de San José debe conformarse como una sola junta de acción comunal y no seguir, como se encuentra ahora, divida por invasiones. Se le informó a la gente que continuará existiendo una olla de microtráfico abierta al público en el poblado de San José y que se pondrán altas multas a todo el que no acepte organizarse en los planes que están estableciendo para la región, incluyendo al que no participe en las reuniones obligatorias que los paramilitares imponen a los campesinos, pues la no participación en dichas reuniones los forzará a sufrir graves consecuencias.
  • ·El domingo 3 de octubre de 2021, en horas de la mañana, se escuchó un disparo de arma de fuego (pistola) en el caserío de La Unión.  
  • ·El jueves 8 de octubre de 2021, la población civil del casco urbano de San José fue obligada a trabajar comunitariamente por los paramilitares, según órdenes dadas en las dos pasadas reuniones del martes 28 y jueves 30 de septiembre en las veredas La Linda y La Cristalina. Según las informaciones, los encargados de supervisar el trabajo obligatorio fueron alias “MARLENY” y alias “WAFER”, entre otros. Al parecer tenían que participar en los trabajos y convites todos los pobladores a partir de 12 años, e incluso todos los estudiantes del Colegio Bartolomé Cataño estuvieron trabajando en dicha jornada. No cabe duda de que los paramilitares buscan someter a sus planes a todo el que vive en la región, pues hasta las mismas instituciones educativas terminan participando en estas jornadas controladas por la fuerza paramilitar, y si alguna persona no participa, tendría que pagar costosas multas. Al mismo tiempo se dio la orden de que en el corregimiento de San José se conforme una sola Junta de Acción Comunal, la cual no podrá estar dividida como se encuentra ahora. Se anuncia que los paramilitares realizarán otra reunión con la población civil y es de obligación que todos participen. Al parecer, algunos no han asistido y eso tiene molestos a los paramilitares que ya lanzan amenazas contra los que no quieren participar. 
  • ·El sábado 16 de octubre de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los militares que se encuentra acantonados en la cancha de futbol de la vereda La Unión ingresaron ilegalmente a la vivienda de un miembro de nuestra Comunidad de Paz y la utilizan como su sitio de hospedaje u hotel, pues allí permanecen todo el tiempo, aprovechando que el propietario no se encuentra ahora en la vivienda. Según la denuncia, dicha tropa militar lleva varios días de usurpación allí, supuestamente porque se va a empezar a realizar el Desminado Humanitario en dicha vereda y aprovechan los espacios de casas vacías para violar las propiedades. 

¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el paramilitarismo sea el que gobierne y diga qué es lo que se puede hacer en San José de Apartadó? Responsable es el gobierno local y también el gobierno nacional, por todo esto que está pasando en la zona, pues nuestra Comunidad lleva 24 años denunciando estas aberraciones sin ser escuchada, a pesar de que la Constitución Nacional le impone al Presidente de la República garantizar los derechos humanos fundamentales. Nunca ha querido escucharnos. Si algo le pasa a algún poblador en la zona será bajo su responsabilidad, pues cómo es posible que una zona con tanta presencia militar y policial, esté inundada de paramilitares que se caracterizan por una relación estrecha y coordinada con la fuerza pública, como su mismo nombre lo indica, sean los que gobiernan de facto? Nos preguntamos ¿Qué se ha hecho realmente para que sea desmantelado el paramilitarismo en la zona? Por el contrario, la orden de los paramilitares es mantener las ollas de micro tráfico y pago forzado de impuestos en San José y la misma policía y los militares se benefician de la droga para su consumo. Se pregunta uno ¿Dónde están todos esos políticos que buscan servir a sus intereses a costa de la población civil de San José? ¿Por qué no están denunciando todo este yugo paramilitar o es que los tienen a su servicio? 

 Como Comunidad de Paz no pararemos de dejar constancias de toda esta barbarie que se comete contra nuestra Comunidad y contra los demás pobladores de nuestra región. Sabemos que nadie en la región va a denunciar esto por el miedo que se vive, por la opresión paramilitar. También sabemos el riesgo que corremos al denunciar este fenómeno de muerte, pero aun así seguiremos adelante en nuestro proceso de vida. No queda más que agradecer a todas esas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo como gestos de solidaridad y fuerza moral con la que hemos contado en todo este tiempo.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 18 de 2021  

Publicado enColombia
Martes, 19 Octubre 2021 05:56

América Latina, retrato en negro

América Latina, retrato en negro

"Fui guerrillero en Bolivia y en Nicaragua. Luché con las armas en la mano porque era lo que había que hacer. No quedaba otra alternativa", decía Luis Sepúlveda.

Meses antes de fallecer la causa del coronavirus, el chileno Luis Sepúlveda recordaba sus años de combate: "Fui guerrillero en Bolivia y en Nicaragua. Luché con las armas en la mano porque era lo que había que hacer. No quedaba otra alternativa". Hablaba así durante la grabación de Latin Noir, documental de Andreas Apostolidis que explica la explosión de la novela negra en América Latina en la década de los 70, coincidiendo con la extensión de las dictaduras militares que entonces asolaron el continente.

Como paso previo a su carrera literaria, Sepúlveda ingresaba en 1979 en la Brigada Internacional Simón Bolívar y tomaba parte en la Revolución Sandinista. Mientras tanto, otros compañeros de generación, con el mexicano Paco Ignacio Taibo II a la cabeza, ya estaban sumergidos en las viciosas aguas de ese latin noir publicando historias de detectives. Querían contar aquella América Latina tan convulsa desde lo policial, pero sin intrigas de cuarto cerrado ni misterios de salón, atentos a la premonición nerviosa de sus países. Todos compartirían, andando el tiempo, la poética de Dashiell Hammett, represaliado en la noche del macartismo y piedra inaugural del género: la policía está corrupta y el Estado mata antes de preguntar. Con Pinochet en Chile o Videla en la Argentina, no se trataba de una ficción.

Pasaron cuarenta y cinco años desde que Taibo publicó Días de combate, primera entrega de la serie Belascoarán Shayne. Pero esa región que abarca más de veinte millones de kilómetros cuadrados de superficie, veinte países y unos seiscientos cincuenta millones de habitantes, sigue siendo un territorio interpretable desde un género nacido entre México y la Argentina como un observador privilegiado del rostro multiforme de la violencia, el narcotráfico o la corrupción. Si aquellos autores se empeñaron en llevar a su arroyo la fórmula del noir hammettiano con un análisis en primera línea de la realidad social de su tiempo, no hay duda de que lo consiguieron. Examinaron las raíces menos visibles del delito y le dieron la razón al Balzac que advertía la sombra de un crimen detrás de toda gran fortuna. Así y todo, el devenir social y político de sus países, en la actualidad, con las calles en tensión y la economía herida por la pandemia, insiste en mirarse en el espejo de un thriller en constante actividad. El retrato en negro no muda de color.

América Latina continúa siendo una de las regiones del mundo más violentas para las mujeres. En México, las estimaciones señalan unas 10 asesinadas y 26 desaparecidas al día, datos que las fuentes oficiales de 2020 traducen en 3.752 asesinatos. Lejos de esos números, pero no por eso menos estremecedores, el observatorio Mumalá cifra en 320 los casos de muertes violentas de mujeres durante el pasado año en Argentina. Desde ese escenario de terror escribe Dolores Reyes, autora de Cometierra (Sigilo) y feminista vinculada a los movimientos sociales. "Nací en 1978, en medio de las desapariciones provocadas por la dictadura. Y crecí con esa realidad muy presente, una herida a la que luego se sumaron los feminicidios". Reyes se refiere al drama que alentó su novela, un viaje entre lo criminal y el realismo mágico con ecos de Juan Rulfo. Una vidente del conurbano de Buenos Aires, en ausencia de pesquisas oficiales, come tierra para seguir la pista de mujeres desaparecidas. "Contar una historia que cuestione los orígenes de la violencia, la desigualdad o el funcionamiento de la justicia provoca que, sea o no tu intención, acabes pisando el territorio de la novela negra", explica la escritora.

Reyes se implicó a fondo en la lucha por la legalización del aborto en el país, que llegaría en diciembre de 2020, en plena pandemia, tras arrastrar las movilizaciones sociales más importantes de su historia reciente. Argentina se unía así a Uruguay, Cuba o Ciudad de México, cuyas legislaciones reconocen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ejemplos bien diferentes a los de Nicaragua, Honduras o El Salvador, con leyes prohibicionistas. En esos pañuelazos participó también Claudia Piñeiro, con una larga trayectoria narrativa y habitual en las marchas, que acaban de celebrar su sexto aniversario. El aborto y la moral religiosa, pasados por el tamiz del policial, conforman el núcleo de Catedrales (Alfaguara), novela con la que la autora de origen gallego ganó el premio Hammett de la Semana Negra de Gijón. Presentada con el habitual pulso narrativo de la casa, recupera la investigación de la muerte de una joven de clase media cuyo cuerpo aparece desguazado en un predio al sur de Buenos Aires. El peso de la familia atraviesa sus páginas. Y, al igual que Cometierra, vuelve a la cuestión de las mujeres sin voz, escondidas bajo el silencio impuesto por el patriarcado. Reyes, que celebra la conexión con Piñeiro, advierte: "No podemos bajar la guardia. Vendrán oleadas conservadoras que pretenderán disciplinar de nuevo nuestros cuerpos. Pero ahí estaremos otra vez las mujeres». Cada dos horas y media, América Latina registra un feminicidio.

Los mexicanos acudieron a votar en junio pasado tras una campaña que dejó una cosecha roja de noventa políticos asesinados y cientos de agresiones contra cargos públicos. Los resultados dibujaron una frontera interna en la capital del país: los barrios del este votaron en bloque por Morena, el partido del presidente López Obrador, y los del oeste, por la coalición de los grandes partidos tradicionales. Sobre el mapa, en las redes se bromeó con esa especie de muro redivivo de Berlín, línea divisoria que separa las zonas más acomodadas de aquellas con escasos ingresos o directamente pobres. No se trata de una casualidad. Abriendo el foco, América Latina es la región más desigual del mundo y la pandemia empeoró las diferencias. A principios de 2020 se contaban 76 ciudadanos con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. Ahora, a pesar de la crisis, a mediados de este 2021, superan ya el centenar. Mientras unos pocos se enriquecen, el PIB se contrajo un 7,7% en la zona por efecto del coronavirus. La pobreza afecta a uno de cada tres habitantes, dicen los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El mexicano Iván Farías, que acaba de publicar en España Un plan perfecto (Real Noir), señala la fecha de inicio del imparable ascenso de la desigualdad en su país: "Aquí comienza a agravarse desde que en 1994 entra en vigor el tratado de libre comercio con los EUA y Canadá, que supone que muchas empresas mexicanas terminen en manos de multinacionales». En apenas cinco años, la pobreza creció hasta el 28%, mientras empresarios como Carlos lim, quizás la persona más rica del mundo, se beneficiaban de la desregulación del mercado de trabajo. Ese paño de fondo está presente en la cáustica amoralidad de su novela, poblada de personajes consumidos por la avaricia que buscan aumentar sus posesiones materiales al precio que sea. No obstante, el protagonista es un ladrón con un código moral que evita el empleo de la violencia. "No solo del narco vive la novela negra en México", apuntan en la editora. Pero al otro lado de su presencia habitual en la ficción −en Netflix ya se puede ver Somos, basada en la masacre de Allende, perpetrada hace una década por Los Zetas−, los cárteles se nutren cada día de los elevados niveles de pobreza en el país.

Por el camino, su samaritanismo de Instagram deja alguna estampa disparatada: la hija del Chapo Guzmán, en los peores días de la pandemia, se dedicó a repartir cajas de alimentos con la imagen impresa de su padre. Farías mira más allá del río Bravo, desbordado cada año con millares de migrantes centroamericanos, para explicar la cronificación de una trama sin fin: "La violencia y las diferencias económicas son compartidas con los Estados Unidos, sólo que ellos tienen mejor prensa. Pero es suficiente con leer a Dennis Lehane, a George Pelecanos o a Richard Price. Ahí está la cantidad de gente que vive sin techo o en los coches, los millones de armas, los lugares donde no existe el Estado. Mientras sigan siendo un país neoliberal y corrupto, los mexicanos seguiremos arrastrados por eso».

En Chile, las protestas de finales de 2019, iniciadas con las manifestaciones de estudiantes, descontentos por el aumento de los precios del transporte público, acabaron con la convocatoria de un plebiscito para cambiar la constitución de Pinochet. Una esperanza en marcha, pero a cambio de muertos, orturados y alta tensión social. La indignación se trasladó a Colombia, donde una dura reforma fiscal agitó los ánimos a finales de abril. El presidente Iván Duque ordenó el despliegue de cuatro mil miembros del ejército en Cali para frenar el incendio en las calles. Una partitura semejante a lo que vimos en Chile cuando Sebastián Piñera declaró al país "en guerra" y echó mano de diez mil uniformados para encarar el conflicto. Argumentos todos de este siglo, pero no muy distintos a los que incorporó a sus obras a vieja guardia del latin noir. El último punto de giro podemos buscarlo en Nicaragua: Daniel Ortega deteniendo políticos de la oposición, incluidos antiguos guerrilleros que liberaron el país de la dictadura en 1979, ante el miedo a perder las próximas presidenciales de noviembre.

El contexto parecería propicio para una novela de Leonardo Sciascia o Jean-Patrick Manchette, líder espiritual del neo-polar francés de los 70. Pero, en opinión del guatemalteco Francisco Alejandro Méndez Castañeda, para un análisis eficaz no hace falta que la conciencia sea la única musa del escritor. El reflejo de un escenario tan turbio habla por sí mismo. "Nada mejor que la novela criminal para describir las consecuencias de la crisis capitalista y el auge de los populismos, pero no es estrictamente necesario que los investigadores sean, pongamos por caso, de inspiración marxista. Es suficiente con presentar una pesquisa que siempre nos acabará trasladando a un sistema corrupto".

Coinciden entre las últimas novedades que llegan del otro lado del charco Y líbranos del mal (Seix Barral), del peruano Santiago Roncagliolo, o Perro muerto (Alrevés), del chileno Boris Quercia. Méndez Castañeda, premio nacional de literatura en Guatemala, viene de editar en México Si dios me quita la vida, nueva entrega del comisario Pérez Chanán, aún inédito en España. Señala un trazo distintivo del policial latinoamericano respecto al de estas latitudes: "Diría que el cinismo, el humor negro, la manera en que abordamos la muerte. La realidad de nuestros países es tan irracional que hasta se puede arrancar una carcajada de los interrogatorios más salvajes de la policía. Pensemos en Agosto, del brasileño Rubem Fonseca, o en algunas novelas del cubano Leonardo Padura». Antes bien, la revisión de algunos datos en frío, al otro lado de la literatura, no provoca risa. En Venezuela, líder de la región en homicidios, fallecieron cerca de doce mil personas el año pasado por muerte violenta. La paradoja es que los números descendieron a la mitad respecto a 2018. Una explicación la encontramos en la depresión económica. La delincuencia también emigra.

El recurso al lawfare −empleo de la justicia para la persecución política− está a la orden del día en la región, abundante en thrillers jurídicos. En Brasil, millones de ciudadanos votaron en 2018 a Bolsonaro pensando que Lula de la Silva era un delincuente. Una campaña por tierra, mar y aire lo llevó a la cárcel y lo inhabilitó para presentarse a unos comicios que lo daban ganador. Los tribunales han anulado la condena, reconociendo que no fue juzgado con imparcialidad. En Bolivia, una ofensiva jurídica similar acabó con Evo Morales, en el exilio desde finales del 2019, hasta que un año después el país recuperó la democracia con la victoria de Luis Arce. Hoy las comedias trumpistas amenazan la democracia en Perú.

El resultado de las recientes elecciones mostraron que el maestro rural Pedro Castillo ganó por una margen de unos 44.000 votos, pero Keiko Fujimori se empeñó en no aceptar la derrota argumentando, siempre sin pruebas, que existió fraude. Sigue impulsando un movimiento en el tablero que tiene traza de intento de golpe de estado, con el objetivo de deslegitimar la victoria de su rival y propiciar una intervención del ejército. La última reaparición de un personaje tan siniestro como Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial, haciendo llamadas telefónicas desde la cárcel para alterar los resultados, confirma una nueva pata en la estrategia desestabilizadora.

Cesar Alcázar, editor del sello Safra Vermelha y organizador del festival Puerto Alegre Noir, el mayor evento literario del género en el Brasil, describe la contaminación que está dejando el discurso bolsonarista en la esfera pública: "Su llegada provocó un retroceso abismal en el debate político. Ahora ya no hay ideas ni propuestas, solo triunfan las provocaciones y las reyertas en las redes sociales, las noticias falsas, las constantes teorías de la conspiración". Fue allí, en Puerto Alegre, donde el prefeito −a autoridad municipal− llegó a aparecer en un vídeo pidiéndoles a los vecinos que dieran su vida para salvar la economía. "Se respira un fuerte rechazo contra los intelectuales, mucha hostilidad contra los trabajadores de la cultura.

Hay un continuo negación de la ciencia», apunta Alcázar. Pero a mediados de junio, centenares de brasileños asistieron a las numerosas manifestaciones que tuvieron lugar en varios estados para exigir la renuncia del presidente, acusándolo de dar prioridad a la Copa América frente a la tragedia humanitaria que siguió a la pésima gestión de la pandemia. Las marchas se desarrollaron en cuatrocientas ciudades, el doble que en las movilizaciones celebradas en mayo. Y aunque se prefiere no cantar victoria, comienzan a viralizarse con más intensidad las causas del sector progresista. Durante las protestas, los análisis indicaron que Bolsonaro perdió el combate en las redes ante el impulso de Lula, vencedor en contenido positivo y capacidad de movilización. En 2021 no habrá Puerto Alegre Noir, pero Alcázar espera recuperarlo el año que viene. No recomiendan la lectura de Entierre a sus muertos (Companhia de las Letras), de Ana Paula Maia, para tener un retrato perfecto de la actual atmósfera del país. Y pronuncia una palabra que no se apaga nunca: "Esperanza". A pesar de que el retrato de este viaje insista en el negro.

19/10/2021 07:47

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Masiva manifestación en Chile a dos años del estallido contra la desigualdad

Por la mañana, un grupo de estudiantes y trabajadores de la salud saltaron los molinetes del Metro de Santiago reeditando el hecho que marcó el comienzo de las protestas en 2019.

 

Con una masiva manifestación en Santiago que reunió a miles de personas, Chile recordó este lunes el segundo aniversario del histórico estallido de 2019, una conmemoración que coincidió con el inicio de la redacción de la nueva Constitución. La presidenta de la Convención Constituyente, la mapuche Elisa Loncón, dio inicio al proceso en el que empezará el debate de fondo de la nueva Carta Magna, uno de los reclamos centrales de la ola de protestas que sacudió a Chile dos años atrás.

"El único camino es el ejemplo de octubre"

Al son de "Chile despertó", un clamor que se popularizó hace dos años, y en la céntrica Plaza Italia de Santiago, el 18 de octubre transcurrió en general en un ambiente festivo. Ante un despliegue de cinco mil carabineros, las multitudes protestaron contra el gobierno y clamaron por un modelo socioeconómico más justo y por la liberación de los manifestantes que llevan meses detenidos.

Por la mañana, un grupo de estudiantes y trabajadores de la salud saltaron los molinetes del Metro de Santiago, reeditando uno de los hechos que marcó el comienzo del estallido, inicialmente motivado por un aumento del precio del boleto del subte, pero que luego creció a una exigencia de cambios políticos y sociales más profundos.

Casi al mismo tiempo estudiantes de secundaria se colgaron de una pasarela próxima al edificio Costanera Center, el mayor rascacielos de Sudamérica, para desplegar una pancarta con el mensaje: "El único camino es el ejemplo de octubre". Si bien la mayoría de las manifestaciones en la capital chilena transcurrieron de forma pacífica, por la tarde y noche se registraron algunos disturbios que incluyeron barricadas, vehículos quemados e intentos de saqueo.

Un pequeño grupo de manifestantes intentó ingresar sin éxito a las inmediaciones del céntrico exCongreso nacional, donde trabaja la Convención Constituyente que, tras tres meses discutiendo su reglamento y otras cuestiones técnicas, arrancó la redacción de la nueva Carta Magna. "Por primera vez los pueblos de Chile nos hemos sentado en una mesa plural a discutir y pensar en un país donde la dignidad se hará costumbre", señaló la académica de etnia mapuche Elisa Loncón, presidenta del órgano. 

Enterrar la Constitución de Pinochet

La Convención Constituyente, formada por 155 miembros, es la primera paritaria del mundo y cuenta con una gran presencia de ciudadanos independientes y ajenos a la política partidaria. La nueva Constitución, que deberá estar lista en un máximo de un año y debe ser ratificada en un plebiscito de salida, podría servir para dejar atrás la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y de marcado corte neoliberal.

Un importante sector de la sociedad chilena le achaca a este texto las grandes desigualdades del país y la privatización de servicios básicos como las pensiones, el agua o la salud, algunas de las reivindicaciones clave de las manifestaciones. Durante los últimos años se registraron una treintena de muertes y miles de heridos que decantaron en reiterados señalamientos hacia las fuerzas de seguridad por una excesiva represión y violaciones a los derechos humanos.

El aniversario del estallido social llega en medio de la campaña para los comicios presidenciales del 21 de noviembre. La desaprobación del mandatario saliente alcanza al 68 por ciento, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, y la oposición en conjunto presentó la semana pasada al Congreso una acusación constitucional contra Piñera que puede conducir a su destitución.

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Raúl Zibechi. Fuentes: Rebelión [Imagen: colectivo Manifiesto; publicada en la revista La Tinta]

Entrevista al periodista Raúl Zibechi, coordinador del libro Las luchas del pueblo mapuche (Eds. Baladre y Zambra)

 

 “Hoy será un día histórico del actuar racista y terrorista del Estado chileno y del gobierno del criminal Sebastián Piñera”, manifestaba el pasado 12 de octubre la Comunidad Mapuche Autónoma del territorio de Temucuicui, en respuesta al “Estado de Excepción” de 15 días decretado por el presidente, que incrementa el uso de las Fuerzas Armadas. Asimismo se demuestra, según la declaración comunitaria “el rotundo fracaso del Estado” y “la falta de voluntad política”.

La explicación de los mecanismos de represión figuran, entre otros contenidos, en el libro colectivo Las luchas del pueblo mapuche, coordinado por el periodista e investigador Raúl Zibechi, y el antropólogo Edgars Martínez. Publicado por Coordinación Baladre e Iniciativas sociales Zambra, en la edición han colaborado Ecologistas en Acción, CGT y el Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ). Recientemente Baladre y Zambra han publicado ensayos de Zibechi como Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de colapso. La siguiente entrevista se realiza por correo electrónico.

-¿En qué consistió la denominada Pacificación de la Auraucanía, desplegada por el Estado chileno entre 1861 y 1883? ¿Qué consecuencias tuvo?

Fue una invasión militar al territorio mapuche cuya autonomía había sido reconocida incluso por la Corona española, porque nunca pudieron conquistarlos ni dominarlos. Cuando la independencia Chile era un pequeño país cuya burguesía comenzó a expandirse militarmente hacia el norte y el sur, atacando a los pueblos originarios.

En el caso de Wall Mapu, las consecuencias fueron desastrosas para el pueblo mapuche: perdieron la mayor parte de sus tierras, la población se redujo como consecuencia del genocidio y de la dispersión, se empobrecieron y fueron confinados en espacios acotados donde la sobrevivencia se hizo muy difícil.

-El libro comienza con una referencia al asesinato de Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018; la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema contra siete excarabineros por el crimen, en mayo de 2021; y la represión en la Comunidad de Temucuicui. ¿Qué trascendencia tuvo el asesinato del joven comunero?

El asesinato de Camilo fue el momento de mayor expansión del movimiento mapuche entre el pueblo chileno, mucho mayor que ante crímenes anteriores o ante las huelgas de hambre del bicentenario.

Miles de chilenos, de norte a sur, salieron a las calles, montaron barricadas, hicieron sonar cacerolas, en una muestra inédita de apoyo al pueblo mapuche. En Santiago, por ejemplo, durante 15 días hubo cortes de calles con quemas en varios barrios. La importancia de este apoyo al pueblo mapuche recién la comprendimos, por lo menos en mi caso, cuando en la revuelta de 2019 la bandera mapuche fue la que flameó en todas las manifestaciones, desplazando otras banderas, incluso la del Estado de Chile. 

-¿Consideras que la izquierda política y el movimiento social chileno han asumido las reivindicaciones de los pueblos originarios?

Para nada. En este mismo momento, con una Convención Constituyente presidida por una mujer mapuche y cuando estamos a semanas de las elecciones presidenciales, el gobierno decreta el estado de emergencia y envía soldados y tanques a Wall Mapu. La reacción de la izquierda es simbólica, cuando no debería ser otra que abandonar las instituciones que, de ese modo, se convierten en cómplices de la militarización de todo un pueblo.

Deberían darse hechos concretos, no sólo declaraciones. Para la izquierda hegemónica el tema mapuche es apenas un punto electoral, su población un posible caudal de votos, y poco más. Pero esto no sucede sólo en Chile, en toda la región latinoamericana las izquierdas no toman en serio a los pueblos originarios. Apoyar el nombramiento de una mujer mapuche al frente de la Convención Constituyente, no se condice con la pasividad ante la militarización.

-En los periódicos La Jornada y Desinformémonos has escrito sobre los riesgos para el movimiento mapuche que implica la Convención Constituyente. ¿Dónde está el peligro?

El principal peligro, como estamos viendo, es el vaciamiento del movimiento popular que se escora hacia las instituciones y abandona la calle y la organización autónoma. Lo hace porque cree que con una buena Constitución y un gobierno progresista, las cosas van a cambiar. Sin embargo, no quieren ver que las experiencias anteriores en la región nos enseñan que el modelo de despojo sigue en pie y se profundiza, que la militarización continúa, que la violencia contra los pueblos y contra las mujeres no se consigue frenar.

En suma, el peligro es el aislamiento de los pueblos y de las y los que luchan, por parte de gobiernos que apenas muestran un discurso –y sólo un discurso- diferente al de la derecha, sin cambios estructurales y con políticas sociales que no resuelven la pobreza sino la alivian durante un tiempo.

-El 12 de octubre el presidente Piñera decretó el Estado de Emergencia en el Wallmapu ¿Qué mecanismos de represión utiliza habitualmente el Estado de Chile contra las comunidades y organizaciones?

Desde la represión dura y pura hasta montajes judiciales para criminalizar a las comunidades rebeldes, pasando por el secuestro de personas, la invasión armada de los lof para intimidar y hacer retroceder la lucha. Además se arman civiles para atacar a las comunidades, usando toda la gama de medidas de contrainsurgencia. Se militariza Wall Mapu porque hay un crecimiento tremendo de las recuperaciones de tierras, que en un año se multiplicaron por cuatro o cinco, en un proceso imparable. Lo que está haciendo el Estado de Chile, es usar el terrorismo para seguir sometiendo a un pueblo que se levanta.

-¿Pueden citarse ejemplos de sectores económicos y empresas beneficiarias de la acumulación por desposesión en los territorios mapuche?

En particular, las grandes empresas forestales, grupos empresariales muy poderosos que hicieron su agosto durante la dictadura de Pinochet. Esas empresas invadieron el territorio mapuche con plantaciones de pinos, al punto que llegas a un lof y te encuentras con que las comunidades están apretadas entre pinos y no tienen tierra suficiente para vivir. Esas plantaciones desplazaron los árboles nativos, sobre explotan el agua y la tierra, y la madera es chipeada para explotarla al norte, en general a varios países de Asia.

A esto deben sumarse las grandes obras de infraestructura, en particular las hidroeléctricas, los monocultivos de salmones que contaminan el océano y ponen obstáculos a las comunidades de pesca.

-El libro colectivodedica un capítulo a la huelgas de hambre de los presos políticos, por ejemplo la llevada a término por el machi Celestino Córdova. ¿Por qué es importante esta forma de lucha?

Las huelgas de hambre han sido el modo de dar a conocer la resistencia de los presos mapuche, de visibilizar la criminalización y los montajes judiciales y de recabar solidaridad entre el propio pueblo mapuche, los otros pueblos originarios y los chilenos y chilenas de abajo. A mi modo de ver, las huelgas de hambre han sido fundamentales en este largo proceso de ruptura del cerco informativo, que finalmente se ha conseguido, porque el pueblo mapuche es un símbolo de dignidad y resistencia muy potentes en el sur de este continente.

-Por último, ¿consideras que existe alguna relación entre las resistencias zapatista y mapuche?

Lo que existe es una potente resonancia de las dignidades rebeldes. No se trata de si existen lazos orgánicos o relaciones políticas. Sabemos que el EZLN ha asumido la consigna mapuche “Marichiwew” (cien veces venceremos), y que entre organizaciones mapuche hay mucho interés por lo que sucede en Chiapas.

Pero lo más importante es la resonancia de dignidades, de rebeldías en resistencia, de la terca voluntad de seguir adelante pese a todas las represiones, sean de la derecha o de la izquierda, porque en Chile fue la progresista Bachelet una de las que aplicó la ley antiterrorista durante su gobierno, contra el pueblo mapuche.

 

 | 16/10/2021

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Los horizontes autonomistas del movimiento mapuche

La elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención Constitucional chilena es el emergente de un largo proceso de organización y lucha de la población mapuche, que mediante diferentes estrategias, más gradualistas o más radicales, fue posicionando la cuestión de la autonomía y, más recientemente, del Estado plurinacional. Esta dinámica política constituyó una suerte de «otra transición» dentro de la Transición posdictadura.

 

Las nuevas problemáticas identitarias

Un momento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento mapuche: alrededor de las 15:20 horas del 4 de julio de 2021. Concluida la segunda ronda electoral para escoger la mesa directiva de la Convención Constitucional, la mayoría del cónclave votó a favor de Elisa Loncon para conducir, en una primera etapa, la redacción de una nueva Carta Magna para Chile. Loncon proviene de una familia vinculada a los movimientos que impulsaron las «recuperaciones de tierras» durante la Reforma Agraria en las décadas de 1960 y 1970, aunque su historia se vincula al ñidolongko Loncomil, quien resistió a las fuerzas militares de Ejército de Chile en la ribera del río Malleco junto con Kilapan, hijo de Mañilwenü, en 1860. Este episodio histórico fue denominado por la historiografía «Ocupación de la Araucanía»1

En su discurso del 4 de julio, Loncon propuso una ruta como horizonte para conformar un nuevo tipo de república que incluya la interculturalidad. La presidenta de la Convención señaló: «mandarles un saludo a los niños que nos están escuchando: se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución»2.

En paralelo, desde principios de 2021, el movimiento mapuche partidario de la autodeterminación, encabezado por la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (cam), Resistencia Mapuche Lafkenche (rml), Resistencia Mapuche Malleco (rmm) y Weichán Auka Mapu [Lucha del Territorio Rebelde], impulsó una oleada de «recuperaciones de tierras», que incluyó el uso de la violencia política contra maquinarias y camiones forestales, y también el incendio de casas de agricultores y cabañas de turismo. Bajo los marcos ideológicos desarrollados por la cam, que promueve el «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», el movimiento favorable a la autodeterminación hizo uso de la violencia en el marco de lo que consideran sabotajes al capitalismo. 

Los movimientos gradualistas y rupturistas han contribuido a la acumulación de fuerzas para la «liberación nacional» del pueblo mapuche. Este último concepto, incorporado en la década de 1990 por la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas las Tierras] –aunque debatido en la década anterior entre los jóvenes de la organización Ad Mapu–, creció dentro del movimiento, aunque solo se tornó hegemónica con la creación en 1998 de la cam. La cam fue un catalizador de nuevas ideas que en el plano teórico fueron debatidas por el partido mapuche Wallmapuwen y su equipo de intelectuales en la primera década del nuevo milenio3

Desde nuestro punto de vista, fue como consecuencia de la acción colectiva de la cam, más específicamente de sus estrategias de «recuperaciones de tierras» y edificación del «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», que incluye formas de acción directa como la quema de camiones y de maquinaria forestal –«símbolos del capitalismo forestal»–, que el concepto de «liberación nacional» se fue volviendo hegemónico en la discusión en el seno del pueblo mapuche. Sin embargo, en los últimos dos años, algunos hechos de violencia sobre civiles y detenciones de miembros del pueblo mapuche derivaron en hechos delictivos, que fueron criticados por los miembros del propio sector rupturista del movimiento. 

Al movimiento mapuche se unió una corriente autonomista «desde abajo», que transitó de las «recuperaciones de tierras» a las del territorio como ejercicio de poder4. Coincidió con la hegemonía del modelo neoliberal en América Latina, propiciado por dictaduras militares y gobiernos democráticos entre las décadas de 1980 y 1990. El historiador, antropólogo y sociólogo José Bengoa ha llamado este proceso «emergencia indígena en América Latina», debido a la irrupción de las identidades de los pueblos originarios, lo que favoreció la expansión de un movimiento «panindigenista» basado en una «reinvención» de la cuestión indígena que combina urbanidad y ruralidad5.

La gran revuelta indígena en América Latina transformó la situación política de los pueblos originarios y ha insertado la disputa por la historia como fundamento de sus horizontes políticos. Se trata de una suerte de «invención de la tradición» como la que han desarrollado todos los movimientos que se plantean en el marco de la reconstrucción de una nación. En el caso de la cam, lo vemos en la revalorización del weichafe [guerrero] como elemento protagónico en el movimiento rupturista, así como en la del papel de las autoridades tradicionales6

Estas últimas hacen alusión a los conductores y conductoras del pueblo mapuche: longko (cabeza jefe de una comunidad), werken (vocero), machi (autoridad sanadora). Cada comunidad tiene un longko, y el conjunto de las comunidades conforma el Wallmapu, el conjunto de la nación mapuche7. En este marco, se ha producido también una descolonización de nombres y apellidos: los nuevos nacimientos reciben nombres en mapuzungun. Esta es una muestra de lo que se conoce como «orgullo de ser mapuche», resultado del accionar del movimiento, que ha incrementado la pertenencia étnica en los últimos años8. Para los mapuche, a todos los seres y espacios de la naturaleza se les asigna un alma que armoniza con el resto de las vidas existentes en Wallmapu. Según Elicura Chihuailaf: «nuestra existencia se afirma en dos grandes normas que regulan a la gente entre sí y a la gente con el medio natural que lo rodea. Son los conceptos de Nor y Az». El primero refiere a las pautas de la relación que debe tener la gente con la naturaleza y sus componentes, mientras que el segundo apunta al reconocimiento y la determinación del origen biológico y familiar de cada mapuche. Esto último permite articular la relación de cada familia con su lugar de origen, cimiento de los Lof, que luego del proceso de reducción territorial derivaron en lo que la Ley Indígena de 1993 catalogó como «comunidades».

A efectos de comprender los recientes debates internos del pueblo mapuche, es necesario distinguir las comunidades tradicionales, que derivaron de los títulos de merced post-Ocupación de la Araucanía, de las nuevas comunidades creadas al amparo de la Ley Indígena 19.253 de 1993, que permite la asociación de personas mapuche que se postulan para la compra de tierras no exclusivamente en sus territorios originarios, lo que ha sido fuente de nuevas controversias en el seno del pueblo mapuche. Por un lado, se «recuperan» tierras, pero por el otro, se rompen las normativas del equilibrio sobre la base del Az Mapu (sistema jurídico mapuche), al insertar a personas mapuche provenientes de otras identidades territoriales en territorios a los que no pertenecen desde perspectivas cosmológicas9. Esto ya había sucedido, sobre todo durante la Ocupación de la Araucanía, cuando ciertas familias tomaron la decisión de relocalizarse debido a la violencia estatal10.

La reciente elección de la Convención Constitucional demostró la fuerza del voto mapuche en sus territorios. Sin embargo, la misma elección –parafraseando al dirigente Adolfo Millabur, quien señaló que «mapuche vota por mapuche»– demostró que es muy relevante la fuerza de los mapuche que no viven en Wallmapu, sino que habitan en las grandes ciudades fuera del territorio mapuche. Así, las cifras de población mapuche que vive fuera de Wallmapu han llevado al movimiento a pensar sobre su realidad y sus formas de construcción política. De esta forma, un sector comenzó a reflexionar sobre la plurinacionalidad o la autonomía regional como un camino plausible para desarrollar los derechos colectivos en una perspectiva de autodeterminación11. Pero también se planteó la posibilidad de un retorno al país mapuche para construir el control territorial. Con esto último creemos que se relaciona el reciente asesinato del miembro de la cam Pablo Marchant en un enfrentamiento con Carabineros de Chile durante una «recuperación de tierras» en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco12.

Los debates sobre la autodeterminación

La autonomía ha dejado de ser una moda o un reclamo aislado para los pueblos indígenas. Para Miguel González y Aracely Burguete Cal y Mayor, este concepto debe ser visto como polisémico; proponen pensar en «las autonomías» como una imagen multicolor, con variables de contenidos y significados culturalmente construidos. Este paradigma, comprendido como parte de los procesos de descolonización, puede ser planteado en el marco de una imagen más amplia: la de los derechos humanos.

Puestas en debate en la Declaración de Barbados de 1971 y luego en la legislación del Régimen de Autonomía Regional de Nicaragua con la Revolución Sandinista, las autonomías permitieron avanzar en la discusión sobre los nuevos derechos que portan los pueblos indígenas. Así, desde la década de 1980, las dirigencias fueron creando marcos políticos, jurídicos y simbólicos para avanzar hacia la libre determinación13.

Los mapuche, no ajenos a estos debates, decidieron avanzar hacia un proyecto de «carácter histórico» –como llamaron a la autodeterminación–. En palabras de José Mariman, estos nuevos postulados difieren de la reivindicación de la tierra del siglo xx; no obstante, las experiencias de las comunidades que refuerzan la concepción de autonomía fueron las «recuperaciones de tierras» bajo las reformas agrarias y los asentamientos. Para Mariman, el concepto de «autonomía» no es homogéneo, trasluce un debate interno en la «sociedad política» mapuche, que nos habla de la existencia de un discurso que pone el énfasis en lo etnocultural o en las tradiciones cuando se imagina un futuro para los mapuche14.

Ahora bien, ¿qué se entiende por autodeterminación? En 1983, en la Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche convocada por Ad Mapu, se señaló: «la Ocupación significó la interrupción del proceso de desarrollo de nuestro pueblo y el arrinconamiento de nuestra población en reducciones indígenas». En los puntos siguientes, la Asamblea se pronuncia a favor de la «autonomía y autodeterminación de nuestro pueblo en cuanto a que debemos ser gestores y protagonistas de nuestro propio proceso de desarrollo» y concluye sosteniendo los deseos de «participar en la redacción de una nueva Constitución Política que resguarde y garantice nuestros derechos y patrimonio cultural de acuerdo con nuestra identidad étnica»15. En 1985, en la revista Nütram –órgano ideológico de Ad Mapu–, se plantea: «un mapuche sin tierra no es un mapuche».

Años después, en una conversación con Ana Llao, dirigente de Ad Mapu, ella recordaba cómo se fue planteando la necesidad de una nueva Constitución que reconociera a los mapuche como sujetos de derechos16. La presión en el interior de Ad Mapu por hacer cumplir los compromisos del candidato a la Presidencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, como el reconocimiento constitucional, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la creación de una normativa de protección y fomento de la identidad, buscó concretar un compromiso de la oposición a la dictadura, en el marco de una oleada democratizadora a escala global17.

La Ley Indígena de 1993, no exenta de visiones coloniales, diseñó políticas de afirmación que permitieron un desarrollo de la población mapuche sobre la base de la inserción educativa, el apoyo económico a estudiantes, el fomento de las artes y la inserción en el sistema educativo sobre la base de políticas de afirmación identitaria. A casi 20 años de esa ley, es factible pensar que los nuevos desafíos asociados a la politización de la identidad se relacionan con dos nuevas realidades: el auge del movimiento autonomista y las políticas de afirmación. Ambos, suscritos a un modelo económico que se constituye en la desigualdad y la diferencia, han terminado por crear un marco político en el que los miembros con pertenencia étnica son incorporados bajo el neoliberalismo sin ser sujetos de derechos y con dificultades de insertarse en un modelo que se basa en la desigualdad. Esto último potenció el movimiento extrainstitucional, que fue logrando, en los primeros siete años de la transición democrática, mayor peso político18. Desde 1990, con la fundación de Aukiñ Wallmapu Ngulam, la autodeterminación continuó afirmándose como horizonte político para el pueblo mapuche. Esto puede ser visto como la «otra transición» a la democracia, ya que Aukiñ Wallmapu Ngulam reforzó la perspectiva de que fuesen las comunidades las que sustentan el proceso político mapuche y que sus liderazgos tradicionales encabezaran el proyecto de «liberación nacional» mapuche.

Desde esa perspectiva, impulsaron nuevas «recuperaciones de tierras», lo que provocó conflictos con los gobiernos de la Concertación. A su vez, los procesos de «descolonización ideológica» llevaron a los militantes a forjar alianzas con comunidades situadas en Argentina, para fortalecer y ampliar el horizonte por la autonomía y la reconstrucción de Wallmapu. Para los miembros de la organización, la reconstrucción nacional del pueblo mapuche debía ser impulsada a ambos lados de la cordillera ya que esta, antes de que se establecieran las fronteras nacionales, era el centro del antiguo país mapuche. No fue extraño que, hacia el quinto centenario de la conquista de América, el movimiento mapuche lograra desarrollar un movimiento que articulaba a distintas comunidades, autoridades tradicionales y una fuerte movilización por la tierra junto con la creación de un arsenal político e ideológico, y que esto concluyera en la gestación de un movimiento autonomista. En esa línea, en octubre de 1992, la organización presentaría la bandera de la nación mapuche: la Wenüfoye19, que se vio flamear en todo el país durante la última ola de protestas.

La articulación de lo internacional y lo nacional derivó en la discusión de lo que se denominó Estatuto de Autonomía Mapuche. Sostenida en los antiguos territorios del Lof Kallfükura en Argentina, la discusión versó en torno de la definición de la Nación Mapuche desde un punto de vista histórico, normativo, institucional, territorial y cultural. Se propició inscribir el Estatuto bajo las legislaciones internacionales que el Estado debería adoptar para que los mapuche pudiesen ejercer sus derechos colectivos. Todo ello, bajo «el ejercicio concreto del derecho a la libre determinación»20.

Estos avances políticos e ideológicos no fueron comprendidos por los gobernantes de la Concertación, que continuaron desconociendo los derechos colectivos del pueblo mapuche. La fundación de la cam fue producto del proceso de radicalización mapuche. Bajo el influjo de la insurrección zapatista en México y la experiencia de algunos de sus miembros en organizaciones armadas de la izquierda chilena, la violencia política comenzó a ser ejercida y teorizada como un aspecto del proceso de autodeterminación.

Entre sus principales aportes, la cam introdujo la perspectiva de la «descolonización ideológica». En ese ámbito, la ocupación de los territorios y el control de estos mediante lo que llama acción directa quiebra inexorablemente la institucionalidad que se desea imponer.

Las discusiones sobre la autodeterminación fueron cada vez más importantes en el seno de la comunidad política del pueblo mapuche, que continuaba construyendo elementos para forjar una subjetividad militante que el Estado nacional no tomaba en cuenta ni tampoco intentaba encauzar a través de reformas políticas. Al contrario, se inició una política de criminalización que significó abrir un espiral de violencia que no se ha detenido y que inclusive ha roto la confianza hacia cualquier intento de institucionalizar el conflicto mapuche. Lo que es más grave: un sector del movimiento autonomista no cree en los procesos de reformas constitucionales o que sea posible avanzar en los derechos colectivos a partir de la reconfiguración del Estado. La expresión de esto ha sido el reciente viaje de una comitiva de la comunidad Ignacio Queipul en Ercilla para cuestionar a los constituyentes mapuche electos por no representar los derechos colectivos, bajo la idea de que la participación mapuche en la Convención Constitucional es irresponsable e inconsecuente con la historia y el futuro del pueblo mapuche.

En paralelo, se inició una política de criminalización de los activistas de la cam, quienes fueron enjuiciados usando normativas de excepción, como la Ley por Conductas Terroristas. Esto determinó el paso de la organización a la clandestinidad, así como procesamientos por asociación ilícita terrorista. Esto último se aceleró luego de que entre 2001 y 2004 se sumaran a la cam comunidades Wenteche que combatieron a los agricultores incendiando sus casas. En ese marco, comenzó un proceso de clandestinidad de los miembros de la organización y un conflicto esencialmente político fue entregado a la fuerza pública. Es viable plantear que, en ese escenario, el multiculturalismo como respuesta al ascenso del movimiento mapuche tomó protagonismo.

Los debates sobre la plurinacionalidad

En 1996, el joven mapuche de la provincia de Arauco Adolfo Millabur Ñancul fue elegido alcalde por la comuna de Tirúa. Para ese entonces, era miembro de la Coordinadora Territorial Lafkenche y del hogar de estudiantes Pegun Dugu. Los lafkenche (gente del mar) comenzaron a idear un movimiento en defensa del mar y sus seres vivos y a pensar en formas de recuperar la tierra y crear un movimiento de reivindicación política ante el contexto de emergencia indígena, así como de la influencia de Aukiñ Wallmapu Ngulam.

La provincia de Arauco fue una de las comunas que vivieron la experiencia de la reforma agraria y la violación de los derechos humanos contra quienes participaron de ella. Además, por ser sede de yacimientos de carbón importantes para el país, la formación de una clase trabajadora con conciencia en esas tierras fue un hecho que contribuyó a la politización. Todas estas variables contribuyeron a la conciencia política de jóvenes que además reflexionaron sobre el ser mapuche. 

La organización se caracterizaba por recuperar a las autoridades tradicionales como las conductoras del proceso político, aunque alejándose de una estructura vertical. «No somos un ejército –señalaba Millabur en 1999–, no andamos detrás de una sola persona, no tenemos una estructura única». Ese mismo año los lafkenche realizaron una cabalgata multitudinaria hacia Concepción para dar a conocer sus puntos de vista críticos, sobre todo frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, y señalar su vinculación política con el mar. La relación entre geografía y política reforzó en los lafkenche la noción de pensar una solución económica y política en un sentido pluriétnico. Ello debería ir acompañado de una relación armoniosa con la naturaleza y el manejo de los recursos de los espacios marítimos del territorio mapuche, ya que este no era un aspecto productivo, sino la piedra angular sobre la que se «construye la base de la identidad» de los lafkenche y, por ende, de la organización21.

Críticos del capitalismo, los lafkenche comenzaron a dotar de una perspectiva latinoamericana a sus formas de reflexión política. En 2002, un encuentro internacional en Lleu-Lleu, provincia de Arauco, los fue acercando a los debates en torno de la plurinacionalidad como vía para avanzar hacia los derechos colectivos. Al año siguiente, realizaron encuentros a escala nacional, lo que les permitió una vinculación a lo largo del país con gente mapuche que les permitió consolidar una fuerza política. En 2004, en Trawa Trawa se desarrollaron los primeros debates para formular un Proyecto de Ley de Protección del Espacio Costero haciendo uso del Convenio 169 de la oit para tales efectos. La ley, que se comprometía en la protección de la biodiversidad, se aprobó en 2007 y se promulgó al año siguiente.

En 2006, la Identidad Territorial Lafkenche (itl) realizó en Valdivia su primer congreso, que resolvió continuar luchando por formular una nueva Constitución. Cuatro años después, en el marco del triunfo de Evo Morales en Bolivia y del giro hacia la construcción de un Estado plurinacional en ese país, reafirmó su compromiso de redactar y discutir una Constitución vía Asamblea Constituyente. En 2012, tomó la decisión de construir un poder constituyente para una nueva Constitución agregando como horizonte el Itrofill Mongen [todas las vidas] para lograr un Küme Mongen [vivir en armonía y reciprocidad con todos los seres]. En este crucial debate, teniendo en consideración los ejemplos de Ecuador y Bolivia, que habían redactado para ese entonces constituciones que reconocían los derechos de la naturaleza, la autonomía y la plurinacionalidad como un nuevo marco de Estado, la itl señala en 2013 que su propósito político sería la plurinacionalidad e interculturalidad. 

En su iv Congreso en Hornopirén, en 2014, la itl plantea que todos los acuerdos evidencian la necesidad de fundamentar los derechos colectivos (autodeterminación) en la redacción de una nueva Constitución. Dos años después, se establece la necesidad de forjar alianzas con otros actores involucrados en la protección del mar y defender las normativas consolidadas por el movimiento mapuche hasta el año 2018. Un año después, se produjo el estallido social, y ante la crisis de legitimidad de la República, los mapuche llegaron con una propuesta: la construcción de un Estado plurinacional.

Para Rosa Catrileo, que es en la actualidad convencional constituyente, la plurinacionalidad es un reconocimiento más bien constitucional. De realizarse, plantea que esa declaración debe estar basada en un Estatuto de Garantía de Derechos. ¿Cuáles? «Primero reconocer al pueblo mapuche y a los pueblos originarios como sujeto de derecho, no como objeto de derecho, sujeto de derecho es que sean titulares, son titulares y lo otro es qué derecho; bueno, partamos por el básico: tierra y territorio… esa es la principal preocupación. Luego de ello materializar los derechos políticos, la autodeterminación con miras a la autonomía»22. En ese mismo sentido se suscriben las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, para quien la autodeterminación continúa siendo uno de los ejes fundamentales del pueblo mapuche. No obstante, ve la plurinacionalidad como un punto intermedio para dialogar con los no indígenas, ya que desde su óptica, va a costar preparar a Chile para la plurinacionalidad, porque todas las constituciones fueron en función del Chile único, una sola nación, aun cuando existe tanta diferencia y diversidad. Eso habría calado hondo en la identidad chilena, pero también los chilenos han dicho «¡basta!» con el estallido social, lo que para la presidenta de la Convención significa que hay una decisión del pueblo de querer cambiar y hacer las cosas de otro modo. Para lograrlo, se necesita forjar «una cultura diferente» y para ello se deben introducir en el debate los conceptos plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de la Madre Tierra, derechos sociales, derechos humanos fundamentales, verdad histórica.

Conclusión: ¿un camino a la domesticación de los derechos colectivos?

El 11 de agosto de 2021, la constituyente Rosa Catrileo, como parte de la subcomisión de Estructura y Funcionamiento, eliminó del Reglamento de la Convención la frase «República de Chile». Los sectores más conservadores de la Convención expresaron su molestia y sostuvieron que se debilitaba la legitimidad del proceso por ese hecho. Catrileo explicó a los críticos que aquello era justamente lo que se iba a debatir. En su óptica, «Chile es un Estado plurinacional. Los pueblos están hablando, es momento de refundar la historia con muchas banderas y derechos». Y agregó: «Este es un cambio de paradigma, que queremos [que] quede de manifiesto en la nueva Constitución y en la Convención, que es que aquí habemos diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado». Al siguiente día, reforzó su convicción: «la República de Chile para los mapuche ha sido bien invasora, no nos ha reconocido (...) y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estados». 

Al siguiente día, la abogada Amaya Álvez profundizó sobre la controversia que había generado la reacción de los sectores más conservadores de la Convención y del país. En sus palabras: «sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional (…) y una manera de apoyar la reivindicación histórica que hacían los escaños reservados». Álvez comparte que Chile se encuentra ante un cambio de paradigma: «hablar de los pueblos de Chile con la idea de una república para Chile» no le parece contradictorio23.

Las transformaciones que están llevando adelante los constituyentes mapuche ¿son la puerta para el multiculturalismo neoliberal? ¿Permitirán la consolidación de los derechos colectivos? ¿Es la violencia política el «verdadero camino» a la conquista de los derechos colectivos del pueblo mapuche? El último estudio de opinión pública del ciir daba a conocer que 88% de los encuestados compartía que la naturaleza fuese sujeta de derecho, 81% era favorable al derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios, 72% al reconocimiento de la jurisdicción indígena y 62% al reconocimiento de la libre determinación y autonomía24.

Ante las críticas que emanaron de los mapuche de la comunidad Ignacio Queipul luego de llegar a las afueras de la Convención Constitucional, solicitando ser recibidos por el vicepresidente y desconociendo la autoridad de Elisa Loncon, en una conferencia de prensa dada por los convencionales, Adolfo Millabur planteó comprender las diferencias y levantó su mano derecha:

si miran esta mano es un solo órgano pero tiene cinco partes. Un pueblo también tiene derecho a tener diferencias, pero cada parte de las diferencias cumple un rol. Ellos vinieron legítimamente a presentar su diferencia, la escuchamos, estábamos disponibles para conversar, pero no como ellos querían por las normas sanitarias, son públicas las diferencias como mapuche. Nosotros los que estamos aquí creemos que este camino de la Convención es un paso para dar una solución que todos los mapuche conscientes queremos. Ellos vienen a reclamar el territorio, nosotros también queremos lo mismo. Ellos quieren reclamar por justicia y nosotros también queremos lo mismo. La diferencia que tenemos es que creemos que por este camino institucional a través de la Convención podemos avanzar en cambiar las cosas duras de nuestro pueblo. Esa es nuestra apuesta.25

La otra fuerza del movimiento mapuche continúa en la práctica del control territorial. Las «recuperaciones de tierras» han aumentado en los últimos meses. Desde la tumba de Marchant, en un predio en recuperación, Llaitul proclamó: «la única vía posible para la liberación nacional mapuche es el weychan [lucha o guerra] y la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en Wallmapu. Agregó que la participación mapuche en la Convención, como una supuesta oportunidad para refundar el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial»26

¿Qué camino es el correcto? ¿Cuál es el válido? Los constituyentes mapuche tienen hoy la legitimidad de las urnas. Si bien el número de quienes sufragaron a favor de los convencionales fue de 282.219, equivalente a 22,81% de un total de 1.239.395 habilitados para sufragar, es un número de adhesión importante para un movimiento que no confía en la institucionalidad debido a la forma de operar del Estado en las últimas décadas. Esto tiene relación, desde mi perspectiva, con la desafección hacia la democracia, que ha venido creciendo en los últimos años, y con el contexto pandémico, que hizo que muchas personas prefirieran restarse del momento político.

A modo de cierre, como me planteó Aracely Burguete Cal y Mayor en un diálogo que sostuvimos hace unos meses, es importante considerar que los pueblos originarios no buscamos un nuevo trato, sino derechos, y como tales deben quedar expresados en la nueva Constitución, «porque luego cuando uno ya los ve en el papel se hacen más pequeñitos, porque uno siempre siembra dinosaurios y al final cosecha hormigas. Entonces hay que tratar de sembrar dinosaurios aun cuando la tierra tiemble»27.

  • 1.
  1. Pairican: Toqui. Guerra y tradición en el siglo xx, Pehuen / CIIR, Santiago de Chile, 2020. Un estudio clásico sobre el tema es el de José Bengoa: Historia mapuche del siglo XIX, LOM, Santiago de Chile, 2000.
  • 2.

El discurso está disponible en www.mapuexpress.org/2021/07/05/video-discurso-inaugural-de-elisa-loncon-como-presidenta-de-la-convencion-constituyente/.

  • 3.
  1. Pairican: «Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990-1994)» en Sudhistoria No 4, 2012; Víctor Tricot y Germán Bidegain: «En busca de la representación política: el partido mapuche Wallmapuwen en Chile» en Estudios Sociológicos vol. 38 No 113, 5-8/2020.
  • 4.

Es relevante en estas reflexiones políticas el texto de Aracely Burguete Cal y Mayor: «Autonomía: la emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina» en Miguel González, A. Burguete Cal y Pablo Ortiz-T. (coords.): La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina, Flacso Ecuador / GTZ / IWGIA / CIESAS / UNICH, Quito, 2010.

  • 5.

José Bengoa: La emergencia indígena en América Latina, FCE, Santiago de Chile, 2000.

  • 6.
  1. Pairican: «Weuwaiñ. La invención de la tradición en la rebelión del movimiento mapuche (1990-2010)» en Enrique Antileo Baeza, Luis Cárcamo-Huechante, Margarita Calfío Montalva y Herson Huinca-Piutrin (eds.): Violencias coloniales en Wajmapu, Ediciones CHM, Temuco, 2015; Eric Hobsbawm y Terence Ranger: La invención de la tradición, Crítica, Barcelona, 2013. Sobre el concepto de «weichafe», v. Héctor Llaitul y Jorge Arrate: Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política, Ceibo, Santiago de Chile, 2012.
  • 7.

El pueblo mapuche está dividido en identidades territoriales: Lafkenche (gente del mar), Nagche (gente de tierras bajas), Wenteche (gente de tierras cercanas a las nives), Pewenche (gente de la cordillera) y Williche (gente situada al sur del río Cautín).

  • 8.
  1. Pairican: Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013, Pehuén, Santiago de Chile, 2014. Para mayores detalles, v. el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales llevado a cabo por el ciir. Entre sus distintas mediciones, da cuenta del apoyo de la sociedad chilena a las reivindicaciones de los pueblos originarios y el crecimiento de la autoidentificación indígena. V. «Estudio UC: los chilenos apoyan cada vez más las demandas indígenas» en www.elri.cl.
  • 9.

Elicura Chihuailaf: Recado confidencial a los chilenos, LOM, Santiago de Chile, 1999. V. tb. José Quidel: «La noción mapuche de che (persona)», tesis de doctorado, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Estadual de Campinas, 2020.

  • 10.
  1. Florencia Mallon: La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004.
  • 11.

Claudia Zapata y Elena Oliva: «La Segunda Reunión de Barbados y el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: horizontes compartidos entre indígenas y afrodescendientes en América Latina» en Revista de Humanidades No 39, 1-6/2019.

  • 12.
  1. Pairican: «La tumba de Pablo Marchant y la evolución de la Coordinadora Arauco-Malleco» en CNN Chile, 23/6/2021.
  • 13.
  1. Zapata y E. Oliva: ob. cit.
  • 14.
  1. Mariman: Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI, LOM, Santiago de Chile, 2012, p. 24.
  • 15.

Ad Mapu: «Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche (Resoluciones)» en Civilización, 2/1983.

  • 16.
  1. Pairican: «Ana Llao: ‘Nosotros vemos la concepción de la vida como un bien común para todos’», entrevista en AAVV: 18 de Octubre: primer borrador. Reflexiones desde abajo para pensar nuestro mañana, Quimantú, Santiago de Chile, 2020.
  • 17.

Rafael Otano: Nueva crónica de la transición, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006.

  • 18.
  1. Pairican y Rolando Álvarez: «La Nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009)» en Izquierdas No 10, 8-9/2011.
  • 19.

En relación con la discusión sobre la creación de la bandera, v. «Nación mapuche reafirma su identidad» en Aukiñ, 8-9/1992, p. 3.

  • 20.

«Primer Estatuto de Autonomía» en Aukiñ No 25, 10/1995.

  • 21.
  1. Pairican: «La vía política hacia la autonomía. Una comprensión del discurso y práctica de la Identidad Territorial Lafkenche en torno a la Plurinacionalidad, 1997-2020», inédito.
  • 22.

Libertad Pinto: «Rosa Catrileo, constituyente mapuche: ‘Tierra y territorio son la principal preocupación que vamos a llevar a la Convención’» en The Clinic, 18/6/2021.

  • 23.

«Sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional» en El Mercurio, 14/8/2021.

  • 24.

CIIR: «Estudio de opinión pública: pueblos originarios y nueva Constitución», 25/8/2021, disponible en www.ciir.cl.

  • 25.

Conferencia de prensa de los constituyentes mapuche, 7/9/2021.

  • 26.

«CAM califica como ‘acto de sometimiento’ presencia de mapuche en la Convención» en El Mercurio, 16/7/2021.

  • 27.
  1. Pairican: «Aracely Burguete Cal y Mayor y los pueblos originarios: ‘El derecho madre es el de la libre determinación’», entrevista en The Clinic, 9/7/2021.
Publicado enInternacional
La multiplicación de los gobiernos autónomos

El pueblo shipibo-konibo de Perú ha formado su propio gobierno autónomo y llama al gobierno de Pedro Castillo a que lo reconozca oficialmente, como señala una carta abierta publicada el 16 de setiembre.

El Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshicox) de la Amazonía peruana informó sobre el Gobierno Autónomo del Pueblo Shipibo-Konibo y exige reconocimiento “al mismo nivel político y administrativo que los gobiernos regionales”. Las propuestas que detallan en su carta son “resultados de acuerdos políticos con nuestras bases y son parte de la plataforma de negociación de los pueblos indígenas en su relación con el Estado y que han sido continuamente postergados”.

Exigen además que se reconozcan “nuestros propios órganos representativos que funcionan como instancias de deliberación política”, así como las normas jurídicas creadas por las comunidades y nuestro territorio integral como nacionalidad indígena y no a nivel comunal”.

Estos puntos son centrales porque la legislación peruana reconoce las comunidades y hasta los territorios de los pueblos, pero no así las naciones y las formas de autogobierno a escala supra comunitaria.

Aseguran que las guardas indígenas que han formado son la versión amazónica de las rondas campesinas, surgidas hace medio siglo en la sierra andina para la defensa de las comunidades campesinas, y destacan que esas guardias de autodefensa hoy son más necesarias que nunca para “proteger la Amazonía de invasiones de traficantes de tierras, deforestación y otras actividades como las explotaciones mineras e hidrocarburíferas” que violan las autonomías.

Las comunidades Shipibo-Konibo están asentadas en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco y abarcan una población de casi 33 mil habitantes, siendo uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana.

El pueblo Shipibo demanda el reconocimiento de 2,4 millones de hectáreas, está asentado de forma dispersa y no continua como suele suceder con los pueblos amazónicos (https://www.coshikox.pe/). Cuenta con un sistema propio de comunicación a través de informativos diarios de radio, con programas económicos de cooperativas de banano y de productos orgánicos y crearon un Banco Shipibo que ha realizado préstamos a más de 300 artesanas para que puedan mejorar su producción.

Los emprendimientos económicos tienen por objetivo “soportar el proceso político de independencia y autogobierno a través de acciones económicas basadas sobre el apoyo mutuo entre productores”, según señala su página. Se puedan ver algunos videos para comprender mejor el entorno de los pueblos que ahora se proclaman gobiernos autónomos, como “Canaán: la tierra prometida” (https://www.youtube.com/watch?v=PPkTP-HV_IE&t=72s) y “Uchunya” (https://www.youtube.com/watch?v=RqAOMBeux6A), que permiten acercarse a realidades, identidades y culturas de los pueblos amazónicos, que enarbolan formas de resistencia distintas a las que conocemos pero convergentes con ellas.

“El dinero hoy lo tenemos y mañana ya no. Nuestro territorio lo vamos a tener de por vida y nunca se va a terminar”, dice una mujer autoridad de Santa Clara de Uchunya.

Es evidente que para quienes aspiran a gobernar naciones, provincias o ciudades, las autonomías de los pueblos originarios suenan a poco: escasa población, asentada en territorios remotos lejos de los centros del poder de arriba. No son atractivos para la estrategia de conquistar el poder, ni para rejuntar votos ni para acarrear militantes.

Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a una notable expansión de las autonomías de los pueblos. Como hemos visto en otras ocasiones, las autodefensas comunitarias que develan la existencia de procesos autonómicos, comenzaron en las regiones de tierras altas, se fueron expandiendo por las tierras bajas, pero también fueron adoptadas por los pueblos negros y campesinos.

Desde la revuelta colombiana de este año, comienzan a organizarse “guardias urbanas” en grandes ciudades como Cali, formas de organización que demandarán largos procesos de aprendizajes colectivos. Sin embargo, como los gobiernos autónomos, las formas de organización no estatales ya están caminando, se multiplican en un proceso imparable, interminable.

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