Estatua de Simón de Bolívar

Todo proceso de transformación social es siempre un proceso nominado y territorializado. Es decir, tiene un sujeto colectivo que lo protagoniza y un territorio donde sucede. Sin sujeto histórico territorializado no hay proceso de cambio. La aparición de estos sujetos transformadores se da fruto de la confluencia de causas objetivas y subjetivas. Los procesos no son fabricados en laboratorios. En la mayoría de casos, surgen fruto de reventones sociales inesperados en el marco de los cuales la colectividad toma conciencia de la excepcionalidad del momento y se pone al servicio del mismo conformándose en un nuevo sujeto político. Sin embargo, un acontecimiento no es algo que surja del vacío. Dicho proceso no existe si no hay, previamente, un deseo, una voluntad colectiva y un imaginario social de vivir de otro modo y, por tanto, si no ha habido un proceso previo de construcción de identidades unificadores de los sectores populares capaz de convertirlos en un sujeto federado por discursos políticos que problematizan el orden. Los sujetos históricos, en consecuencia, "surgen" pero también se construyen.

En este sentido, uno de los debates tradicionales de la izquierda ha sido el de cómo construir tales sujetos y qué papel juega la cuestión nacional en esta tarea.

A menudo, cierta izquierda española se ha referido a cómo lo nacional ha servido a las experiencias revolucionarias latinoamericanas (Fidel, Ortega, Allende, Chávez, etc.) para crear procesos identitarios colectivizadores de igualdad-identidad universales, capaces de unificar a todos los sectores populares en un "nosotros" nacional (¡patria o muerte!) en alteridad con un "ellos" extranjero (el imperialismo). A la vez que, seguidamente, intenta justificar y defender, por analogía, una estrategia de utilización, también en España, de lo nacional-patriótico español para la construcción de un sujeto colectivo, teniendo la izquierda el deber de disputar los símbolos nacionales del régimen del 78 a la derecha y resignificarlos a su servicio.

Ésta no sólo es una analogía tramposa: el Estado español no es América Latina; sino también desfasada: la relación de la nueva ola de procesos emancipadores latinoamericanos con lo nacional se ha invertido con respecto a los procesos de la segunda mitad del s. XX. Hoy, la subjetividad política de las nuevas fuerzas sociales ya no se construye "desde" lo nacional sino "contra" lo nacional. Vayamos por partes:1

  1. Una analogía tramposa: el régimen del 78 no es América Latina.

Respecto a la primera cuestión. Los símbolos nacionales son una forma de unificación social a partir del culto al momento fundacional de la nación y los valores asociados a él. Sin embargo, como ya he dicho en algunos de mis textos, el tipo de historia de la que surgen y los valores que llevan asociados los momentos fundacionales de los países latinoamericanos y del Régimen del 78 son totalmente distintos y ello hace que los símbolos generados por los primeros sean disputables y los segundos no.

Los países latinoamericanos surgen de momentos fundacionales abiertos o populares derivados de una historia social que lleva asociados valores de autodeterminación social. La bandera y el día de la patria en México son la objetivación de un momento fundacional asociado a valores abiertos de resistencia y libertad, el Grito de Dolores, por el que el pueblo se alza en armas, en 1810, contra el gobierno colonial español y logra su independencia. Ello hace que sus símbolos derivados sean disputables en beneficio de los objetivos de la izquierda, ya que, a pesar de ser usados también por la derecha, los valores de autodeterminación social que reproducen pueden ser también una herramienta discursivamente poderosa para mostrar que es el Poder y no los dominados quienes los están vulnerando. Por el contrario, el Régimen del 78 surge de un momento fundacional cerrado y oligárquico derivado de una historia de Estado que lleva asociados valores de sobredeterminación. La imagen del acto del 22 de noviembre de 1975 en el que Juan Carlos I presta juramento, por Dios y sobre los santos evangelios, es una visualización de estos otros momentos asociados a valores cerrados conservadores. Ello hace que sus símbolos derivados constituyan formas de unificación alrededor de valores sobredeterminados y cerrados de adhesión al régimen del 78 (Monarquía, unidad nacional, etc.), nunca de autodeterminación ni rebeldía. Su utilización reafirma la lógica de unificación social en torno a valores pro-régimen y reasegura el rechazo social a todo discurso que problematice con el statu quo (República, independentismo, etc.). Por eso los símbolos españoles oficiales actualmente no son disputables por la izquierda por mucho que algunos lo pretendan. No todos los símbolos nacionales son disputables. A nadie se le ocurriría decir que durante el III Reich alemán lo que hubiera tenido que hacer la izquierda hubiera sido disputarle a la extrema derecha la bandera oficial del Estado con la esvástica.

  1. Una analogía desfasada: la izquierda contra la Nación.

Por otro lado, el ciclo de luchas boliviano durante la década del 2000 marca un antes y un después en los grandes procesos identitarios colectivizadores de las clases populares en América Latina. El principal sujeto revolucionario del s. XX en el país, protagonista de la Revolución de 1952 bajo la dirección del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), había sido el movimiento obrero, cuya punta de lanza era la facción minera de la Central Obrera Boliviana (COB). No obstante, durante los años 80 y 90, el neoliberalismo implicó una desarticulación de este viejo sujeto y la aparición, en paralelo, de nuevas luchas y movimientos sociales contra el neoliberalismo que permiten la rearticulación de un nuevo bloque social histórico en cuyo interior adquiere un papel central el movimiento indígena originario campesino. Este cambio en la naturaleza sociológica del sujeto histórico implica que los discursos políticos colectivos unificadores de las clases populares ya no se hagan desde la Nación sino contra la Nación.

El momento fundacional del Estado-nación ya no es percibido como liberación sino como continuidad de la dominación por otra élite. La creación de los Estados-Nación latinoamericanos, a finales del s. XIX inicios del XX, implicó la extensión del latifundio, de manera que las comunidades y tierras comunales fueron transformadas en haciendas y, por tanto: a) en la imposición de una nueva relación de dominación entre comunarios y hacendados; y, b) en la vinculación de la propiedad de la tierra al ejercicio de la representación política, de la que quedan excluidos los protagonistas del nuevo bloque social (indígenas, afros, campesinos, etc.). Existe, en la región, una estrecha relación entre el surgimiento del Estado-nación, la formación de los dominios territoriales, la constitución de una nueva estructura de clases y el nacimiento de un Estado excluyente. La Nación, en los países latinoamericanos, es la objetivación en el ámbito simbólico-cultural de la estructura de clases y de poder liberal y racista creada y heredada del proyecto patriótico o nacionalista de las élites criollas implementado en los procesos de independencia. Es por esta razón, que el movimiento indígena campesino, actor central en el nuevo bloque social surgido en la región, articula su subjetividad política no desde la Nación sino contra la Nación, a la que contrapone las ideas de plurinacionalidad, nuevas territorialidades y autodeterminación.

La hegemonía de este nuevo discurso contra la Nación en la articulación de la nueva ola de movimientos sociales latinoamericanos la hemos visto, recientemente, en el estallido social y proceso constituyente de Chile. Algunos de los símbolos a través de los cuales los movimientos sociales en este país, independientemente de su ámbito de acción, construyen su subjetividad son los emblemas y banderas mapuches wünelfe, whipala o wenofuye. Los movimientos sociales chilenos se han permeado transversalmente de contenido simbólico indígena. Era usual, en 2019, ver como los cascos, escudos y vestimentas de los jóvenes no indígenas de "La Primera Línea" que protagonizaron duros enfrentamientos con los Carabineros en el estallido portaban símbolos mapuches. Para estos, los emblemas mapuches constituyen un símbolo de solidaridad con la lucha del pueblo Mapuche pero, simultáneamente, un símbolo a través del cual expresan su proyecto político de cuestionamiento al neoliberalismo, a la corrupción, al extractivismo, a la represión y a la violencia policial. Se trata de un sujeto que articula su subjetividad y proyecto político desde símbolos y discursos que enfrentan y cuestionan a la Nación. La imagen del plenario de la Convención Constitucional habla por sí sola: los constituyentes de la derecha colocaban en sus curules banderas de Chile, frente a las que los constituyentes de la izquierda colocaban banderas mapuches.

En resumen, el uso del ejemplo latinoamericano para justificar la construcción de procesos identitarios federativos de izquierdas alrededor de los símbolos del régimen del 78 en España carece tanto de fundamento, como de actualidad. Lo nacional español y sus símbolos no son un recipiente vacío y neutral instrumentalizable para cualquier fin previamente delimitado, sino que son la objetivación en el ámbito cultural-simbólico de la correlación de fuerzas sociales y del régimen político y económico heredado del franquismo. En este sentido, la construcción de un sujeto político rupturista unitario solo puede construirse, al igual que hace la nueva ola de movimientos emancipadores latinoamericanos, contra lo nacional. Esto es, desde la creación de contra-símbolos propios y compartidos por las múltiples izquierdas del Estado que permitan expresar su diversidad de demandas: justicia social, vivienda digna, Repúblicas, plurinacionalidad, derechos sociales, autodeterminación de los pueblos, etc.

Por Albert Noguera, profesor de derecho constitucional

Este articulo se encuadra dentro del monográfico sobre la cuestión nacional en distintas regiones del mundo publicado conjuntamente por el Institut Sobiranies y el diario Público.

Publicado enPolítica
Algunas consideraciones para el Pacto Histórico. Temas claves para el próximo gobierno

El Pacto Histórico se presenta hoy como una de las candidaturas más opcionadas a la presidencia de Colombia. En caso de salir triunfante en la coyuntura en curso, los retos que heredará en diversos campos serán inmensos. ¿Cómo actuar ante ello? En este artículo se avanza en breves reflexiones en cinco temas clave que requieren urgente atención en nuestro país.

Sin duda alguna la sociedad colombiana vive un momento excepcional en su mapa político, marcado por mandatos presidenciales bipartidistas, y en el último siglo, predominantemente ligados al proyecto político del uribisimo. Una coyuntura electoral excepcional, además, por las condiciones en las que el próximo gobierno recibirá el país. Producto de problemas estructurales que han contribuido a construir el tipo de sociedad que hoy tenemos, pero también resultado de una serie de políticas desatinadas que no han respondido a las necesidades de las mayorías en el país y que, por tanto, en vez de contribuir a su bien-estar, nos han consolidado como una sociedad altamente desigual y con altos niveles de pobreza.

Sin duda alguna, el cómo se aborde esta crisis, depende de la concepción políticas y filosóficas de quien gobierne y de su visión sobre el cambio social. Los resultados de tres décadas de gobiernos que han aplicado las fórmulas neoliberales nos reafirman hoy que el camino no es por los lados del fundamentalismo político y económico liberal, afincado en pilares como el mercado, el crecimiento económico, la reducción del tamaño del Estado, el individualismo y el antropocentrismo, entre otros. Esta realidad obliga a salirse de la clásica receta ofertada desde el norte global para sociedades como las nuestras; nos invita a pensar qué hacer partiendo de nuestras particularidades, necesidades y fortalezas; y nos exige aprender de lo positivo y lo negativo de las experiencias latinoamericanas que han tenido gobiernos de izquierda. Por la amplitud de retos por atender, acá nos enfocamos en cinco temas clave:

Visión de bien-estar

Colombia lleva décadas persiguiendo el sueño del desarrollo sin lograr consolidar mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad y en particular para los más necesitados. Enfrentar los problemas estructurales que hoy vivimos como sociedad requiere cuestionar ese sueño e identificar qué no ha funcionado de las propuestas del desarrollo implementadas y por qué; así como construir políticas públicas que en realidad respondan a las necesidades de la población y que contengan un enfoque transformador capaz de pasar de las acciones paliativas, caritativas, paternalistas y asistencialistas, a estrategias de mediano y largo plazo capaces de avanzar en la desestructuración de las condiciones que han permitido la emergencia de discriminaciones históricas, de las desigualdades sociales y del conflicto armado.

El Estado colombiano no puede seguir repitiendo de manera acrítica políticas, programas y proyectos que implican una alta inversión del gasto público sin revisar si están o no transformando de forma estructural la realidad. De la misma manera, no puede seguir replicando una visión del desarrollo economicista, eurocéntrica, antropocéntrica y universalista que no da cuenta de la manera cómo en el país se concibe de manera diversa el bien-estar. Concitar una discusión pública cotidiana sobre qué es vivir sabroso para cada quien, cómo se materializa y se ha hecho real en distintos espacios, es fundamental. En las diversas regiones del país existen experiencias exitosas de materialización de visiones propias, alternativas a las dominantes, sobre el bien-estar, que han permitido la permanencia de pueblos y comunidades y que, si son potenciadas y respaldadas por el Estado, pueden permitir mejorar la calidad de vida de estas poblaciones y consolidar sus visiones y proyectos.

No solo es importante cuestionar los modelos y políticas de desarrollo implementados en el país e identificar y dar visibilidad, apoyo y relevancia a las visiones alternativas al desarrollo; sino que en aras de aprender de la experiencia del giro a la izquierda, hay que evitar replicar políticas económicas y sociales que si bien buscaban fortalecer el Estado y avanzar en políticas de distribución de la riqueza, se centraron en el extractivismo afectando diversos ecosistemas, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Repetir rasgos del modelo de desarrollo dominante pero guiado por otras posiciones políticas no ha dado los frutos esperados en los gobiernos progresistas. El camino para enfrentar de forma contundente los problemas estructurales está en un posicionamiento bien crítico del sueño del progreso moderno.

Parte de esto incluye apoyar las economías diversas que existen en el país, tales como la popular y solidaria, las economías campesinas, indígenas y afrodescendientes, las economías familiares, comunitarias, feministas y del cuidado, que han puesto en marcha tanto comunidades rurales como sectores urbanos, incluida la clase media. Así mismo es necesario consolidar un proyecto de soberanía alimentaria y apoyar la producción y la industria nacional, paralelo a un proceso de transición a una economía no extractivista que privilegie en primera instancia el consumo interno y posteriormente su comercialización en el exterior.


Desigualdades sociales

Las cifras de pobreza y desigualdad del Dane nos recuerdan los dramáticos rasgos de la crisis social y económica que constituyó el acicate de las movilizaciones del año pasado. En 2021, el 39,3 por ciento de los colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, es decir, 19.6 millones de personas viven con un ingreso mensual inferior a $354.031. Con este dinero no se compra la canasta básica de bienes y servicios que dignifican la vida. En términos de la pobreza multidimensional, indicador que refleja las privaciones de los hogares en materia laboral, condiciones de salud de la niñez y adolescencia, entre otros, el Dane estableció que el 16 por ciento de la población se encontraba en este estado en el 20211. Los índices de desigualdad en Colombia son de los más altos de Latinoamérica. Según el Banco Mundial (2021), el nuestro es el segundo país más desigual de la región después de Brasil. Según Oxfam (2022), solamente el 10 por ciento de la población más rica de Colombia recibe 11 veces más que el 10 por ciento más pobre. El país registra enormes desigualdades en todos los planos: económico (de ingresos, de riqueza), territoriales, de género y pertenencia étnica.

La pobreza, el desempleo, unas condiciones de vida precaria y la falta de oportunidades para consolidar el bien-estar al que aspiran distintos sectores poblacionales, no afecta de igual manera a toda la población. Según el Dane, si un hogar está a cargo de una mujer entre los 26 y 35 años, y ella no tuvo ningún estudio o solo hizo la primaria, va a ser una mujer desempleada que trabaja por cuenta propia y no puede cotizar a pensión. Esto significa que su familia sufre todos los rigores de la pobreza y que su futuro será precario. Adicionalmente, el mismo estudio muestra como el 79 por ciento de familias con tres o más niños se encuentra por debajo de la línea de pobreza, enfrentándose a un presente tremendamente alejado de las promesas de futuro que la sociedad dominante le vende a través de los medios de comunicación.

Ni que decir de la situación de la juventud. En julio 2021, la tasa de desempleo para jóvenes se ubicó en promedio en un 26.8 por ciento, cuando para ese mismo mes la cifra nacional fue de un 14.3 por ciento (Dane, 2021). Según un estudio del BID y la Universidad de los Andes, en Bogotá el 15 por ciento de los jóvenes no tienen oportunidades ni de estudiar ni de trabajar (“ninis”); y dos de cada tres “ninis” son mujeres2.

En el caso de las poblaciones étnicas la situación tampoco es nada favorable para el acceso a la educación formal (preescolar, básica primaria, básica secundaria, CLEI y modelos educativos flexibles). Según el Dane3, para el 2020 la tasa de matrículas del Amazonas, departamento que congrega un porcentaje significativo de población indígena, fue del 0,21 por ciento del total nacional y del 1,63 con respecto a Bogotá. En el caso del departamento del Chocó, con una población principalmente afro e indígena, el número de matrículas corresponde al 1,37 por ciento del total nacional y al 10,53 con respecto a Bogotá (ver gráfica). El 13 por ciento de niñas y niños campesinos entre los 12 y 15 años no acceden a educación secundaria, y el 11.5 de mayores de 15 años no saben leer ni escribir frente al 3.2 por ciento de las zonas urbanas.

 

 

Frente a esto urgen políticas de empleo digno, educación pública gratuita y con becas para los sectores más empobrecidos, un programa temporal a mediano plazo de renta básica que evite que haya colombianos experimentando hambre cotidianamente. Así mismo es necesaria una política educativa de alta calidad y pertinencia con oferta y cobertura para los diversos municipios del país, las zonas rurales, y para las comunidades indígenas y afrodescendientes que incorpore la etnoeducación. El carácter de estas políticas, insisto, debe ser transformador y no asistencialista, y deben evitar contribuir a mantener o crear subjetividades de la caridad, fortaleciendo más bien ciudadanías activas, deliberativas y emancipatorias.

Este panorama de desigualdades es producto de distintas relaciones de poder que deben ser abordadas en su conjunto por el nuevo gobierno y por el Estado. No será útil concentrarse solo en las desigualdades de tipo económico, si al mismo tiempo no se avanza en transformaciones en las relaciones (hetero)patriarcales y racistas; y en la mirada que se tiene sobre el campo como un lugar de atraso o de un progreso modernizador que en parte ha vaciado a lo rural de su potencial para la producción de alimentos y la consolidación de proyectos colectivos destinados a construir el bien-estar de sus habitantes; y en cambio ha contribuido a una sostenida migración hacia las zonas urbanas, donde la concentrada estructura económica en sectores y actores no les incorpora de forma productiva, y en consecuencia, esta población pasa a engrosar los cinturones de miseria.


Discriminaciones históricas

América Latina es producto de una historia colonial que marcó fuertemente la construcción del Estado-nación en la región. Esta forma de organizar la sociedad se erigió sobre fuertes fragmentaciones producidas por las violencias coloniales, las divisiones raciales, de género y entre naturaleza y cultura que se construyeron posterior a 1492. No obstante, nuestra sociedad tiene en su cimiento esas divisiones, las desigualdades y opresiones no funcionan divididas sino articuladas.

La mayoría de políticas públicas para mujeres y diversas poblaciones han perdido de vista la imbricación de las opresiones. Esto se refleja en algunas fórmulas que no se han revisado lo suficiente. Por ejemplo, las políticas públicas para las mujeres deberían centrarse más en la equidad y la transformación que en criterios universales de igualdad. Como sujeto político, las mujeres estamos cruzadas por desigualdades y diferencias, que no pueden olvidarse al momento de la acción estatal, como ha ocurrido en algunos casos en las políticas centradas en la igualdad. Las mujeres tenemos iguales derechos que los hombres, y las políticas públicas deben garantizar el goce de esos derechos. Pero no somos iguales entre nosotras ni con los hombres.

Esto lleva también a cuestionar algunos puntos de partida de las políticas públicas. La fórmula ya de al menos dos décadas de igualdad de oportunidades debe ser cualificada. Cuando hablamos de esta igualdad, a qué sujeto masculino estamos equiparando las oportunidades que le ofrecemos a las mujeres en una sociedad constituida por clases sociales: ¿a mujeres pobres con hombres ricos, o a mujeres pobres con hombres pobres? ¿O a mujeres pobres con mujeres ricas?

Otra fórmula que debe ser revisada es la que han convertido supuestamente en una solución mágica: la del empoderamiento económico a través de emprendimientos. Diversos estudios muestran como en algunos casos esto terminó por endeudar a las mujeres; mientras otros plantean que estas fórmulas refuerzan la estructura desigual que genera el capitalismo y mantiene la lógica económica de este sistema sin generar cambios estructurales para las mujeres. Frente a esta fórmula es mucho más benéfico para las mujeres y sus entornos, así como para la transformación que requiere la economía de nuestra sociedad, apoyar las economías diversas y las alternativas al desarrollo de forma clara y contundente.

Las políticas públicas para sujetos específicos deben ir más allá de las visiones liberales de la acción estatal, de su fragmentación y de su carácter asistencialista. Para esto es necesario construir políticas públicas interseccionales, para lo cual existen dos opciones. La primera, el uso de un marco interseccional en el que se descentran todos los ejes de opresión (género, racismo, edad, clase, entre otros), caso en el cual la acción de la política pública se concentraría en las múltiples “experiencias de discriminación que producen los múltiples entrecruzamientos” (Gómez et. al., 2021)4. Y segundo, el uso de un marco interseccional en el que se privilegie un eje de opresión y se atiendan los posibles entrecruzamientos.


Construcción de paz

Sin duda alguna, de las cuatro campañas más opcionadas para ganar, la del Pacto Histórico es la más solida en sus propuestas sobre la paz. No solo presta atención a los distintos puntos del Acuerdo de Paz, tomándose muy en serio los derechos de las víctimas; sino que también contempla una negociación con el ELN, se propone una reforma progresiva para las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la revisión de la Doctrina de Seguridad Nacional. También se preocupa por el cumplimiento de las medidas de género y del capítulo étnico del Acuerdo, incorpora la dimensión cultural para la construcción de paz, apoya decididamente el trabajo de la memoria y se compromete abiertamente con la construcción de una política pública para la paz, la reconciliación y la convivencia establecida como compromiso en el Acuerdo de Paz.

Esto último es fundamental, pues es lo que permitirá que el Acuerdo y la aplicación de la justicia transicional no nos lleve como país a una transición que, si bien desarticula a algunos de los actores armados, no logra avanzar en transformaciones estructurales, incluyendo aquellos aspectos que generaron el conflicto armado, como ha ocurrido en otros escenarios transicionales. Una fortaleza del programa del Pacto Histórico es que al leerlo en conjunto y entre líneas, es posible ver que la aplicación del Acuerdo de Paz se entiende como una parte de un gran todo que nos llevará hacia cambios estructurales. Estos cambios son positivos para el conjunto del país, y no como las lecturas doctrinarias sobre el programa del Pacto pretenden leerlo: como una réplica del castro-chavismo que nos llevará a ser como Venezuela.

Esa política pública para la paz, además de articular las recomendaciones que pronto presentará la Comisión de la Verdad para la no repetición, debe incorporar los enfoques de género, diferencial, territorial, poblacional y ambiental, entre otros. Así mismo, el nuevo gobierno debe evitar de forma consiente y explícita que la construcción de paz deje intacto el Estado como forma de organizar la sociedad, luego de que éste ha estado implicado no solo en actos de corrupción sino también en el ejercicio permanente de violencia contra sus ciudadanos, algunos de ellos representantes de visiones de mundo y políticas distintas a las dominantes, y otros en condiciones de vulnerabilidad como ocurrió con las ejecuciones extrajudiciales. También debe evitar consolidar el modelo económico y la visión de desarrollo dominante; así como una práctica democrática restringida a las elecciones y lo representativo. Estos son momentos propicios para la profundización de la democracia y de su carácter deliberativo y decisorio, ya no solo restringido a quienes son elegidos, sino al conjunto de la ciudadanía.


Fortalecimiento del Estado

La crisis que ha desatado el neoliberalismo en nuestro país, así como la pérdida de legitimidad progresiva del Estado por el ejercicio de la violencia estatal agudizada en los últimos años, hace necesario pensar seriamente como fortalecer el Estado. Eso implica evitar que se convierte en un botín político, y que el clientelismo y la corrupción sean característicos del nuevo gobierno. Se requiere una total transparencia en la contratación pública y la asignación de cargos, así como medidas claras de sanción para prácticas corruptas y clientelistas. Deben también garantizarse los derechos de las y los ciudadanos indistintamente de su clase social.

Adicionalmente, será fundamental rodearse de militares y policías respetuosos del Estado social de derecho, de la democracia, la protesta, las alternativas políticas y los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía requieren una transformación estructural que pasa por una diferenciación desde el nuevo gobierno entre seguridad y defensa. La ciudadanía debe poder confiar en militares y policías, y el Estado debe recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, desprendiéndose del uso ilegitimo que por décadas ha hecho de este. De lo que no se dieron cuenta los autores intelectuales y materiales de la violencia estatal, es de que con esta práctica no perdían a mediano y largo plazo solo los sujetos victimizados de esa violencia, sino que lo hacía el conjunto del país pues el Estado como institución se ha debilitado y minado desde adentro de una forma tal que hoy es más difícil construir un Estado-nación con un proyecto de mínimos colectivos.


Fortalecer el Estado supone también pasar de un Estado monocultural, así nos reconozcamos pluriétnicos y multiculturales, a un Estado pluricultural, capaz de materializar en la profundidad que lo requiere la diferencia de mundos que nos constituyen y las autonomías de los pueblos étnicos ya reconocidas por la Constitución de 1991. Solo la posibilidad real de existencia de la pluralidad que nos alberga como país, nos permitirá dejar atrás la violencia como estrategia política y consolidar procesos de co-existencia pacífica que al mismo tiempo será contenciosa.
¿Y si no gana
el Pacto Histórico?

El cambio a un gobierno más cercano a las necesidades de las mayorías y con una voluntad realmente transformadora de la sociedad en la que vivimos que propicie la equidad tiene enemigos poderosos en el país. Las dos semanas que quedan para elecciones generan una gran incertidumbre. En el panorama está desde la posibilidad del ejercicio de la violencia contra quienes se constituyen en alternativa a la sociedad dominante, hasta el fraude electoral o incluso un cierre de los canales democráticos. Si el Pacto Histórico no gana estas elecciones tendrá que concentrar sus energías en un impecable trabajo en el Congreso que le muestre a la ciudadanía su interés por hacer respetar los derechos de las mayorías, y por avanzar en la construcción de paz y la transformación profunda de la sociedad. Adicionalmente tendrá que concentrarse en las elecciones a gobernaciones, alcaldías y a otros cargos de elección popular. Sin embargo, su trabajo no puede quedarse solo en lo electoral y la política “formal”.

Deberá entonces consolidar el trabajo con la gente en lo local, en sus comunidades y barrios; fortalecer las alianzas y la articulación con diversas expresiones políticas y movimientos y procesos sociales reconociendo como pares a esos aliados; y evitar a toda costa la vocación divisionista de la izquierda colombiana. En un panorama en el que los odios a las opciones políticas distintas a las de la derecha o el bipartidismo se ha inculcado por décadas, el Pacto Histórico deberá también desarrollar un trabajo pedagógico intenso en educación política, democracia, pensamiento crítico e incluso sobre justicia transicional para que la ciudadanía comprenda cómo funciona esta forma de construcción de paz. En un país como Colombia la esperanza realista es necesaria para sobrepasar la tragedia que siempre acompaña nuestro acontecer como nación. Sin olvidar el trabajo que hay por hacer en lo que resta para elecciones, confiemos que el cambio ya viene.

1 Ver: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimpreso/eltiempocom02mayo2022.pdf
2 Ver: https://cider.uniandes.edu.co/es/noticia/democracia-trizas-septiembre-20
3 Ver: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal#informacion-2020-por-departamento
4 Ver: Gómez, D., González, J., Murillo, A., Rodríguez, C. y Figarí-Layús, R. (2021). Reflexiones y recomendaciones en clave feminista descolonial para las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia. Policy Brief 7-2021. Bogotá: Capaz y Cider, Universidad de los Andes.

* Magister en Historia y doctora en Antropología. Profesora Asociada del Cider de Universidad de los Andes e integrante del movimiento feminista y de víctimas en Colombia.

 


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Algunas consideraciones para el Pacto Histórico. Temas claves para el próximo gobierno

El Pacto Histórico se presenta hoy como una de las candidaturas más opcionadas a la presidencia de Colombia. En caso de salir triunfante en la coyuntura en curso, los retos que heredará en diversos campos serán inmensos. ¿Cómo actuar ante ello? En este artículo se avanza en breves reflexiones en cinco temas clave que requieren urgente atención en nuestro país.

Sin duda alguna la sociedad colombiana vive un momento excepcional en su mapa político, marcado por mandatos presidenciales bipartidistas, y en el último siglo, predominantemente ligados al proyecto político del uribisimo. Una coyuntura electoral excepcional, además, por las condiciones en las que el próximo gobierno recibirá el país. Producto de problemas estructurales que han contribuido a construir el tipo de sociedad que hoy tenemos, pero también resultado de una serie de políticas desatinadas que no han respondido a las necesidades de las mayorías en el país y que, por tanto, en vez de contribuir a su bien-estar, nos han consolidado como una sociedad altamente desigual y con altos niveles de pobreza.

Sin duda alguna, el cómo se aborde esta crisis, depende de la concepción políticas y filosóficas de quien gobierne y de su visión sobre el cambio social. Los resultados de tres décadas de gobiernos que han aplicado las fórmulas neoliberales nos reafirman hoy que el camino no es por los lados del fundamentalismo político y económico liberal, afincado en pilares como el mercado, el crecimiento económico, la reducción del tamaño del Estado, el individualismo y el antropocentrismo, entre otros. Esta realidad obliga a salirse de la clásica receta ofertada desde el norte global para sociedades como las nuestras; nos invita a pensar qué hacer partiendo de nuestras particularidades, necesidades y fortalezas; y nos exige aprender de lo positivo y lo negativo de las experiencias latinoamericanas que han tenido gobiernos de izquierda. Por la amplitud de retos por atender, acá nos enfocamos en cinco temas clave:

Visión de bien-estar

Colombia lleva décadas persiguiendo el sueño del desarrollo sin lograr consolidar mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad y en particular para los más necesitados. Enfrentar los problemas estructurales que hoy vivimos como sociedad requiere cuestionar ese sueño e identificar qué no ha funcionado de las propuestas del desarrollo implementadas y por qué; así como construir políticas públicas que en realidad respondan a las necesidades de la población y que contengan un enfoque transformador capaz de pasar de las acciones paliativas, caritativas, paternalistas y asistencialistas, a estrategias de mediano y largo plazo capaces de avanzar en la desestructuración de las condiciones que han permitido la emergencia de discriminaciones históricas, de las desigualdades sociales y del conflicto armado.

El Estado colombiano no puede seguir repitiendo de manera acrítica políticas, programas y proyectos que implican una alta inversión del gasto público sin revisar si están o no transformando de forma estructural la realidad. De la misma manera, no puede seguir replicando una visión del desarrollo economicista, eurocéntrica, antropocéntrica y universalista que no da cuenta de la manera cómo en el país se concibe de manera diversa el bien-estar. Concitar una discusión pública cotidiana sobre qué es vivir sabroso para cada quien, cómo se materializa y se ha hecho real en distintos espacios, es fundamental. En las diversas regiones del país existen experiencias exitosas de materialización de visiones propias, alternativas a las dominantes, sobre el bien-estar, que han permitido la permanencia de pueblos y comunidades y que, si son potenciadas y respaldadas por el Estado, pueden permitir mejorar la calidad de vida de estas poblaciones y consolidar sus visiones y proyectos.

No solo es importante cuestionar los modelos y políticas de desarrollo implementados en el país e identificar y dar visibilidad, apoyo y relevancia a las visiones alternativas al desarrollo; sino que en aras de aprender de la experiencia del giro a la izquierda, hay que evitar replicar políticas económicas y sociales que si bien buscaban fortalecer el Estado y avanzar en políticas de distribución de la riqueza, se centraron en el extractivismo afectando diversos ecosistemas, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Repetir rasgos del modelo de desarrollo dominante pero guiado por otras posiciones políticas no ha dado los frutos esperados en los gobiernos progresistas. El camino para enfrentar de forma contundente los problemas estructurales está en un posicionamiento bien crítico del sueño del progreso moderno.

Parte de esto incluye apoyar las economías diversas que existen en el país, tales como la popular y solidaria, las economías campesinas, indígenas y afrodescendientes, las economías familiares, comunitarias, feministas y del cuidado, que han puesto en marcha tanto comunidades rurales como sectores urbanos, incluida la clase media. Así mismo es necesario consolidar un proyecto de soberanía alimentaria y apoyar la producción y la industria nacional, paralelo a un proceso de transición a una economía no extractivista que privilegie en primera instancia el consumo interno y posteriormente su comercialización en el exterior.


Desigualdades sociales

Las cifras de pobreza y desigualdad del Dane nos recuerdan los dramáticos rasgos de la crisis social y económica que constituyó el acicate de las movilizaciones del año pasado. En 2021, el 39,3 por ciento de los colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, es decir, 19.6 millones de personas viven con un ingreso mensual inferior a $354.031. Con este dinero no se compra la canasta básica de bienes y servicios que dignifican la vida. En términos de la pobreza multidimensional, indicador que refleja las privaciones de los hogares en materia laboral, condiciones de salud de la niñez y adolescencia, entre otros, el Dane estableció que el 16 por ciento de la población se encontraba en este estado en el 20211. Los índices de desigualdad en Colombia son de los más altos de Latinoamérica. Según el Banco Mundial (2021), el nuestro es el segundo país más desigual de la región después de Brasil. Según Oxfam (2022), solamente el 10 por ciento de la población más rica de Colombia recibe 11 veces más que el 10 por ciento más pobre. El país registra enormes desigualdades en todos los planos: económico (de ingresos, de riqueza), territoriales, de género y pertenencia étnica.

La pobreza, el desempleo, unas condiciones de vida precaria y la falta de oportunidades para consolidar el bien-estar al que aspiran distintos sectores poblacionales, no afecta de igual manera a toda la población. Según el Dane, si un hogar está a cargo de una mujer entre los 26 y 35 años, y ella no tuvo ningún estudio o solo hizo la primaria, va a ser una mujer desempleada que trabaja por cuenta propia y no puede cotizar a pensión. Esto significa que su familia sufre todos los rigores de la pobreza y que su futuro será precario. Adicionalmente, el mismo estudio muestra como el 79 por ciento de familias con tres o más niños se encuentra por debajo de la línea de pobreza, enfrentándose a un presente tremendamente alejado de las promesas de futuro que la sociedad dominante le vende a través de los medios de comunicación.

Ni que decir de la situación de la juventud. En julio 2021, la tasa de desempleo para jóvenes se ubicó en promedio en un 26.8 por ciento, cuando para ese mismo mes la cifra nacional fue de un 14.3 por ciento (Dane, 2021). Según un estudio del BID y la Universidad de los Andes, en Bogotá el 15 por ciento de los jóvenes no tienen oportunidades ni de estudiar ni de trabajar (“ninis”); y dos de cada tres “ninis” son mujeres2.

En el caso de las poblaciones étnicas la situación tampoco es nada favorable para el acceso a la educación formal (preescolar, básica primaria, básica secundaria, CLEI y modelos educativos flexibles). Según el Dane3, para el 2020 la tasa de matrículas del Amazonas, departamento que congrega un porcentaje significativo de población indígena, fue del 0,21 por ciento del total nacional y del 1,63 con respecto a Bogotá. En el caso del departamento del Chocó, con una población principalmente afro e indígena, el número de matrículas corresponde al 1,37 por ciento del total nacional y al 10,53 con respecto a Bogotá (ver gráfica). El 13 por ciento de niñas y niños campesinos entre los 12 y 15 años no acceden a educación secundaria, y el 11.5 de mayores de 15 años no saben leer ni escribir frente al 3.2 por ciento de las zonas urbanas.

 

 

Frente a esto urgen políticas de empleo digno, educación pública gratuita y con becas para los sectores más empobrecidos, un programa temporal a mediano plazo de renta básica que evite que haya colombianos experimentando hambre cotidianamente. Así mismo es necesaria una política educativa de alta calidad y pertinencia con oferta y cobertura para los diversos municipios del país, las zonas rurales, y para las comunidades indígenas y afrodescendientes que incorpore la etnoeducación. El carácter de estas políticas, insisto, debe ser transformador y no asistencialista, y deben evitar contribuir a mantener o crear subjetividades de la caridad, fortaleciendo más bien ciudadanías activas, deliberativas y emancipatorias.

Este panorama de desigualdades es producto de distintas relaciones de poder que deben ser abordadas en su conjunto por el nuevo gobierno y por el Estado. No será útil concentrarse solo en las desigualdades de tipo económico, si al mismo tiempo no se avanza en transformaciones en las relaciones (hetero)patriarcales y racistas; y en la mirada que se tiene sobre el campo como un lugar de atraso o de un progreso modernizador que en parte ha vaciado a lo rural de su potencial para la producción de alimentos y la consolidación de proyectos colectivos destinados a construir el bien-estar de sus habitantes; y en cambio ha contribuido a una sostenida migración hacia las zonas urbanas, donde la concentrada estructura económica en sectores y actores no les incorpora de forma productiva, y en consecuencia, esta población pasa a engrosar los cinturones de miseria.


Discriminaciones históricas

América Latina es producto de una historia colonial que marcó fuertemente la construcción del Estado-nación en la región. Esta forma de organizar la sociedad se erigió sobre fuertes fragmentaciones producidas por las violencias coloniales, las divisiones raciales, de género y entre naturaleza y cultura que se construyeron posterior a 1492. No obstante, nuestra sociedad tiene en su cimiento esas divisiones, las desigualdades y opresiones no funcionan divididas sino articuladas.

La mayoría de políticas públicas para mujeres y diversas poblaciones han perdido de vista la imbricación de las opresiones. Esto se refleja en algunas fórmulas que no se han revisado lo suficiente. Por ejemplo, las políticas públicas para las mujeres deberían centrarse más en la equidad y la transformación que en criterios universales de igualdad. Como sujeto político, las mujeres estamos cruzadas por desigualdades y diferencias, que no pueden olvidarse al momento de la acción estatal, como ha ocurrido en algunos casos en las políticas centradas en la igualdad. Las mujeres tenemos iguales derechos que los hombres, y las políticas públicas deben garantizar el goce de esos derechos. Pero no somos iguales entre nosotras ni con los hombres.

Esto lleva también a cuestionar algunos puntos de partida de las políticas públicas. La fórmula ya de al menos dos décadas de igualdad de oportunidades debe ser cualificada. Cuando hablamos de esta igualdad, a qué sujeto masculino estamos equiparando las oportunidades que le ofrecemos a las mujeres en una sociedad constituida por clases sociales: ¿a mujeres pobres con hombres ricos, o a mujeres pobres con hombres pobres? ¿O a mujeres pobres con mujeres ricas?

Otra fórmula que debe ser revisada es la que han convertido supuestamente en una solución mágica: la del empoderamiento económico a través de emprendimientos. Diversos estudios muestran como en algunos casos esto terminó por endeudar a las mujeres; mientras otros plantean que estas fórmulas refuerzan la estructura desigual que genera el capitalismo y mantiene la lógica económica de este sistema sin generar cambios estructurales para las mujeres. Frente a esta fórmula es mucho más benéfico para las mujeres y sus entornos, así como para la transformación que requiere la economía de nuestra sociedad, apoyar las economías diversas y las alternativas al desarrollo de forma clara y contundente.

Las políticas públicas para sujetos específicos deben ir más allá de las visiones liberales de la acción estatal, de su fragmentación y de su carácter asistencialista. Para esto es necesario construir políticas públicas interseccionales, para lo cual existen dos opciones. La primera, el uso de un marco interseccional en el que se descentran todos los ejes de opresión (género, racismo, edad, clase, entre otros), caso en el cual la acción de la política pública se concentraría en las múltiples “experiencias de discriminación que producen los múltiples entrecruzamientos” (Gómez et. al., 2021)4. Y segundo, el uso de un marco interseccional en el que se privilegie un eje de opresión y se atiendan los posibles entrecruzamientos.


Construcción de paz

Sin duda alguna, de las cuatro campañas más opcionadas para ganar, la del Pacto Histórico es la más solida en sus propuestas sobre la paz. No solo presta atención a los distintos puntos del Acuerdo de Paz, tomándose muy en serio los derechos de las víctimas; sino que también contempla una negociación con el ELN, se propone una reforma progresiva para las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la revisión de la Doctrina de Seguridad Nacional. También se preocupa por el cumplimiento de las medidas de género y del capítulo étnico del Acuerdo, incorpora la dimensión cultural para la construcción de paz, apoya decididamente el trabajo de la memoria y se compromete abiertamente con la construcción de una política pública para la paz, la reconciliación y la convivencia establecida como compromiso en el Acuerdo de Paz.

Esto último es fundamental, pues es lo que permitirá que el Acuerdo y la aplicación de la justicia transicional no nos lleve como país a una transición que, si bien desarticula a algunos de los actores armados, no logra avanzar en transformaciones estructurales, incluyendo aquellos aspectos que generaron el conflicto armado, como ha ocurrido en otros escenarios transicionales. Una fortaleza del programa del Pacto Histórico es que al leerlo en conjunto y entre líneas, es posible ver que la aplicación del Acuerdo de Paz se entiende como una parte de un gran todo que nos llevará hacia cambios estructurales. Estos cambios son positivos para el conjunto del país, y no como las lecturas doctrinarias sobre el programa del Pacto pretenden leerlo: como una réplica del castro-chavismo que nos llevará a ser como Venezuela.

Esa política pública para la paz, además de articular las recomendaciones que pronto presentará la Comisión de la Verdad para la no repetición, debe incorporar los enfoques de género, diferencial, territorial, poblacional y ambiental, entre otros. Así mismo, el nuevo gobierno debe evitar de forma consiente y explícita que la construcción de paz deje intacto el Estado como forma de organizar la sociedad, luego de que éste ha estado implicado no solo en actos de corrupción sino también en el ejercicio permanente de violencia contra sus ciudadanos, algunos de ellos representantes de visiones de mundo y políticas distintas a las dominantes, y otros en condiciones de vulnerabilidad como ocurrió con las ejecuciones extrajudiciales. También debe evitar consolidar el modelo económico y la visión de desarrollo dominante; así como una práctica democrática restringida a las elecciones y lo representativo. Estos son momentos propicios para la profundización de la democracia y de su carácter deliberativo y decisorio, ya no solo restringido a quienes son elegidos, sino al conjunto de la ciudadanía.


Fortalecimiento del Estado

La crisis que ha desatado el neoliberalismo en nuestro país, así como la pérdida de legitimidad progresiva del Estado por el ejercicio de la violencia estatal agudizada en los últimos años, hace necesario pensar seriamente como fortalecer el Estado. Eso implica evitar que se convierte en un botín político, y que el clientelismo y la corrupción sean característicos del nuevo gobierno. Se requiere una total transparencia en la contratación pública y la asignación de cargos, así como medidas claras de sanción para prácticas corruptas y clientelistas. Deben también garantizarse los derechos de las y los ciudadanos indistintamente de su clase social.

Adicionalmente, será fundamental rodearse de militares y policías respetuosos del Estado social de derecho, de la democracia, la protesta, las alternativas políticas y los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía requieren una transformación estructural que pasa por una diferenciación desde el nuevo gobierno entre seguridad y defensa. La ciudadanía debe poder confiar en militares y policías, y el Estado debe recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, desprendiéndose del uso ilegitimo que por décadas ha hecho de este. De lo que no se dieron cuenta los autores intelectuales y materiales de la violencia estatal, es de que con esta práctica no perdían a mediano y largo plazo solo los sujetos victimizados de esa violencia, sino que lo hacía el conjunto del país pues el Estado como institución se ha debilitado y minado desde adentro de una forma tal que hoy es más difícil construir un Estado-nación con un proyecto de mínimos colectivos.


Fortalecer el Estado supone también pasar de un Estado monocultural, así nos reconozcamos pluriétnicos y multiculturales, a un Estado pluricultural, capaz de materializar en la profundidad que lo requiere la diferencia de mundos que nos constituyen y las autonomías de los pueblos étnicos ya reconocidas por la Constitución de 1991. Solo la posibilidad real de existencia de la pluralidad que nos alberga como país, nos permitirá dejar atrás la violencia como estrategia política y consolidar procesos de co-existencia pacífica que al mismo tiempo será contenciosa.
¿Y si no gana
el Pacto Histórico?

El cambio a un gobierno más cercano a las necesidades de las mayorías y con una voluntad realmente transformadora de la sociedad en la que vivimos que propicie la equidad tiene enemigos poderosos en el país. Las dos semanas que quedan para elecciones generan una gran incertidumbre. En el panorama está desde la posibilidad del ejercicio de la violencia contra quienes se constituyen en alternativa a la sociedad dominante, hasta el fraude electoral o incluso un cierre de los canales democráticos. Si el Pacto Histórico no gana estas elecciones tendrá que concentrar sus energías en un impecable trabajo en el Congreso que le muestre a la ciudadanía su interés por hacer respetar los derechos de las mayorías, y por avanzar en la construcción de paz y la transformación profunda de la sociedad. Adicionalmente tendrá que concentrarse en las elecciones a gobernaciones, alcaldías y a otros cargos de elección popular. Sin embargo, su trabajo no puede quedarse solo en lo electoral y la política “formal”.

Deberá entonces consolidar el trabajo con la gente en lo local, en sus comunidades y barrios; fortalecer las alianzas y la articulación con diversas expresiones políticas y movimientos y procesos sociales reconociendo como pares a esos aliados; y evitar a toda costa la vocación divisionista de la izquierda colombiana. En un panorama en el que los odios a las opciones políticas distintas a las de la derecha o el bipartidismo se ha inculcado por décadas, el Pacto Histórico deberá también desarrollar un trabajo pedagógico intenso en educación política, democracia, pensamiento crítico e incluso sobre justicia transicional para que la ciudadanía comprenda cómo funciona esta forma de construcción de paz. En un país como Colombia la esperanza realista es necesaria para sobrepasar la tragedia que siempre acompaña nuestro acontecer como nación. Sin olvidar el trabajo que hay por hacer en lo que resta para elecciones, confiemos que el cambio ya viene.

1 Ver: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimpreso/eltiempocom02mayo2022.pdf
2 Ver: https://cider.uniandes.edu.co/es/noticia/democracia-trizas-septiembre-20
3 Ver: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal#informacion-2020-por-departamento
4 Ver: Gómez, D., González, J., Murillo, A., Rodríguez, C. y Figarí-Layús, R. (2021). Reflexiones y recomendaciones en clave feminista descolonial para las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia. Policy Brief 7-2021. Bogotá: Capaz y Cider, Universidad de los Andes.

* Magister en Historia y doctora en Antropología. Profesora Asociada del Cider de Universidad de los Andes e integrante del movimiento feminista y de víctimas en Colombia.

 


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Publicado enEdición Nº291
Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, editor, poeta e ingeniero en control automático.. Imagen: Guadalupe Lombardo

De visita en la Argentina encabezando la delegación que llegó cuando La Habana es ciudad invitada de la Feria del Libro, Alpidio Alonso Grau analiza el presente que atraviesa su país.  

 

En la semana en que comenzó la Feria del Libro, y con La Habana como ciudad invitada este año, una delegación cubana visitó la Argentina. La encabeza el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, editor y poeta, y al mismo tiempo --como suele suceder en este país asombroso por donde se la mire-- ingeniero en control automático. Alonso despliega en la charla con Página/12 una erudición abarcadora de lo local --nada de la literatura argentina parece serle ajeno--, una defensa acérrima y apasionada de la Revolución cubana, una preocupación por el presente volcada en forma de acción. Ubica a la administración de Biden como peor que la de Trump en relación a Cuba, por haber cambiado los modos, pero no las formas en que se intensifica el bloqueo y la asfixia a la isla. Y en ese marco, denuncia como parte de "una campaña montada" a las protestas de artistas, periodistas y activistas cubanos recortadas y amplificadas por los medios de todo el mundo.   

"Las revoluciones son cataclismos, y la cubana se ha tenido que hacer contra todas las adversidades. Eso que ahora se llama robo de cerebros, empezó con Cuba muy temprano. Teníamos 6.000 médicos y se fueron 3.000. Las fábricas quedaron vacías, nos llevaron los ingenieros, los profesionales, y nosotros tuvimos que formarlos. Esa es la gran revolución cultural. Por eso la alfabetización del pueblo ha sido el primer pilar que plantó la Revolución. La Revolución cubana ha sido, sobre todo, una revolución cultural", comienza historizando el ministro. 

"Cuba, de ser un país de unos 6 millones de habitantes con más de 1 millón de analfabetos, hoy es un país de más de 11 millones de habitantes, que tiene más de un millón de universitarios, y que ha generado un capital humano muy preparado", precisa. 

Y define el carácter de esa transformación: "La Revolución cubana es un cambio cultural profundo. Sin la educación y la cultura, no se puede comprender este proceso. Desde el momento mismo de inicio del triunfo de la Revolución hasta hoy, la cultura ha estado en el centro de la transformación. Hablamos de la transformación del ser humano y de la sociedad toda. De la creación de una nueva cultura, una cultura de la solidaridad, del compañerismo, una cultura que se opone al individualismo que genera el capitalismo". 

--En este tiempo asistimos a un avance global de una ola cultural en sentido contrario, las derechas están triunfando en el mundo.

--¡Por eso Cuba molesta tanto! Porque no la han podido anexar jamás a esa ola. Porque Cuba ha propuesto una cultura superadora del ideal burgués, donde se le da espacio a todo el pueblo. Antes de la Revolución, a Cuba la habían convertido en un gran cañaveral, en un país monoproductor, solo de azúcar. Y en un gran garito. Y hoy, gracias al desarrollo de la educación y la cultura, vive fundamentalmente de los servicios que presta un capital humano muy preparado. El desarrollo que tiene hoy Cuba en el campo científico, las vacunas que hemos podido hacer, son el resultado de ese desarrollo de la cultura y la educación.  

El tamaño del desafío

--Seis décadas después del triunfo de la Revolución, ¿cuál es el desafío?

--El desafío es inmenso, porque Cuba sigue siendo un país pequeño y bloqueado de una manera brutal. A finales de la administración Trump el bloqueo recrudeció de una manera feroz, se tomaron 243 medidas que se mantienen intactas. Se mantuvieron intactas durante la pandemia. Es que el imperialismo pensó a la pandemia como una gran oportunidad para destruir a la Revolución. Por la vía del bloqueo crear una situación insostenible en la isla, que ocasionara una desestabilización que fuera inmanejable. Esa situación la potenció con una campaña difamatoria que culpa al gobierno cubano del desabastecimiento y de los problemas que crea el bloqueo. Quieren generar una indignación y después usarla con fines políticos, en contra de la Revolución. Invisibilizar los efectos del bloqueo y culpar al gobierno revolucionario de la situación. 

El desafío es grande porque la campaña es colosal. Creo que nunca antes ha habido en la historia un país tan pequeño, a 90 millas de imperio más poderoso, que tiene una relación cultural como la que han tenido estos dos países de mucho tiempo. Pero donde siempre ha habido una apetencia por tratar de absorber al país. Estados Unidos tiene con Cuba una obsesión histórica, tratar de despojar al pueblo cubano de lo que es legítimamente suyo, y convertir a Cuba en parte de la Unión. Históricamente han fomentado un pensamiento anexionista, que no no ha triunfado. Hoy el reto sigue siendo: Patriotismo frente a anexionismo. Eso no ha cambiado, ese reto sigue ahí. Y sigue siendo: independencia nacional frente a colonialización. 

Y en medio de ese desafío está la cultura. Esta gran campaña ha colocado a la cultura como el blanco fundamental. Hay un intento de utilizar a los artistas para enfrentarlos a la Revolución, enfrentarlos a las instituciones culturales creadas por la Revolución. 

--Silvio Rodríguez, que aún con sus críticas es un gran defensor de la Revolución, tuvo el gesto de llamar a intercambiar ideas públicamente con un joven representante de esas protestas. ¿Desde las instituciones han pensado algún tipo de acercamiento de este tipo?

--El diálogo con los artistas e intelectuales es un principio esencial dentro de la política cultural. En 1961 Fidel se reunió con los intelectuales durante tres fines de semana, al cabo les habló, esas palabras de Fidel pasaron a la historia como Palabras a los intelectuales. Es el pilar fundador de la política de Cuba. Ese discurso que trasciende los enfoques para con la cultura tiene varios ejes, pero uno es ese: el que tiene que ver con la convocatoria más amplia posible. Fidel, desde ese momento, deja dicho que la Revolución sólo podía renunciar a aquello que fuera incorregiblemente contrarrevolucionario y reaccionario. Que dentro de la Revolución había espacio para todo ejercicio de la creación, la más amplia libertad creadora desde el punto de vista formal. Y que incluso había espacio dentro de la Revolución para los que no fueran revolucionarios, y que fueran personas decentes. Es la misma perspectiva de Martí, que llamaba a los "cubanos de bien" a participar de la república. 

El año pasado celebramos los 60 años de Palabras a los intelectuales, y lo ratifico el presidente (Miguel) Díaz-Canel: en Cuba hay espacio para todos, salvo para los que estén contra el proyecto colectivo. Y nosotros tenemos un diálogo permanente. Se quiere presentar a Cuba como el paraíso de la censura, algo que es un imposible. Es imposible ocultar la vitalidad que tiene el arte cubano, ¡y eso no se puede conseguir en un ambiente de censura! El primer mentiz a esa falacia es la obra misma de nuestros creadores. Incluso algunos de lo que hoy encabezan la campaña contra las instituciones culturales, y hoy están boicoteando nuestros principales eventos, como la Bienal de La Habana, son el resultado del trabajo de esas instituciones, se formaron en nuestras escuelas de arte y ganaron notoriedad internacional promovidos por nuestras instituciones.

Están tratando de promover la idea de un sistema político que coarta la libertad, que está en contra de los artistas, cuando ellos han sido protagonistas de toda ese esfuerzo por fomentar la cultura. 

--Le podría poner varios correlatos locales de gente que se benefició mucho con un gobiernos nacionales y populares, salvando todas las distancias. Pero le citaba el ejemplo de Silvio Rodríguez porque trascendió como un intento de acercamiento... 

--El diálogo, la comunicación con los creadores, la participación en las decisiones de las instituciones en materia de política cultural, ha sido permanente. Fidel pasaba días y días en los congresos de las asociaciones de artistas de Cuba, y también con los jóvenes, discutiendo los temas de la agenda cultural y política, poniendo a participar a los escritores y artistas. Y ese ejemplo de Fidel se ha seguido hasta hoy, lo hace el presidente Díaz-Canel que se reúne todos los meses con la dirección de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y con una masa de artistas. 

El presidente Díaz-Canel es un defensor de la cultura, pero hoy ha asumido un compromiso explícito, ha mantenido una sistematicidad ejemplar en el seguimiento a los planteamientos de nuestros artistas. Durante la pandemia, en una situación económica asfixiante, se les mantuvo un salario a los músicos y artistas escénicos durante más de dos años. El país ha invertido 1165 millones de pesos en protección salarial de esos artistas. ¿Un gobierno que está en contra de los artistas hace eso?

"Con Biden es peor"

--¿Qué cambio ha habido en la relación con Estados Unidos al pasar de la administración de Trump a la demócrata?

--Con Biden es peor. Porque ha mantenido unas medidas terribles con un ropaje de paz, con un discurso menos confrontativo, pero las medidas económicas arreciadas a lo más duro en un ambiente de pandemia. ¿Qué añadió? La campaña. Es la asfixia económica, privarte hasta de lo más elemental, y al mismo tiempo, sobre todo en las redes y sobre todo dirigido a la nueva generaciones, difundir que el culpable es el gobierno. Invisibiliza el bloqueo y sus efectos, y culpa al gobierno de todo lo malo que hay. 

--¿En qué medida hoy ha recrudecido ese bloqueo?

--Estados Unidos está con los satélites vigilando, hoy no entra un barco de petroleo a la isla sin sufrir consecuencias. Teniendo a Estados Unidos a 90 millas, tan cerca que las mujeres de los millonarios antes de la Revolución iban a peinarse allí. ¡Imagínate! Si pudiéramos vender la música cubana a Estados unidos, es el mercado natural. 

No es el bloqueo de siempre, es el bloqueo recrudecido de una manera brutal en condiciones de pandemia, el desabastecimiento, el turismo frenado en la pandemia, el boicot a la inversión en Cuba, al turismo cubano. Fíjate lo que han hecho: cerraron el consulado en La Habana, donde se otorgaban las visas de reunificación familiar para que los cubanos visiten a sus familiares en Miami. El cubano es muy familiar. Cierra la embajada y te obligan a ir a México, a Guyana a pedir la visa. Llegas ahí y te la niegan, perdiste el dinero del pasaje, la estadía. Generan un malestar tremendo, entonces están por un lado diciendo: solo queremos paz con Cuba, y por otro lado provocando esto.

Durante la pandemia, Estados Unidos impedía que llegue el oxígeno, hemos tenido que hacer verdaderas proezas, y si Cuba no colapsó como país es porque ha habido un seguimiento, porque lo más importante es la vida de la gente. Y en esa situación se les mantuvo el salario a los artistas

Es tan injusto lo que se hace con Cuba, es criminal. Nosotros no podemos dejar que se caiga la Revolución, nos tiene que ir la vida en eso. Por lo que representa Cuba para los cubanos, para Latinoamérica y el mundo . Y están empeñados en que la Revolución caiga. Están jugando a darnos el puntillazo, pero siempre han subestimado la obra misma de la Revolución, lo que la Revolución ha sembrado.

--¿Cuál es la estrategia que se traza Cuba en este presente?

--El presidente ha dicho que la resistencia tiene que ser creativa, con bloqueo o sin bloqueo tenemos que apostar a nuestro desarrollo, se ha apostado a la participación de la ciencia, la informatización y la comunicación social como eje central en nuestra gestión de gobierno. Todo ese capital se ha puesto en función de la innovación, para desarrollar una alternativa al bloqueo. Cuba desarrollo cinco candidatos vacunales y tres vacunas ya. Y aunque cada vez son más brutales las medidas, aunque han creído que la pandemia era el momento para conseguir lo que no han conseguido en todos estos años, tenemos una estrategia trazada. 

La cultura adocenada

Defensor de "una literatura que no sea mansa ni adocenada", Alonso postula: "nos interesa el arte que inquiete, que nos lleve a la reflexión, a preguntarnos, que contribuya a la transformación". "Hoy la cultura es la gran perdedora en toda la plataforma neoliberal", asegura. 

--¿Cómo lo analiza?

--Cuando se revisan las plataformas de los gobiernos neoliberales, son los de educación y cultura los primeros presupuestos que se rebajan, los ministerios que se cierran. Sencillamente el neoliberalismo convierte todo en mercancía. Hay una crisis de los paradigmas humanistas tradicionales: esa perspectiva progresista que el propio capitalismo promovió en sus inicios, sencillamente ha desaparecido, y lo que no vende no vale, no sirve. Hay en la cultura un fermento humanista con el cual no se puede mercadear, por tanto eso no cuaja en esa perspectiva que todo lo juzga a partir de la ganancia. Es un criterio homogeneizador, una cultura chatarra que trata de adocenar el pensamiento y eliminar cualquier perspectiva crítica del sistema: ¡Disfruta sin pensar tanto, sin complicarte tanto, goza, vive el ahora mismo! Un presentismo a toda costa en el que quieren hacer encajar a la cultura, en esa gran maquinaria que está desplegada exclusivamente para reproducidr la visión del capitalismo..

Pues nosotros sí creemos en el valor profundo de la cultura, en los valores humanistas educativos, eso está en las antípodas de la industria hegemónica. Y nos negamos a que ciertas expresiones queden reducidas a nichos muy pequeños que no tienen visibilidad al lado de los best seller, ya sea en el cine, la literatura, en todo lo que se aparte de la producción en serie del entretenimiento.

Hoy la hegemonía yanqui no es tanto económica y militar, como cultural e informativa. Ese es el tamaño del desafío: convertirnos en una alternativa a esa industria global. Sabemos que el desafío es inmenso, pero de eso se trata. Seguimos creyendo en la utopía, y nos va la vida en eso.

Lograr el hombre nuevo del que hablaba el Che es una pelea durísima, es una hermosa utopía a la cual vale la pena dedicar la vida. Porque, ¿a qué vamos a venir a este mundo? ¿A sencillamente pasar por aqui? ¿O a tratar de mejorar lo que somos? Que ya a esta altura del juego, es tratar de salvarnos como especie, porque este capitalismo lo pone en peligro todo. El consumismo lleva a una fiebre que termina auto destruyendo al ser humano. 

Publicado enInternacional
Sábado, 07 Mayo 2022 05:12

El tercer mandato de Xi Jinping

Xi Jinping. Luis Grañena

China se ha alejado de algunas preocupaciones características del ‘denguismo’ como el alargamiento de la democracia, optando por impulsar una nueva fuente de legitimación apelando al imperio por la ley

 

¿Es o no una buena idea que Xi Jinping alargue su liderazgo con un nuevo e inusual tercer mandato? Este será uno de los asuntos más destacados del XX Congreso del PCCh, previsto para otoño. Por unanimidad, en Guangxi le han elegido ya como delegado a dicho congreso. Y a partir de ahí, el rumbo parece inexorablemente trazado. Hasta entonces, con una mano irán rodando cabezas en un nuevo impulso a la lucha contra la corrupción con el propósito de evidenciar la capacidad del PCCh para autodisciplinarse; con la otra, la secuencia de nombramientos de autoridades partidarias, militares y estatales abundará en el fortalecimiento de la red de apoyos. A mayores, datos como la reciente creación de un centro de investigación sobre el pensamiento económico de Xi, que se sumaría a otros ya existentes a propósito de la diplomacia o el Estado de derecho, pongamos por caso, mostraría, junto a más indicios, la fortaleza de la posición política de Xi. 

En la lucha contra la corrupción, antes y después del Nuevo Año Lunar, se ha producido un torrente de casos con mensaje. Es, por ejemplo, el de Cai Esheng, exvicepresidente del máximo organismo regulador bancario de China; o de Meng Xiang, exjefe del departamento de aplicación del Tribunal Popular Supremo; o de Xu Ming, exsubdirector de la Administración Estatal de Cereales, un protegido de Bo Xilai, quien sigue cumpliendo cadena perpetua; o de He Xingxiang, exvicepresidente del Banco de Desarrollo de China; o de de Song Taiping, un exlegislador de alto rango en la provincia de Hebei; o de Gan Rongkun, alto funcionario de Henan; Li Guohua, exgerente general del gigante chino de telecomunicaciones China Unicom; o Tian Huiyu, expresidente del China Merchants Bank. El último caso revelador es la detención del exministro de Justicia, Fu Zhenghua, que completa una amplia limpieza en el aparato de seguridad pública. Sin duda, la corrupción también ayuda a debilitar a posibles rivales.

Solo en el primer trimestre de este año, más de 100.000 funcionarios han sido objeto de investigación y sanciones. En todos ellos, a la concurrencia de circunstancias personales (desde aceptación de sobornos a implicación en actividades sospechosas) destaca el denominador común de “haber perdido sus ideales y convicciones” o “traicionar sus aspiraciones y misión originales”.

Un caso de especial interés es el de Zhou Jiangyong, exfuncionario de alto rango en la provincia oriental china de Zhejiang, acusado, entre otros, de “conspirar con algunos elementos capitalistas y respaldar la expansión incontrolada del capital”. Zhou era secretario del Partido en Hangzhou, la base de la empresa Alibaba de Jack Ma. Hay en este expediente un significativo cambio de lenguaje que se ve reforzado con el anuncio de que los inspectores disciplinarios se centrarán en este fenómeno a partir de ahora. En una sesión de estudio del Buró Político del PCCh celebrada el 29 de abril, el propio Xi apeló a “orientar un desarrollo sano del capital” en China, reforzando esa doble idea de su reconocimiento y, a la par, sometimiento al imperativo del bien común en los términos definidos por el Partido.

¿No hay resistencias? Indudablemente, las hay. De dos tipos. Primero, la agenda, que puede complicarse a resultas de la evolución de la pandemia, ya sea en términos estrictamente sanitarios y económicos, o también de un hipotético desenlace de la guerra en Ucrania que deje en evidencia ciertas opciones en una política exterior con una fuerte impronta del propio Xi. En un artículo reciente, Jia Qingguo, exdecano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Beijing y actual miembro del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, criticó las posiciones extremistas en política exterior, en lo que podría interpretarse como un ataque velado a la diplomacia de los “wolf warrior” de Beijing. Como informó el South China Morning Post, Jia advierte de que un énfasis excesivo en el gasto militar conducirá a una mayor inseguridad y recuerda que la excesiva concentración de la URSS en el fortalecimiento militar contribuyó a su desintegración.

Segundo, por los juegos de intereses. Y no solo entre aquellos que ven en Xi un obstáculo a la promoción de sus objetivos (desde colectivos empresariales a facciones rivales) sino también en quienes alertan desde el ejercicio académico o partidario de los riesgos de quebrar sin más la institucionalidad denguista, que estableció el límite de los dos mandatos como un dique para evitar la reiteración de los desmanes del maoísmo. Las alabanzas efectuadas en el Diario del Pueblo el pasado diciembre por el decano del Instituto de Investigación y Documentación de la Escuela Central del Partido, Qu Qingshan, a la etapa denguista, sin citar en ningún caso a Xi, ponen de manifiesto que ciertas reservas persisten y adquieren la forma inmediata de un rechazo al culto a la personalidad o a la sustitución del debate constructivo por una lealtad amordazante.

A ello podríamos sumar algunos militares como el exgeneral de las Fuerzas Aéreas del Ejército Popular de Liberación, Liu Yazhou, muy radical en su defensa de la opción militar contra Taiwán. Probablemente, habrá entre los “príncipes rojos”, los hijos de los revolucionarios de primera generación, más de una disconformidad con la ruptura de unas reglas que situaban a casi todos en una carrera de la que se verán apeados.

Xi tendría dificultades en el control total del aparato político-jurídico. Así lo demostrarían los constantes reemplazos de altos funcionarios en el Ministerio de Seguridad Pública: el viceministro y exjefe de Interpol, Meng Hongwei en 2018, o Sun Lijun en 2020, acusado de conspirar contra Xi. O también el citado Fu Zhenghua, viceministro como los anteriores. Y se especula con la inminente caída del titular del ramo, Zhao Kezhi.

¿Sin Xi no hay xiísmo?

¿Qué circunstancias devienen en exigencia de la ruptura de la regla de dos mandatos? Si el denguismo contribuyó con sus certezas a institucionalizar un mecanismo de sucesión basado en el consenso, garantizó la unidad básica del Partido, la estabilidad del país y la implementación exitosa de la reforma y apertura, en el salto que se aventura predomina la incertidumbre. Las “características chinas”, como señal diferenciadora, se expresaban también en esos términos.

Xi y su entorno esgrimen lo delicado de la coyuntura internacional y el propio momento decisivo que vive la reforma china como justificaciones para apostar por su continuidad y la de su política. 

¿Es la continuidad de Xi la premisa de la continuidad del xiísmo? Vincular la actual estrategia del PCCh con la continuidad de su secretario general deja entrever un severo temor a que se corrija el rumbo. La reforma y apertura de Deng se llevó a cabo con él entre bambalinas y hasta prácticamente ausente porque su política respondía a una convicción largamente labrada como reacción al maoísmo. En el xiísmo, son muchos los ingredientes que proceden de dicha etapa, tan sobresalientes que resulta imposible establecer una ruptura total. No obstante, las novedades incorporadas en la última década reflejan las demandas de otro tiempo y nuevas concepciones que deben contribuir a disipar las dudas ante las decisivas encrucijadas por venir. En los años de Xi, China se ha alejado de algunas preocupaciones características del denguismo, en especial, el alargamiento de la democracia, optando por impulsar una nueva fuente de legitimación apelando al imperio por la ley. 

En el sistema político chino, la existencia de tres referentes del poder (Partido, Estado, Ejército) ofrece cierto margen de holgura. La acumulación de tres cargos en una sola persona, operada tras los sucesos de Tiananmen 89, no es una característica rígida del denguismo y puede ser matizada con alternativas que podrían reforzar el constitucionalismo chino y la definición de equilibrios y contrapesos cuya ausencia puede antojarse una expresión de fortaleza pero que, sin embargo, puede derivar en una cerrazón política que agriete las costuras del propio PCCh. 

Hay, por tanto, otros mecanismos que pueden permitir la continuidad de su influencia en el corazón político del sistema sin necesidad de quebrar aspectos sustanciales de un modelo de gobernanza que ha dado frutos positivos en la modernización política del país. Cabría especular incluso con la posibilidad de recuperar la figura de la Presidencia del Partido, abolida en 1982. La cuestión es formular contrapesos que eviten la figura de un líder supremo embelesado con el culto a la personalidad que lo engrandece de forma tan exponencial y progresiva. 

Hoy por hoy, el lenguaje político apunta en una dirección clara, la de un Xi en la apoteosis de su poder. A resultas de la sexta sesión plenaria de noviembre de 202l se han abierto camino expresiones como “los dos establecimientos” (que el Partido establezca el estatus de Xi Jinping como núcleo del Partido, y que establezca el papel rector del Pensamiento de Xi de aquí a 2049) o “las dos salvaguardias” que insisten en proteger su estatus y la autoridad centralizada del Partido. Por tanto, el PCCh solo puede permanecer fuertemente unido si Xi lo lidera personalmente y sus ideas, el xiísmo, impregnan la política del Partido…. Por Guangxi ya circulan libros rojos con las citas de Xi que las autoridades invitan a leer diez minutos cada día. Imposible no evocar a Mao.

Es verdad que la apelación a la confianza nacional o el orgullo identitario y el cultivo de esa fórmula basada en una autoridad fuerte constituyen anclajes nada despreciables en el momento histórico que vive el país. Pese a ello, la visión estratégica que siempre reivindica el PCCh como signo de identidad no puede excluir la promoción a medio plazo de cierta horizontalidad en una sociedad cada vez más plural y también más autónoma en sus percepciones. 

Por Xulio Ríos 6/05/2022

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Lunes, 02 Mayo 2022 05:49

1º de mayo

Trabajadores de Amazon se manifiestan ayer en Manhattan, Nueva York. Los emplea-dos de una planta de la megaempresa se sindicalizaron hace un mes, lo que retumbó en Estados Unidos, ya que desafiaba los pro-nósticos de políticos y líderes sindicales de que era casi imposible, y ahora hay esfuerzos para replicar eso por todo el pais. Foto Afp

La primera victoria laboral contra la empresa del segundo hombre más rico del país y la ola de triunfos en decenas de tiendas Starbucks a favor de la sindicalización de trabajadores –todo a pesar de esfuerzos antisindicales multimillonarios– en las últimas semanas nutre la esperanza de que los mártires de Chicago están resucitando, una vez más.

El Día de los Trabajadores, que nació con el movimiento por la jornada de ocho horas encabezado por anarcosindicalistas y otros trabajadores rebeldes –muchos de ellos inmigrantes– hace 136 años en Chicago y que se festeja por todas partes del planeta no se celebra oficialmente en Estados Unidos. Pero fueron justo los trabajadores inmigrantes que rescataron la memoria de los mártires de Chicago para los estadunidenses, empezando en el movimiento de millones en la primavera de 2006 –incluyendo el primero de mayo– con marchas y eventos que continúan hasta hoy día en esa fecha.

El extraordinario triunfo de trabajadores en la ciudad de Nueva York que votaron a favor de sindicalizar por primera vez una planta de la megaempresa Amazon en un sindicato independiente llamado Amazon Labor Union hace un mes retumbó alrede-dor del país ya que desafiaba los pronósticos de políticos y líderes sindicales de que tal logro era casi imposible, y ahora hay esfuerzos para replicar eso por todo el pais. Por otro lado, el primer triunfo de trabajadores de Starbucks para sindicalizar una de las miles de tiendas de esa empresa en diciembre, en Búfalo, Nueva York, se está multiplicando (trabajadores en más de 170 tiendas han solicitado una elec-ción sindical) y a la fecha ya son 44 las tiendas que han votado por agremiarse en el nuevo sindicato de Starbucks Workers United. Muchos de estos esfuerzos están encabezados por jóvenes.

A la vez hay triunfos en varios otros sectores en los últimos meses, por ejemplo los casi 500 trabajadores de tecnología del New York Times votaron por agremiarse, al igual que los trabajadores del Instituto de Arte de Chicago.

Sólo en los últimos seis meses se ha registrado un incremento de 57 por ciento en el número de trabajadores y agrupaciones laborales que formalmente exigen ser representados por un sindicato, reporta Reuters.

También hay acciones sin precedente, como el piquete flotante de huelguistas ante una refinería de Chevron en Richmond, California, donde se busca que los buques no crucen esa línea, es resultado de una nueva alianza entre el sindicato siderúrgico United Steelworkers y la organización ambientalista Greenpeace.

Todo esto en el momento mas débil del movimiento sindical en casi un siglo resultado de una ofensiva neoliberal durante los últimos 40 años que ha logrado reducir la tasa de sindicalización del sector privado a sólo un 6 por ciento, y con un incremento dramático de la concentración de riqueza sin precedente entre el uno por ciento más rico.

Pero lo de Amazon y Starbucks no salió de un vacío, ya que a lo largo de la última década hubo estallidos y rebeliones laborales, incluyendo la ola de huelgas de maestros en 2018 y 2019 en varios estados, acciones de trabajadores del sector de comida rápida en todo el país por un salario mínimo digno de 15 dólares la hora (el salario mínimo oficial de 7.25 dólares no ha sido modificado en décadas), nuevos sindicatos universitarios y hasta huelgas dentro de prisiones en 17 estados por reos obligados a trabajar por un dólar la hora, y acciones mas tradicionales, como la huelga de más de un año de los mineros en Alabama.

"Desde baristas hasta trabajadores de almacenes y maestros hay algo común, una clase trabajadora machacada década tras década. A través del país, gente trabajadora rehúsa ser pieza en el engranaje de la máquina de la clase multimillonaria. Este primero de mayo recordemos el poder de nuestra solidaridad y concluyo que cuando los trabajadores en nuestro país y alrededor del mundo se juntan, no hay nada que nos puede detener en la lucha por la justicia".

Almanac Singers. Talking Union. https://open.spotify.com/track/0yuKuvDJlOf4GjUtf3OPjf?si=3a90eecd2e824c35

Bruce Springsteen, Tom Morello. Ghost of Tom Joad. https://www.youtube.com/watch?v=B-c6GphpAeY

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En la imagen, Elon Musk (izquierda) y Jeff Bezos (derecha), los dos oligarcas más adinerados de EE.UU.

Mirando los medios corporativos, a menudo escuchamos la palabra “oligarca” precedida por el adjetivo “ruso”. Pero los oligarcas no son solo un fenómeno ruso ni son un concepto extranjero. Claro que no. Estados Unidos tiene su propia oligarquía.

Hoy, en los Estados Unidos, las dos personas más ricas poseen más riqueza que el 42 por ciento inferior de nuestra población (es decir, más de 130 millones de estadounidenses) mientras que el uno por ciento más rico ya posee más capital que el 92 por ciento de la población. Durante los últimos 50 años hubo una transferencia masiva de riqueza en nuestro país, pero en la dirección equivocada. La clase media se está reduciendo, mientras que a los de arriba le está yendo mejor que nunca.

Además, en términos de la economía global, no hay duda de que estamos viendo un aumento enorme y destructivo en la desigualdad de ingresos y de acumulación de riqueza. Mientras que las personas muy, muy ricas se vuelven mucho más ricas, la gente común tiene dificultades para subsistir y los más desfavorecidos se mueren de hambre.

Si bien existían niveles masivos de desigualdad antes del surgimiento de COVID, esta situación ha empeorado mucho en los dos últimos años.

Hoy, en todo el mundo, los diez hombres más ricos poseen más riqueza que 3.100 millones de personas, casi el 40 por ciento de la población mundial. Increíblemente, la riqueza de estos diez multimillonarios se ha duplicado durante la pandemia, mientras que los ingresos del 99 por ciento de la población mundial han disminuido.

Los oligarcas gastan enormes cantidades de dinero en lujosos yates, mansiones y obras de arte, mientras que 160 millones de personas en todo el mundo se han hundido en la miseria. Según Oxfam (“Comité de Oxford contra la hambruna”), la desigualdad global de ingresos y riqueza causa la muerte de más de 21.000 personas por día en todo el mundo como resultado del hambre y la falta de acceso a la atención médica. Sin embargo, los 2.755 multimillonarios del mundo vieron aumentar su riqueza en 5 billones de dólares (5 trillones en inglés) desde marzo de 2021, pasando de 8,6 billones a 13,8 billones de dólares.

Pero no se trata solo del aumento de la brecha de ingresos y riqueza entre los muy ricos y el resto del mundo. Es una creciente concentración de la propiedad y el poder económico y político. Algo de lo que no se habla mucho, ni en los medios ni en los círculos políticos, es la realidad de que un puñado de firmas de Wall Street, Black Rock, Vanguard y State Street, ahora controlan más de $21 billones en activos, suma equivalente a todo el PIB de los Estados Unidos. Esto le da a un pequeño número de directores ejecutivos un enorme poder sobre cientos de empresas y sobe la vida de millones de trabajadores. Como resultado,  en los últimos años hemos visto a los ultrarricos aumentar significativamente su influencia sobre los medios, la banca, la atención médica, la vivienda y muchas otras partes de nuestra economía. De hecho, nunca antes tan pocos poseyeron y controlaron tanto.

Todo esto no es otra cosa que una fuerte tendencia hacia la oligarquía en nuestro país y en el mundo, donde un pequeño número de multimillonarios ejercen un enorme poder político y económico.

Entonces, en medio de esta realidad, ¿hacia dónde debemos dirigirnos?

Claramente, mientras enfrentamos la oligarquía, el COVID, los ataques a la democracia, el cambio climático, la horrible guerra en Ucrania y otros desafíos, es fácil comprender por qué muchos caen en el cinismo y la desesperanza. Sin embargo, este es un estado mental que debemos superar, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hijos y las generaciones futuras. Hay demasiado en juego y la desesperación no es una opción. Debemos unirnos y luchar.

Lo que la historia siempre nos ha enseñado es que el cambio real nunca ocurre de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esa es la historia del movimiento laboral, de la lucha por los derechos civiles, por los derechos de la mujer, de los gays y por la protección del ambiente. Esa es la historia de cada esfuerzo que ha producido un cambio transformador en nuestra sociedad.

Esa es la lucha que debemos librar hoy.

Debemos unir a la gente en torno a una agenda progresista. Debemos educar, organizar y construir un movimiento popular que ayude a crear un tipo de nación y un mundo basado en los principios de justicia y solidaridad, no en la codicia y la oligarquía.

Nunca debemos perder nuestro sentido de indignación cuando tan pocos tienen tanto y tantos tienen tan poco.

No debemos permitir que nos dividan por el color de nuestra piel, por el lugar donde nacimos, por nuestra religión o por nuestra orientación sexual.

La mayor amenaza de la clase multimillonaria no es simplemente su riqueza y su poder ilimitados, sino su capacidad para crear una cultura que nos hace sentir débiles y desesperanzados y así disminuir la fuerza de la solidaridad humana.

Ahora, como resultado de la horrible invasión rusa de Ucrania y del extraordinario valor y solidaridad del pueblo ucraniano, los países de todo el mundo se están dando cuenta de que se está produciendo una lucha mundial entre la autocracia y la democracia, entre el autoritarismo y el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones.

Ahora es el momento de construir un nuevo orden global progresista que reconozca que cada persona en este planeta comparte una humanidad común y que todos nosotros, sin importar dónde vivamos o el idioma que hablemos, queremos que nuestros hijos crezcan sanos, tengan una vida digna, una educación y puedan respirar aire puro y vivir en paz.

Lo que estamos viendo ahora no es solo la increíble valentía de la gente en Ucrania, sino miles de rusos que han salido a las calles para exigir el fin de la guerra de Putin en Ucrania, sabiendo que es ilegal hacerlo y que probablemente serán arrestados por ello.

También hemos visto el coraje de los trabajadores aquí en nuestro país que se unen para enfrentarse a la avaricia empresarial y organizarse por mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo.

Hermanas y hermanos, en este momento estamos en una lucha entre un movimiento progresista que se moviliza en torno a una visión compartida de prosperidad, seguridad y dignidad para todas las personas, contra uno que defiende la oligarquía y la desigualdad mundial masiva de ingresos y riqueza.

Es una lucha que no podemos perder; es una lucha que podemos ganar, siempre y cuando estemos unidos.

En solidaridad,

Bernie Sanders

Traducción de Jorge Majfud

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Viernes, 11 Marzo 2022 05:29

Boric ante los desafíos de la historia

Boric ante los desafíos de la historia

Cuando Gabriel Boric, con apenas treinta y seis años a cuestas, jure hoy como el presidente más joven de la historia de Chile, tendrá, paradójicamente, que hacer frente al desafío de remediar en los próximos cuatro años el problema más vetusto y antiguo que arrastra esta nación andina desde antes de su independencia en 1810.

En efecto, ya en 1796, José Cos de Iriberri, comerciante chileno, elogió "la opulencia y riqueza" de la tierra, pasando a lamentarse: "Quién pensaría que en medio de tal abundancia habría una población escasa gimiendo bajo el pesado yugo de la pobreza, la miseria y el vicio". Por supuesto, el fantasma de Iriberri (que habitaba una provincia española de menos de un millón de almas), no reconocería el Chile contemporáneo, una nación de 20 millones de personas, gimiendo bajo el yugo de problemas típicos, más bien, del siglo 21. Y, sin embargo, Iriberri advertiría también que la desigualdad, la injusticia y la corrupción continúan perturbando persistentemente a su tierra natal, aunque, de resucitar, quizás abrigara de pronto la esperanza de que esta situación desastrosa pudiera estar llegando a su fin.

Boric fue elegido porque encarnaba un vasto movimiento de ciudadanos que colmaron las calles en octubre del 2019 exigiendo un nuevo sistema político, un conjunto diferente de prioridades económicas y, sobre todo, dignidad para los desfavorecidos, una serie de medidas drásticas que, de ser llevadas a cabo, podrían dentro de poco invalidar un juicio tan melancólico como el de Iriberri.

El éxito de la tajante agenda de Boric dependerá de varios factores. Ante todo, en un país atormentado por la pandemia y el malestar social, tendrá que aumentar los impuestos a los súper ricos y a las grandes corporaciones, especialmente en el sector minero, para financiar reformas indispensables en salud, educación, planes de pensiones, un salario mínimo más alto, políticas ecológicas agresivas, así como el empoderamiento de las mujeres y la gobernanza regional. Para obtener estos ingresos, la administración de Boric tiene que negociar con un Congreso donde su coalición está en franca minoría. Moderar algunos de los objetivos más ambiciosos podría conducir a algunos acomodos, pero también es probable que decepcione y movilice a muchos de sus agitados seguidores que votaron por un líder que prometió enterrar el neoliberalismo y sus descontentos. De todas maneras, cualquier acuerdo que se alcance obligará a muchos meses de legislación, compromisos y presión desde la calle.

Una segunda serie de circunstancias precisa atención inmediata. Una crisis migratoria en el extremo norte del país, invadido por trabajadores indocumentados de toda América Latina, ha sembrado un tóxico sentimiento antimigrante que incitó a camioneros a que bloquearan rutas vitales, una acción que, de repetirse, podría paralizar áreas significativas de la economía. La propia postura de Boric de dar la bienvenida a sus hermanos y hermanas latinoamericanos se verá, entonces, puesto pronto a prueba. En el sur del país, las justas exigencias reivindicativas de pueblos originarios largamente despreciados y expoliados han abierto un terreno fértil para una creciente violencia. El nuevo Presidente está decidido a rechazar la militarización que instaló su predecesor, el inepto derechista Sebastián Piñera, y estrenar un diálogo sereno con todas las partes, pero los acontecimientos sobre el terreno pueden constreñir su margen de maniobra. ¿Y cómo reformar a fondo una fuerza policial recalcitrante que ha brutalizado sistemáticamente a jóvenes y pobres y rebeldes, justo en una coyuntura en que se acrecienta la delincuencia y el narcotráfico?

El mayor desafío para la administración entrante, sin embargo, es la Convención Constitucional que fue creada para canalizar las demandas de los insurrectos y que en estos mismos momentos está escribiendo una nueva Carta Magna para reemplazar la que, fraudulentamente impuesta por Augusto Pinochet en 1980, había bloqueado las mismas reformas que Boric ahora quiere instituir. Aunque la mayoría de los delegados (los conservadores sólo tienen 37 de los 154 miembros de la Convención) comparte las convicciones de Boric (ecológicas, feministas, igualitarias, profundamente participativas, con gran respeto por las creencias indígenas y el rol de las regiones), hay signos de tensión entre un gobierno que tiene que lidiar con las complicaciones cotidianas de la gente común y llegar a convenios con los adversarios, y muchos convencionales que sueñan con una patria completamente libre de explotación, donde la naturaleza reina en forma suprema y el multiculturalismo triunfa. Lo único que Boric no puede permitirse es que los votantes, en un referéndum en septiembre, rechacen la nueva Constitución, una posibilidad que, por ahora, es poco verosímil, pero que, con pujantes fuerzas reaccionarias saboteando la Convención, podría conducir a un resultado que dejaría al nuevo gobierno atado a viejas leyes que, en el pasado, atascaron importantes alteraciones al status quo.

A pesar de todas estas acechanzas y dilemas en el horizonte, el futuro me parece promisorio.

Hace treinta y dos años, el 11 de marzo de 1990, fui un invitado oficial a la toma de posesión del presidente Patricio Aylwin después de diecisiete años de terror dictatorial. Para esa transmisión del mando, conocía personalmente a todos los miembros del gabinete de Aylwin, así como a los jefes del Senado y la Cámara de Diputados. Me complace anunciar que no me he topado nunca con ni uno de los ministros y ministras de Boric (¡es un gabinete paritario, el de Aylwin consistía sólo de hombres!), aunque sí he conocido de cerca a algunos de sus padres y abuelos.

Esta es una prueba rotunda y maravillosa de un verdadero cambio de guardia. Parece que ha llegado el momento de que esta multitud de jóvenes tan talentosos como el carismático y tatuado Boric --¡que no usa corbata!--, por fin arremeta con alegría y desparpajo contra la situación que devasta nuestra desafortunada patria desde hace tanto tiempo. No se trata simplemente de que asumen el poder con el respaldo de una ciudadanía ardiente dispuesta a rebelarse con aún más vehemencia si no hay respuesta a sus necesidades, sino que estos jóvenes políticos forman parte del resurgimiento de una nueva izquierda en toda América Latina, con posibles victorias en Brasil y Colombia en las postrimerías de este año que confirmarían esa tendencia.

Así que, a pesar de la crisis global creada por la invasión de Ucrania y sus secuelas, Boric enfrenta un panorama internacional favorable, sin el tipo de hostilidad o el intervencionismo descarado e imperial de los Estados Unidos que ha obstruido esfuerzos anteriores para realizar cambios fundamentales. Boric representa, además, una vena libertaria que a mí me parece saludable para nuestra izquierda, oponiéndose al autoritarismo de todo tipo (ha criticado la represión de los disidentes en Cuba y ha denunciado al seudosandinista Daniel Ortega como un dictador), que rompe con muchos de los dogmas revolucionarios más ortodoxos de América Latina (incluidos algunos de sus propios aliados comunistas en Chile). Hay que comprender que la experiencia fundacional de la generación de Boric se forjó, no en la lucha contra una dictadura, sino desafiando a gobiernos democráticos que no habían profundizado esa democracia y preferido a una élite pequeña, poderosa y privilegiada por sobre las urgencias de la inmensidad de sus conciudadanos.

Si logra Boric avanzar, utilizando medios pacíficos, hacia cambios sociales y económicos cruciales, e implementa una política intensa de justicia ambiental y de género, su ejemplo va a trascender las fronteras del propio Chile. En un momento en que estamos siendo bombardeados por una cascada implacable de noticias desesperantes, un modelo fundacional que ofrezca esperanza en la democracia y la participación puede inspirar al mundo y especialmente a los jóvenes.

Muchos, aquí en Chile y en el extranjero, estarán observando, entonces, cómo Gabriel Boric inaugura una nueva era en la historia de mi país. Junto a tantos hombres y mujeres que, presumo, le desean buena ventura, agregaría yo legiones de muertos que no pudieron resolver el enigma del perenne desarrollo desigual que todavía nos ronda. Tal vez el fantasma de José Cos de Iriberri, con ganas de descansar en paz, sonría, donde quiera que se encuentre, al reflexionar que, quizás esta vez, después de más de dos siglos de intentos fallidos, sus compatriotas tengan el gobierno que finalmente se merecen.

Por Ariel Dorfman, autor de La muerte y la doncella y de la reciente novela Apariciones, además de una colección de poesía, Palabras desde el otro lado de la muerte que publicará próximamente la editora argentina Libros del Zorzal.

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Miércoles, 09 Marzo 2022 05:36

La esperanza de la democracia es verde

La esperanza de la democracia es verde

La marea verde que recorre América Latina ha puesto de manifiesto la lucha de las mujeres contra las desigualdades y ha evidenciado que la democracia es más plena con un feminismo activo.

 

La televisión salta de colapso en colapso: guerras, incendios, invasiones, sequías, olas de calor, tormentas, terremotos, tsunamis, pandemias, naufragios, ataques. El mundo ya no solo presenta un escenario desolador, sino uno dominado por la desesperanza. Muchas veces parece que esta situación ya no puede cambiarse.

Más allá de su clave poética, épica o pintoresca, la idea de esperanza es, en estos tiempos, una herramienta central. Puede contribuir a evitar la angustia por un mundo en crisis, a sortear la decepción causada por la creencia de que la transformación es imposible, a fortalecer la rebelión contra la frivolidad del entretenimiento noticioso como única forma de tolerar la realidad. La marea verde que recorre América Latina es parte de esa nueva esperanza.

Si bien no constituye la solución a todos los problemas, el feminismo ha aportado un modo de organización y de resistencia que evidencia que la participación social y política vale la pena. Su lema «la lucha sirve» da cuenta de una esperanza que atraviesa diferentes latitudes y que puede transformarse en una consigna para la transformación.

El camino contemporáneo, iniciado con el movimiento Ni Una Menos (nacido en 2015 en Argentina y extendido luego a toda América Latina), provocó una ola de marchas y reclamos que se consagró en 2017 con el #MeToo y la demanda argentina por el aborto legal, seguro y gratuito en 2018.

Aunque nada de esto se trate de una carrera por ver quien comenzó, resulta importante destacar que existen distintas narrativas sobre la actualidad del movimiento feminista. Aunque hay quienes prefieren mirar primero a Estados Unidos y a otros países denominados «centrales», el rol que ha tenido América Latina en dotar de vigor al feminismo de estos tiempos resulta evidente.

En ocasiones, las cámaras recuerdan solo el camino pisado en la alfombra roja. Se detienen en Hollywood, evidenciando que algunos ojos solo ven el espacio que «se muestra», considerándolo el único en el que las cosas suceden. Sin embargo, si lo que se pretende es iluminar un camino de construcción política singular, la linterna verde debe posarse sobre las múltiples heroínas que unieron la resistencia a las dictaduras con la demanda de una democracia participativa con ciudadanas plenas. Y esa mirada enfoca, principalmente, a América Latina.

Marea verde

La pelea por la legalización del aborto en Argentina en 2018 provocó un tsunami en la región. El pañuelo verde —nacido en Argentina, emulando al pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que luchaban y luchan luchar por sus hijos, hijas y nietos desaparecidos— se convirtió en un símbolo de identidad y autonomía, de reclamos por los derechos sexuales y reproductivos, así como de complicidad entre mujeres y diversidades sexuales de los distintos rincones de América Latina. Pero ahora es mucho más que eso. Es una bandera –tal vez la última multinacional y la única nacida y expandida en el siglo XXI– que expresa la concepción plurinacional de los feminismos latinoamericanos.

Tanto el pañuelo como el color fueron adoptados en 2003 en el marco de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, creada ese mismo año en el Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Rosario. «De un momento a otro el pañuelo se convirtió en un elemento que no solo marcaba presencia, distinguía y poseía un relato claro y directo, sino que también creaba comunidad y llamaba a la sororidad», escribió la investigadora chilena Sofía Calvo Foxley en el libro La revolución de los cuerpos, moda, feminismo y diversidad (Editorial RIL, 2019).

La diferencia entre la posibilidad de acceder al aborto legal o estar condenada a la clandestinidad es de vida o muerte. Es la diferencia entre poder vivir más plenamente o poder morir por tener sexo o ser obligada a tenerlo. Es la diferencia entre placer y el padecimiento, entre el encierro y la libertad.

La principal característica de la marea verde fue, sin embargo, la de promover un modo singular de hacer política. No se trató solo de conseguir un derecho, de imponer una agenda, de lograr una sentencia o de conquistar la sanción de una ley, sino de imprimir un sello distintivo. Se trató y se trata de una forma de pelear por derechos políticos que contiene una esperanza activa. Una forma que hace del mundo un lugar más habitable, un lugar por el que merece la pena y el placer luchar.

Esa es, en definitiva, la diferencia sustancial: la que marca que una democracia es más plena con un feminismo activo. La participación popular, la creación de consensos sociales y las luchas legislativas (con esquemas de asambleas, discusiones horizontales y fomento de la ocupación de espacios) son una ventana frente a un mundo que convoca a la depresión, el desaliento, el autoritarismo y la represión.

No es solo que el plato servido a la mesa es rico, es que la forma de prepararlo genera la posibilidad de cocinar mejor para muchos otros temas y muchas otras personas que de otro modo pasan hambre, comen compulsivamente o se caen de la mesa. No es solo que se consiguen leyes o fallos (aunque algunos se frustran pero, de todos modos, se pelean), sino que se producen modos alternativos de proponer nuevos consensos. La pelea feminista genera modalidades más participativas de discusión, de decisión y de elección. Estas formas amplían la democracia y promueven una ciudadanía activa más allá del voto (aunque también con los votos).

Ayelén Mazzina es secretaria de estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis, Argentina. Tiene solo 31 años, es lesbiana y lleva el pelo rapado a los costados. Aún desentonando en las formales reuniones de gabinete, destaca: «Somos el cambio de época y debemos lograr, cuando ocupamos lugares en donde se toman decisiones importantes, democratizar y humanizar la política. Hay que escuchar a las bases, fomentar su participación y ver cuáles son sus necesidades reales, y no las que se perciben cuando las políticas públicas se planifican desde un escritorio». 

La participación de las mujeres es un freno social a las distintas formas de autoritarismo y de violencia social (de género, pero también de otros tipos), en tanto promueve el lema «sí te metas», en sentido contrario del «no te metas», la consigna repetida durante la última dictadura militar argentina con la que, por miedo a la desaparición, la ciudadanía era amedrentada y llevada a no involucrarse en los «asuntos ajenos».

La sociedad de «las metidas» —esa en la que los vecinos salvan a una joven que está siendo violada en un auto, una docente llama a la casa cuando una niña viene golpeada de la casa, una desconocida ayuda a una adolescente que es acosada en el tren, una mujer lleva a una joven a la casa si se descompone por tomar alcohol en un bar en vez de dejarla a la deriva— expresa algo más que un conjunto de «gestos individuales». Evidencia las formas de hacer red que el feminismo promueve y que generan una ciudadanía más comprometida y con mayores lazos sociales.

Los desafíos futuros

Ante un mundo con preocupaciones que hace solo tres años solo podían preverse en series apocalípticas como Years and years, la del feminismo no debe ser considerada como una agenda menor ni como una que queda como una preocupación colateral frente a un escenario con conflictos armados, guerras, desastres ambientales y pandemias.

A diferencia de lo que ha sucedido en buena parte de la historia, las desigualdades que viven las mujeres no deben ser ubicadas como problemas que pueden esperar o que bajan de escalones en la larga escalera de las urgencias. Estas demandas ya no pueden ser desplazadas o consideradas como «menos importantes», ni olvidadas en función de urgencias de otros órdenes.

No se solucionarán los grandes conflictos que asolan a la humanidad sin la participación de las mujeres. Por el contrario, se precisarán mujeres fuertes, protegidas y participativas. Y aunque afirmamos que ya no se puede volver atrás, eso es exactamente lo que está sucediendo. Y es que, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de la pandemia de covid-19, la inserción laboral de las mujeres ha retrocedido diez años en nuestra región.

Los retrocesos en derechos de las mujeres son intolerables. Pero no solo porque descuidar el trabajo femenino y relegar la importancia de erradicar los femicidios, la violencia de género, el acoso y los abusos sexuales es insoportable, sino porque las mujeres vivas, plenas, autónomas son imprescindibles frente a la crisis climática, los conflictos armados y las emergencias sanitarias.

Pero esto no se debe solo al hecho de que las mujeres son las que históricamente han dedicado su tiempo a cuidar y este es un mundo que necesita ser cuidado, y entonces los roles tradicionalmente feminizados resultan imprescindibles en vez de descartables. No se trata de pedirle a las mujeres que sigan cuidando sin ser reconocidas, sino de reconocer la importancia del cuidado.

Se precisa, además, de un cuidado político y de la generación de estrategias superadoras. Y no solo para la agenda de género, sino como motor de confluencia para otras. Un ejemplo es la marea verde en Argentina. No es solo que se consiguió el aborto legal. Es que motorizó el «cuidado del verde». Los lazos entre escritoras para pedir por el aborto legal, ahora conformaron nuevas redes para reclamar por una ley de humedales o activaron la participación activa en el Congreso de la Nación y en las redes sociales para lograr una ley de etiquetado frontal de alimentos.

La combinación entre causa y efecto, marketing de redes y profundidad en los planteos, unidad y movilización, firmas e incidencia legislativa es una tradición que en Argentina comienza en la lucha contra la dictadura y en la pelea por los derechos humanos, llega al feminismo y se traslada a la demanda ambiental.

Es una trenza que no se termina en un pañuelo corto, sino que trenza más pañuelos para poder salir del pozo de una sociedad en un estado terminal que no ve la salida, pero que puede salir si logra colaborar para volver a ver la luz a través de la participación social.

El lema de los pañuelos verdes que circularon en Argentina fue «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir». Hoy los pañuelos son una prenda que propone una paz activa. No blanca, no neutra, no rendida, sino activa. No morir es saber todavía pelear por un mundo donde el verde de la esperanza viva.  

La lucha sirve.  

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Martes, 08 Marzo 2022 06:06

Una causa justa para las mujeres

El colectivo Causa Justa delante del Palacio de Justicia en Bogotá (foto: https://causajustaporelaborto.org/un-ano-de-una-causa-justa/)

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un reconocimiento especial al logro que supone la despenalización del delito de aborto en Colombia

Un año más llega el momento de reivindicar lo que tendría que ser norma y normalidad en cualquier sociedad democrática. De entre los numerosos acontecimientos acaecidos en el último año con la mujer como protagonista, hay que destacar uno: la legalización del aborto en Colombia durante las primeras veinticuatro semanas de gestación.  

A nadie se le escapa que la consecución de derechos para las mujeres es mucho más difícil que aquellos que “no tienen género”. Ellas necesitan luchar más y por más tiempo, sobre todo porque quienes determinan, desde las leyes y desde los gobiernos, los posibles triunfos femeninos son mayoritariamente hombres.

Naciones Unidas reconoce que las mujeres padecen “una mayor vulnerabilidad derivada de factores sociales, económicos y culturales”. Por eso, este logro en Colombia es un paso más en la consecución de la “igualdad de género hoy para un mañana sostenible” que demanda la ONU en este 8 de marzo de 2022.

La sentencia C-055 de 21 de febrero de 2022 declara “exequible la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y, sin sujeción a este límite, cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355 de 2006”. En la misma se solicita finalmente, tanto al Congreso de la República como al Gobierno nacional, que formulen e implementen “una política pública integral en la materia”.

El fallo de la Corte Constitucional colombiana abre un nuevo panorama para ellas y sus derechos en el país y por extensión en la región latinoamericana. Con esa decisión se subsanan años de reclamar en el desierto por un derecho reiteradamente ignorado por parte de un Congreso de la República netamente macho, blanco y conservador.

Nombrar siempre supone dejar a alguien fuera de la lista, por eso no queremos poner nombres y apellidos a este día memorable. Sin embargo, hay un colectivo que merece ser recordado por su tesón y lucha para conseguir tan importante decisión jurídica: Causa Justa “un movimiento que busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres”. Impulsado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, está compuesto por “otras organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos y diferentes actores entre quienes se encuentran activistas, prestadores de servicios de salud, referentes de la academia y centros de investigación de todo el país”.

En el proceso, la entidad colombiana ha contado con el apoyo de Human Rights Watch. Esta ONG internacional presentó un escrito amicus curiae en el que solicitaban a la Corte “tener en consideración los estándares de derechos humanos en materia de aborto”; señalando que “la criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”, y destacando que, tal como se recoge en sus informes de los últimos 15 años, “los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno en el cual las mujeres y niñas recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro su salud y sus vidas”.

El dictamen es, le pese a quien le pese, incluido el pelele presidente del país, un hito para las mujeres, para la autonomía sobre su propio cuerpo y su salud sexual y reproductiva. Pero también es un triunfo de la democracia, un logro para que ese cincuenta por ciento de la población sienta que realmente forman parte de la sociedad a la que aportan y pertenecen, que hay equidad y justicia social.

Porque el derecho al aborto no significa el deber de abortar, supongo que para nada un trago agradable. Es dar la opción a las mujeres de que decidan sobre su cuerpo sin el estigma del delito y del señalamiento social.

Publicado en Mundo Obrero el 07/03/2022

08 Mar 2022

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