Sábado, 24 Septiembre 2022 05:50

Gran Bretaña: el verano del descontento

El gobierno británico anunció el congelamiento de las tarifas energéticas.

El gobierno de Truss anunció medidas para paliar la crisis económica 

Mientras la libra desploma, el gobierno confirmó para los próximos seis meses un congelamiento parcial de las tarifas de gas y electricidad tanto para las empresas como para las personas. 

Por Marcelo Justo

Desde Londres

Cerrado el largo paréntesis por la muerte de la Reina Isabel II, el Reino Unido tuvo un aterrizaje forzoso a la realidad con el presupuesto de emergencia anunciado este viernes por el flamante gobierno de Liz Truss. El ministro de finanzas de Truss y co-guionista de su credo ultra neoliberal, Kwasi Kwarteng, no se guardó ninguno de los preceptos de la fe Thatcherista: radical disminución de los impuestos a los ricos, eliminación del techo a las bonificaciones de los banqueros y creación de decenas de zonas francas. “Necesitamos una nueva política para lidiar con esta nueva era. Este es un presupuesto para el crecimiento. Durante mucho tiempo estuvimos debatiendo la necesidad de redistribución. Tenemos que terminar con este debate. Lo importante es que la economía crezca”, proclamó Kwarteng a la Cámara de los Comunes.

Los mercados, siempre tan dóciles a los mensajes conservadores, huyeron aterrorizados. El valor de la libra esterlina, que ya estaba en su nivel más bajo en 37 años, descendió un punto más respecto al dólar a lo largo del día, acercándose a la paridad: 1 libra vale 1.09 dólares. “Esta caída de la libra se debe en parte a la fortaleza del dólar, pero también a que los mercados no creen en nuestros números. El dinero se está yendo: no está entrando”, dictaminó el diario Evening Standard.

La deuda pública superó el 100 por ciento del PBI (rondaba el 60 pre-pandemia). El jueves un dato trastornó las páginas económicas: solo en agosto los intereses de la deuda habían rozado las 9 mil millones de libras. Con este dato a mano se comprende el espanto de los mercados ante un presupuesto que desfinancia al estado con una baja espectacular de los impuestos y, al mismo tiempo, promete una asistencia masiva que solo se puede cubrir emitiendo más deuda. 

El mensaje de Kwarteng es el que machacó su jefa Liz Truss primero en la campaña que la llevó a reemplazar a Boris Johnson, luego en sus dos primeros días en el puesto antes de la muerte de la reina, finalmente esta semana en Naciones Unidas. Según Truss-Kwarteng la salida a la actual crisis se logrará “aumentando el tamaño de la torta” gracias a la reducción impositiva a las grandes empresas y los más afluentes (unas 27 mil millones de libras que treparán a 45 mil millones en 2026). No sorprende que la BBC lo haya calificado de “la disminución impositiva más grande en 50 años de presupuestos”. La premisa teórica es la gastada teoría del “trickle down” en los 80: el recorte impositivo estimulará la inversión que hará crecer la economía derramando (trickle down) prosperidad en el conjunto de la sociedad.

La realidad y el dogma

En medio de este dogma vetusto la realidad se hizo un hueco en el presupuesto. Con precios de gas y electricidad que se iban a duplicar el 1 de octubre, el gobierno confirmó para los próximos seis meses un congelamiento parcial de las tarifas tanto para las empresas como para las personas. El congelamiento impone un techo a las cuentas que no pueden superar las 2500 libras y será financiado por el estado con un costo estimado de 150 mil millones de libras.

En el verano la entonces candidata a primera ministro Liz Truss en plena campaña partidaria para suceder a Johnson se había opuesto a una intervención estatal en el mercado y a la entrega de ayudas a pesar de que, a raíz de la guerra, las cuentas de gas y electricidad habían aumentado un 54 por ciento. El anuncio del regulador en agosto de un nuevo aumento del 80 por ciento puso a los conservadores entre la espada y la pared: miles de pequeñas y medianas empresas quebrarían, millones de personas se sumarían a la tenebrosa categoría de "pobreza energética" (destinar más del 10% de los ingresos a luz y electricidad). Truss no adoptó las propuestas de la oposición laborista o los grupos de consumidores (congelamiento total de tarifas, renta extraordinaria para las energéticas), pero con sus anuncios de ayuda y control de precio máximo, dio una muestra de pragmatismo ausente en el resto de un presupuesto dominado por la dogmática fe neoliberal.

A la luz de la reacción de los beneficiarios de la medida, es un típico caso de “very little and too late”. La CEO de la British Beer and Pub Association, Emma Mc Clarkin dijo que se necesitaba mucho más. “Es un alivio inicial frente a este período crítico, pero se necesita mucho más para lidiar con los costos y formular un plan para cuando termine este período de seis meses de ayuda”, dijo Mac Clarkin. Muniya Barua, directora de política y estrategia de una organización de empresarios en Londres, BusinessLDN, coincidió. “Evita bancarrotas masivas por el momento, pero no es suficiente para muchas empresas ahogadas por las deudas contraídas con el Covid”, señaló Barua.

¿Alguien cree en este presupuesto?

En la Cámara de los Comunes el ministro Kwarteng intentó demarcar al flamante gobierno de Luz Truss de los 12 años previos de reinado conservador y presentarse como el cambio y la renovación necesaria para lidiar con la actual crisis.

La portavoz en temas económicos del laborismo, Rachel Reeves le recordó que las políticas que anunciaban no contenían nada nuevo. “Son un regreso a la política del “Trickle down” del pasado y una admisión que los últimos 12 años de gobierno han sido un fracaso. La idea de que beneficiando a los ricos se beneficiará el conjunto de la sociedad es una ideología vetusta que no dio resultado en ningún lugar,”, dijo Reeves.

Los escoceses y galeses denostaron un presupuesto que “profundizaría la desigualdad”, es “moralmente reprobable” y “financieramente insostenible”. “En vez de ayuda a los que más lo necesitan, el ministro le da prioridad a los más ricos, a los banqueros y a proteger las ganancias de las empresas energéticas”, dijo el ministro de finanzas escocés Johns Swinney. “En Gales se nos viene un terrible invierno de cuentas impagables y una inflación por el cielo. La respuesta del gobierno es esta fantasía económica del “trickle down” para complacer a los ricos”, condenó Ben Lake, portavoz económico de Palid Cymru, los autonomistas galeses. Ni siquiera las filas propias rebosaban de optimismo.

Críticas conservadoras 

En la campaña partidaria para encontrar un reemplazante a Boris Johnson, la mayoría de los diputados tories se inclinaron por el ex ministro de finanzas, Rishi Sunak: fue la membresía del Partido Conservador la que le dio la victoria a Truss. En los debates posteriores a la renuncia de Johnson en junio, Sunak calificó el programa económico de Liz Truss como un “cuento de hadas económico”. Sus seguidores no han cambiado de opinión y no parecen dispuestos a callarse.

Mel Stride, del equipo de campaña de Sunak, dijo que había un “agujero gigantesco” en el presupuesto porque los números no habían sido analizado, como se suele hacer, por la autárquica Office for Budget Responsability. “Necesitamos transparencia. Tenemos que calmar a los mercados”, le dijo Stride a Kwarteng en el debate parlamentario. Otros diputados señalaron off the record al diario The Guardian que estaban “absolutamente desesperados” porque los conservadores “debían representar a los sectores medios y no a los más ricos: esto es políticamente tóxico y económicamente dudoso”.

“Invierno de descontento” 

Al gobierno le costará sacarse el título de gobierno de los ricos. En momentos en que el conjunto de la población está experimentando la mayor caída del poder adquisitivo en décadas, niveles de inflación que no se conocían desde fines de los 80 y salarios congelados o rezagados, algunas medidas, son especialmente ofensivas, casi una provocación, como decir, tenemos el gobierno, hacemos lo que queremos. La eliminación de los límites para las bonificaciones de los banqueros es una de las más simbólicas.

El Servicio Nacional de Salud tiene 100 mil vacantes sin llenar por la combinación de bajos salarios, aumento del costo de la vida y altísimos niveles de estrés laboral que han impactado la salud física y psíquica de los trabajadores que están renunciando a su trabajo. “El servicio de enfermería está espantado por esta decisión de dar prioridad a los banqueros sobre el Servicio Nacional de Salud y el personal de Cuidados Sociales, algunos de los cuales tienen que ir a los bancos de alimentos para sobrevivir. El gobierno se ha aprovechado de la abnegación del personal por demasiado tiempo. Exhortamos a nuestros miembros a que voten a favor de la huelga este 6 de octubre”, dijo la representante del Royal College of Nurses Pat Culllen.

Este llamado a la huelga es otro de los paréntesis abiertos por el fallecimiento de la reina que se cierra. Al llamado “summer of discontent” (verano de descontento), seguirá ahora un “Winter of discontent”. El sector del transporte ferroviario y de subtes irá a la huelga a principios de octubre. Los conflictos que se suspendieron por respeto al fallecimiento de la reina, volverán a activarse. A las medidas de fuerza del sector público, que viene con salarios prácticamente congelados desde que asumieron los conservadores en 2010, se plegarán muchos del sector privado cuyas remuneraciones fueron quedando rezagadas en este período, en particular con el aumento inflacionario del último año.

El director del respetado Institute for Fiscal Studies Paul Johnson señaló que la apuesta al crecimiento vía reducción impositiva para salir de una crisis ha sido usada en el Reino Unido sin mucho éxito. “El gobierno de Ted Heath a principios de los 70 intentó lo mismo y terminó en desastre. Aquel presupuesto es conocido como el peor de los tiempos modernos. Sinceramente, espero que este termine mejor”, dijo Johnson.  

Publicado enInternacional
El neoliberalismo extremo de Maduro y los mitos sobre la “recuperación económica”

“El milagro venezolano”, así han llegado a denominar algunos economistas de otras latitudes lo que acontece en el país, en alusión a que Venezuela estaría saliendo o haya salido de la catástrofe económica. “La Venezuela que se arregló” es la versión criolla de esta cantinela desde el Gobierno, como parte de su estrategia comunicacional, mostrando las burbujas económicas en ciertas áreas de la economía, sobre todo en el comercio y el sector servicios, empujada por toda la política aperturista y neoliberal extrema de Maduro, dolarización, aplanamiento salarial y ajustes en toda la línea, entre otros factores económicos y políticos.

 

Del pozo profundo en el que cayó el país a niveles nunca vistos en su historia, empresarios y gruesos sectores del capitalismo empezaron a emerger a base de las peores políticas neoliberales que se hayan aplicado en el capitalismo depredador, pero en el fondo se quedaron millones y millones de las grandes mayorías trabajadoras y populares sumergidas en la más grande de las miserias. Como hemos reseñado en otros artículos, el país perdió desde el 2014 alrededor del 80% de su Producto Interno Bruto, vivió un ciclo hiperinflacionario de 48 meses continuos, de los más largos en la historia, pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores, devaluó la moneda nacional, hasta dar paso a una dolarización de facto desde 2018.

La economía de Venezuela crecerá este año el doble de lo esperado hace unos meses, pronosticó recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicando que el Producto Interno Bruto será el de mayor repunte de la región, con un estimado de 10% de incremento. Por su parte, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, anunció recientemente que la economía del país ha crecido dos dígitos durante el último año. Así detalló que la actividad económica creció 14,65 % y 19,07 % en el tercer y cuarto trimestre de 2021, respectivamente, mientras que la mejora en los primeros tres meses de 2022 fue de 17,04 % y entre abril y junio fue, aún como cálculo estimado, de 18,7 %. "Tenemos suficientes razones para ser optimistas en lo que queda de año 2022 y el próximo año", dijo Ortega, en un acto con empresarios que estuvo encabezado por Maduro.

Incluso, por la flexibilización de algunas sanciones imperialistas en medio de un proceso de negociación política que está en marcha desde el año pasado y los reportes extraoficiales sobre el levantamiento progresivo de esas restricciones a la industria petrolera. Es público que Biden ha realizado acercamientos para la flexibilización de estas sanciones en momentos en que los precios se disparan por la guerra en Ucrania. Además, los ingresos petroleros se recuperaron tras la pandemia por un aumento en la producción de crudo, mientras el precio sube tras la guerra en Ucrania. Aunque la producción y el precio han tenido un leve descenso recientemente.

El secreto del “milagro venezolano”

Los aplicadores de la “nueva economía”, neoliberalismo llevado a los extremos, que podemos resumir con la implementación de medidas como la supresión de impuestos y aranceles para las importaciones, que posibilitó el nacimiento de los famosos bodegones (negocios con anaqueles llenos con productos importados que solo la población con acceso a divisas extranjeras puede consumir), pero no solo para loa importadores, sino también exoneración de impuestos para los gruesos sectores económicos y transnacionales. De las “regulaciones y controles” se pasó a un sistema desregulado casi al 100%, pasando a la transferencia de activos (privatizaciones sigilosas) en el mayor de los secretismos amparados en la Ley Antibloqueo, lo que fue facilitando cambios en la estructura accionaria en las empresas mixtas de hidrocarburos, pasando incluso a niveles de “socios” mayoritarios o dueños directos, contraviniendo la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos, dentro del marco de las privatizaciones en el sector petrolero.

Sumado a ello está la instalación de las zonas económicas especiales, territorios enteros desregulados completamente y sin estar sometidos a ningún tipo de ley más que la de extraer ganancias, así como la regencia de nuevas leyes de inversiones extranjeras. A la par estuvo la dolarización parcial de la economía del país, donde desde los grandes capitalistas hasta los sectores medios con poder adquisitivo, corrieron a la moneda estadounidense, por los distintos mecanismos legales, paralelos y hasta ilegales, una dolarización que incluye los precios de la gasolina y ciertos servicios públicos.

En medio de todo esto, una mano de obra de las más baratas del mundo, sino la más, con una inédita destrucción salarial, que ya por 2018 llegó a un salario mínimo de menos de 5 dólares al mes, y que tras míseras subidas se vienen conteniendo en toda la regla, salarios que en toda la catástrofe y durante esta alardeada “recuperación” no han superado el de unos pocos dólares mensuales (30$ mensuales en su “mejor momento” el salario mínimo, en marzo pasado, estando ya de nuevo debajo de los 20$ mensuales). De la mano de la más drástica contrarreforma laboral y previsional que se haya dado en el país (y quizás en América Latina), cuando de un plumazo y por decretos se suspendió la validez de los contratos colectivos (Memorando 2792, tablas salariales e instructivos de la ONAPRE) y las pensiones y prestaciones sociales quedaron reducidas a la nada.

Todo esto enmarcado en lo que llaman “la reducción del gasto público”, que entró en un largo proceso de contención, pero centrado fundamentalmente en un constreñimiento brutal a costa la remuneración de los trabajadores. El gobierno dejó conscientemente que la hiperinflación “ayudara” a reducir parte del “gasto público” por inercia sin necesidad de anunciar recorte de salarios, pero permitiendo que el látigo hiperinflacionario los pulverizara sin ninguna medida de emergencia que lo contrarrestara, al mismo tiempo que la pérdida de valor del bolívar a través de las incesantes devaluaciones hicieran buena parte del trabajo. Era toda una política criminal, pues no solo la hiperinflación fue erosionando los ingresos de las clases trabajadoras, sino desde el Gobierno se aplicaban los planes de contención y de aplanamiento salarial mientras se desarrollaban políticas económicas que favorecían las ganancias de los sectores empresariales.

El régimen monetario pasó a anclarse en la dolarización parcial de la economía o lo que los economistas llaman el bimonetarismo, utilizando el dólar como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor en ámbitos cada vez más amplios de la economía, lo cual implicó una devaluación gigante como nunca antes vista. Para algunos reconocidos economistas venezolanos de corte liberal, como Giorgio Cunto, de la firma Ecoanalítica, “Venezuela se ha convertido en un país bimonetario, en cual se ahorra, se transa y se piensa en dólares”. Por su parte el economista Leonardo Vera sostiene que “Venezuela ahora es un país bimonetario de facto y, en mi opinión, la dolarización parcial es prácticamente irreversible…”. Las devaluaciones inmensas y esta dolarización han implicado golpes inmensos sobre la clase trabajadora, mazazos que ya venían cayendo desde antes de la propia dolarización.

Esta situación de dolarización ha ido creando dos circuitos económicos separados dentro del país, por un lado, un sector pudiente por lo general, que va desde clases medias acomodadas para arriba, grupos económicos, empresarios, comerciantes y especuladores de todo tipo, y por supuesto en la que entra la alta burocracia estatal y los militares que manejan grandes empresas del Estado, con acceso al dólar como moneda de uso corriente y donde existen capitalistas que obtienen sus ganancias en dicha moneda pero pagan salarios en bolívares. Por otra parte donde están las grandes mayorías trabajadoras y populares, las clases medias bajas, que han visto caer sus condiciones de manera estrepitosa, que no tienen acceso a la divisa estadounidense, lo tienen en una medida totalmente marginal: en su mundo cada vez más miserable y paupérrimo, con ingresos en bolívares, buscando subsistir, dependiendo de algunos bienes de consumo popular a precios subsidiados y racionados, o accediendo a algunos dólares en los márgenes en los puestos de negocios de calle en la buhonería o el cuentapropismo.

Es por ello que los grandes sectores empresariales respaldan las políticas económicas de Maduro, en función del incremento de sus ganancias. Estadísticas recientes dan cuenta cómo los ingresos y ganancias de apenas un 10% de los más ricos crece vertiginosamente con “una tasa de crecimiento de 91%”, porcentajes en vuelo geométrico, mientras que el 10% de los más pobres “decreció en -11%”, en otras palabras, siguen yendo más al fondo. Así tenemos que lejos de los ricos, la Venezuela real y profunda, la que constituye la mayoría de la población trabajadora sigue hundida en la miseria. La clase capitalista tras sus recuperaciones, lo que procura es reiniciar otra vez el circulo vicioso del capitalismo que les produce amplias riquezas a unos pocos, al precio de hundir cada vez más en la miseria, degradación y precariedad a las amplias mayorías de la clase trabajadora y el pueblo oprimido.

Así sobre los golpeados hombros de la clase trabajadora ha recaído el peso del programa económico gubernamental, al mismo tiempo que se vienen consolidando viejas y nuevas élites económicas, en la que entran con fuerza las transnacionales. Este es el secreto del “milagro venezolano” o de la “Venezuela que se recupera”, de la severa mano de Maduro, que no ha dejado de acompañar todas estas políticas con un fuerte autoritarismo, reprimiendo a la clase trabajadora e imponiendo leyes que criminalizan las luchas obreras y populares, llevando a trabajadores a la cárcel por el simple hecho de protestar o denunciar la rampante corrupción en las empresas estatales y la administración pública.

Aunque lo hemos desarrollado en otros artículos, es fundamental destacar que tanto el Gobierno como gruesos factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial. De manera “silenciosa”, para usar una expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación, donde no solo se trata de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económica empresarial y capitalistas de todo linaje, sino que implican grandes cambios que pueden llevar a una mayor semicolonialidad del país, como puede leerse aquí y en este conjunto de artículos desarrollados por el sociólogo y dirigente de la LTS Ángel Arias.

Para muestra un botón: la abrupta devaluación de agosto

La abrupta devaluación ocurrida en el mes de agosto de casi un 25% en apenas tres días es toda una muestra de cómo el gobierno “corrige” o “ajusta” sus cuentas cuando lo considera necesario sin la menor inclemencia por las consecuencias con los grandes sectores asalariados o el ingreso de las mayorías populares. De manera casi súbita la cotización oficial pasó de 6,28 bolívares por dólar el martes 23 de agosto a 7,83 bolívares por dólar el jueves 25 de agosto. El cambio fue más fuerte en el mercado paralelo, donde en las mismas fechas se pasó de 7,04 bolívares por dólar a 9,33. Es decir, casi 33%, aunque luego se ubicó un poco más bajo. Lo que implicó en que en apenas tres días los ya miserables ingresos sufrieron la abrupta pérdida de más del 25% púes no solo operó la depreciación sino al mismo tiempo el aumento automático de los principales productos básicos operándose un remarcaje en los precios.

Muchos economistas concuerdan en que fue una movida consciente del Banco Central de Venezuela el provocar esta devaluación, y no producto de que le “estallara el esquema” al gobierno, pues en su política de aplanamiento del gasto público vía exclusivamente del ingreso de los trabajadores, lo que les otorgó con una mano (por lo del pago de los bonos vacacionales y recreacionales), que en verdad fue arrancado producto de las protestas generalizadas en todo el país sobre todo del sector educativo, se los sacó con la otra vía la devaluación para mantener su política de ajuste fiscal.

Como se sabe, para mantener el precio del dólar el gobierno inyecta a la banca ciertas cantidades de millones de dólares, que para algunos llegan a rondar los 400 millones de dólares al mes. Pero durante los primeros días del mes de agosto se dio una dosificación con una venta de dólares: “El BCV sorprendió esta semana con un cambio en su política antiinflacionaria, al realizar una venta exigua, cuando la situación ameritaba una venta de 200 millones de dólares”, de acuerdo a la firma Síntesis Financiera. Una vez hecho el golpazo devaluatorio, el gobierno sí vuelve a inyectar 200 millones de dólares, es decir, lo que dejaría al desnudo que no era falta de divisas en la semana anterior.Pero movida gubernamental o no, lo concreto es que, con la política (bi)monetaria, los que pagan las consecuencias de la política económica son las masas laboriosas y para nada los empresarios, que no se sintieron constreñidos. Y se esperan más ajustes en los meses venideros por los que presionan que el dólar debe ubicarse entre los 12 o los 15 bolívares por dólar.

¡Ellos o nosotros!: es necesario una salida de otra clase

Si vemos la variación semestral del tipo de cambio nominal respecto del dólar, de acuerdo a datos de la Cepal, vemos que en el primer semestre del 2020 fue del 325%, en el segundo semestre de ese año fue de 458,7%; para el 2021 en el primer semestre fue del 190,9% y para el segundo semestre fue del 42,7; para el primer semestre del 2022, el 20,4%, y esta nueva depreciación del 25% en el cambio oficial en apenas tres días, cuando aún falta un cuatrimestre para cerrar el año. La dolarización pone al desnudo la condición subordinada y dependiente en que se enmarca el programa de Maduro, como escribimos más arriba.

Estamos ante un giro decidido del gobierno a aplicar un ajuste económico que busca “estabilizar” la economía postrando al país y, sobre todo, a la clase trabajadora y el pueblo pobre, ante los intereses del capital trasnacional y nacional. Es cierto que hay que terminar con todo este proceso inflacionario y todo el descalabro económico, pero no sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores populares, que no tienen arte ni parte en este desastre, tampoco entregando más el país al capital transnacional. ¡Que sean los capitalistas y la burocracia estatal corrupta quienes que paguen por todo este desastre económico! ¡Ellos lo crearon, ellos deben pagar! La clase trabajadora y el pueblo pobre deben decir claramente, ¡nos negamos a seguir pagando sus crisis!

La clase capitalista y sus políticos (bien del gobierno o de la oposición) pretenden “recuperar” su economía atacando como siempre nuestros intereses y condiciones de vida, son feroces e inclementes en imponer su interés de “rentabilidad” y ganancia por sobre todas las demás necesidades de las familias obreras y populares. Los trabajadores debemos oponer un plan de emergencia económico con nuestras propias soluciones, alrededor de las cuales movilizarnos y ponernos en pie con nuestros métodos de lucha para hacer pesar nuestros intereses en esta situación.

Es necesaria una salida de otra clase, que la clase obrera encabezando al conjunto del pueblo oprimido imponga otras condiciones para cambiar la sociedad desde la base mediante la socialización de los medios de producción y la planificación del desarrollo. La única solución progresiva es con un programa socialista de la clase trabajadora, el único programa que puede enfrentar el atraso y la dependencia.

Escala móvil de salarios. Salario igual a la canasta básica familiar indexado periódicamente a la inflación. Este reclamo que comienza a extenderse en las luchas actuales de la clase obrera, es una exigencia elemental para defender el salario real, el nivel de vida de las familias trabajadoras. Ningún porcentaje o monto que no parta de estos preceptos puede satisfacer nuestras necesidades en ese terreno.

Se dice que el gobierno no está pagando deuda externa, pero es completamente falso, es público que se están canjeando bonos de deuda por activos del país (rematando “las joyas de la abuela”), además de entregar producción petrolera como forma de pago. Por eso hay que continuar diciendo ¡No pago de la deuda externa! El país ha destinado miles de millones de dólares al capital usurero internacional, una vía de desangramiento del país, mientras millones padecen falta de alimentos, medicinas y salarios miserables, mientras la industria petrolera nacional y las empresas públicas necesitan grandes inversiones. ¡Las necesidades del país y del pueblo deben estar por encima del interés de un puñado de usureros que viven en la opulencia a costa de las necesidades de millones de personas y naciones enteras! Esos dólares deben ir a las necesidades obreras y populares, a la reactivación de las empresas estatales y de PDVSA puestas bajo administración de los trabajadores, no de la burocracia estatal corrupta, antiobrera e incapaz, en cuyas manos esos recursos se perderían nuevamente.

¡Repatriación obligada de capitales! En uno de los períodos históricos de mayores ingresos de renta petrolera, una vez más la burguesía nacional la fugó, desfalcó al país, en contubernio con los gobiernos de Chávez y Maduro, un festín del que comieron banqueros y empresarios de todos los bandos, así como altos jerarcas del Estado convertidos en nuevos capitalistas. Esos recursos deben volver a su legítimo dueño, el pueblo venezolano. El gobierno no tiene ninguna política para repatriar esto, solo la total impunidad y exoneración de impuestos para los que quieran traer algo a invertir en el país. Deben ser conminados a traerlo todo, so pena de ser confiscados sus bienes y propiedades en el país, y parar en la cárcel. Es un crimen de dimensiones históricas lo que han hecho, hiriendo gravemente el país. Todos esos recursos deben ser controlados por organismos conformados democráticamente por los trabajadores y comunidades del país, no por esta burocracia civil-militar que es parte del mismo problema.

Monopolio del comercio exterior bajo estricto control obrero y popular. La burguesía nacional exporta poco y nada, sin embargo, las divisas captadas por el Estado le son transferidas históricamente a la burguesía para que importe, lejos de los intereses genuinos del país, del pueblo trabajador y de los consumidores. ¡Ni un dólar más para la burguesía ni para la corrupción! El comercio exterior debe ser totalmente estatal y bajo un estricto control impuesto por los trabajadores y el pueblo, no en manos de la burocracia estatal descompuesta, corrupta y autoritaria.

Nacionalización de toda la banca y establecimiento de una banca estatal única, bajo control de trabajadores, pequeños productores y ahorristas. El capital financiero tiene en sus manos el permitir o bloquear el desarrollo de la economía, al mismo tiempo es el sector más parasitario del sistema capitalista, vive y chupa de las desgracias ajenas o de todo un país. Es inviable ningún proyecto de verdadero desarrollo de las fuerzas productivas nacionales en la industria o en el campo si todos los recursos financieros no están puestos al servicio de ese objetivo. Para eso es necesario unificar todo en una banca estatal, bajo control de las organizaciones de los trabajadores, los pequeños productores y ahorristas.

Es necesario imponer estas medidas como el puntapié inicial para cambiar de raíz las bases de la sociedad, terminar con la subordinación de toda la producción social a las estrechas miras de la ganancia y que sea la clase trabajadora, en alianza con el pueblo pobre, la que determine qué y cómo se produce. Sólo con la más amplia y combativa movilización de los trabajadores y los sectores populares, totalmente independiente del gobierno, los empresarios y la oposición proempresarial y proimperialista, se pueden imponer semejantes medidas. Es importante dar esta pelea con la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo pobre, el único que podría garantizar llevar hasta el final las medidas anticapitalistas necesarias para que las calamidades no sigan cayendo sobre el pueblo mientras la clase dominante y los ricos salvan sus negocios y riquezas.

Por Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Miércoles 21 de septiembre

Publicado enInternacional
Miles de enfermeras en Minnesota iniciaron una huelga de tres días para exigir incrementos salariales. Foto  Ap

Nueva York. Unas 15 mil enfermeras en protesta por condiciones de trabajo abandonaron sus labores en Minnesotta en la huelga más grande de ese sector privado en la historia de Estados Unidos, mientras que se intensificaron negociaciones con más de 100 mil ferrocarrileros para evitar un paro nacional el viernes y maestros en Seattle continúan en huelga, todo a la vez que la ola de organización de nuevos sindicatos marcó nuevos triunfos en sectores de medios y hasta de jugadores de beisbol.

La huelga de la Asociación de Enfermeras de Minnesotta contra unos 16 hospitales programada para tres días es por falta de una solución empresarial a las condiciones de turnos excesivos y falta de personal que están afectando al sector por todo el país desde la pandemia. Por ello, esta huelga podría engendrar otras en varios puntos del país donde hay múltiples disputas parecidas.

La pandemia impactó a todos los trabajadores de salud abrumados por la falta de coordinación y preparación por empresas y autoridades locales y federales. Durante la pandemia, el sector perdió decenas de miles de trabajadores y según el Departamento del Trabajo, el número de trabajadores del sector salud, incluyendo enfermeras, hoy día es menor por 37 mil comparado con los niveles en febrero de 2020.

Las enfermeras, reconocidas como héroes durante la pandemia, están recibiendo amplio apoyo de sus comunidades como por algunos políticos nacionales. “Estoy en solidaridad con las 15 mil enfermeras en huelga…. son la columna vertebral de nuestro sistema de salud. Saben qué es lo mejor para sus pacientes”, tuiteó el senador federal Bernie Sanders.

Por otro lado, unos 115 mil trabajadores ferrocarrileros agremiados en 12 sindicatos están preparados para estallar en huelga nacional el próximo viernes -la primera en este sector en unas tres décadas- lo cual tendría un efecto masivo sobre la infraestructura nacional de transporte y varias ramas de la economía al congelar alrededor de un 30 por ciento de la carga de bienes en el país. Más aún, podría interrumpir los sistemas ferroviarios de pasajeros ya que, aunque la disputa laboral es sólo con empresas de carga, los trenes comparten las mismas vías.

El gobierno de Joe Biden está participando en las negociaciones y el propio presidente hizo llamadas a líderes de los sindicatos y de las empresas este lunes para impulsar un acuerdo, ya que una huelga de esas dimensiones sería una pesadilla política y económica para la Casa Blanca a un par de meses de las elecciones intermedias.

La disputa no es sólo por salarios, sino por la falta de días pagados por enfermedad o el uso de multas por no asistencia hasta en casos de emergencias familiares.

También, unos 6 mil maestros estallaron una huelga en Seattle siguiendo los pasos de sus contrapartes en Minneapolis, Chicago y Sacramento en las últimas semanas, todas los cuales culminaron en nuevo contratos.

Al mismo tiempo, el sindicato de unos 22 mil estibadores y trabajadores portuarios ILWU -históricamente entre los más progresistas del país- está negociando un nuevo contrato desde mayo en la costa oeste.

Junto con todo esto, continúa la ola de organización de nuevos sindicatos en cadenas como Starbucks (van más de 230 tiendas) y Amazon entre otras que están resucitando al movimiento laboral del país por primera vez en décadas.

El viernes pasado, unos 500 empleados del emporio de medios Conde Nast -que produce revistas como Vogue, Vanity Fair y GQ- ganaron el reconocimiento de su sindicato por la empresa.

Y ese mismo viernes, las Ligas Mayores de Beisbol -la asociación de dueños del beisbol profesional- anunciaron que reconocerán al sindicato de jugadores de las ligas mayores como representante de los más de 5 mil jugadores de las ligas menores.

El movimiento laboral ahora goza con un amplio apoyo: un 71 por ciento de los estadunidenses tiene una percepción favorable de los sindicatos, el nivel más alto registrado por Gallup desde 1965.

Publicado enInternacional
Un millón de personas dicen "¡Basta ya!", a la ofensiva de los Tories

La semana pasada, el periódico Mirror expuso el caso de un hombre de 87 años, enfermo de cáncer de próstata, que esperó 15 horas a una ambulancia tras caerse delante de su casa en Cornualles. Al no poder trasladarlo, su familia construyó una tienda de campaña improvisada para protegerse de la lluvia. Los aspirantes al liderazgo del Partido Conservador, Rishi Sunak y Liz Trust, tienen soluciones para la crisis del Servicio Nacional de Salud (SNS): mucha más privatización. Esto significa que ahora, si no tienes el seguro médico adecuado, es decir, si eres pobre, sólo tendrás que esperar 15 horas para que llegue una ambulancia.

Si las encuestas de los miembros tories -que son principalmente hombres, de edad avanzada, residentes en el sur de Inglaterra- aciertan, Liz Truss va a ser la próxima Primera Ministra. Su gobierno continuará y profundizará masivamente el ataque a los trabajadores; Sunak [el otro candidato en liza] no sería mejor. Frente a las políticas de extrema derecha y antiobreras de los dos candidatos tories, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras están en huelga, encabezados por las 40.000 del RMT en el sector ferroviario y los miles de trabajadores y trabajadoras de los autobuses, el metro y Correos, que también están en huelga. Las y los miembros del sindicato Unite en el Puerto de Felixstowe, se unen a la lista cada vez mayor de trabajadores en huelga, con una huelga de 8 días que ha provocado el cierre del mayor puerto de Gran Bretaña.

Como explicaron los responsables de más de 100 centros del SNS, si no se reduce el precio de la energía, la gente no va a comer o no va a calentar sus casas. Durante el invierno se producirá una crisis humanitaria y una crisis sanitaria que desbordará al infradotado SNS.

Crisis humanitaria es una frase que normalmente asociamos a los países ultrapobres del Sur Global. Con los tories, Gran Bretaña se dirige a unirse a ellos, mientras continúa la implacable marcha hacia el fondo.

Liz Truss quiere recortar los impuestos -especialmente el impuesto de sociedades que pagan las grandes empresas-, lo que va a hundir la economía aún más, empobreciendo a millones de personas. Una de las predicciones es que el "tope de precios" de la energía aumentará el año que viene a más de 6.000 libras por hogar. Además, los conservadores lanzarán nuevos ataques a los derechos democráticos, con un proyecto de ley para prohibir las huelgas en sectores clave del sector público, incluyendo sin duda el transporte, pero posiblemente también el SNS y la educación, así como a otros trabajadores de primera línea.

Los conservadores se enfrentan a un elocuente líder sindical que cuenta con un gran apoyo público: el líder del RMT, Mick Lynch. En una entrevista-interrogatorio escandalosamente antisindical en las noticias del Canal 4, explicó repetidamente que la oferta de la patronal de incrementar un 8% los salarios en dos años, reducir mil puestos de trabajo, cerrar taquillas y muchos cambios en las prácticas laborales, reducirá el nivel de vida de las y los trabajadores ferroviarios y hará que los ferrocarriles sean menos seguros. Sobre todo, dijo, se trata de qué tipo de país queremos ser.

El ataque de Margaret Thatcher a los sindicatos en la década de 1980 se preparó durante cinco años antes de la huelga de los mineros de 1984-85; Liz Truss pretende adoptar un enfoque diferente y aplastar a los sindicatos del transporte y a otros sindicatos inmediatamente después de asumir el poder, rematando el trabajo iniciado por Thatcher y Johnson. Al mismo tiempo, no ofrecerá ningún alivio financiero significativo a millones de personas que se ven obligadas a elegir entre comer o calentar sus hogares.

Muchos millones verán la injusticia de todo esto. La gente debe pagar tarifas astronómicas por sus necesidades energéticas básicas mientras las empresas energéticas obtienen enormes beneficios, incluso después de los llamados impuestos extraordinarios. De hecho, el anterior impuesto extraordinario impuesto por el entonces canciller Rishi Sunak era falso. Las empresas podían evitar pagarlo si se comprometían a invertir grandes sumas de dinero.

Liz Truss dice que ayudará a los pobres reduciendo los impuestos, lo que hará crecer la economía. En realidad, la reducción de los ingresos reales destrozará la economía, ya que la gente tiene dificultades para pagar sus facturas. La mayoría de la gente intentará, en primer lugar, pagar su alquiler/hipoteca, la comida y la calefacción, y los gastos de transporte; y todo lo que vaya más allá de eso se va a resentir. Muchos centros urbanos verán cerrar tiendas, cafés, pubs y cines.

Truss también va a eliminar la parte de los impuestos correspondiente a la tasa verde, abandonando los ya inadecuados planes para ayudar a los hogares con el aislamiento y la transición energética. Desaparece la agenda verde. También se pierde en la memoria cualquier referencia a ayudar a las [deprimidas] ciudades del norte y del Midland. "Lo siento, eso era sólo para ganar algunos escaños de los laboristas, nunca lo dijimos en serio", dirá. Las promesas de Truss de que "habrá más ayuda" para la gente con problemas económicos -la gran mayoría- son un fraude.

La tibieza hacia las grandes empresas queda patente en lo sucedido con los ferries P&O tras despedir a 800 trabajadores y sustituirlos por mano de obra eventual, pagando menos del salario mínimo nacional. El secretario de Estado de Fomento y Empresa, Kwasi Kwarteng, pidió al Servicio de Insolvencia que investigara si se había cometido algún delito. Y, aunque parezca mentira, el Servicio de Insolvencia dijo que no se podían presentar cargos penales porque había pocas posibilidades de condenar a la empresa. Por supuesto, Kwarteng dió por bueno el dictamen.

Por su parte, el viceprimer ministro Dominic Raab está impulsando un nuevo proyecto de ley para impedir que los jueces interfieran en la política del gobierno. Por supuesto, aunque los jueces son abrumadoramente favorables a las empresas, los tories se han visto perjudicados por las decisiones del Tribunal Superior que han paralizado temporalmente sus planes para deportar inmigrantes a Ruanda. Pero las persistentes críticas de los tories al poder judicial ya han provocado un drástico descenso de las impugnaciones exitosas de la política gubernamental en el Tribunal Superior.

La crisis del incremento del coste de la vida está produciendo desesperación y conduciendo a una ola masiva de revulsión contra el gobierno tory. Y los tories han decidido desatar a los medios de comunicación de derechas como perros de presa contra los sindicatos y los trabajadores en huelga. Líderes sindicales como Mick Lynch, del RMT, un comunicador muy capaz que ha obtenido logros ante el Secretario de Transportes, Grant Shapps, en múltiples ocasiones, pueden ser víctimas de una monstruosa campaña por parte de los medios de comunicación. Los líderes sindicales están siendo pintados como barones sindicales que quieren hundir el país. Millones de personas no creerán estas tonterías, pero los tories quieren movilizar a las fuerzas ultrarreaccionarias que son la base de su poder. Pero no será fácil.

La idea de que los jefes sindicales son los responsables de las tasas astronómicas que cobran las universidades, de la pobreza rural, del precio de los alimentos, de la crisis de la vivienda, de la crisis de personal en las pequeñas y grandes empresas, o del hecho de que los sueldos de los altos ejecutivos estén por las nubes, de la infrafinanciación crónica y de la crisis de personal en el SNS, de la mega marea de aguas residuales que corre por los ríos, o de cualquiera de estas cosas, es absurda.

Pero el sector no ilustrado de la sociedad británica, a medida que se agrava la crisis, puede ser influenciado y luego movilizada al ponerse en marcha la campaña de los medios de comunicación de derechas. El periódico The Sun ya ha iniciado una campaña Liz will Do the Bizz que sugiere que los recortes fiscales podrían ayudar a los comerciantes y aliviar a los trabajadores. Es muy probable que ambas cosas ocurran.
Como informa Susan Pashkoff en un artículo de nuestra web, la respuesta del líder de la oposición laborista de Keir Starmer a la crisis ha sido patética. Advertir a los miembros del gabinete en la sombra [especie de gobierno en la sombra que ponen en pie el partido mayoritario de la oposición] de que no se alineen con las y los huelguistas y despedir a Sam Tarry de su puesto en el gabinete en la sombra, es sólo un pequeño atisbo de la total desesperación en la respuesta de los laboristas de derechas a la crisis. La propuesta de Stramer de limitar de precios (ya astronómicos) durante un tiempo limitado, sólo traerán un alivio muy temporal.

Ahora el movimiento obrero, la izquierda y todas las fuerzas progresistas deben movilizarse para derrotar la ofensiva tory. La ola de odio de la derecha que golpeó a Tony Benn, Arthur Scargill y Jeremy Corbyn está ahora en marcha contra Mick Lynch y otros líderes sindicales. La derecha utilizará todo lo que pueda, incluida la guerra de Ucrania, para demonizar y dividir a la izquierda.

El lanzamiento de la campaña "¡Basta ya!" es una iniciativa brillante, con casi medio millón de personas inscritas ya, y concentraciones de lanzamiento a las que asistieron miles de personas.

Por Phil Hearse

27 agosto 2022

https://anticapitalistresistance.org/million-say-enough-is-enough-as-tories-plan-massive-attack/

Traducción: viento sur

Publicado enInternacional
Sábado, 27 Agosto 2022 06:19

Gran Bretaña, sin timón y en crisis

Una de las huelgas del correo en el Reino Unido.. Imagen: AFP

Inflación, salud en colapso, falta de agua, tarifazo energético

Los dos dígitos de inflación por primera vez en cuarenta años, la caída del salario real a su peor nivel en décadas y las huelgas de transporte son algunos de los síntomas de un descontento generalizado. El Sistema Nacional de Salud está al borde del colapso, la sequía por un verano de altas temperaturas dejó sin agua a amplias zonas del país, los precios energéticos van a duplicarse en octubre y la conflictividad laboral se ha disparado. Hasta los abogados criminalistas acaban de anunciar un paro.

Por momentos parece que no hay sector en Gran Bretaña que funcione del todo. El primer ministro Boris Johnson renunció en junio y su sustituto recién se anunciará el 5 de septiembre. El barco de este país del G7 está averiado, a la deriva y sin nadie a cargo.

Trágico declive

En los medios conservadores hace rato que encendieron la señal de alarma. “Prácticamente nada funciona en el Reino Unido”, dice el semanario conservador “The Economist”. “El país está crujiendo”, diagnostica otro pilar del establishment, el “Financial Times”. Uno de los diagnóstico más lapidarios pertenece a un columnista estrella del ultraconservador matutino “Daily Telegraph”. “Nuestro asombrosamente acelerado declive es trágico y, sin embargo, no sorprende. Estamos cerca del desenlace, del punto final, de un cuarto de siglo de fracaso político, intelectual y moral del cual la mayoría de nuestra clase política es cómplice”, escribe Allister Heath.

Los problemas van más allá de la pandemia o la guerra con Ucrania. “Hay una repentina conciencia de que la era de la covid-19, el Brexit, la Guerra en Ucrania y la emergencia climática están exponiendo fallas fundamentales que han estado supurando por décadas”, dice en el “The Guardian”, el columnista John Harris.

¿Quién invierte?

El mantra del gobierno conservador que asumió en 2010 tras el estallido financiero global fue que el problema residía en el déficit fiscal y la solución era bajar el gasto y estimular la inversión privada recortando los impuestos de ricos y corporaciones.

En los 80 Margaret Thatcher convirtió esta fórmula en dogma. Los conservadores del siglo 21 no cambiaron de discurso: los resultados fueron los mismos que con la “dama de hierro”.

A pesar de tener una de las tasas impositivas más bajas, el Reino Unido está en el fondo de la tabla de la inversión privada y pública de los países del G7. “Esta falta de inversión viene de décadas. Una obsesión con la eficiencia del gasto ha hecho que en vez de mantener y mejorar la infraestructura se la haya dejado colapsar. En el Reino Unido se trabaja mucho más que en Alemania y Francia pero estamos muy por detrás en términos de productividad porque invertimos muchos menos en rubros clave incluidos tecnología, capacitación e investigación”, señala el editor económico del “The Guardian” Larry Elliot.

Dos ejemplos

La sequía en este bochornoso verano dejó a la vista que las corporaciones que manejan el suministro de agua, privatizado en los 80, no han construido ningún nuevo reservorio a pesar de que hubo un aumento poblacional de diez millones de personas en las últimas décadas. El mismo descuido se ve en el mantenimiento de un sistema que, en gran parte, viene de la época victoriana. El resultado es que unas treinta millones de personas enfrentan hoy un uso restringido del agua y que en buena parte de la costa del sur inglés, de Cornualles a Devon, está prohibido meterse en el mar por la contaminación de las aguas.

Al igual que el resto del sector corporativo, los impuestos a las compañías responsables han bajado del 26 por ciento en 2010 al 19. Pero más que estimular la inversión, las ganancias se usaron para pagar dividendos a los accionistas: el equivalente a más de setenta mil millones de dólares (57 mil millones de libras) en los últimos treinta años. Los ejecutivos de las empresas del sector tampoco se han perdido la fiesta. En los dos últimos años, plena pandemia, se adjudicaron bonos por más de 35 millones de dólares. En comparación Scottish Water, que permaneció en manos del estado, invirtió cerca de un 35 por ciento en infraestructura por hogar en el mismo período.

El sector energético, que registró ganancias extraordinarias con la guerra, está aumentando los precios de lo lindo. Este viernes se confirmó un aumento del ochenta por ciento en las tarifas, que regirá desde el 1 de octubre, vísperas del duro invierno inglés. Accionistas y ejecutivos, felices: el público no tanto. Hasta en zonas tradicionalmente conservadoras como Surrey, en el sur del país, los votantes están desilusionados con el sistema privatizado y dispuestos a cambiar de partido. “He votado casi siempre a los conservadores, pero no voy a volver a hacerlo. Las ganancias que están sacando las compañías de agua y de energía son un escándalo. Tendrían que ir a la cárcel en vez de ganar bonos millonarios”, comenta una jubilada, Mary Barnby.

Un país emparchado

A nivel del sector público, el congelamiento y reducción de la inversión desde 2010 hizo que el Sistema Nacional de Salud (NHS) tenga hoy uno de los más bajos números de camas hospitalarias por persona de un país desarrollado, algo que se notó durante la pandemia. El virtual congelamiento de salarios desde 2010 llevó a un éxodo de enfermeras y médicos, éxodo compensado solo parcialmente con la contratación de profesionales de países en desarrollo. El staff del NHS se parece cada vez más a la ONU por su mezcla de nacionalidades, pero aun así, uno de cada diez puestos de enfermería siguen vacantes.

Mientras que en Alemania, España o Estonia los estados invierten en el sector ferroviario para sacarlo de la crisis que tuvo a raíz de la pandemia, el gobierno británico anunció cortes equivalentes a más de 2500 millones de dólares. Desde el 21 de junio hubo ocho huegas que han semiparalizado la red ferroviaria.

El secretario general de RMT, el sindicato ferroviario, Mick Lynch, advirtió que el descontento actual puede terminar en una huelga general de facto (la última fue en 1927). “Es algo que decidirá la central de trabajadores. Pero lo que vamos a ver en educación, salud, transporte y el sector privado es acción sincronizada de huelga”. En los últimos dos meses hubo señales claras de este descontento laboral: cancelación de miles de vuelos en plena temporada veraniega, medidas de fuerza en el puerto de Felixstowe por el que pasa el 48 por ciento del comercio de contenedores, huelgas en petroleras, fábricas y hasta en Amazon.

En agosto el índice inflacionario de los doce meses previos superó el diez por ciento. Con la práctica duplicación de las tarifas energéticas a partir de octubre, el Banco de Inglaterra anticipa un trece por ciento para los próximos meses. El cálculo es que unas  quince millones de personas ingresarán en lo que se llama “pobreza energética” (destinan el diez por ciento de sus ingresos a pagar el gas y la electricidad). En los bancos de alimentos para los sectores más postergados muchos no compran papa por el gasto en que incurrirán al cocinarla: en el invierno británico el dilema será para muchos encender la estufa o comer.

Más de lo mismo

A esta crisis, se añade una virtual acefalía desde que Boris Johnson renunció en junio y quedó en funciones sin privarse por ello de contraer matrimonio y tomarse vacaciones en un gobierno sin cabeza. En más de la mitad de los ministerios no se toman decisiones hasta que haya un sustituto: en la prensa lo bautizan el “Zombie government”

El problema es que los dos candidatos para sustituirlo ofrecen más de lo mismo. La favorita, la canciller Liz Truss, promete una reducción impositiva de 27 mil millones de libras que favorecerá a empresas y multimillonarios para estimular la inversión en un país que todavía está lidiando con el agujero fiscal que le dejaron la pandemia y el Brexit. Su rival, el ex ministro de finanzas Rishi Sunak, es un poco más prudente y dice que ese es un objetivo a alcanzar más adelante. Pero privado de ese mantra impositivo, su programa contiene poco y nada.

Una encuesta el pasado fin de semana le daba una ventaja a los laboristas de ocho puntos sobre los conservadores y ponía por delante a su apocado líder Keir Starmer como mejor primer ministro que Johnson, Truss o Sunak.

¿Qué se viene?

El consenso es que el nuevo primer ministro gozará de una escasísima legitimidad: lo elegirán unos 200 mil miembros del Partido Conservador, en su mayoría mayores de 60 o 70 años que viven en zonas rurales. El resto del Reino, que enfrenta fuertes tensiones separatistas, sociales y generacionales, hará de invitado de piedra, una situación insostenible en medio de una crisis. A pesar de todo esto, a pesar de que Truss y Sunak están contaminados por su participación en el gabinete de Johnson, es posible que tengan la breve luna de miel que espera a los nuevos gobiernos. En algunos medios se especula que quien gane intentará aprovechar ese resurgimiento de expectativas para improvisar un paquete de ayuda masivo para el costo de la vida y convocar a elecciones anticipadas. 

 Es difícil que con tan escasa legitimidad y tantos agujeros económico-sociales el gobierno llegue a diciembre de 2024, más en un país que tiene una larga tradición de elecciones anticipadas. Pero más allá de los vaivenes políticos y electorales, los problemas de fondo no se irán con una nueva cara, sea del partido que sea. 

27 de agosto de 2022

Publicado enInternacional
Más de 100.000 trabajadores del correo se pliegan a la ola de huelgas en el Reino Unido

La ola de huelgas por un aumento de salarios para hacer frente a la inflación en Reino Unido no para de crecer. Este viernes se sumaran a los ferroviarios y portuarios los 115.000 trabajadores y trabajadoras del Royal Mail.

 

El Royal Mail (correo real) es un emblema del Reino Unido. Sus trabajadores y trabajadoras votaron hace semanas comenzar una huelga si no existía una oferta de aumento salarial que supere la inflación que ya llega al 10% anual. El Gobierno ha venido restringiendo los aumentos y ofreció no más del 2%, lo que fue rechazado por el sindicato que va a la huelga a partir de este viernes.

Son aproximadamente 115.000 trabajadores de la antigua empresa estatal de correos del Reino Unido, y se convertiran en una de las mayores huelgas de este verano hasta la fecha, según confirmó hoy el sindicato CWU.

El Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU), que agrupa a este sector, indicó que sus miembros llevarán a cabo la medida de fuerza por "una subida salarial digna y apropiada" tras haber votado a favor del paro una mayoría del 97,6 % a principios de agosto.

La huelga de mañana será seguida de más paros el miércoles 31 de agosto, el jueves 8 de septiembre y el viernes 9 de septiembre.

El sindicato señaló que se había impuesto un incremento salarial del 2 % a los trabajadores pese a haber sido clasificados como trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus.

"En un clima económico en el que la inflación parece que subirá hasta un 18 % para enero de 2023, la imposición (de esta subida) llevará a una dramática reducción en los estándares de vida de los empleados", dijo un portavoz sindical.

El secretario general del CWU, Dave Ward, señaló que la huelga de las y los trabajadores del correo tiene una gran simpatía y apoyo de parte de los pueblos, ciudades y comunidades.

Ward señaló que los trabajadores "no pueden seguir viviendo en un país donde los directivos se lucran con miles de millones mientras sus empleados se ven forzados a recurrir a bancos de comida".

La huelga del correo se suma a la huelga en el principal puerto de containers del país que afecta gran parte del comercio y la logística, y en el que también exigen aumentos salariales acordes a la inflación.

También se encuentran a la espera de lanzar un proceso de huelgas las enfermeras del Servicio Nacional de Salud (NHS) que llegan a 500.000, y harían huelga por primera vez en la historia de su sindicato.

Por su parte los trabajadores del transporte, ferroviarios y metroviarios, del petroleo y la logística ya han venido haciendo diversas huelgas presionando a las empresas y al Gobierno.

A pesar de encontrarse en crisis y esperando su reemplazo, el Gobierno de Boris Johnson ha impuesto restricciones a los aumentos, intentado prohibir huelgas -declarando diversos sectores como servicios esenciales- y habilitando y legalizando la contratación de personal para suplantar a los huelguistas.


Si bien esta ofensiva del Gobierno no tuvo éxito hasta el momento, el hecho de que siga intentando frenar la ola de huelgas en curso se debe a la forma en la que las direcciones sindicales llevan adelante los conflictos, realizando paros escalonados y sin continuidad, dejando dias o semanas entre una y otra acción, sin llegar a lograr una paralización completa que haga retroceder al gobierno y los empresarios, y sin unificar las acciones entre los distintos sectores en lucha.

La predisposición para la lucha está, por abajo todas las votaciones logran más del 90 % de aprobación para ir a las huelgas. Son casi un millón las y los trabajadores que se encuentran realizando o analizando medidas de fuerza desde principios de agosto. La unidad de estas paralizaciones en una huelga general indeterminada los haría triunfar no solo a ellos y ellas sino a toda la clase obrera del Reino Unido.

Jueves 25 de agosto

Publicado enInternacional
Trabajadores protestaron en Venezuela contra políticas antiobreras de Maduro

Miles de trabajadores de la salud, magisterio, universidades y de otros sectores de la administración pública, así como jubilados, protestaron este jueves 11 de agosto en las calles de Caracas y en otros 16 estados del país contra los salarios de hambre y por el cumplimiento de las contrataciones colectivas. En Caracas fuertes cordones de la Policía impidieron que la marcha de trabajadores culminara en la plaza Morelos.

 

Fue la tercera protesta en lo que va del mes de agosto. En Caracas, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Zulia y otros estados del país se hizo sentir el reclamo en las calles de los trabajadores y las trabajadoras.

Miles los trabajadores de la salud, magisterio, universidades y de otros sectores de la administración pública, así como jubilados, se manifestaron este jueves contra la disposición llamada ’Instructivo de la Onapre’ que termina de destruir los ya miserables salarios y elimina conquistas históricas, por el cumplimiento de las contrataciones colectivas, el pago del bono vacacional y un salario al nivel de la canasta básica.

Los trabajadores y las trabajadoras de varios sectores del país llevan semanas protestando en distintos estados de Venezuela para que se elimine el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que no toma en cuenta las bases de cálculo estipuladas en los contratos colectivos y despoja a los trabajadores de primas y bonos acordados en sus contratos, constituyendo un brutal ataque a los derechos de los trabajadores.

Las consignas de “¡Onapre, ladrona, robaste sin pistolas” y “¿Cuál revolución? Si este gobierno es hambre, miseria y corrupción” volvieron a repetirse, con más fuerza, además de denunciar las precarias condiciones laborales.

En Caracas se realizaron dos concentraciones con los mismos objetivos. Una que se concentró en la Plaza Venezuela aglutinando a docentes, trabajadores de las universidades, de la administración pública y de otros sectores laborales, que luego se marchó en dirección hacia la plaza Morelos donde se encuentra la Defensoría del Pueblo. La otra protesta se realizó frente al Ministerio de Educación, en el centro de Caracas, centralmente con sectores del magisterio.

La marcha que partió de plaza Venezuela rumbo a la plaza Morelos, tenía como ruta inicial marchar por el Paseo Colón, pero un cordón policial obligó a desviar el camino y encolumnarse por Quebrada Honda, pero al llegar a tan solo una cuadra de la Defensoría del Pueblo y de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), gruesos pelotones de la Policía Nacional les impidieron continuar.

Desde más tempranas horas el gobierno de Nicolás Maduro había montado en paralelo una concentración en el mismo lugar de destino hacia donde se dirigía la movilización en un claro acto de provocación y para cercenar el derecho de los trabajadores a manifestarse por las calles centrales de la ciudad. Muchos de los videos que circularon en las redes sociales ponían al desnudo que las personas que el gobierno había llevado ni siquiera sabían del por qué estaban en dicho lugar, además de la fuerte presencia de colectivos motorizados y armados.

En el otro punto de la ciudad, frente al Ministerio de Educación otros sectores del magisterio también expresaban su protesta también contra el Instructivo Onapre, el pago completo del bono vacacional y por las convenciones colectivas, además de exigir salarios dignos.

Todos esos dispositivos represivos y actos de provocación no impidieron que los trabajadores se expresaran por tercera vez en lo que va del mes de agosto en Caracas y a nivel nacional contra el severo ataque antiobrero que lleva adelante el gobierno de Maduro, y sobre todo contra el "Instructivo Onapre", que llegó al colmo de no llegar a pagar el bono vacacional a todos los sectores docentes del país y de los trabajadores universitarios.

El pasado jueves 4 de agosto, los trabajadores y trabajadoras del magisterio, de las universidades y de los sectores públicos se concentraron frente al Ministerio de Educación en Caracas para luego realizar una multitudinaria marcha hasta el Ministerio de Educación Universitaria, en la esquina El Chorro.

Es que el detonante de las actuales protestas de los trabajadores y las trabajadoras tiene como antecedente la política de "aplanamiento salarial” a través del instructivo emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), con el supuesto objeto de regular los tabuladores salariales de los empleados públicos. Pero que no ha significado más que otra cosa que terminar de destruir los ya miserables salarios.

El instructivo Onapre, dictado en marzo de este año, modificó de manera unilateral y arbitraria los criterios para el cálculo del último incremento salarial y redujo sustancialmente los beneficios salariales conquistados por los trabajadores. Esas tablas salariales del hambre pulverizan el ya exiguo salario del trabajador y disminuyen de manera sustancial bonificaciones salariales como los pagos de primas por titularidad, por antigüedad, por responsabilidad, por profesionalización, por conceptos de uniforme y por hijos con discapacidad, entre otras.

Es que el gobierno de Maduro viene aplicando el más feroz de los neoliberalismos, un capitalismo puro y duro, que está enfocado en toda una política de subyugar a la clase trabajadora y subsumirla en la miseria; de crear una nueva clase de trabajadores sumisos, sin pelear, sin derechos, sin sindicatos, mientras beneficia a los grandes empresarios exonerándolos de impuestos y dándoles una de las manos de obra más baratas del mundo. Argumenta no tener dinero, pero destina miles de millones de dólares al mes a la banca para garantizarles sus negocios.

Como señalan referentes de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, "hoy más que nunca se plantea la necesidad de coordinar todas las luchas que se desarrollan en el país y salir a luchar contra el fraude salarial del Gobierno de Maduro y por un salario igual a la canasta básica, indexado mensualmente a la inflación, así como también contra las nuevas tablas salariales impuestas desde arriba. Ante los paquetazos antiobreros del Gobierno de Maduro y los ataques del sector empresarial es necesario anteponer un plan obrero y popular de emergencia. Pero esto hay que realizarlo unificadamente golpeando con un solo puño hasta derrotar las políticas antiobreras de Maduro".

Por Redacción La Izquierda Diario Venezuela

Viernes 12 de agosto

Publicado enInternacional
La corriente económica dominante, como pseudociencia, nos lleva al abismo

Todos los economistas pertenecientes a la corriente dominante muestran un comportamiento gregario, difícil de erradicar.

Los economistas de la corriente dominante se han convertido en un serio problema para la sociedad. Algunas de sus propuestas, ideas, recetas o recomendaciones de política económica muestran un grado de psicopatía difícil de encontrar en otras profesiones. Ello viene a colación de ciertos tweets que el otrora economista del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, el mismo que en mayo de 2008 nos aseguraba que la macroeconomía global se encontraba en el mejor de los mundos posibles. Ahora vuelve a la carga y nos ofrece su receta para luchar contra la inflación actual, aumentar el desempleo. No me sorprende. En un artículo previo, La ortodoxia, responsable de la inflación, generará un desempleo masivo, ya avisamos de lo que iban a hacer, agravarían la inflación que ellos han generado con un aumento deliberado del desempleo masivo. Será la obra póstuma de unos sádicos.

Permítanme refrescarles que decían esos tweets, publicados por el mismo Blanchard el 22 de julio. El hilo, abro comillas, decía lo siguiente: “Una reflexión sobre la lucha contra la inflación:

  1. Cuando la inflación proviene de un sobrecalentamiento, convencer a los trabajadores de que la economía tiene que ralentizarse, y que el desempleo tiene que aumentar para controlar la inflación, es difícil, pero al menos se puede explicar la lógica.
  2. Cuando la inflación proviene de un aumento de los precios de las materias primas y la energía, convencer a los trabajadores de que el desempleo tiene que aumentar para controlar la inflación, es aún más difícil. “¿Por qué debería perder mi trabajo porque Putin invadió Ucrania?”
  3. Esto hace que el trabajo y la estrategia de comunicación de los bancos centrales sea muy difícil.”

La ortodoxia, además de inflación, generará desempleo

No digan ustedes que no les avisé. Los neoclásicos, además de la inflación, pretenden generar desempleo. El lote completo. No se puede ser más inútil. No previeron la Gran Recesión, obra y gracia de la mayor deuda privada de la historia, alrededor de distintas burbujas. Y ahora, esto, inflación y desempleo, resultado de sus recomendaciones. Pero ahí siguen todos ellos, ocupando puestos de responsabilidad en diferentes organismos multilaterales, asesorando a diferentes gobiernos, ocupando platós de televisión, asistiendo a distintas tertulias radiofónicas, permitiendo que la financiarización campe a sus anchas y arruine a millones de familias.

La receta es mucho más sencilla: vuelvan a regular los mercados derivados de materias primas; terminen con el sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad; vayan a saco a por los beneficios puros derivados del aumento de poder de mercado en los distintos sectores económicos; troceen empresas y bancos que hayan acumulado un poder de mercado excesivo; protejan los derechos humanos que describe la carta fundacional de la ONU de las sucias manos de la financiarización… Y un consejo final, por favor, déjennos en paz.

La pregunta que me hago una y otra vez es ¿por qué todas estas soluciones sencillas y aplicables fueron, son, y serán ignoradas?, ¿por qué siempre todo pasa por aplicar un daño innecesario a la ciudadanía? Si fuera por incompetencia, que lo es, ya se habría producido un cambio de políticas. Pero la razón es otra: por instinto de clase y de protección de la élite dominante. Y para ello necesitan la cooperación de una tecnocracia económica bien remunerada, pero absolutamente inoperante, la cual hace que el sistema parezca hasta bueno y saludable.

La economía, en su estado actual, es una pseudo-ciencia

Estamos inmersos en una profunda crisis de visión del pensamiento económico moderno. Ya en 1995, Robert Heilbroner y su pupilo William Milberg publicaron un libro con un título muy sugerente, que nos avisaba de lo que venía, “The Crisis of Vision in Modern Economic Thought”. La crisis en cuestión era consecuencia de la ausencia de una visión, de un conjunto de aquellos conceptos políticos y sociales compartidos, de los que depende, en última instancia, la economía. A la decadencia de la perspectiva económica le han seguido diversas tendencias cuyo denominador común era una impecable elegancia a la hora de exponer los términos, acompañada de una absoluta inoperancia en su aplicación práctica. Y de aquellos barros, estos lodos.

Todos los economistas pertenecientes a la corriente dominante muestran un comportamiento gregario, difícil de erradicar. Sin embargo, hay excepciones, y por lo tanto cierta esperanza. Una de ellas es el que fuera premio Nobel de economía, Paul Romer, y que en su momento dio un paso adelante, abandonando el lugar tenebroso de la ortodoxia. La economía, en el momento actual, representada por la corriente dominante no deja de ser una pseudo-ciencia. En The Trouble with Macroeconomics, Romer entona un mea culpa, y nos obsequia con un resumen que no tiene desperdicio. “Durante más de tres décadas, la macroeconomía ha ido hacia atrás. El tratamiento de la identificación ahora no es más creíble que a principios de la década de 1970, pero escapa al desafío porque es mucho más opaco. Los teóricos de la macroeconomía descartan los meros hechos fingiendo una ignorancia obtusa sobre afirmaciones tan simples como “una política monetaria estricta puede causar una recesión”. Sus modelos atribuyen las fluctuaciones de las variables agregadas a fuerzas causales imaginarias en las que no influye la acción de ninguna persona. El paralelismo con la teoría de las cuerdas de la física apunta a un modo de fracaso general de la ciencia que se desencadena cuando el respeto a los líderes de gran prestigio se convierte en una deferencia a la autoridad que desplaza los hechos objetivos de su posición como determinante último de la verdad científica (pensamiento gregario)”. Y ahí seguimos.

Por Juan Laborda

@JuanLabordah

4 ago 2022

Publicado enEconomía
-Manifestantes marchan durante una protesta contra el alto costo de los alimentos y la gasolina en Ciudad de Panamá, el 20 de julio de 2022.

 

Las protestas en el país se repiten desde hace dos semanas causadas por el aumento del precio del petróleo y la inflación. Sin embargo, esta crisis nacional está causada por una recesión mucho más profunda.

20/07/2022

Claire Nevache (ULB) - The Conversation

Panamá está sumida en una crisis social probablemente sin precedentes en la era democrática. Desde hace dos semanas, sindicatos de la construcción, organizaciones indígenas, productores agropecuarios, gremios docentes y de salud, transportistas, pescadores y más elementos sociales han organizado cierres de calles en todo el país y concentraciones frente a las instituciones públicas.

Los motivos inmediatos del descontento son los mismos que en el resto del continente y del mundo: el aumento del precio del petróleo y la inflación que ha generado sobre los bienes de primera necesidad. El pliegue de peticiones va del más coyuntural (precio de la gasolina, de la cesta de la compra básica y de los medicamentos) al más estructural (seguro de desempleo, reforma fiscal…).

La crisis actual difícilmente podría ser una sorpresa. Los últimos meses habían dado amplias señales sobre el descontento ciudadano. En octubre de 2019, estudiantes de universidades privadas y públicas y miembros de los movimientos feminista y LGBT panameños se movilizaron durante semanas en contra de unas reformas constitucionales que, aunque necesarias, no cumplían con el objetivo al que las encuestas de opinión pública apuntaban: defender a los pobres.

Pasada una pandemia que trajo consigo una de las peores recesiones del mundo al país (-17,9%), se reanudaron focos de descontento, por motivos tan variados como la precaria situación de la caja del seguro social, el desempleo o una impopular reforma electoral.

Las propuestas de diálogo por parte del Gobierno y las medidas paliativas a la inflación no parecen haber sido suficientes para calmar el enfado. Los grupos organizados están determinados a seguir con los bloqueos, mientras sube el nivel de tensión en la población y las fuerzas públicas. Y esto es porque, más allá del precio de la gasolina, el país está sumido en cinco crisis.

La crisis de la desigualdad

Panamá ha sido uno de los países que más ha crecido en el mundo en las últimas décadas. En medio de las enormes protestas actuales, el Gobierno anunció con orgullo que Panamá ya se consideraba como un país de renta alta. Sin embargo, esto no esconde una enorme desigualdad, la tercera más importante del continente. El 10% más rico obtiene el 37,3% del ingreso nacional, es decir, casi 13 veces más que el 40% más pobre.

La masa salarial en la producción de riqueza ha disminuido del 50 % del PIB a menos de 30 % en 20 años. Sin embargo, las diferencias de patrimonio son aún más agudas. En 2013, 115 multimillonarios sumaban 16.000 millones de dólares.

La pandemia ha empeorado esta situación de desigualdad. EL 49,5 % de las personas declaran que sus ingresos disminuyeron durante la pandemia (datos de la encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos, 2021) y la mayoría de las personas que han encontrado un empleo en los últimos meses lo han hecho en el sector informal.

Agregado a eso, la situación inflacionista actual pone en especial dificultad a quienes tienen apenas lo justo para sobrevivir. Además, estudios previos han demostrado que en Panamá, los deciles más pobres están impactados por una inflación mayor, en razón del lugar central que tienen los alimentos en su presupuesto, el cual es también el rubro más sujeto a la inflación.

Panamá no es un país que ignore su desigualdad. Según datos del Latinobarómetro, el 75,3% de las panameñas y los panameños declara que el reparto de ingresos es "injusto" o "muy injusto" y el 82,7% considera que el país está gobernado por "unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio".

La crisis de representatividad y de confianza

Existen graves problemas de confianza en las instituciones panameñas. La Asamblea Nacional suma 84,2% de desconfianza, el Gobierno el 77,2%, el poder judicial un 75,9% y los partidos políticos el 87,5%. Sin embargo, no solo las instituciones públicas enfrentan este problema. La confianza interpersonal es prácticamente inexistente (el 74,2% piensa que la gente "nunca o pocas veces es confiable"). Con la pandemia, todas las instituciones tanto públicas como privadas han perdido la confianza de la ciudadanía. Esto explica en cierta medida la dificultad de coordinación que ha podido existir entre los distintos grupos movilizados.

Vale la pena decir una palabra sobre la Iglesia Católica, a la que el presidente del país, Laurentino Cortizo, invitó como mediadora en el conflicto actual. La institución religiosa es, efectivamente, como el mandatario subrayó, la que goza de mayor confianza en la población (un 70,6% dice confiar en ella). Sin embargo, este fotograma oculta la película completa: entre el inicio de los años 1990, cuando la Iglesia Católica mediaba en todos los pactos y diálogos en los que se diseñó el proyecto económico y político del país, y la actualidad, la Iglesia Católica ha perdido 20 puntos porcentuales de confianza.

Por un lado, existen hoy sectores de la sociedad que abogan por una mayor separación entre la Iglesia y el Estado, y, por otro lado, las personas que tienen menor acceso a bienes y servicios, con quienes el Estado está buscando dialogar con la mediación de la Iglesia, son precisamente los que dicen tener menos confianza en la Iglesia. Esto explica el fracaso del diálogo convocado por el presidente Laurentino Cortizo con la mediación de la Iglesia, lo que nos lleva a la tercera crisis.

La crisis de los sistemas de negociación colectiva

Desde la transición a la democracia, Panamá se ha caracterizado por multiplicar los diálogos, mesas y pactos para sentar las bases políticas y económicas del país. Estos mecanismos reflejaban una cultura política que valora el consenso, pero también instituciones democráticas muy débiles que no lograban canalizar estas conversaciones. Se han caracterizado por colocar el sector privado en el centro de las políticas, y buscar el crecimiento económico gracias a las clásicas recetas liberales de los años 1990.

Sin embargo, estos mecanismos han logrado convencer cada vez menos a la población de su utilidad. En 2021, los trabajadores organizados se levantaron de la mesa de diálogo dedicada a la caja del seguro social. El pacto del bicentenario, una plataforma en línea que agrupaba propuestas ciudadanas, no logró convencer de su utilidad y las mesas de negociación actuales no han encontrado más éxito. La crisis de confianza que mencionamos anteriormente no es ajena a esta situación, como tampoco lo está la sensación de los grupos movilizados de un diálogo de "yo con yo", donde están en contubernio poderes políticos y poderes económicos, y donde los sectores populares están invitados para avalar decisiones que ya fueron tomadas sin ellos.

La crisis de honradez

El país también enfrenta una profunda crisis de moralidad. Dos expresidentes están siendo procesados en el caso Odebrecht. Durante la pandemia, el ministerio público abrió procesos por no menos de 18 casos de corrupción relacionados con la gestión de la pandemia, estalló un escándalo relacionado con graves abusos en el sistema de protección de la infancia, renunciaron una serie de altos funcionarios sin mediar ninguna explicación a la ciudadanía, las planillas gubernamentales fueron sistemáticamente cuestionadas por responder a intereses clientelares, etc. El BID estima el malgasto del sistema público en un 3,8% del PIB, sobre todo relacionado con compras públicas.

Sin embargo, la crisis de honradez no solo está relacionada con el sector público. En septiembre de 2021, la Unión Europea decidió mantener a Panamá en la lista negra de los países que "no cooperan en materia fiscal". Según el director general de ingresos, la evasión fiscal representa otro 4 % del PIB.

Se calcula que en 10 años fueron evadidos al fisco cerca de 35 mil millones de dólares, teniendo en cuenta solo el impuesto sobre las personas jurídicas. Esta crisis de moralidad en el sector público y privado, sumado a una política liberal de disminución paulatina de la tasa de imposición, ha llevado a la quinta crisis, la de los recursos públicos.

La crisis de recursos públicos

Además de la corrupción y de la evasión fiscal, la elusión fiscal (maniobras legales para pagar menos o no pagar impuestos) y las políticas de exenciones de impuestos también han contribuido a disminuir las capacidades estatales para ejecutar políticas públicas. Las exenciones de impuestos sobre todo tipo de bienes y actividades como construcciones nuevas, transferencias de acciones, yates, etc. son muestra de ello.

En 2020, la tasa de recaudación era apenas del 13,7% del PIB (contra el 22,9% en promedio en América Latina), habiendo disminuido más de 3,5 puntos desde inicios de la década de 1990. El crecimiento económico solía compensar esta disminución paulatina, pero la actual crisis económica ha hecho retroceder la recaudación impositiva de casi 5 años.

En este contexto, se aprobó en junio una ley otorgando créditos fiscales a proyectos turísticos de lujo por más de 400 millones de dólares, lo que ha generado un fuerte descontento en la opinión pública y en el sector del turismo. La derogación de esta ley forma parte de las peticiones de uno de los principales sindicatos actualmente movilizados en el país.

La situación es compleja y, teniendo en cuenta sus limitaciones presupuestarias, el Gobierno tiene poco margen de maniobra para negociar con los que protestan. Hasta el momento, las negociaciones se han centrado sobre un subsidio a la gasolina, que sería pagado con recortes al funcionamiento estatal, en particular con un recorte del 10% del funcionariado. Sin embargo, parece que parte de las organizaciones están buscando reformas más estructurales que puedan dar respuestas de mayor alcance a las cinco crisis que hemos descrito.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation

Publicado enInternacional
Bomberos combaten un incendio en un mercado de la ciudad de Bakhmut, tras un ataque del ejército ruso en el este de Ucrania.Foto Afp

Ahora todo es más caro y he tenido que dejar de comprar muchas cosas, dice una maestra jubilada

 

Moscú. La "operación militar especial" que Rusia lleva a cabo en Ucrania, casi cinco meses después de iniciada empieza a sentirse en los bolsillos de los rusos y, como en cualquier país capitalista, afecta más a quien menos tiene.

Los precios de los comestibles en los supermercados ilustran la polarización de la sociedad rusa. Visitar cualquiera de estos establecimientos permite ver el mismo panorama: los carritos semivacíos de los jubilados, con su pensión de 8 mil 500 pesos, de los cuales mil 230 son un "extra social" que concede la alcaldía por vivir en Moscú; los que están medio llenos, de los afortunados que cobran al menos 42 mil pesos, el salario promedio en la capital, y los repletos de la minoría de privilegiados, cuyos ingresos, casi nunca legales, no tienen límite.

Natalia Rogova, jubilada que toda su vida se dedicó a enseñar geografía en una escuela secundaria, se lamenta: "Ahora todo es más caro y he tenido que dejar de comprar muchas cosas que me gustaban, pierdo mucho tiempo en buscar las ofertas".

Según el Servicio Federal Antimonopolios (FAS), dependencia que, entre otras funciones, vela por que los precios no se disparen de modo arbitrario, el de los alimentos de la canasta básica no debe crecer más de 5 por ciento este año.

La realidad muestra esto: antes del 24 de febrero, cuando comenzaron las hostilidades del otro lado de la frontera eslava, el kilo de papas, en promedio, costaba 11 pesos, ahora 17 (34 por ciento más); el kilo de arroz, 32 pesos, ahora 35 (8 por ciento más); el kilo de harina, 18 pesos, ahora 20 (11 por ciento más); una barra de pan, 13 pesos, ahora 13.74 (uno por ciento más); huevo (decena), 27 pesos, ahora 29 (5 por ciento más); un litro de leche, 21 pesos, ahora 26 (19 por ciento más); un kilo de carne de res, 160 pesos, ahora 174 (8 por ciento más), y un kilo de carne de puerco, 154 pesos, ahora 170 (9 por ciento más).

De tal modo, sólo el pan y el huevo no han superado el 5 por ciento de incremento que vaticinó el FAS.

Serguei Mijailov –ingeniero que conserva un salario de 70 mil pesos, pero está preocupado por la posibilidad de perder el trabajo porque no llegan los componentes foráneos que necesita su empresa– sostiene que ya no puede darse el lujo de comprar todo lo que no entra en la canasta básica.

"Hace tiempo que no me atrevo, por ejemplo, a comprar un vino importado (los regulares que quedan, en promedio, subieron de 400 a 900 pesos la pieza) o una botella de ginebra, cuando se encuentra (que ahora se vende por unos mil o mil 200 pesos, cuando su precio real no debe pasar un máximo de 400 pesos)."

En el otro extremo, el de la opulencia, están los que siguen yendo a los espacios de moda en el centro de Moscú y dejan, en uno de sus restaurantes de alta gastronomía, casi la pensión de Natalia Rogova, y eso si no piden una champaña cara.

El Ministerio de Industria y Comercio está estudiando la conveniencia de quitar el IVA a los alimentos básicos, que aquí se denominan de "importancia social", como el pan o la leche.

El economista Vitali Kaluguin cree que, en efecto, esta medida podría bajar los precios de los productores, pero no está seguro de que al llegar a los anaqueles de las tiendas el consumidor pague menos.

Pone de ejemplo: “Si la leche se vende, por decir algo, a 36 pesos por litro, el ganadero recibe sólo 18 pesos, ¿y quién –se pregunta– va a poder controlar el sobreprecio que imponen las tiendas? Puedes quitar el IVA y los comestibles costarán lo mismo o más”, sostiene.

El Banco de Rusia, en junio anterior, pronosticó que este año la inflación será del orden de 14-17 por ciento, pero el martes de esta semana instó a sus compatriotas a prepararse para resistir este otoño que anticipa muy difícil, cuando prevé que, si no hay un alto el fuego en Ucrania, la calma actual se vuelva tempestad.

“Muchos tendrán que alimentarse con lo que produzcan en verano sus dachas (pequeñas parcelas en las afueras de las ciudades), comprar los comestibles y artículos más baratos y de peor calidad, y confiar en que bajen los precios”, advierten los expertos del banco central.

Por Juan Pablo Duch. Corresponsal

Publicado enInternacional
Página 1 de 14