El estado colombiano y los derechos de los asalariados y jornaleros del campo

Las protestas que hoy sacuden al campo colombiano están más que justificadas. Lecheros, papicultores, cafeteros, arroceros, etc., se encuentran en condiciones cada vez más difíciles. No sólo deben soportar la competencia completamente hostil que les han creado los tratados de libre comercio, sino que los costos de los insumos que les imponen las compañías trasnacionales no los dejan prosperar; además son víctimas de los intermediaros y comerciantes mayoristas que les compran sus cosechas y productos “a precio de huevo”, en un contexto en el que el Estado está completamente ausente, carece de políticas públicas de crédito de fomento, de asistencia técnica y de comercialización que les permitan mejorar la productividad de sus negocios.

 

Sin embargo, en la actual coyuntura de movilización y protesta campesina nadie se refiere a las problemáticas específicas de los trabajadores asalariados y jornaleros del campo. Detrás de cada papicultor, o dueño de hato lechero, productor de café, de arroz, o de un ganadero, hay por lo menos tres, cuatro, cinco o más trabajadores que se encuentran en una situación todavía peor: ni siquiera devengar un salario mínimo, no tienen afiliación a la seguridad social, trabajan de sol a sol sin la protección contra las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Son trabajadores que cuando llegan a viejos se quedan sin ningún ingreso, pues ya nadie los contrata y nunca tuvieron oportunidad de cotizar para una pensión.

 

A nivel nacional, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura ocupan 3´366.000 personas, o sea el 16% de la población ocupada. De éstas, 898 mil son trabajadores asalariados y 595 mil son jornaleros o peones.

 

Exceptuando los corteros de caña en el valle del Cuaca, los trabajadores del banano en la región de Urabá y el Magdalena, las trabajadoras de la flores en Cundinamarca y el oriente antioqueño, y algunos trabajadores de plantaciones de palma africana, la mayoría de los trabajadores dedicados a las labores agropecuarias trabajan en condiciones de informalidad, sin protección social, y sin siquiera el derecho a un salario mínimo.

 

Las propias estadísticas del DANE y del Ministerio del Trabajo indican que en 2012 el trabajo informal en el sector agropecuario era del 91% , es decir, trabajo que no se ajusta a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a los convenios de la OIT; que el 73.1% de los trabajadores y trabajadoras devenga menos de un salario mínimo, y que el ingreso promedio en este sector apenas alcanza el 79% de un salario mínimo.

 

Todos estos trabajadores, más los que trabajan por cuenta propia en sus pequeñas parcelas, son los que hacen la masa de los pobres del campo, que en las estadísticas del DANE aparecen como “el resto”, y alcanza el 46.8% de la población. A éstos hay que agregar los que están en la pobreza extrema, que en estas regiones afecta  al 22.8% de la población .

 

Esta pobreza e indigencia está asociada, por supuesto, a los ingresos laborales que recibe la mayor parte de la población trabajadora del campo y a la desprotección social en que se encuentra. En este resultado el Estado tiene una gran responsabilidad, pues una de sus funciones: la de inspección del trabajo, en la práctica está completamente ausente en el campo colombiano, pues para todo el país apenas se cuenta con 456 inspectores, uno por cada 46 mil trabajadores.

 

Esta función, que debe ejercer a través del Ministerio del Trabajo, obliga al Estado a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores y trabajadoras en ejercicio de su profesión: horas de trabajo, salario, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores, libertades sindicales y demás disposiciones afines. Incluye también facilitar información técnica y asesorar a empleadores y trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir dichas disposiciones; y finalmente, poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por ellas.

 

En síntesis, la función de inspección, clave para la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del campo, se concreta en acciones de control, asesoraría e información, y puesta en conocimiento ante la autoridad competente. Esta labor no la cumple el Estado porque carece del número suficiente de inspectores, y los pocos que hay se concentran en las principales ciudades y en algunas cabeceras importantes, dejando completamente desprotegido el sector agropecuario. Peor aún, los inspectores municipales, los de las localidades de mayor violación a derechos laborales, tienen bajo su jurisdicción entre 8 y 10 municipios. En la práctica solo se le hace posible realizar las consultas y conciliaciones del municipio en el que se tiene sede. Además, frecuentemente los inspectores se ven obligados a cancelar las visitas de inspección programadas o a desistir de visitar ciertos establecimientos, por la simple razón de que el Ministerio no suministra transporte .


Así que la actual coyuntura de paros y protestas campesinas no puede dejar oculto el drama de los cientos de miles de trabajadores asalariados del sector agropecuario, a los que no se les reconocen sus derechos humanos laborales. En parte la violación de estos derechos es consecuencia de las condiciones precarias de los productores, a quienes no les alcanza ni para cumplir las obligaciones que se derivan de un contrato de trabajo.


Por eso garantizarles a los productores condiciones más favorables de producción y distribución, contribuye a que puedan cumplir con sus obligaciones como empleadores. Pero no basta con eso. También el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley laboral en todo el país, sancionando a los empleadores del campo que, estando en condiciones de reconocer los derechos laborales de sus trabajadores, entre ellos los derechos de libertad sindical, no lo hacen. Entre otras razones porque están seguros de que ningún inspector del trabajo los va a investigar y a sancionar.

 

Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical

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Miércoles, 07 Agosto 2013 06:06

Europa va a Fondo con el ajuste español

Europa va a Fondo con el ajuste español

Si algo le faltaba a la golpeada situación económica de España después de que el Fondo Monetario Internacional sugiriera una rebaja del sueldo del diez por ciento para los trabajadores durante al menos dos años, era la simpatía que despertó esa medida de parte de uno de los organismos más fuertes de Europa. “No subestimo el desafío que supondría construir un amplio consenso político y social para encontrar una senda de ajuste óptima. Pero, ¿no merecería la pena un intento serio, por el bien de esos millones de jóvenes parados españoles?”, disparó ayer el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, desde un posteo publicado en su blog y levantado por la prensa española.

 

Según el diario El País de Madrid, el organismo liderado por Christine Lagarde y el que encabeza el comisario finlandés coincidieron en analizar un recorte en los alicaídos sueldos de los españoles como receta para hacer frente a la desbocada tasa de desocupación, que ya supera el 26 por ciento. Esa salida, propuesta por el FMI la semana pasada, apunta a hacer descender, durante los próximos tres años, en seis o siete puntos la tasa de deso-cupación, que afecta a seis millones de personas que no logran ingresar en el mercado laboral.

 

En su apoyo a la propuesta impulsada desde el FMI, el comisario europeo pone como ejemplo la situación de dos países que han apostado a la devaluación interna y la reducción salarial como antídoto para aumentar su competitividad: Irlanda y Letonia. Desde una perspectiva económica conocida por Latinoamérica, que pone por delante la necesidad de cualquier sacrificio como válido para alcanzar el éxito ulterior, Rehn señaló muy suelto de cuerpo: “Aquellos que rechacen de forma instantánea (la propuesta de bajar salarios) cargarán sobre sus hombros la enorme responsabilidad del costo social y humano”.

 

Por si fuera poco, el comisario europeo apela a la poética y comienza la entrada publicada en su blog aludiendo a “Ballad of a thin man”. En esta canción, Bob Dylan advertía una situación que estaba transcurriendo y deslizaba la posibilidad de que un tal Mr. Jones no estuviera al tanto.

 

En el imaginario de Rehn, esos Mr. Jones vendrían a ser aquellas personas que se resignan a admitir que el gobierno de Mariano Rajoy podría, en caso de proponérselo y de seguir el mismo camino que Irlanda y Letonia, obtener los mismos resultados.

 

“Estoy preparado mentalmente para el coro de profetas del desastre que expresarán su furia en los medios de comunicación económicos. Pero si hubiéramos confiado en ellos y seguido sus indicaciones, el euro se habría roto hace años”, se atajó el finlandés ante eventuales críticas en su contra. Como buen impulsor de las medidas de ajuste empujadas por los organismos de crédito internacional, y más allá de que España rebaje o no los sueldos de manera drástica, Rehn señala en su blog que los índices adelantados de la economía muestran una mejora en la coyuntura.

 

Sin embargo, Rehn machaca en su texto sobre la necesidad imperiosa de no festejar nada por anticipado y advierte que las medidas que deberían impulsarse para apuntalar el crecimiento de la economía peninsular todavía están por implementarse o a medio camino para ponerse en marcha. “Pero no podemos negar la tendencia que señala que la estabilización y la reforma de la economía están en camino”, agregó el funcionario europeo.

 

Con todo, el comisario finlandés admite que ese supuesto repunte que está por llegar afecta al mercado laboral español, más allá de que ese crecimiento responde, en buena parte y “sin ninguna duda”, a elementos coyunturales. “Pero podría suponer el largamente esperado punto de inflexión”, señala Rehn sin dejar de anunciar que, en septiembre, el organismo a su cargo se encargará de estudiar con detalle las medidas dirigidas a reformar el mercado laboral llevadas a cabo durante el año pasado en España. “La falta de flexibilidad y la dualidad generaron grandes pérdidas de empleo en los años pasados –sentenció el funcionario–. Pero con bajar salarios no basta.” En el documento, Rehn defiende la necesidad de que la economía española distribuya sus recursos de manera tal de trasladarlos desde aquellos sectores como la construcción, a otros más productivos, como el exportador.

 

En ese vademécum sugerido por los organismos de crédito, el FMI lanzó hace unos días la posibilidad de concretar un ambicioso pacto social, cuyas grajeas, reconoció, no serán fáciles de ingerir. Lo que propone el organismo encabezado por Lagarde se basa, ni más ni menos, en un estímulo fiscal temporal sobre los recortes salariales, apoyado en una reducción en las contribuciones a la seguridad social de hasta 1,7 por ciento, seguido dos años más tarde –para dar un respiro en los presupuestos– de un aumento del IVA, aunque el FMI propone ampliar la base más que subir el porcentaje.

 

Según los cálculos del Fondo, la caída combinada de salarios y precios resultaría en una depreciación del 5 por ciento en tres años, lo que “impulsaría las exportaciones y ralentizaría las importaciones”, a la vez que tendría un “gran impacto positivo” en las inversiones debido a la reducción de los costos de producción.

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¿El final del camino para las fábricas deslocalizadas?

Desde que existe una economía-mundo capitalista, un mecanismo esencial de su funcionamiento exitoso ha sido la fábrica deslocalizada. Tras un periodo significativo de acumulación de capital por las llamadas industrias líderes (por lo común 25 años), el nivel de ganancias termina bajando, debido a que el cuasi monopolio de la industria líder se debilitó y a que aumentaron los costos de la mano de obra a consecuencia de acciones sindicales de algún tipo.

 

Cuando esto ocurría, la solución era que la fábrica se “deslocalizara”. Esto significa que el sitio de la producción se transfería a otra parte del sistema-mundo que tuviera “niveles de salario históricamente más bajos”. En efecto, los capitalistas que controlaban las industrias líderes intercambiaban costos de transacción mayores por los menores costos de la mano de obra. Esto mantenía un ingreso significativo para ellos, pese a ser menor que en el periodo previo, cuando todavía mantenían el cuasi monopolio.

 

Los costos de la mano de obra eran menores en la nueva locación, porque la fábrica deslocalizada reclutaba mano de obra de las áreas rurales que antes estuvieron menos involucradas en la economía de mercado. Para estos trabajadores rurales la oportunidad de trabajar en estas fábricas deslocalizadas representaba un aumento en su ingreso real, mientras los dueños de la fábrica deslocalizada le pagaban a estos trabajadores menos que a aquellos que habían trabajado en la locación previa. Esto es lo que se conoce como una solución donde “ambas partes ganan”.

 

El problema con esta solución, aparentemente maravillosa, ha sido siempre que no es duradera. Tras otros 25 años, aproximadamente, los obreros en la nueva locación comenzaban a emprender acciones sindicales y el costo de su mano de obra comenzaba a subir. Cuando subía lo suficiente, los dueños de la fábrica deslocalizada tenían una opción real única –volver a dislocarse. Entre tanto, se iban construyendo nuevas industrias líderes en las zonas de riqueza acumulada. Así, siempre ha habido un constante movimiento de la locación de las industrias de todas clases: ¡cuasi monopolios tras cuasi monopolios!, ¡fábricas deslocalizadas tras fábricas deslocalizadas!

 

Esto ha sido una maravilla del ajuste capitalista a un largo proceso de cambio constante de circunstancias. Sin embargo, este maravilloso sistema ha dependido de un elemento estructural: la posibilidad de hallar nuevas áreas “vírgenes” para relocalizar las fábricas deslocalizadas. Por áreas vírgenes quiero decir zonas rurales que han estado relativamente poco involucradas en la economía-mundo.

 

Sin embargo, durante los últimos 500 años hemos venido “acabándonos” tales áreas. Esto puede medirse de manera muy simple en la desruralización de las poblaciones mundiales. Hoy, dichas áreas rurales se han reducido a una minoría de la superficie del mundo y parece probable que para 2050 sean una muy pequeña minoría.

 

Para entender las consecuencias de esa desruralización masiva necesitamos referirnos a un artículo del New York Times del 9 de abril. Se intitula “Hola, Camboya”. El artículo describe el “vuelo” a Camboya de fábricas que están abandonando China debido al aumento de los niveles salariales en China, un previo receptor de tales fábricas deslocalizadas. Sin embargo, continúa el artículo, “las compañías multinacionales se están encontrando que pueden correr de los crecientes salarios de China, pero no pueden esconderse de verdad”.

 


El problema para las multinacionales es que la increíble expansión de las comunicaciones ha ocasionado el fin de esta situación donde ambas partes ganan. Los obreros en Camboya han comenzado las acciones sindicales después de unos cuantos años, no tras 25 años. Hay huelgas y presiones en pos de salarios más altos y beneficios mayores, y los están consiguiendo. Esto, por supuesto, reduce el valor de que las multinacionales se muden a Camboya, Myanmar, Vietnam o Filipinas. Ahora resulta que los ahorros por mudarse de China no son para nada tan grandes.

 

El artículo del New York Times apunta que “algunas fábricas se han movido de todas formas, por la petición de los compradores de Occidente que temen depender de un solo país”. La conclusión de un consultor de manufactura es que hay riesgos en mudarse a Camboya, pero también “hay un riesgo en quedarse en China”. En cualquier caso, ¿hay algún lugar a dónde mudar una fábrica deslocalizada? ¿O es Camboya el final de la línea?

 

El fondo del asunto es que la combinación de una desruralización ya de por sí enorme y que continúa creciendo, junto con la rapidez con que pueden aprender los obreros que sus salarios son relativamente bajos y por tanto pueden emprender acciones sindicales, ha tenido por resultado un aumento continuo en los niveles de la paga de los obreros menos calificados y como tal una presión negativa mundial de las posibilidades de acumular capital. Éstas no son buenas noticias para las grandes multinacionales.

 

Todo esto es un elemento en lo que se ha vuelto la crisis estructural del moderno sistema-mundo capitalista. Estamos experimentando una combinación de presiones siempre crecientes en pos de austeridad para 99 por ciento con un sistema capitalista que ya no es rentable para los capitalistas. Esta combinación significa que el capitalismo como sistema-mundo está de salida.

 

Ambos lados buscan alternativas –pero es obvio que no son las mismas. Enfrentamos colectivamente una “elección” en las décadas venideras. Una posibilidad es un nuevo sistema, no capitalista, que replique (y tal vez empeore) los tres rasgos esenciales del capitalismo: las jerarquías, la explotación y la polarización. La otra posibilidad es un nuevo sistema que sea relativamente democrático y relativamente igualitario. Este último sistema, debemos subrayar, nunca ha existido en la historia del mundo. Pero es posible.

 

En cualquier caso, Camboya no es el futuro del sistema-mundo moderno. Más bien representa los últimos vestigios de un mecanismo que ya no ejecuta su tarea de salvar el capitalismo.

 

Traducción: Ramón Vera Herrera

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Domingo, 10 Marzo 2013 05:57

La venganza del empresario indignado

La venganza del empresario indignado

El 2 de octubre de 2001 está grabado en la memoria de los suizos como un trauma nacional. Ese día se hundió la compañía aérea de bandera, la legendaria Swissair. Sus aviones se quedaron en tierra porque la empresa no tenía liquidez para pagar el combustible o los derechos aeroportuarios. Toda una humillación nacional que además puso al borde de la ruina a un pequeño empresario, Thomas Minder, el proveedor de los productos de aseo de la compañía. Cuando, con posterioridad, el responsable de Swissair, Mario Corti, fue recompensado con nueve millones de euros de indemnización, Minder decidió poner en marcha una sofisticada venganza contra los ejecutivos de las grandes empresas. El pasado domingo, al fin, la culminó.


 
Ese día los suizos votaron contundentemente a favor de limitar las remuneraciones de los altos cargos de las empresas cotizadas en Bolsa y acabar con los “paracaídas dorados” o los bonus para ejecutivos de empresas en dificultades financieras.


 
Del resultado, con un 67,9% de votos favorables, sorprendió que por primera vez en mucho tiempo todos los cantones votaron en una misma dirección. Sin distinciones entre las partes de habla alemana, francesa o italiana. Síntoma claro de un hartazgo de proporciones bíblicas.
 


Minder, de 52 años, amante de la ornitología y propietario de una fábrica de productos de baño con 120 años de historia, no podía entender cómo Corti, tras hundir y desmembrar Swissair —posteriormente adquirida a precio de saldo por Lufthansa—, recibiera nueve millones de euros en concepto de “paracaídas dorado”. Él tenía un contrato de medio millón de euros con la compañía. “No podía quedarme indiferente ante un robo de esa magnitud. Que se paguen tales sumas a ejecutivos que no han hecho su trabajo me pareció intolerable. Entonces decidí actuar”, explica con pasión Minder.

 


Comenzó en soledad su particular cruzada contra el establishment empresarial suizo. Los primeros 80.000 euros para su campaña los puso de su bolsillo. “Muy pronto me di cuenta de que escribir cartas en la prensa no servía de nada. Entonces decidí invertir en una campaña de denuncia. Recibí en 48 horas más de 3.000 cartas de apoyo de personas que se ofrecieron a darle forma al texto de la iniciativa. Un texto perfecto, sin fisuras ni posibles escapatorias para las empresas tentadas de hacer trampas”, comenta.


 
Pero Minder se enfrentaba a enemigos muy poderosos personificados en Economiesuisse, el lobby que agrupa a las grandes empresas. Un enemigo capaz de invertir seis millones de euros en una campaña de relaciones públicas para vender al pueblo la inviabilidad de la que se conoció como Iniciativa Minder agitando el espantajo del riesgo de una fuga de empresas del país.


 
El empresario atiende a EL PAÍS en la sede del Parlamento suizo. Este hombre de mirada azul acero es hoy consejero de Estado independiente. Tras conseguir reunir en 2008 cerca de 115.000 firmas para poder lanzar formalmente el referéndum del domingo pasado, decide en 2011 presentarse a las elecciones. Él es ahora uno de los llamados “políticos milicianos”, que mantiene su trabajo para vivir.


 
Su batalla contra los ejecutivos no es ideológica. “Yo no tengo nada de ideólogo de izquierdas”, responde entre divertido y molesto. “Pertenezco a la derecha burguesa y liberal. En Suiza, la izquierda quisiera imponer que ningún salario pueda superar en 12 veces al del más modesto empleado de una empresa. Estoy en contra de esas limitaciones que quieren imponer los socialistas. No quiero control del Estado. Lo que quiero es devolver el poder a los accionistas y que el pueblo detente el poder político real. No los partidos”.


 
Para Thomas Minder, hombre de elegancia impecable, existe un libro sagrado. Se llama Código de Obligaciones, la legislación que rige las sociedades anónimas. “Este código establece de manera categórica que el 100% de los dividendos de una empresa deben revertir en los accionistas y que solo ellos pueden decidir dar recompensas a los ejecutivos que destacan en su gestión. Pero es inadmisible que se lleve un bonus alguien que dirige una empresa que da pérdidas o despide empleados”. Eso va a cambiar ahora con su iniciativa. Otras medidas concretas que emanan de la futura regulación llegan hasta la previsión de penas de cárcel firme de tres años (o más) y multas que pueden llegar a seis salarios anuales para quienes violen las nuevas reglas.


 
Entre las numerosas acusaciones que Minder hace al establishment helvético, una de las principales es que no existe ninguna relación entre las remuneraciones de los altos ejecutivos y sus resultados. “No existen las leyes de mercado en este mundo; solo el compadreo y los amiguetes que se reparten la tarta”, sentencia. Minder insiste en que su iniciativa no es de derechas ni de izquierdas. “Encabezo un movimiento popular, en la más pura tradición de la democracia directa suiza”.


 
¿Pero qué es la “democracia directa suiza”? Daniel Ordás, abogado suizo-español, autor del libro España necesita democracia directa, presentado recientemente, explica: “Consiste en dos elementos: las iniciativas y los referendos. Si recoge suficientes firmas, el pueblo vota si quiere esa ley y entra en vigor como si la hubiera elaborado el Parlamento”. Ordás no cree que Iniciativa Minder afecte a la economía suiza. “Más bien creo que esta decisión popular servirá de ejemplo para los Gobiernos europeos, cuyos ciudadanos no tienen derecho a elegir”.


 
Minder aprovecha para reforzar su recién respaldado discurso: “Europa tiene miedo al voto popular y a la democracia directa. Cuando la democracia muestra su verdadero poder da mucho miedo, porque prueba que la política se puede hacer a favor del pueblo, y no en su contra. A menudo pienso que la principal exportación de Suiza al mundo tendría que ser nuestra democracia directa. Si no queremos que se incendien las calles de Europa, tenemos que devolver el poder a los pueblos”.

 

Por Rodrigo Carrizo Couto Ginebra 10 MAR 2013 - 00:00 CET Ginebra 10 MAR 2013 - 00:00 CET

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Miércoles, 06 Marzo 2013 18:37

Entran en paro en el ingenio La Cabaña

Entran en paro en el ingenio La Cabaña

Cerca de 400 trabajadores afiliados a Sintrainagro se declararon hoy en cese de actividades en el ingenio La Cabaña, ubicado al norte del departamento del Cauca.

 

Y lo hacen tras más de 70 días de sufrir por parte de la empresa toda clase de violaciones al libre derecho de asociación sindical, incluido el despido de cerca de 100 trabajadores, entre ellos toda la junta directiva de Sintrainagro Seccional La Cabaña; y el asesinato de Juan Carlos Pérez, uno de sus líderes más caracterizados, ocurrido el 28 de enero a manos de sicarios en el municipio de Corinto.

 

También se produce este paro después de que Sintrainagro agotara todas las instancias legales de diálogo y posibles acuerdos, y ante el fracaso de la intermediación del Ministerio de Trabajo. La última reunión para buscar un acuerdo tuvo lugar el lunes pasado, pero la empresa volvió a mostrar su falta de voluntad para atender las demandas de los trabajadores, que se resumen en 4 puntos: respeto y garantías para la libre organización sindical; eliminación de la contratación mediante terceros y que ésta sea estable y justamente remunerada; la negociación de pliego de peticiones que Sintrainagro presentó desde el 7 de diciembre; y el reintegro de los trabajadores despedidos.

 

La Cabaña se considera un ingenio de mediano tamaño en el Valle del Cauca. Diario muele 7 mil toneladas de caña y da empleo a 2.500 personas, 1.500 con contrato directo y el resto con empresas contratistas. Precisamente éste es el argumento que esgrime para negarse a negociar con Sintrainagro: no tener ninguna relación laboral con los corteros, pues éstos los vincula mediante las tres empresas contratistas que le prestan servicios laborales; intermediación que la Ley 1439 y el Decreto 2025 prohíben para las labores misionales de las empresas, y no cabe duda de que el corte de caña es labor misional dentro del proceso de producción de azúcar.

 

Lo que ocurre es que La Cabaña es una especie de rueda suelta en el engranaje de la industria azucarera. Sus condiciones laborales son distintas a las de los otros ingenios porque no aceptó integrarse al proceso de formalización y contratación directa que se dio en esta industria tras los acuerdos del Plan de Acción Obama-Santos para la aprobación del TLC con Estados Unidos.  

 

Mientras la mayoría de los ingenios acogió la política de contratar directamente a los corteros, garantizarles estabilidad, jornadas no más allá de las 4 de la tarde, derecho de asociación y negociación colectiva y algunos beneficios extralegales, en La Cabaña esas mejoras no se dieron. Sigue vinculando mediante contratos de solo tres meses de duración, sin garantía de estabilidad, con jornadas hasta de 12 o más horas, sin pago de vacaciones, horas extras ni dominicales, sin la dotación laboral completa y a merced de la empresa en cuanto al peso de la caña, lo que hace que sus salarios sean más bajos que en los otros ingenios.

 

También denuncia Sintrainagro que el ingenio se ha convertido casi en un campo de concentración, donde nadie puede chistar, las reuniones de más de tres son prohibidas, quienes promuevan el sindicato son despedidos.

 

“Hoy hacemos uso de la protesta como la única medida capaz de hacer respetar los derechos que nos otorga la ley. La incapacidad del Gobierno para hacer cumplir la ley y la actitud represora y violenta de la empresa contra los trabajadores, nos obligan a iniciar el paro. Nuestras familias no merecen estar aguantando hambre. Somos hombres de bien y el único delito que hemos cometido es asociarnos sindicalmente para exigirle a la empresa que respete nuestros derechos”, se lee en el comunicado expedido hoy por Sintrainagro seccional La Cabaña.

 

El sindicato igualmente exige que se identifiquen y castiguen a los actores intelectuales y materiales del crimen de Juan Carlos Pérez. Frente a este tema Mauricio Ramos, presidente de la seccional de Sintrainagro en La Cabaña, señaló que el caso ya está en manos de un Fiscal y que la investigación al parecer va por buen camino.

 

Informó además que el paro se desarrolla en forma pacífica, pues los corteros han evitado toda confrontación con la fuerza pública y los piquetes de soldados del ejército que prestan servicio de vigilancia al interior del ingenio. En la mañana sí hubo una escaramuza con gases lacrimógenos, que no pasaron a mayores.

 

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, expresó su preocupación por la situación en La Cabaña y rechazó la política antisindical de esta empresa, que pretende desconocer la afiliación a Sintrainagro de más de 600 de sus corteros y se niega a negociar el pliego petitorio que éstos le presentaron, “mientras que a los empresarios les han inundado los ingenios con Policía y Ejército para intimidar  la libre movilización de los trabajadores y su protesta sindical”, señala esta central en un comunicado.

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