Lunes, 25 Noviembre 2013 07:37

Suiza rechaza limitar los grandes salarios

Suiza rechaza limitar los grandes salarios

Las urnas han dado la espalda a la iniciativa 1:12 para limitar los salarios abusivos de los grandes ejecutivos. Tal y como anticipaban los sondeos, los ciudadanos suizos han rechazado la propuesta socialista con el 65% de votos en contra y el 35% a favor en el referéndum celebrado este domingo.

La propuesta, impulsada por David Roth, dirigente de las Juventudes del Partido Socialista de Suiza, pretendía poner coto a los salarios de los altos ejecutivos. La iniciativa 1:12 hubiera implicado que ningún directivo pueda ganar en un mes más de lo que gana en un año el más modesto de sus empleados.


Tanto el Consejo Federal (Ejecutivo) como la patronal y los partidos de centro y derecha pidieron a los ciudadanos que rechazara la iniciativa. En el lado de los partidarios, básicamente solo se encontraban el Partido Socialista y el Partido Verde, al que se sumaron algunas formaciones minoritarias de izquierda.

 

Pero los argumentos igualitarios no tuvieron el suficiente peso como para llevar a los votantes suizos a poner en entredicho un modelo social que ha demostrado ser estable y eficaz. Suiza muestra datos globales envidiables a nivel de empleo y economía, sobre todo si se compara con la situación que viven hoy otras economías europeas, devoradas por el paro y la gestión ineficaz. Y algunas grandes empresas habían amenazado con irse del país si la consulta salía adelante.


Grégoire Barbey, bloguero y analista político del diario económico Agefi, basado en Ginebra, recuerda que Suiza tiene un sistema social único, en el que desde hace 75 años patronal y trabajadores negocian las condiciones salariales y de empleo. "Viendo las dificultades económicas que viven otros países europeos, no me cabe duda que Suiza hace bien al conservar su sistema. Desmantelar un modelo eficaz por razones morales que carecen de legitimidad popular hubiera sido un error", opina.


Barbey prosigue su análisis diciendo, "el resultado no me sorprende en absoluto. Los suizos son conscientes de que los salarios del sector privado no son una cuestión que deba ser resuelta por el Estado, sino que son un tema que solo compete a los propietarios de las empresas, o sea los accionistas. Creo que es una derrota más de la izquierda suiza".

 

La iniciativa surgió a raíz del escándalo por el pago de bonus millonarios a directivos del banco UBS, que tuvo que ser rescatado por el Estado suizo en 2009. Los consejeros delegados de algunas multinacionales y entidades financieras cobran más de 200 veces el salario del trabajador peor pagado, según datos recopilados por la organización sindical Travail Suisse. En España, una iniciativa similar fue adoptada por el PSOE en las conclusiones de su conferencia política, celebrada hace dos semanas.


"Reconocemos una derrota clara", confirmó a su vez en la TV suiza el portavoz socialista por la iniciativa 1:12; aunque reivindica el 35% obtenido como "un resultado honorable". Por su parte Daniel Ordás, abogado suizoespañol autor del libro España necesita democracia directa, analiza los resultados diciendo: "Considero que el gran éxito de esta iniciativa es lanzar un debate de este tipo a nivel europeo, gracias a que en Suiza podemos hablar de estas cosas y votarlas. En otros países europeos esto sería impensable. El mero hecho de la existencia de la iniciativa 1:12 hará que las grandes empresas se lo piensen dos veces antes de adjudicarse salarios indefendibles".


El socialista de origen asturiano, en el origen de www.reforma13.es, comenta que la derrota se debe a que, "parte del electorado, profundamente conservador, se ha sentido polarizado entre la izquierda y la derecha. Los mismos que aprobaron la iniciativa Minder en marzo han considerado que con la Iniciativa 1:12 se iba demasiado lejos. En todo caso, quiero destacar que el 35 % de votos a favor supera la totalidad de votantes de izquierdas en Suiza, lo que demuestra que la propuesta ha calado hondo".


Los suizos han igualmente votado este domingo por otros dos temas. El primero fue una iniciativa del partido de derecha nacionalista UDC / SVP que pretendía deducir impuestos a las familias que se ocupen de sus hijos en casa y aumentar la tasa de circulación en autopistas (equivalente del peaje) de 40 a 100 francos suizos anuales. Ambas propuestas han sido rechazadas por los electores.

 

Por Rodrigo Carrizo Couto Ginebra24 NOV 2013 - 14:41 CET

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Ingresos laborales y niveles de pobreza en Colombia no concuerdan

Población trabajadora pobre por ingresos

 

Las estadísticas del DANE sobre ingresos laborales y niveles de pobreza no concuerdan . Mientras los primeros no muestran ningún avance en el último año, la pobreza y la indigencia disminuyeron en áreas urbanas, no así en zonas rurales.

 

En efecto, el DANE indica que en 2012 el porcentaje de personas clasificadas como pobres con respecto al total de la población nacional, alcanzó el 32,7%: 28,4% en las cabeceras y 46.8% en zonas rurales, lo que frente a 2011 significó un disminución de 1,4 puntos porcentuales en las cabeceras y un aumento de 0.7 pp en el resto. Respecto a la pobreza extrema, o indigencia, este indicador se situó en 10,4% promedio nacional: 6.6% en cabeceras y 22.8% en el resto, con una disminución de apenas 0,2 pp a nivel nacional respecto a 2011, disminución que se presentó en las cabeceras, -0,4 pp, pues en el resto creció también 0,7 pp.

 

Tabla 1. Población ocupada según ingresos laborales (%) 2012

Rangos de Ingresos laborales Total de ocupadosParticipación %Acumulado %

0.0
1.475.488 7.47.4
Entre 0 y menos 0.5 smmlv
 4.371.820
 21.929.3
Entre 0.5 y menos 1 smmlv5.136.90425.855.1
Entre 1 y menos 1.5 smmlv4.518.71122.777.8
1.5 smmlv y en adelante4.421.26122.2100
Ingreso promedio770.057  

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012.

 

Al examinar la evolución de los ingresos laborales, encontramos que no han sido éstos los responsables de la disminución de los niveles de pobreza. Según la Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en 2012 se incrementó en 5.9 pp el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), lo que indica que si bien la tasa de ocupación se incrementó, el desempleo se redujo y la economía creció 4 pp, estos indicadores no se tradujeron ni en mejores empleos, ni en mejores ingresos.

 

Por su parte, la Encuesta de Trabajo Decente de la ENS encontró que la tasa de trabajadores sin el ingreso mínimo legal fue del 42.8% para las 14 ciudades, siendo mayor la de Medellín (44,0%), en tanto que la de Bogotá se ubicó en 38,03%. Por su parte, la tasa de trabajadores sin ingreso mínimo legal es bastante alta para las mujeres: 51,0%, en tanto que para los hombres fue de 35,12%.

 

Estos resultados son de por sí graves, pero más grave es que en Colombia 1.5 millones de trabajadores no perciban ningún ingreso, y que 4.4 millones más (el 21.9% de los ocupados) tengan ingresos inferiores a medio SMMLV.

 

Estos ingresos tan precarios son peores entre la población joven (hasta 24 años), que en un 70.8% recibió ingresos por debajo de 1SMLV; y entre las mujeres (61.42%). Y son peores aún entre los trabajadores del campo no asalariados, o trabajadores por cuenta propia, que representan el 82.7% del empleo rural, cuyo ingreso medio es apenas 0.45 SML. Analizando los promedios de ingresos laborales por ramas de actividad económica, la situación es la siguiente:

 

Tabla 2. Promedio de ingresos laborales, horas efectivas y años de escolaridad según rama de actividad, 2012.

Rama de ActividadIngresos laboralespromedios SMMLV% Horas efectivas Años de educación
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura448.736  0,839.34.7
Explotación de minas y canteras1.189.8532,147.07.3
Industria Manufacturera753.0581,3 42.59.1
Suministro de Electricidad, Gas y Agua1.266.3092,2 46.111.6
Construcción734.6421,345.07.6
Comercio, hoteles y restaurantes649.0401,144.08.6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones752.8331,352.29.0
Intermediación financiera1.768.7633,142.414.1
Actividades Inmobiliarias 1.044.9101,840.811.1
Servicios comunales, sociales y personales1.025.3611,839.711.2
Ingreso laboral promedio para toda la economía770.0571,4  

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012.

 

En la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura el ingreso promedio no alcanza ni el salario mínimo: $448.736, o será el 0.8 SMMLV. Y por debajo de este promedio se encuentra el 82.7% del total de los trabajadores rurales, aquellos que trabajan por cuenta propia y cuyo ingreso medio es apenas 0.45 SMML. Recordemos que de cada 100 ocupados, 17.5 lo están en el sector agropecuario.

 

Comercio, hoteles y restaurantes, rama que más ocupados agrupa: 27.5 de cada 100, terminó el año con un promedio de ingresos de tan sólo $649.040 (1.1 SMMLV). Por su parte, servicios comunales, sociales y personales, que participa con el 19% del total de ocupados, presentó ingresos por $1´025.361 (1.8 SMMLV). En este sector se ubican los trabajadores del Estado, de la educación y la salud.

 

La rama de actividad que presentó el mayor promedio de ingresos laborales fue la Intermediación financiera, con $1.768.763 (3.1 SMMLV); segundo el sector de suministro de electricidad, gas y agua, con promedio de ingresos de $1.266.309 (2.2 SMMLV). Sin embargo, de cada 100 ocupados, éstas ramas sólo contribuyen con 1.3 y 0.5 ocupados en el total nacional, respectivamente. Es decir, son muy pocas las personas que pueden acceder a este tipo de remuneraciones.

 

Otra rama que incide en el total de ocupados: la industria manufacturera con 12.8 por cada 100, registró un ingreso promedio de $753.058 (1.3 SMMLV), incluso menor que el promedio de ingresos laborales del total nacional (1.4 SMMLV).

 

Población trabajadora indigente

 

La Encuesta de Trabajo Decente de la ENS reveló datos que concuerdan con los datos del DANE, pero agregan precisiones respecto a la grave situación de los ingresos del trabajo en Colombia.

 

En efecto, en las 13 ciudades resultaron representativas la tasa de trabajadores indigentes (7,0%) y la tasa de trabajadores pobres (15,55%). Es de aclarar que un trabajador es indigente si su ingreso en promedio es menos de 1,25 dólar/día, ó, 38,5 dólares/mes ; y un trabajador es pobre si sus ingresos correspondientes son menos de 2 dólares/día ó 61 dólares/mes.

 

Respecto de los ingresos percibidos diferentes al trabajo, como lo son los ingresos asistencialistas, la Encuesta de la ENS encontró que la tasa de beneficiarios fue baja para las 13 ciudades: 3,45%. Dentro de los beneficios asistenciales posibles se encuentran familias acción, asistencia vejez, subsidio desempleo por parte de las cajas de compensación familiar, entre otros.

 

Estos indicadores muestran que el trabajo no está siendo una fuente de ingresos que permita llevar una vida digna para un tercio de los trabajadores de las ciudades, y para cerca del 80% de los trabajadores del campo. Se requiere profundizar en las causas de esta situación para establecer mecanismos que la reviertan y permitan construir una sociedad más democrática en lo económico.

 

Pobreza e ingresos: cuentas que no cuadran

 

Según la metodología del DANE, la línea de pobreza es el costo per-cápita mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentario y no alimentarios), que permiten "un nivel de vida adecuado". Para 2012 el costo per-cápita mínimo a nivel nacional fue de $202.083. Es decir, para que un hogar compuesto por 3.5 personas en promedio no se considere pobre, tendría que tener un ingreso de $892.064 si la familia vive en las cabeceras, y de $534.088 si vive en zona rural.

 

El valor de la línea de pobreza promedio nacional por hogar supera en 1.05 veces el ingreso laboral promedio en Colombia ($770.057); el de las cabeceras 1.16 veces; y el del resto 1.2 veces el ingreso de los trabajadores del campo ($448.076), o 2.1 veces el ingreso promedio de los cuenta propia de áreas rurales ($255.015). Sin embargo para el DANE, al medir la población salida de la pobreza, no son los ingresos laborales los que definen el ingreso per cápita por hogar sino el crecimiento del PIB y su distribución entre la población (PIB per-cápita).

 

En el último informe sobre pobreza monetaria y multidimensional en Colombia , se afirma que el ingreso per cápita promedio en 2012 fue $500.531, discriminado así: $709.155 en las trece áreas urbanas, $590.661 en las cabeceras, $418.744 en otras cabeceras, y finalmente en el resto con $207.235. Así que para el DANE el ingreso promedio de un hogar de 4 personas era en 2012 de $2´002.124 a nivel nacional; un cálculo que no tiene en cuenta que gran parte del PIB, el 57.6%, se lo apropia el capital, que las remuneraciones de los trabajadores apenas representan el 31.6% del PIB, y que el indicador que mide la forma como se distribuye el ingreso, el GINI, apenas disminuyó 0.009 pp con respecto a 2011, ubicándose en 0.539 , el tercero más alto en Latinoamérica, después de Honduras y Haití.

Tabla 2. La distribución del PIB en Colombia (%)

 200020022004200520072008 200920102011
Producto interno bruto100100100100100100100100100
1. Remuneración a los asalariados32,833,732,432,132,031,732,832,831.6
2. Excedente bruto de explotación32,431,733,333,232,734,034,033,935.9
3. Ingreso mixto bruto25,525,224,324,124,023,522,922,621.7

Fuente: DANE, cálculos de la ENS.

 

Lo que ocurre en realidad es que los hogares de los trabajadores deben subsistir con el tipo de ingresos que hemos descrito, y que no todos los miembros del hogar trabajan, pues en el mejor de los casos trabaja la pareja o un miembro adicional del hogar. Según las cifras del propio del DANE , en el 2012 había a nivel nacional 10 millones de hogares y 20.7 millones de ocupados, lo que significa que, en teoría, habrían 2.07 de trabajadores por hogar, un dato que de entrada reduce a la mitad el número de perceptores o personas que trabajan por hogar.

 

A lo anterior hay que agregar que 1.47 millones de trabajadores no reciben remuneración, lo que significa que los trabajadores por hogar que reciben remuneración efectiva son 1.9. Adicionalmente, el 21.9% de los ocupados, que equivale a 4´372.000 personas, tiene ingresos laborales inferiores a medio salario mínimo, bien sea porque trabajan menos de la jornada ordinaria, o porque la actividad que hacen es apenas de subsistencia, como ocurre con buena parte de los trabajadores por cuenta propia, o de los asalariados del sector informal.

 

Así que si nos remitimos a los datos de la población ocupada y a los promedios de ingresos laborales de la población colombiana (que no mejoraron en el último año) y no al PIB per cápita, no puede ser posible que en Colombia hayan disminuido la pobreza y la indigencia, aunque haya aumentado la ocupación; ni siquiera agregando a esos ingresos los subsidios que da el gobierno a los más pobres, como los de Familias en Acción y el apoyo a los más pobres de la tercera edad.

 

Por otro lado, los valores que el DANE ha construido para medir la línea de pobreza y de pobreza extrema, son bastantes discutibles y requieren claridad y deliberación pública. El primero, $202.000, equivale al valor de los servicios públicos en un hogar de estrato 3 en Bogotá o Medellín; y el segundo, $91.207, equivalen al valor de 53.6 pasajes en bus al mes. Ambas sumas están por debajo de lo que, en términos de dignidad, las personas requieren para vivir.

 

Por Héctor Vásquez Fernández, analista Escuela Nacional Sindical

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Jueves, 24 Octubre 2013 08:14

¿Por qué los salarios se reducen?

¿Por qué los salarios se reducen?

Uno de los movimientos sociales más importantes que ha ocurrido en EEUU, que ha pasado desapercibido en los mayores medios de información españoles, ha sido el movimiento de los trabajadores de los establecimientos de comidas baratas (como McDonalds), conocidos como fast food, demandando un incremento salarial, para alcanzar lo que llaman un "salario digno". Estos trabajadores están entre los peor pagados en EEUU. Se considera, erróneamente, que la mayoría de estos trabajadores son gente joven, estudiantes la mayoría, que no trabajan por mucho tiempo en esos establecimientos.

 

Esta percepción, sin embargo, está equivocada. Dos de los expertos más importantes de EEUU en temas del mercado laboral, John Schmitt y Janelle Jones, han documentado que dicha percepción corresponde solo a un treinta por ciento de los trabajadores de tal sector. La mayoría son trabajadores adultos, que están estancados en su vida laboral en tales puestos de trabajo, que se pagan a nueve dólares por hora, solo ligeramente por encima del salario mínimo legal (7,25 dólares). Y como Schmitt y Jones muestran, estos salarios tan bajos están convirtiéndose en los salarios de grandes sectores del mercado laboral de EEUU. Son los tipos de salarios (low-paid jobs) que están creciendo más rápidamente en EEUU. Y la expresión "estancados" refleja el hecho de que no se estén creando trabajos mejor pagados que permitan a estos trabajadores realizar tareas mejor retribuidas. En realidad, la mitad de los empleados que tienen títulos universitarios indican que el trabajo que realizan no requiere los estudios universitarios que tienen.

 

Dos argumentos que se han dado para explicar este fenómeno han sido, por un lado, la introducción de avanzada tecnología en el proceso del trabajo que, supuestamente, lo simplifica, convirtiendo al trabajador (incluso al empleado cualificado con educación universitaria) en una pieza de una máquina o de un proceso automatizado. Otro argumento es la falta de articulación (mismatch) entre el sistema educativo y formativo, por un lado, y las necesidades del mundo empresarial por el otro. Ahora bien, ninguno de estos dos argumentos puede explicar la enorme polarización social y salarial, ni la enorme concentración de las rentas en EEUU (que, como en otros países, incluyendo España) ha estado ocurriendo.

 

La enorme concentración de las rentas

 

Como bien decía Mark Weisbrot en su artículo "Fast Food Workers are Fighting for the Majority of U.S. Employees". Newsday (del cual extraigo la mayoría de estos datos), el 1% de la población de renta superior, con mayor capacidad adquisitiva, ha pasado de tener el10% de toda la renta nacional en el año 1980 al 22,4% en el año 2012. Ello quiere decir que el aumento de la riqueza consecuencia del aumento de la productividad no se ha distribuido equitativamente, sino que se ha ido concentrando en las rentas superiores, que derivan gran parte de sus ingresos de la propiedad del capital. Es decir, los capitalistas (término casi abandonado en la normativa mediática por considerarse "anticuado") han visto sus rentas incrementadas a costa de las rentas del trabajo. Una situación idéntica ha ocurrido en España. En otras palabras, los salarios han ido bajando y los beneficios han ido subiendo tanto en EEUU como en España. Por primera vez desde la instauración de la democracia en España, las rentas derivadas del capital son mayores que las derivadas del mundo del trabajo.

 

Uno de los factores que ha facilitado esta realidad ha sido el estancamiento del salario mínimo legal. De hecho, si este salario en EEUU hubiera crecido de la misma manera que ha crecido la productividad y la inflación, el salario mínimo en EEUU debería ser de 17 dólares por hora en lugar de los 7,25 actuales. Y este estancamiento salarial se debe primordialmente a factores políticos, es decir, al debilitamiento de los sindicatos y fortalecimiento de la patronal. La evidencia es abrumadora en este sentido.

 

Una situación idéntica ocurre en España. Todas las reformas laborales que se presentaron con el supuesto objetivo de crear empleo, tenían, en realidad, el propósito de bajar los salarios mediante la destrucción de empleo, creando desempleo, el mejor instrumento que la patronal tiene para atemorizar a los sindicatos y al mercado del trabajo y forzarles a que acepten lo que debería ser inaceptable (una consecuencia de lo cual ha sido el espectacular crecimiento del endeudamiento de la población, tema que he desarrollado en otros artículos). Se olvida con excesiva frecuencia que la tasa de desempleo es una variable más política que económica. El desempleo es el arma que utiliza el mundo del capital para debilitar y atemorizar al mundo del trabajo. De ahí que las políticas actuales (que deliberadamente están destruyendo empleo) sean parte de un proyecto político que está logrando sus objetivos.

 

Por eso la respuesta a la bajada de salarios y al desempleo que la facilita, debería ser más política que económica: la movilización política en contra del desempleo, la precariedad y bajos salarios. Puesto que la mayoría de la ciudadanía deriva sus ingresos del trabajo, este movimiento social en EEUU de los "low-paid workers" ha sido enormemente popular (de lo cual tampoco se ha informado a la ciudadanía en España), forzando a la patronal a ceder a estas demandas e incrementar sus salarios. Ello determinó que los sindicatos del país (AFL-CIO) tomaran nota y en su último Congreso en Los Ángeles concluyeran que el futuro de los sindicatos dependería de sus alianzas con los movimientos sociales, estableciendo un abanico (rainbow) popular de carácter reformista que (consecuencia del gran debilitamiento de las izquierdas políticas en EEUU) pudiera convertirse en una especie de "Solidarno??" a la americana. Existe hoy una gran agitación social en EEUU (que se desconoce también en España) que ofrece un gran potencial para el futuro en aquel país. Naturalmente que la situación en España es distinta y requiere otro tipo de respuesta, aún cuando es de gran importancia y urgencia que se establezca una amplia alianza de fuerzas políticas y movimientos sociales (incluyendo los sindicatos) que se opongan a estas medidas que están afectando tan negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares.

 

*Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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El estado colombiano y los derechos de los asalariados y jornaleros del campo

Las protestas que hoy sacuden al campo colombiano están más que justificadas. Lecheros, papicultores, cafeteros, arroceros, etc., se encuentran en condiciones cada vez más difíciles. No sólo deben soportar la competencia completamente hostil que les han creado los tratados de libre comercio, sino que los costos de los insumos que les imponen las compañías trasnacionales no los dejan prosperar; además son víctimas de los intermediaros y comerciantes mayoristas que les compran sus cosechas y productos “a precio de huevo”, en un contexto en el que el Estado está completamente ausente, carece de políticas públicas de crédito de fomento, de asistencia técnica y de comercialización que les permitan mejorar la productividad de sus negocios.

 

Sin embargo, en la actual coyuntura de movilización y protesta campesina nadie se refiere a las problemáticas específicas de los trabajadores asalariados y jornaleros del campo. Detrás de cada papicultor, o dueño de hato lechero, productor de café, de arroz, o de un ganadero, hay por lo menos tres, cuatro, cinco o más trabajadores que se encuentran en una situación todavía peor: ni siquiera devengar un salario mínimo, no tienen afiliación a la seguridad social, trabajan de sol a sol sin la protección contra las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Son trabajadores que cuando llegan a viejos se quedan sin ningún ingreso, pues ya nadie los contrata y nunca tuvieron oportunidad de cotizar para una pensión.

 

A nivel nacional, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura ocupan 3´366.000 personas, o sea el 16% de la población ocupada. De éstas, 898 mil son trabajadores asalariados y 595 mil son jornaleros o peones.

 

Exceptuando los corteros de caña en el valle del Cuaca, los trabajadores del banano en la región de Urabá y el Magdalena, las trabajadoras de la flores en Cundinamarca y el oriente antioqueño, y algunos trabajadores de plantaciones de palma africana, la mayoría de los trabajadores dedicados a las labores agropecuarias trabajan en condiciones de informalidad, sin protección social, y sin siquiera el derecho a un salario mínimo.

 

Las propias estadísticas del DANE y del Ministerio del Trabajo indican que en 2012 el trabajo informal en el sector agropecuario era del 91% , es decir, trabajo que no se ajusta a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a los convenios de la OIT; que el 73.1% de los trabajadores y trabajadoras devenga menos de un salario mínimo, y que el ingreso promedio en este sector apenas alcanza el 79% de un salario mínimo.

 

Todos estos trabajadores, más los que trabajan por cuenta propia en sus pequeñas parcelas, son los que hacen la masa de los pobres del campo, que en las estadísticas del DANE aparecen como “el resto”, y alcanza el 46.8% de la población. A éstos hay que agregar los que están en la pobreza extrema, que en estas regiones afecta  al 22.8% de la población .

 

Esta pobreza e indigencia está asociada, por supuesto, a los ingresos laborales que recibe la mayor parte de la población trabajadora del campo y a la desprotección social en que se encuentra. En este resultado el Estado tiene una gran responsabilidad, pues una de sus funciones: la de inspección del trabajo, en la práctica está completamente ausente en el campo colombiano, pues para todo el país apenas se cuenta con 456 inspectores, uno por cada 46 mil trabajadores.

 

Esta función, que debe ejercer a través del Ministerio del Trabajo, obliga al Estado a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores y trabajadoras en ejercicio de su profesión: horas de trabajo, salario, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores, libertades sindicales y demás disposiciones afines. Incluye también facilitar información técnica y asesorar a empleadores y trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir dichas disposiciones; y finalmente, poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por ellas.

 

En síntesis, la función de inspección, clave para la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del campo, se concreta en acciones de control, asesoraría e información, y puesta en conocimiento ante la autoridad competente. Esta labor no la cumple el Estado porque carece del número suficiente de inspectores, y los pocos que hay se concentran en las principales ciudades y en algunas cabeceras importantes, dejando completamente desprotegido el sector agropecuario. Peor aún, los inspectores municipales, los de las localidades de mayor violación a derechos laborales, tienen bajo su jurisdicción entre 8 y 10 municipios. En la práctica solo se le hace posible realizar las consultas y conciliaciones del municipio en el que se tiene sede. Además, frecuentemente los inspectores se ven obligados a cancelar las visitas de inspección programadas o a desistir de visitar ciertos establecimientos, por la simple razón de que el Ministerio no suministra transporte .


Así que la actual coyuntura de paros y protestas campesinas no puede dejar oculto el drama de los cientos de miles de trabajadores asalariados del sector agropecuario, a los que no se les reconocen sus derechos humanos laborales. En parte la violación de estos derechos es consecuencia de las condiciones precarias de los productores, a quienes no les alcanza ni para cumplir las obligaciones que se derivan de un contrato de trabajo.


Por eso garantizarles a los productores condiciones más favorables de producción y distribución, contribuye a que puedan cumplir con sus obligaciones como empleadores. Pero no basta con eso. También el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley laboral en todo el país, sancionando a los empleadores del campo que, estando en condiciones de reconocer los derechos laborales de sus trabajadores, entre ellos los derechos de libertad sindical, no lo hacen. Entre otras razones porque están seguros de que ningún inspector del trabajo los va a investigar y a sancionar.

 

Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical

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Miércoles, 07 Agosto 2013 06:06

Europa va a Fondo con el ajuste español

Europa va a Fondo con el ajuste español

Si algo le faltaba a la golpeada situación económica de España después de que el Fondo Monetario Internacional sugiriera una rebaja del sueldo del diez por ciento para los trabajadores durante al menos dos años, era la simpatía que despertó esa medida de parte de uno de los organismos más fuertes de Europa. “No subestimo el desafío que supondría construir un amplio consenso político y social para encontrar una senda de ajuste óptima. Pero, ¿no merecería la pena un intento serio, por el bien de esos millones de jóvenes parados españoles?”, disparó ayer el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, desde un posteo publicado en su blog y levantado por la prensa española.

 

Según el diario El País de Madrid, el organismo liderado por Christine Lagarde y el que encabeza el comisario finlandés coincidieron en analizar un recorte en los alicaídos sueldos de los españoles como receta para hacer frente a la desbocada tasa de desocupación, que ya supera el 26 por ciento. Esa salida, propuesta por el FMI la semana pasada, apunta a hacer descender, durante los próximos tres años, en seis o siete puntos la tasa de deso-cupación, que afecta a seis millones de personas que no logran ingresar en el mercado laboral.

 

En su apoyo a la propuesta impulsada desde el FMI, el comisario europeo pone como ejemplo la situación de dos países que han apostado a la devaluación interna y la reducción salarial como antídoto para aumentar su competitividad: Irlanda y Letonia. Desde una perspectiva económica conocida por Latinoamérica, que pone por delante la necesidad de cualquier sacrificio como válido para alcanzar el éxito ulterior, Rehn señaló muy suelto de cuerpo: “Aquellos que rechacen de forma instantánea (la propuesta de bajar salarios) cargarán sobre sus hombros la enorme responsabilidad del costo social y humano”.

 

Por si fuera poco, el comisario europeo apela a la poética y comienza la entrada publicada en su blog aludiendo a “Ballad of a thin man”. En esta canción, Bob Dylan advertía una situación que estaba transcurriendo y deslizaba la posibilidad de que un tal Mr. Jones no estuviera al tanto.

 

En el imaginario de Rehn, esos Mr. Jones vendrían a ser aquellas personas que se resignan a admitir que el gobierno de Mariano Rajoy podría, en caso de proponérselo y de seguir el mismo camino que Irlanda y Letonia, obtener los mismos resultados.

 

“Estoy preparado mentalmente para el coro de profetas del desastre que expresarán su furia en los medios de comunicación económicos. Pero si hubiéramos confiado en ellos y seguido sus indicaciones, el euro se habría roto hace años”, se atajó el finlandés ante eventuales críticas en su contra. Como buen impulsor de las medidas de ajuste empujadas por los organismos de crédito internacional, y más allá de que España rebaje o no los sueldos de manera drástica, Rehn señala en su blog que los índices adelantados de la economía muestran una mejora en la coyuntura.

 

Sin embargo, Rehn machaca en su texto sobre la necesidad imperiosa de no festejar nada por anticipado y advierte que las medidas que deberían impulsarse para apuntalar el crecimiento de la economía peninsular todavía están por implementarse o a medio camino para ponerse en marcha. “Pero no podemos negar la tendencia que señala que la estabilización y la reforma de la economía están en camino”, agregó el funcionario europeo.

 

Con todo, el comisario finlandés admite que ese supuesto repunte que está por llegar afecta al mercado laboral español, más allá de que ese crecimiento responde, en buena parte y “sin ninguna duda”, a elementos coyunturales. “Pero podría suponer el largamente esperado punto de inflexión”, señala Rehn sin dejar de anunciar que, en septiembre, el organismo a su cargo se encargará de estudiar con detalle las medidas dirigidas a reformar el mercado laboral llevadas a cabo durante el año pasado en España. “La falta de flexibilidad y la dualidad generaron grandes pérdidas de empleo en los años pasados –sentenció el funcionario–. Pero con bajar salarios no basta.” En el documento, Rehn defiende la necesidad de que la economía española distribuya sus recursos de manera tal de trasladarlos desde aquellos sectores como la construcción, a otros más productivos, como el exportador.

 

En ese vademécum sugerido por los organismos de crédito, el FMI lanzó hace unos días la posibilidad de concretar un ambicioso pacto social, cuyas grajeas, reconoció, no serán fáciles de ingerir. Lo que propone el organismo encabezado por Lagarde se basa, ni más ni menos, en un estímulo fiscal temporal sobre los recortes salariales, apoyado en una reducción en las contribuciones a la seguridad social de hasta 1,7 por ciento, seguido dos años más tarde –para dar un respiro en los presupuestos– de un aumento del IVA, aunque el FMI propone ampliar la base más que subir el porcentaje.

 

Según los cálculos del Fondo, la caída combinada de salarios y precios resultaría en una depreciación del 5 por ciento en tres años, lo que “impulsaría las exportaciones y ralentizaría las importaciones”, a la vez que tendría un “gran impacto positivo” en las inversiones debido a la reducción de los costos de producción.

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¿El final del camino para las fábricas deslocalizadas?

Desde que existe una economía-mundo capitalista, un mecanismo esencial de su funcionamiento exitoso ha sido la fábrica deslocalizada. Tras un periodo significativo de acumulación de capital por las llamadas industrias líderes (por lo común 25 años), el nivel de ganancias termina bajando, debido a que el cuasi monopolio de la industria líder se debilitó y a que aumentaron los costos de la mano de obra a consecuencia de acciones sindicales de algún tipo.

 

Cuando esto ocurría, la solución era que la fábrica se “deslocalizara”. Esto significa que el sitio de la producción se transfería a otra parte del sistema-mundo que tuviera “niveles de salario históricamente más bajos”. En efecto, los capitalistas que controlaban las industrias líderes intercambiaban costos de transacción mayores por los menores costos de la mano de obra. Esto mantenía un ingreso significativo para ellos, pese a ser menor que en el periodo previo, cuando todavía mantenían el cuasi monopolio.

 

Los costos de la mano de obra eran menores en la nueva locación, porque la fábrica deslocalizada reclutaba mano de obra de las áreas rurales que antes estuvieron menos involucradas en la economía de mercado. Para estos trabajadores rurales la oportunidad de trabajar en estas fábricas deslocalizadas representaba un aumento en su ingreso real, mientras los dueños de la fábrica deslocalizada le pagaban a estos trabajadores menos que a aquellos que habían trabajado en la locación previa. Esto es lo que se conoce como una solución donde “ambas partes ganan”.

 

El problema con esta solución, aparentemente maravillosa, ha sido siempre que no es duradera. Tras otros 25 años, aproximadamente, los obreros en la nueva locación comenzaban a emprender acciones sindicales y el costo de su mano de obra comenzaba a subir. Cuando subía lo suficiente, los dueños de la fábrica deslocalizada tenían una opción real única –volver a dislocarse. Entre tanto, se iban construyendo nuevas industrias líderes en las zonas de riqueza acumulada. Así, siempre ha habido un constante movimiento de la locación de las industrias de todas clases: ¡cuasi monopolios tras cuasi monopolios!, ¡fábricas deslocalizadas tras fábricas deslocalizadas!

 

Esto ha sido una maravilla del ajuste capitalista a un largo proceso de cambio constante de circunstancias. Sin embargo, este maravilloso sistema ha dependido de un elemento estructural: la posibilidad de hallar nuevas áreas “vírgenes” para relocalizar las fábricas deslocalizadas. Por áreas vírgenes quiero decir zonas rurales que han estado relativamente poco involucradas en la economía-mundo.

 

Sin embargo, durante los últimos 500 años hemos venido “acabándonos” tales áreas. Esto puede medirse de manera muy simple en la desruralización de las poblaciones mundiales. Hoy, dichas áreas rurales se han reducido a una minoría de la superficie del mundo y parece probable que para 2050 sean una muy pequeña minoría.

 

Para entender las consecuencias de esa desruralización masiva necesitamos referirnos a un artículo del New York Times del 9 de abril. Se intitula “Hola, Camboya”. El artículo describe el “vuelo” a Camboya de fábricas que están abandonando China debido al aumento de los niveles salariales en China, un previo receptor de tales fábricas deslocalizadas. Sin embargo, continúa el artículo, “las compañías multinacionales se están encontrando que pueden correr de los crecientes salarios de China, pero no pueden esconderse de verdad”.

 


El problema para las multinacionales es que la increíble expansión de las comunicaciones ha ocasionado el fin de esta situación donde ambas partes ganan. Los obreros en Camboya han comenzado las acciones sindicales después de unos cuantos años, no tras 25 años. Hay huelgas y presiones en pos de salarios más altos y beneficios mayores, y los están consiguiendo. Esto, por supuesto, reduce el valor de que las multinacionales se muden a Camboya, Myanmar, Vietnam o Filipinas. Ahora resulta que los ahorros por mudarse de China no son para nada tan grandes.

 

El artículo del New York Times apunta que “algunas fábricas se han movido de todas formas, por la petición de los compradores de Occidente que temen depender de un solo país”. La conclusión de un consultor de manufactura es que hay riesgos en mudarse a Camboya, pero también “hay un riesgo en quedarse en China”. En cualquier caso, ¿hay algún lugar a dónde mudar una fábrica deslocalizada? ¿O es Camboya el final de la línea?

 

El fondo del asunto es que la combinación de una desruralización ya de por sí enorme y que continúa creciendo, junto con la rapidez con que pueden aprender los obreros que sus salarios son relativamente bajos y por tanto pueden emprender acciones sindicales, ha tenido por resultado un aumento continuo en los niveles de la paga de los obreros menos calificados y como tal una presión negativa mundial de las posibilidades de acumular capital. Éstas no son buenas noticias para las grandes multinacionales.

 

Todo esto es un elemento en lo que se ha vuelto la crisis estructural del moderno sistema-mundo capitalista. Estamos experimentando una combinación de presiones siempre crecientes en pos de austeridad para 99 por ciento con un sistema capitalista que ya no es rentable para los capitalistas. Esta combinación significa que el capitalismo como sistema-mundo está de salida.

 

Ambos lados buscan alternativas –pero es obvio que no son las mismas. Enfrentamos colectivamente una “elección” en las décadas venideras. Una posibilidad es un nuevo sistema, no capitalista, que replique (y tal vez empeore) los tres rasgos esenciales del capitalismo: las jerarquías, la explotación y la polarización. La otra posibilidad es un nuevo sistema que sea relativamente democrático y relativamente igualitario. Este último sistema, debemos subrayar, nunca ha existido en la historia del mundo. Pero es posible.

 

En cualquier caso, Camboya no es el futuro del sistema-mundo moderno. Más bien representa los últimos vestigios de un mecanismo que ya no ejecuta su tarea de salvar el capitalismo.

 

Traducción: Ramón Vera Herrera

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Domingo, 10 Marzo 2013 05:57

La venganza del empresario indignado

La venganza del empresario indignado

El 2 de octubre de 2001 está grabado en la memoria de los suizos como un trauma nacional. Ese día se hundió la compañía aérea de bandera, la legendaria Swissair. Sus aviones se quedaron en tierra porque la empresa no tenía liquidez para pagar el combustible o los derechos aeroportuarios. Toda una humillación nacional que además puso al borde de la ruina a un pequeño empresario, Thomas Minder, el proveedor de los productos de aseo de la compañía. Cuando, con posterioridad, el responsable de Swissair, Mario Corti, fue recompensado con nueve millones de euros de indemnización, Minder decidió poner en marcha una sofisticada venganza contra los ejecutivos de las grandes empresas. El pasado domingo, al fin, la culminó.


 
Ese día los suizos votaron contundentemente a favor de limitar las remuneraciones de los altos cargos de las empresas cotizadas en Bolsa y acabar con los “paracaídas dorados” o los bonus para ejecutivos de empresas en dificultades financieras.


 
Del resultado, con un 67,9% de votos favorables, sorprendió que por primera vez en mucho tiempo todos los cantones votaron en una misma dirección. Sin distinciones entre las partes de habla alemana, francesa o italiana. Síntoma claro de un hartazgo de proporciones bíblicas.
 


Minder, de 52 años, amante de la ornitología y propietario de una fábrica de productos de baño con 120 años de historia, no podía entender cómo Corti, tras hundir y desmembrar Swissair —posteriormente adquirida a precio de saldo por Lufthansa—, recibiera nueve millones de euros en concepto de “paracaídas dorado”. Él tenía un contrato de medio millón de euros con la compañía. “No podía quedarme indiferente ante un robo de esa magnitud. Que se paguen tales sumas a ejecutivos que no han hecho su trabajo me pareció intolerable. Entonces decidí actuar”, explica con pasión Minder.

 


Comenzó en soledad su particular cruzada contra el establishment empresarial suizo. Los primeros 80.000 euros para su campaña los puso de su bolsillo. “Muy pronto me di cuenta de que escribir cartas en la prensa no servía de nada. Entonces decidí invertir en una campaña de denuncia. Recibí en 48 horas más de 3.000 cartas de apoyo de personas que se ofrecieron a darle forma al texto de la iniciativa. Un texto perfecto, sin fisuras ni posibles escapatorias para las empresas tentadas de hacer trampas”, comenta.


 
Pero Minder se enfrentaba a enemigos muy poderosos personificados en Economiesuisse, el lobby que agrupa a las grandes empresas. Un enemigo capaz de invertir seis millones de euros en una campaña de relaciones públicas para vender al pueblo la inviabilidad de la que se conoció como Iniciativa Minder agitando el espantajo del riesgo de una fuga de empresas del país.


 
El empresario atiende a EL PAÍS en la sede del Parlamento suizo. Este hombre de mirada azul acero es hoy consejero de Estado independiente. Tras conseguir reunir en 2008 cerca de 115.000 firmas para poder lanzar formalmente el referéndum del domingo pasado, decide en 2011 presentarse a las elecciones. Él es ahora uno de los llamados “políticos milicianos”, que mantiene su trabajo para vivir.


 
Su batalla contra los ejecutivos no es ideológica. “Yo no tengo nada de ideólogo de izquierdas”, responde entre divertido y molesto. “Pertenezco a la derecha burguesa y liberal. En Suiza, la izquierda quisiera imponer que ningún salario pueda superar en 12 veces al del más modesto empleado de una empresa. Estoy en contra de esas limitaciones que quieren imponer los socialistas. No quiero control del Estado. Lo que quiero es devolver el poder a los accionistas y que el pueblo detente el poder político real. No los partidos”.


 
Para Thomas Minder, hombre de elegancia impecable, existe un libro sagrado. Se llama Código de Obligaciones, la legislación que rige las sociedades anónimas. “Este código establece de manera categórica que el 100% de los dividendos de una empresa deben revertir en los accionistas y que solo ellos pueden decidir dar recompensas a los ejecutivos que destacan en su gestión. Pero es inadmisible que se lleve un bonus alguien que dirige una empresa que da pérdidas o despide empleados”. Eso va a cambiar ahora con su iniciativa. Otras medidas concretas que emanan de la futura regulación llegan hasta la previsión de penas de cárcel firme de tres años (o más) y multas que pueden llegar a seis salarios anuales para quienes violen las nuevas reglas.


 
Entre las numerosas acusaciones que Minder hace al establishment helvético, una de las principales es que no existe ninguna relación entre las remuneraciones de los altos ejecutivos y sus resultados. “No existen las leyes de mercado en este mundo; solo el compadreo y los amiguetes que se reparten la tarta”, sentencia. Minder insiste en que su iniciativa no es de derechas ni de izquierdas. “Encabezo un movimiento popular, en la más pura tradición de la democracia directa suiza”.


 
¿Pero qué es la “democracia directa suiza”? Daniel Ordás, abogado suizo-español, autor del libro España necesita democracia directa, presentado recientemente, explica: “Consiste en dos elementos: las iniciativas y los referendos. Si recoge suficientes firmas, el pueblo vota si quiere esa ley y entra en vigor como si la hubiera elaborado el Parlamento”. Ordás no cree que Iniciativa Minder afecte a la economía suiza. “Más bien creo que esta decisión popular servirá de ejemplo para los Gobiernos europeos, cuyos ciudadanos no tienen derecho a elegir”.


 
Minder aprovecha para reforzar su recién respaldado discurso: “Europa tiene miedo al voto popular y a la democracia directa. Cuando la democracia muestra su verdadero poder da mucho miedo, porque prueba que la política se puede hacer a favor del pueblo, y no en su contra. A menudo pienso que la principal exportación de Suiza al mundo tendría que ser nuestra democracia directa. Si no queremos que se incendien las calles de Europa, tenemos que devolver el poder a los pueblos”.

 

Por Rodrigo Carrizo Couto Ginebra 10 MAR 2013 - 00:00 CET Ginebra 10 MAR 2013 - 00:00 CET

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Miércoles, 06 Marzo 2013 18:37

Entran en paro en el ingenio La Cabaña

Entran en paro en el ingenio La Cabaña

Cerca de 400 trabajadores afiliados a Sintrainagro se declararon hoy en cese de actividades en el ingenio La Cabaña, ubicado al norte del departamento del Cauca.

 

Y lo hacen tras más de 70 días de sufrir por parte de la empresa toda clase de violaciones al libre derecho de asociación sindical, incluido el despido de cerca de 100 trabajadores, entre ellos toda la junta directiva de Sintrainagro Seccional La Cabaña; y el asesinato de Juan Carlos Pérez, uno de sus líderes más caracterizados, ocurrido el 28 de enero a manos de sicarios en el municipio de Corinto.

 

También se produce este paro después de que Sintrainagro agotara todas las instancias legales de diálogo y posibles acuerdos, y ante el fracaso de la intermediación del Ministerio de Trabajo. La última reunión para buscar un acuerdo tuvo lugar el lunes pasado, pero la empresa volvió a mostrar su falta de voluntad para atender las demandas de los trabajadores, que se resumen en 4 puntos: respeto y garantías para la libre organización sindical; eliminación de la contratación mediante terceros y que ésta sea estable y justamente remunerada; la negociación de pliego de peticiones que Sintrainagro presentó desde el 7 de diciembre; y el reintegro de los trabajadores despedidos.

 

La Cabaña se considera un ingenio de mediano tamaño en el Valle del Cauca. Diario muele 7 mil toneladas de caña y da empleo a 2.500 personas, 1.500 con contrato directo y el resto con empresas contratistas. Precisamente éste es el argumento que esgrime para negarse a negociar con Sintrainagro: no tener ninguna relación laboral con los corteros, pues éstos los vincula mediante las tres empresas contratistas que le prestan servicios laborales; intermediación que la Ley 1439 y el Decreto 2025 prohíben para las labores misionales de las empresas, y no cabe duda de que el corte de caña es labor misional dentro del proceso de producción de azúcar.

 

Lo que ocurre es que La Cabaña es una especie de rueda suelta en el engranaje de la industria azucarera. Sus condiciones laborales son distintas a las de los otros ingenios porque no aceptó integrarse al proceso de formalización y contratación directa que se dio en esta industria tras los acuerdos del Plan de Acción Obama-Santos para la aprobación del TLC con Estados Unidos.  

 

Mientras la mayoría de los ingenios acogió la política de contratar directamente a los corteros, garantizarles estabilidad, jornadas no más allá de las 4 de la tarde, derecho de asociación y negociación colectiva y algunos beneficios extralegales, en La Cabaña esas mejoras no se dieron. Sigue vinculando mediante contratos de solo tres meses de duración, sin garantía de estabilidad, con jornadas hasta de 12 o más horas, sin pago de vacaciones, horas extras ni dominicales, sin la dotación laboral completa y a merced de la empresa en cuanto al peso de la caña, lo que hace que sus salarios sean más bajos que en los otros ingenios.

 

También denuncia Sintrainagro que el ingenio se ha convertido casi en un campo de concentración, donde nadie puede chistar, las reuniones de más de tres son prohibidas, quienes promuevan el sindicato son despedidos.

 

“Hoy hacemos uso de la protesta como la única medida capaz de hacer respetar los derechos que nos otorga la ley. La incapacidad del Gobierno para hacer cumplir la ley y la actitud represora y violenta de la empresa contra los trabajadores, nos obligan a iniciar el paro. Nuestras familias no merecen estar aguantando hambre. Somos hombres de bien y el único delito que hemos cometido es asociarnos sindicalmente para exigirle a la empresa que respete nuestros derechos”, se lee en el comunicado expedido hoy por Sintrainagro seccional La Cabaña.

 

El sindicato igualmente exige que se identifiquen y castiguen a los actores intelectuales y materiales del crimen de Juan Carlos Pérez. Frente a este tema Mauricio Ramos, presidente de la seccional de Sintrainagro en La Cabaña, señaló que el caso ya está en manos de un Fiscal y que la investigación al parecer va por buen camino.

 

Informó además que el paro se desarrolla en forma pacífica, pues los corteros han evitado toda confrontación con la fuerza pública y los piquetes de soldados del ejército que prestan servicio de vigilancia al interior del ingenio. En la mañana sí hubo una escaramuza con gases lacrimógenos, que no pasaron a mayores.

 

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, expresó su preocupación por la situación en La Cabaña y rechazó la política antisindical de esta empresa, que pretende desconocer la afiliación a Sintrainagro de más de 600 de sus corteros y se niega a negociar el pliego petitorio que éstos le presentaron, “mientras que a los empresarios les han inundado los ingenios con Policía y Ejército para intimidar  la libre movilización de los trabajadores y su protesta sindical”, señala esta central en un comunicado.

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