El ciclo económico después de la reforma tributaria

La coyuntura económica evidencia la creciente desaceleración de la economía colombiana...

 

El crecimiento económico tiene cuatro fases: auge, desaceleración, crisis y recuperación. Esta dinámica de los ciclos de negocios de un país tiene a veces momentos de auge prolongados que van acompañados de crisis de corta o de larga duración. Lo cierto es que cuando se agota una etapa favorable sigue siempre una contracción.

 

Todo lo que sube tiene que bajar

 

Hay economistas que afirman que la preocupación de quienes deciden sobre la política económica debe estar orientada a crecer lo máximo posible porque este hecho por sí solo desencadena beneficios para todos. Concluyen que no se requiere tomar acciones directas para llevar los resultados de las bonanzas a los sectores más excluidos. Menos aún protegerlos cuando llegan las vacas flacas.

 

Sin embargo existe más evidencia para contradecir esa hipótesis que para sustentarla. Angus Deaton estudió la crisis de 2008 en Estados Unidos y encontró que se incrementaron los casos de alcoholismo, drogadicción, y suicidios entre la población blanca no hispana de mediana edad que fue excluida del auge inmobiliario. En Colombia apenas entramos en la fase de desaceleración y ya se resienten las condiciones de vida de los más pobres. La incidencia de la pobreza extrema que había mostrado una tendencia decreciente, se incrementó en 60 puntos base de 2015 a 2016.

 

Cuando una economía se acerca a su mayor capacidad productiva tiende a emplear la totalidad de sus factores productivos, en el caso del trabajo podría hablarse de niveles cercanos al pleno empleo. Entonces los salarios reales aumentan y desestimulan la tasa de ganancia. Los inversionistas revisan sus decisiones de producción, iniciándose un proceso de desaceleración en el que disminuye el nivel de empleo y los salarios. “El consumo y la inversión de los capitalistas –advirtió Kalecki– además de los criterios de distribución del ingreso, determinan el consumo de los trabajadores y por tanto, los niveles de producción y empleo de un país”.

 

Con el fin de estimular la producción y mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse vía crédito y no con impuestos que siempre recaen sobre los salarios impactando negativamente la demanda y minando la capacidad de crecimiento o ampliando la profundidad de una crisis. Tal es la constante en Colombia. Desde mediados de 2014 la caída sostenida del precio del petróleo tuvo un efecto negativo sobre los ingresos fiscales del país. En 2016 se necesitaba 34 billones de pesos para cubrir los gastos de la nación. La solución fue imponer más impuestos sin considerar las consecuencias sobre el ciclo económico y sin tomar en cuenta los resultados sociales de esta decisión.

 

Como mínimo dos años más de desaceleración

 

De acuerdo con la tendencia del último ciclo económico se esperaría que la contracción llegara a sus niveles mínimos a finales del próximo año, volviéramos a llegar a un punto de máximo potencial hacia finales de 2020. No obstante, la reforma depositó su capacidad de recaudo en los impuestos indirectos que afectan mayormente a la demanda de los hogares, que ya venía desacelerándose. En el gráfico se observa que también el crédito de consumo crece a tasas menores, entonces es de esperar que tres puntos porcentuales más de IVA afecten nuestra recuperación.

 

Después del deterioro introducido por la reforma tributaria, las autoridades económicas centran ahora su esperanza en la política monetaria que en palabras del economista Galbraith no es socialmente neutral pues “favorece firmemente a la clase rentista” mediante los movimientos en las tasas de interés. Mientras el gasto público altera las decisiones de los sectores a los que la inversión privada debe dirigirse y por ende la tasa de ganancia, la política monetaria no precisa mayor inconveniente para la actividad privada y tampoco incide en la distribución de la riqueza, como si lo haría una política fiscal que protegiera el bienestar de los asalariados. Por estas razones los grupos de presión económica inciden mayoritariamente para que se privilegie las acciones de los bancos centrales para regular las economías.

 

Sobre tal particular, el Banco de la República reconoce el momento de menor demanda, el aumento de precios por cuenta del IVA, y el deterioro del mercado laboral: “La tasa de desempleo muestra una tendencia ascendente para el total nacional y las trece áreas [...] se observó una desaceleración importante en el empleo asalariado, el número de no asalariados aumentó frente a enero”.

 

Ante la magnitud del problema la decisión de la autoridad monetaria fue disminuir la tasa de intervención en 25 puntos base teniendo siempre presente el cumplimiento de la meta de inflación, y anunciando que vendrán más bajas: “Se han elevado simultáneamente los riesgos de desaceleración excesiva y de persistencia en la inflación, aumentando la incertidumbre sobre el paso al que se deben realizar reducciones adicionales de las tasas de interés”.

 

Para el pensamiento ortodoxo que domina a los banqueros centrales pensar en tolerar un poco más de inflación a cambio de un nivel más alto de empleo es sencillamente impensable. No hace falta decir que el descenso de tasas tenga algún efecto sobre el ingreso y menos sobre el empleo de las personas y que alivie las fallas de un modelo de producción en declive y con profunda desigualdad social. Esta medida por un lado abarata los costos de fondeo de la banca comercial, que sin duda no se transmitirán al público en general porque los bancos mejoran sus ingresos si dejan inmodificado sus márgenes de intermediación. De otro lado, los tenedores de TES aumentarán su riqueza porque el descenso de la tasa se traduce en aumento de precios de los bonos. Es sorprendente ver como Galbraith tiene razón.

 

Crecimiento sin equidad

 

El crecimiento económico de Colombia no es favorable a la clase asalariada. El empleo que genera es de baja calidad y los salarios solo se ajustan con base en las metas de inflación del Banco de la República, que rara vez se cumplen. En la siguiente gráfica se observa que indistintamente de la etapa de crecimiento, en los últimos diez años el país tiene entre el 42 y el 48 por ciento de su población económicamente activa por fuera del sistema de protección social en salud. Además, el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos y es muy baja la tasa de quienes logran una pensión. Estos resultados son la consecuencia de una profunda informalidad y un bajo ingreso y capacidad de ahorro de los asalariados.

 

A pesar de estas condiciones las entidades privadas que manejan el ahorro para pensión, con el fin de capturar mayores recursos para administrar, están presionando para que el Gobierno elimine tarde o temprano el régimen de prima media. Este régimen se basa en la solidaridad generacional y no en el rendimiento financiero de los aportes por lo que hace una cobertura de todo el periodo de vejez. En el régimen de ahorro individual se deja a su propia suerte a quienes no cumplan los montos mínimos para pensionarse o simplemente se racionaliza el ahorro para cubrir hasta donde sea suficiente, sin considerar mayores expectativas de vida.

 

Las decisiones privadas solo buscan su propio beneficio y su incidencia no es la mejor en términos de equidad y bienestar para las mayorías. Al Gobierno le corresponde usar todas sus herramientas para proteger a la población de las consecuencias de los intereses privados y es través del gasto que puede incidirse directamente en la actividad económica y en las condiciones laborales. Por el momento el Gobierno acude a la austeridad como medida, aunque de ella solo pueda esperarse que extienda más la fase recesiva.

 

La última reforma tributaria evidencia que el Gobierno también puede usar la política fiscal en contra del bienestar general y del crecimiento económico. El aumento del IVA golpeó fuertemente a las clases populares, y no se hizo mucho por atacar la evasión o por eliminar varios beneficios que abundan en el Estatuto Tributario. En el impoconsumo la evasión se acerca a 2 billones y la deducción plena del IVA en bienes de capital representa 6.4 billones cada año. De otro lado no tiene sentido hacer devoluciones de IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como son el carbón, los minerales y el petróleo crudo.

 

Haber llegado a una situación, como la de Colombia, en la que el 1 por ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional es el producto de la acumulación histórica de varias decisiones de política económica que no es que estén equivocadas sino que no están bien intencionadas, y que muestran la debilidad de un Estado que cede fácilmente ante las presiones de intereses económicos nacionales e internacionales, y no frente al evidente deterioro de las condiciones sociales.

 



Recuadro

 

Para favorecer a los de siempre

 

La reforma tributaria que entró a operar en 2017 no eleva el recaudo impactando al segmento de mayores ingresos del país sino que contribuye a la sociedad del cansancio introduciendo elementos más desfavorables para la clase trabajadora, entre ellos desde luego está involucrada la quimérica clase media. El hueco fiscal (desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno) es de 33.6 billones. Además 2017 es un año electoral en el que se debe engrasar la maquinaria política con mermelada en cada región. De allí que la negociación en el Congreso de la reforma tributaria haya sido un trámite sencillo sin mayor oposición. Ejecutivo y Legislativo pensando la permanencia del status quo perjudicando a un gran número de colombianos.

 

La estructura tributaria en Colombia es profundamente desigual. Dos personas con niveles de ingresos parecidos deberían ser tratados de la misma manera y dos empresas con similares características en su estructura financiera deberían contribuir con impuestos de manera similar, pero esto no sucede aquí, especialmente a nivel de las empresas, debido a los múltiples beneficios tributarios (zonas francas y contratos de estabilidad jurídica) y a los altos índices de evasión fiscal. El contrabando y la evasión mediante paraísos fiscales hacen que nuestro país deje de recaudar alrededor de 8,8 billones.

 

En Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso pero sólo tributa sobre la base del 11 por ciento de sus ingresos, porque el 89 por ciento restante de su riqueza está constituida solamente por dividendos. La concentración accionaria en el país es muy similar a la de la tenencia de la tierra. Un impuesto a los dividendos aumenta el ingreso de la nación removiendo esta inequidad. Esta iniciativa hubiera sido una muestra de gentil cambio de perspectiva de la clase política. La idea fue presentada por la Comisión de Expertos (con una tasa entre el 10% y 15%) pero rechazada por el gobierno debido a la alta presión de Anif y Andi. Anualmente en forma de dividendos hay 28 billones de pesos que se reparten entre empresas (gracias al discurso del estímulo a la inversión, se permite que el negocio de Carlos Slim retire anualmente 2 billones de pesos en remesas sin tributar un solo peso) y solo 4 billones entre personas naturales.

 

 

El golpe más violento a la clase trabajadora lo dio el Gobierno con el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA. De un lado restringe dramáticamente su ingreso disponible y por otro lado se profundiza la desaceleración reduciendo la demanda efectiva. El IVA es un impuesto indirecto de fácil recaudo que empieza a generar ingresos al Estado desde el primer mes de aplicación. Con el incremento pasamos a tener la tarifa de la Ocde sin tener los mismos niveles de ingreso ni el mismo gasto e infraestructura en bienes públicos y políticas sociales. Este impuesto se hubiera evitado si se hubieran eliminado las exenciones de IVA que privilegian ante todo a los capitalistas. Por ejemplo la eliminación la deducción plena del IVA en los bienes de capital representaría 6.4 billones cada año. En el comercio internacional se puede exigir por ejemplo no devolver el IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como el carbón, los minerales y el petróleo crudo. Evitar realmente la evasión de impuestos como el impoconsumo que representa dos billones de pesos al año.

 

La idea de impuestos saludables fue una propuesta interesante en la medida que contiene una acción preventiva en la salud pública si el recaudo se dirige de manera especial a gasto en prevención en salud. Pero el lobby de las empresas de gaseosas hizo que se retirara del proyecto de ley con el argumento cínico de que las gaseosas son imprescindibles en el desayuno de las personas más pobres.

 

El impuesto ambiental que creó el Gobierno no es sino otro impuesto a la gasolina sin ninguna incidencia ambiental porque se cobra sobre el consumo de gasolina y no sobre la emisión. Un impuesto realmente ambiental debe desestimular la emisión de carbono y el uso del automóvil. Por otro lado su recaudo debe destinarse específicamente a proyectos de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y no dejarse como un gasto a discreción del Gobierno.

 

En Colombia el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos. Para el porcentaje restante puede establecerse un umbral para que las pensiones altas se graven, un umbral a sugerir son más de 7 salarios mínimos.

 

La paz se construye con justicia social. En la reforma tributaria que nos deja el último periodo de Santos se refleja que no hay una medida de justicia sino una oportunidad de hacer de la administración del Estado una máquina de negocios tan corrupta que parece imparable. Dentro de las prioridades que tiene la política pública de Santos, redundar en el bienestar general es la última. Esta reforma tributaria es en beneficio de la clase política y de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.

Publicado enEdición Nº235
“Todos están en bancarrota”: Los puertorriqueños y la crisis económica

 

Ángel González, un maestro jubilado que enfrenta un recorte de 10 por ciento de su pensión, ha comenzado a preguntarse si las tres personas en su familia tendrán que usar el mismo teléfono celular y turnárselo.

Santiago Domenech, un contratista que tenía ahorrados dos millones de dólares en bonos gubernamentales cuyo pago recientemente incumplió Puerto Rico, alguna vez tuvo 450 empleados. Ahora tiene ocho. Su suegro, Alfredo Torres, es dueño de la librería boricua más antigua, pero desde hace dos años ha ido en picada.

“El gobierno está en bancarrota”, dijo Bernardo Rivera, un chofer de 75 años que conduce autobuses privados y en ocasiones gana 40 dólares en un día. “Todos están en bancarrota. Ya no queda nada. La gente que no tiene trabajo no toma el autobús para ir a trabajar”.

Estas son algunas de las historias de jubilados, comerciantes y servidores públicos de Puerto Rico que están atrapados en medio —ellos dirían que en el fondo— de la insolvencia más grande de un gobierno local en la historia de Estados Unidos.

Con una deuda de 123 mil millones de dólares que no puede pagar, Puerto Rico presentó el 3 de mayo un tipo de protección en caso de bancarrota, una medida que sacudió las espinas dorsales de todos, desde tenedores de bonos que temen pérdidas espeluznantes hasta barrenderos y empleados públicos cuyos salarios de por sí raquíticos probablemente seguirán reduciéndose.

El Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, una huelga resultó en manifestaciones de varios miles de personas en las calles, las cuales se tornaron violentas. Días antes, la gente estaba reunida en el trabajo, en los parques y en sus casas para debatir interminablemente sobre la incertidumbre de la situación. En la terminal de Río Piedras donde trabaja Rivera, los choferes y el personal de limpieza se juntaron para quejarse tanto de la baja en trabajo y el monto de las jubilaciones como del constante aumento en el precio de los servicios, como el agua y la electricidad.

A pesar de que la medida que se presentó el 3 de mayo no fue para nada una sorpresa, dejó a su paso una sensación de pesimismo y ansiedad: los funcionarios públicos se preguntan si recibirán sus jubilaciones y las empresas privadas prevén sufrir las consecuencias de un efecto dominó resultado del aumento de los impuestos, la caída de los salarios y el éxodo en masa a Florida por parte de la clase media.

“Yo me voy a quedar aquí, aunque gane solo un dólar”, dijo Rivera.

Los próximos meses, el gobierno planea implementar medidas de austeridad que golpearán en particular a los maestros. La secretaria de Educación puertorriqueña ya anunció una propuesta para el cierre de 184 escuelas. El profesorado podría enfrentar un recorte de dos días por mes.

Así que, mientras el gobierno busca protegerse de las demandas tanto de los fondos de cobertura como de otras firmas financieras que invirtieron para pagar la deuda riesgosa de Puerto Rico, los residentes de este territorio estadounidense están sufriendo las restricciones.

Las multas por estacionarse mal y otras violaciones de tránsito han aumentado al doble. Hay varias agencias gubernamentales que están en serios apuros y prestaciones como los bonos anuales de Navidad o la prima vacacional están a punto de convertirse en recuerdos nostálgicos.

Los residentes están preocupados de que su futuro esté en manos de extraños, una junta de supervisión y un juez federal.

“Llegará un momento en el que tendré que decidir entre si vivir en una casa o tener seguro médico”, afirmó Ángel González, el maestro jubilado de 55 años de edad. “¿Y la comida?”, preguntó, con un suspiro.

Su jubilación es de cerca de 1900 dólares al mes, de los cuales 556 están destinados a pagar el plan médico de su familia.

Roberto Pagán, vicepresidente de la división puertorriqueña del Service Employees International Union (sindicato internacional de funcionarios públicos), dijo que esperaba que casi 400.000 personas pierdan sus planes de salud porque no podrán solventarlos. Es probable que ya no haya quién registre querellas de servicios públicos como las denuncias de abuso infantil.

El gobernador Ricardo Rosselló, quien asumió el cargo en enero, reconoció que las personas con ingresos más bajos que no cuenten con acceso a asistencia médica y los padres que tengan a sus hijos en escuelas públicas serán las más vulnerables en los próximos meses.

“Todos deben hacer un sacrificio”, explicó en una entrevista. “Hemos sido muy claros acerca de cuál es ese sacrificio”.

Las medidas que tomó Rosselló se aplicaron poco a poco con el objetivo de que no fueran más injustas para un grupo, afirmó. La mayoría de los residentes cree que la única opción que tenía Rosselló era buscar un tipo de protección en contra de la ráfaga de demandas por el impago, aunque hay otras personas que lo han criticado por romper sus promesas de campaña.

Rosselló está en la posición incómoda de ser el heredero de muchos gobernadores que pusieron a Puerto Rico de rodillas en materia fiscal por tomar y tomar prestado para equilibrar los presupuestos y para financiar una burocracia abotargada de mecenazgo político.

Cuando asumió el cargo, Rosselló dijo que su primera tarea era determinar “la gravedad de la situación”. Esperaba un déficit de 3 mil millones de dólares, pero en cambio se encontró con uno de 7,5 mil millones de dólares.

Las dos administraciones pasadas hicieron recortes de miles de puestos de trabajo de la nómina pública y ahora Rosselló ha prometido que hará “recortes estratégicos”, que presuntamente no repercutirán en despidos y pondrán al gobierno en una posición que le permita negociar con sus acreedores desde una mejor posición. Entre las ideas que se han presentado se encuentra el recorte de 10 por ciento a las jubilaciones gubernamentales, lo cual afectará más a los jubilados de la policía y el magisterio porque no reciben beneficios del sistema de seguridad social.

El plan no impresionó a los acreedores, explicó Rosselló.

“No creen que el plan fiscal sea apropiado; piensan que deben ganar más dinero y que gane menos la gente de Puerto Rico”, dijo. “Por supuesto que mi postura es completamente opuesta: siempre protegeré al pueblo puertorriqueño”.

Santiago Domenech, el contratista general, vive en Aguadilla, un municipio ubicado al poniente de Puerto Rico. Dijo que no tenía idea de dónde quedarán las personas como él en la nueva realidad puertorriqueña. Con las enormes deudas que tiene el gobierno con cooperativas de crédito, con empresas como Microsoft, fondos de cobertura y proveedores de gasolina, ¿cuándo le pagarán para que salde sus cuentas pendientes?

No solo sus ahorros están sujetos a bonos de Puerto Rico, sino que su negocio de contratista también se fue a pique, principalmente porque el gobierno no pagó las interminables facturas de un proyecto de renovación del aeropuerto que rebasó el presupuesto.

“Me quedé sin dinero”, dijo Domenech, quien indicó que ha pensado en mudarse a Canadá. “Me siento frustrado e indefenso”.

Su suegro de 63 años, Alfredo Torres, es dueño de la Librería La Tertulia, la más antigua de la isla y la cual depende del ingreso disponible de estudiantes y profesores del campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, los estudiantes llevan un mes en huelga protestando en contra de los severos recortes al presupuesto, y las ganancias de la tienda cayeron hasta 70 por ciento este semestre, comentó Torres.

Torres dijo que lo más fácil sería culpar a la huelga de estudiantes por la baja afluencia de clientes, pero que cuando ve al centro urbano deteriorado que lo rodea, cree que la culpa está en las décadas de negligencia que llevaron a más personas hacia centros comerciales suburbanos y a otras tantas a salir de la isla.

“Mucho de lo que sucede podría ser nada más una percepción, pero es real”, comentó. “Basta darse una vuelta por la plaza”. La mayoría de los negocios en zonas comerciales como el Paseo de Diego están cerrados.

Los datos del Buró de Estadísticas Laborales muestran que la mano de obra de Puerto Rico cayó en casi 300.000 empleados durante la década pasada, dijo Carlos J. Saavedra Gutiérrez, el secretario del Trabajo de la isla.

“Este es un capítulo nuevo”, dijo, cuando recitó los cambios en materia laboral que espera que estimulen la economía y creen “un parche para el éxodo”.

Muchas de las personas que permanecen en Puerto Rico no tienen el dinero para irse. Jesús González, de 53 años, ha pasado 30 años barriendo las calles de San Juan, pero con los recortes que sufrirán las jubilaciones, calcula que tendrá que seguir trabajando por lo menos hasta los 70 años.

Los dos hijos adultos de Iris Matos se mudaron a la parte continental de Estados Unidos en busca de trabajo. Ella y su marido, empleados jubilados de una empresa eléctrica, se están preparando para un recorte mensual de 500 dólares en sus pensiones, a pesar de que sus nietos dependan de ellos para cubrir sus necesidades básicas.

“No hay un solo sector que no haya sido golpeado: los adultos mayores están preocupados por sus jubilaciones, los padres trabajan menos horas, los jóvenes están en huelga en la universidad y los niños están a punto de ver cómo cierran sus escuelas”, explicó Matos, de 64 años. “Están distribuyendo el dolor, pero solo a un tipo de personas: nosotros”.

 

(Tomado de The New York Times)

 

 

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Se agita la protesta laboral en Colombia: paros en magisterio, Min-trabajo, ICBF y taxistas.

Varias circunstancias se han juntado para hacer de ésta una semana bastante agitada en cuanto o movilización y protestas laborales, como hacía tiempo no se veía.

De un lado, varias agremiaciones de taxistas realizan hoy miércoles un paro nacional en protesta por la falta de acción de las autoridades locales y de tránsito para detener las plataformas ilegales que prestan servicio público, como Uber. Y hoy también los funcionarios del Ministerio de Trabajo iniciaron un paro indefinido por el incumplimiento de un acuerdo de nivelación salarial pactado hace dos años.


Mañana jueves los más de 300 mil educadores adscritos a Fecode paralizarán labores indefinidamente, ante la negativa del Ministerio de Educación a negociar los puntos sustanciales del pliego petitorio presentado el 28 de febrero. Y pararán también los empleados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde desde hace 3 años el Gobierno se comprometió ampliar la planta de personal con 2 mil cargos formales, y a hacer una nivelación salarial general, pero no ha cumplido ni una cosa ni la otra, según denunció Sintrabienestar, sindicato que lidera el paro de los más de más de 3 mil empleados de esta entidad.


Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales de la CUT, dijo que es posible que el martes 16 de mayo también paralicen labores los trabajadores del SENA y de la rama judicial, suyas directivas sindicales están en consultas para tomar una decisión al respecto. La razón es la misma: incumplimientos de acuerdos pactados con el Gobierno.


Para este dirigente sindical la situación es parecida a la que el país vivió hace 20 años, al final del gobierno Samper, cuando hubo una seguidilla de incumplimientos de compromisos adquiridos con los trabajadores estatales, lo cual generó un clima de inconformidad que terminó en un gran paro estatal que duró más de un mes. En ese momento Samper era un presidente debilitado por el proceso 8.000, como hoy lo está el presidente Santos, cuya popularidad está en el piso más bajo, rodeado de escándalos de corrupción y un pobre balance económico y social.


“Hoy hay incumplimientos del Gobierno en casi todas las entidades del Estado, hemos firmado dos acuerdos marco estatales y centenares de acuerdos de orden local y regional, y la mayoría se ha incumplido”, precisó Maltés.


Las razones de Fecode

“Nuestra aspiración era que luego de 40 días de negociaciones de nuestro pliego, lográramos llegar a un acuerdo sin necesidad de movilizaciones ni de paros. Pero a 3 días de que se cumpla ese plazo el Gobierno se ha negado a tocar los puntos gruesos del pliego, y lo justifica con la frase de siempre: no hay plata, el mismo argumento que esgrime en la mesa de negociación de los estatales, donde tampoco ha habido acuerdos sino dilaciones”, comentó Rafael Cuello Ramírez, Secretario General de Fecode, organización que convocó para mañana jueves un paro nacional indefinido que dejará sin clases a unos 8 millones de estudiantes.


El directivo sindical reconoce avances en 11 puntos del pliego que negocian con el Ministerio de Educación. “Pero son los puntos menores, porque cuando llegamos a los puntos nodales, los que tienen que ver con la parte económica y la reforma al sistema general de participación, hay se atranca la negociación”, agregó.


Según Cuello, el origen de la situación actual es el acto legislativo 01 de 2001, que modificó el situado fiscal que proveía los recursos para la salud, el saneamiento y la educación, y lo cambió por el Sistema Nacional de Participación, que limita los recursos para esos tres sectores, los cuales, según Cuello, dejaron desde entonces de recibir $134 billones, y de ellos la mitad corresponde a educación.


“De ahí viene la crisis actual. No hay plata para servicios generales, para dotación, infraestructura, para nivelación salarial. Estamos cansados de que siempre nos saquen esa disculpa, y esta vez con un descaro mayor: nos dicen que hay que socializar un déficit fiscal de $1.6 billones. O sea que los maestros, que no hemos robado la plata en corrupción o en despilfarro, tenemos que contribuir para que el déficit se solucione a favor del gobierno”, señaló el Secretario General de Fecode.


Según esta organización sindical, lo que el Gobierno les está incumpliendo a los maestros con el argumento de la falta de plata, tiene que ver con el pago de deudas por diversos conceptos, como bonificación por servicios prestados, proceso de nivelación, proporcionalidad de la prima vacacional, cursos para evaluación, modificación de varios decretos que Fecode considera lesivos para la educación pública, entre otros. Y tiene que ver con un pírrico aumento salarial, pues, al igual que al resto de los funcionarios del Estado, para este 2017 la propuesta del Gobierno es aumentar solo el IPC más el 0.15%, o sea $2.250 pesos diarios, lo que ha generado un profundo malestar y descontento.


En la balanza de reclamos también está el tema de la salud del magisterio, que está en una situación crítica. El proceso de licitación fue nuevamente suspendido por la Fiduprevisora ante una solicitud de la Procuraduría General, y la fecha para el inicio del nuevo contrato está en duda.


“La salud para los maestros no es gratis, nosotros la pagamos de nuestro bolsillo y nos están dando un servicio terriblemente calamitoso. No avanza el proceso de licitación para un nuevo contrato, llevan un año en eso. Lo que queremos es que se firme el nuevo contrato de servicio de salud de los docentes, beneficiarios y pensionados, y se acabe con el pésimo servicio que recibimos”, enfatizó Cuello.


Otro tema nodal es la jornada única, y los decretos del gobierno que la instituyeron y que, según Fecode, se deben derogar porque introducen modificaciones de fondo en la carrera docente y el sistema educativo en general; aparte de no haber sido consultada con el magisterio. En este punto ha habido acercamientos con el Ministerio, pero no acuerdos, señaló Cuello, para quien ninguna reforma educativa puede pasar sin el concurso de los maestros.


“Cómo es posible que uno de los decretos establezca incremento salarial del 25% para los rectores que acojan la jornada única, pero no para los docentes. Tampoco hay nada sobre mejoras en alimentación para estudiantes, ni en infraestructura y una moderna dotación. Fecode está de acuerdo con la jornada única, pero no así”, precisó Cuello.


Itinerario del paro de maestros

De acuerdo con la información suministrada por Fecode, el paro nacional del magisterio arranca mañana con asambleas informativas de los docentes en todas las instituciones educativas. Estas mismas asambleas que se realizarán el viernes 12 de mayo, pero ya con los estudiantes y padres de familia, para explicarles las razones del paro.


El lunes 15 de mayo, que coincide con la celebración del Día del Maestro, habrá actividades culturales, artísticas y plantones. “Pero no vamos a hacer jolgorio, vamos a celebrar el Día del Maestro en medio de la movilización y el paro, en la lucha”, explicó Cuello Ramírez.


El martes 16 de mayo se realizará lo que Fecode ha llamado “La gran toma de Bogotá y las capitales de los departamentos” por parte del magisterio colombiano, con marchas y movilizaciones en la capital y en todo el país. A esta actividad ya anunciaron su vinculación otras organizaciones sindicales, en solidaridad y apoyo al paro magisterial.


Y el miércoles 17 de mayo se reunirá la Junta Nacional de Fecode para evaluar y hacer un balance de la situación, y definir si se continúa con el paro nacional y las actividades pertinentes.


Por otra parte, Cuello Ramírez fue enfático en que esta vez no se puede caer en el clima de desinformación que tanto daño hizo en el paro de dos semanas que Fecode adelantó en el 2015. Al respecto indicó:


“Los aprendizajes hay que asimilarlos, por eso les pedimos a los docentes que solo se atengan a la información oficial que Fecode difunda por sus medios propios, circulares y comunicados de prensa. Les pedimos a los dirigentes regionales que no especulen con acuerdos o preacuerdos hasta que no salga algo oficial. En este momento necesitamos ser juiciosos y estar todos unidos para sacar este movimiento adelante”.


Finalmente, Cuello ratificó la voluntad de diálogo de Fecode para encontrarle una salida a la situación, y de la misma manera espera que el Ministerio de Educación y el Gobierno tengan igual actitud de concertación.


“Nosotros somos gestores de cultura, de pedagogía, de ciencia, de tecnología y de paz. Somos una agremiación que lucha por el derecho a la educación pública financiada por el Estado, que trabaja por su bienestar de sus 330 mil maestros que existen en Colombia afiliados a Fecode”, puntualizó.


El paro en el Ministerio de Trabajo


Según dijo a esta agencia de información Guillermo Elizalde, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Protección Social, Sinaltraempros, que es mayoritario en el Ministerio de Trabajo, todo estaba listo para que hoy miércoles se dé inicio al paro indefinido en esta entidad.

Señaló que ayer martes hubo asambleas y mítines en todas las direcciones regionales del Ministerio y el personal está animado para adelantar la protesta, la cual es coordinada por el Comité Ejecutivo de Paro en todas las seccionales.


El paro fue votado el pasado miércoles por abrumadora mayoría. La entidad tiene cerca de 1.600 funcionarios, y a favor votaron por 1.275, con solo 52 votos en contra del paro. Participaron incluso los empleados no sindicalizados.


La causa medular de la protesta es que el gobierno no ha cumplido con la nivelación salarial pactada en 2015 entre el Ministerio de Trabajo y sus organizaciones sindicales, lo cual para éstas no tiene ninguna justificación.


“Hay estudios que avalan la viabilidad de la nivelación salarial que pedimos. Tiene el visto bueno de la Función Pública y el mismo Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Hacienda dice que no hay plata para los trabajadores. Sabemos que hay recursos para solucionar el problema, pero los están concentrando en otras actividades”, señaló Guillermo Elizalde.


Con respecto al papel mediador que pueda jugar la nueva Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo Gallego, el señor Elizalde dijo que todavía no ha habido cercamientos con ella, por lo que ve difícil que la orden de paro se detenga.


“Llevábamos dos meses tratando el problema con la ministra saliente Clara López, por lo que es difícil decirles ahora a los trabajadores que vamos a empezar otro largo proceso con la nueva ministra. Además, este es un problema que lo conoce la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, que deben buscar las soluciones”.


SNTT frente al paro de taxistas


Según la Asociación Nacional de Taxistas, la organización que lidera la protesta nacional que hoy se adelanta en el país, esta se da como una respuesta a la continuidad de plataformas digitales ilegales, como Uber y Cabify, las cuales están vulnerando el derecho al trabajo de los taxistas. También para protestar por otros sistemas de transporte público no regulados, como el mototaxismo.


Sin embargo, Esteban Barbosa, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Transporte (SNTT), estima que el paro de hoy no es impulsado por los conductores de taxi, los trabajadores, sino por los grandes propietarios de empresas de taxis y administradores, que ven en peligro su negocio con la irrupción de las nuevas plataformas tecnológicas; negocio que, según él, está sustentado sobre el esfuerzo y el sudor de los conductores, “esos seres humanos en los que los empresarios no piensan, y que padecen el yugo de la explotación laboral”.


Por esa razón, indicó, muchos taxistas asalariados no participan hoy en el paro, y la SNTT tampoco lo apoya.


“El problema de los taxistas de este país es que no hay una organización fuerte que los aglutine a todos. Hay muchas asociaciones y liderazgos con muy pocas bases, que dicen representar los intereses de los conductores cuando en el fondo lo que defienden son los intereses de los empresarios y los administradores. Esa es la dicotomía que tiene este sector”, explicó Barbosa.

Fecha: 10 Mayo, 2017

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Multitudinarias marchas en AL por el 1º de mayo

La Habana.

El Día Internacional del Trabajo se conmemoró este lunes en América Latina con movilizaciones masivas.

Más de 6 millones de personas marcharon en Cuba, informó la televisión estatal. Un hombre corrió delante de la manifestación anual del Primero de Mayo en Cuba ondeando una bandera estadunidense, hasta que fue detenido. El individuo también llevaba la bandera cubana en el frente de su camiseta.

El presidente Raúl Castro, quien ha liderado un acercamiento con Estados Unidos, observó la inusual violación a la seguridad desde un podio en un acto cuidadosamente organizado. Castro ha anunciado que dejará la presidencia en febrero, por lo que este será su último Primero de Mayo como mandatario.

En La Paz, el gobernante boliviano, Evo Morales, decretó un aumento salarial de 7 por ciento para los trabajadores de empresas públicas y privadas en presencia de líderes sindicales, pero sin las patronales que cuestionaron la medida.

Las centrales obreras de Argentina convirtieron el día en una jornada de protestas contra el gobierno de Mauricio Macri, cuyos partidarios organizaron el primer acto con miras a las elecciones legislativas de octubre.

Los sindicatos de la Confederación de General de Trabajadores (CGT) se congregaron en el estadio cerrado de Obras Sanitarias, tradicional escenario de conciertos de rock y partidos de basquetbol.

"¿Quién puede sostener que con media población que tiene dificultades para llegar a fin de mes se puede creer en una democracia y en la república?", consideró Juan Carlos Schmid, uno de los tres líderes de la CGT, la principal central obrera del país.

Los partidos oficialistas de derecha PRO y FE llamaron por redes sociales a sus afiliados para reunirse en el estadio techado del club Ferro Carril Oeste, donde se esperaba la noche del martes un discurso de Macri.

"Feliz día para todos los trabajadores argentinos, que son la fuerza que mueve al país hacia el futuro", expresó este lunes Macri en sus redes sociales.

Los sindicatos brasileños volvieron a protestar contra las medidas de austeridad del gobierno de Michel Temer en varias ciudades del país durante la celebración del Día Internacional del Trabajo y anunciaron que convocarán a nuevas marchas tras la huelga general del viernes, que logró la adhesión de entre 35 y 40 millones de trabajadores.

Cerca de 50 mil personas marcharon en Colombia, en una jornada sin incidentes en la que abogaron por la implementación del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y por mejoras laborales.

Trabajadores ecuatorianos, divididos en favor y en contra del gobierno, celebraron con nutridas marchas, una encabezada por el presidente Rafael Correa, quien dejará el poder el 24 de mayo.

Los sindicatos considerados de oposición marcharon por calles del centro histórico de Quito, mientras las organizaciones afines al gobierno se concentraron en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí, zona oeste, donde Correa resumió las reformas laborales hechas durante su gestión y arremetió contra el neoliberalismo y la derecha ecuatoriana.

Con dos marchas separadas, los sindicatos chilenos conmemoraron el Día del Trabajador, en una jornada que reflejó en las calles de Santiago la división que vive el movimiento sindical, y con saldo de ocho policías lesionados y medio centenar de detenidos, informó la policía.

En Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, República Dominicana y Puerto Rico, miles de trabajadores se volcaron a la calles en defensa del respeto a la libertad sindical, aumentos salariales, mejores pensiones y contra las privatizaciones.


Miles de trabajadores inmigrantes desafían el clima de terror en EU

 

David Brooks

Nueva York.

Desafiando la ola de terror desatada por las políticas de Donald Trump, miles de trabajadores inmigrantes y sus aliados se atrevieron a salir a las calles en decenas de ciudades, y rescatar una vez más la memoria histórica del Primero de Mayo en el país donde se originó –pero no se festejaba– el Día del Trabajador.

"¡Aquí estamos y no nos vamos y si nos echan nos regresamos!", y el "sí se puede" marcaron marchas y mítines en los que trabajadores de las esquinas del mundo se encontraron con sus contrapartes estadunidenses en avenidas y plazas del país para sumarse a un coro de resistencia sin precedente al presidente novato.

En esta ciudad, donde hoy día se hablan más de 200 idiomas y más de 40 por ciento de su población nació en otro país, se encontraron mexicanos, puertorriqueños, filipinos, coreanos, unos cuantos africanos y chinos, paquistaníes, palestinos (hubo un coro de "de Palestina a México, muros no"), entre otros.

"Somos el santuario de cada uno de los otros, damos vida a todo dentro de estas fronteras que nos quieren estrangular", declaró un líder comunitario ante unas 500 personas en Union Square, en uno de los cuatro actos en esta ciudad en el transcurso del día. Poetas latinos y afroestadunidenses leyeron poemas: "Oye, mi gente, la liberad es mi única bandera", entre otros versos sobre el muro, la explotación, la resistencia y la lucha por la dignidad.

Una amplia gama de sindicatos que históricamente han sido no sólo construidos por inmigrantes, sino una de las pocas organizaciones sociales que integran sus filas con todas las etnias, colores y orígenes, encabezaron los principales actos. "La lucha obrera no tiene fronteras", se leía en la pancarta de una agrupación de trabajadores latinoamericanos.

Un dirigente recordaba al público que el levantamiento contra Trump este día primero tiene sus raíces en el movimiento laboral por la jornada de ocho horas que estalló en Chicago en 1886, y que poco después se empezó a festejar en todo el mundo como Día Internacional del Trabajo, pero que aquí, con las masivas movilizaciones de inmigrantes del primero de mayo de 2006 fue que renació esta fecha en Estados Unidos como un día de lucha por los derechos de los trabajadores.

Los agremiados fueron acompañados por promotores de santuarios para los inmigrantes perseguidos, hijos de padres indocumentados, representantes de luchas anteriores de otros grupos inmigrantes –irlandeses y judíos que recordaban que son hijos o nietos de otros refugiados e inmigrantes–, frentes de defensa de derechos civiles, como Black Lives Matter, y otros.

"Mi padre es un inmigrante, igual que aquellos que llegaron desde Rusia por barco, o desde Corea por avión, o que cruzaron la frontera desde México, todos llegaron aquí en busca de una vida mejor para sus familias, y lucharon por una vida digna no sólo para ellos, sino para todos en este país, y ahora nos toca luchar a nosotros; eso es lo que hicieron nuestros ancestros", declaró un estudiante de secundaria de 11 años ante más de 5 mil personas en el acto más grande en esta ciudad organizado por sindicatos y grupos de defensa de inmigrantes en Foley Square, cerca de la alcaldía, los tribunales y el edificio de agencias federales, incluido el de la migra, en la punta sur de la isla.

Tomaron la palabra representantes sindicales, de comunidades musulmanas, de una organización para la educación de trabajadores judíos inmigrantes que se fundó hace más de un siglo, oficiales electos de la ciudad... todos se hicieron eco de lo que se ha vuelto una demanda central desde que llegó Trump a la Casa Blanca: "no al muro, no a la prohibición (de refugiados e inmigrantes de países musulmanes), no a las redadas".

Una banda de metales –la Banda de la Resistencia– entonó, entre un poco de funk, el himno estadunidense, pero después siguió el de México, para acabar con Esta tierra es tu tierra, el gran himno de los de abajo, de Woody Guthrie.

Estos mosaicos de resistencia se repitieron de costa a costa en el país; miles se manifestaron y hasta hicieron paros laborales. En Washington DC miles llegaron frente a la Casa Blanca para denunciar las políticas del ocupante. Inmigrantes de CASA in Action Maryland y otras organizaciones y sindicatos marcharon con pancartas y mantas, en una se leía: "Prohíban la ignorancia, no a los inmigrantes", aquí se sumó el representante federal demócrata Luis Gutiérrez, entre otros, y, de hecho, un gran número de legisladores federales se juntaron en una expresión de solidaridad con los inmigrantes del país.

En Chicago, miles de inmigrantes y sindicalistas marcharon juntos en contra de las políticas de Trump y en favor de salarios y derechos laborales justos, movilización a la que se sumaron el senador federal demócrata Dick Durbin y otras figuras.

En Los Ángeles, miles participaron en por lo menos tres actos –algo que al igual que en Nueva York fue resultado de algunas divisiones– en el transcurso del día. El guitarrista Tom Morello encabezó una de las marchas.

Hubo más acciones en Seattle, Portland, Oregon, Oakland, Filadelfia, Indianapolis, San Francisco, Phoenix, Atlanta y Miami, entre muchas ciudades más. En Austin, se llevó a cabo una ocupación pacífica de las oficinas del gobernador Greg Abbott en protesta por las medidas antimigrantes que promueve.

Cientos –algunas organizaciones reportan que miles– de comercios cerraron en solidaridad y algunos de los dueños acompañaron a sus trabajadores a las marchas.

A la vez, las dimensiones de estas movilizaciones fueron menores de lo previsto por varios organizadores. Esto, según algunos entrevistados por La Jornada, no es sorprendente, dado el clima de alarma, ansiedad y temor que Trump ha cultivado entre las comunidades inmigrantes desde que ganó la elección. De hecho, algunos se asombraron de que, a pesar de ello, tantos decidieran participar en las expresiones públicas de repudio contra el mandatario más antimigrante y antipopular en la historia moderna de este país.

"Estamos aquí para resistir, resistir y resistir", advirtió una organizadora en Nueva York. "Esto apenas empieza".

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Ocho motivos por los que protestan trabajadores

Cientos de trabajadores saldrán este lunes a las calles en las principales ciudades del país para celebrar el Día Internacional del Trabajo y cumplir con la convocatoria realizada por las centrales obreras.


A juicio del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza, dijo que la situación del país en materia laboral es difícil por la política económica desarrollada por el Gobierno nacional.


Dijo que no será una celebración sino una protesta por lo que está sucediendo en Colombia y el resto del mundo, especialmente en el país donde hay una alta inequidad social y una muy grave concentración de la riqueza.


Igualmente se protestará por los efectos lesivos para la sociedad de la reforma tributaria y las alzan en los impuestos locales como prediales y pagos de valorización que afectan directamente a las clases populares.


Las marchas se realizarán en las principales capitales de departamentos de todo el país, en Bogotá la movilización saldrá a las 9 a.m. del Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar, para protestar por la imposición por parte del gobierno de Juan Manuel Santos de las más lesivas medidas económicas, sociales y laborales, de fin de año quedan los amargos recuerdos de la reforma tributaria con aumento del IVA, el mísero salario mínimo, la negación de la ley aprobada en el Congreso y negada por Santos que le concedía derechos de trabajadoras formales a las madres comunitarias.


“Así mismo, en la semana anterior han impulsado con inusitada propaganda la entrada de Colombia en la OCDE, el nuevo tratado de libre comercio comandado por los Estados Unidos y Europa, con reforma pensional cantada a los cuatro vientos para dar un nuevo zarpazo a los ya reducidos ingresos de los trabajadores y el incremento de los recursos de los grandes potentados y multinacionales que llevan al país a ser uno de los países más desiguales del mundo”, aseguró Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.


Aunado a esto, Colombia padece la más voraz ola de corrupción puesta al descubierto por los escándalos de las multinacionales Odebrecht, CBI y Canal de Isabel II, en Ruta del Sol II y Navelena, Reficar y acueductos de la Costa Atlántica, entre otros, que financiaron las campañas presidenciales del 2010 y 2014 de Santos y Uribe, y continúan desangrando a la nación entera.

1. Formalización laboral: el 61,6% de los 22´156.000 ocupados estaba excluido del sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías y cajas de compensación familiar). Sólo el 41,9% aportaba al sistema de salud, el 39,3% cotizaba a pensiones, el 45,3% lo hacía a riesgos laborales, y 38,4% estaba afiliado a las cesantías.


Adicionalmente un sector muy importante de los trabajadores que pagan seguridad social son tercerizados y subcontratados. El 73,8% del total de ocupados tenía empleo precario (en 2015 fue 74,4%), esto es, sin contrato o con contrato a término fijo o vinculados por empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado o empresa asociativa de trabajo.


2. Salarios


Para el I trimestre de 2016 sólo el 53,8% de los ocupados manifestó tener un contrato de trabajo, de estos, el 61,7% escrito y el 38,3% verbal. Entre los escritos el 67,9% era a término indefinido y el 31,7% fijo. De cada 100 ocupados 49 eran asalariados y 51 no lo eran. El 16,9% de los primeros recibió menos de las 2/3 partes del salario medio.

3. Libertades sindicales:


-Afiliación Sindical. Para el 2015 la afiliación a sindicatos sobrepasó ligeramente el millón de afiliados, para una tasa de sindicalización del 4,6% con respecto al total de ocupados. En 2016 la tendencia creciente se mantuvo y se reportaron un total de 1´020.160 afiliados, un incremento de 1,8% con respecto al año anterior, permaneciendo la tasa invariable. Ese año se registraron 5.451 organizaciones sindicales. Los sectores que más afiliados tuvieron: Educación (26,5%), Industria manufacturera (11,8%), Administración pública y defensa (11,8%) y servicios sociales y de salud (11,0%).

4. Negociación Colectiva. En 2015, de cada 100 convenios colectivos registrados en los sectores público y privado, 73 fueron contratos sindicales, 19 convenciones colectivas y 8 pactos colectivos. Mantienen pues preponderancia los contratos sindicales, que reemplazaron las cooperativas de trabajo asociado y se consolidan como un mecanismo para la desnaturalización de la actividad sindical. El 36% de las convenciones colectivas se dio en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras que un 17% en el sector industrial y un 11,6% en la salud. La mayoría de pactos colectivos, el 42,6%, se registró en la industria manufacturera. El 97,7% de los contratos sindicales se suscribió en el sector servicios sociales y de salud.

5. Libertad sindical.


De una muestra de 220 casos de libertad sindical, entre resoluciones del Ministerio de Trabajo, fallos de tutela, procesos ordinarios y proceso especial de fuero, se analizaron 170, de los cuales 111 son casos que NO amparan el derecho a la libertad sindical, representando el 65,3% de casos analizados.
El Mintrabajo no protege la Libertad Sindical porque sus decisiones contradicen tanto normas internas como internacionales.

6. Derechos Humanos


En 2016 persistió la violencia contra sindicalistas. Se registraron 268 violaciones, entre éstas 19 homicidios, 17 atentados, 188 amenazas, 28 hostigamientos, 5 detenciones arbitrarias y 8 allanamientos ilegales. En lo corrido de 2017, 2 sindicalistas afiliados a la CUT han sido asesinados.

7. Empleados estatales: la negociación en el sector público no ha avanzado porque el Gobierno no cumple los acuerdos, no se ha comprometido con la eliminación de las nóminas paralelas que la Corte Constitucional ha ordenado en reiteradas sentencias y ha ofrecido un irrisorio incremento salarial del IPC + 0,15% (5,9%), que en la práctica no recupera el poder adquisitivo perdido por los 3 puntos del IVA en la reforma tributaria.

8. Agenda sindical para la construcción de la paz:


El compromiso de establecer un plan de formalización laboral y seguridad social para los trabajadores rurales (punto 1.3.3.5 del acuerdo), es un tema específico en el que el sindicalismo incidirá para que los cinco millones de trabajadores rurales puedan organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo.


-Garantías para los movimientos y organizaciones sociales: después del proceso de deliberación con los distintos movimientos sociales del país, el movimiento sindical quiere seguir incidiendo para que esta Ley se convierta en una verdadera política pública y que los derechos de asociación, de negociación colectiva, de protesta, de huelga, de consulta y de protección efectiva contra actos de discriminación e injerencia antisindical, se vivan efectivamente como garantías específicas para la existencia y reconocimiento del movimiento de los trabajadores.


-Garantías para la movilización y la protesta pacífica.


-Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición.


-Reparación Colectiva. El sindicalismo ha reclamado por varios años que se establezca una política de reparación para las organizaciones sindicales que resultaron afectadas en su existencia y funcionamiento con ocasión del conflicto, y logró, en el marco de la ley de víctimas, que se estableciera una instancia de alto nivel para negociar dicha política, y ahora con los compromisos del Acuerdo Final, podría finalmente avanzarse en la reparación a las organizaciones sindicales.


Ante este desalentador panorama, los trabajadores y sectores populares preparan un paro cívico nacional con participación de los más amplios y variados sectores sociales, políticos y sindicales del país.

 

Abril 30, 2017 - 06:08 PM

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Balance de 6 años del Plan de Acción Laboral Colombia-EEUU.

6 años entre demoras, presiones y demandas por incumplimiento de obligaciones del TLC

Incluye el balance normativo en libertad sindical y formalización laboral y las 5 propuestas del Min-trabajo

 

Este 7 de abril se cumplen 6 años de vigencia del Plan de Acción Laboral (PAL), firmado por los entonces presidentes de Estados Unidos y Colombia (Obama-Santos); 6 años en los que hemos sido testigos de dos procesos estrechamente vinculados, pero muy contrastados.


Por un lado, el monitoreo de la implementación de las 37 medidas incluidas en el PAL se ha hecho con relativa diligencia por parte de las entidades estadounidenses encargadas: la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) del Departamento de Trabajo, y la Oficina del Representante de Comercio (USTR en inglés). Más allá de los informes anuales publicados sobre el estado del PAL, se ha buscado dialogar no sólo con las contrapartes del gobierno colombiano, sino con actores claves del mundo de trabajo en ambos países. Por otro lado, las acciones del gobierno colombiano con respecto a las solicitudes continuas de mejorar y apurarse en la implementación y apropiación de los compromisos asumidos, nunca han alcanzado las alturas de su propio discurso, que enfatiza el deseo de regular las relaciones laborales del país con enfoque proteccionista y garantista.


Año tras año la ENS ha hecho un seguimiento detallado del estado de cumplimiento del gobierno colombiano con sus compromisos, y cada informe publicado[1] muestra la falta de voluntad y/o seriedad del gobierno colombiano en acoger todas las medidas del PAL, además de las muchas otras asociadas con los convenios ratificados por el país y las sugerencias de la OIT. Y muestra la necesidad de diseñar una estrategia efectiva para su implementación, reglamentación y monitoreo permanente.

Han sido 6 años de palabras esquivas y promesas evadidas, que han hecho que un gran porcentaje de la población trabajadora colombiana siga sin acceso a sus derechos laborales básicos, y que las organizaciones sindicales aún esperen un entorno socio-político y cultural en el cual puedan ejercer sus derechos sin miedo a la violencia, a los despidos injustos, al hostigamiento y el ostracismo social; sin sentirse como “estorbos” o personas que “acaban empresas”, simplemente por velar por los derechos de los trabajadores del país.


El año pasado varios sindicatos de Colombia y Estados Unidos[2], cansados de los incumplimientos del PAL y el no rendimiento de cuentas del gobierno colombiano, decidieron presentar una queja formal por no cumplir con las obligaciones inscritas en el capítulo 17 del TLC, formalmente llamado el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América (CTPA), que entró en vigor el 15 de mayo de 2012.


La queja plantea principalmente el incumplimiento del gobierno colombiano en la aplicación y protección de los derechos enunciados en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998), además de no aplicar o hacer cumplir las leyes laborales colombianas, y no garantizar el acceso a los procedimientos, ni su transparencia en los tribunales administrativos, judiciales y laborales. Refiere dos casos específicos de incumplimiento: uno del sector petrolero y el otro del sector azucarero.


La OTLA tuvo 180 días para investigar la queja y hacer su informe, el cual presentó a principios de este 2017. Sus conclusiones y sugerencias resaltan la falta de diligencia política, legislativa y administrativa del gobierno colombiano en temas laborales y sindicales. Su ineficacia y lentitud para cumplir los convenios internacionales y las leyes laborales se ha dado a pesar del apoyo financiero y técnico recibido por parte del gobierno estadounidense y la OIT, equivalente a $25 millones de dólares, aparte de la delegación de un agregado laboral en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá.


El informe de OTLA resalta varias deficiencias en la regulación de las relaciones laborales en el país, que afectan negativamente el ejercicio de algunos de los derechos laborales fundamentales, especialmente el derecho de libertad sindical y la negociación colectiva. El sistema de inspección laboral, pese a su ampliación y reestructuración operativa, aún es ineficiente y excesivamente burocrática, no presta la atención necesaria a las prácticas de tercerización laboral ilegal y discriminación sindical.


Razones para que el sistema de inspección presente estas fallas, según la OTLA, son: alta rotación de personal, dificultades del equipo de inspección para viajar a zonas rurales, falta de una estrategia nacional de inspección y no aplicación de un sistema nacional de gestión de casos, las demoras en el proceso de inspección y el no cobro de multas relacionadas con los derechos a la libertad de asociación y la negociación colectiva.


A pesar de que el Min-trabajo casi duplicó su planta de inspección desde la firma del PAL, que pasó de 410 inspectores en 2011, a 819 en octubre de 2016[3], su desempeño y efectividad no corresponde con dicha expansión. Mientras que en 2010 un total de 423 inspectores hicieron 24.631 inspecciones administrativas, en 2015 los 826 inspectores sólo pudieron adelantar 3.099. Y una tendencia aún más preocupante: en 2010 (antes del PAL) 423 inspectores hicieron 9.066 visitas, mientras que en 2015, con una planta de inspección casi duplicada, y con presupuesto y salarios significativamente más altos, sólo se adelantaron 1.063 visitas[4].


El bajo rendimiento y excesivamente burocratizado de la inspección laboral se refleja también en la ineficacia para hacer cumplir las leyes laborales en los lugares de trabajo. Con respecto a la tercerización laboral ilegal, el informe de la OTLA reafirma lo que ya se ha dicho en los informes de seguimiento del PAL realizados por la ENS: pese a las medidas que ha tomado el gobierno, aún existen serias preocupaciones porque el Min-trabajo no está aplicando debidamente la legislación.


Entre las medidas que el gobierno ha tomado en contra de la tercerización abusiva, cabe mencionar los nuevos decretos y leyes que la prohíben: artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el ya hundido decreto 2025 de 2011, y el decreto 583 de 2016, provisionalmente suspendido por el Consejo del Estado, ya que socava varios de los derechos laborales fundamentales y los mecanismos que abrieron la posibilidad de convenir Acuerdos de Formalización para contratar directamente trabajadores que laboran en relaciones ilegales.


Mientras el gobierno se felicita por la disminución del número y de la cobertura de las CTA y Pre-CTA, al mismo tiempo se ha disparado la contratación mediante Sociedades por Acción Simplificada (SAS), contratos sindicales y otras figuras legales, como las Fundaciones. Todas se utilizan para minimizar costos laborales y minar los derechos de las y los trabajadores.


La dispersión de la tercerización laboral ilegal después de la firma del PAL es de tal proporción, que a finales de 2015 hubo más de 3.800,000 trabajadores con relaciones laborales ilegales, el mismo porcentaje de la población ocupada total (17,3%) que existía en 2011. En otras palabras: ¡no ha habido mejoramiento alguno!


El informe de la OTLA se pronuncia también sobre el uso de pactos colectivos, figura que fue denunciada por la Misión de Alto Nivel de la OIT que visitó el país en febrero de 2011, por el Parlamento Europeo (a través de la Resolución 2628 de 2012), y por la Comisión de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, en su informe publicado en febrero de 2016[5]. La razón de la denuncia es porque los pactos colectivos obstaculizan el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.


Aunque el PAL incluyó medidas para erradicar el uso ilícito de los pactos, 6 años después de su firma el número de éstos en Colombia ha aumentado, en vez de decrecer. En 2011 se firmaron 170 pactos, y 215 en 2015. Al mismo tiempo su cobertura se duplicó. En 2011 hubo 38.420 trabajadores beneficiarios de un pacto colectivo, mientras que en 2015 fueron más de 100 mil.


Muchos pactos han sido demandados por los sindicatos, y aunque el Ministerio de Trabajo liderado por Clara López ha demostrado más agilidad y seriedad en sancionar su uso indebido[6], además de proponer un proyecto de ley que prohíbe los pactos donde haya sindicatos, las acciones han sido demasiado demoradas y no compensan los grandes daños hechos al movimiento sindical.


Los temas de violencia antisindical e impunidad merecieron mucha atención por parte de OTLA. Tomó nota de la disminución de la violencia desde 2011, y sobre todo de los homicidios de sindicalistas, pero resalta las deficiencias estructurales de las investigaciones judiciales sobre casos de violencia, tanto del pasado como del presente. Afirma que la alta tasa de impunidad impide que las víctimas y sus familias conozcan la verdad, al tiempo que socava los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Enfatiza la importancia de que el gobierno colombiano avance mucho más, no sólo en investigar y castigar la violencia, sino en su erradicación.


De acuerdo al seguimiento realizado por la ENS, desde el 7 de abril de 2011 hasta el 5 de abril de 2017, se han registrado al menos 2.484 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, entre ellas, 147 homicidios, 98 atentados contra la vida, 9 desapariciones forzadas, 1.694 amenazas, 296 hostigamientos y 90 detenciones arbitrarias.


Como se observa, aunque hoy es menor el registro con relación a años anteriores, aún son numerosos los casos en los cuales sindicalistas se ven obstaculizados para realizar su actividad sindical, se encuentran en medio de situaciones de riesgo, e incluso, en ocasiones hasta son víctimas de ataques y pierden su vida. Finalmente, esta realidad sigue indicando que es necesario continuar y reforzar las medidas adoptadas para dar un giro a la situación de derechos humanos de los sindicalistas en el país, y, ante todo, para garantizar que puedan realizar su labor en la defensa de derechos, y la construcción de una sociedad más justa y democrática, sin que ello les implique riesgos.

Si se observa el panorama para el año 2016, se identifica un incremento del 31,3% en los casos documentados respecto al año anterior. Mientras que en 2015 fueron registrados 204 casos, entre enero y diciembre del año 2016 ya se han documentado 268 casos de violaciones contra sindicalistas y 21 acciones contra organizaciones sindicales como colectivo. Prevalecen las amenazas y los hostigamientos que representan el 80,5% del total de la violencia. La violencia antisindical contra la dirigencia sindical se agudiza, en el 78,4% de los casos las víctimas fueron asesores, activistas y directivos sindicales.


El último tema investigado por los funcionarios de la OTLA tiene que ver con la pasividad del gobierno colombiano en aplicar el artículo 200 del código penal, medida creada por el PAL para desincentivar el uso de prácticas antisindicales. La OTLA encontró excesivas demoras en el proceso de casos al amparo a este artículo, resaltó que, según información suministrada por la Fiscalía, en los últimos 6 años no se registra una sola condena relacionada con este artículo.


A manera de conclusión, destacamos 4 de las sugerencias hechas por el equipo investigador de la OTLA sobre los temas mencionados:


– Mejorar el sistema de inspección laboral, concentrándose en asegurar el cumplimiento de los procedimientos y los plazos legales. También que el sistema opere de acuerdo con una estrategia de inspección nacional, con prioridad en los 5 sectores en los que los derechos laborales están menos protegidos: la minería, aceite de palma, flores, puertos y azúcar.

– Mejorar la aplicación y cobro de multas por violación a las leyes laborales.

– Adoptar medidas adicionales para combatir la tercerización laboral abusiva y el uso indebido de los pactos colectivos.

– Mejorar la investigación y judicialización de los casos de violencia antisindical, pasados y presentes, incluyendo las amenazas, y que se resuelvan con prontitud los casos relacionados con la violación del artículo 200 del código penal.


Pero hacer sugerencias, recomendaciones y llamadas de atención no bastan en el entorno político e institucional colombiano, donde reina la cultura de fortalecer la normatividad y la burocracia administrativa, mientras que la operatividad institucional se debilita.


Por ser un compromiso político sin una obligatoriedad legal, la firma del PAL por el presidente Santos fue más un gesto simbólico para impulsar la ratificación del TLC, que un verdadero factor de cambio en la regulación laboral del país. Esperamos que ahora, mediante el mecanismo formal de la queja interpuesta, y ya examinada, el gobierno estadounidense presione con más éxito al Gobierno colombiano, para que éste realmente tome en serio sus obligaciones como regulador de las relaciones laborales con un enfoque y una práctica que protege y garantice a los derechos fundamentales de las y los colombianos trabajadores.


Balance normativo en libertad sindical y formalización laboral


Actualmente el ámbito laboral colombiano afronta una de las coyunturas más importantes en mucho tiempo, caracterizada por la implementación de cambios normativos dirigidos a cumplir con lo establecido en el Plan de Acción Laboral suscrito con Estados Unidos en el marco el TLC, y en la agenda histórica del sindicalismo, aparte de otras recomendaciones internacionales, como las de la OCDE, el Gobierno de Canadá, la Hoja de Ruta con la Unión Europea, OIT y por supuesto las derivadas del acuerdo final de paz con las FARC.


A continuación, presentamos un balance de las propuestas normativas más importantes en libertad sindical y formalización laboral presentadas por el Ministerio de Trabajo en esta coyuntura. En cuanto a decretos existentes, tenemos:


Decreto 017 de 2016, sobre Tribunales de Arbitramento:


Este decreto por primera vez reglamenta exhaustivamente los tribunales de arbitramento. No obstante, solamente hace énfasis en la fase de su convocatoria e integración, la fase de funcionamiento aún depende de las estipulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, promulgados a mediados del siglo XX. Por tanto, en la práctica se observa que el mayor problema que subsiste para solucionar un conflicto laboral mediante un Tribunal de Arbitramento, es la dilación procedimental, provocada por los empleadores para implementar actuaciones que buscan debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos. En ese sentido, si el Decreto 017 de 2016 no resulta eficaz, podría repercutir negativamente en el incentivo del diálogo social y la negociación colectiva.


Decreto 036 de 2016, sobre regulación a los contratos sindicales:


A pesar de las modificaciones que introduce este decreto al contrato sindical, que dan mayor relevancia a la organización de trabajadores y a la Asamblea General como órgano máximo de decisión, su estructura, funcionamiento y utilidad eliminan la posibilidad de la negociación colectiva de los sindicatos, y así vulnera el derecho de asociación y la huelga. Esto teniendo en cuenta:


– El hecho de que el sindicato que firma un contrato sindical es el empleador de sus afiliados, lo que lo termina convirtiendo en un intermediario de las relaciones de trabajo.


– Las empresas beneficiarias del servicio realizan una injerencia indebida en la organización de las y los trabajadores, vulneran su autonomía y violan el derecho fundamental de libertad sindical.


– No hay negociación colectiva libre y voluntaria por parte de los sindicatos o sus afiliados, en tanto no es una forma real de negociación colectiva. Se asimila más a una figura del derecho civil o comercial, que del laboral.


Decreto 583 de 2016, en materia de tercerización laboral:


El espíritu de este decreto es legalizar la tercerización laboral en todos los escenarios, incluso en aquellos que hasta la fecha estaban protegidos por la legislación laboral, es decir, en casos de actividades misionales y permanentes. Considerando esto, la CUT y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) presentaron cada una por su lado demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, entidad que el pasado 15 de marzo se pronunció al respecto. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo profirió providencia, decretando medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 583 en lo que respecta a la intermediación laboral.


Las 5 propuestas de regulación laboral del Ministerio de Trabajo:


Recientemente el Ministerio de Trabajo planteó una serie de cambios normativos, que serían presentados en un paquete legislativo para aprobación del Congreso de la República. Son 5 estas propuestas, a saber:


1- Proyecto de Ley de Regulación Pactos Colectivos


Esta propuesta constituye un avance importante para evitar la vulneración de la Libertad Sindical mediante la figura jurídica de los pactos colectivos, establecida en el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, resulta importante que en la Ley se proscriban de forma taxativa los planes de beneficios o cualquier otra dádiva implementada por el empleador con ánimo de discriminación antisindical. De esa manera la norma acataría las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional , con base en la cual se considera ilegítima e ilegal toda conducta del empleador orientada a hacer uso de “los factores de remuneración o de las prestaciones sociales para golpear a quienes se asocian, para desestimular el crecimiento del sindicato o para presionar los retiros de este[7]”.


2- Proyecto de negociación colectiva por rama de actividad económica


Este Decreto plantea que en caso de pluralidad de organizaciones sindicales por rama de actividad económica, éstas deberán realizar previamente una integración de los petitorios para así concurrir en unidad de pliego y en unidad de comisiones negociadoras y asesoras. A su vez, las normas convencionales que surjan de la negociación serán aplicables a todos los trabajadores de la respectiva rama de actividad económica, incluyendo a todas las unidades productivas o formas de organización social, indistintamente de su forma jurídica, incluyendo Cooperativas de Trabajo Asociado, SAS, Contratos Sindicales, y todas las figuras que se asimilen. Y aplicará a todos los trabajadores, independientemente de su tipo de vinculación, con la posibilidad de que se puedan suscribir capítulos especiales aplicables exclusivamente en una o varias empresas del sector.


Es de destacar, que la propuesta de negociación colectiva de la CUT va más allá. Pide que además de la negociación por rama de actividad económica, se incluya la negociación por gremio, grupo económico y empresa, modalidad que denomina Negociación Multinivel. Es su concepto es la más garantista del derecho de negociación, pues con ella, ante cualquier caso concreto en el que se encuentre un sindicato, tiene al menos una posibilidad de iniciar la negociación colectiva.


3- Proyecto de Ley Huelga (Servicios Esenciales)


Este proyecto tiene por lo menos 3 problemas:


– Se hace taxativa una lista de servicios públicos esenciales.
– Se crea una comisión de garantías con unas competencias que van en contravía de lo logrado a partir de la ley 1210 de 2008 en la cual la calificación de la huelga es potestad jurisdiccional.
– Se crean restricciones adicionales a la huelga, cuando el único criterio que se debe tener es el de OIT, que habla de limitaciones a la huelga solo en casos de servicio público esencial en sentido estricto, o sea cuando se afecte la salud, la vida y la seguridad.
Evidenciamos que el proyecto tiene los siguientes vacíos:
– La definición de servicios públicos esenciales en sentido estricto continúa incluyendo actividades que no considera la OIT, como el caso del sector educación, cuya suspensión no pone en riesgo la salud, la vida o el orden público.
– La huelga se continúa entendiendo como una etapa en el proceso de negociación colectiva, y no un mecanismo fundamental para la defensa de los trabajadores.
– El ordenamiento jurídico colombiano continúa proscribiendo el ejercicio del derecho a la huelga por parte de Federaciones y Confederaciones.
– No modula la forma de regular las mayorías necesarias para votar la huelga en grandes empresas, con una gran cantidad de trabajadores.
– La implementación de huelgas parciales como mecanismo para solucionar problemáticas locales o seccionales, aún continua sin regulación.


4- Proyecto de Ley sobre prevención, inspección, vigilancia y control

Este proyecto constituye un mecanismo importante para viabilizar el Servicio de Prevención, Inspección, vigilancia y Control (Sivico), implementando cambios claves para garantizar el acceso de la ciudadanía al Ministerio de Trabajo.


Resulta importante complementar esta norma incluyendo el Diálogo Social como principio orientador, con el fin de garantizar la participación de todos los actores del sistema. Se debe plantear explícitamente que se realizarán todas las acciones necesarias y suficientes para garantizar el accionar del Ministerio de Trabajo en las regiones, donde en la actualidad no hace presencia; ampliar los riesgos laborales a los demás derechos que conforman la garantía de seguridad social integral, incluir explícitamente a las organizaciones sindicales como víctimas del conflicto armado interno en el marco de la implementación de acciones afirmativas, medidas atención y protección prioritaria.


Sin embargo, falta que el sistema se construya a la luz de los estándares internacionales de OIT, convenios 81 y 129.


5- Proyecto Decreto sobre representatividad


Consideramos que una negociación colectiva plena para los sindicatos más representativos, restringida para las organizaciones sindicales pequeñas, a las que solo se les deja la posibilidad de negociar garantías sindicales, limita injustificadamente la garantía consagrada en el artículo 55 de la Constitución Política. En ese sentido deberían implementarse estrategias que propugnen por la representación equitativa de todos los sindicatos en las comisiones negociadoras.


————–
NOTAS:
[1] Para acceder a nuestros informes sobre el estado de cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción Laboral (PAL), para los años 2014, 2015 y 2016, visiten la siguiente página oficial de la ENS: http://www.ens.org.co/conocenos/asi-pensamos/agenda-laboral-y-sindical-post-tlc/informes-sobre-acuerdos-laborales-paralelos-a-tlc/
[2] De Colombia, la CUT, la USO, Sintrainagro, firmaron la queja, con asesoría de la Corporación Colombiana para la Justicia y el Trabajo, Coljusticia; por parte de Estados Unidos, la organización sindical más grande del país, la AFL-CIO la firmó.

[3] Véase: El Tiempo. “Compromisos laborales atados a TLC preocupan a Estados Unidos”. Economía y Negocios. 8 de febrero de 2016.

[4] El Tiempo. “Compromisos laborales atados a TLC...” Op cit.,

[5] Véase: OECD. 2016. OECD Reviews of Labour Market & Social Policies: Colombia. OECD Publishing: Paris

[6] A principios de 2017 el Min-trabajo interpuso una sanción de 100 salarios mínimos mensuales (equivalente a $71 millones) a Ecopetrol, la empresa más grande del país, por el Acuerdo 01 de 1977, una figura que funcionaba como pacto colectivo.

[7] Sentencia T-619 Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio: resolvió un problema jurídico generado porque la empresa ELECTRICARIBE S.A. incluía, al momento de vincular a sus trabajadores, cláusulas en las que ofrecía compensaciones en dinero a cambio de la renuncia a los beneficios de la convención colectiva. A su vez concedía incrementos salariales, bonificaciones y auxilios solamente para los trabajadores no sindicalizados.

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Mauricio Macri enfrenta su primera huelga nacional

Las dos principales centrales obreras y organizaciones sociales llaman a paralizar el país en contra de la política económica


La conflictividad social en Argentina se hace más intensa con la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) a una huelga nacional, la primera que los sindicatos peronistas declaran al presidente Mauricio Macri. La ciudad amaneció vacía y con sus ingresos más importantes amenazados por cortes de los movimientos sociales más combativos, que no acataron la decisión sindical de no movilizar. Además de la CGT, para la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), fuerte entre los trabajadores estatales y los maestros. El éxito de la medida parece garantizado: sin autobuses, taxis, metro ni aviones; sin escuelas ni universidades (en medio de otra doble jornada de paro docente); con los hospitales funcionando solo para las guardias médicas; sin bancos, ni recolección de basura.


La medida llega en una fecha especial, en pleno desarrollo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que ha traído a Buenos Aires a 1.200 representantes de empresas, ministros extranjeros, altos funcionarios y organismos internacionales. El Foro obligó a desplegar un gran operativo de seguridad. A pesar de que la convocatoria de los gremios no incluye movilización, varias organizaciones sociales desplegaron piquetes tanto en los accesos como en el centro de la ciudad y anunciaron una protesta en los alrededores del Hotel Hilton, lugar donde se realiza el WEF.


El corte programado para las 6.00 en el Puente Pueyrredón (principal acceso a la ciudad desde el sur del conurbano, y todo un símbolo de las protestas sociales) fue efectivo, pero no lo realizaron las organizaciones sociales de izquierda, sino la propia policía, que llegó con la orden de evitar que los manifestantes tomen la calle. Cerca de mil personas con banderas del Partido Obrero, el MST y el PTS, entre otros, fueron contenidos por dos filas de efectivos de la policía Federal, Bonaerense y Prefectura.


"El puente lo ganamos igual", decían por lo bajo los militantes mientras esperaban la llegada de compañeros que fortalezcan las columnas. Diez minutos antes de las siete, la llegada del gremio docente Ademys -uno de los que mantiene una dura lucha con el Gobierno por un reclamo salarial-, provocó el primer roce con la policía cuando intentaron ocupar el puente en un intento de acceder al puente, que fue sofocado por los escudos policiales.


Vilma Ripoll, dirigente del MST, dijo a EL PAÍS que "el gobierno de Mauricio Macri, agrandado por la movilización del 1 de marzo [cuando miles de personas se movilizaron a Plaza de Mayo en su apoyo], cree que puede traer las fuerzas represivas a todos los cortes que deciden los sectores luchadores". "Vinimos a hacer efectivo un paro que convocó la CGT presionada por sus bases. Hicieron una huelga pasiva y dominguera para volver a negociar con el Gobierno la paz social. Es una vergüenza la actitud de la CGT y el gobierno no va a poder ocultar la bronca de la gente por los tarifados, el desempleo y la suspensión de las paritarias trayendo a la policía", argumentó la exdiputada.


En los días previos a la huelga, el tema en boca de todos en calles, fábricas y oficinas fue determinar quien se acoplaría a la huelga y quien no. La ministra de Seguridad, Patrica Bullrich, advirtió que el Gobierno garantizaría la libre circulación de personas. “Para nosotros hay un paro totalmente, en nuestra perspectiva, ilegítimo y sin sentido. Hay mucha gente que está planteando darle batalla a ese paro, una batalla de decir: 'a mí no me van a hacer parar a la fuerza’", dijo. Desde la cúpula de la CGT le respondieron desafiantes. “Acá no hay impedimentos para quien quiera ir a trabajar. Lo que va a haber es una paralización total de todas las actividades, por lo que va a haber una alta adhesión contra un malestar social que tratamos de poner en la agenda pública. No hay otra cosa más allá de eso”, afirmó Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que dirige la central obrera.


Las huelgas generales en Argentina, un país que tiene una fuerte actividad sindical, son una herramienta común de presión política. Y sobran ejemplos de ello. Raúl Alfonsín (1983-1989) sufrió la primera a nueve meses de asumir y tuvo 13 a lo largo de su mandato; Carlos Menem (1989-1999) vio pararse el país a los tres años de colgarse la banda presidencial y luego soportó ocho en 10 años; Fernando De la Rúa gobernó sólo dos años (1999-2001) y tuvo su primera huelga general en contra al tercer mes de mandato, luego sufrió otras siete y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) vio a la CGT en la calle recién al quinto año de mandato -cuando ya había sido reelecta- y enfrentó cinco en total. Néstor Kirchner (2003-2007) fue el único presidente post dictadura que no sufrió ninguna huelga general durante su presidencia.

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Miércoles, 01 Febrero 2017 07:34

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

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La directora del FMI que predica moderación salarial gana 2,2 millones en casi seis años

El organismo, al nombrar a Christine Lagarde, le exigió una conducta ética, pero la mantiene en el cargo pese a haber sido condenada en su país por “negligencia en la desviación de fondos públicos”.


El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho suyo el refrán “consejos vendo que para mí no tengo”: lleva años predicando la moderación salarial, pero sus directivos no se la aplican. El caso más evidente es el de la responsable de la institución, Christine Lagarde, que se ha embolsado más de 2,2 millones de euros limpios de polvo y paja desde que llegó al cargo en julio de 2011.


La última proclama a favor de la moderación salarial, al menos por lo que se refiere a España, la ha lanzado el FMI esta misma semana. En su evaluación anual de la economía correspondiente a 2016, se deshace en elogios hacia la reforma laboral, que en su opinión ha impedido la destrucción de 900.000 empleos, pese a que introdujo mayores facilidades para el despido.


También propone profundizar en los factores de “flexibilidad” establecidos en la reforma, y específicamente en aquellos que contribuyan a la contención de los salarios. Para el FMI, punta de lanza de las políticas neoliberales desde hace tiempo, no es suficiente el 10% de poder adquisitivo que han perdido por término medio los trabajadores españoles durante la crisis.
Lo más llamativo es que ese consejo lo dé un organismo que no se caracteriza precisamente por la sobriedad con que retribuye a sus directivos. El sueldo de Lagarde supera los 350.000 euros anuales (casi cinco veces el del presidente del Gobierno español), a los que hay que añadir otros 65.000 para gastos personales derivados de su cargo y que ni siquiera necesita justificar.


Eso significa que en los cinco años y medio transcurridos desde su nombramiento, se ha embolsado más de 2,2 millones de euros. Y, además, con la particularidad de que están libres de impuestos, porque los directores gerentes del FMI no tributan ni en Estados Unidos, donde está la sede del organismo, ni en su país de origen, que en el caso de Lagarde es Francia.


Pero no sólo en el primer nivel de decisión del Fondo la retribución no es alta. Los subdirectores gerentes cobran alrededor de 300.000 euros al año y los directores ejecutivos, unos 180.000. Antes, su diferencia con el máximo responsable era menor, pero Lagarde decidió subirse el sueldo un 11% nada más tomar posesión, ampliando así la brecha con sus subordinados.


El acuerdo por el que se la nombró exigía que cumpliera con estándares de “conducta y ética” coherentes con los valores de “integridad, imparcialidad y discreción”. Sin embargo, se da la circunstancia, de que Lagarde fue condenada en diciembre por “negliencia en la desviación de fondos públicos” cuando era ministra en su país, pero el tribunal la dispensó de cumplir la pena.


No es el único director gerente que ha tenido problemas con la justicia. Su antecesor, Dominique Strauss-Kahn, dimitió en mayo de 2011 tras ser detenido bajo la acusación de agresión sexual, aunque finalmente se dio carpetazo al asunto. Rodrigo Rato, que lo precedió entre 2004 y 2007, tiene varias causas abiertas a raíz de su paso por la Presidencia de Bankia.

Por VICENTE CLAVERO
@vicente_clavero

Publicado enSociedad
Martes, 24 Enero 2017 16:41

Los sinsabores del salario mínimo

Los sinsabores del salario mínimo

Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

Publicado enEdición Nº231