¿Los hijos de quiénes son los que estudian?

En Colombia, los estudiantes matriculados en grado 11° son alrededor de 1.1 millones. De estos, cerca de 800 mil pertenecen al sector oficial y más de 300 mil al sector privado1. Tan solo 550.0002, en promedio, consiguen terminar la educación media. Y, del total de bachilleres, tan solo el 48 por ciento3 logra ingresar a una carrera profesional, técnica o tecnóloga al año siguiente de recibir el grado. Negocio. En las universidades e instituciones de educación superior, la matrícula de pregrado en cada semestre cuesta entre los $2 y los $21 millones de pesos, cifras que rebasan la capacidad adquisitiva del obrero y de la clase media colombiana. En nuestro país es claro, terminar y obtener un título profesional constituye un privilegio.

 

Como verdad de a puño, tan solo el 25,5 por ciento de los hogares colombianos cuentan con ingresos mensuales iguales o superiores a tres salarios mínimos legales (2.462.571 pesos o más). El 42,1 por ciento logra ingresos mensuales entre los 820.857 pesos y 2.462.571, el 32,4 por ciento restante percibe apenas un salario mínimo ($820.857) o menos. Con este ingreso, ¿Los hijos de quiénes logran estudiar?

 

Cada año cientos de miles de bachilleres enfrentan la realidad de un país asfixiado por sus gobernantes, empeñados cada vez más en mantener ignorantes y empobrecidos a las clases populares. Así las cosas, el acceso a la educación superior anda restringido por causa de tres factores: i) la oferta de cupos en las instituciones públicas, ii) el costo de la carrera, iii) y el nivel académico del estudiantado.

 

En cuanto a la disponibilidad de cursos, cada año acuden a la Universidad Nacional 120 mil aspirantes; y sólo puede ingresar el 10 por ciento. Por su lado, cada año, el Sena abre cerca de 90 mil cupos en todo el país. En cuanto al problema del dinero, es visible que de los 550 mil nuevos bachilleres, 480.000 son de los estratos 1, 2 y 3, es decir, no cuentan con los recursos para entrar a una universidad privada. En su aspiración dependen por completo de sus familias, de los subsidios del Estado manejados por instituciones como el Icetex a través de programas como “ser pilo paga”, SPP –que sólo favorece a 10 mil estudiantes, aproximadamente el 2 por ciento del total de bachilleres egresados cada año– con sus efectos a favor de la universidad privada o, de las ayudas a cargo de diferentes fundaciones.

 

A los necesitados el dinero no les alcanza...

 

Es un hecho que, las familias colombianas gastan apenas y en promedio el 5.7 por ciento de sus ingresos en la educación de sus hijos. Un rubro pequeño del gasto, pues destinan la mayor parte en vivienda (30,1 por ciento), alimentación (28,22 por ciento) y transporte (15,19 por ciento)4. A pesar de que es muy poca la inversión, esta cifra está lejos de representar un alivio en el bolsillo de sus hogares. Es todo lo contrario. La poca inversión que las familias hacen en educación, obedece a los altísimos costos de las matrículas universitarias. Pues, no tienen con qué pagarlas.

 

Desde Abajo consultó los portales web de 20 instituciones de educación superior, IES (ver cuadro 1) y encontró que el precio de las matrículas para el primer semestre de este año varía entre la accesible suma de 1,8 millones de pesos y la exagerada de 22 millones de pesos. Con mucho esfuerzo, algún número de familias podrían enviar a sus jóvenes a una IES, siempre y cuando oferte programas académicos con valores cercanos a los dos millones de pesos. Pero, conseguir 5 o 10 millones de pesos es un privilegio de pocos para acceder a una carrera, y mucho más: es un lujo desembolsar 22 millones de pesos cada seis meses, una ostentación que sólo los hijos de las élites pueden saborear. Al fin de cuentas, el Estado no cubre toda la demanda de bachilleres egresados.

 

Aun sumando los cupos de las 32 universidades públicas del país, con la oferta del Sena y los programas del Gobierno, incluido el SPP, más del 50 por ciento de jóvenes estudiantes no logra proseguir sus estudios. Si no hay cupos en las IES públicas, si el joven hombre o mujer no pertenecen a una familia acomodada, o no pasan como un estudiante sobresaliente y no consiguen entrar a la Universidad Nacional, o no tiene la fortuna de adquirir un crédito-beca de “Ser pilo paga”, acceder a la educación superior no sólo es una falsa promesa hecha por el Estado sino que es un imposible.

 

Por esta razón, sin profundizar en la situación de las familias campesinas, buena parte de las madres y parejas colombianas están obligadas a enviar a sus menores a centros educativos poco reconocidos y de baja calidad. En la expectativa y deseo por “superar” en la familia, deben hipotecarse y acceder a créditos bancarios o a que los jóvenes bachilleres tengan que trabajar de día –en algunos casos, de noche–, para pagar sus estudios o, simplemente, resignarse a que sus hijos e hijas no estudien.

 

Dentro de este marco injusto, las universidades de los ricos no sólo aseguran el incremento de su riqueza, sino que establecen las pautas que rigen el sistema educativo y señalan a dedo, quienes de los pobres podemos gozar del derecho de aprender. Entonces, ¿qué opciones quedan para el resto de estudiantes que también desean aprender?

 

¿Cuáles opciones?, cuando estudiar una carrera es una prerrogativa de ricos o de jóvenes “excepcionales” que son premiados con el ingreso al sistema educativo que imponen las élites bajo un currículo y una capilla de formación en la doctrina neoliberal.

 

‘Tú eliges’ ...cómo endeudarte

 

El Icetex ofrece cinco opciones de crédito y permite optar por la línea que cada estudiante prefiera pagar durante la carrera. Contrario a las propagandas del Gobierno que promocionan estos créditos con cero por ciento de interés, los créditos educativos para adelantar estudios de educación superior tienen una tasa de interés variable ajustada cada año. La base de dicha tasa es el Índice de Precios al Consumidor, IPC, certificado por el Dane al cierre de diciembre de cada año. La tasa de interés que aplica en esta línea de crédito, depende del puntaje que tenga el estudiante en el Sisbén (ver cuadro 3).

 


 

1 Dane
2 http://www.semana.com/educacion/articulo/ser-pilo-paga/505771
3 http://www.eltiempo.com/bogota/estudiantes-colombianos-que-ingresan-a-la-educacion-superior/16656094
4 https://desdeabajo.info/ediciones/30298-la-bolsa-o-la-vida.html

 


 

Recuadro 1

 

 

Recuadro 2

 

¿“Ser pilo paga”?, con sus consecuencias

 

La Constitución de 1991 garantiza la educación como un derecho para todo joven colombiano. Sin embargo, en el nivel universitario es toda una falsa promesa. El programa SPP del Ministerio de educación, entrega becas a los mejores bachilleres y a los de menos recursos, para su ingreso a la educación superior. Este programa contempla la financiación del total de la matrícula durante toda la carrera, y un apoyo de máximo 4 salarios mínimos por semestre. Una vez el beneficiario termine sus estudios y obtenga el título, el crédito será condonado. De lo contrario, deberá pagar el total del préstamo. Ante todo, el SPP potencia a las instituciones privadas.

 

En efecto, es la universidad privada la instancia que absorbe hasta un 98 por ciento de los jóvenes de alto nivel académico, en tanto cuentan con los créditos-becas. Con un mayor desbalance y perjuicio frente a la universidad pública, esta política al respecto de la educación superior, preserva, mantiene y amplía la calidad de los establecimientos privados. Como no, pagándoles matrículas entre los 5 y 22 millones de pesos el Gobierno desconoce la necesidad del sector público. De su desangre. ¡Con 22 millones de pesos invertidos en un único estudiante, podrían estudiar como mínimo, 10 bachilleres en una universidad pública! El Estado paga el 100 por ciento del valor de las 10 mil matrículas, equivalentes a 155 mil millones de pesos.

 

Para el año 2018, aproximadamente son 3.3 billones de pesos los recursos girados al programa SPP. Un costo similar a la transferencia que reciben las 32 universidades públicas nacionales y regionales, que con idénticos recursos deben atender a 655.000 estudiantes1. Aun en medio de estas circunstancias, Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, indica que “lo más relevante es la política de Ser Pilo Paga, aunque es muy pronto2”. Una declaración más que obvia, por parte de un docente que representa a una institución beneficiaria de 15.659 millones de pesos con el programa (ver cuadro 2). Frente a estas palabras, el Observatorio de la universidad colombiana, OUC, opina diferente.o para evaluarla. Creo que generó condiciones de mayor equidad en la educación superior y tendrá unos resultados en mediano plazo que pueden ser interesantes

 

“La manera como está concebido y funcionando el programa genera consideraciones en torno de la inequidad e indebida distribución de recursos. En primera medida, el programa sería una verdadera política de Estado si se convirtiera en un esfuerzo permanente y no sujeto a decisiones políticas del Ministerio de turno o a la disponibilidad presupuestal. A partir del momento en que deje de funcionar el programa, se generará un desequilibrio (¿injusticia?) con los mejores bachilleres que comiencen a graduarse y no cuenten con ese beneficio. Indudablemente habrá un impacto social, que se traducirá en críticas de la oposición y malestar, frente a los casos de aquellos estudiantes que, por desempeño académico o situaciones personales, muy seguramente derivadas de la no adaptación o de suficientes recursos para sostenerse en las grandes universidades alejadas de sus ciudades de origen, lleven a la deserción de algunos de los mejores bachilleres. Para algunos, no será fácil para un estudiante de provincia, por ejemplo, vivir en Bogotá con 4 salarios mínimos al semestre para su sostenimiento por semestre3”.

1 http://www.semana.com/educacion/articulo/ser-pilo-paga/505771
2 http://www.lapatria.com/nacional/asi-va-la-gestion-de-santos-bien-en-paz-equidad-y-educacion-pero-305820
3 http://www.universidad.edu.co/index.php/informes-especiales/12768-las-10-mil-becas-un-exito-entre-la-opinion-publica-pero

 

Recuadro 3

 

 

Recuadro 4

 

Publicado enEdición Nº231
Manuel Sutherland: “Se derrochó la renta petrolera y la crisis explotó”

"La política monetaria del Banco Central de Venezuela ha sido realmente negativa, muy nociva para la salud de la economía", afirma Manuel Sutherland, economista, director del Centro de Investigación y Formación Obrera, y articulista de medios internacionales, en entrevista con "La Razón"*. "En este 2016, se ha impreso dinero inorgánico de manera grosera, se ha triplicado con respecto a 2015, de manera innecesaria", agrega.


Sostiene, asimismo, que estas medidas no están frenando la caída de la economía y solo han inundado al mercado de papel moneda que solo ha contribuido a elevar los precios de los productos, bienes y servicios. "Es un dinero que no tiene respaldo, que no se corresponde con las necesidades de pago de la población, por tanto, es inflacionario", señala.
Una de las principales consecuencias es la destrucción del salario real, asegura. "Sin embargo, es algo que le sirve al Gobierno para justificar los incrementos de salarios nominales que no se ven reflejados en el poder adquisitivo. Son, simplemente, una ilusión monetaria para engañar a la gente humilde que ve como se deprime su poder adquisitivo. Estos incrementos, no obstante, son menores que el incremento en los precios que causan", explica.


"Hay un desastre, un caos monetario debido a estas políticas económicas que no se corresponden con la realidad concreta del país", destaca. "Aunque la actualización del cono monetario era necesaria, la misma se está realizando de manera apresurada, brusca, tosca y con niveles alarmantes de improvisación. Preocupan las dificultades absurdas e innecesarias que les hacen pasar a millones de venezolanos", señala.


Mafias reciclan el efectivo


¿Cómo impactará sobre la economía la renovación del cono monetario?


No habrá una consecuencia a nivel macro, salvo mayor facilidad y rapidez en las transacciones, y cierta normalidad con los cajeros automáticos. Sí me preocupa el desastre monetario en cuanto a la obligación de cambiar más de 6 mil millones de piezas de a cien bolívares en diez días, es un plazo corto, extremadamente forzado. La banca nacional, por lo general, está atestada de miles de personas durante la época navideña y con este cambio se está creando un caos monetario sumamente grande.


¿Esta medida acabará con las mafias que especulan con el dinero en efectivo?


No. La mayor parte de ese dinero es administrado por mafias armadas que reciclan rápidamente su dinero efectivo para hacer negocios. El cambio del cono monetario no impedirá que esto siga ocurriendo, por el contrario, podría facilitarlo porque permitiría simplificar las operaciones. Sin embargo, pienso que es exagerada la importancia que se le da a esa gente. Es estúpido creer que hay gente que atesora bolívares (billetes de 100 Bs.) cuando estos sufren la inflación más alta del planeta por cuarto año consecutivo.


¿El nuevo cono contribuye a solucionar los problemas que enfrenta la economía?


Es una decisión racional y necesaria, el problema es que ha llegado muy tarde y de manera muy improvisada; además, se ha aplicado de manera atropellada y ha habido poca información y detalles. Inclusive, el tiempo para el depósito y canje debe ser mucho mayor para que las personas tengan más facilidad tal y como se previó en el año 2008 con la reconversión monetaria, que resultó mejor organizada.


¿Esta medida impactará sobre el índice inflacionario?


Los nuevos billetes y monedas no incrementarán ni reducirán la inflación, no impactará en la fijación de precios, no mejorará la economía porque es simplemente un cambio nominal.


2017 Hiperinflacionario


¿Cómo evalúa la política monetaria del Gobierno?, ¿A cuáles sectores ha enriquecido?


La política monetaria del gobierno estimula el crecimiento de los niveles de precios, desafortunadamente, no se prevén medidas para recoger la liquidez del mercado, ni de venta en bonos en bolívares (u otras operaciones de mercado abierto para "enfriar" el ritmo inflacionario), por el contrario se ha disminuido el encaje legal. Por otra parte, las políticas para disminuir el gasto público no han sido suficientemente acertadas se han mantenido muchos presupuestos derrochadores aunque ahora tengan un poder adquisitivo mucho menor. La caída de los ingresos ha sido cubierta con una desorbitada impresión de dinero inorgánico. La base monetaria fue expandida en más de 90 mil por ciento entre el período de 1999-2016 (diciembre). Otra propuesta en la cual se ha afincado el Gobierno es el control de precios dirigido por la SUNDDE (Superintendencia Nacional de Precios Justos): esta ha fracasado de manera rotunda y drástica. La SUNDDE no ha tenido éxito en ningún momento y se ha convertido en un gran elefante blanco, significa un gran gasto para el Estado venezolano ya que se encarga de fiscalizar precios que suben y suben, sin ellos poder hacer nada. Ese organismo no tiene una herramienta real para disminuir los precios y, por el contrario, sus presiones suelen causar mayor escasez, es decir, empeora las cosas.


¿Hay signos en la economía que alertan que nos acercamos a la hiperinflación?


Hay quienes sostienen que se puede hablar de hiperinflación en Venezuela. Hay quienes aseguran que se puede hablar de hiperinflación cuando supera el 50 % mensual, es decir, más de 1.000 % anual. Es posible que este año estemos muy cerca de esos cuatro dígitos. Algunos calculan que la inflación podría ubicarse en 700 % uo 800 %. Si tomamos estos valores, podríamos decir que el año que viene podría ser hiperinflacionario. Debemos recordar que la inflación más alta que hemos tenido en nuestra historia, antes del año 2015 –cuando fue de 180 %-, fue aproximadamente 100 %, en 1994. En 2016 podría superar ocho veces la inflación más alta de nuestra historia previa. Es una subida tremenda de precios que ha destruido por completo el poder adquisitivo de los venezolanos. La principal consecuencia es que habrá menos posibilidad para producir, implica despidos, menor cantidad de ventas y significa el cierre de fuentes de empleos. El 2017 puede ser peor en este sentido, ya que los problemas económicas se han agudizado, y las malas decisiones económicas se han profundizado. Medidas de disciplina fiscal ortodoxas, que podrían ser urgentes para evitar una bancarrota estatal, pueden acarrear siderales aumentos en servicios públicos que los pueden convertir en impagables y atizar más la pobreza galopante que nos azota.


Manufactura cae drásticamente


¿Es necesario unificar el tipo de cambio para la divisa?


La unificación es una necesidad. Porque 10 bolívares por cada dólar es un tipo de cambio absurdo e irreal, solo ha traído corrupción, robo y fraude que ha enriquecido a mafias paraestatales y privadas. Ese dólar debería subir al menos a la cotización DICOM (660 bolívares) de manera obligatoria y comenzar a flotar de manera que el BCV pueda intervenir y desarrollar una política monetaria seria. A partir de allí el Gobierno podría comenzar a atraer los capitales extranjeros (como dice tratar de hacer) con una seria formalización del mercado de divisas, y entonces destruir a Dólar Today si, en efecto, se deja que el bolívar flote.


¿Ha aumentado el nivel de productividad del país o persiste la política de importación?


La producción en el área de la manufactura ha caído drásticamente. Los cálculos más moderados hablan de una caída del 30 % o 40 % (1997-2016), es difícil precisarlo por la falta de cifras oficiales. Esta caída tan marcada y severa ocurre en momentos cuando hay más tecnología y mayor desarrollo industrial a nivel mundial. La caída de la producción y la productividad impulsa la inflación, destruye los salarios y precariza el trabajo. Hay que hacer un gran plan de industrialización nacional y de inversiones que permitan rescatar del pozo donde se encuentra la economía venezolana.
La minería no sustituye al petróleo


¿Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción y las políticas de agricultura urbana están elevando el abastecimiento de alimentos?


Los Clap son una pésima forma de distribuir alimentos, es atrasada, poco eficiente y eficaz. Son los alimentos que hace dos o tres años se conseguían con facilidad en los supermercados pero que ahora los envuelven en una bolsa que entregan cada 20, 30 o 40 días. Además, exigen muchas veces pago en efectivo, listas, censos, colas, es decir, es un mecanismo engorroso. Por su parte, la agricultura urbana es prácticamente un chiste, no es una política seria, no se desarrolla en ninguna parte, no tiene sentido práctico, representa un gasto administrativo que no permite impulsar la productividad.


¿Qué pasó con la inversión extranjera en Venezuela?, ¿por qué se ha detenido?


Mientras exista la Ley de Precios Justos y la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, es muy difícil que los inversionistas deseen colocar sus divisas en el país, ya que existe una fuerte incertidumbre en la forma de repatriación de los capitales previamente invertidos. Sin un mecanismo fluido de venta de divisas, no habrá inversiones importantes en la economía nacional. Si el Gobierno quiere que haya inversiones extranjeras no puede tener esa normas y leyes que dificultan de tal forma el comercio más sencillo. Obviamente, no creo que las inversiones extranjeras sean la panacea que nos vas a rescatar de la crisis, hay muchos que tienen esa ilusión lamentable.


¿Es favorable la decisión de la Opep de reducir la producción petrolera?, ¿hay una esperanza para el crudo venezolano?
Es positivo, sin embargo, insuficiente ante el ritmo de gastos del Gobierno. El Gobierno necesita que el barril supere los 100 dólares y es muy difícil que el barril se vuelva a ubicar a ese precio.


¿El Arco Minero acabará con el rentismo petrolero?


La renta petrolera es más útil para el desarrollo aguas abajo y la industrialización que la minería. Es una locura pensar que la minería podrá sustituir a la renta petrolera. El Arco Minero, es un ecocidio criminal, un acto de privatización grotesco, de un territorio del tamaño de Cuba entera, y en el mejor de los casos puede generar hasta 8 mil millones de dólares anuales y eso equivale al 10 % de las exportaciones petroleras durante un buen año (ej. 2008, 2011). Los daños ecológicos que ahí se causarán serán 100 veces más costosos que lo que se pueda obtener de ahí. La destrucción de bosques y reservas de agua dulce causará terribles estragos y dejará un dinero que no servirá para cubrir ese daño.


¿Quién hace la guerra económica?


La "guerra económica" es una teoría disparatada, propia de personas que aseguran que el Banco de la República de Colombia secuestró la mitad de todo el efectivo de Venezuela en sus bóvedas y que luego las envió a Suiza, Ucrania, Alemania etc. Aquí lo que ha habido es un derroche doloroso de la renta petrolera. Si se hubiera ahorrado el 10 % de las exportaciones tuviéramos 90 mil millones de dólares en reservas internacionales, de ahorrar el 20 % tuviéramos 180 mil millones de dólares en reservas, 7 años de importaciones -no fraudulentas- garantizadas sin problemas.


Para evitar seguir cavando el foso de la miseria extrema es urgente plantear una moratoria en el pago de la deuda externa, no podemos pagar más deudas mientras la gente se muere de hambre, inanición o por falta de medicinas que cuestan menos de dos dólares. Otros gobiernos como Rusia, Argentina y Ecuador han tenido renegociaciones de deuda exitosas... es vital hacerlo. Igualmente el gobierno tiene que entender que el socialismo se construye desarrollando fuerzas productivas, es decir, aplicando la ciencia y tecnología más avanzadas a la producción. Lamentablemente insiste en financiar a la pequeña-burguesía, a la propiedad mercantil comunitaria y a la gran burguesía que ha sido corresponsable de fugar alrededor de 500 mil millones de dólares en algo más de un decenio. Desgraciadamente el gobierno no tiene confianza en emprender grandes proyectos productivos dirigidos por la clase obrera de manera democrática, abierta y transparente. Se podrían hacer muchas cosas, pero el gobierno insiste en escuchar sólo a "economistas" e ideólogos que lo alaban y con fervor acrítico aplauden cualquier medida estatal, de derecha o izquierda. Con esa receta se llegó hasta acá, y no se saldrá de acá.

18 de enero de 2017.-

Por: La Razón / Carlos Díaz | Miércoles, 18/01/2017 08:06 PM |

* Entrevista publicada el 19 de diciembre de 2016.
** Esta versión fue ligeramente ampliada en algunos puntos por el entrevistado, en aras de la didáctica.

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La marcha de la economía estadunidense: la quinta

Desde hace 15 meses la industria estadunidense registra crecimientos negativos. En virtud de ello el alto nivel de producción industrial logrado por la impresionante recuperación de mediados de 2009 a mediados de 2015, no ha superado el similarmente alto nivel de finales de 2007. Justo antes de la debacle. Sí, se trata de un impresionante periodo de más de 70 meses. Primero con crecimientos menos negativos hasta enero de 2010. Y luego con crecimientos positivos hasta mediados de 2015. Pero –lástima– prácticamente los nuevos niveles de producción industrial no han superado los de finales de 2007.


Industrialmente nuestros vecinos están estancados. Acaso por eso la dramática preocupación de Trump. Y sus compulsivas reacciones, expresión de una absoluta incomprensión no sólo del movimiento cíclico de su economía, sino de sus graves vicios seculares. ¿Cuál ante todo? La sobreacumulación de activos productivos, fruto de una inversión desproporcionada en relación con la generación de excedente económico. Crece más rápido la inversión y la acumulación de activos –maquinaria, instalaciones y equipos para la producción– que el PIB. Digámoslo así. Sí, la expresión cuantitativa de este excedente en la limitada pero tradicional variable del producto interno bruto (PIB) muestra esta tendencia secular. Sí, hacia una menor rentabilidad general de la economía estadunidense.


Esto obliga a ejercer presiones múltiples para impulsar –sí, impulsar concientemente y entre otras cosas– una menor participación de las compensaciones en el ingreso disponible. Siempre con el ánimo de fortalecer los otros componentes que respaldan el proceso de inversión y la rentabilidad. ¿Cuáles? Los impuestos netos de subsidios y los excedentes de operación, de los que se desprenden los beneficios netos tanto de las empresas corporativas financieras como de las no financieras.


Por cierto –a reserva de hacerlo luego– no voy a describir la tremenda asimetría en la distribución de los beneficios corporativos. Las corporaciones financieras han ganado mucha participación en detrimento de las corporaciones no financieras. ¡Especulación pura! Veamos –en cambio y con mayor detalle– el comportamiento de la participación de las compensaciones (sueldos y salarios) en el Ingreso Nacional Disponible y en el PIB. Reitero que el peso de las compensaciones en el PIB registra un descenso continuo desde inicios de los años 70. Luego, por cierto, de una impresionante estabilidad de casi 30 años. De inicios de 1947 a inicios de 1983 el peso de las compensaciones a empleados en el PIB registró un promedio muy estable de 49 por ciento. Y su peso en el Ingreso Nacional Disponible fue similarmente estable del orden de 56 por ciento.


Así, prácticamente la mitad del PIB era recibido por obreros y empleados. Pero a partir de 1983 se experimentó un descenso crónico de esos indicadores. En concordancia –por cierto– con una multitud de acciones orientadas a recuperar una rentabilidad general de la economía que a inicios de los años 80 había llegado a sus niveles más bajos de la historia económica reciente de Estados Unidos. Como podrá comprenderse, los niveles más bajos de esta participación se registraron en la más reciente crisis. La participación de las compensaciones a empleados en el PIB descendió a un promedio de 43 por ciento entre 2011 y 2015. Seis puntos por debajo de su mejor registro. Y hoy –merced a diversas acciones– el más reciente dato oficial las ubica en 44 por ciento.


Pero las previsiones más optimistas hacen pensar que, en el mejor de los casos, se pueden mantener en ese nivel medio de 43 por ciento de los años de crisis. Ya lo veremos. Como también veremos la evolución media de la participación de estas mismas compensaciones a los empleados en el Ingreso Nacional Disponible. Descendió hasta un promedio de 49 por ciento también entre 2011 y 2015. Siete puntos menos que su mejor comportamiento histórico. También el dato oficial más reciente ubica dicha participación en apenas 51 por ciento. Y las estimaciones de su comportamiento futuro muestran que puede descender. Sin duda, todo periodo de deterioro de la rentabilidad se supera –al margen de incrementos de productividad– con un ataque general a las condiciones de vida de los asalariados. Y señalo que al margen de la productividad porque la observación de, al menos, dos indicadores muestra que la eficiencia de la fuerza laboral no ha descendido. Desde inicios de 1983 hasta finales de 2016, el producto real por hora trabajada tanto por todos los trabajadores urbanos como específicamente por los de la industria manufacturera, se elevó entre 80 y 100 por ciento, respectivamente. Ciertamente el comportamiento en la manufactura ha sido más irregular. Con alzas y bajas en los momentos de desaceleración o crisis.


A diferencia del otro indicador general que ha sido mucho más establemente ascendente. Pero lo cierto es que en ambos casos la resultante es un ascenso continuo. Esto es que no hay pretexto para deprimir –ni siquiera relativamente– la compensación a los trabajadores. Y que el deterioro general de la rentabilidad no se explica –al menos a nivel general– por deficiencias en la fuerza laboral estadunidense.


Ya veremos –desde luego que sí– la nueva evolución económica con el nuevo gobierno que encabeza Donald Trump. ¡Incertidumbre menos incierta! Como también prometo ver –con el mayor detalle posible– el debatido comportamiento de los precios de los petrolíferos. Y para el caso de gasolinas y diésel, de sus tres componentes (referente internacional de costo, costos de logística e impuestos). Lo cierto es que la nueva historia contemporánea de estos precios no empieza esta semana. No. Se inició en 1992, año en que el gobierno debió haber implantado –como lo hizo en el caso de los combustibles industriales y, consecuentemente, de las tarifas eléctricas comerciales e industriales– el esquema que hoy impone. No lo hizo por su eterno miedo a modificar una tributación que –como se ha mencionado en muchas ocasiones– sigue siendo una de las más bajas y regresivas del mundo. ¡No más de 11 o 12 por ciento del PIB! Pero lo veremos. Y a pesar de todo o más bien por todo, hay que desear muy buen año 2017. Sin duda.
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Viernes, 02 Diciembre 2016 15:25

Sistema tributario y salario mínimo

Sistema tributario y salario mínimo

Según la OCDE y analistas neoliberales, el bajo crecimiento de la economía y el alto desempleo que afectan a nuestro país tienen una doble causa: los excesivos impuestos y el elevado salario mínimo que pagan las empresas.

El argumento del elevado salario mínimo tampoco es válido si se compara internacionalmente en dólares, pues la devaluación lo ha colocado en unos 220 dólares mensuales, uno de los más bajos de América Latina. Y si se mide por su capacidad de compra interna, difícilmente adquiere la mitad de la canasta mínima vital de la población de ingresos bajos que, con base en información del DANE, es $1´323.798.

Pero el problema va más allá de comparar el salario mínimo de $689.454, con el valor de la canasta mínima vital de ingresos bajos. Según datos del DANE, a diciembre del 2015 el 47,1% de los ocupados en Colombia ganaba menos de un salario mínimo, y el 82,8% ganaba de menos de dos salarios mínimos hacia abajo. En otras palabras: casi el 83% de los ocupados en nuestro país tiene dificultad para acceder a la canasta mínima vital de ingresos bajos. Ver el siguiente cuadro:

 

 

En un contexto de bajos ingresos y alto desempleo es profundamente regresivo y recesivo incrementar la tarifa del IVA al 19% y establecer dos nuevos impuestos a la gasolina, que es lo que propone la reforma tributaria. Ello aumentará en más de dos puntos la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta mínima vital para ingresos bajos.

La OCDE, por su parte, presiona para que Colombia tenga una estructura tributaria en la que las personas naturales contribuyan más que las empresas al recaudo de impuestos directos. Mientras en la OCDE las empresas aportan el 28,2% y las personas 71,8%, en Colombia la proporción es inversa: las empresas contribuyen con el 86% y las personas con el 14%. Y lo recaudado a las empresas 3.441 (0,13% del total de ellas) representan el 68% de lo total del recaudo.

La reforma tributaria se propone “corregir” esta supuesta disfuncionalidad tributaria, haciendo que las Mipymes paguen más que las grandes empresas, y que los trabajadores asuman mayor participación en el impuesto de renta en tanto las empresas la disminuyan. Por otra parte, se pretende que la tributación indirecta (que es regresiva) tenga cada vez mayor peso que la directa.

Pero la baja tributación directa de los trabajadores y la alta concentración de ésta en pocas empresas, es síntoma de la precaria estructura empresarial del país, según se aprecia en el siguiente cuadro:

 

Estructura empresarial colombiana

Fuente: DANE, Confecámaras

 

En Colombia existen 2´528.293 empresas, de las cuales 2.518.180 (el 99,6%) generan el 67% del empleo, y el 28% de la riqueza nacional medido mediante el PIB. Solo 10.113 grandes empresas generan el 33% del empleo y el 72% del PIB.

La desigualdad en las utilidades empresariales medido por el Gini es superior al 0,8, mayor al Gini de ingresos, que bordea el 0,54. La reforma tributaria aumentará estas desigualdades al reducir la tarifa de renta de las grandes empresas en cerca de 10 puntos, al reducir los ingresos de los ocupados aumentando la tarifa de renta de las personas naturales, al bajar el umbral para presentar declaración de renta, y al gravar con impuestos indirectos a un país con alto desempleo y un 83% de ocupados cuyos ingresos están por debajo de dos salarios mínimos, que no alcanzan a cubrir su canasta mínima vital.

Es indiscutible que Colombia necesita una reforma tributaria que sea progresiva, eficiente y equitativa, como lo ordena el artículo 363 de la Constitución Nacional. Aunque el proyecto de reforma tributaria tiene algunos aspectos positivos, como el impuesto a los dividendos, algunos avances en el desmonte de los beneficios tributarios, y la introducción del concepto de impuestos saludables, que deberían abordarse de manera integral desde una perspectiva sanitaria, es una reforma profundamente recesiva, ya que contrae la demanda agregada de la población y concentra la riqueza en pocas manos.

En una coyuntura de alto desempleo, alta precariedad laboral, bajos ingresos, alta inflación, progresiva devaluación y bajo crecimiento económico, lo recomendable sería una reorientación de la política económica para impulsar un programa de recuperación que aumente la densidad empresarial, la rentabilidad de las Mipymes; y a la vez una política pública de trabajo decente para formalizar las relaciones laborales de casi 5 millones de trabajadores que se encuentran en condición de ilegalidad laboral, aumentar los salarios y garantizar los derechos de libertad sindical.

Si progresan los contribuyentes (empresas y personas naturales) se aumentará el recaudo sin necesidad de estar haciendo reformas tributarias fiscalistas. La mejor reforma tributaria en la condición actual, es un programa de recuperación económica que aumente la base tributaria (más empresas y empleos de calidad). El problema del país no es fiscal, es de baja rentabilidad empresarial de las Mipymes, y baja productividad de la economía.

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¿Cuánto cobran los legisladores en América Latina?

El aumento del 47% en las dietas de los diputados y senadores argentinos pone en evidencia la disparidad regional en los salarios


La inflación del 40% con que Argentina cerrará 2016 no es un problema para sus diputados y senadores. En un momento en que el Gobierno se ha negado a discutir subas salariales con los sindicatos, los legisladores cobraron un 47% más por su trabajo en el mes de octubre. La subida se ha sumado a otra del 31% aplicada en marzo, producto de un acuerdo salarial de todos los empleados del Congreso. Esta vez, los legisladores no han tocado su salario básico sino que han hasta duplicado asignaciones extraordinarias como pasajes de avión, desarraigo y representación. Esa cifra que se acuerda por consenso entre pares ha permitido a los congresistas sumar unos 2.600 dólares a los 5.600 dólares del sueldo. El aumento se produjo este mes, para sorpresa de muchos legisladores. El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola decidió denunciarlo por considerarlo moralmente repudiable. “El salario general ha caído un 10%, las jubilaciones 15%, vivimos una situación de recesión económica complicada, con 200 mil despidos y un tarifazo que ha dolarizado los servicios públicos. El contraste es obsceno, inmoral”, dice Pitrola.


Sumados el salario y los ingresos extras, un legislador argentino puede ganar hasta 8.200 dólares, equivalente a poco más de 15 salarios mínimos de 8.060 pesos (537 dólares). El salario mínimo fue fijado en mayo pasado y ya ha quedado 3.000 pesos por debajo de la canasta básica de alimentos que calcula el INDEC para medir el índice de pobreza. La última medición oficial difundida a finales de septiembre determinó que el 32% de los argentinos son pobres. Cálculos no oficiales realizados por la Universidad Católica Argentina (UCA) establecieron que desde enero 1,4 millones de personas pasaron el umbral y no ganan lo suficiente para comer. “El salario ya aumentó 31% en marzo y ahora, sobre eso, subieron 100% los gastos de representación, pasajes y desarraigo. Eso en un país donde la mitad gana menos de 8.000 pesos por mes”, se quejó Pitrola.


El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), el kirchnerista Héctor Recalde, dijo que el aumento de las dietas es una "forma de financiar la política". Y en declaraciones radiales fue irónico con los pares que se quejaron por los aumentos. “Deben donar el excedente al Garrahan", dijo, en referencia a un hospital público infantil que es referencia en todo el país. El salario de los diputados y senadores argentinos se convirtió enseguida en tema de debate porque el escenario económico no es el mejor. Crecen los reclamos salariales, la inflación no cede y la economía no termina de despegar. El lunes, el INDEC difundió el índice de actividad industrial con una caída interanual del 7,3%. El dato más desalentador lo tuvo la construcción, el principal motor de empleo, con una baja del 13,1%. Con todo, los salarios legislativos en Argentina no son tan altos si se los compara con otros países de la región.


Los diputados y senadores de Brasil lideran el listado con un sueldo de 10.500 dólares por mes, cifra que se triplica cuando se le suman los 25.000 dólares que recibe para gastos en vivienda, teléfono y seguro médico. Tienen además cinco vuelos mensuales y 28.000 dólares para pagar hasta 25 asesores. En Brasil, el salario mínimo es de 250 dólares. El segundo escalón de legisladores más ricos lo ocupan los chilenos, con salarios de 10.200 dólares libres de impuestos. Como ocurre en Brasil y Argentina, esa suma sube considerablemente cuando se le agregan los gastos en oficinas parlamentarias en los distritos, teléfonos, autos, gasolina, aéreos y materiales de oficina y difusión que corren por cuenta del Congreso. El podio lo completan los congresistas colombianos, con 9.400 dólares por mes sin contar ingresos extras. El salario mínimo colombiano es de 234 dólares. Un poco más abajo se encuentra México, con un salario en el bolsillo de 7.000 dólares, cifra que puede ascender hasta los 15.000 dólares cuando se le añaden todas las prestaciones extraordinarias. El salario mínimo de los mexicanos es uno de los más bajos de la región: 100 dólares.


Desde el techo de Brasil, Chile, Colombia y México se pasa al grupo de países cuyos legisladores reciben salarios en torno a los 5.000 dólares, como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, aunque los montos extras no son siempre comparables. Un diputado ecuatoriano que no viva en la capital, por ejemplo, recibe un bono de 700 dólares para pagar una vivienda y 4 pasajes de avión. Pero los peruanos y los argentinos hasta duplican su ingreso original cuando suman toda la dieta. Debajo de la lista están Panamá, El Salvador y Bolivia.


En todo caso, la comparación deja al descubierto la diferencia entre los salarios legislativos y los ingresos mínimos que establece la ley en cada país.“Las comparaciones con otros reflejan el mismo nivel de desigualdad que hay en Argentina. Nosotros decimes que un legislador debe cobrar cuatro salarios mínimos y si quiere cobrar más que suba ese salario mínimo”, dice Pitrola.

 

Buenos Aires 1 NOV 2016 - 13:32 COT

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La caída del salario y la producción en Venezuela: pobreza y derroche rentístico

Tal como lo habíamos previsto en el año 2015[i], el estallido de la peor crisis económica de nuestra novel historia se dio en el año 2016. Aunado a una escasez nunca antes vista de bienes y servicios (y su pésima calidad), se nos presenta una inflación que (a falta de estadísticas oficiales) los más conservadores estiman en 500 % en lo que va de año. El PIB caerá por tercer año consecutivo y el PIB per cápita probablemente retroceda en un impresionante 25 % al anochecer del 2016.

Miles de personas salen del país y la lucha política se enciende en individuos que han entrado en la zona de la pobreza extrema, devengando alrededor de dos dólares diarios, en el mejor de los casos. Ante esta situación nos vamos a concentrar en mostrar algunos resultados económicos puntuales de la crisis, en lo que respecta a los salarios, el ingreso per cápita, lo que se pudo ahorrar y el laberinto de una izquierda en desbandada.

 

La “inverosímil” caída en la producción a pesar del auge petrolero sin precedentes

 

Como hace tantos años no sucedía, Venezuela gozó de un auge petrolero intenso y duradero. Desde el año 2005 hasta el año 2013 los precios del petróleo llegaron a sobrepasar y a sostenerse bastante por arriba de los 90 dólares, con excepción de la caída de los precios en el período que abraca la segunda mitad del 2008 y la primera mitad del 2009. La renta brotó con inusual vigor y dio el impulso para una expansión exorbitante de las importaciones, el gasto público y la compra de maquinaria. Con un precio del petróleo que llegó a ser 14 veces más alto que en el año 2000, se creyó que la distribución de la renta en forma “solidaria” podría ser suficiente para encender la llama de un proceso nacional de acumulación de capital que lleva casi 40 años de estancamiento.

Como vemos en el gráfico 1, la producción per cápita refleja que luego de la edad dorada del crecimiento económico (1951-1977), la economía empezó a mostrar graves signos de agotamiento, resultados económicos nefastos y una continua acentuación del ciclo recesivo. A la década pérdida (1980) le siguió un decenio cargado de slumpflaction (inflación más recesión) y una inestabilidad política sin precedentes. El pésimo desempeño económico nos situó junto a Haití como los peores resultados económicos del continente.

En el gráfico 1 se muestra desde 1951 hasta nuestro tiempo la evolución del PIB per cápita que inmediatamente al llegar el gobierno bolivariano, detenta un ligero repunte, para luego desplomarse en 2003 en el medio de huelgas patronales, golpes de estado y sabotajes a la producción petrolera. El control de la situación política se entroncó con un inusitado y virulento auge de la renta a mediados del año 2004. Los precios se elevaron exponencialmente, y pasaron de un tímido $ 10 por barril a estabilizarse en torno a los $ 100. Ahí es cuando empieza la última época “dorada” del esplendor de la renta. De un PIB per cápita cercano a Bs. 1.400.000 (poder adquisitivo de 1997), se salta a un PIB que casi roza los bs. 2.100.000. El crecimiento es tan fuerte que casi alcanza al pico histórico alcanzado en 1977.

 

Gráfico 1, PIB per cápita con variaciones interanuales (eje derecho)

La fiesta duró un tiempo excepcionalmente largo y en ella se profundizaron los errores propios de todas nuestras épocas de auges rentísticos. Los males que traen aparejadas los estallidos repentinos en el ingreso, se multiplicaron al disfrutar de una quintuplicación de las exportaciones. La industria y el agro fueron aniquiladas con la hoz de un tipo de cambio groseramente sobrevaluado (actualmente la sobrevaluación supera el 10.000 %). Lo importado era extremadamente barato y se desincentivó cualquier esfuerzo productivo. Estado y empresarios se volcaron a la tarea de exportar la renta petrolera a base de importaciones exageradas, importaciones fraudulentas, fuga de capitales (la más grande del planeta, de acuerdo al tamaño de nuestra economía) y un endeudamiento externo a lesivas tasas de interés.

El reflujo productivo fue (inicialmente) cubierto por el gobierno que en inversión superó ampliamente al sector privado, hasta el punto de cuadruplicarlo en el año 2014. Aunque esa inversión se tipifica como formación bruta de capital fijo (FBCF), es decir, adquisición de medios de producción, la producción total ha caído vertiginosamente ya que las empresas estatales no tienen la más mínima vocación hacia la rentabilidad, no por el hecho de ser estatales, sino por vender las mercancías que realizan a precios ridículamente bajos. Los subsidios que se aplican a bienes como la energía eléctrica, el servicio de agua, el Metro etc. rondan el 95 %. Ni hablar de la gasolina, que a pesar de un aumento de 6.000 % en febrero de este año, aún permite con un dólar vendido en el segundo mercado oficial: DICOM, llenar tres tanques de gasolina. El corazón de la economía: PDVSA, languidece y se arruina al ser obligada a vender parte de las divisas que genera a un precio de Bs. 10 (DIPRO), cuando el gobierno le compra a los exportadores los dólares a Bs. 650, (DICOM). Esa transferencia de renta, otrora plusvalía, a quienes compran esas divisas sobrevaluadas enriquecen a quienes las obtienen y arruinan a quienes las vende (PDVSA).

Cuando la renta deja de tener una faz fenomenal, se caen las importaciones, se deprecia la moneda y la desaparición de la producción se nos muestra con una formidable caída en la oferta de bienes y servicios. El descenso de la oferta impulsa los precios (inflación), cuya gasolina no es más que la producción alocada de dinero inorgánico (la expansión de la Base monetaria (1999-2016) fue de 41 mil %) y la congelación de las tasas de interés para hacer más baratos los préstamos y las deudas en bolívares. Con ello se facilita la compra de divisas que impulsan la fuga de capitales.

Este coktail desastroso tiene que necesariamente devenir en una destrucción del poder adquisitivo, o sea, en una pobreza trepidante.

 

La grotesca caída del salario real y la defensa de lo indefendible

 

El comportamiento del salario ha sido revelador en estos años. Por más insólito que parezca, economistas “progresistas” salen en televisión estatal diciendo que el salario mínimo en Venezuela se ha incrementado en 33 ocasiones en todo el período bolivariano (casi 18 años) y luego pasan a graficar el salario nominal (!¡). De tal forma muestran una curva ascendente que refleja una elevación salarial meteórica. Sin ningún empacho se “olvidan” de indexar la inflación al cálculo del salario, y desarrollar un indicador tan elemental como el salario real que a continuación mostramos en el gráfico 2.
Gráfico 2, el salario real Anual (2000-2015)

El gráfico 2 nos muestra que desde el año 2006, hasta el año 2015 el salario real ha caído en un impresionante 37,49 %. Teniendo en cuenta que las proyecciones más optimistas de la inflación anual consideran que en el año 2016 la inflación será el doble de la del año pasado, es probable que la inflación alcance la cifra de 400 % (el FMI estima la inflación para el año 2016 en 720 %) y que los aumentos previstos este año no lleguen al 60 %; lo cual generará la caída salarial más drástica de nuestra historia, marca batida en 2015. Si la inflación alcanzara la mitad de la cifra que estima el FMI para el 2016, la caída del salario real para el breve período 2012-2016 alcanzaría el 78 %, una depauperación absoluta.

Un dato no menor es que para realizar el cálculo hemos tomado los salarios unidos al bono de alimentación que sólo reciben los trabajadores en el sector formal de la economía, que apenas alcanza a la mitad del total de los obreros. Eso quiere decir que el ingreso es considerablemente menor, ya que el bono de alimentación duplica al salario. Semejante incongruencia no es casualidad. En un fallo histórico y bochornoso, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que el bono de alimentación que se les paga a los obreros mensualmente como parte de su remuneración al trabajo, no es salario (¡!), y por ende debe excluirse de la contabilidad laboral que se toma en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales, liquidaciones, utilidades, vacaciones etc. Un esperpento jurídico de dolorosas magnitudes, una expropiación sin precedentes. En el gráfico 3 graficamos el índice del salario real sin cesta ticket, el salario en stricto censu. Su caída es tremenda.

 

Gráfico 3, Índice del salario real sin Cesta Tickets

En el gráfico 4 observamos la medición del salario a través de dólares no oficiales, los que comúnmente se transan en el mercado y sirven de referencia para la fijación de precios de la mayoría de mercancías. En la figura a continuación notamos que el máximo nivel salarial se obtuvo en el año 2001, cuando el salario mínimo rondaba los 400 dólares mensuales, en esa época era quizás el salario más alto de América Latina. A partir de 2003 se aplica un severo control de cambio, lo cual no es óbice para ver el salario merodear los 315 dólares (en 2003 había caído a $ 250), ya lejos del año 2001, pero bastante arriba en comparación de muchos salarios en América Latina. El último año de cierto nivel de estabilidad en el salario fue el 2011, donde el precio del petróleo mostró su último gran impulso. En ese año el salario ya había caído a los 250 dólares. De ahí en adelante la caída del salario explica parte de la tenaz situación que la clase obrera sufre en la actualidad. Con apenas 61 dólares el salario del 2016 es 87,6 % más bajo que el salario del año 2011, y es 92 % más bajo que el salario del año 2001, en el cual el chavismo no había implantado el control de cambio actual y no había problema alguno para cambiar los bolívares por las divisas que se quisieran.

 

Gráfico 4, salario en dólares no oficiales...

Para nadie es un secreto que más del 90 % de los precios se cotizan en precios que expresan el tipo de cambio no oficial (paralelo). Los bienes que son rígidamente regulados se muestran como extremadamente económicos y por ello son víctimas de una sobredemanda que los termina exportando por contrabando o los empuja al mercado negro. Demás está decir que desde hace años dichos bienes son imposibles de conseguir sin tener suerte y ánimo de hacer una fila que puede extenderse por 20 horas.

En la actualidad el gobierno bolivariano ha creado el Plan de Abastecimiento Complementario (PAC)[ii], ahí se legaliza la venta de productos de la cesta básica a precios internacionales multiplicados por la cotización del dólar paralelo. En su afán por poner alguna mercancía en el anaquel el gobierno cuasi derogó de facto la absurda ley de precios justos, y permite que mercancías “rígidamente” reguladas se vendan a precios siderales. Ello alivia un poco la situación de la escasez, ya que a esos precios son pocos los que pueden acceder a esos bienes, pero enerva a los productores internos que se quejan del por qué los bienes importados no sufren de control de precios y los nacionales sí.

Ante la volatilidad de los precios del petróleo, el ahorro debió haber sido la respuesta racional, pero se optó por el derroche (como siempre)

El ahorro no evita la crisis, la modera, es decir, suaviza el ciclo económico con una premisa muy sencilla: ahorra un buen porcentaje de tus ingresos cuando estos sean muy altos, y gasta (usando lo que ahorraste) un poco más de lo que tienes cuando el ingreso sea muy bajo. Estas medidas contracíclicas parten de ahorrar en la bonanza exportadora e invertir en industrias que puedan desarrollar fuerzas productivas capaces de generar ingresos independientes de la renta petrolera. Esa juiciosa utilización de la renta, minimiza los males tipificados en ideológicas teorías como: la enfermedad holandesa y la maldición de los recursos. Ni hablar del ignominioso mito del: “excremento del diablo”.


En el gráfico a continuación vemos la cantidad de recursos que se pudieron haber ahorrado, de haber seguido los sencillos pasos que antes explicamos. Veamos:

 

Gráfico 5, estimación del ahorro en las exportaciones que se pudo haber captado desde 2004

 

En el gráfico anterior podemos ver que con un ahorro de apenas 20 % de las exportaciones, que repetimos, se multiplicaron por casi 4 veces en el período 2003 a 2012, se pudo haber ahorrado más de 170 mil millones de dólares, lo equivale a más de 15 veces la totalidad de las exiguas reservas internacionales (2016) del país. Esta fabulosa cantidad es igual a 12 años de importaciones, tomando en cuenta las importaciones del año 2003 (el primer año del control de cambio). Si consideramos que el incremento neto de las exportaciones llegó a ser de 257 %, es plausible imaginar que se pudo ahorrar el 40 % de las exportaciones con un poco de disciplina. De haber hecho esto, el país hubiera podido acumular más de 345 mil millones de dólares. Con ello tendría el equivalente a más de 30 veces las minúsculas Reservas Internacionales de hoy en día y a la vez tuviera una cifra de ahorro equivalente a 24 años de importación (a niveles del año 2003), cuando el control de cambio daba sus pinitos. Incluso ahorrando un 10 % de las hercúleas exportaciones se pudo obtener más 6 veces las reservas internaciones de nuestra actualidad y más de cinco años de importaciones (2003).

De tal forma se calcula que el FONDEN gastó en cerca de 8 años la cantidad de 137.403 millones de dólares[iii], en proyectos de difícil verificación. Con el monto que gastó el FONDEN, se hubiera podido pagar nuestra deuda externa entera (2012), 6 veces la deuda de Uruguay, 11 veces la deuda de Ecuador, 22 veces la deuda de Bolivia y 130 veces la deuda de Haití[iv].

 

Corolario a una “izquierda” es desbandada...

 

La izquierda naufraga en luchas fragmentarias y estériles propias de la postmodernidad. Cuando ve a la gente crujir de hambre, se lamenta y levanta una bandera por la Pachamama. Cuando ve a la gente hurgando comida en basurales, se entristece y levanta un grito en contra de la violencia simbólica sexual. Cuando ve a miles de personas mendigando, se deprime y protesta contra el calentamiento global, el racismo, la discriminación sexual y mil cosas más. Su táctica micropolítica la despedaza y debilita hasta el extremo: la hace ver exótica. Critica todas las cosas que ve, menos al capital, la relación social general que anega a millones en la miseria. Los obreros en extrema depauperación los suelen ver con asombro y se preguntan: Será que estos son importados?

*Manuel Sutherland @marxiando Caracas, 24/10/2016
Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO_ALEM)
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Web: https://alemcifo.wordpress.com /

[i] Sutherland, Manuel. La crisis económica estallará en 2016. Fecha: 28/12/2015. Disponible en: http://www.aporrea.org/ideolog ia/n283382.html 
[ii] Noticia: Con harina a Bs. 1890 inician plan de abastecimiento complementario en Caracas (Lista Precios). Portal: Latabla.com. Fecha: 14/10/16. Disponible en: http://www.latabla.com/con-har ina-a-bs-1890-inician-programa -de-abastecimiento-complementa rio-en-caracas-lista-precios/
[iii]Figueroa, Ahiana. Gobierno gastó en ocho años $137.403 millones de sus fondos. Fecha de publicación: 10/04/14. Artículo disponible en: http://www.elmundo.com.ve/ noticias/economia/politicas-pu blicas/gobierno-gasto-en-ocho- anos--137-403-millones-de-s. aspx#ixzz40GUJUSwj
[iv] Fajardo, Nelson. La deuda externa de América Latina y el Caribe. ¿Hasta cuándo?.Fecha de publicación: 09/04/2014. Artículo disponible en: http://www.semanariovoz.com/20 14/04/09/la-deuda-externa-de- america-latina-y-el-caribe-has ta-cuando/ (Los datos de la deuda de los países llegan hasta 2012)

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Viernes, 07 Octubre 2016 07:01

La concentración del poder es un cáncer

La concentración del poder es un cáncer

Las manos visibles de los mercados –las grandes corporaciones y las elites que los controlan y dirigen– son las que capturan los beneficios del crecimiento; y las que, en períodos de crisis, tienen capacidad para preservar o aumentar sus privilegios.

 

Presentados como axiomas incontrovertibles, supuestamente sostenidos por la teoría económica y la evidencia empírica, no son pocos los lugares comunes manejados por los economistas. Uno de los más recurrentes, al que se acude una y otra vez, es que los salarios recibidos por los trabajadores recompensan su productividad o el capital humano atesorado por cada uno. ¿El ejecutivo cuya retribución es cien veces, o más, superior a la del salario medio pagado en su firma ve premiado su plus de productividad? ¿Acaso son sus méritos profesionales los que explican las muy generosas pensiones e indemnizaciones que tienen otorgadas? En absoluto.

Un ejemplo de un patrón que se ha generalizado en los países capitalistas desarrollados. En una reciente publicación del Economic Policy Institute se ofrece información sobre la relación existente entre la compensación recibida por los ejecutivos de las grandes corporaciones estadounidenses y la de un trabajador típico. Pues bien, en 2015 la diferencia entre ambas era de 276 veces; esa relación era en 1965 de 20. Según este estudio, entre 1978 y 2015 la compensación de los ejecutivos aumentó 940,9 por ciento, mientras que la de los trabajadores típicos tan sólo lo hizo en un 10,3 por ciento.

Tan desproporcionado ingreso está determinado de hecho por algo tan viejo y al mismo tiempo tan actual como las relaciones de poder. Sí, el poder, esa dimensión que la economía convencional ignora, como si nada tuviera que ver con la configuración de los procesos económicos y con el reparto de los resultados. Lo cierto es que las manos visibles de los mercados –las grandes corporaciones y las elites que los controlan y dirigen– son las que capturan los beneficios del crecimiento; y las que, en períodos de crisis, tienen capacidad para preservar o aumentar sus privilegios.

Muchos de los equipos directivos y de los ejecutivos que ocupan un estatus privilegiado en el organigrama empresarial han heredado un patrimonio y conexiones familiares y han sido educados en selectas, elitistas y carísimas escuelas de negocios, lo que les sitúa en la cúspide de la estructura social. Con la complacencia de los afines, que comparten privilegios e ingresos, y ante la ausencia o la debilidad de los mecanismos de control de la gestión corporativa, se autoasignan a discreción salarios, bonos, pensiones y stock options.

No importa que hayan asumido en su gestión riesgos excesivos, que actuaran en franca colusión de intereses con los grandes accionistas, tampoco su falta de compromiso con la inversión productiva, que promovieran un masivo trasvase de recursos desde la empresa hacia la industria financiera, su responsabilidad en la escalada del endeudamiento, su abierta disposición a participar en movimientos financieros de signo marcadamente especulativo, y su responsabilidad en la realización de operaciones de autocartera y de fusiones con otras empresas con el único propósito de aumentar el valor en bolsa de la firma resultante y con ello sus retribuciones, estrechamente vinculadas a los índices bursátiles... Nada de esto parece importante, a la luz de los privilegios que continúan disfrutando.

Estas políticas han sido, desde luego, muy lucrativas para las elites económicas, que han amasado grandes fortunas y patrimonios, pero poco tienen que ver con la productividad, en el sentido más genuino que cabe dar a este término, esto es, esfuerzo, cualificación y rendimiento.

Un mínimo sentido de justicia y la aplicación de un principio muy básico de economía –no premiar al ineficiente, como, de hecho, ha sucedido– tendrían que haber conducido a la penalización de esta oligarquía que ha contribuido a la descapitalización de sus empresas, sometiéndolas a un permanente saqueo patrimonial y a una deficiente gestión. Prácticas que, en definitiva, nos han llevado a la crisis económica, con toda la secuela de destrucción de capital productivo y tejido social que hemos conocido en estos últimos años.

Pues no, ha sucedido todo lo contrario. Han conservado, cuando no han reforzado, sus privilegios. Continúan al frente de sus negocios, ganando sumas extravagantes y, por si esto no fuera suficiente, han recibido recursos públicos, pagados con recortes sociales y con impuestos regresivos que penalizan las rentas medias y bajas. Al mismo tiempo, sin ningún pudor, en los foros empresariales y en los medios de comunicación reclaman austeridad, moderación y esfuerzo colectivo para salir de una crisis en la que, en realidad, ellos nunca han entrado.

La situación es, si cabe, más grave que antes de que estallara el crack financiero, pues ahora las palancas de control social son más débiles y la política y las instituciones reflejan cada vez más los intereses de los ricos, del poder. Las reformas laborales suponen, en este sentido, un duro golpe a la negociación colectiva y al ejercicio de los derechos ciudadanos dentro de las empresas, desnivelando la relación entre el trabajo y el capital, en beneficio de éste; y las políticas de ajuste presupuestario constituyen, en realidad, la punta del iceberg de una estrategia de gran calado encaminada al desmantelamiento y captura, por parte de los grupos económicos, de los estados de bienestar.

Esta problemática –la de los privilegios de las elites, la de la concentración del poder económico– está fuera de la agenda política y ocupa un lugar muy periférico en el debate económico. Sin embargo, supone un gran desafío para los partidos del cambio, que no pueden ignorar la deriva oligárquica (y autoritaria) de nuestras sociedades. Hay que actuar, con un planteamiento ambicioso, en el terreno de la fiscalidad. También, y aquí nos jugamos mucho, para debilitar el poder corporativo de las elites, verdadero lastre para la democracia y para un buen funcionamiento de la actividad económica.
Fernando Luengo es profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

Tomado de http://www.sinpermiso.info

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El fin del conflicto con las FARC y los derechos de los trabajadores del campo

Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC para terminar con más de 50 años de confrontación armada, abren una ventana de oportunidades para la modernización del sector agropecuario colombiano, dominado tradicionalmente por una elite terrateniente que le ha impuesto al país sus intereses mediante un modelo de explotación y de propiedad completamente anacrónico e ineficiente; el mismo que le ha permitido la captura de enormes rentas y de un poder político con una gran incidencia en el diseño de la políticas públicas en todos los niveles, y que además ha excluido a la inmensa mayoría de los trabajadores del campo de su condición de ciudadanos sujetos de derechos.

El 1º capítulo de los acuerdos de La Habana: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, establece como requisito para la efectividad y transparencia de esta política “la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados”, resaltando que esta participación como garantía de mayor inclusión de las comunidades rurales en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación .

Hasta ahora, la participación se ha concentrado únicamente en la comunidad de los grandes propietarios y empleadores del campo, a través de fuertes y reconocidas organizaciones gremiales como la SAC, Fedegán, Fedepalma, la Federación Nacional de Cafeteros (tradicionalmente dominada por los grandes comercializadores del grano), FENAVI, entre otras. Estas organizaciones, en conjunto con los distintos gobiernos, han moldeado la política agraria en función de sus intereses.

En cambio, la participación e incidencia en las políticas públicas y las relaciones laborales para el sector por parte de las comunidades de campesinos pobres, jornaleros y trabajadores agrícolas asalariados, no ha sido posible en ningún sentido, dados los bajísimos niveles de sindicalización que presentan estos trabajadores en todo el país, con la excepción de la zona de Urabá. Y son bajísimos debido a la violencia y estigmatización que han acosado a las pocas organizaciones sindicales existentes.

La tabla 1 ilustra en qué medida les han sido negados los derechos de libertad sindical a los trabajadores asalariados del campo, y qué tanto diálogo social existe en el sistema de relaciones laborales de las empresas del sector, ambos componentes esenciales de la noción de “Trabajo Decente” que promueve la OIT y cuya implementación obliga tanto a empleadores como al gobierno:

 

 

Una de las consecuencias que ha tenido el conflicto armado con las FARC y con otros actores armados, sumado a la cultura antisindical de las elites económicas y gobernantes del campo, ha sido la imposibilidad de constituir sindicatos autónomos e incidentes en las empresas agrícolas, y a través de ellos promover los derechos humanos laborales y el diálogo social en las empresas mediante la negociación colectiva.

En la base de datos de la ENS sobre Censo Sindical aparecen 455 organizaciones sindicales del sector agropecuario registradas en el Ministerio del Trabajo, con un total de 89.361 afiliados, el 2.5% del total de la población ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo, no todas agrupan trabajadores propiamente asalariados: 290 son asociaciones que agrupan a jornaleros y campesinos pobres, la mayoría con una jurisdicción territorial, a nivel municipal o veredal, y con apenas 38.161 afiliados; 62 son organizaciones de pequeños campesinos y productores, con 7.656 afiliados, y una jurisdicción también territorial; 30 son asociaciones que agrupan principalmente a mujeres, a jóvenes, a desplazados y ambientalistas, con 3.146 afiliados; y 52 son sindicatos propiamente de trabajadores dependientes/asalariados, que agrupan a 37.242 trabajadores, o el 10.9% de los trabajadores asalariados con contrato de trabajo.

Que apenas el 2.5% de los trabajadores del campo se haya podido organizar en sindicatos, es de por sí un indicativo claro del enorme déficit democrático que existe en el campo. Esto sin tener en cuenta qué tan efectivas y representativas sean estas organizaciones, interrogante válido dado el grave contexto de violencia y de estigmatización que han tenido que soportar la mayoría de las organizaciones sociales del campo.

La tabla 1 nos indica también cuál es la tasa de afiliación a la protección social, al menos al sistema de riesgos laborales, que es apenas del 9.6%, la más baja de todas las divisiones económicas, y cuánto es el ingreso promedio que tienen los trabajadores del campo: $503.474 al mes, según el DANE, un ingreso que apenas representa el 55% del ingreso promedio nacional y el 78% del salario mínimo.

A estos datos agreguemos que, según la encuesta de calidad de vida del DANE, el 56.8% de la población de los centros rurales poblados y dispersos se considera pobre, que el 36.6% considera que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir los gastos mínimos del hogar, y que el 59.4% considera que sus ingresos apenas alcancen para cubrir este mínimo. Esta precariedad en el ingreso es consecuencia, entre otros factores, de la falta de un actor sindical fuerte con capacidad de incidir en la forma como se distribuye la riqueza que se genera en el trabajo agrícola a través del diálogo social, que es el instrumento idóneo para promover mejores condiciones de vida y de trabajo y una mayor justicia social, como lo ha demostrado la OIT a nivel internacional.

La falta de un actor sindical con incidencia en las políticas del sector agropecuario se explica por varios factores. El primero de ellos es la fuerte cultura antisindical que promueven las elites dominantes del campo , las que incluso en muchos casos han acudido a los ejércitos paramilitares para impedir la organización de los trabajadores.

Un segundo factor ha sido la presencia de grupos armados ilegales como las FARC y la AUC, con control sobre amplísimos territorios, en los cuales no se ha permitido la organización autónoma de los trabajadores, incluso, algunas de estas fuerzas se han utilizado por parte de los empleadores para perseguir, desterrar y hasta asesinar a directivos y activistas sindicales, y para acabar con organizaciones sindicales autónomas, como lo indican, por ejemplo, las denuncias que se han hecho acerca de la financiación a los ejércitos de la extrema derecha por parte de organizaciones gremiales de los propietarios terratenientes y hacendados del campo . Y como lo indican también los datos que la ENS ha recogido sobre la violencia antisindical, y que nos dicen que entre 1979 y 2016 se registraron 3.211 violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas de los sectores de la agricultura, la caza, la pesca, minas y canteras, siendo el homicidio la principal forma de victimización con 1.207 casos , fenómeno del que ni las FARC han escapado, como lo muestran los asesinatos de sindicalistas en el sector bananero de Urabá.

Esta violencia no solo incidió en la pérdida de vidas, la instauración del terror, el debilitamiento y exterminio de los sindicatos en lo rural, y con ello, la pérdida de garantías y derechos, sino que marcó unos impactos que entorpecieron el surgimiento y fortalecimiento del sindicalismo en este sector. Hay actividades en las que no se registra la existencia de un solo sindicato, como en la actividad ganadera, por ejemplo.

La tercera causa tiene que ver con la debilidad del Estado, y en muchísimos casos, su ausencia total, en la mayoría de los municipios y regiones agrícolas. Para todo el país apenas hay 904 inspectores, la mayoría concentrados en las oficinas de las regionales del trabajo de las principales ciudades, y los pocos inspectores asignados para el sector rural están dispersos en unos pocos municipios, con un radio de acción tan amplio y con tan pocos recursos, que su presencia efectiva en las zonas rurales es prácticamente inexistente, situación que facilita las relaciones laborales por fuera de la ley. Adicionalmente, muchos de estos inspectores están completamente subordinados, o cooptados, a los gamonales y empleadores del campo, lo que hace que su actuación sea en muchos casos cómplice con la ilegalidad laboral.

Y finalmente, otra causa de la baja sindicalización de los trabajadores asalariados agrícolas se deriva de las propias condiciones en las que se desarrollan muchas de las actividades del campo, que demandan trabajadores por cosecha, o por temporadas, lo que impide que surjan organizaciones sindicales estables y con posibilidades reales de actuación; situación que se agrava por la tercerización ilegal a la que acuden muchas empresas como estrategia para disminuir costos laborales (como la utilización de falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector de la palma) y para descargar sobre otros los riesgos propios de la contratación laboral.

Las consecuencias que ha tenido esta debilidad del Estado para vigilar y someter a la ley las relaciones laborales en el campo, se observan en la siguiente tabla:

 

 

Aunque no se cuenta con información acerca de cuántos trabajadores del campo son dependientes/asalariados, ni cuántos están empleados de manera directa en cada una de los sectores contenidos en la tabla, la situación de todas maneras no deja de ser deplorable: apenas el 9.6% de los trabajadores del campo cuentan con una relación laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, y apenas 30.154 empresas afilian a sus trabajadores al sistema de protección social.

De todas maneras, lo más seguro es que en la mayoría de estos sectores el respecto a la ley sea completamente marginal. En la caficultura, por ejemplo, la actividad económica más importante en el sector agrícola colombiano, la formalización del trabajo apenas cubre al 0.35% de los trabajadores directos. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este sector empleaba a cerca de 800 mil personas en 2014, lo cual indica la precariedad laboral que campea en este sector y que explica, en parte, las dificultades que tienen los productores de café para reclutar trabajadores que recojan la cosecha.

Por su parte, Fedegán informa en su plan estratégico que la ganadería es el primer generador de empleo directo del país, con cerca de 950.000 empleos directos, de los cuales apenas 25.995, o el 2.7% del empleo en este sector, está afiliado a la protección social.

Según Fedepalma, en el sector de la palma el empleo directo era en 2015 de 58.273 trabajadores, de los cuales estaban afiliados a la protección social apenas el 37.8%. En el sector avícola, el boletín de Fenavi informa de la vinculación directa de “un poco más de 400.000 trabajadores”, vinculados a 7.000 granjas avícolas, por lo que la supuesta “responsabilidad social” que pregona este gremio queda en contraevidencia al cruzar los datos de la afiliación de sus trabajadores al sistema de protección social: de cada 100 trabajadores contratados apenas 0.7 están afiliados al sistema de riesgos laborales, y de cada 100 empresas, sólo el 11.7% cumplen con la ley laboral en esta materia .

Ni siquiera el sector exportador de flores escapa a la precariedad e ilegalidad laboral: aunque en este sector, según Asocolflores, se encuentran vinculados un poco más de 130 mil personas, “vinculadas de manera formal, permanente, directa e indirectamente”, y que “la floricultura genera en la actualidad el 25% del empleo rural femenino del país” , la protección social apenas cubre al 47.6% de los trabajadores.

Si esta es la situación del trabajo en los sectores más moderno de la agricultura, la situación es todavía más grave en los demás sectores, en los que la informalidad, la desprotección social, los ingresos precarios y la falta de derechos son el pan de cada día y afectan a cerca del 90% de los trabajadores del agro.

Está claro, entonces, que el problema fundamental que viven los habitantes del campo, precisamente la región del país que más ha sufrido la violencia, es un déficit enorme y profundo de la democracia; déficit medido con tres indicadores: la ausencia de organizaciones sociales fuertes que les permitan a los trabajadores del campo incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo y en las políticas públicas que se diseñen para este sector; la exclusión de la mayoría de su población trabajadora de los sistemas de protección social, que los coloca en una situación de vulnerabilidad permanente y en una enorme incertidumbre respecto de su situación futura; y la exclusión de los frutos de la riqueza que se genera a través del trabajo agrícola, por la falta de ingresos, o porque estos son precarios, factor que, añadido a la concentración de la propiedad en pocas manos, explica los altos niveles de pobreza e indigencia que presenta la población del campo colombiano.

El primer capítulo de los acuerdos de La Habana sobre lo que debe ser una política agropecuaria, contiene, entre otros, un principio que se refiere al “Bienestar y buen vivir”: “El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales...” Principio que se puede convertir en un simple canto a la bandera sino aprovechamos la oportunidad que tenemos de acabar con el conflicto armado con las FARC, para poner en marcha modelos de relaciones laborales en el sector agropecuario que vinculen de manera efectiva los contenidos del trabajo decente en materia de diálogo social: protección social, remuneración suficiente, trato justo en el trabajo, estabilidad y seguridad en el empleo.

En este sentido, construir la paz en el campo es imposible si a los trabajadores agrícolas no se les garantizan condiciones reales y efectivas para que se organicen en sindicatos fuertes y articulados, lo que significa que se reconozca su legitimidad y se abandone de manera definitiva los prejuicios y la estigmatización de que han sido víctimas históricamente, y se ponga fin al tratamiento de orden público que se le ha dado a los conflictos sociales y laborales en el campo.

 

Publicado 13 de septiembre de 2016.

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Concluye marcha en Argentina con la advertencia de un paro nacional

La multitudinaria Marcha Federal llegó a la Plaza de Mayo de esta capital la tarde de ayer, donde convergieron columnas de miles de manifestantes que caminaron varios kilómetros en la última etapa de esta movilización, provenientes tanto del sur como del norte, para rechazar los despidos masivos, el ajuste, el tarifazo y otras medidas del gobierno del presidente derechista Mauricio Macri.

Convocada por las dos centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Marcha Federal es, sin duda, la más grande en la historia de esa movilización, que comenzó a mediados de los años 90 contra el neoliberalismo de entonces, acompañada por gremios importantes, como el de la Confederación General del Trabajo (CGT), el de camioneros y otros frentes sindicales y representantes de la Central Única de Trabajadores de Brasil y el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay.

Un mar de banderas se agitaba hoy en la plaza y calles adyacentes, las cuales mostraban la diversidad de participantes. La gravedad de la situación económico-social movilizó a organizaciones gremiales, independientes, sociales, estudiantiles, de políticos, derechos humanos, artistas, pequeñas y medianas empresas y otros, que hicieron de esta movilización la más plural.

No sólo se realizó el acto multitudinario en la Plaza de Mayo. Desde hace dos días se efectúan acciones similares en las principales capitales del interior del país. El jueves, en Rosario, provincia de Santa Fe, donde el desempleo se disparó a casi 12 por ciento en los ocho meses de gobierno de Mauricio Macri, miles se sumaron a esta protesta.

Los dirigentes de la CTA se dividieron y encabezaron la movilización, que comenzó el pasado 31 de agosto en todo el país. En esta capital, agrupaciones de izquierda mantuvieron ayer los bloqueos viales en el centro de la ciudad, mientras trabajadores precarizados, unidos en diversas organizaciones, llevaron a cabo una vigilia con ollas populares desde anoche, acampando en Puerto Madero, bloqueando tres puentes de ese barrio construido para los "nuevos ricos" y oficinas.

Hablando desde un inmenso palco, donde no faltaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como representantes de todos los sectores que concurrieron este día, el dirigente de la CTA, Hugo Yasky, advirtió que "empezó la cuenta regresiva para el paro nacional". Recomendó al presidente "que mire lo que hay en la calle: hambre, tristeza y miedo al futuro". Señaló que el mandatario "padece un prolongado estado de ceguera y sordera".

Llamó a la unidad de todas las organizaciones sindicales para resistir las medidas que están desatando una verdadera tragedia en las mayorías, y pidió la reapertura de las paritarias (discusiones con el gobierno y las empresas sobre los salarios de los trabajadores) para tener "un salario con el que se pueda llegar a finales de mes". Sostuvo que si no se abre "la economía del país, continuará hundiéndose".

Se refirió al veto de Macri a la ley antidespidos, que votó el Congreso pese a la gran marcha de trabajadores que apoyó dicha medida a finales de abril pasado. Destacó la acción negativa de los medios masivos de comunicación, como Clarín, que ocultan estas movilizaciones, refiriéndose con ironía a los que para no mencionar la marcha hablan de "congestiones en el tránsito".

Por su parte, Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, dijo que "los trabajadores no nos merecemos un ministro y un presidente como ustedes". Manifestó que la Marcha Federal "da esperanza y fuerza, al ver que ante esta grave situación que vivimos nos ponemos de pie de esta forma".

Recordó que se está luchando por "una patria libre; no queremos ajuste y esa es nuestra ideología", al responder a las críticas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien calificó la protesta de "ideológica".

Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y gremial de la CGT, advirtió al gobierno, ante las versiones de que el Poder Ejecutivo prepara un plan de flexibilización laboral, que "no nos sorprendería" que lo hiciera, "pero va a ser rechazada en su conjunto por todos los trabajadores".

Anticipó que de continuar esta situación "se va a consensuar un paro general entre las cinco centrales sindicales".

Los dirigentes de la unificada CGT se reunieron este viernes con el ministro de Trabajo y le entregaron demandas, lo que resultó extraño en momentos en que se efectuaba la protesta.

Sin embargo, al finalizar, Triaca sostuvo que no se abrirán paritarias, mientras el jueves el jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró ante la Unión de Industriales Argentinos, que también llevaron sus reclamos por la crisis, que "estamos mucho mejor que el año pasado", para sorpresa de los empresarios.

A esto se refieren los analistas locales y extranjeros cuando hablan del "peligroso autismo" del gobierno actual. Además, este viernes hubo un paro de docentes y médicos bonaerenses que paralizó las actividades en toda la provincia.

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ENRIQUE VALENCIA LOMELI


El investigador mexicano analiza la persistencia de una narrativa que lleva más de 30 años de reformas orientadas por políticas neoliberales. Lejos del desgaste frente a un panorama de escaso desarrollo social –un 50 por ciento de pobreza sostenida desde hace 30 años en México y una muy alta desigualdad–, la narrativa de mercado se repite y es efectiva, según Valencia Lomelí.

 

 

En la base de este relato existe una coalición tecnocrática nacional e internacional obsesionada por la baja inflación, por sostener un salario mínimo extraordinariamente bajo y un conjunto de acuerdos de apertura comercial. ¿Cómo funciona esta narrativa? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Qué condiciones estructurales sostienen dicha narrativa?

 


–Hace algunos meses presentó en Buenos Aires, en la sede de Clacso, un trabajo que llevaba por título “La (no) extraña persistencia de la narrativa de mercado” ¿Qué significa y por qué entre paréntesis la palabra “no”?


–Si analizamos el desempeño económico y social de México de los últimos 30 o 35 años, parecería muy extraña la persistencia de una narrativa de mercado que ha durado mucho tiempo y ha sido muy consistente. Entonces, teniendo un desempeño económico muy pobre en algunos indicadores y viendo el desarrollo social, donde existe una persistente pobreza y una alta desigualdad que no cede, cabe la pregunta ¿Cómo es posible que se mantenga esta narrativa triunfante? Por otra parte el “no” entre paréntesis, es lo que intento discutir, apunta a los fundamentos de una narrativa que persiste a pesar de los indicadores que arroja. Quienes defienden esta narrativa en México han configurado una coalición internacional que promueve este tipo de discursos. O sea, hay un fundamento de tipo sociopolítico, es decir una asociación de coaliciones mexicanas pro-mercado, con coaliciones internacionales pro-mercado. Por eso juego con esas dos dimensiones: por un lado es extraña la persistencia de esta narrativa, pero por otro lado tiene fundamentos sólidos que la sostienen.


–¿En qué consiste esta estrategia discursiva que se reproduce desde hace 30 años?


–Al inicio se genera la necesidad de introducir una reforma. Lo que se dice es que se trata de una reforma indispensable. Incluso se señala que la economía nacional no puede seguir adelante, si no se hace esta reforma. Entonces se busca la legitimidad a nivel nacional, en los medios políticos, académicos, de comunicación, etc. Hay toda una campaña para instalar la legitimidad de la reforma. Luego se busca identificar a los opositores para deslegitimarlos. Según esta narrativa, los opositores están en contra de la reforma porque no hacen un análisis correcto, porque tienen intereses propios, ocultos, etc. Según esta narrativa, el ámbito académico también se opone a la reforma porque los académicos no saben nada de la economía nacional, no saben lo que se vive en el mundo. A esto le sigue la etapa que consolida la reforma en términos legales y reglamentarios. Una vez alcanzada la formalización, viene la etapa de festejos de celebración por los cambios. ¡Como si una simple reforma legislativa cambiara la economía nacional! En esta etapa, se dice “hemos logrado transformar el país” y lo celebran quienes promueven estas reformas, pero además los organismos internacionales, los medios de comunicación afines, etc.


Acto seguido, viene la aplicación de la reforma en la vida cotidiana y sabemos que esta es compleja porque la economía no cambia con una simple ley y al poco tiempo empiezan a aparecer las limitaciones. Es decir, no se consigue todo lo que habían señalado que se iba a conseguir. Entonces viene la siguiente etapa: una nueva reforma, que viene completar un ciclo reformista que no ha terminado. Dicen “es necesario introducir una nueva reforma”. Así vuelve a iniciar el ciclo discursivo. México se ha reinventado no sé cuántas veces, por ejemplo con la reforma comercial, con la ola de privatizaciones, etc.


–¿Cómo está formada la coalición pro-mercado que mencionó previamente?


–Esto se puede ver en varios paìses del mundo donde hombres de Estado antes de cumplir con funciones públicas eran miembros de familias empresariales o bien pertenecían a grandes empresas, etc. Hay un juego entre la entrada y la salida de instituciones públicas a privadas y viceversa. En EEUU varios autores como, por ejemplo, Stiglitz cuestionan este fenómeno llamado de “puertas giratorias” donde hay una circulación que va del Estado norteamericano a Wallstreet y se reproduce en sentido contrario. Algunos hombres de Wallstreet de pronto pasan a ser dirigentes de instituciones públicas que tienen que ver con cuestiones financieras, con el manejo de políticas monetarias, etc. En España este debate referido a las puertas giratorias estuvo muy presente en el debate electoral. Existen propuestas para reglamentar este corredor que va del sector privado al sector público y viceversa. En México esto se ha vivido en los últimos años, donde algunos personajes que fueron muy importantes en las reformas de mercado al poco tiempo se volvieron directores de grandes empresas. Este fue el caso del sector de las telecomunicaciones con Telefónica. Así como ocurrió con las empresas ferroviarias donde algunos hombres migraron desde el sector público y se convirtieron en miembros de los consejos de administración de estas empresas que fueron privatizadas y ahora son estadounidenses. Hace poco en México se ha lanzado la reforma energética y ya vemos funcionarios públicos que cumplieron con cargos importantes que ahora se han vinculado al mundo de las empresas energéticas y petroleras. Ese esquema cementa de una manera muy firme el poder de esta tecnocracia. No es una tecnocracia meramente pública, es una tecnocracia vinculada al sector privado. Este pegamento poderoso entre intereses públicos e intereses privados le da continuidad a esta tecnocracia. Por último, en México hubo una extranjerización de los bancos privados, con la reforma financiera. En su momento quedó un solo banco privado nacional (porque la mayoría fueron a parar a manos extranjeras) que fue dirigido varios años por un ex director del Banco Central, quien además estuvo al frente del Ministerio de Hacienda y otras instituciones públicas financieras. Entonces tenemos el mundo bursátil, el mundo bancario, el mundo financiero, empresas de telecomunicaciones, energéticas y de transporte donde hay una asociación de intereses públicos y privados muy arraigada.


–¿En qué medida es también una coalición internacional?


–Para cerrar la conformación del poder nacional e internacional, existe una asociación con organismos internacionales. Por ejemplo, tenemos hombres de Estado que pasan a ser dirigentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), etc. En la OCDE hay un funcionario que fue muy importante en todos los procesos de reforma financiera del país, en las negociaciones de la deuda externa mexicana, en fin en varias reformas. Existe entonces un poder nacional con ligas internacionales. Por eso, no concuerdo con quienes plantean que las reformas económicas de mercado en el caso mexicano (y en otros casos latinoamericanos) son una simple imposición internacional, donde el Banco Mundial y el FMI imponen estas políticas y México como un corderito inocente va hacia el precipicio. Esto no funciona de forma unilateral. No quiero dejar de reconocer el enorme poder que tienen todavía estas instituciones, especialmente las financieras. Pero lo que quiero destacar es que las reformas de mercado en México no son “made in FMI” solamente, también lo son, pero primero son locales. Es decir, esto es poderoso y durable gracias a una coalición nacional e internacional.


–¿Qué significa que la economía de México es “perversamente estable”?


–En nuestro país, lo que se busca con las políticas de enfoque de mercado es estabilizar lo que tiene que ver con el manejo de los precios. Se busca llegar a una inflación de un dígito o lo más cercano a la inflación de Estados Unidos. Hay una obsesión mexicana por tener una inflación muy baja. Con esto no quiero decir que yo sea favorable a las políticas económicas de alta inflación. Lo que cuestiono es ponderar el indicador de una baja inflación, como si fuera el indicador fundamental de desarrollo. Ese pensamiento es sumamente cuestionable. En México observamos el placer que siente la tecnocracia por haber logrado una inflación de un dígito. Ellos dicen, “somos un país estable y creíble porque logramos esto”. Durante la crisis del 2009 nuestro PBI llegó a bajar entre 6 por ciento y 7 por ciento pero las autoridades decían “lo logramos, somos estables, a pesar de todo tenemos baja inflación”. ¡Cómo si ese fuera el indicador fundamental! ¡Cómo si el crecimiento y la producción de satisfactores esenciales para la vida de los ciudadanos quedara en un segundo lugar! Como si lo importante fuera el precio bajo, cuando esto es un simple medio. ¡Excelente que tengamos precios bajos! Pero que nos permitan tener dinamismo. Entonces en este sentido la tecnocracia insiste con la idea de que somos creíbles para las calificadoras internacionales, se jactan de que tenemos un déficit público controlado, etc. En contrapartida, el dinamismo económico y el desarrollo social quedan en un segundo plano. Tenemos alrededor de 30 años de crecimiento económico muy limitado. Por eso yo decía que somos perversamente estables, porque efectivamente tenemos una baja inflación y tenemos indicadores macroeconómicos relativamente estables. Pero, por otro lado, tenemos una pobreza estable que se mantiene alrededor del 50 por ciento, así como una desigualdad relativamente estable y muy alta.


–El 50 por ciento de la población mexicana son aproximadamente 60 millones de personas. ¿Cómo se comportan los movimientos sociales, las organizaciones, los sindicatos frente a este panorama?


–En México, las principales centrales sindicales tienen una larguísima tradición de vinculación dependiente del Estado. Si vemos la política salarial mexicana de los últimos 40 años, la oposición de las centrales sindicales frente a estas políticas ha sido mínima. Tenemos una reducción del salario real en México muy importante. En los últimos 30 años, la coalición conservadora tecnocrática mexicana ha sido hábil para seguir asociada a los líderes de estas centrales sindicales. ¿Cómo se asocian? Bueno, con negociaciones, con acuerdos, beneficios, etc. No hay negociaciones sindicales para solicitar aumentos salariales en determinadas circunstancias que vayan por arriba de la inflación. No todos los sindicatos, pero una buena parte de las centrales sindicales son dependientes de la tecnocracia actual y de los viejos políticos del PRI de los años 60’ y 70’. Por otra parte existen organizaciones civiles ciudadanas muy activas en ámbitos sectoriales pero no han logrado oponerse de manera exitosa a este proceso de reformas de mercado. Especialmente oponerse en el sentido de negociar cambios en la reformas que apunten a alcanzar beneficios sociales. Creo que las acciones ciudadanas en general, que han sido muchas en estas décadas, no han logrado cambios sustanciales en las reformas de mercado en términos nacionales. En ámbitos locales o regionales o sectoriales, las acciones ciudadanas han resistido o han frenado el alcance de estas reformas, con alternativas de solidaridad y de organización propia; en el ámbito nacional no han logrado articularse en una coalición nacional exitosa para generar alternativas con enfoque de derechos sociales. Por último, algo fundamental a considerar es que la tecnocracia ha avanzado con la generación de programas sociales de transferencia de rentas y de servicios que benefician parcialmente a estos 60 millones. O sea, hay reparto de recursos limitados. Para las poblaciones que viven en situación de pobreza y algunos de pobreza extrema, el hecho de contar con recursos permanentes, aunque sean pocos, si no tienen empleo suficiente o empleo digno, se vuelve determinante.


–La represión parece ser un factor estratégico para instalar esta narrativa.


–El recurso a la represión tiene larga historia en el México corporativizado. Generalmente el viejo Estado recurría a las componendas con sus aliados corporativos, a la negociación de prebendas; recurría a la represión cuando las organizaciones corporativas (o movimientos en el seno de ellas) buscaban autonomía o políticas diferentes. Hay larga historia de represión a los movimientos médicos, ferrocarrileros, electricistas. En esa larga historia hay que ubicar la represión a los maestros disidentes. En la historia reciente, la narrativa de mercado trata de deslegitimar a los opositores de las reformas. La idea es avanzar en las reformas lo más rápidamente posible sin necesidad de deliberación o diálogo; la consulta es llevada a los mínimos posibles. Deslegitimar al oponente es clave: ¿cómo dialogar con opositores tan “atrasados”, tan “violentos”, tan “interesados”, etc.? Se construye así un adversario fácil de combatir: “¿Para qué dialogar con opositores sin legitimidad?” es el discurso de fondo; dicho de otra manera, no hay opositores legítimos. Los maestros opositores son presentados como enemigos de los estudiantes, de la educación misma. La tecnocracia hegemónica no es ejemplo de deliberación democrática. En el marco del gobierno actual el recurso a la represión se está convirtiendo en una práctica recurrente. Lo más notable es que algunos casos relevantes se dirigen a estudiantes, maestros y comunidades, de zonas con fuerte presencia indígena y de campesinos pobres. La desigualdad socioeconómica se está expresando así también en desigualdad sociopolítica con violencia y represión como en Ayotzinapa, Guerrero, y Nochixtlán, Oaxaca.


–Usted presentó un cuadro comparativo, con datos de la CEPAL, donde se muestra el salario mínimo real en Brasil, Chile, México y Argentina. En 2014, Argentina presentaba el salario mínimo real más alto entre estos países y México el más bajo. ¿Por qué dice que este indicador es el corazón del asunto?


–Creo que es el corazón del asunto porque en el caso mexicano el indicador salario, especialmente el salario mínimo, nos muestra el pensamiento “en vivo” de esta tecnocracia conservadora. Precisamente recurrí a este gráfico con el índice de salarios desde 1980 hasta 2014 y presenté el caso mexicano comparado con Brasil, Chile y Argentina. Entre 1980 y 2000 hubo una reducción de las 2 terceras partes del salario mínimo mexicano, y de 2000 a 2014 el salario mínimo ha permanecido estable. Esa es la estabilidad perversa.


¿Por qué digo que ahí está la clave? Porque ese es el núcleo del proyecto económico mexicano: les interesa mantener los salarios muy bajos para poder ser exitosos en la inserción exportadora mundial. México en los últimos 20 años ha sido exitoso en sus exportaciones (con todos los límites que deben considerarse en esto). ¿Pero qué exportamos? Exportamos productos ensamblados, manufacturas, etc. Todo esto con una base en salarios extraordinariamente bajos en comparación con toda América Latina (no sólo con Chile, Argentina y Brasil). Si comparamos con otros países estamos en una situación de excepcionalidad en la región. Hay una fuerte resistencia frente a una política salarial más activa, de incremento real del poder de compra de los salarios, como lo han vivido Argentina o Brasil, por ejemplo. En México temen que si se toman políticas salariales activas se va a disparar la inflación. Si tomamos el caso de Corea del Sur, observamos que allí se han incrementado los salarios en los últimos decenios lo cual no desembocó en una alta inflación, al contrario tienen inflación de un solo dígito y las exportaciones coreanas no están basadas en salarios extremadamente bajos. En México, el año pasado por primera vez se discutió un cambio en la política salarial. El objetivo era poder incrementar el poder de compra del salario mínimo. Que los empresarios y la tecnocracia se opongan a un aumento del salario mínimo es comprensible. Lo que es sorprendente es que las centrales sindicales enviaron un comunicado indicando que no estaban de acuerdo con una política de incremento del salario mínimo, tal como se planteaba. Los sindicatos señalaron que eso iba a generar problemas a la clase trabajadora, lo cual cristaliza la asociación entre algunas centrales sindicales y las cúpulas del poder privado en México.


–Argentina se sumó como observador a la Alianza del Pacífico ¿Qué pronóstico indicaría para este país sobre su política económica exterior?


–Las primeras reformas que vivimos en México fueron las reformas de apertura comercial. En un primer momento la tecnocracia de 1985 llevó adelante la apertura para romper con la historia de industrialización sustitutiva de las importaciones. Desde ese momento se realizó todo el proceso de reforma que yo señalaba, indicando que existía una necesidad de apertura. Se buscó deslegitimar a los opositores porque “era gente que no entendía las ventajas de la apertura a los mercados, etc”. La apertura fue la primera gran reforma. Luego vino el proceso de incorporación a los acuerdos comerciales. México se convirtió en uno de los líderes de la firma de convenios de apertura comercial, actualmente tiene convenios de libre comercio firmados con más de 40 países. A diferencia de América del Sur, México depende fundamentalmente del mercado estadounidense. Nuestras exportaciones van en un 80 o 90 % hacia los Estados Unidos. Entonces tenemos la expresión de que si EEUU tiene gripe, México tiene pulmonía. En la apertura comercial lo que tenemos es un incremento de la dependencia a un solo mercado. Cuando empezó la discusión sobre el tratado de libre comercio con EEUU y Canadá se lanzaron estudios econométricos, se escribía mucho para legitimar la reforma, planteos sobre el mundo feliz que viviría México gracias a esta asociación. Se dijo, además, que esto aumentaría los salarios reales de los trabajadores mexicanos, que bajaría la pobreza, etc. Pero lo que sucedió fue un incremento de relaciones comerciales con EEUU. La economía mexicana no creció, la pobreza no se redujo, como comenté, permanece estable. Las industrias trasnacionales asentadas en México han acentuado su productividad de una forma muy importante con la política salarial mexicana que ya conocemos. Pero no hubo dinamismo económico, ni desarrollo social. Entonces, pienso que estas asociaciones y tratados tienen que revisarse de una manera crítica. No me opongo a los acuerdos comerciales con otros países, pero deben basarse en reglas diferentes. Es necesario establecer acuerdos pero que contemplen las diferencias de desarrollo entre los países. Por ejemplo, el primer modelo de integración europea que incorporaba el reconocimiento de los desniveles de desarrollo de los países europeos parece que ya se les olvidó. Algo a destacar es el secretismo en este tipo de negociaciones y discusiones, por ejemplo con el famoso acuerdo de la alianza transpacífico donde los acuerdos se difundieron cuando ya estaban firmados. Lo que es más terrible es que no acaban de difundirse de manera plena. No está claro los costos que vamos a tener en materia sanitaria con la presencia de los intereses de las grandes trasnacionales farmacéuticas. En principio soy escéptico respecto de estas alianzas que acentúan y extreman el libre mercado.

 

 

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