Fuentes: Rebelión - Imagen: "El carbonero" (1934), Eduardo Kingman.

Rumbo a una mayor precarización laboral y a otros males

Los salarios corrientes del trabajo dependen del contrato establecido entre dos partes cuyos intereses no son, en modo alguno, idénticos. Los trabajadores desean obtener lo máximo posible, los patronos dar lo mínimo. Los primeros se unen para elevarlos, los segundos para rebajarlos. No es difícil, sin embargo, prever cuál de las partes vencerá en la disputa y forzará a la otra a aceptar sus condiciones.”Adam Smith – La riqueza de las naciones

 

El 23 de septiembre de 2021, casi a los cuatro meses de haber empezado su gobierno, y luego de una masiva vacunación contra el coronavirus, Guillermo Lasso finalmente hizo públicos algunos elementos de su primer gran plan económico recogido en el proyecto de ley “Creando Oportunidades” (de ahora en adelante, ley CREO). En un mensaje a la nación donde los detalles y los silencios decían más que las palabras, Lasso intentó dar un carácter salvador a su proyecto de ley. Sin embargo, una vez conocidos sus contenidos concretos, dicho proyecto más parece una reedición –a mayor escala y con menor recato– de la primera propuesta de “ley humanitaria”1 presentada por el gobierno de Lenín Moreno en 2020; propuesta que, recordemos, terminó abriendo las puertas a una –nada humanitaria– flexibilización laboral2.

Así, el gobierno de Lasso se muestra decidido a acelerar la marcha neoliberal arrancada en los últimos años del correísmo3 y mantenida durante todo el morenismo4. Si bien varias declaraciones de Lasso eran claras en ese sentido (basta recordar la cuestión de las privatizaciones5), el proyecto de ley CREO pone la discusión en un nuevo nivel tanto por la profundidad de varias reformas (sobre todo laborales) como por la ambición y la premura con la que el gobierno busca implementar su agenda en medio de un complejo –y hasta incierto– contexto político.

El proyecto de ley CREO se compone de los siguientes elementos: a) creación de un régimen laboral alternativo al Código de Trabajo; b) contribuciones económicas temporales para el impulso económico post-COVID; c) régimen impositivo para regularización de activos en el exterior; d) reformas a múltiples cuerpos legales adicionales. Aquí aparece una primera problemática: el proyecto de ley hace referencia a varios aspectos de forma simultánea (laboral, fiscal, tributario, “fomento” de inversiones, sectores estratégicos, etc.); de hecho, se busca reformar más de 25 leyes de materias distintas de forma urgente y con un solo proyecto de ley. Solo ese hecho ya puede poner en cuestionamiento la constitucionalidad de la ley CREO (aunque, siendo francos, no sería la primera vez que un proyecto de ley económica afecte a varios cuerpos legales)6.

Dentro de las dimensiones múltiples del proyecto de ley, la cuestión del “régimen laboral alternativo” –a la que le dedicaremos el grueso de nuestra atención en esta ocasión– quizá es de los más preocupantes pues la urgencia que vive el Ecuador de generar empleos se usa como pretexto para introducir varios cambios que hacen trizas las disposiciones constitucionales y legales al respecto, incluyendo los convenios en el marco de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de los cuales el Ecuador es signatario.

Por cierto, en términos políticos cabría decirse que fue un tanto “torpe” que el primer punto del proyecto de ley CREO sea justo la reforma laboral. De hecho, ni bien se comienza con la revisión del proyecto de ley, es posible leer que “Las disposiciones de este libro establecen un régimen distinto y alternativo al previsto en el Código del Trabajo. La aplicación del régimen establecido en este libro excluye la aplicación del Código del Trabajo y viceversa” (Ley CREO, art.3). Semejante afirmación no da espacio a interpretaciones: se busca crear una normativa legal paralela a la ya existente en términos laborales, aspecto que también podría ser constitucionalmente cuestionable pues se podría privar a varios trabajadores de los derechos laborales vigentes en el Código del Trabajo7.

Avanzando en el detalle del proyecto de ley, puede identificarse la creación de tres modalidades nuevas de contratación que no estarían sujetas al Código de Trabajo: contratos alternativos por tiempo definido e indefinido (art. 17); contratos alternativos por obra o servicios determinados (art. 18); y contratos alternativos eventuales (art. 19). Todas estas formas de contratación pueden realizarse bajo condiciones que más parecen un modernizado sistema de concertaje8 para una desembozada explotación laboral antes que una modernización de las relaciones laborales (término oficialista con el que se ha intentado dorar la píldora de la sobreexplotación laboral).

Apenas como ejemplo, se pueden enumerar las siguientes “joyas” del proyecto de ley CREO:

  • Se da libertad a los empleadores para que, en cualquier momento, se pueda pasar de una modalidad de trabajo virtual a presencial (art.15).
  • Se extiende el período de prueba (originalmente de tres meses) a “cinco meses, solo para la primera contratación. Pero para el caso de nuevas contrataciones del trabajador y siempre que sea para cargos distintos a los anteriormente desempeñados, también se entenderá incorporado dicho tiempo de prueba” (art.20). Es decir, se abre la posibilidad incluso a tener trabajadores “rotando” en diferentes actividades con tal de extender el período de prueba en el cual no existen obligaciones de pago de indemnizaciones ni de bonificaciones.
  • Se permite que, entre empleador y empleado, se defina por “mutuo acuerdo” que las herramientas esenciales para la ejecución del trabajo sean proporcionadas por el trabajador (art.26, numeral 5). Sabemos muy bien que, ante la necesidad imperiosa de los trabajadores de mantener la subsistencia propia y de sus familias, muchos de este tipo de “mutuos acuerdos” terminan volviéndose obligaciones adicionales impuestas por los empleadores9.
  • Se permite que la jornada laboral llegue a sumar 12 horas diarias seguidas, con un total de 40 horas semanales por cumplirse hasta en seis días. Sin embargo, si existe el “mutuo acuerdo” entre trabajadores y empleadores, pueden existir jornadas de trabajo continuas de hasta veintidós días (días de descanso serían acumulables), excepto en el sector turístico y naviero donde las jornadas podrían llegar a cuarenta y cuatro días seguidos (art.31).
  • Se permite que, si hay reducción en los ingresos del negocio, o si hay algún otro “evento de fuerza mayor o caso fortuito”, el empleador pueda reducir la jornada laboral hasta un máximo de 50% y reducir en la misma proporción tanto la remuneración del trabajador como los aportes de la seguridad social y demás beneficios. La reducción duraría hasta que se superen las “eventualidades”. Sin embargo, si hay “mutuo acuerdo”, se permiten reducciones aún más fuertes de jornada, remuneración y otros beneficios (art.32).
  • Se permite que los empleadores dejen de pagar remuneraciones a los trabajadores cuando las empresas sufran una suspensión de actividades por algún “caso fortuito” o “evento de fuerza mayor” e incluso se “podrá efectuar el aviso de salida de la seguridad social sin que esto represente terminación del contrato” (art. 37).
  • Se permite que sea el empleador el que determine el período en que el trabajador deberá gozar de sus vacaciones (art. 41). Asimismo, el empleador podrá negar el goce de las vacaciones de un año, y si hay “mutuo acuerdo”, pueden extenderse los períodos en los cuales no se gozan de vacaciones, las cuales deberán acumularse para períodos futuros (art. 42).
  • Se plantean trece causales de terminación de un contrato alternativo (art.70) (en contraste a los ocho motivos de despidos previstos en el Código del Trabajo). De hecho, se dispone que “el empleador podrá dar por terminado el contrato, sin necesidad de trámites o de formalidades previas”; es decir, se simplifica la posibilidad de despedir a los trabajadores sin tener que recurrir a trámites administrativos (p.ej. visto bueno). Para colmo, existen causales de terminación de contrato absurdas y subjetivas. Por ejemplo, se podrá terminar un contrato “Por falta de probidad. Para esta causal no es necesario que se produzcan daños al empleador o a terceros, sino la sola falta de apego a la rectitud en el obrar y al cumplimiento ético del deber” (art. 70, numeral 4). O, por ejemplo, “Por ineptitud para el trabajo para el cual fue contratado. Esta causal no está limitada al tiempo de servicios, por lo que puede configurarse en cualquier momento” (art.70, numeral 6). Así, los trabajadores terminan quedado a merced de los criterios subjetivos del empleador, que puede terminar las contrataciones de forma abrupta alegando causales sin siquiera verse en la obligación de comprobarlas ante un tercero. Y por si no fuera suficiente, también se dispone que, si un contrato termina por una de estas u otra “justa causa” determinada por el empleador, el trabajador deberá pagarle una “indemnizaciónequivalente a un mes de la última remuneración completa” (art.75).
  • Se permite que exista tanto la caducidad de las decisiones de terminación de contrato por “justas causas” (art.81) como también se dispone que “Las acciones provenientes del contrato de trabajo prescriben en el plazo de tres años contados desde la terminación de aquel. Sin embargo, transcurrido cinco años desde que la obligación laboral se hizo exigible, la acción por aquella estará prescrita, incluso si el contrato de trabajo no ha terminado” (art.82).

Con respecto a las peculiaridades de cada forma de contrato alternativo, cabe también hacer algunas menciones:

  • Los contratos alternativos de tiempo definido pueden tener una duración mínima de seis meses y pueden extenderse según “mutuo acuerdo” por varias veces hasta alcanzar un máximo de cuatro años. Luego de ese período, los trabajadores pasarían a la modalidad de contrato alternativo de tiempo indefinido que también estaría normado por la ley CREO. En otras palabras, puede suceder que un trabajador termine “entrampado” por años en un contrato laboral normado por la ley CREO y sin llegar a acceder nunca a los derechos laborales vigentes en el Código del Trabajo.
  • En el caso de los contratos alternativos eventuales (p.ej. para contratar trabajadores ocasionales solo por temporadas de alta demanda o como reemplazo de otros trabajadores), se elimina el recargo del 35% a la remuneración; recargo que, precisamente, compensaba en cierto modo la condición eventual del trabajador contratado.

Y por si no fuera suficiente todo lo antes mencionado, al final del proyecto puede leerse que: “El empleador que despidiese intempestivamente a cualquiera de sus trabajadores amparados por el Código de Trabajo con el motivo de contratarlos nuevamente bajo el régimen previsto en el LIBRO I, deberá pagarle una indemnización adicional equivalente a doce meses de la última remuneración completa del trabajador despedido intempestivamente”(ley CREO, disposición transitoria tercera).

Semejante disposición puede resultar rentable para los empleadores –incluso en términos económicos– frente a todas las posibilidades de flexibilización del trabajo disponibles en el proyecto de ley CREO. Sobre todo, se reduce a una mera cuestión pecuniaria la capacidad del empleador de hacer que los trabajadores dejen de estar cubiertos por el Código del Trabajo. Para comprender de mejor forma esta y otras posibilidades, es urgente que los sectores especializados en el derecho laboral hagan un análisis mucho más profundo de la ley CREO (aquí apenas hemos resumido puntos de forma general) e identifiquen todos los aspectos en donde dicha ley se va en contra del Código del Trabajo sea por mención o por omisión.

El caso es que, al revisar semejante proyecto de ley encaminado a exacerbar la explotación a las clases trabajadoras en el Ecuador, nace una duda medular: ¿qué sectores económicos estarían motivados a generar millones de empleos (como ha ofertado el propio Lasso) con semejante normativa laboral? Es aquí donde las nuevas formas de contratos alternativos planteadas por el gobierno empatan con los otros aspectos del proyecto de ley CREO que también son preocupantes.

Sin entrar en mayores detalles, el propio discurso de Lasso planteado el 23 de septiembre deja ver que la reforma laboral de la ley CREO empata con una visión desastrosa del mundo del trabajo. Entre los muchos aspectos que se podría cuestionar destacamos aquella aseveración presidencial, cuando se refiere a quienes no tienen empleo, que “ustedes podrán libremente decidir si quieren trabajar aquí, en el Ecuador, con condiciones laborales parecidas a las que hoy rigen en países a donde tantos compatriotas migran en busca de oportunidades. Lo único que vamos a hacer es poner esas condiciones a disposición de quien voluntariamente las quiera tomar.” La simpleza y perversidad de este razonamiento obvia las condiciones existentes en otros países que atraen a nuestros compatriotas, como puede ser el mayor nivel salarial, y por cierto aquello de la voluntariedad para aceptar condiciones de sobreexplotación laboral al margen de los derechos establecidos. A este paso, tanto a Lasso como a los defensores de su reforma laboral solo les falta decir -en un ejercicio de increíble deshumanización en relación al trabajo- que es preferible la esclavitud o el concertaje antes que el desempleo…

Semejante visión se ensambla con toda una propuesta de liberalizar la economía a merced de grandes capitales locales y transnacionales. Tal estrategia incluye, por ejemplo: la mención hecha por Lasso de la creación de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas (léase, Secretaría para la Privatización y Concesión del Estado); la creación de zonas francas donde muy probablemente las modalidades alternativas de contratación laboral serán la cereza de todo un libertinaje económico en beneficio del capital sobreexplotador de mano de obra y sin mayores preocupaciones ambientales; la “armonización” de las normas locales con los instrumentos internacionales (muy seguramente con nuevos empujones para que el Ecuador retome su relación de subordinación a los tribunales internacionales defensores de los capitales transnacionales, tal como se anuncia luego del retorno -inconstitucional- al CIADI10); la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio (China, Rusia, Alianza del Pacífico, etc.); entre otros puntos que merecen una discusión más detallada en reflexiones futuras.

En este contexto, cabe indicar que nos parece lamentable cómo semejante embate neoliberal termina por entrampar y hasta debilitar a propuestas redistributivas que son urgentes en medio de la crisis COVID-1911 y que, en otras condiciones, merecerían un total apoyo; eso así, haciendo algunos ajustes. Ahí se encuentra, por ejemplo, la tibia propuesta de la aplicación de tributos a los sectores del país de mayores ingresos (más de 2 mil dólares mensuales) y patrimonios (más de 500 mil dólares mensuales), así como la aplicación de tributos sobre empresas que alcanzaron en 2020 una mayor rentabilidad que en 2019 (y con patrimonios de más de un millón de dólares); una cuestión que, en medio de la actual crisis social, demanda una mayor contribución solidaria de quienes más tienen impulsando no solo una mejor distribución de los ingresos sino inclusive una redistribución de la riqueza (p.ej. redistribución de activos productivos, de la propiedad de la tierra, de acceso al agua, etc.).

Por cierto, el carácter redistributivo de la propuesta gubernamental también queda debilitado cuando el mismo gobierno propone la eliminación del impuesto a las herencias; un impuesto que más bien debería ser potencializado para ser aún más redistributivo, sobre todo en medio de la crisis que vivimos. De hecho, la coexistencia de una reforma tributaria potencialmente progresiva y la eliminación del impuesto a las herencias en la ley CREO es más que paradójica. Definitivamente dentro del gobierno parece haber disputas incluso en el sentido y la consistencia de algunos elementos de la política económica…

En resumen, más allá de sus bemoles, el proyecto de ley CREO merece un rechazo sobre todo por el retroceso de derechos laborales que plantea. No es justo que, en nombre de las trabajadoras y los trabajadores desempleados y subempleados del país, se quiera crear una normativa que se salte –como si nada– todos los derechos laborales obtenidos por décadas de luchas sociales. Debe quedar absolutamente claro que los derechos laborales -como establece la Constitución en el artículo 326- son irrenunciables e intangibles, además, serán nulas todas las estipulaciones temporales. El derecho al trabajo (artículo 325) y estas disposiciones constitucionales son inseparables, así que no se las puede marginar estableciendo un código laboral paralelo: hacerlo iría en contra del principio de igualdad establecido en el artículo 11. Eso representa una clara regresión de derechos, que no se resuelve en ningún caso con una consulta popular y ni siquiera con una nueva Constitución.

Para colmo, no es claro cuántos empleos realmente podrá generar la ley CREO; basta con notar el poco o quizá hasta nulo efecto que al parecer tuvo la reforma laboral instrumentada con la mal llamada “ley humanitaria” del morenismo. Por tanto, los efectos laborales de la ley CREO simplemente no parecen creíbles. El presidente Guillermo Lasso tiene razón cuando afirma que su “ley generará un apasionado debate”, lamentablementese enmarca en lo que él anticipa como “el camino correcto”, que de hecho limita una real discusión y nos remite a aquella proposición que tanto caracterizó la imposición del neoliberalismo en épocas anteriores con la TINA –there is noalternative– de Margaret Thatcher.

Así como históricamente las luchas sociales han permitido que se adquieran los derechos laborales actualmente vigentes, es hora que esas mismas luchas eviten este concertaje del siglo XXI impulsado por los integristas de mercado y exijan la búsqueda de verdaderas alternativas a la crisis económica y social que actualmente asfixia al país.12

Por Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro | 28/09/2021

 

1 Consultar nuestros comentarios en “Redistribución o barbarie ¿Del coronavirus a la ley de la selva?” (abril 2020). Disponible en https://rebelion.org/del-coronavirus-a-la-ley-de-la-selva/

2 Ver al respecto el texto de John Cajas-Guijarro (junio 2020); “Ajuste antipopular y resistencia en tiempos de COVID-19”. Disponible en https://rebelion.org/ajuste-antipopular-y-resistencia-en-tiempos-de-covid-19/

3 Sobre el tema se puede leer el texto de los autores (febrero 2017); “Correa un neo-neoliberal”. Disponible en https://rebelion.org/correa-un-neo-neoliberal/

4 Esta apeciación se encuentra en el artículo de los autores (septiembre 2018); “Moreno, un neoliberal más”. Disponible en https://rebelion.org/moreno-un-neoliberal-mas/

5 Los autores abordaron esta cuestión en el siguiente artítulo: “Monetizaciones, concesiones y otros eufemismos privatizadores”, (Septiembre 2021). Disponible en https://rebelion.org/monetizaciones-concesiones-y-otros-eufemismos-privatizadores/

6 Ver, por ejemplo, lo que dicta la Constitución en su artículo 136: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.

7 Ver, por ejemplo, el artículo 326, numeral 2 de la Constitución: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”.

8 Entiéndase por concertaje aquellas relaciones laborales coloniales de contrato mediante las cuales un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia, hereditaria y gratuita o con un salario mínimo, y que fue abolido por la Revolución Liberal (1895).

9 El propio Adam Smith tenía clara las relaciones asimétricas de poder entre trabajadores y empleadores. Al respecto, ver el texto de Eric Toussaint: “Adam Smith está más cerca de Karl Marx que de los neoliberales que actualmente lo ensalzan”, CADTM, junio 11 de 2009. Disponible en: http://www.cadtm.org/Adam-Smith-esta-mas-cerca-de-Karl,4461

10 Ver Alberto Acosta (julio 2021); “Presidente Guillermo Lasso viola la Constitución -¿Con complicidad de la Corte Constitucional?”. Disponible en https://rebelion.org/presidente-guillermo-lasso-viola-la-constitucion/

11 Al respecto de puede consultar el libro de John Cajas-Guijarro (2021); COVID-19: la tragedia de los pobres. Entre crisis, sindemia y otros males. Plataforma por el Derecho a la Salud/Fundación Donum/FOS. Quito. Disponible en https://saludyderechos.fundaciondonum.org/wp-content/uploads/2021/07/Covid-tragedia-de-pobres.pdf

12 Sobre la gravedad de la crisis y el momento que atravieza el país se puede consultar el artículo de Alberto Acosta (agosto 2021); “Ecuador en la trampa de un futuro pasadista”. Revista Ecuador Debate Nº 113, Quito. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1B56ycq

Imagen de portada: Eduardo Kingman, «El carbonero» (1934).
Fuente: Andrea Moreno Aguilar, Eduardo Kingman Riofrío (Quito: Banco Central del Ecuador, 2010),

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Lunes, 20 Septiembre 2021 05:34

Violencias

anderas blancas en el National Mall, cerca del Monumento a Washington. El proyecto de la artista Suzanne Brennan Firstenberg requirió más de 600 mil banderas blancas en miniatura para simbolizar las vidas perdidas por el Covid- 19 en Estados Unidos, donde las vacunas están disponibles para todos de manera gratuita.Foto Afp

Hay más de 670 mil banderitas blancas plantadas alrededor del Monumento de Washington marcando el número de muertes por Covid en Estados Unidos, un total que se incrementa por un promedio de otros mil 900 diarios. El total es ya el equivalente a todos los estadunidenses que murieron en las guerras mayores entre 1900 hasta hoy día.

Una de cada 500 personas en Estados Unidos ya han fallecido por la pandemia, la gran mayoría de manera innecesaria. Se reporta ahora que hospitales en varias regiones del país –en particular donde gobiernan políticos de derecha con poblaciones que favorecen a Trump– ya no tienen cupo con sus unidades de terapia intensiva al cien por ciento por la ola de nuevos contagios severos por gente que ha rehusado ser vacunada. Con ello están rechazando a otros casos severos, desde cáncer a operaciones urgentes y más, causando aún más muertes. Todo esto en un país donde está disponible, gratis y para quien la quiera, la vacuna. O sea, la emergencia de salud pública es por decisión política y desinformación activa, y no por el virus.

Asombra que la derecha –desde senadores y diputados federales a gobernadores y legisladores estatales– ha determinado que la muerte de aquellos que representan es un precio aceptable para ganar sus batallas de poder político. Han promovido la idea de que rechazar las vacunas y otras medidas para mitigar la pandemia incluyendo el uso obligado de cubrebocas y la distancia sana en lugares públicos, son intentos de los demócratas para imponer "controles" sobre la población y declaran que esta disputa es nada menos que la gran y gloriosa defensa de "la libertad". No falta los que afirman que estas medidas sanitarias, junto con intentos de ofrecer apoyos para los afectados por las consecuencias económicas de la pandemia, son parte de un complot "socialista".

Esta violencia política derechista que tiene un saldo de 2 mil vidas cada 24 horas ha sido nutrida e intensificada estos últimos años por Trump y sus cómplices republicanos dentro y ahora fuera de la Casa Blanca a nivel federal, como en diversos estados, con el propósito explícito de intentar frenar y hacer fracasar las principales iniciativas de demócratas y fuerzas progresistas es, en torno al Covid, una misión suicida (o por lo menos homicida).

Esa violencia se manifiesta de manera explícita con políticos armados y declarando guerra contra otros estadunidenses. La diputada federal ultraderechista Marge Green dice en un video publicitario que se dedicara hacer estallar la "agenda socialista" demócrata y se graba apuntado un rifle calibre .50 para disparar contra un coche que tiene pintado la palabra "socialismo", el cual explota (https://twitter.com/i/status/1439225130811539457). El gobernador de Georgia, Brian Kemp, en un video para su relección, se muestra armado, hace estallar un explosivo representando la agenda demócrata detrás de él, y amenaza que él personalmente acorralará con su camioneta y armas a “ ilegales criminales”.

Este tipo de políticos han intercalado los temas del rechazo de regulaciones gubernamentales en base de ciencia, el antiaborto, el derecho incondicional a las armas, la supresión del voto de las minorías y criminalizar a los inmigrantes y no pocos han agregado el veneno del supremacismo blanco, en una amenaza real a la democracia estadunidense; sus aliados más extremistas ya son calificados como la principal "amenaza terrorista" al país.

Y están logrando su objetivo. Una encuesta reciente de CNN revela que casi 80 por ciento de las filas republicanas siguen creyendo en la absoluta mentira de Trump de que perdió la eleccion sólo por fraude. Según ellos, los "enemigos" están invadiendo –tanto estadunidenses como inmigrantes– al país y ante ello llaman a montar una "defensa", incluso armada, de su patria.

La cada vez más extrema derecha en Estados Unidos como en tantos otros países está dispuesta a destruir no sólo el país (para rescatarlo) sino el planeta entero, y por lo tanto, la lucha en su contra ya no es un asunto local o nacional, sino trasnacional.

Childish Gambino. This is America. https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY

Rage Against the Machine. Take the Power Back.https://www.youtube.com/watch?v=rMjjsjNBS_4

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Marco Enríquez-Ominami: “Las AFP son el cimiento de la rabia chilena”

El líder del Partido Progresista de Chile apunta contra los fondos privados de pensiones, herencia del pinochetismo

El excandidato presidencial no sólo retorna a la política, sino que está dispuesto a colaborar en una oposición tras las megalecciones de este fin de semana, donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

 

“¿Y vas a ser candidato a presidente?”. Marco Enríquez-Ominami dice que se lo preguntan “todos los días y a toda hora”. Pero dice, con cautela que por ahora su tarea política es “la unidad”. Aunque por eso mismo, si después de las elecciones constituyentes de este fin de semana (donde también se elegirán alcaldes, concejales y gobernadores) se dan las condiciones, “estoy dispuesto a ponerme el overol y ser comandante de la unidad. O lo que haga falta”.

Luego de tres años retirado del debate político y público ha decidido volver, amparado por el Partido Progresista de Chile (PRO) y a nivel latinoamericano por el Grupo de Puebla, reconociendo sus heridas de guerra. “Fui el candidato de ruptura mas votado en la historia de Chile y eso me ha dejado enseñanzas que pretendo usar para no repetir la división de antes. La clave hoy es promover la máxima unidad para una fuerza tranquila de cambio”. En su primera aventura presidencial en 2009 obtuvo un notable 20% (sólo superado por el expresidente Eduardo Frei y Piñera, quien resultó electo). Luego, con casi un 11% y 5,7% su proyecto ha intentado establecerse en medio de una izquierda fragmentada y con movimientos de base universitaria como el Frente Amplio que no pueden llegar a acuerdos comunes.

Su lectura del momento político chileno es que la sociedad se cansó de la alternancia entre la derecha e izquierda que los tenían endeudados debido a una economía que supo crecer vía privatizaciones, desindustrialización y un modelo exportador agresivo. “Todo eso cumplió su ciclo. Y desde el 18 de octubre de 2019 con la revuelta y aún en medio de la pandemia, el pueblo chileno no solo ha decidido ponerse de pie, sino participar del debate económico activamente”, dice.

Actualmente se encuentra inhabilitado de votar por el Servel (Servicio Electoral Chileno) a la espera de un juicio oral en su contra acusado por fraude de subvenciones durante su campaña de 2014. La fecha curiosamente aún no está fijada, al mismo tiempo que el propio Consejo de Defensa del Estado señala su “irreprochable conducta anterior” como atenuante. Incluso el expresidente de Brasil, Lula da Silva, en una carta abierta dada a conocer a fines de abril señaló que ambos han sido “víctimas de la utilización de la justicia como arma de guerra política”.

Pero él está tranquilo. Aunque acusa manos negras proveniente de la clase gobernante (y fiscales y medios de comunicación), dice que esa misma elite política está arrinconada. “Ya no controla el debate como antes. El gobierno está desprestigiado: no logra ser ni árbitro ni protagonista, permanentemente arrastrado por fuertes mayorías sociales que imponen imponen finalmente mayorías legislativas. La oposición está dividida, incapaz de ofrecer una fuerza tranquila de cambio como alternativa”.

Proceso constituyente imperfecto, pero necesario

—¿Cómo ha afectado a tu proyecto político toda esta situación?

—Nosotros somos una fuerza de altibajos. Hemos sido tercera fuerte y primera fuerza. Y hemos sido de las más populares y más impopulares. En medio de esto hemos sido consistentes en defender desde siempre la asamblea constituyente. Por lo tanto, hoy somos parte lo que una mayoría de los chilenos que apoyan el retiro de las AFP (Administradoras de fondos de pensiones) como solución insuficiente, pero incluso mejor que la mezquindad de este gobierno con sus subsidios diminutos e hiperfocalizado. Pero también somos mayoría porque la mayor parte de Chile se ha sumado a una nueva constitución.

—Algunos sostienen que el acuerdo de noviembre de 2019 que nos lleva a la constituyente fue una salida apurada a una crisis de gobernabilidad.

—Nosotros no suscribimos ese acuerdo de paz porque nos pareció equivocado el origen que se impuso: de distritos, no de listas regionales. Y también la regla de los dos tercios, que le devuelve a la derecha oligárquica el poder de veto sobre las grandes transformaciones que se piden en Chile. Además, esta mal hecho el cronograma: vamos a elegir una constituyente y en medio de ella un nuevo poder legislativo y ejecutivo. Y vamos a tener que esperar un año más para que se confirme la Constitución vía plebiscito.

—Al final la Nueva Constitución se desarrollará entre medio de otras elecciones.

—Aun así, consistente con lo optimista de todo progresista estamos apoyando este recorrido imperfecto para que salga lo mejor posible. La clase política sigue creyendo que puede controlar el sentido común desde La Moneda o el Congreso, pero en Chile se acabó la confianza, se volvió un bien escaso, ya sea con la iglesia, policía, militares, congreso, partidos, gobiernos. Nunca había sido tan grave una crisis institucional. En la oposición estamos en deuda y tendremos que corregirlo. Creemos que este proceso constituyente es imperfecto, pero necesario

“Que el presidente se dedique a las vacunas”

—La covid-19 fue una especie de extraña pausa a la inestabilidad social que dejó al descubierto lo que estaba tras el enojo: la imposibilidad estructural del estado (y de los privados) de responder a crisis inesperadas.

—Creo que las AFP son el cimiento de la rabia chilena. Y la pandemia junto a este estado de catástrofe que conocemos hace más de un año, el más largo de la historia, ha permitido al gobierno de Piñera resistir. Un gobierno que estuvo a punto de caer. Nuestra propuesta como Progresistas es que el presidente de Chile se dedique a vacunar, que es lo único que sabe hacer más o menos bien. Porque no ha sabido proteger a su pueblo ni garantizar un mínimo estado de derecho. ¡Que se dedique a las vacunas y al día siguiente de la elección constituyente empieza un gobierno de transición democrática.

—Me llama la atención también cierta explicación de los medios e intelectuales que insisten en esa idea de los 90: que el país llegó al desarrollo gracias al consumo y que las mismas personas que hacen cola para comprar ropa en H&M después andan protestando. ¿Qué piensas de esto?

—Ese milagro chileno, autoproclamado como jaguar, animal que salta y está en extinción, iluminó a América Latina, convirtiéndonos en el mejor alumno del barrio y el peor compañero en materia económica, que arrancó a Asia para reducir la pobreza y que, efectivamente produjo altas tasas de crecimiento en los 90, sostenidas durante tres décadas por la vía de dos secretos: deuda privada y retail. Es impresionante que la deuda de los hogares es cerca del 75% según el Banco Central y la del Estado de un 40%. Es decir, hay un estado rico y un pueblo pobre. Ese es el límite que se busca poner: el absurdo de tener las finanzas de un Estado macroeconómicamente impecable y un pueblo sobreendeudado con ingresos bajos y un modelo de exportador basado en pocos productos, poca competencia y poco valor agregado que se resume en cobre, salmón, madera, vino tinto y turismo. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

14 de mayo de 2021

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Mauricio Weibel: “Los fondos privados de pensiones son el ícono del modelo económico instaurado por Pinochet"

El periodista chileno investigó los desfalcos hechos a la luz del sistema de las AFP

El autor de "La Caída de las AFP" indagó sobre los efectos de este instrumento creado por José Piñera -hermano de Sebastián Piñera- en dictadura: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. 

Una contundente derrota para el gobierno del empresario Sebastián Piñera fue el rechazo del Tribunal Constitucional a revisar el proyecto del tercer retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que ya había sido aprobado por el Congreso de Chile. Esto se suma al inicio de la revisión en el Congreso de una reforma constitucional para establecer un impuesto a los “súper ricos” para establecer una renta básica de emergencia (aunque sólo por una vez).

Para un país sumergido hace meses en una crisis institucional, sanitaria y económica, que el propio presidente se haya negado al retiro del dinero que los propios ciudadanos han ido ahorrando era un error político que el fallo del TC ratificó. De hecho, desde ayer que está reunido con su comité de emergencia y donde diversas fuentes coinciden en que el gobierno está más quebrado incluso más que el 18 de octubre de 2019 cuando comenzaron las protestas masivas en lo que se conoció como el “Estallido Social” que arrojó decenas de muertos, 500 jóvenes con daño ocular producto de los disparos al rostro de carabineros y un plebiscito donde se aprobó el cambio de la Constitución.

Y tal como el TC es reconocido como uno de los enclaves autoritarios que dejó la dictadura de Pinochet y que permite “atajar” cualquier ley aprobada por el Congreso, la otra institución heredada de la Constitución de 1980 —que deberá comenzar a reescribirse tras la elección de los constituyentes este 15 y 16 de mayo— son las AFP. Un instrumento creado nada menos que por el hermano del presidente, José Piñera que permite a diversas empresas privadas invertir con el dinero depositado obligatoriamente por los trabajadores para retirar en la jubilación.

Un intrincado sistema que, en términos simples, hace a los cotizantes elegir distintos tipos de fondos de mayor o menor riesgos y las administradoras cuyos propietarios son norteamericanos (Cuprum, ProVida), italianos (Plan Vital), colombianos (Capital), chilenos (Modelo, Uno) y chileno-estadounidense (Habitat) que a su vez permiten a otras empresas o holdings “jugar” con ese dinero en el mercado. Por supuesto, los cotizantes no participan de las ganancias, pero si de las pérdidas, dando como resultado jubilaciones bajas y que no se condicen con lo ahorrado. Por cierto, Las fuerzas armadas y carabineros tienen un sistema de pensiones distinto hasta el día de hoy.

El periodista Mauricio Weibel, se sumergió en este sistema en el libro La Caída de las AFP (Aguilar) pero no tanto en su estructura sino en sus efectos: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. Sus primeras páginas son reveladoras: una ex jefa de beneficios de Provida que había trabajado durante 28 años exigía recibir su pensión de invalidez. Llevaba dos años postrada, sin recibir el pago de su licencia médica y la AFP tenía la orden expresa de evitar que sus afiliados obtuvieran esa pensión, aunque el caso fuera terminal. Y por supuesto su intento, abogado mediante, fue rechazado. Un tipo de práctica totalmente normal en este sistema.

Pero eso es sólo lo más “suave” de una investigación que ordena y expone malos usos de estos fondos en personeros militares, lo normalizado de los paraísos judiciales, diversos actos de corrupción y personajes como el empresario Julio Ponce Lerou —yerno de Pinochet— ideólogo de una serie de operaciones de compraventa de acciones a través de sociedades anónimas y de inversiones cerradas, organizadas en torno a la compañía minera SQM. En este “juego” llamado “Caso Cascadas” por la estructura de la estafa, sólo la AFP principal (Habitat) perdió más de 11 millones de dólares, mientras que el resto entre 20 o 30 millones, consigna el libro. El empresario ganó nada menos que 128 millones de dólares, debiendo pagar una multa en 2020 de 3 millones de dólares, la multa más cara de la historia chilena.

La captura del estado

“Las AFP son, desde siempre el ícono del modelo económico instalado en dictadura”, señala Weibel. “Extraen y retienen los ahorros previsionales de los trabajadores, para invertirlos en instrumentos financieros, casi la mitad de ellos fuera del país. En otras palabras, miles de millones de dólares depositados en acciones o bonos de las grandes empresas, a través de operaciones que en muchas ocasiones sirvieron para socializar pérdidas de grupos económicos. ¿Cómo puede ser sensato sacar 85,000 millones de dólares de la economía para comprar títulos o monedas fuera de Chile? Si se repatriaran esos recursos, y se invirtieran en la economía real, tendríamos una sociedad con más empleo y, eventualmente, más justa”.

—Desde las primeras páginas del libro se refleja muy bien la ideología de la elite chilena que diseñó este sistema: autoritaria, tutelar y clausurada en si misma.

—En Chile y América latina, las elites han realizado largos procesos de captura del Estado, de sus recursos, de sus estructuras y de sus capacidades represivas. No es un problema sólo de Chile. O sólo de un sector ideológico. La captura del Estado, el ataque a la sociedad civil y la precarización de la democracia han ocurrido en casi todo el continente, salvo la excepción de Uruguay y Costa Rica.

—¿Qué cosas son las que más te impactaron e hicieron ruido en tu investigación?

—El robo a los inválidos y a los enfermos terminales, a quienes se negaba su pensión fraudulentamente. Creo que ese acto muestra la profunda falta de humanidad del sistema neoliberal

—La imagen exterior de Chile, pero también la que se nos impuso es la de un país serio, sin grandes corrupciones, donde la fiscalización ocurría.

—La impunidad y el abuso, por desgracia, son situaciones extendidas en nuestro continente, las que han pervivido por décadas y siglos. La justicia nunca fue un pilar de nuestro desarrollo. Eso permitió desde las desigualdades hasta las masacres.

—¿Cual es la responsabilidad de la Concertación que gobernó durante la transición a la democracia?

—La centroizquierda chilena optó por convivir con el modelo, beneficiándose privadamente de él, en desmedro de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras. Los parlamentarios llegaron a tener dietas hasta casi 40 veces más grandes que el nivel del salario mínimo. El modelo de la dictadura se naturalizó apoyado en un modelo político excluyente, un sistema de medios con graves problemas de pluralismo y una concentración de la riqueza creciente, en medio de una cada vez mayor segregación social y territorial de las capas medias y pobres.

Weibel reconoce que la masividad y la forma autogestionada del “Estallido Social” lo sorprendieron. “Sin la revuelta, no estaríamos cambiando la Constitución y abriendo un nuevo ciclo social y político”, aunque también acepta que esta máquina de defraudar impuesta por la elite económica chilena, seguro que seguirá dándonos sorpresas en el futuro. “Ellos creen que son dueños de la vida de los demás, no sólo de su riqueza”.

Espionaje y monstruos en democracia

Weibel, que destapó también los casos de corrupción militar en el libro Traición a la Patria (2016) fue espiado junto a otros periodistas como Alejandra Matus, Pascale Bonnefoy Javier Rebolledo, quienes también han investigado las cloacas del poder. Según consignó el Centro de Investigación Periodística Ciper, la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) intervino teléfonos y solicitó información personal, incluyendo además a funcionarios que supuestamente estaban prestando testimonio a los periodistas.

—¿Qué efectos tuvo profesionalmente el saber que hubo espionaje a tu trabajo en plena democracia? 

—Siempre lo sospechamos, mientras investigamos la corrupción militar. Hubo robos de equipos, amenazas a nuestras fuentes, seguimientos.

—En El Mercurio hace dos domingos apareció una carta de un contraalmirante justificando esto, ya que es para proteger la institución de sus propios funcionarios que pueden revelar información sensible.

—El trabajo de investigación periodística que hice abrió la puerta para que la Justicia investigara a 850 militares activos y en retiro, incluidos los últimos cuatro comandantes en jefe, Además permitió recuperar para el Presupuesto de la Nación unos 4,500 millones de dólares. El espionaje y las amenazas a la libertad de expresión fueron para acallar ese esfuerzo.

—¿Crees que es miedo de los militares o amedrentamiento o ambas? A mí me preocupa, considerando la persecución y violencia contra periodistas, sobre todo de medios independientes, durante el Estallido. 

—Siempre he creido que el que usa la violencia es porque es profundamente débil, porque tiene miedo. Y sí, hoy tenemos problemas muy graves en Chile con la seguridad de los periodistas.

—¿Qué simboliza este espionaje a periodistas -sé que no es solo contigo- en plena democracia? ¿Que el fantasma de la dictadura sigue materializándose?

—Como decía Gramsci, son los monstruos que emergen cuando el viejo orden cae y el nuevo aún no termina de nacer. Lo importante es que vamos a exigir verdad y justicia, además de construir memoria. La libertad de expresión esencial, pues su ejercicio permite demandar todos los demás derechos humanos.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

29 de abril de 2021

Desde Santiago, Chile

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El presidente de Chile anuncia una reforma de las pensiones después de tres meses de estallido social

La reforma del criticado sistema de pensiones pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %

Supondrá un aumento promedio del 20% en las pensiones de los hombres y del 32% en el caso de las mujeres

El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, ha anunciado este miércoles una reforma al criticado sistema de pensiones, que es privado y se basa en la capitalización individual, cuando están a punto de cumplirse tres meses del grave estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará esta semana al Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %. Un 3 % del incremento de la cotización lo pagará el empleador, se sumará al 10 % actual e irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador. El otro 3 % también estará a cargo del empleador, contará con un aporte inicial del Estado y se destinará a un fondo público, denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario.

Este fondo es otra de las novedades que presenta la reforma y sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno para entregar "un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa", explicó Piñera.

En la actualidad, el modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y en una pequeña participación estatal a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.

Aumento del 32% en las pensiones de las mujeres

Esta reforma permitirá un aumento de 56.600 pesos mensuales (cerca de 73 dólares, 65 euros) para los hombres, lo que significa un aumento promedio de 20 % de sus pensiones y beneficiará a más de 500.000 pensionados. En el caso de las mujeres el beneficio será de 70.800 pesos al mes (unos 91 dólares, casi 82 euros), lo que significa un aumento promedio de 32 % de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350.000 pensionadas, según dijo el mandatario.

"Con estas reformas, se garantiza que ningún pensionado quede por debajo de la línea de pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo", que es de 300.000 pesos chilenos (cerca de 400 dólares), señaló Piñera.

El presidente ha dicho que esta reforma "representa un cambio estructural" del modelo de pensiones y apuntó otra serie de novedades como la apertura de la administración de los fondos de pensiones a otros actores que no sean las AFP, como sociedades sin fines de lucro o cooperativas de afiliados para "fortalecer la competitividad de la industria", entre otras cosas.

"Chile ha sido un país ingrato con nuestros adultos mayores. Uno de los grandes temores que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, además de la enfermedad o la delincuencia, es no tener los recursos necesarios para enfrentar con dignidad la tercera edad", ha reconocido Piñera. Estos cambios propuestos por el presidente se suman a los ya aprobados el pasado diciembre para aumentar en hasta el 50 % las pensiones más bajas.

Modelo de pensiones instaurado durante la dictadura

Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno tiene como pilar básico el ahorro individual obligatorio.

Su cambio hacia un modelo más solidario es uno de las principales demandas del estallido social que vive el país desde octubre, que es el más grave desde el retorno de la democracia hace tres décadas y que ya se ha cobrado la vida de al menos 27 personas.

Las manifestaciones, que comenzaron en respuesta a un aumento en la tarifa del metro y se convirtieron en un clamor contra la desigualdad, han perdido fuerza, pero sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a otras medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución.

"Parece que el presidente Piñera no escuchó bien lo que está pidiendo la calle, que no quiere más el modelo de capitalización individual y quiere dar tránsito a un nuevo modelo mixto de pensiones con la seguridad social como sustento principal", ha lamentado el senador socialista Juan Pablo Letelier.

En Chile, cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los fondos en los mercados y son muy criticadas por las bajas pensiones que pagan.

El promedio de la pensión mensual pagada en agosto del año pasado por las AFP fue de unos 220 dólares.

Por EFE - Santiago de Chile

16/01/2020 - 07:38h

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Imagen de un establecimiento de Washington D.C en el que se aceptan cupones ELVERT BARNES / WIKIMEDIA COMMONS

El gobierno de Trump está recortando las ayudas de los cupones de alimentos; millones de estadounidenses con pocos recursos perderán su derecho a recibirlos

Muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder al sistema o para mantenerlos, aún con las normativas actuales

La nueva normativa excluirá a uno de cada tres beneficiarios, e impiden el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños

 

Cuando James Fauntleroy perdió este verano su trabajo en una tienda, rápidamente se dio cuenta de que las ayudas de la seguridad social para personas con discapacidad no eran suficientes para vivir. Entonces recurrió a un sustento del que dependen muchos estadounidenses que están pasando momentos difíciles: los cupones de alimentos, también conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Al principio, Fauntleroy, de 35 años recibió una carta de aprobación que detallaba que contaría con 197 dólares al mes (177 euros) en cupones. Con eso le bastaba para alimentarse. Pero luego llegaron las malas noticias.

"A principios de septiembre recibí otra carta del Departamento de Infancia y Familias de Florida en la que me comunicaban que el monto se reduciría de 197 a 16 dólares (de 177 a 14 euros)", relata Fauntleroy, residente en Orlando, Florida.

Fauntleroy es uno de los 40 millones de estadounidenses con pocos recursos que reciben algún tipo de beneficio del Snap, un programa que el Gobierno de Trump está reformando, recortándolo y excluyendo a millones de estadounidenses. A algunas personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad, ya les costaba trabajo arreglárselas con los beneficios que tenían o estaban por caer entre las rendijas del sistema. Ahora, la normativa nueva y más estricta empeorará su situación aún más.

Para Fauntleroy –que tiene una enfermedad en el riñón–, el recorte en los cupones de alimentos es un desastre. "He tenido que abrir una cuenta [de crowdfunding] para que la gente me ayude a pagar mis gastos hasta que pueda encontrar un trabajo de media jornada. Mientras tanto, la comida es cara y además tengo que elegir ciertos alimentos que sean aptos para pacientes con diálisis en el riñón. Es muy difícil y me afecta a nivel mental y emocional", afirma.

Actualmente, depende de un servicio de transporte para personas con discapacitad que lo lleva a un centro de diálisis tres veces a la semana, y aún así tiene que cubrir unos 65 dólares al mes en copagos (58 euros), más los 135 dólares mensuales (121 euros) que le descuentan de su ayuda por discapacidad para pagar el seguro de salud. Actualmente, está buscando otro trabajo de media jornada, porque si gana más del límite de 1.200 dólares al mes (1.076 euros) le quitarían por completo esta prestación.

Sin embargo, el Gobierno de Trump está decidido a recortar los cupones de alimentos. El 5 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una nueva normativa que restringirá la posibilidad de los estados de ofrecer exenciones a los requisitos de trabajo a personas "físicamente capaces" de entre 18 y 49 años, sin dependientes a su cargo.

Actualmente, sin una exención, estas personas no pueden recibir ayudas del Snap por más de tres meses en un período de tres años. Los estados podían ofrecer exenciones a estos requisitos en regiones con alta tasa de paro o insuficiente oferta laboral. Se calcula que la nueva normativa le revocará los beneficios de Snap a 668.000 personas en todo el país. Además, el término "físicamente capaz" es confuso y se presta a la interpretación de quién debe cumplir con los requisitos que determinan las agencias del estado.

La nueva medida del Gobierno de Trump excluiría a uno de cada tres beneficiarios. También se busca limitar los niveles de ingresos permitidos para ingresar al Snap al doble de la línea de pobreza, que representarían unos 50.000 dólares (45.000 euros) al año para una familia de cuatro miembros. La nueva norma también impediría que hogares con más de (2.250 dólares) 2.018 euros en activos, o (3.500 dólares) 3.140 euros para un hogar en el que viva un adulto discapacitado, reciban beneficios de ayuda alimentaria. Como resultado, se calcula que casi tres millones de estadounidenses perderán sus beneficios del Snap.

Una tercera norma recortaría más de 4.500 millones de dólares (4.000 millones de euros) del presupuesto del Snap en los próximos cinco años, afectando a una de cada cinco familias beneficiarias.

Estas nuevas normativas han recibido críticas por excluir de los beneficios a millones de estadounidenses que viven en la pobreza y por impedir el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños.

Las dificultades de enfermos y discapacitados

Sin embargo, muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder a los beneficios del SnapSnap o para mantenerlos, aún con las normativas actuales. Su situación, que ya es difícil, empeorará aún más.

Son personas como Virgil Garwood (37), de Woodville, Ohio, que recibía solamente 50 dólares al mes (45 euros) de beneficios del Snap mientras luchaba contra un cáncer de tiroides. Garwood recibe una ayuda por discapacidad y no puede trabajar por las convulsiones y el deterioro óseo que le generaron los tratamientos médicos y las numerosas cirugías. Con el Gobierno de Trump, los beneficios se le redujeron a solo 15 dólares (13,5 euros) al mes, aunque su situación económica no ha cambiado en nada.

"El estado donde vivo exige que los beneficiarios del Snap vayan a clases sobre nutrición adecuada, otra clase sobre economía familiar, y luego una clase que explica el programa y cómo buscar empleo. Se supone que todo el tiempo que recibes prestaciones del programa tienes que estar buscando trabajo y debes presentar pruebas de ello", explica Garwood. "Tuve que salirme del programa porque ir a las clases para mantener las prestaciones me costaba más que los 15 dólares (13,5 euros) que recibía".

Jennifer Pracht, de Winston-Salem, Carolina del Norte, cuenta con el SnapSnap para alimentar a su hija de 14 años y a sí misma desde 2012, año en que quedó discapacitada y sin poder trabajar a causa de una lesión en la columna vertebral.

"Por alguna razón, este año me recortaron los cupones a 105 dólares mensuales (94 euros). Mi situación no ha cambiado en nada como para que me reduzcan la ayuda. Pero de todas formas lo han hecho", afirma Pracht. Ahora le preocupa que haya más recortes en el futuro.

"No tengo idea de cómo haré para comprar alimentos durante todo el mes, mucho menos si pretendo que la comida sea sana. Ya no podré comprar comida sana porque es mucho más cara".

Varias personas que hablaron con The Guardian sobre su experiencia con los beneficios del Snap pidieron que no se revele su nombre o que no se publique su apellido.

Lisa, de 40 años de Michigan, comenzó a recibir beneficios del Snap en abril de 2018, mientras esperaba que se apruebe su solicitud de una ayuda por discapacidad. En octubre de 2018, fue excluida del Snap por los requisitos laborales.

"La inseguridad alimentaria ha sido una constante. Llevaba un cálculo mental de la comida que tenía en casa y para cuántos días me alcanzaba, teniendo en cuenta cuántos días faltaban para que volviera a recibir la ayuda", dice Lisa. "No es mucho dinero. Esto no se trata de gente que vive a cuerpo de rey a costa del dinero de los contribuyentes. Somos personas que intentamos sobrevivir, y ese pequeño monto de dinero es un regalo del cielo".

Una mujer de 40 años en Berwick del Sur, Maine, actualmente recibe 130 dólares al mes (117 euros) del Snap y una ayuda por discapacidad, ya que sufre el síndrome de Ehler-Danlos, una enfermedad vascular genética, además de otras enfermedades discapacitantes.

Gran parte de su ayuda por discapacidad es destinada a pagar el alquiler, ya que hace poco logró acceder a una vivienda estable tras años de luchar por salir de la indigencia. No cuenta con transporte para ir a comprar alimentos y tiene que seguir una dieta especial a causa de su discapacidad.

"Siempre tengo que separar una parte de mi ayuda por discapacidad –que es de unos 684 euros al mes– para pagar comida y transporte", dice. "Creo que 130 dólares al mes no le alcanzarían a nadie para vivir, y yo recibo el beneficio máximo, teniendo en cuenta que tengo varias discapacidades y no puedo encontrar trabajo".

Por, Michael Sainato

23/12/2019 - 21:06h

Traducido por Lucía Balducci

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Domingo, 15 Diciembre 2019 06:34

El paro se estira y llega Navidad

Una mujer camina por la estación vacía de Gare de L'Est en Paris durante el paro de transporte. Imagen: AFP

Décimo día de huelga de transportes en Francia

La perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno

Diez días de huelga de transportes en Francia y la perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno, que quiere reunirse con los sindicatos para hablar sobre su polémica reforma del sistema de pensiones.

El sábado, entre un 25 y un 30 por ciento de los trenes de alta velocidad y los regionales funcionaban en el país. En París había nueve líneas de metro cerradas, sobre un total de 16, y algo más de la mitad de los autobuses conseguían circular.

El domingo la situación se mantendrá igual y los servicios de transporte en la capital se verán "muy afectados" por este movimiento de protesta el lunes. Faltan diez días para Navidad y ni gobierno, ni sindicatos, ni ciudadanos saben hasta cuándo durará esta huelga y de qué manera podría desbloquearse la situación.

Si el movimiento continúa podría poner en peligro las vacaciones de decenas de miles de personas, ya que harán falta varios días para recuperar la normalidad en los transportes. "Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. No creo que los franceses aceptarían que algunos les privaran de ese momento" dijo el primer ministro Édouard Philippe en declaraciones al periódico Le Parisien. "La mitad de los viajeros" tendrán trenes para las fiestas de fin de año, según la SNCF, la compañía nacional de trenes francesa. 

Los sindicatos rechazaron de plano esta semana la idea de una tregua de Navidad. "Si el gobierno quiere que el conflicto termine antes de las fiestas, le queda una semana para tomar la buena decisión, optar por el sentido común y retirar su reforma de las pensiones", dijo a la AFP Laurent Brun, secretario general del sindicato CGT-Ferroviarios, el sindicato más importante de la SNCF.

"Para que circulen los trenes, el gobierno tiene que enviar un mensaje positivo", corroboró Roger Dillenseger, del sindicato UNSA-Ferroviarios.

- Protestas nacionales el martes

El sábado se celebraron protestas en algunas ciudades de Francia como Estrasburgo (este), Lyon (centro-este) y Rennes (oeste) y se esperan grandes manifestaciones el martes en todo el país en las que participarán no sólo empleados del sector transportes sino funcionarios, estudiantes, personal sanitario, abogados, profesores o jueces.

El primer sindicato francés CFDT se ha unido a esta movilización, furioso por que el gobierno haya añadido a su nuevo sistema de pensiones una "edad de equilibrio" fijada en los 64 años, por debajo de la cual no se cobrará la pensión completa. La edad de 64 años es "negociable", respondió el sábado la secretaria de Estado para el ministro de Economía, Angès Pannier-Runacher.

Esta semana, el gobierno y los profesores llegaron a un acuerdo para revalorizar sus salarios, lo que costará al Estado unos 10.000 millones de euros, aunque por ahora no se dijo cuándo entrará en vigor.

Los policías también suspendieron su movimiento de protesta el viernes después de haber obtenido la garantía del gobierno de que podrán jubilarse antes, dados los riesgos que entraña su profesión. El primer ministro, Edouard Philippe, invitó además a los sindicatos a una reunión la próxima semana, aunque por ahora no se sabe si éstos respondieron afirmativamente.

Pese a mostrar que puede hacer alguna concesión, el gobierno del presidente Emmanuel Macron no va a renunciar a su reforma del sistema de pensiones que quiere unificar los 42 sistemas diferentes que tiene el país en uno solo, con el que, según el gobierno, "todo el mundo saldrá ganando".

Desde Bruselas, el jefe de Estado consideró el viernes que esta reforma era "histórica". Los franceses están divididos sobre la reforma, según un sondeo. El 50% se dice favorable y el 49% está en contra. La jubilación es un tema sensible en Francia ya que la población defiende con uñas y dientes uno de los sistemas más generosos del mundo. 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 06:12

Sexto con bloqueo de transportes en Francia

Sexto con bloqueo de transportes en Francia

Masiva protesta por la reforma de pensiones 

Sindicatos del transporte, la salud y la educación enfrentan al gobierno en la víspera del anuncio formal de la reforma. 

Las calles de Francia fueron el escenario de la segunda jornada de huelga nacional contra la reforma del sistema de pensiones. Si bien la convocatoria no alcanzó la masividad del jueves pasado , el ministerio del Interior contabilizó a alrededor de 300 mil manifestantes en todo el país. Se trató también del sexto día consecutivo con bloqueos en el transporte público y cancelaciones de vuelos en varias ciudades. Al paro de trabajadores del transporte se sumaron profesionales de la medicina y la educación. El miércoles (hoy), el Ejecutivo presentará finalmente su cuestionado proyecto de reforma de las pensiones.

Por la mañana, miles de personas concurrieron a pie o en bicicleta a sus lugares de trabajo en París, la ciudad más afectada por la huelga. El subte, los colectivos y los trenes suburbanos no funcionaron o presentaron un servicio reducido. Se formaron varios kilómetros de embotellamiento en los accesos a la capital desde primeras horas del día.

El paro de transportes afectó también a los turistas, que se vieron obligados a recorrer decenas de kilómetros a pie, alquilar bicicletas o monopatines para visitar las principales atracciones de París. Además cientos de vuelos programados fueron cancelados, y siete de las ocho refinerías del país permanecieron bloqueadas, lo que hacía temer una escasez de combustible en las próximas horas.

A la huelga de trabajadores del transporte se sumaron los gremios que agrupan a los docentes del país, lo que provocó el cierre de escuelas y guarderías. Una huelga ilimitada fue convocada por médicos y trabajadores de la salud para denunciar "recortes presupuestarios" y un "deterioro de sus condiciones laborales". Argumentan que el Ejecutivo está poniendo en peligro la atención médica pública en Francia. 

Pasado el mediodía, cientos de personas con pancartas y banderas con los colores galos empezaron a concentrarse cerca del Palacio de los Inválidos. Ese fue el punto de partida de una gran manifestación pacífica que recorrió toda la capital y terminó convocando a cientos de miles.

"¡No, no, no cederemos!", coreaba una marea de manifestantes que marchó en París, entre el ruido de silbatos, y carteles con duros mensajes contra el Ejecutivo. Los sindicatos prometen mantener su presencia en las calles hasta que el gobierno de Emmanuel Macron retire totalmente su proyecto de reforma previsional.

Del proyecto del gobierno sólo se conocen algunos puntos, ya que será presentado el miércoles por el primer ministro, Edouard Philippe. Se sabe que consistirá en la creación de un "sistema universal" de pensiones que reemplazará a los 42 regímenes actuales. Los gremios argumentan que esos regímenes permiten jubilaciones anticipadas y otros beneficios. 

También consideran que el actual sistema de pensiones de los empleados de las empresas de ferrocarriles o los marinos, entre otros, fueron creados para compensar el riesgo y el desgaste que demandan sus profesiones. Y que eso no se debería ajustar de ninguna manera.

"Espero que Macron escuche el malestar social que se manifiesta aún con mayor fuerza en estos días pero que venimos viendo desde hace meses. Que retire su proyecto y discutamos con seriedad la mejora necesaria del sistema de reformas, que es uno de los mejores del mundo", dijo el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Philippe Martinez, al inicio de la manifestación.

En la víspera de que el primer ministro, Édouard Philippe, presente la totalidad de la reforma, Martinez reconoció que hay un problema de "financiación", pero reclamó que los ajustes sean "solidarios" y que se arregle creando más trabajo, elevando los montos que pagan los empresarios y subiendo los salarios. "Lo que queremos es que el gobierno retire completamente esta reforma y después hablamos", agregó el líder sindical.

Desde el Ejecutivo defienden el proyecto a ultranza. "Las manifestaciones no van a detenerse porque yo haga un discurso el miércoles. Al contrario, mi discurso suscitará nuevas preguntas. Y es normal", reconoció el primer ministro Philippe, que concentra toda la atención de Francia en las últimas horas. "Es una reforma indispensable para el país", subrayó por su parte el presidente Emmanuel Macron.

El Ejecutivo francés se encuentra en una situación delicada, frente a un contexto social muy tenso debido a las masivas movilizaciones que iniciaron hace más de un año de los chalecos amarillos . A eso se le suma el mencionado descontento de diversos gremios que engloban a trabajadores de la salud, profesores, ferroviarios, agricultores e incluso policías.

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La huelga en Francia paralizó el transporte público

Trenes, subtes, colectivos o aviones: viajar resulta una hazaña en estos días

Hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y París y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. 

 

 Francia sigue caminando sobre la cuerda de la incertidumbre y de la huelga. Desde finales de la semana pasada, la huelga lanzada por los sindicatos contra la reforma del sistema de pensiones ha paralizado el transporte público. Los porcentajes de participación han sido y continúan siendo elevados y, hasta que el Ejecutivo no haga público el contenido completo de la reforma, la batalla social seguirá en pie y la gente caminando. Este lunes hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y la capital francesa y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. Trenes, subtes, micros o aviones, viajar resulta en estos días una hazaña.

Este martes 10 de diciembre puede ser peor. Los sindicatos (CGT y Fuerza Obrera) reactivaron para mañana una nueva huelga nacional con el objetivo de forzar al gobierno a corregir el borrador de la reforma. Siguiendo la promesa hecha durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2017, el presidente Emmanuel Macron presentó las grandes líneas de una reforma que apunta a unificar los 42 regímenes jubilatorios existentes en uno solo a partir de un sistema donde el cálculo se hará mediante puntos. Como los cambios previstos afectan sobre todo a los ferroviarios, ello explica la altísima adhesión en ese sector.

París es en estos días un caos. Los turistas que llegaron la semana pasada ya tienen cierta experiencia. Los que lleguen en estos días deberán tener una paciencia de monje, piernas sólidas, abrigos para el invierno y también suerte. Encontrar una bicicleta o una trotinette (monopatín) libre es como sacarse el número de la lotería. Los parisinos ya curtidos en el uso de las dos ruedas son los más felices. En medio de un enjambre incalculable de autos y nervios son los únicos que logran llegar a destino. 

A quienes vengan por estas fechas les quedan un par de alternativas: caminar, traer una mini bicicleta plegable en el equipaje o comprar una en París. Si hay alguien que ya ganó con la huelga es la empresa Blablacar y su aplicación. Blablacar es una idea que consiste en compartir el auto entre determinados trayectos con otras personas desconocidas inscriptas a través de la aplicación. La idea ecológica se tornó en una excelente estrategia en un momento de urgencia social. Pese a las trabas y al hecho de que la huelga se instala en el periodo de las fiestas de Navidad, la opinión pública todavía respalda al movimiento. Según una encuesta publicada este fin de semana, 53% de los franceses respalda la huelga. El movimiento ingresa en su cuarto día sin que se intuya un debilitamiento o un cambio de posición, ni por parte de los sindicatos ni del gobierno. La intersindical promete que resistirán hasta que el Ejecutivo “retire el texto completo de la reforma”, según declaró este domingo el Secretario General de la CGT, Philippe Martinez. El problema, por ahora, es que el gobierno mantiene escondido el texto y recién este miércoles el primer ministro, Edouard Philippe, romperá el suspenso y la ambigüedad que ha acompañado desde el principio la presentación de la reforma. 

Mientras tanto, los sectores concernidos están muy movilizados, y en muchos casos hasta radicalizados. Basta con dar un par de vueltas en las terminales de los autobuses o en las estaciones de trenes de París para medir no sólo la dureza de un conflicto social sino, también, el encono del que es objeto Emmanuel Macron y la convicción de que “a este poder la única forma de derrotarlo es poniéndolo de rodillas” (Claude, sindicalista de la compañía nacional de ferrocarriles, SCNF).

La base sindical mantiene su motivación tanto como la base parlamentaria del presidente le exige que “sea claro”. La ausencia de una pedagogía transparente complicó el juego gubernamental hasta convertirlo en una encrucijada política. La reforma no apuntaba al principio a ahorrar como en años anteriores, sino a cambiar la metodología de cálculo y establecer así una suerte de equilibrio entre los regímenes existentes. 

En ese rediseño intervinieron dos factores: hay sectores (ferroviarios) que pierden privilegios adquiridos luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): con el paso de las semanas, la variable presupuestaria (menos peso de la jubilación en el PIB) se introdujo entre los intersticios de la reforma. Esa posibilidad de una pérdida de derechos global o de la necesidad de trabajar más años es la que sembró tanto la confusión como la movilización contra el proyecto. 

Mayoritariamente, la gente siente que “hay gato encerrado” en el asunto, que de una u otra forma “se perderán derechos”, es decir, dinero. Al ala liberal del gobierno ceder ante la CGT le resulta una afrenta de clase. El éxito de la huelga y simpatía que acarrea el movimiento han cambiado las normas. Los sindicatos recuperaron su poder de convocatoria luego de un largo periodo de derrotas sociales. Recién el miércoles se sabrá hasta donde puede maniobrar un gobierno asustado por la amenaza de una insurgencia social generalizada.

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Francia paró en contra de la reforma jubilatoria

Hasta un millón y medio de personas protestaron en 60 ciudades 

La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. También se sintió en hospitales, la policía y la aeronáutica civil. Sigue hasta el viernes.

 

Francia se quedó de a pie, en el doble sentido del término: caminando por la huelga de los transportes lanzada por los sindicatos contra la reforma de las jubilaciones: y caminando en las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país, con un punto muy fuerte en París, cuyas cifras todavía se desconocen. Según proyecciones del ministerio de Interior, más de 800 mil personas acudieron a las 242 manifestaciones organizadas en 60 ciudades. Para la CGT, la participación subió a más de un millón y medio. La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. A ella se sumaron sin embargo varios otros gremios que van desde los hospitales, la policía o la aeronáutica civil con un 20% de los vuelos anulados. Sectores público y privado respondieron masivamente a lo que se espera será sólo el comienzo de una protesta que, al menos en la empresa nacional de ferrocarriles, se prolongará en los próximos días. El Ejecutivo calcula que la huelga se extenderá hasta el viernes e incluso que perdure más allá del fin de semana. El paro golpeó el corazón del sistema. Aunque no es una huelga general, la parálisis de los transportes públicos perturbó a todo el país. Sin posibilidad de desplazarse, la gente se movió como pudo o permaneció en casa. Los sindicados, con la excepción de la CFDT, buscan forzar al gobierno a una negociación con el manual de las huelgas de 1995 en la mano. En aquel entonces, la oposición a una reforma similar de las jubilaciones dejó a Francia sin actividad durante tres semanas, hasta que el proyecto fue retirado. Si los paros importantes persisten el lunes, entonces la batalla social tendrá otro perfil. Y como recién el próximo 12 de diciembre se conocerá realmente el contenido preciso de la reforma, es muy probable que de aquí a entonces los sindicatos mantengan la presión social.

La controversia surgió cuando empezaron a trascender algunos detalles del texto prometido por el presidente Emmanuel Macron durante la campaña electoral para las elecciones de 2017. La idea inicial consistió en terminar con los 42 regímenes de pensiones que están en curso y reemplazarlos por otro a través del cual todos los sectores tendrían los mismos derechos. La ausencia notoria de una pedagogía clara por parte del gobierno, las divisiones en la propia mayoría, la presión de la derecha presidencial que introdujo varias modificaciones a la idea inicial, los rumores y la confusión que el Ejecutivo no se ocupó de neutralizar plantearon la perspectiva de que habría que cotizar más años e, incluso, extender la edad legal de la jubilación, hoy fijada a los 62 anos. El líder de la CGT, Philippe Martinez, hizo campaña contra la reforma con el argumento de que, una vez aplicada, esta equivaldría a trabajar más tiempo y cobrar menos. La huelga está determinada por dos paradojas: una, el movimiento social se lanzó sin que se sepa con claridad qué contiene la reforma: dos, la opinión pública respalda tanto a la huelga como la necesidad de una reforma de las pensiones. Ayer, una encuesta realizada por la consultora Odoxa-Dentsu Consulting para el diario Le Figaro y la Radio Franceinfo, mostró que el 68 por ciento de los encuestados respaldaban a los huelguistas al tiempo que 76 considera que una reforma es necesaria. El porcentaje de apoyo a la huelga era menor hace una semana, pero fue creciendo ante la ausencia de explicaciones del Ejecutivo. El tema fue tanto más mal tratado por el gobierno cuanto que, en Francia, tocar la jubilación equivale a trastornar el pasado –lo adquirido--, el presente –lo que se puede formular cara al futuro—y el mismo futuro. Ante la perspectiva de un endurecimiento de la rebelión social, el Primer Ministro, Edouard Philippe, tiene previsto una serie de concesiones cuyo contenido es, igualmente, vagamente misterioso. De allí la sensación global de que el “gobierno esconde el texto porque su único objetivo es engañarnos y hacernos trabar mucho más, ganar mucho menos mientras sus amiguitos liberales se llenan los bolsillos con nuestra pobreza”, según decía iracundo Michel, uno de los manifestantes -educación nacional—que ayer salió a las marchas de París pese al frío. En las calles de la capital francesa había una sinfonía de reclamos, muchos jóvenes, profesiones de todo tipo y una triple inquietud: la jubilación, el planeta y el liberalismo. Un hombre de unos 40 años llevaba una pancarta que decía:” mejor reformemos el sistema de los accionarios”. ”Viva una reforma social del liberalismo”, clamaba una señora recién jubilada. Una pareja de empleados de la educación nacional declaraba:” llegó el momento de que demos vuelta el flujo. Llevamos décadas y décadas pagando por los ricos y ahora que se preparan para exprimirnos hasta en la vejez y es hora de que les digamos basta. ¡Que empiecen a pagar ellos por nosotros !”. Más adelante, un grupo nutrido de ferroviarios con disfraces de Macron con los atuendos del Rey Luis XVI decía: «No queremos a un monarca del liberalismo. Queremos a un hombre que sienta lo que es una vida de trabajo común y que no liquide aquello por lo cual trabajamos toda la vida”.

Había en París bronca por el presente, las privatizaciones de los aeropuertos y la lotería nacional (La Française des Jeux) y miedo por un futuro de privaciones. ”El liberalismo de Macron nos lleva a la exclusión. No les importa lo que suframos, es una aristocracia egoísta y especuladora. Ninguno de esos reyes que aboga por la reforma sabe lo que es vivir con mil euros por mes. Y ni eso nos van a dejar en los bolsillos”, explicaba una empleada del correo francés. ”Fíjese a dónde llegamos. A fuerza de ajustes, desempleo y precariedad hicieron que nuestro presente sea inestable y apretado. Y ahora quieren que nuestra vejez sea una miseria”, decía una pareja del sector bancario privado. En un año, de noviembre de 2018 a diciembre de 2019, el presidente Macron fomentó dos conflictos mayores: el de los chalecos amarillos y, hoy, el de las jubilaciones. En ambos casos se confrontó a una variable que parece desconocer: la voz y el protagonismo del pueblo y su adhesión a la preservación de sus derechos. Francia es un país más bien conservador, pero no liberal. El jefe del Estado tiene una visión financiera de las relaciones y ello choca fuertemente con una sociedad que atraviesa un “malestar democrático” (Luc Rouban, Centro de Investigaciones políticas de Siences-Po) que se fue forjando a través de múltiples decepciones sociales. La reforma de las jubilaciones terminó por aunarlas a todas.

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