Crece el encono contra el gobierno de Nicaragua

Managua

Con plantones en distintos puntos de esta capital y un bloqueo intermitente en la carretera a Masaya, este martes continuaron las movilizaciones contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las autoridades aseguraron que decenas de jóvenes detenidos durante las protestas iniciadas hace casi una semana ya fueron liberados, y levantaron la censura contra el canal de cable 100% Noticias, en un intento de contener la peor crisis en sus más de 11 años de mandato, que deja ya 27 muertos.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó mediar y ser testigo en el diálogo convocado por el gobierno de Ortega. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, señaló que los obispos católicos desean "facilitar el clima de diálogo" e invitó al gobierno y a la sociedad civil a evitar "todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada, y pidió absoluto respeto a la vida humana".

De su lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Estados Unidos condenaron, por separado, las muertes en el país centroamericano y solicitaron investigaciones independientes.

En el séptimo día de protestas contra el gobierno, grupos sociales instalaron un plantón en la zona capitalina de Camino de Oriente, mientras otros manifestantes se concentraron afuera de la Catedral y reiteraron su exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, abandonen el gobierno.

En la carretera hacia Masaya hubo bloqueos en los que los inconformes leyeron los nombres de los fallecidos en las protestas iniciadas el pasado miércoles 18.

Los estudiantes siguen atrincherados en la Universidad Politécnica, epicentro de las protestas, y aseguraron que van a continuar su lucha hasta que se haga justicia para los fallecidos. Pidieron libertad para los detenidos en las manifestaciones, que se explique dónde están los jóvenes que han desaparecido, la renuncia de Ortega y Murillo, y que cese la represión contra quienes protestan, informó el diario local La Prensa en su página web.

De acuerdo con carteles divulgados en las redes sociales, la noche de este martes fue convocada una caminata en la zona universitaria "en honor a nuestros compañeros caídos y heridos por su patria", pero al cierre de esta edición no había reportes.

Horas antes, aunque la policía y Murillo aseguraron que ya fueron liberados todos los detenidos, sin precisar un número, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, dijo que más de 200 personas personas permanecían arrestadas en Managua y 60 están desaparecidas.

La Prensa señaló que en León (occidente) la policía tiene más de 100 detenidos. El rotativo también reportó el bloqueo de la señal de wifi en todos los parques de esta capital.

La televisión local entrevistó a algunos jóvenes excarcelados que dijeron haber sido abandonados por la policía en las carreteras, descalzos, con el cabello rapado y despojados de sus pertenencias.

Medios de prensa refirieron la muerte de dos varones desaparecidos y cuyos restos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal en Managua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cendih) exigió al gobierno confirmar la puesta en libertad de al menos 48 jóvenes detenidos en las protestas de la semana pasada.

El conflicto estalló el martes pasado con el anuncio de una polémica reforma al Seguro Social que aumentaba las cuotas de unos 700 mil empleados del sector formal y empresarios, y que finalmente fue derogada por Ortega el domingo.

El mandatario nicaragüense aceptó convocar un diálogo con el sector privado y representantes de la Iglesia católica, aunque aún no dio a conocer la fecha de la cita.

 

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600.000 muertes infantiles alejan a EE UU del primer mundo

En las últimas cuatro décadas, alrededor de 600.000 menores y adolescentes han muerto en Estados Unidos por alguna razón que el resto de países desarrollados ha logrado evitar. Desde los años sesenta, la mortalidad infantil se ha desplomado en todos los países ricos. También en EEUU. Pero algo pasó en ese país una década más tarde. Algo que descolgó a sus hijas e hijos de los estándares de seguridad y bienestar que se asentaban en el resto del mundo rico.


En los años setenta las cifras de mortalidad infantil en EEUU se torcieron: miles de niñas y niños estadounidenses morían o dejaban de salvarse mientras las estadísticas seguían mejorando a buen ritmo en el resto del denominado primer mundo. Y la cosa solo había empezado a empeorar...


El mayor gasto con peor resultado

EEUU suele mostrar peores indicadores de salud infantil que casi cualquier otro país desarrollado con el que se compare. En 2013, el Centro de Estudios de UNICEF, en Florencia, publicó un demoledor análisis del bienestar infantil en países desarrollados: se examinaron diferentes parámetros, desde los índices de obesidad, hasta el desempeño educativo pasando por la seguridad habitacional o la exposición a factores de riesgo como la violencia. EE UU quedó en el puesto 26º de 29.
Los estudios comparativos cosechan datos similares una y otra vez: mayor mortalidad infantil, menor esperanza de vida al nacer, peores índices de heridas y lesiones, más obesidad, más riesgo de infección por VIH, más embarazos adolescentes… Y todo, en el país que, paradójicamente, más gasta per cápita en sanidad infantil —2.660 dólares en 2014—.


El país rico más peligroso para nacer

¿Cuándo y cómo se descolgó EEUU del pelotón de países enriquecidos? ¿Y cuál es el saldo macabro de este frenazo? Alexandra D. Forrest es coautora de un reciente estudio publicado en la revista Health Affairs en el que han revisado y comparado las tasas de mortalidad infantil por diferentes causas en los países de la OCDE durante el último medio siglo.


Desde la facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, Pensilvania, Forrest ha hablado con El Salto: “A pesar del mayor gasto en salud infantil, creemos que las persistentes tasas de pobreza, los pobres logros educativos y la frágil red de seguridad social han convertido a EEUU en la más peligrosa de las naciones ricas para nacer”.


En otras ocasiones ya se había constatado la lentitud de los avances estadounidenses en mortalidad infantil frente a otros países, pero siempre se habían examinado grupos de edad muy concretos. Esta es la primera vez que se cuantifican y comparan todas las muertes de menores en EE UU frente a las de economías análogas.
Bebés con un 76% más de riesgo de morir

Entre 1961 y 2010 las tasas de mortalidad infantil se redujeron en todo el mundo, también en EEUU: el planeta se volcó en el combate contra las enfermedades infecciosas y millones de vidas se salvaron. Sin embargo la reducción no fue homogénea, sino que algunos países, como España, mejoraron rápidamente, mientras que otros, como EEUU, arrastraban los pies.


En los años setenta, las criaturas estadounidenses de entre uno y 19 años de edad empezaron a alimentar con sus muertes unas estadísticas significativamente peores que las del resto de la OCDE. En la década siguiente, las cifras empeoraron también para bebés de menos de un año. Entre los años 90 y los dos mil, EEUU lo hizo peor que todos los demás: a comienzos del siglo XXI, si tenías tenías entre 1 y 19 años en EEUU, tu riesgo de morir era un 57% mayor que el de el resto de menores en países ricos; y si tenías menos de un año, la cosa empeoraba: un 76% más de riesgo de morir que el de cualquier bebé de la OCDE.


Perder 20.000 vidas infantiles al año

Al final, la brecha se había ensanchado hasta tragarse 600.000 vidas jóvenes que podrían haberse salvado si las condiciones de vida en EEUU hubiesen mejorado al mismo ritmo que las del resto de sus pares. Unas 20.000 vidas al año para el cambio de siglo. La peor parte fue para el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años: 250.000 víctimas.


Cuando el equipo científico de Forrest desmenuzó las cifras por diferentes causas de la muerte, encontró que EEUU obtenía las peores puntuaciones en todos los epígrafes, no había ni una sola categoría en la que EEUU hubiese tenido mejores resultados que el resto de la OCDE. Pero en dos apartados, el retraso estadounidense fue especialmente amargo.


Pobreza letal alrededor del parto

Por un lado, las complicaciones perinatales —inmadurez, lesiones durante el parto, asfixia o atelectasia (obstrucción respiratoria) después del parto, enfermedad hemolítica (destrucción acelerada de glóbulos rojos), trastornos de la madre que afectaron a feto o bebé y malnutrición fetal—.


Hace cinco años, el Instituto de Medicina, una de las cuatro Academias Nacionales de EEUU, publicó un informe comparativo sobre la salud de su población. El título lo decía todo: Vidas más cortas, salud más pobre. Aquel análisis identificaba las carencias que más dañaban la salud usamericana: “condiciones socioeconómicas adversas, hábitos poco saludables y un sistema sanitario fragmentado, todo ello en el contexto de una débil red de seguridad social que falla a la hora de amortiguar el impacto de estas circunstancias en la salud de la población más vulnerable”.


Los datos del estudio en el que ha participado Forrest parecen respaldar esa correlación: las tasas de mortalidad infantil comenzaron a empeorar cuando la pobreza infantil relativa empezó a extenderse en EEUU, entre los años 70 y 80. Una lacra, la de la pobreza infantil y maternoinfantil, que se muestra insistentemente letal para la salud: los nacimientos prematuros y las cifras de bajo peso al nacer se adhieren como rémoras a los partos de las mujeres pobres estudio tras estudio.


El país de los coches y las armas

Junto al pésimo desempeño de EEUU en salud neonatal, el otro gran borrón son las heridas y lesiones; una categoría letal que acusa a dos iconos centrales de la simbología estadounidense: los coches y las armas.


EEUU no logra acercarse al éxito relativo del resto de la OCDE en la prevención de muertes causadas por accidentes de tráfico. También aquí EEUU ha mejorado, pero a un ritmo mucho más lento que el de sociedades semejantes. Los informes de la propia OCDE sobre seguridad vial señalan que durante la primera década del siglo XX, EEUU redujo un 23% la cifra de fallecimientos en carretera, mientras que el resto de sociedades consiguió reducciones que iban desde el 26 al 64 por ciento.


Las 1.300 muertes por herida de bala

Las vidas de menores en EEUU todavía deben superar un peligro más antes de llegar a la edad adulta. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron el año pasado, en la revista Pediatrics, uno de los más detallados recuentos de lesiones y muertes causadas por armas de fuego en personas de 0 a 17 años. Entre accidentes, homicidios y suicidios, cada año mueren 1.300 menores por arma de fuego en EEUU y 5.790 sufren heridas. Más o menos, 82 veces más que en el resto de la OCDE. Entre niños varones negros no hispanos, las armas de fuego son la primera causa de muerte.

¿Influye el color del Gobierno?

¿Qué pasó en aquellas décadas? ¿Qué estaba cambiando? Entre las hipótesis, el artículo sugiere que un posible detonante fue la implantación de formas de gobierno más abiertamente desreguladoras. Desde 1969 a 1993, EEUU tuvo 30 años de presidentes republicanos —Nixon, Ford, Reagan y Bush padre— y solo un mandato demócrata, el de Jimmy Carter. ¿Puede un régimen político influir en la mortalidad infantil? ¿Hay diferencia entre nacer en un país de tradición socialdemócrata o en un estado de corte neoliberal?


Encontrar una relación causal entre un sistema político y una tendencia epidemiológica no es fácil. Sin embargo, algunas investigaciones han buscado correlaciones y han detectado que la forma de gobierno de un Estado puede explicar el 20 por ciento de las disparidades en mortalidad infantil de unos países frente a otros.También parece que podría explicar el 10 por ciento de las tasas de bajo peso al nacer e, incluso, el 47% de la variación en la esperanza de vida.


Trump, contra lo poco que hay

No en vano, Forrest advierte frente a los intentos del actual presidente de laminar algunos programas sociales para la infancia: “La administración Trump acaba de intentar desfinanciar el Programa de Seguro de Salud Infantil, que da cobertura a siete millones de criaturas, y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria —cupones canjeables por alimentos— que dirige tres cuartas partes de sus beneficios a hogares con presencia infantil”. Los problemas de Trump para conseguir apoyos, incluso entre sus correligionarios, para acometer estos recortes han frenado el golpe, por ahora. “El Congreso ha asegurado que estos programas no serían desfinanciados en los presupuestos actuales, sin embargo, la administración ha dejado claro que no los valora: esto supone una amenaza a la ya endeble red social de seguridad para la población infantil más vulnerable de EEUU”.

Raúl F. Millares
El Salto

 

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Uber y Lyft conducen a los choferes a la pobreza y la desesperanza

El lunes pasado por la mañana, un taxista y conductor de limusinas profesional de la ciudad de Nueva York llamado Douglas Schifter hizo un último viaje al área del Bajo Manhattan. Varias horas antes había publicado en Facebook una acusación contra las autoridades políticas por permitir que empresas de servicios de transporte en línea como Uber y Lyft desmantelen la industria del taxi de la ciudad y dejen sumidos en la pobreza a miles de conductores de taxi, entre ellos él mismo. Estacionado frente al edificio del Ayuntamiento en un sedán negro alquilado se suicidó de un disparo en la cabeza.


Schifter escribió en su publicación de Facebook: “Debido a la gran cantidad de coches disponibles, con conductores desesperados por intentar llevar el pan a sus hogares, [las empresas] reducen las tarifas a un nivel inferior a los costos operativos y los profesionales como yo nos quedamos fuera del negocio. [Las empresas] cuentan su dinero y nosotros quedamos tirados en las calles por las que antes conducíamos, sin hogar y con hambre. No trabajaré como un esclavo por unas monedas. Prefiero estar muerto”.


La mayoría de las principales ciudades tienen un servicio de taxi regulado desde hace mucho tiempo, lo que limita el número de taxis con licencia y exige un estricto cumplimiento de las normas de seguridad y de cobertura de seguros. Uber y Lyft, las principales plataformas de servicio de transporte en línea o “empresas de redes de transporte”, han logrado eludir esas leyes y multiplicar la cantidad de coches en las calles.


Bhairavi Desai, directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, un sindicato sin fines de lucro con más de 19.000 miembros, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Antes solía haber solo unos 13.000 taxis amarillos y otros 40.000 de otras compañías y coches negros, en total. Ahora hay más de 130.000. Nadie puede ganarse la vida así”.


Un nuevo informe elaborado en conjunto por el Proyecto de Ley Nacional de Empleo ( NELP , por sus siglas en ingés) y la Asociación para Familias Trabajadoras, titulado “Interferencia estatal por parte de Uber: cómo las empresas de redes de transporte compran, intimidan y engañan para lograr su desregulación”, señala: “Las [empresas de redes de transporte], principalmente Uber y Lyft, convencieron a legisladores de la gran mayoría de los estados a anular y pasar por encima de las regulaciones locales y despojar a los choferes de sus derechos. La velocidad y la efectividad del uso de esta estrategia por parte de la industria, conocida como interferencia (o apropiación) estatal, no tiene precedentes”, indica el informe. El estudio también compara las tácticas de lobby utilizadas por Uber y Lyft con las de los grupos de presión de la industria del tabaco y las armas de fuego, e identifica 41 estados donde este cabildeo agresivo ha reducido o eliminado los derechos de las ciudades para regular las empresas de servicios de transporte en línea.


Nuevamente, estas son palabras de la portavoz de la Alianza de Trabajadores del Taxi, Bhairave Desai: “Es una carrera hacia el abismo. En 2016, Uber y Lyft gastaron en lobby más que Amazon, Walmart y Microsoft juntos. Recurren a su poder político para lograr la aprobación de leyes de desregulación de los servicios de transporte. La mayoría de sus lobbystas, por cierto, provienen del Partido Demócrata. Muchos de ellos pasaron directamente desde la Casa Blanca de [Barack] Obama a trabajar para Uber”.


La muerte de Douglas Schifter fue precedida por otro suicidio, unas semanas antes. Danilo Corporan Castillo se precipitó a su muerte desde lo alto de un edificio el 20 de diciembre, tras una audiencia ante la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York ( TLC , por su sigla en inglés), en la que lo amenazaron con revocarle la licencia de conductor. Corporan Castillo escribió su nota de suicidio al dorso de la citación de la TLC .


En abril del año pasado, Bhairavi Desai testificó ante la TLC (acrónimo extraño para una comisión conocida por no brindarles a los taxistas de la ciudad una “atención amable”, sino, más bien, por imponer drásticas multas por incontables infracciones menores). Desai declaró:


“En mis 21 años de activismo en esta industria, jamás había visto personas en tal crisis: las bancarrotas, las ejecuciones hipotecarias, los avisos de desalojo. Ahora recibo llamadas telefónicas con pedidos de información sobre servicios para personas sin hogar, gente que quiere saber sobre líneas directas de prevención del suicidio. Hay un nivel de crisis muy arraigado entre los conductores de taxis. Debo decirles desde el fondo de mi corazón que, como defensora, algunos días simplemente no sé qué hacer. Esta es una crisis humana grave debido a la plaga financiera que existe en esta industria desde hace tres años. Esto me lleva a preocuparme seriamente por cómo será el futuro de las personas y, sin duda, por el nivel de crisis al que se enfrentan hoy en su vida cotidiana. Es una violenta carrera hacia el abismo. Para matar de hambre al taxista, Uber mata de hambre al chofer de Uber. Ese es el núcleo de la cuestión. Reducen las tarifas, lo que deja a los conductores en una pobreza abrumadora. Y lo hacen para poder reducir las tarifas de los otros sectores. Ningún chofer puede ganar en esta carrera hacia el abismo”.


La dirigente de la Alianza de Trabajadores del Taxi Bhairavi Desai lucha por fijar un límite en la cantidad de taxis y otros servicios de transporte privado, el uso de taxímetros en los diversos servicios de automóviles para garantizar un salario digno para los conductores y acceso a beneficios, principalmente atención médica para los conductores. Además, el Proyecto de Ley Nacional de Empleo y la Asociación para Familias Trabajadoras afirman que las legislaturas estatales deben dejar de hacer lo que exigen las empresas Uber y Lyft.


Douglas Schifter expresó en su publicación final en Facebook: “El propósito de la vida es aprender, enseñar y amar”. Además de conducir taxis durante cuatro décadas, fue un prolífico columnista de la revista especializada en limusinas Black Car News. Schifter escribió: “No sé de qué otra forma tratar de marcar la diferencia si no es con una exhibición pública de un asunto muy privado. Espero que, con el sacrificio público que hago ahora, se preste algo de atención a la difícil situación de los conductores, que la gente quiera salvarlos y que esto no haya sido en vano”.


Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Jueves, 05 Octubre 2017 07:34

Falacias de las reformas laborales

Ghilarducci: “Cada diez años los políticos dicen ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’”.

 

Entrevista a la economista Teresa Ghilarducci, especialista en temas laborales y seguridad social

 

La economista y experta en temas del trabajo advirtió que las reformas laborales “nada tienen que ver con las nuevas tecnologías”, en general no van acompañadas de mejora en la productividad y sólo son una excusa para bajar costos laborales.

 

“Cada diez años, los políticos aseguran que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea es que las computadoras van a pasar a reemplazar todo trabajo humano. En mi opinión, no hay nada nuevo en la economía, se trata de una estrategia de los empleadores para reducir el costo del trabajo. Esto no tiene nada que ver con la productividad. Es más, reducir salarios suele hacer perder productividad”. El análisis pertenece a Teresa Ghilarducci, economista norteamericana consultada por PáginaI12, especializada en el mundo del trabajo y experta en seguridad social. Ghilarducci es profesora de la New School for Social Research de Nueva York y directora del Schwartz Center for Economic Policy Analysis y del New School’s Retirement Equity Lab (ReLab). Si bien su objeto de estudio no se centra en la Argentina, las discusiones locales alrededor de la reforma laboral y previsional se enmarcan en una corriente global de la cual Ghilarducci es una de las principales críticas.

 

–Brasil sancionó una reforma laboral que avanza hacia la flexibilización y la reducción del poder de negociación de los sindicatos. En la Argentina esa discusión toma cada vez más relevancia, anclada en el cambio tecnológico y la necesidad de mejorar la competitividad. ¿Cuál es su postura en relación a este tema?

En primer lugar, las reformas laborales no tienen nada que ver con la absorción de las nuevas tecnologías. La tecnología está vinculada al trabajo formal y a la educación de los trabajadores. Es más, cada diez años los políticos dicen que ‘esta vez es diferente porque la tecnología está cambiando todo’. Ahora, la idea a nivel global es que las computadoras pueden reemplazar el trabajo humano y que los trabajadores deben poder proveer servicios de manera individual, que ahora cada uno va a ser su propio empleador. Está el ejemplo de Uber u otros empleos que el consumidor puede conseguir a través de las aplicaciones del celular. Por ejemplo, en Estados Unidos está bastante difundida una aplicación con la cual se puede requerir el trabajo manual de alguien, para una mudanza o algún arreglo. Sin embargo, pienso que a nivel general la tecnología no modifica las bases de la relación de trabajo formal y estable.

 

–También se plantea el tema por el lado de la competitividad.

–Está comprobado que la baja de los salarios –que surge como efecto de la reducción del poder de negociación colectiva– no implica una mejora en la productividad. En cambio, puede empeorar la productividad. El trabajo barato hace que los empresarios se vuelvan “gordos y borrachos” –según la expresión en inglés– y no tengan incentivos a invertir en capital. En cambio, la suba de salarios es el mejor modo de aumentar la productividad.

 

–¿La competencia china modifica esa descripción en algún modo?

–No. De hecho, China está cambiando rápidamente su estrategia de crecimiento en función de la producción de bienes baratos. Está desarrollando un sistema cada vez más sofisticado, los salarios aumentan y los trabajadores están más entrenados. La contracara es Sudáfrica, una economía basada en la extracción de recursos naturales que no cuenta con un sistema de industrialización y sólo puede emplear trabajo barato. Sudáfrica sufre por tener bajos salarios y no tener fábricas para procesar los recursos minerales y del sector agropecuario.

 

–Otro punto que a corto o mediano plazo el gobierno nacional planea rediscutir es el sistema previsional, que también suele ser motivo de debate entre los economistas en todo el mundo.

–En los 90, la esperanza era que la privatización de los sistemas de seguridad social traería una serie de beneficios porque los trabajadores tendrían incentivos a trabajar más y más duro. Además, mejorarían las finanzas públicas porque los viejos dejarían de cobrar el haber pagado por el Estado sino que recibirían su propio aporte. Argentina estuvo a la cabeza de aquellas reformas, que también alcanzaron a países europeos. Pero los fondos de pensiones ingresaron al mundo de la financiarización, que colapsó en 2009, lo que redujo sustancialmente el valor de esos activos.

 

–¿Cuáles son los resultados del modelo previsional privado en términos de distribución del ingreso en los Estados Unidos?

–El resultado es que los trabajadores deben enfrentar la pobreza en sus últimos días. Esto afecta especialmente a las mujeres, porque tienen menor cantidad de años en el sector formal y también menores ingresos. El 90 por ciento de los norteamericanos no cuentan con los ahorros necesarios para subsistir una vez que termina su vida laboral. Como resultado, enfrentan la experiencia de la movilidad social descendente o tener que seguir trabajando. En otras palabras, los norteamericanos no cuentan con suficientes ahorros para encarar la jubilación. Se calcula que entre el 25 y el 30 por ciento de las familias directamente no tienen ahorros, lo que permite predecir una grave crisis previsional en el país. Bajo esta tendencia, 16 millones de jubilados vivirán en la pobreza en 2022.

 

–El tema previsional se instala por el lado del déficit fiscal.

–El hecho de que los individuos paguen por su pensión no tiene un impacto fiscal positivo. Porque si bien el Estado no lo hace directamente, lo termina haciendo indirectamente, porque el emprobrecimiento de los viejos es un costo fiscal negativo. Quiero decir, el costo de la pobreza es enorme. A la vez, si los viejos extienden su vida laboral se reduce la productividad general porque los jóvenes tendrán menos trabajo. O sea, la sociedad tiene que pagar por el costo de los que ya no trabajan. Poner en tela de juicio estos temas implica que los países olvidaron las experiencias del pasado. El sistema previsional es parte del territorio de histórica disputa entre clases sociales, como los fines de semana, la duración de la jornada laboral, la paga por enfermedad y las vacaciones.

 

 

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Parece exageración pero no lo es; parece irreal pero tampoco lo es. En la sociedad de mercado, todos los obreros y empleados –en algún grado significativo– nos prostituimos al vender servicios laborales materiales o intelectuales, pues tales labores exigen esfuerzo físico, concentración mental, algún importante componente sentimental y afectivo y, en especial, una buena dosis de obediencia. Al decir del economista institucionalista Ronald Coase, a uno le pagan no sólo por trabajar sino, en particular, por ser aquiescente con los patronos. Los trabajadores más obedientes y que suelen hacer los trabajos más indeseables, los cuales van en contravía de sus ideologías políticas y sus valores morales, se comportan tan servilmente como lo hacen los mercenarios.

 

Una mercancía cualquiera no escoge, más bien es elegida por algún caprichoso consumidor. Una prostituta tampoco elige a su cliente, más bien es un objeto del deseo y capricho del cliente que tenga suficiente poder adquisitivo. En contravía del equívoco y sospechosamente inocente aserto del economista ultra liberal Milton Friedman, en el sentido de que en el mercado tenemos libertad de elegir, la evidencia muestra más bien que nos formamos en habilidades, funciones, modales y competencias que son demandadas por los que, al comprar nuestros servicios laborales, nos remuneran para servirles.

 

En la perspectiva de (Nussbaum, 1999) la similitud del trabajo sexual con otras ocupaciones es la obediencia a quien paga el servicio y las diferencias residen en la calidad de la relación contractual y prestigio social de la profesión. Quienes hoy ejercen la prostitución están sometidas a la estigmatización y al ultraje.

 

Los límites de la legalización del viejo oficio

 

Mientras el prohibicionismo y el paternalismo buscan extinguir la prostitución, la perspectiva liberal busca legalizarlo y regularlo. Por cierto, algunas tendencias feministas son compatibles con el prohibicionismo, pues sus exponentes encuentran que la prostitución es una expresión del machismo y se presta para que las prostitutas sean instrumentalizadas.

 

En la expansiva sociedad de mercado del siglo XX la prostitución se reconoce como una actividad económica más y en opinión de economistas liberales como (Posner, 1994), debe regularse y ofrecerse garantías y seguridad social. Países como Dinamarca y Holanda adoptaron esta visión y se preocupan por el control sanitario y la formalización de esta actividad donde sus practicantes además gozan de protección social y contribuyen al sistema impositivo. No obstante, la igualdad ante la ley es una quimera en un mundo donde imperan desigualdades extremas entre países y al interior de estos. Como acertadamente lo arguyen (Holmes, S. and Sunstein, C., 2013), los derechos humanos son costosos y dependen tanto de los propios recursos del individuo como de la solidaridad y los tributos sociales, y suele suceder que los migrantes pobres y los marginales sean tratados como ciudadanía de quinta sin protección ante la ley. La marcada diferencia en las clases sociales afecta el mercado ocupacional en general y, en particular, el de la prostitución.

 

Una importante paradoja del liberalismo es que los derechos y garantías suelen hacerse efectivos sólo para quienes tienen suficientes recursos monetarios e influencia. La ley no puede borrar las enormes desigualdades sociales, políticas y económicas.

 

En Colombia, después de reforma constituyente de 1991, se han dado pasos importantes hacia la regulación de la prostitución. Con la sentencia T-629 de 2010 se subrayó que el ejercicio de tal oficio no es punible, y se propuso una serie de medidas para que quienes lo ejercen se empoderen a través del conocimiento de sus derechos y deberes. No obstante, entre los años 2004 y 2013 según el Instituto de Medicina Legal, 238 trabajadoras sexuales fueron asesinadas, entre quienes el 9 por ciento tenía entre 10 y 17 años. El año pasado, a raíz de una acción de tutela tramitada por varias trabajadoras sexuales que fueron violentadas por la fuerza pública, la Corte Constitucional falló a su favor y ordenó al Ministerio del Trabajo regular el trabajo sexual en el país.

 

En Colombia la desigualdad socioeconómica y la segregación espacial también se manifiestan en la ubicación de ciertos oficios, entre ellos el que nos ocupa. La Secretaria Distrital de la Mujer en Bogotá, durante los años 2013 y 2015 llevó a cabo un registro de quienes ejercen el trabajo sexual y halló que el 95 por ciento son mujeres (los otros casos son hombres e intersexuales), y que el 50 por ciento se inició en tal labor entre los 18 y 25 años, y el 25 por ciento entró en condiciones de explotación sexual. Es decir que este oficio es esencialmente de las mujeres jóvenes porque, en opinión de ellas, en estos rangos de edad el oficio es más rentable.

 

Las personas en ejercicio de la prostitución está mayormente concentrado en la localidad de Los Mártires con el 26% de las trabajadoras sexuales de Bogotá. De ellas hay un porcentaje elevado (77%) que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado en salud. En esta localidad en comparación con las otras el oficio está más concentrado. Los Mártires ha sido catalogada como de alto impacto y con el Decreto 187 de 2002 se reglamentó el permiso para ejercer estas actividades al interior de su territorio. Aunque esta población goza de protección constitucional el 50 por ciento de los registrados declara haber enfrentado alguna violación de sus derechos. Falta aún más para que las y los trabajadoras/es sexuales emprendan acciones colectivas que presionen la generación de actos legislativos que dignifiquen el oficio más antiguo de la humanidad, el oficio que tiene el mérito de unir el alma con el cuerpo.

 

Mercados de la felicidad y construcción de convivialidad

 

El recientemente fallecido filósofo Zygmunt Bauman afirmó en una de sus últimas entrevistas que: “[...] sea cual sea tu rol en la sociedad actual, todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. El reverso de la moneda es que, al ir a las tiendas para comprar felicidad, nos olvidamos de otras formas de ser felices como trabajar juntos, meditar o estudiar” (Bauman, 2016). Tal reflexión resume muy bien las teorizaciones de autores como Marcel Mauss (Mauss, 1990) y (Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, 2006) pues en el intercambio mercantil cada comprador busca exprimir la utilidad del bien o servicio que le ofrece el vendedor, y entre ellos no se construye una relación social de amistad, convivialidad o de afecto. Pero cuando se construyen relaciones humanas, en particular de amistad y de afecto, hay un intercambio mutuo y obligado de presentes, detalles y regalos.

 

La prostitución es uno de los servicios más codiciados en los mercados de la felicidad, y podría ser una labor en la que, literalmente, se una el cuerpo con el alma, dada la intimidad e intercambio de caricias, afectos y secretos que comparten clientes y trabajadoras sexuales.

 

En la antigua Grecia quienes se dedicaban a la prostitución eran mujeres libres, eruditas y prestantes en la sociedad. Después, con el cristianismo, se dio importancia al matrimonio con el fin de reducir prácticas como la masturbación, la prostitución, el incesto y la homosexualidad. Ya en la era victoriana se introdujo la preocupación por la moral y la salud pública.

 

Tanto en la práctica como en la teoría se ha planteado que las acciones de política pública deben traducirse en un incremento del bienestar de la población, incluso algunos hablan de incrementar la felicidad. Este tema es bien subjetivo, lo que puede hacer felices a uno no necesariamente se cumple con otros; para unos está asociado al tema de la riqueza material para otros la palabra se asocia al terreno emocional o espiritual. Aunque pueden existir muchas interpretaciones, una interesante para los hacedores de política pública es esta dada por Veenhoven: “La felicidad es un disfrute subjetivo de la vida como un todo, se puede alcanzar mayor felicidad para mayor número de personas por acción del gobierno”. Mientras cada vez más sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo toman el ingreso como medida de felicidad hay otras como Bután que en lugar de PIB (Producto Interno Bruto) hablan de FNB (Felicidad Nacional Bruta) donde aspectos muy importantes como la equidad, el buen gobierno, la conservación del medio ambiente o la conservación de tradiciones y de valores de su cultura, son fundamentales en su registro.

 

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia realiza la Encuesta de Percepción Ciudadana; con base en 9.710 entrevistados de las seis regiones y de las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá estableció para 2016 que la región centro-oriente (que incluye a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander) es la segunda con mayor percepción de felicidad dentro del territorio nacional. Aunque esta zona se destaca por ser el principal polo de desarrollo del país, es importante resaltar que al interior de esta zona a las poblaciones segregadas necesitan las provean de condiciones de vida que incrementen su bienestar o su felicidad.

 

Bibliografía

Bauman, Z. (11 de November de 2016). El Mundo. Obtenido de elmundo.es/líderes: http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/11/07/58205c8ae5fdeaed768b45d0.html
Graeber, D. (2006). Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Holmes, S. and Sunstein, C., (2013). The Cost of Rights: Why Liberty depends on Taxes . London: W. W. Norton & Company.
Mauss, M. (1990). The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies. London: Routledge.
Nussbaum, M. (1999). Wheter from Reason or Prejudice. En M. Nussbaum, Sex and Social Justice (pp. 276-298). New York: Oxford University Press.
Posner, R. (1994). Sex & Reason. Boston: Harvard University Press.

Publicado enEdición Nº236
Mercado laboral y trabajo decente no mejoraron en 2016. La informalidad está en 56.5%

Según el DANE, de la población colombiana en 2016 (47´343.492 habitantes), 23´550.504 (el 51.16%) constituye la población económicamente activa (PEA), o sea las personas en edad de trabajar que trabajan o buscan empleo[1].

La manera como se inserta esta población al mercado laboral es clave en el aseguramiento de sus derechos económicos y sociales, entre ellos los de salud, la protección contra riesgos laborales que puedan provocar enfermedades profesionales o incapacidades permanentes, y al aseguramiento de una vejez digna mediante la percepción de unos ingresos que protejan contra la pobreza. El acceso a un trabajo decente resulta clave para que las ideas de la libertad e igualdad se puedan realizar efectivamente en la vida cotidiana de las personas.


La situación del mercado laboral no le garantiza a la mayoría de la PEA las condiciones materiales de su libertad y de su igualdad, empezando porque Colombia presenta una tasa de desempleo muy alta para los estándares internacionales y países con características y desarrollo económico similares al nuestro. En 2016 la tasa de desempleo promedio para todo el año fue del 9.2%, sin ninguna mejora respecto del 2015, que fue del 8.9%, y además se situó por encima de la tasa promedio de desempleo de los países de América Latina: 7%, según la CEPAL. Esto equivale a una población de 2´248.801 personas, casi los mismos habitantes que tienen Cali y Yumbo juntas.


El desempleo es peor para los jóvenes (población entre 14 y 28 años), pero sobre todo para las mujeres jóvenes, y en general para los jóvenes de las barriadas pobres de las ciudades. Las mujeres presentan una tasa de desempleo del 12.5%, 5 puntos por encima de la de los hombres. En promedio, los jóvenes tienen una tasa de desempleo del 16.4%, y para las mujeres jóvenes el desempleo en 2016 fue del 21.4%, superior casi 9 puntos de la de los hombres jóvenes. En las comunas pobres de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla las tasas de desempleo de la población joven son aún más graves, superan el 45%, situación que explica los altos niveles de delincuencia en estas ciudades, pues para muchos jóvenes es la única alternativa de ingreso y de reconocimiento que tienen, pues tampoco tienen acceso a la educación superior. Estos indicadores tampoco mejoraron con respecto de los indicadores del 2015.


El desempleo en general es muy alto en la mayoría de las ciudades. Para las 23 ciudades la tasa de desempleo en 2016 fue 10.2%; para las cabeceras fue 10.3%, y 5.3% para los centros poblados y rural disperso. En las zonas rurales el desempleo se enmascara bajo cualquier actividad, así no sea remunerada.


El promedio nacional de desempleo fue entonces 9.2%, y por encima del mismo estuvieron Bogotá (9.3%), Pasto (9.5%), Santa Marta (9.5%), Pereira (9.9%), Montería (9.9%), Sincelejo (10.1%), Manizales y Villa María (10.3%), Tunja (10.6%), Medellín y Valle de Aburrá (10.7%), Cali y Yumbo (10.8%), Neiva (11.0%), Valledupar (11.8%), Villavicencio (12.0%), Florencia (12.0%), Popayán (12.7%), Ibagué (13.2%), Riohacha (13.3%), Armenia (14.9%), Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia (15.4%) y Quibdó (17.5%). Únicamente en tres ciudades: Cali, Barranquilla y Pasto, la tasa de desempleo bajó en 2016.


Estas tasas de desempleo podrían ser peores sino fuera por la metodología con que el DANE define la población ocupada y la población inactiva, metodología que ha sido adoptada en el seno de la OIT. Según esta metodología, la población ocupada la conforman personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: a) trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; b) los que no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían un trabajo; c) los trabajadores sin remuneración que laboraron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.


Así que si usted trabaja una hora en la semana, aunque no se la paguen, en las estadísticas hace parte de la población ocupada. En el 2016, por ejemplo, el 4.27% de la población ocupada (946.000 personas) se clasificó como “trabajador familiar sin remuneración” y “trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares”. Adicionalmente, entre la población inactiva se incluyen personas que ya no buscan empleo, pues se cansaron de hacerlo y no encuentran atractivo ni dignificante el empleo precario que les resulta, por lo que tampoco figuran entre la población desempleada.


Empleo y Trabajo Decente

Cuando el DANE informa que la tasa desempleo baja o sube, no nos dice nada acerca de la calidad del empleo que se genera o se pierde. Los indicadores sobre trabajo decente en el país hay que buscarlos en otros datos que también entrega el DANE, pero que no son noticia en los medios.
Por ejemplo, los datos sobre trabajo informal que publica el DANE se refieren al trabajo en empresas que ocupan hasta 5 personas, incluyendo al patrono y/o socios, excepto los independientes profesionales[2], no a la protección social que deben tener todos los trabajadores en materia de salud y riesgos laborales, y en materia de ingresos para la vejez (pensiones) y para el desempleo. Para el primer caso, el DANE aplica una encuesta que cubre 23 ciudades y áreas metropolitanas, según la cual de cada 100 ocupados, 48.6 son informales, con una leve mejoría respecto a 2015, año en que fue de 49.2%, indicador que sigue siendo superior al promedio de América Latina. El 60.9% de estos trabajadores son cuenta propia, lo que indica que en Colombia trabajar por cuenta propia no representa en la mayoría de los casos una expresión de autonomía, sino simplemente una estrategia de sobrevivencia ante el poco capitalismo que tenemos, y ante la evidente debilidad del Estado Social para garantizar la protección de los ingresos a los desempleados, situaciones que obligan a millones de personas a auto emplearse en cualquier cosa para asegurarse algún sustento. La mayoría de los “cuenta propia” trabaja en actividades del comercio, hoteles y restaurantes (42.72%), en servicios sociales y personales (16.52%), en la industria manufacturera (11.74%), y en el transporte (11.34%).


En relación con la protección social, la Encuesta Continua de Hogares del DANE arroja datos reveladores sobre afiliación a salud y a pensiones: en 2016, de cada 100 trabajadores 49.1 cotizaban a salud y 36.2 a pensiones, con una leve mejoría respecto a 2015 (48.7% y 35.1% respectivamente). Sobre afiliación al sistema de riesgos laborales, el dato lo da FASECOLDA: en 2016, de cada 100 ocupados 45.3 están afiliados a riesgos laborales. Resumiendo: en 2016, de cada 100 trabajadores, 56.5 tenían un empleo precario por fuera del sistema de protección social.


Respecto de las actividades económicas en las que está empleada la población trabajadora, la mayor proporción, 27.9%, lo está en el comercio, hoteles y restaurantes. Le sigue la ocupación en el sector de servicios sociales, comunales y personales, con el 19.5%. Aquí se ubican los trabajadores del Estado, la fuerza pública, los trabajadores de la educación, la recreación y el deporte, los artistas, las trabajadoras domésticas, los que reparan todo tipo de aparatos personales y del hogar, las peluqueras, etc. Le sigue la ocupación en el sector agropecuario, incluyendo la pesca, con el 16.12%; industria (11.5%); almacenamiento, transporte y comunicaciones (8%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7.9%); construcción (6.3%); intermediación financiera (1.5%); explotación de minas y canteras (0.8%), y suministro de electricidad, gas y agua (0.5%).


La calidad y/o precariedad del trabajo que tienen estas personas las entrega FASECOLDA, y hace referencia a su afiliación al sistema de riesgos laborales, un indicador claro acerca de qué tanto cumplen la ley los empleadores, y qué tanto el Estado la hace cumplir. Según FASECOLDA, en 2016 estaban afiliados 10´039.437 trabajadores, o el 45.31% de la población ocupada, entre ellos 532.165 por cuenta propia.


Aunque en el último año se presentó una mejora respecto a 2015, es evidente que en este terreno la desprotección es mucha, los avances demasiado lentos y exiguos, y la ausencia del Estado enorme. La mayor desprotección se encuentra en la agricultura, donde únicamente está afiliado el 10.29% del total de los trabajadores. El sector de comercio, hoteles y restaurantes tiene solo el 22.63% de afiliación; el transporte, almacenamiento y comunicaciones tiene una afiliación del 41.63%, y en los servicios sociales, personales y comunales la afiliación es de 45.31%.

Fecha: 13 febrero, 2017 


[1] DANE. https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf


[2] DANE, Ficha Metodológica. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Proporción de informalidad según tamaño de empresa hasta 5 trabajadores.

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Lunes, 07 Noviembre 2016 06:36

Una idea básica: la economía es colectiva

Una idea básica: la economía es colectiva

Asistí el otro día a un debate sobre pensiones en el que uno de los debatientes, partidario de las pensiones de capitalización privada, aseguraba que ese sistema no dependía de la demografía y en cambio las pensiones públicas sí, dejando entrever que las pensiones privadas eran más seguras por eso. Sin embargo otro economista le respondió que eso no era así, que las pensiones privadas también dependían de la demografía porque ésta está íntimamente relacionada con el valor de las carteras de activos de cualquier plan de pensiones.


La verdad es que este segundo economista tenía razón y tanto las pensiones públicas como las privadas dependen de la demografía, pues ambas dependen de la productividad futura y la población y su trabajo son imprescindibles para esa productividad. El sistema público de reparto depende de la futura recaudación de impuestos, que será la que pague las pensiones del futuro, y por tanto depende de que haya pagadores de impuestos en cantidad suficiente para cubrirlas. El sistema privado de capitalización, por otro lado, depende del valor futuro de las acciones y de la rentabilidad de la deuda pública de la cartera de activos que se adquiere con el dinero aportado al plan.


Sin embargo la rentabilidad de la deuda pública y sobre todo su cobro al vencimiento también depende de los futuros pagadores de impuestos, y si una población futura no puede pagar impuestos y/o se reduce en número, pagar esa deuda pública va a ser imposible y eso eventualmente hundiría el valor de esa deuda pública, que será impagada total o parcialmente. Y las acciones también dependen de la demografía porque ante un descenso de población y por tanto de productividad total estas acciones perderán valor real. Pongo un ejemplo fácil de entender: Si compramos acciones de una empresa de suministro de agua que ahora atiende a diez millones de personas tendrá un valor determinado, pero si en el futuro la población disminuye y esa empresa en vez de atender a 10 millones de personas atiende a 8, muy probablemente el valor real de esas acciones disminuirá, afectando negativamente al valor de la pensión capitalizada futura.
Al final la diferencia entre un sistema público de reparto y uno privado de capitalización es en donde se “confía” la pensión futura, pero ambos dependen inexorablemente de las productividades futuras y del trabajo futuro.


Este ejemplo me parece muy interesante para entender por qué la economía es algo eminentemente colectivo y cualquier idea que obvie esto incide en un error de base. Quienes venden sistemas de capitalización intentan transmitir una idea que es falaz, y es que las futuras pensiones pueden depender de uno mismo sin tener que depender de los demás, llámense cotizantes, estado, sociedad o como se quiera llamar. Y eso sencillamente es falso. Hagas lo que hagas la futura pensión va a depender siempre de la colectividad, porque es la colectividad la que va a generar todos los productos y servicios que vas a necesitar en tu vejez.


Al final detrás de todas las teorías ultra-liberales de privatización de servicios públicos subyace la misma idea, depender de uno mismo y no del “estado”, y de hecho las teorías liberales económicas tienen una base dogmática que es fuertemente individualista y “segregacionista” respecto al colectivo. Si escucháis a estos “liberales” veréis como la estructura que sostiene sus ideas es que cada uno puede ser dueño de su propia vida, que con esfuerzo o talento la vida te va a sonreír, que el mercado siempre te pagará en función de tu productividad, etc, etc. Son ideas que sitúan al individuo artificialmente ajeno a la sociedad en la que vive, como si la realidad o decisiones del resto no influyesen sobre el individuo. Es una idea atractiva ¿Quién quiere ser dependiente? Nadie, todo el mundo quiere ser independiente si puede. La cuestión es que, lamentablemente, no se puede ser totalmente independiente.


Decía el economista del Banco Mundial Branko Milanovic en una entrevista en el diario ELPAIS sobre la pobreza mundial, que “sus ingresos dependen en más de un 50% de que usted haya nacido en España. Del resto, el 20%, de quién sean sus padres, y solo luego viene el esfuerzo, la suerte, la raza y el género “. La frase parece obvia pero creo que a veces la olvidamos, por una cuestión de comodidad o quizá porque nos incitan a ello. Si cualquiera de nosotros hubiese nacido en un pueblo de Bangladesh no tendríamos el nivel de riqueza que tenemos, por mucha capacidad potencial que tuviésemos ni esfuerzo que dedicásemos a prosperar.


De hecho no hace falta ir tan lejos. A pesar de que los medios y ciertas personas nos remarcan a ciertos personajes que han creado su riqueza “de la nada” (Bill Gates, Amancio Ortega) la realidad es que mayoritariamente la riqueza (y la pobreza) es hereditaria, y esto se puede comprobar en cualquiera de las estadísticas que se quiera consultar: Probabilidad de pobreza adulta cuando eres pobre de niño, porcentaje de ricos que vienen de familias ricas, diferencias salariales según familia de origen, etc, etc. Por mucho que se estrujen y descontextualicen las estadísticas no hay ninguna que pueda decir que el origen no influye en la realidad económica de alguien, de hecho es un planteamiento ridículo.


Esto del origen nos muestra hasta qué punto no controlamos verdaderamente nuestra propia realidad económica, pero volvamos a la cuestión central, que es que en economía todo depende del colectivo. En el mercado las cosas solo tienen valor si los demás les dan valor, el dinero solo sirve si otros te lo aceptan. Un hombre no puede generar mucha riqueza individualmente, siempre depende de terceros para crearla de forma masiva, de hecho técnicamente un hombre solo y aislado solamente podría crear riqueza para uno mismo pues más allá de uno mismo el concepto de riqueza depende de terceras personas.


Escribía el ex ministro griego de finanzas, Yanis Varoufakis, estas líneas: “Un mito común, promovido por los ricos, es que la riqueza se produce individualmente antes de que el estado la colectivice a través de los impuestos. En realidad, la riqueza siempre se produce colectivamente pero es privatizada por aquellos que tienen el poder para poder hacerlo: La clase propietaria. Granjas y semillas, formas pre-modernas de capital, fueron desarrolladas colectivamente por generaciones de esforzados campesinos y luego fueron apropiadas sigilosamente por propietarios. Hoy día, todos los smartphones tienen componentes desarrollados gracias a alguna subvención del gobierno o mediante ideas agrupadas de la gente común, sin que nunca se haya pagado dividendo alguno a la sociedad por esa contribución”.


Varoufakis tiene razón, la riqueza se crea siempre colectivamente. Sin embargo sabemos que hay hombres que crean más riqueza que otros y que son más productivos, la cuestión es que esto es cuestión de convenio social, de preferencias sociales y de una estructura de asignación de los beneficios de la productividad. Si Bill Gates ha sido muchas veces el más rico del mundo es porque la gente quiere tener productos de Microsoft, pero no solo por eso, también es porque el sistema económico que tenemos protege las patentes, porque Gates ha trabajado con miles de profesionales que han sacado adelante sus productos y por muchas otras razones de estructura económica e infraestructura de los EEUU y el resto del mundo.


¿Podría ser de otra manera? Por supuesto que podría, podría haber millones de maneras distintas de distribuir la riqueza y los beneficios de la productividad. Los “liberales” consideran que existe un “libre mercado” como forma óptima o natural de distribuir la riqueza, pero eso no es verdad. El “mercado” es una realidad determinada que se basa en preferencias y realidades morales, en marcos regulatorios, en posiciones de fuerza de los actores y en un sinfín de realidades coyunturales que lo definen y que perfectamente podían ser de otra forma de haber evolucionado la historia de una manera distinta.

Hoy un CEO de una gran empresa puede ganar 200 veces más que el sueldo medio de un trabajador, pero eso no es una ley natural ni expresa ninguna productividad “objetiva”, simplemente es una estructura salarial que ha creado un mercado en las condiciones que tiene actualmente. En vez de 200 veces podría ser 500 o ser 5 si este mercado fuese de otra manera, y ni se cerrarían las empresas ni colapsaría la economía ni nos encontraríamos en una situación más “inadecuada” que la actual en lo que a asignaciones de productividad se refiere.


Hay que vacunarse contra aquellos que predican teorías sobre la economía con un relato individualista de fondo, vendiendo privatizaciones y un mágico control de uno mismo sobre la vida económica. No es así, las personas podemos hacer cosas para mejorar nuestra situación, podemos esforzarnos, formarnos e intentar tomar racionalmente las mejores decisiones, pero la realidad es que nuestras posibilidades individuales son limitadas.


En una realidad eminentemente colectiva donde una parte esencial de nuestra riqueza económica la marcan los demás es fundamental entender la importancia de la regulación, del estado, de las instituciones sociales y de todas aquellas cosas que pueden hacer mejorar la vida de todos. Fantasear sobre un “libre mercado” ideal a modo de entelequia metafísica, impedido y aprisionado por malvadas intervenciones estatistas solo nos llevaría de cabeza hacia la distopía.

 

07 Nov 2016
Pedro Fresco
Colaborador de econoNuestra

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Miles de chilenos protestan contra el sistema de pensiones impuesto por Pinochet

Una multitud inundó las calles de las principales ciudades de Chile para exigir el fin del sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet


Miles de chilenos se manifestaron hoy en las principales ciudades del país para exigir el fin del sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.


Según los organizadores, las marchas, que se realizaron de forma pacífica en 50 ciudades y 250 municipios, reunieron a más de un millón de personas en todo el país y más de 600.000 en Santiago, si bien el cuerpo de Carabineros cifró la concurrencia en la capital en 80.000.


"La voluntad de la ciudadanía, la voluntad del pueblo, termina barriendo con la intransigencia de quienes se oponen a la petición, y este clamor que hacemos con mucha humildad, pero con mucha fuerza también", declaró el coordinador del movimiento ciudadano No+AFP, Luis Mesina.


Desde hace 25 años, los ciudadanos chilenos están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).


Actualmente, el 90% de los jubilados de Chile reciben pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (233 dólares), casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país sudamericano, según un informe publicado por la Fundación Sol.
Esto representa entre un tercio y la mitad de los ingresos que recibían los pensionistas durante su vida laboral.


"AFP: jubilación de hambre", "Queremos pensiones dignas y no más migajas" o "Las AFP deben morir para que los jubilados puedan vivir", son algunas de las frases que se podían leer en las distintas pancartas que llevaban los manifestantes que desfilaron por las calles de la capital.


Los manifestantes llegaron a la céntrica plaza Italia antes de las 11.00 hora local (14.00 GMT), desde donde comenzaron a caminar por la avenida Alameda en dirección a la plaza Los Héroes.


Al final del recorrido, los portavoces del movimiento ciudadano No+AFP subieron al escenario para celebrar la convocatoria de la movilización, que superó sus expectativas.


"Somos los que hoy juramentamos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales (de jubilación) dejen de estar al servicio de los grupos económicos y se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores", expresó Mesina durante su discurso.


La pensión que reciben los actuales trabajadores chilenos cuando se jubilan está determinada por la fluctuación de los mercados y el rendimiento de los fondos que los asalariados depositan mensualmente en las AFP, que representa el 10 % de su sueldo.


Los ahorros de los jubilados chilenos superaron en mayo de este año los 171.000 millones de dólares, una suma que es puesta a disposición de entidades financieras que lo reinvierten en empresas chilenas.


Ello convierte a las AFP en empresas rentables que, según una investigación publicada por la Fundación Sol, durante los primeros diez meses de 2015 aumentaron sus ganancias en un 71,4 %.


Las manifestaciones contra este sistema, que según el movimiento No+AFP "ahoga a los ciudadanos", se repitieron en más de medio centenar de ciudades del país, incluidas Arica, San Antonio, Temuco, Coyhaique, Talca o Punta Arenas.
"Estamos muy contentos, muy satisfechos, hemos tenido una manifestación ciudadana absolutamente pacífica (...) Chile despertó y el Gobierno debe escucharnos de una buena vez", declaró hoy la representante de No+AFP Carolina Espinoza.
Mesina aseguró que si el Gobierno no escucha los llamados de la ciudadanía, se convocará a un paro nacional para el próximo 4 de noviembre.


"Llamamos a prepararnos para múltiples actividades y acciones de aquí al 4 de noviembre, fecha en la que deberemos hacer sentir toda la fuerza de nuestro movimiento. Si no se nos quiere escuchar, entonces la paralización de todo el territorio nacional será inevitable", manifestó.


Esta fue la segunda marcha nacional convocada por la plataforma en Chile en menos de un mes. La primera se realizó el 24 de julio y reunió a más de 750.000 personas en todo el país.


La masiva manifestación logró poner el tema de las pensiones en la primera plana de la agenda nacional, lo que llevó a la presidenta, Michelle Bachelet, a anunciar una serie de medidas para mejorar el sistema.

 

Santiago de Chile 21 AGO 2016 - 21:52 COT

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Miles de personas protestan en toda Francia contra la reforma laboral de Hollande

Los sindicatos afirman que la manifestación en París, donde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, es la mayor demostración de fuerza desde que comenzaron las protestas contra las medidas del Ejecutivo francés.


PARÍS.— Tal y como estaba previsto, Francia vivió este martes una jornada masiva de protestas en todo el país en contra de la reforma laboral que quiere sacar adelante el Gobierno francés y que facilitará y abaratará el despido. La protesta fue especialmente multitudinaria y violenta en París, donde bajo una fuerte presencia policial, decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de la ciudad.

La Torre Eiffel cerró por el día debido a que el personal dejó de trabajar para unirse a la protesta, lo que hizo poco segura la operación de la mayor atracción turística de Francia, informó la empresa encargada de su gestión.


Tras violentos enfrentamientos entre policías antimotines y jóvenes enmascarados durante manifestaciones previas, se prohibió la entrada al centro de París a cerca de 130 potenciales provocadores para limitar el riesgo de reyertas, dijo el jefe de la policía de la ciudad, Michel Cadot.


El sindicato de trabajadores CGT afirmó que la marcha en París sería la mayor demostración de fuerza desde que comenzaron las protestas contra la reforma laboral a inicios de marzo. "Esto no es el fin. La lucha está lejos de haber terminado", declaró el líder de la CGT, Philippe Martínez.

Unos 700 autobuses transportaron a manifestantes a la capital desde todo Francia para participar en la marcha, sostuvo, y agregó que se estaban realizando protestas menores en otras ciudades.


Al mismo tiempo, los trabajadores de la empresa ferroviaria estatal SNCF paralizaron su trabajo, pero la firma dijo que pese a ello las interrupciones en el servicio eran mucho menores que hace dos semanas u otros parones ocurridos este año.

Los sindicatos CGT y Force Ouvriere afirman que la reforma minará los estándares de protección laboral. El Gobierno y el sindicato CFDT argumentan lo contrario, pues los cambios ayudarán a enfrentar una tasa de desempleo del 10 por ciento y también a desarrollar la representación laboral.

Varios sondeos de opinión demuestran que hasta un 80% de los votantes están descontentos con la reforma, pero también sugiere que el movimiento de protesta ya no goza del respaldo de una mayoría de los franceses.

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En Colombia, cifras que enferman y matan

Según la OIT, en el mundo cada 15 segundos, en promedio, ocurren 153 accidentes laborales producto de precarias condiciones laborales, muchos de los cuales resultan en absentismo laboral. Asimismo, cada 15 segundos muere un trabajador o trabajadora a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo . O sea que cada día mueren 6.300 personas por ambas causas.

El costo en términos de tragedia humana y carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, es enorme. Costo que en el mundo se estima en un 4% del Producto Interno Bruto global .

En el año 2003 la OIT institucionalizó el 28 de abril como el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, con lo cual atendió la solicitud del sindicalismo mundial agrupado en la Confederación Sindical Internacional (CSI) y su expresión regional, la Confederación Sindical de las Américas; organizaciones que desde 1996 venían insistiendo en instituir una fecha que honrara a los trabajadoras y trabajadores fallecidos y heridos; al tiempo que fuera un llamado a los empleadores y a los gobiernos del mundo por la Tolerancia Cero con la enfermedad, el accidente y la muerte en el trabajo.

Es pues una fecha en que el movimiento sindical organiza movilizaciones y campañas de sensibilización en todo el mundo, tanto entre los sindicatos como entre las organizaciones de empleadores y representantes de los gobiernos, bajo la premisa de que las muertes y lesiones pueden prevenirse y reducirse.

La OIT reconoce la responsabilidad compartida de las tres partes: trabajadores, empleadores y gobiernos, y los anima a promover una cultura preventiva de seguridad y salud, y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, a fin de sí permitir que los trabajadores regresen sanos y salvo a sus hogares al final de cada jornada.

 

Algunas cifras en Colombia

 

En Colombia la situación no es nada deseable en materia de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales. 2015 ha sido el año con mayor reporte de accidentes laborales, con un total de 723.836. Lo que quiere decir que cada hora se presentan 244 accidentes de trabajo. Y en cuanto a fallecimientos, cada día en promedio mueren 2 personas por causas de accidentes laborales.

Asimismo, se diagnostican diariamente 26 enfermedades laborales, pero la cifra es mucho más alta, si nos atenemos al estimativo de la OIT, que considera que en el mundo en promedio solo se diagnostica el 5% de las enfermedades que resultan de deficientes condiciones de trabajo.

Pero lo más grave de todo, es que el 56% de las y los trabajadores colombianos en general están excluidos del sistema de protección social en seguridad y salud laboral. Entre trabajadores independientes, en su mayoría vinculados a la economía informal, la cobertura es mucho menor. Solo el 4% de los independientes tienen acceso al sistema de seguridad social.

En algunos sectores puntuales la desprotección es más alta que en otros. Por ejemplo, entre las trabajadoras de servicios domésticos y los trabajadores del campo. Sólo 344.936 de éstos están afiliados a una ARL, constituyen apenas el 3,4% del total de la población afiliada al sistema de riesgos laborales del país.

Publicado 28 de abril de 2016.

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