Se necesita una reforma pensional que fije un piso de protección social

Se ha iniciado el debate sobre la reforma pensional que necesita Colombia, un país donde el sistema pensional que rige desde hace más de 20 años tiene como principal característica el ser excluyente. El tema es apasionante y pone en juego distintos intereses.

De un lado, están los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que viven de su trabajo y carecen de rentas, y que se preguntan, con razón, si el empleo que tienen, o al que aspiran, les va a garantizar acumular las semanas mínimas de cotización que asegure su derecho a una pensión.

También están los adultos mayores que trabajaron toda la vida en actividades de la economía informal, o por cuenta propia, que nunca cotizaron al sistema pensional porque sus ingresos no se lo permitieron, o porque como trabajadores dependientes/asalariados sus empleadores no cotizaron. La pregunta que se hace este sector de la población, que son la mayoría, es, si cuando lleguen a viejos van a contar con un ingreso que les asegure su dignidad y su condición de ciudadanos.

Y están en juego, por supuesto, los intereses del sector financiero, que ven en la reforma pensional la oportunidad de hacer negocios y de acrecentar los que ya tienen, eliminando el régimen de prima media con el fin de disponer de las cotizaciones de toda la población trabajadora cotizante y ponerlas a generar rentas, no siempre en inversiones productivas (el 72% en TES), de las que obtienen enormes beneficios. Las 4 entidades que manejan los fondos privados de pensiones obtuvieron en 2015 utilidades netas por $581 mil millones, sólo por administrar e intermediar recursos de otros.

Por otro lado, está la preocupación del gobierno acerca del impacto fiscal que tiene asegurarles a todos los pensionados sus respectivas mesadas. En el 2015, el Estado colombiano destinó 34 billones del presupuesto nacional para financiar las pensiones de 1´996.000 pensionados, el 60% de ellos de Colpensiones, un gasto que representó el 4% del PIB y el 15.8% del presupuesto general de la nación .

La siguiente tabla da cuenta, en números, de la población cotizante al sistema pensional, y la población que hoy está pensionada:

En un reciente diagnóstico del sistema pensional en Colombia, la OCDE identificaba que los problemas principales del sistema eran la baja cobertura del régimen contributivo y la falta de una pensión mínima en el primer pilar que condena a muchos ancianos a la pobreza. Pero hasta ahora las reformas que ha tenido el régimen pensional en Colombia han estado orientadas, primero a favorecer los negocios del sector financiero, y segundo, a disminuir las presiones que el pago de las pensiones tiene sobre el presupuesto de la nación.

Fue lo que ocurrió con la ley 100 del 1993, que creó un régimen paralelo en manos del sector financiero privado, que aumentó la edad de pensión, las semanas de cotización y disminuyó la mesada pensional. Posteriormente, bajo el gobierno de Uribe, se eliminaron los regímenes especiales que en el sector público se habían negociado en convenciones colectivas y se eliminó la mesada 14 para los nuevos pensionados.

El único avance que en esta materia se han producido, ha sido el de reconocerle a las parejas que convivan en matrimonio (sólo personas de SISBEN 1 y 2) sumar sus respectivas semanas de cotización al régimen de reparto cuando por separado ninguno de los dos alcanza las semanas mínimas para acceder al derecho a la pensión. Las demás políticas que se han implementado en este terreno, no pasan de ser políticas asistenciales que no garantizan derechos, como el establecido por la ley 1251 de 2008 (programa adulto mayor), que incluye subsidios en forma de ración alimenticia, o en dinero ($75.000 mes), con una cobertura del 42.7% de la población adulta mayor que no recibe ninguna pensión. Pero tiene un problema: como no es un derecho efectivo que cualquier persona mayor reclame con su cédula de ciudadanía, es utilizado por los directorios políticos que sustentan al gobierno como instrumento para hacer clientelismo y garantizarse, vía inscripción y asignación de cupos, un apoyo electoral para sus campañas, factor que corrompe la democracia.

Adicionalmente, durante el primer gobierno de Santos, se creó un programa de ahorro individual denominado BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), dirigido a la población trabajadora de la economía informal que no puede afiliarse al régimen de prima media, programa que se enfrenta con el problema de los bajísimos ingresos que tiene esta población, los cuales no le permiten en la práctica ningún ahorro.

 

Trabajo precario, debilidad del Estado y sistema pensional

 

Al final, el impacto de las reformas mencionadas ha sido prácticamente marginal en el aseguramiento de derechos, y aunque ha aumentado la población de cotizantes activos al sistema, este resultado no es producto de las reformas sino del incremento de la población ocupada asalariada, y de la implementación de un mecanismo como el PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes), que contribuyó a reducir los casos de evasión y de elusión de aportes a la seguridad social.

Aun así, como lo indica la tabla 1, apenas la tercera parte de los trabajadores cotizan activamente al sistema, y apenas la tercera parte de los adultos mayores de 60 años recibe pensión. Los demás están excluidos de un derecho tan importante como el aseguramiento de sus ingresos cuando alcancen la edad adulta mayor, una situación que no hace más que reflejar los problemas de precarización laboral que predominan en el mercado de trabajo: altos niveles de desempleo, alto nivel de empleo informal (60% de la población ocupada), altos niveles de subcontratación, tercerización y de empleos temporales, que no garantizan cotizar al sistema todos los meses del año, lo que tiene como consecuencia que apenas 10 de cada 100 cotizantes reúnan las condiciones para pensionarse .

En este bajo índice de trabajadores que cotizan activamente al sistema y de adultos mayores que reciben una pensión, incide la ausencia de una política de inspección eficaz por parte de las autoridades del trabajo . Es una debilidad que favorece la cultura de la ilegalidad por parte de muchos empleadores, principalmente en ciudades intermedias y en la mayoría de los municipios del país; empleadores que aunque tengan condiciones para afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, no lo hacen, pues están convencidos de que nadie los va a denunciar, ni ninguna autoridad los va a intervenir, y menos a sancionar.

Estos datos indican que en Colombia el sistema pensional está diseñado exclusivamente para garantizarles derechos a los trabajadores de la economía formal, con contrato de trabajo estable, una condición que no tiene la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país.

 

Reforma para establecer Piso de Protección Social

 

¿Cuáles intereses predominarán en los legisladores a la hora de hacer la reforma pensional? Los sistemas de protección social son claves en la construcción de sociedades democráticas, incluyentes y civilizadas, y son el núcleo del Estado social, democrático y de derecho.

En este sentido, el problema principal que debe resolver una reforma pensional en Colombia es el de la exclusión en que se encuentran 2 de cada 3 personas mayores de 60 años que no cuentan con ningún ingreso en su vejez. Así lo ha indicado la OCDE: “(...) la falta de una pensión mínima en el primer pilar condena a muchos ancianos a la pobreza. En 2012 sólo recibió una pensión el 30% de la población en edad de jubilación, en comparación con un porcentaje del 80% al 90% en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay” . Este diagnóstico debería llevar a una reforma pensional que les asegure a todas las personas con edad de pensión las condiciones materiales mínimas que le permita vivir con dignidad y ser ciudadanos y ciudadanas activos en sus comunidades y en el país.

En este mismo sentido va la orientación de los organismos internacionales de los cuales hace parte Colombia, como Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. En 2009 las Naciones Unidas aprobaron el lanzamiento de la iniciativa del Piso de la Protección Social, como una forma de disminuir los impactos de las crisis económicas sobre las poblaciones más vulnerables. Y en el documento final de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se estipula que el piso de la protección social figura entre las políticas más eficaces para garantizar a los ciudadanos el acceso a los recursos y un nivel mínimo de protección social.

A partir del concepto de piso de protección social, Naciones Unidas y OIT han indicado que entre los componentes esenciales del piso de protección social debe incluirse la seguridad del ingreso para los ancianos y las personas con discapacidad . La viabilidad de esta propuesta la sustenta la OIT con varias investigaciones que muestran cómo, incluso los países de bajos ingresos, están en la capacidad de adoptar una política de pisos de protección social, aclarando que si no se puede implementar de una sola vez, se debe optar por un enfoque escalonado.

Con base en estas reflexiones, y ante la inminencia de una reforma pensional en Colombia, los trabajadores y algunos sectores sindicales han estado construyendo propuestas para intervenir propositivamente en el debate sobre la reforma pensional, con el objetivo de que ésta incluya el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor. En concreto, entre otros contenidos, proponen:

Primero, que la reforma pensional garantice un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.

Y segundo, que se diseñe un sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos, recursos públicos y cotizaciones, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica, o de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo antipobreza, equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable (piso de protección social). Este ingreso se podría incrementar mediante cotizaciones y/o un sistema de ahorros individuales, como los que propone el sistema BEPS. La financiación de este pilar cuesta menos de la mitad del costo fiscal que hoy tienen las exenciones tributarias al capital.

Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, con cotizaciones obligatorias hasta 4 salarios mínimos legales, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.

Y un tercer pilar, para trabajadores que puedan y quieran cotizar por encima de 4 salarios mínimos, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual (en Colpensiones o en los fondos privados), que permitan un ingreso superior a la pensión que asegura el segundo pilar.

Publicado 25 de abril de 2016.

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Viernes, 15 Abril 2016 17:14

Avanza paro de Asoinca en el Cauca

Avanza paro de Asoinca en el Cauca

Alrededor de 6.000 educadores del Cauca protestan en la ciudad de Popayán por la mala calidad de los servicios de salud a que acceden lo que incide de manera negativa en su bienestar. La paciencia se agotó y han decidido declararse en huelga y suspender labores en todo el departamento hasta tanto el gobierno nacional no resuelva las situaciones que inspiraron la protesta. En paz y con gran respaldo popular avanza la toma a la Secretaría de Educación Departamental del Cauca ocupada por alrededor de 300 docentes en la Ciudad Blanca.

 

Cinco días de huelga completan este viernes 15 de abril los docentes del Cauca (hombres y mujeres) agrupados en la Asociación de Instructores y Trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca). El cese de actividades, la movilización permanente y ocupación física de estamentos competentes, fue decretado desde las primeras horas del lunes 11 de abril por las bases y los directivos de la Asociación. Decidieron llevar a cabo está estrategia por considerarla como la forma de lucha más efectiva a favor del mejoramiento de los servicios de salud a que tienen derecho, principal bandera de la movilización. Años de padecer un servicio de salud precario, , procedimientos y medicinas inadecuadas, numerosas perdidas de vidas y serias afectaciones para la integridad física de quienes padecen este servicio de salud, son los motivos que han inspirado la protesta que tiene como epicentro la Ciudad de Popayán.

 

Miguel Burbano, presidente de Asoinca, habló en entrevista telefónica para el periódico desdeabajo explicando los fundamentos y alcances de la protesta que lideran.

 

desdeabajo –da– ¿Por qué toman la decisión de parar? ¿Cuál es el fundamento de las acciones de protesta que están llevando a cabo en el departamento?

 

Miguel Burbano: De manera concreta el paro tiene un solo motivo: restablecer la salud como derecho, ese es el único propósito y sentido del magisterio asociado a Asoinca. Ahora bien, en el plan de actividades tenemos que ser un poco más extenso, podemos explicarlo en tres momentos.

 

El primero es que, a partir de la Ley 91 del 89, y de la Ley 100 del 93, la salud es concebida no ya como un derecho sino como un servicio prestado por particulares. Esto ha golpeado mucho al pueblo colombiano, cobrando por negligencia muchas vidas. Lo que hemos comentado es que el negocio está en no prestar el servicio, ese es el negocio de las empresas con la responsabilidad de prestar el servicio.

 

En el segundo momento encontramos que el magisterio no es ajeno a este problema, motivo por el cual pensamos que la dirigencia nacional, a través del ejecutivo de Fecode, ha sido ineficiente porque en vez de contrarrestar la estructura del modelo de salud lo ha convertido en un negocio, lo que hizo fue reformular o proponer una reforma contractual que para nada beneficia la transformación de la atención de la salud. Entonces, como Asoinca nosotros lo que hacemos es plantear una propuesta a través de un estudio, un análisis, una investigación, en la que proponemos al gobierno nacional el restablecimiento de la salud como derecho y no como servicio. Creamos una organización que se llama Asoprosalud y con ella demostramos que hay un respaldo financiero, una experiencia administrativa y que podemos recibir los recursos del Ministerio de Educación Nacional destinados a la salud para gestionar de manera autónoma e independiente las contrataciones de los diferentes niveles del sistema que sean necesarias.

 

El tercer momento es que hemos tenido varios encuentros con el Ministerio de Educación Nacional, con el Viceministerio de Educación, con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, con asesores jurídicos, contadores, con auditores médicos y llegamos a la conclusión que es una buena propuesta, pero el único que jurídicamente plantea que no es posible reconocerla como tal es el Ministerio de Educación. Están de acuerdo con la propuesta, que es propositiva, loable, es única en el país, pero hasta ahí. De allí a buscar las alternativas para que eso sea posible, no hacen nada.

 

En varias asambleas, incluso en una de ellas nos acompañó el delegado asesor del Viceministro, con más de 300 dirigentes. Él nos escuchó y la respuesta que dio fue: “hay que buscarle la comba al palo”, lo que no ha sido posible. Por ello, desde el 11 de abril nos decretamos en huelga regional indefinida. Esto ha causado un impacto importante, hasta el punto que el Viceministro de Educación va a instar hoy en la tarde (15 de abril) una mesa de negociación.

 

da. ¿Con cuánta participación cuentan?

MB. La jornada de protesta y movilización ha sido efectiva. Estamos hablando de más del 95 por ciento de docentes en paro, estamos hablando de más de 6.000 docentes de la ciudad de Popayán y de los diferentes municipios del departamento. El paro gana en intensidad y en este momento más de 300 personas tomamos la Secretaría de Educación del Departamento.

 

da. ¿Cuáles son las exigencias concretas que pondrán sobre la mesa de negociación para levantar el paro?

MB. Varias soluciones. Primero, la departamentalización del sistema de salud para el Cauca, es decir que el departamento tenga su propio autonomía y autodeterminación en el sistema de salud para el magisterio. Lo segundo, estamos vetando a las multinacionales en cabeza del señor Duarte que tiene el monopolio para el sistema de salud de Colombia. En un tercer momento, que los recursos sean girados a la unión temporal Asoprosalud que es coordinada por la junta directiva de Asoinca

 

da. ¿Hasta cuando continuarán con el paro?

MB. Hasta que hayan soluciones.

 

da. ¿Qué ha dicho el Gobierno sobre la viabilidad jurídica de su propuesta? ¿Existe algún caso donde se hayan alcanzado objetivos similares a lo que está exigiendo Asoinca?

MB. Es un caso único el hecho que una organización sindical haga esta exigencia. Ni siquiera Fecode se ha atrevido a hacerlo. Pero ya hay un ejemplo similar en la organización indígena. Hace casi 19 años a los indígenas les dijeron lo mismo, que no era posible jurídicamente. Hoy llevan más de 19 años y tienen su autonomía en salud, autodeterminación en salud. Yo creo que son más de 30 municipios, es toda una red que ha hecho la organización indígena a través de su autonomía en el país.

 

da. ¿Cómo podría garantizarse el manejo idóneo de los recursos en el caso en que les concedan la autonomía administrativa para su manejo? ¿Cómo garantizarían que la salud prestada a los maestros tuviera una mejor calidad?

MB. Hay un primer principio y es la honestidad, la honradez, la transparencia. Ese es el primer principio en el manejo de los recursos entregados para la salud. El segundo principio es el de la calidad, es decir lo que ha perjudicado y lo que ha entorpecido es no prestar el servicio, negar una cita médica general, una cita médica especializada o cirugías. Lo que nosotros queremos hacer es no negarle el servicio a la gente. Es un derecho el que vamos a garantizar y es un derecho que tiene el docente de ser beneficiado, un derecho en los siguientes términos: oportunidad, participación y calidad.

 

da. ¿Cuántos docentes han sido los afectados por las deficiencias en la prestación de los servicios de salud? ¿Tienen algunas cifras?

MB. Todo el magisterio ha pasado por estas cosas. Hace poco un compañero murió por la falta del medicamento. Todo compañero que necesita una cita de medicina general debe esperar ocho días. Incluso colocar tutelas, demandas, para que le entreguen los medicamentos, para que le autoricen exámenes, para que le autoricen procedimientos. Eso lo vivimos no solo en el Cauca, en todo el país. Son evidencias palpables, reales, concretas.

 

da. ¿Han recibido apoyo de Fecode o de otras organizaciones gremiales, sociales y sindicales?

MB. Hay apoyo de las organizaciones populares, campesinas, indígenas, afro, movimientos estudiantiles, las madres comunitarias. Todos han estado acá con nosotros dándonos ánimos en la toma que desarrollamos. Pero lo escuchado de Fecode es una contradicción, es el mismo discurso del Ministerio de Educación Nacional. Uno no sabe si es que están confabulados o cuáles son las intenciones de los ejecutivos de Fecode.

 

Un paro, una toma, una acción directa totalmente justificada. Sin titubeos avanza la protesta de Asoinca que enfrenta una problemática local con un espectro de incidencia nacional, pues el derecho a la salud lo han vulnerado a la mayoría de los colombianos, hombres y mujeres, adultos y niños, jóvenes o viejos. La comunidad caucana y nacional espera que los huelguistas puedan mantenerse firmes en sus reivindicaciones y acciones de protesta hasta tanto el gobierno nacional ponga punto final a las políticas que han motivado la jornada de movilización en el departamento del Cauca, dando ejemplo de que protestar es una alternativa para el restablecimiento de los derechos violentados.

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Uno de cada diez niños padece desnutrición crónica en Colombia

Uno de cada diez niños colombianos sufre desnutrición crónica, precisó el director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Anthony Lake, quien además señaló que la alimentación adecuada en los primeros mil días de vida es fundamental para el desarrollo físico e intelectual.


Aunque “hay niños que pasan hambre en todos los países del mundo”, Lake apunta que esta cifra es considerablemente menor que la registrada en África o en el sur de Asia.


Asimismo, destacó que la desnutrición aguda o severa puede causar retraso en el crecimiento, así como sus capacidades cognitivas, y “no solamente daña su futuro, sino también el de su país”.


El director ejecutivo de Unicef alertó a los gobiernos y padres a considerar la importancia de una alimentación adecuada y de la lactancia materna en los primeros meses de vida.


En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Colombia adoptar medidas para “preservar la vida e integridad” de los niños y adolescentes de la étnia Wayúu.

En 2015, treinta y ocho niños murieron por patologías asociadas a la desnutrición en Colombia, según reportes del Ministerio de Salud de este país.


Ese mismo año se registraron 898 niños desnutridos en La Guajira, según un reporte del Instituto Colombiano de Bienes Familiar (ICBF).


(Telesurtv.)

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Fusión de Pfizer y Allergan crea la mayor farmacéutica y golpea al fisco de EU

La farmacéutica estadunidense Pfizer y su rival irlandesa Allergan anunciaron la decisión de fusionarse mediante una transacción de 155 mil millones de dólares, con lo que crean la empresa más grande del sector y la mayor maniobra en la historia para ahorrar impuestos, en la que una empresa de Estados Unidos se reorganiza en un país con una tasa fiscal corporativa más baja.


El presidente estadunidense Barack Obama calificó este tipo de decisiones corporativas de no patrióticas, mientras en fecha reciente el Departamento del Tesoro emitió reglas para evitarlas. El exilio de empresas estadunidenses a través de la adquisición de compañías instaladas en países fiscalmente más benéficos, está en la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


De acuerdo con el diario The New York Times, este tipo de decisiones corporativas cuestan al país miles de millones de dólares cada año.


Pfizer es fabricante del Viagra y del popular medicamento para combatir el colesterol Lipitor, en tanto Allergan produce el botox.


La transacción prevé que Pfizer sea absorbida por Allergan, aunque ésta es una empresa de menor tamaño que su rival estadunidense. Las compañías fusionadas adoptarán el nombre de Pfizer PLC y cotizarán en el mercado de valores de Nueva York bajo la clave PFE.


De acuerdo con The Wall Street Journal, Pfizer espera pagar una tasa fiscal combinada de entre 17 y 18 por ciento, comparada contra el 25 por ciento que abona al fisco de Estados Unidos y que es una de las mayores cargas impositivas de la industria.
La transacción está valorada en 363.63 dólares por acción de Allergan. El acuerdo considera que las empresas harán un intercambio de acciones en una proporción de 11.3 títulos de Pfizer por uno de Allergan, además de entre 6 mil y 12 mil millones de dólares en efectivo.


Tras el cierre del acuerdo, que debe ser aprobado por autoridades antimonopolio en Estados Unidos e Irlanda, los accionistas de Pfizer controlarán 56 por ciento de la firma combinada, mientras los de Allergan poseerán el 44 por ciento restante.
El director ejecutivo de Pfizer, Ian Read, señaló en un comunicado que la fusión creará una compañía con la fortaleza de investigar y desarrollar mayor número de medicinas y terapias, sobre una base más competitiva.


Mediante esta combinación, Pfizer tendrá mayor flexibilidad financiera, que facilitará nuestro constantes descubrimientos y desarrollo de medicinas innovadoras para los pacientes, retorno de capital para nuestros accionistas e inversión continua en Estados Unidos, aseguró.


Ambas farmacéuticas han estado lidiando con una fuerte competencia de los medicamentos genéricos y la presión de los inversionistas por estimular el crecimiento. Se calcula que la competencia de los genéricos reduce las ventas de Pfizer en 28 mil millones desde 2010 hasta el año entrante.


El año pasado Pfizer intentó infructuosamente comprar la farmacéutica británica AstraZeneca Plc. en un acuerdo de alrededor de 118 mil millones de dólares, pero las pláticas se cayeron cuando ambas partes no se pusieron de acuerdo en el precio.
La adquisición de Allergan agregaría sus medicamentos para condiciones oculares, infecciones y enfermedades cardiacas al extenso portafolio de vacunas y fármacos de Pfizer contra el cáncer, el dolor, la disfunción eréctil y otros males.


El volumen de negocios de ambas compañías es de 61 mil 500 millones de dólares contra 58 mil millones del suizo Novartis.
El presidente y director general de Pfizer Inc, Ian Read, continuará con el mismo desempeño en la compañía combinada.

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Condiciones socioeconómicas, laborales y sindicales de los trabajadores del café

Octubre es mes de cosecha de café en Colombia, actividad que ocupa un enorme "ejército" de recolectores del grano en los departamentos cafeteros, hombres y mujeres para quienes las condiciones en las que trabajan no se compadecen con la riqueza que generan. Entre los trabajadores del agro son tal vez los que padecen de condiciones laborales más precarias.

Lo anterior se infiere de los resultados de una encuesta que realizó la Escuela Nacional Sindical en junio de este año entre recolectores en 4 regiones cafeteras del país: Antioquia, Huila, Tolima y Caldas.

En total se hicieron 142 encuestas por muestras aleatorias, 92% a hombres y 8% a mujeres. No es de ninguna manera una muestra representativa del total de trabajadores del café en Colombia, que son 716 mil, pero si da pistas certeras sobre las características socioeconómicas del grueso de ellos: los que se dedican a la recolección del grano en tiempos de cosecha.

La encuesta proporciona asimismo información laboral y empresarial, datos sobre el grado de satisfacción y las condiciones de trabajo, sobre seguridad social y salud en el trabajo, protección sindical. Se aplicó en forma directa afuera de los lugares de trabajo, principalmente en plazas públicas, plazas de mercado, ventas de café y lugares informales de "enganche laboral". Y estos son sus resultados:

 

Caracterización socio-económica

 

Procedencia: El 38% de los encuestados dijo ser de Antioquia, el 16% de Tolima, 12% de Caldas, y 9% del Valle del Cauca, todas, zonas de gran cultura cafetera.

Estrato socio-económico: El 83.1% de los encuestados son de estratos 1 y 2, y el 86% de ellos tienen en el trabajo del café su única fuente de ingreso.

Estado civil: El 47.9% de los encuestados son solteros, 25.4% están en unión libre y sólo el 18.3% son casados. La lógica misma de trabajo, su carácter nómada e inestable dificulta la conformación de lazos familiares, otra dimensión que a los recolectores de café los empuja hacía el aislamiento cultural y la marginalidad.

Cabezas de familia: El 56.6% responde económicamente por sus familias, porcentaje que sube al 66.6% en el caso de las mujeres. El 73,4% responde por menos de 3 personas, el 19.5% por 4 o 5 personas, y el 7,8% por más de 5, con ingresos que pocas veces superan un salario mínimo legal vigente (SMLV).

Bajo nivel educativo: Son trabajadores con bajas tasas de escolaridad y alta deserción escolar. De los encuestados solo el 10.6% realizó estudios secundarios, el 48.6% logró terminar primaria, y el 16.9% ni siquiera estudió. Sólo una persona pasó por la universidad y se desempeña en funciones administrativas.

Alta migración laboral: De los 142 encuestados, el 18.8% son personas que se desplazan de región en región en busca de cosechas. Son contratados por las fincas medianas y grandes, permanecen en éstas durante los periodos de recolección y por lo regular en condiciones de alojamiento y alimentación que dejan mucho que desear.

Población envejecida: El 68.8% de los encuestados es mayor de 38 años, y solo el 11.3% es menor de 28 años, lo que evidencia la falta de relevo generacional, que es un serio problema que tiene la caficultura. Los jóvenes ya no ven en el campo una opción de vida, los salarios son muy bajos y el trabajo extenuante, por lo que prefieren otros sectores económicos.

 

Condiciones laborales

 

Perfiles ocupacionales: El 46.5% de los encuestados solo se desempeña como recolectores, el 23.9% hace oficios varios en la finca y recolectan también. El 9.2% son agricultores-recolectores, es decir, son propietarios de pequeñas parcelas, pero en época de cosecha trabajan en fincas grandes para tener ingresos adicionales para atender las necesidades básicas familiares. El 7.7% son fumigadores de químicos y venenos, pero la mitad de ellos no tiene afiliación a riesgos profesionales. El 12.7% restante hace labores del deshierbe, siembra, celaduría, administración.

Tiempo en la caficultura: El 64.1% llevan más de 10 años con el café, el 41.5 % más de 20 años, y el 38% más de 30 años, porcentajes que evidencian largas trayectorias laborales en el mismo sector. El 71% del total desempeña siempre la misma función, bien sea en la misma finca o en varias; el 20.4% trabaja solo en épocas de cosecha de café, y el 8.5% lo hace de forma ocasional, como opción laboral esporádica.

Tipo de contrato: El 95.1% de los encuestados no tiene contrato de trabajo escrito. El 59.1% tiene pactado su trabajo a término fijo, ya sea por días (33.8%), por semanas (19.7%), meses o años (2.8%). El 40.8% restante no respondió la pregunta, pues el tiempo del contrato no está estipulado, labora hasta que una de las partes lo considere necesario, sea el trabajador o el capataz de la finca.

Tiempo en el trabajo: Dependiendo de la urgencia de la recolección, el 49.3% de los encuestados trabaja 5 días a la semana, el 45,1% trabaja 6 días. La jornada se inicia entre 5 y 6 de la mañana, y en el 82.4% de los casos superan las 8 horas al día. En épocas de cosecha el 14.8% trabaja horas extras, básicamente para atender el tratamiento del grano en el beneficiadero.

Herramientas y elementos de protección: Al 82.4% de los trabajadores les suministran las herramientas y elementos que necesitan para realizar su labor; al 10% no se les suministran y para el 8% el suministro es parcial. En cuanto a elementos de protección, el 50.7% dice no recibir ninguno y el 3.5% lo reciben parcialmente, a pesar de ser trabajadores expuestos a temperaturas cambiantes y otros factores de riesgo químico y ergonómico y que necesitan elementos como botas, guantes, sombreros, delantales, impermeables, equipo para fumigación, para levante de carga, etc.

Salud y seguridad social: El 25% dice no tener ningún tipo de afiliación a salud, y el 75% restante sí está afiliado, y de ellos solo el 10.6% lo están en el régimen contributivo, y casi ¾ partes pertenece al régimen subsidiado , lo que da cuenta de la informalidad en este sector.

Riesgos laborales: El 87% de los encuestados no cuenta con afiliación a riesgos laborales, pese a que un porcentaje considerable ha tendido algún tipo de accidente (20%) y enfermedades profesionales (37%) en las fincas donde han trabajado durante el último año. Entre los accidentes más frecuentes están la intoxicación, cortaduras, caídas y picaduras de culebras. Las enfermedades más comunes son gripas (por la exposición a difíciles y cambiantes situaciones climáticas), migrañas y sangrado por la nariz por las altas temperaturas, alergias y hongos por la pulpa de café.

Afiliación a pensión: Este tema es preocupante, pues el 94% de los encuestados no cotiza a pensión y el 80% no lo ha hecho nunca en su vida. Incluso el 85% de los trabajadores con más de 53 años no tiene ni una semana cotizada, y los que están entre los 18 y 27 años tampoco lo hacen. Son cifras dramáticas, mucho más si se tiene en cuenta el envejecimiento de la mano de obra en este sector. Tanto los trabajadores como los pequeños productores y sus familias carecen de esta protección.

Capacitación laboral: 77.5% dijo no recibir capacitación por parte de sus empleadores. Quienes sí la reciben suele ser en manejo de máquinas, herramientas y químicos, en caficultura y primeros auxilios. Esta capacitación en un 14% la subsidiaron los empleadores, el 3% la Federación Nacional de Cafeteros, y 3% las diferentes cooperativas de las regiones.

Discriminación laboral: EL 77.5% informa no haber sufrido ningún tipo de discriminación laboral, el 20.4% sí la ha sufrido, básicamente por razones de edad avanzada, enfermedades, situación de pobreza y por región de origen.

Niveles de satisfacción: Al preguntarles a los trabajadores cómo ven la situación actual comparada con la de hace 5 años, el 51,7% coincide en que está peor, el 30,5% dice verla igual, y el 17,6% que está mejor. Al preguntarles qué temas son prioritarios para mejorar su situación, mencionaron en este orden: tener mejores salarios, salud y seguridad social, alimentación, estabilidad laboral, vacaciones, tiempo de descanso y mejora de condiciones de los campamentos.

Organización sindical: En todo el trabajo de campo que realizó la ENS para este estudio, no se encontró ninguna organización que vele por el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores del café. Preguntados si se afiliaría a un sindicato del café, el 50% contestó que sí, argumentando que dicha organización podría mejorar las condiciones laborales y sus garantías en materia de salarios, estabilidad y seguridad social; podría gestionar proyectos para mejorar la calidad de vida del recolector y sus familias, y aportar a la integración cafetera. El 8% que dijo que no se afiliaría, argumentando que no les llamaba la atención este tipo de iniciativas, que no tienen tiempo, desconfían de algunos liderazgos, o temen perder sus empleos o salir perjudicados. El 42% restante no sabe o no responde, dicen que primero tendrían que conocer la naturaleza y fines de dicha organización para poder tomar la decisión.

 

Publicado el 9 de octubre de 2015.

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El número de muertos por el terremoto de Nepal llega a los 3.200

La cifra de muertos por el terremoto de 7,8 grados que el sábado golpeó Nepal supera ya los 3.200, mientras la lluvia que cayó durante la noche del domingo y la falta de comunicaciones dificultan las tareas de rescate en el país del Himalaya.
Según informó una fuente del Centro Nacional de Operación de Emergencia, la última cifra de fallecidos se situó en 3.218, de los cuales 1.291 han sido identificados, una referencia que no hace más que subir con el paso de las horas.

El número de heridos, por su parte, ha alcanzado ya los 6.535, de acuerdo con la misma fuente.

Todo son malas noticias de momento en Nepal. Los precarios campamentos en los que la población ha ido encontrando refugio sufrieron la noche del domingo la aparición de la lluvia, aunque por la mañana las condiciones meteorológicas mejoraron.

Miles de personas permanecen en la calle o en alguno de los quince campamentos habilitados por el Gobierno en Katmandú, apenas unas rústicas carpas, por temor a que las estructuras de sus casas cedan.

La aparición de la lluvia no sólo dificultó la situación de la población sino que prácticamente paralizó la llegada de ayuda al aeropuerto de Katmandú.

Fuentes oficiales indias confirmaron que el domingo un avión con ayuda de la Fuerza Aérea India no pudo salir como consecuencia del clima.

Paralelamente, la réplica de 6,7 grados en la escala de Richter del domingo, una de las más de 40 que se han producido desde el sábado, terminaron de tumbar gran parte de las ya golpeadas comunicaciones en el país.

En este momento los servicios de internet y telefonía móvil están caídos en la nación asiática, sólo algunas líneas de telefonía fija están activas.

El Gobierno nepalí mantiene movilizado a todo su personal en tareas de rescate y recuperación, y trabaja para la reapertura de las carreteras en el valle central, mientras recupera parte del sistema eléctrico.

El jefe de la Secretaría del Ejecutivo de Nepal, Leela Mani Poudyal, declaró hoy a Efe que "el Gobierno ha movilizado todos los recursos para tratar de dar respuesta y ayudar a la población".

Una fuente de la compañía eléctrica de Nepal confirmó a Efe que ya se ha logrado restablecer el 75 % del suministro eléctrico y espera llegar al 85 % para el final de la tarde de este lunes.

Petición de ayuda

El Gobierno del país ha solicitado ayuda internacional de todo tipo para poder dar respuesta a las necesidades de la población y afrontar las tareas de rescate.

Varios países han enviado ya su ayuda y la comunidad internacional se moviliza para hacer llegar toneladas de suministros y ayuda a la nación asiática.

El Gobierno español ha fletado un avión que previsiblemente volará hoy lunes con unas 30 toneladas de ayuda de emergencia para las víctimas del terremoto de Nepal.

El aparato, un Airbus de carga, saldrá del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con material aportado por el Gobierno y las ONG Oxfam Intermón y Cruz Roja, según han indicado fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del Ministerio de Exteriores.

La carga incluye material médico de emergencia y de cobijo (mantas, lonas, tiendas de campaña) y unidades de potabilización y transporte de agua para cubrir las necesidades básicas de la población, según han solicitado tanto el Gobierno nepalí como las agencias de la ONU que coordinan la respuesta humanitaria internacional.

Otros países como China y Corea del Sur van a enviar en las próximas equipos de rescate especializados en rescate.

Este es el terremoto de mayor intensidad en casi 80 años en el país del Himalaya y el peor que ha vivido la región en una década, desde que en 2005 un movimiento telúrico causara una tragedia de grandes proporciones en Cachemira, con un balance de más de 84.000 muertos.

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Instan BID, BM y OCDE a pronta reforma en pensiones

Sin reformas, entre 63 y 83 millones de personas carecerán de pensión, aseveró el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, al difundir un informe sobre el panorama regional de las pensiones elaborado junto con el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El presidente del BID calificó el manejo de las pensiones como el desafío principal para construir un sistema de protección social a largo plazo.


Esos tres organismos multilaterales exhortaron a los gobiernos latinoamericanos a abordar cuanto antes reformas en el manejo de las pensiones para evitar la pobreza en la tercera edad, en un continente en el que la población adulta es cada vez mayor.
Moreno subrayó la urgencia de las reformas, ya que la porción de latinoamericanos mayores de 65 años pasará en 30 años del actual 7 por ciento a casi 20 por ciento. El panorama se agrava debido a que sólo 45 por ciento de los trabajadores aportan recursos a un plan de retiro.


Sin reformas, entre 63 y 83 millones de personas carecerán de pensión, advirtió Moreno, y añadió que en este momento estamos disfrutando de un bono demográfico que no podemos desaprovechar.


El mexicano José Ángel Gurría, presidente de la OCDE, señaló que América Latina tiene ocho personas en edad productiva por cada pensionista, pero la tasa disminuirá a 2.5 en 2050.


Gurría atribuyó la tendencia al elevado número de trabajadores en el sector informal que no hacen aportes. Los gobiernos necesitan impulsar las oportunidades de empleo en el sector formal, particularmente para las mujeres, a fin de que más personas puedan beneficiarse de una pensión digna, indicó.


El documento identificó la emergencia en varios países de las pensiones llamadas no contributivas –aportadas directamente por los Estados y no por empleados ni patronos– que han contribuido a disminuir la pobreza, pero advirtió que su sustentabilidad a largo plazo supondrá un reto fiscal a medida que la población envejezca y haya más solicitantes.


El informe, que incluye un análisis comparativo por país, concluyó que el gasto regional promedio en pensiones equivale a 3 por ciento del producto interno bruto, y que la expectativa de vida promedio en la región para los mayores de 65 años es de 19 años para los hombres y 16 para las mujeres.


Moreno y Gurría coincidieron en que las inversiones en los sistemas y las reformas en los marcos institucionales son el primer paso que deben abordar los gobiernos para lograr sistemas de pensiones de mayor cobertura y sostenibilidad.

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La negación del vínculo laboral, las bajas remuneraciones, la tercerización y la discriminación por vejez y enfermedades crónicas, son solo algunos de los capítulos que han marcado las vidas de las madres comunitarias del ICBF, mujeres que han dedicado muchos años de su vida al cuidado de los niños más vulnerables de Colombia. Son cerca de 70 mil, que luchan día a día para conseguir el reconocimiento social de su trabajo y unas mejores condiciones de vida. Es el caso de María Odilia, quien, después de ser retirada del servicio por vejez, buscó asesoría del CAL para, por vía jurídica, lograr reconocimiento de sus derechos, pero la tutela no salió a su favor.

 

María Odila Rendón de Chalarca ha dedicado los últimos 23 años de su vida al cuidado de los niños más pequeños de su barrio. Cuando camina por las calles de Enciso, en la Comuna 8 de Medellín, se encuentra con sorpresivos abrazos de jóvenes que se emocionan al verla. La llaman "mamita", sin que corra la misma sangre por sus venas; no olvidan que fue en la casa de esa mujer donde aprendieron a hacer sus primeros trazos.

 

Cuando se le pregunta a María Odila por su habilidad para cuidar a más de 15 niños al tiempo, sonríe con timidez y manifiesta no conocer la respuesta, solo sabe que empezó su hogar comunitario en 1990, luego de conseguir su casa propia, y que el paso de los años le dio la experiencia suficiente para ver con naturalidad la complejidad de su trabajo.

 

La idea de abrir un hogar comunitario en su casa surgió de la recomendación que le hizo una vecina. Fue ella quien la llevó a la Asociación Unión y Progreso que era el puente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Los requisitos que le exigieron no fueron muchos: tener un espacio amplio en la casa y conseguir 15 niños menores de 5 años, tarea que le resultó fácil porque el embarazo adolescente ya era un fenómeno visible y muchas madres necesitaban que alguien cuidara de sus hijos mientras ellas trabajaban.

 

María Odila recibía a los niños a las 8 de la mañana y los despedía a las 4 de la tarde, aunque en múltiples ocasiones los padres no los recogían a tiempo y no tenía otra opción que extender los cuidados. Debía darles 4 comidas diarias, lo que implicaba madrugar a preparar algunas cosas. Durante el día también tenía que desarrollar 6 momentos pedagógicos con ellos, coordinar su proceso de aprendizaje y llevarlos a pasear al espacio público del barrio. Sin mencionar que ocasionalmente recibía visitas periódicas del ICBF para monitorear su gestión y debía asistir al SENA o a la entidad que le señalaran para hacer diferentes capacitaciones.

 

La vida de María Odila Rendón no tenía ocupación más demandante que la de atender los compromisos del hogar comunitario, hecho que en ningún caso se vio reflejado en el exiguo dinero que recibió por la prestación de sus servicios. Recuerda que en 1990 le pagaban $13 mil al mes, suma que, aunque insignificante, le permitía aportar para los gastos del hogar. Su esposo sí devengaba salario mínimo, que en ese entonces era de $41.025. Es decir, las madres comunitarias recibían el 30% del salario mínimo, por un oficio que les demandaba dedicación plena.

 

Esta situación empezó a cambiar con el surgimiento, en 1992, del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en Hogares de Bienestar, Sintracihobi. Los retos de la nueva organización fueron diversos y las conquistas para las madres comunitarias se materializarían con el paso del tiempo.

 

Una lucha con pocas recompensas

 

Desde que surgió el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, en 1986, el ICBF ha negado todo tipo de vínculo laboral con las madres comunitarias. El Acuerdo 21 de 1989, que regula el programa, deja explícito que la labor que desempeñan es un "trabajo solidario y voluntario". Por ello no hay lugar a remuneraciones sino a becas y bonificaciones.

 

Para prevenir conflictos, el ICBF siempre ha evitado las relaciones directas con las madres comunitarias y ha optado por contratar asociaciones y ONG que cumplan una función de intermediación, justificando que la cantidad de madres comunitarias en todo el país, cerca de 70 mil, desborda la capacidad del ICBF de establecer vínculos directos.

 

A pesar de las luchas que ha adelantado Sintracihobi para eliminar la intermediación, el gobierno colombiano sigue enfatizando que las madres comunitarias en ningún caso pueden ser funcionarias públicas del ICBF, incluso si tienen un contrato laboral.

 

Las conquistas en materia de remuneraciones se han dado de forma paulatina. Sintracihobi logró presionar al gobierno de Álvaro Uribe para que les garantizara por lo menos el 70% del salario mínimo vigente. Con el tiempo ha ido aumentado y actualmente supera los $500.000. Aunque Caridad Vásquez, presidenta de la seccional de Sintracihobi en Medellín, manifiesta que el ICBF solo les entrega $17.000 por concepto de servicios públicos cuando una pipeta de gas les puede costar hasta tres veces ese valor.

 

La seguridad social ha sido el otro karma de las madres comunitarias. Después de largos años de servicio, la mayoría de ellas no cuenta con una pensión por la inexistencia de un contrato laboral y por sueldos que en calidad de bonificaciones o becas no les permitieron hacer las cotizaciones necesarias. La afiliación al sistema de salud ha sido intermitente y ha dependido más de las exigencias de Sintracihobi que de la voluntad del Estado.

 

Las malas condiciones laborales llevaron a las madres comunitarias de todo el país a realizar un paro de 25 días en octubre del 2013 para exigir un contrato laboral tal y como lo establece el artículo 36 de la Ley 1607 de 2012, según el cual en 2014 "todas las Madres Comunitarias estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo, o su equivalente, de acuerdo con el tiempo de dedicación al Programa".

 

Esta conquista del movimiento sindical se dio después de que las madres demostraran que cumplían un horario de tiempo completo, que eran subordinadas porque tenían que adaptarse a las exigencias de las organizaciones intermediarias y del ICBF y que así se llamara beca o bonificación recibían un pago por el trabajo que desempeñaban.

 

La dirigente sindical Caridad Vásquez señala que lo único que ha hecho el gobierno es "pisotearlas". "En el paro de octubre pasamos hambre, fríos en la Plaza de Bolívar y tuvimos que rogarle para que nos atendiera, en 25 días no pudo sacar un minuto de su tiempo".

 

Además del contrato laboral, las madres comunitarias pidieron que no se les discriminara por edad o por enfermedad y lograron que el Ministro del Interior y el Director Nacional del ICBF firmaran un documento que los comprometía a dar cumplimiento a sus peticiones.

 

Relegadas después de años de servicio

 

El pasado 1º de febrero se cumplió uno de los reclamos históricos que habían hecho las madres comunitarias al ICBF: la celebración de un contrato laboral a término indefinido, así no fuera directamente con la institución sino con intermediarios. Este precedente garantiza un salario mínimo, estabilidad laboral y seguridad social. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias.

 

Con la formalización también vino la vulneración de los derechos laborales a un significativo grupo de madres comunitarias. Es el caso de María Odila, de 71 años de edad, a quien le impidieron a partir del 1º de febrero continuar con su hogar comunitario. Esto porque, incumpliendo los acuerdos pactados en octubre de 2013, el ICBF decidió retirar del servicio a mujeres mayores de 65 años o con alguna enfermedad crónica

.

A María Odila la noticia la tomó por sorpresa porque en veintitrés años nunca tuvo un problema similar. De hecho, el ICBF redujo considerablemente las visitas a su hogar por no tener quejas de su trabajo ni reclamos provenientes de los padres de familia de los niños. Siempre salió bien librada de las evaluaciones y no padece alguna enfermedad que le impida continuar con su trabajo

.

Ante el gran perjuicio que le generó la medida del ICBF, el 13 de mayo de 2014 María Odila acudió al CAL para buscar asesoría. Fue así como interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Medellín para que le fueran protegidos sus derechos a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la confianza legítima. Pero el 29 de mayo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió negar el amparo invocado en contra del ICBF y de la Cooperativa COOMULSAP, la cual presta el servicio de intermediación laboral.

 

Solo han pasado 4 meses desde que María Odilia cerró su hogar comunitario, pero desde entonces su calidad de vida se ha deteriorado significativamente. Ahora depende de los bajos ingresos que genera su hija y sus expectativas se centran en una renta vitalicia de $280.000 que ofrece el Gobierno para las madres que, como ella, prestaron sus servicios por más de veinte años.

 

Hoy, la casa de María Odila permanece en silencio. Atrás quedaron los ruidos y las risas de los 15 niños que le garantizaban independencia económica y unas condiciones de vida aceptables. La incertidumbre se apodera de sus días y una idea ronda por su cabeza: "A esta edad, ¿qué trabajo me van a dar a mí?"

 

La opinión del CAL

 

Toda persona que preste personalmente un servicio, bajo la continuada subordinación o dependencia de otra y recibiendo a cambio un pago (sin importar la denominación que a este se le dé), necesariamente ejecuta un contrato de trabajo, en virtud del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, en el caso de las madres comunitarias esta premisa legal jamás tuvo aplicación, pese a la loable labor que estas personas cumplen en nuestra sociedad, con el agravante de que históricamente tal subordinación la ha ejercido el propio Estado.

 

Las recientes reformas legales y reglamentarias no alcanzan a reponer la exclusión del Sistema de Seguridad Social y de la normatividad laboral que han tenido durante 30 años las madres comunitarias, pues la cobertura tardía —en el caso de las pensiones— impide el acceso a la protección que se requiere cuando se alcanza la edad de vejez que define la ley. Por tanto, es lógico pensar que el Estado no puede librarse de su responsabilidad frente a las personas que omitió proteger. Por el contrario, frente a ellas tiene una obligación qué satisfacer

.

En el caso de María Odila, además de lo antes dicho, confluye una conducta discriminatoria, a raíz de su avanzada edad y condiciones de salud, situación que termina convirtiéndose en una violación a sus derechos fundamentales, principalmente en sede de la igualdad y de la protección especial que el Estado debe otorgar a las personas de la tercera edad.

 

Si bien es cierto que quien figura en el ámbito de la relación laboral como empleador no es directamente el ICBF, sino una entidad privada que tiene el mandato de éste para efectuar los contratos de trabajo, también es cierto que el ICBF tiene una responsabilidad solidaria con dicha entidad privada frente a las madres comunitarias, toda vez que la actividad que éstas realizan, en principio, no resulta ajena a la misión que tiene el ente público.

 

Lo anterior evidencia un problema jurídico de gran envergadura que eventualmente podría llegar a cambiar las condiciones de contratación de las madres comunitarias –pese a la postura del Gobierno Nacional al respecto–, puesto que a partir de la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2025 de 2011, quedó expresamente prohibida en el ordenamiento colombiano la tercerización laboral de las actividades misionales o permanentes de una institución pública o privada. La gran inquietud que habrá que resolver en su momento será si el servicio de cuidado de la infancia en hogares comunitarios hace parte, o no, de la misión del ICBF.

 

El drama jurídico que a diario tienen que enfrentar las madres comunitarias, como binen lo ilustra el caso de María Odilia, no es nada sencillo. Al igual que ella muchas personas han visto cómo la oportunidad de formalización de su relación de trabajo que la ley creó (aun cuando fuera a través de una entidad distinta al ICBF), es a su vez la patente de corso para que las excluyan de su vida laboral, con pretextos a todas luces contrarios al querer del legislador y del constituyente de 1991.

 

Publicado 4 de julio de 2014.

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Miércoles, 02 Julio 2014 18:22

La muerte dorada y negra de la minería

La muerte dorada y negra de la minería

El lema que este año acompañó la conmemoración del Día Internacional en memoria de los trabajadores y trabajadoras fallecidos y lesionados en el trabajo (28 de abril) fue: "Protección de los trabajadores mediante una fuerte regulación y aplicación de los derechos sindicales" , bajo la consigna: "Ninguna muerte más por accidentes de trabajo".

 

Pero en Colombia ese inspirador lema está muy lejos de cumplirse. Irónicamente la misma semana de la mencionada conmemoración ocurrieron dos tragedias mineras que enlutaron al país. La primera en una mina de oro de la multinacional Continental Gold en Buriticá, Antioquia, que dejó 4 trabajadores muertos y 94 lesionados e intoxicados por inhalación de gases, como consecuencia de voladuras en las bocaminas. Y 5 días después ocurrió la segunda tragedia en Santander de Quilichao, al sur del país, con el resultado de 12 personas muertas y 4 desaparecidas.

 

Lo más grave es que dichas muertes fueron de trabajadores mineros informales, muchos de ellos desplazados por la explotación expansiva de la minería multinacional, quienes, para poder sobrevivir, se ven abocados a laborar en condiciones precarias e infrahumanas.

 

Ambas tragedias, como muchas otras que a diario suceden en el país, ponen el foco de atención en las consecuencias que la minería tiene en la salud y la vida de miles de personas. Según la Agencia Nacional de Minería, en Colombia cada día se accidentan 39 mineros, y de ellos 3 mueren cada semana. Y anualmente hay 14.069 casos de lesionados, o sea 39 diariamente, muchos de ellos con lesiones permanentes.

 

Nada más en lo que va corrido de 2014 se han presentados 47 muertes doradas (oro) y negras (carbón), lo que supone un promedio de 156 muertes al año. Es decir un muerto cada 3 días. Esta cifra duplica a la de Turquía, país de mayor siniestralidad en Europa, donde anualmente, en promedio, mueren 80 obreros en accidentes mineros, según datos de un reciente estudio difundido por la agencia de noticias EFE .

 

Pero estos datos solo dan cuenta de una parte del problema, pues el sistema de seguridad social en riesgos laborales en el 2013 sólo reconoció el 50% de estas muertes en la minería, es decir apenas 64 , como si el otro 50% no fueran ciudadanos con derechos. Además todas fueron muertes calificadas por accidentes de trabajo y ninguna, léase bien, por enfermedad laboral, como si esta actividad no ostentara el rótulo de ser la de más alto riesgo y peligrosidad, generadora de múltiples patologías.

 

Por ejemplo, en la minería del carbón hay exposición a radiaciones ionizantes y a sílice cristalina, sustancias reconocidas como altamente cancerígenas. En la explotación del oro hay exposición a sustancias como el mercurio y plomo, que también producen efectos graves de salud y muerte. Y ni que hablar del níquel, la plata, etc. Tal es así que estas actividades de explotación son consideradas de alto riesgo, tanto por la legislación colombiana como por la OIT.

 

Las cifras de muertes mencionadas, a pesar del subregistro que existe, son alarmantes para una actividad que por sí misma se considera que disminuye la expectativa de vida saludable, independientemente de las condiciones en que se trabaja. Como alarmante es saber que el 60% de los mineros del país están excluidos, en promedio, de los sistemas de protección social integral (salud, pensiones, riesgos laborales y cesantías). Según el DANE, en Colombia en el 2013 existían 224.000 mineros, mayoritariamente hombres, y solo 150.457 de ellos (trabajadores de la gran minería) estaban afiliados a la seguridad social en riesgos laborales. Y de los mineros independientes e informales solo 1.853 mineros estaban afiliados a riesgos laborales.

 

Así las cosas, se hace necesaria, en primer lugar, una política pública de trabajo decente para los trabajadores mineros, que permita atacar la tercerización ilegal en estas actividades y/o apoyar al pequeño minero informal con políticas públicas de protección y formalización.

 

En segundo lugar, acciones de regulación y vigilancia especializada por parte de la inspección de trabajo y de la autoridad minera, a fin de exigir y garantizar medidas de salud, higiene y seguridad en las minas. Pero esta vigilancia no solo debe ser coercitiva, centrada en la persecución de la minería informal. Debe estar basada en la asistencia técnica con estándares de seguridad estrictos, que garanticen la vida, la salud y la seguridad laboral de los mineros.

 

En tercer lugar, se debe apoyar la actividad creando un Fondo para la reconversión tecnológica en seguridad para la pequeña minería subterránea de Colombia, a partir, por ejemplo, de la ley de regalías, con el fin de que el pequeño minero adquiera equipos para el monitoreo de gases, para la sustitución de pólvora no segura por explosivos seguros, para la adquisición de equipos anti explosión de metano y redes eléctricas anti explosión, etc., materiales y equipos que son de alto costo y difícil acceso.

 

Por último, urge que Colombia ratifique el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, que desde el 5 junio 1998 entró en rigor en el mundo. Este convenio aborda los instrumentos, normas y medidas técnicas para "prevenir todo accidente mortal, lesión o menoscabo de la salud de los trabajadores o de la población, o perjuicio al medio ambiente que tenga su origen en las operaciones mineras"; así como el establecimiento de procedimientos eficaces que garanticen el derecho de los trabajadores y sus representantes a ser consultados y a participar en decisiones relacionadas con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

 

Publicado 23 de mayo 2014.

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Martes, 28 Mayo 2013 06:31

La industria y los derechos humanos

La semana pasada miles de dolientes se reunieron en lo que resta del complejo de fábricas denominado Rana Plaza para orar por las mil 127 personas que murieron cuando colapsó, el 24 de abril.

 

El conmovedor recuerdo de las víctimas de esta tragedia atroz ocurrió en medio de una sucesión de acciones y reformas anunciadas por el gobierno de Bangladesh, los dueños de compañías locales y algunas cadenas internacionales de ropa cuyos productos eran manufacturados, en gran medida por mujeres que trabajaban hacinadas en cinco fábricas dentro del edificio Rana Plaza.

 

Las reformas anunciadas, hasta el momento, incluyen el cierre voluntario inmediato de otras fábricas que se consideran inseguras, la eliminación de restricciones a la creación de sindicatos en la mayoría de las industrias, el establecimiento de un nuevo mecanismo que garantice un salario mínimo razonable para los trabajadores de la industria del vestido. Así como la decisión tomada por gran número de compañías claves dentro de la industria internacional de la moda y del vestido, de firmar el 15 de mayo un acuerdo vinculante para mejorar las condiciones de seguridad en las contrucciones y las medidas contra incendios en los lugares de trabajo de sus maquiladores en Bangladesh.

 

Estas reformas son bienvenidas, sin embargo, nos hacen percatarnos demasiado tarde, tanto a nivel local como internacional, que esta catástrofe era completamente prevenible. Las normas de construcción y las reglas de seguridad en los lugares de trabajo y todo el entramado de medidas de protección han sido violados por el sector del vestido en Bangladesh, ello a pesar del conocimiento y del debate público sobre el tema.

 

Ha habido gran número de alertas anticipadas sobre la seguridad de los trabajadores de la industria del vestido en Bangladesh. Se han perdido más de 120 vidas tan sólo en los últimos seis meses, en distintos incendios de fábricas.

 

Todos los seres humanos, sin importar dónde vivan, cuentan con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que son reconocidos y protegidos por los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen, el derecho a la vida y a condiciones que propicien una vida digna.

 

También cuentan con una serie de derechos laborales que incluyen salarios justos, condiciones seguras y saludables, así como los derechos de asociarse para formar sindicatos y para estallar una huelga. Las medidas que se han tomado hasta el momento son alentadoras y pueden marcar un cambio decisivo para los trabajadores en la industria del vestido en Bangladesh. Sin embargo, deben ser observadas como el principio y no como el resultado final.

 

Es de vital importancia que se tomen medidas ágiles para empoderar a los sindicatos y reformar al sector del vestido con mejorías en las fábricas y una supervisión más estricta a prueba de corrupción. Si las medidas fueran sólo cambios cosméticos realizados únicamente para calmar la ira pública, o una estrategia para hacer tiempo hasta que el impacto del desastre se desvanezca y se retome el enfoque de producir de la manera más barata posible, entonces serán inevitables más desastres de esta magnitud.

 


Hacia la fecha límite, la media noche del 15 de mayo, 37 compañías internacionales, la mayoría de origen europeo, que emplean más de mil fábricas dedicadas a la industria del vestido, habían firmado el acuerdo de seguridad en los edificios y contra incendios en Bangladesh. Este es un acuerdo importante y sin precedente en muchos aspectos, que incluyen elementos como una gobernanza sólida y rendición de cuentas que permiten que éste pueda ser puesto en práctica en los países de origen de las compañías internacionales.

 

También provee mecanismos de supervisiones y medidas correctivas reglamentadas para que las fábricas cumplan con normas de construcción, de protección contra incendios y de seguridad eléctrica; se contemplan capacitaciones preventivas contra incendios, la formación de comités de salud y seguridad con representantes sindicales y la emisión de informes públicos.

 

Algunas tiendas claves, especialmente en Estados Unidos, han elegido no firmar el acuerdo, pero se han comprometido a realizar sus propias inspecciones. Los reflectores estarán puestos sobre ellos para verificar que cumplan sus promesas de forma creíble.

 

Estos problemas no solamente están relacionados con Bangladesh. Así lo puso de manifiesto el incidente en una fábrica de zapatos en Camboya en la que el techo colapsó ocasionando la muerte de tres empleados esta semana. Tampoco son exclusivos de la industria del vestido. Hace dos años Naciones Unidas acordó una serie de principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que brindaba un marco claro de lo que las empresas y gobiernos en todas partes necesitan hacer. Los gobiernos tienen que seguir los pasos apropiados para prevenir, investigar, castigar y remediar las violaciones de los derechos de los trabajadores, mediante políticas efectivas, leyes, reglas y sentencias. Los corporativos, tienen la obligación de realizar las debidas diligencias para prevenir y abordar las violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de abusos tienen que tener acceso a soluciones efectivas y los responsables deben ser sancionados. Los procesos de supervisión y control tienen que estar exentos de las prácticas poco saludables derivadas de los vínculos peligrosos con intereses especiales.

 

Lo que ocurrió en Bangladesh ha horrorizado al mundo hasta decir basta. La mejor manera de honrar a las víctimas del Rana Plaza es asegurar que una tragedia como esa jamás vuelva a ocurrir en ninguna industria del planeta.

 

Por Navi Pillay, Alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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