Ante el pedido de Ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN: otra muestra de debilidad rusa

El presidente ruso Vladimir Putin dijo este lunes que Rusia no considera que la adhesión de Finlandia y de Suecia a la OTAN amenace su gobierno, pero que Moscú va a reaccionar si hay un despliegue de infraestructura militar.

La primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, y el líder de la oposición, el conservador Ulf Kristersson, han anunciado formalmente este lunes que Suecia solicitará el ingreso en la OTAN. “Hay una clara mayoría parlamentaria que respalda la adhesión”, ha asegurado Andersson en rueda de prensa.

La decisión llega un día después de que Finlandia —país con el que Suecia ha mantenido una estrechísima cooperación en materia militar durante el último decenio— informara formalmente de su intención de adherirse al bloque militar. La mandataria sueca ha reconocido en el Riksdag que la decisión final de Estocolmo ha estado “profundamente influenciada” por los acontecimientos en Helsinki.

Por su parte, Vladimir Putin ha señalado que Rusia tolerará que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, pero ha advertido que el Kremlin responderá si la alianza instala bases o equipos militares en cualquiera de los dos países. Según la agencia de noticias Interfax, Putin dijo hoy que la propuesta de ampliación de la OTAN no suponía "ninguna amenaza directa para Rusia". Añadió que no tenía "ningún problema" ni con Finlandia ni con Suecia, al tiempo que advirtió que "la expansión de la infraestructura militar en este territorio provocaría una respuesta por nuestra parte [...] basada en las amenazas que crean para nosotros".

Sus comentarios parecían indicar que el Kremlin podría aceptar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN siempre que la alianza militar no enviara armas o tropas a ambos países, como hizo en los Estados bálticos y en Polonia en el periodo previo a la invasión rusa de Ucrania.

Militarmente, Finlandia y Suecia tienen unas fuerzas armadas grandes y capaces, por lo que no tendrían necesidad del envío de medios y tropas desde el extranjero, como a las repúblicas bálticas de la ex URSS, donde también hay grandes minorías de habla rusa, como potenciales quintas columnas.

Después de las declaraciones grandilocuentes de los funcionarios rusos, desde quienes hablaban de "respuestas técnico-militares" (la misma fórmula adoptada en la preguerra con Ucrania) hasta quienes amenazaban con desplegar armas nucleares tácticas en los 1.300 kilómetros de frontera con Finlandia y en Kaliningrado [NdE: territorio ruso ubicado al norte de Polonia y oeste de Lituania sobre el Mar Báltico], las declaraciones de Putin son un paso atrás. Las mismas muestran que Rusia es extremadamente cautelosa a la hora de ampliar el campo de rivalidad con el frente occidental. Una muestra de profunda debilidad.

Por Juan Chingo

Lunes 16 de mayo

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Lucha contra un incendio atribuido a los efectos del cambio climático, el miércoles en Laguna Niguel, California.Foto Ap

Esta semana, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el mundo tiene una probabilidad de 50 por ciento de tener un calentamiento de 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales en los próximos cinco años. Incluso quienes suelen ver el vaso medio lleno tienden a estar de acuerdo en que los esfuerzos realizados hasta ahora por los gobiernos nacionales para combatir la crisis del clima, aunque significativos en algunos aspectos, no son suficientes. De hecho, la economía global continúa dependiendo exclusivamente de los combustibles fósiles, los cuales aún suministran 80 por ciento de la oferta energética.

Las advertencias sobre una catástrofe climática incluidas en los segmentos segundo y tercero de la más reciente revisión del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) de Naciones Unidas, emitidos el 28 de febrero y 4 de abril de 2022, respectivamente, fueron pasadas por alto enteramente entre la guerra de Ucrania y el incremento de los costos de la energía. En Estados Unidos, la respuesta del gobierno de Biden a los precios crecientes del gas fue renovar la perforación por petróleo y gas en tierras federales y anunciar "la mayor liberación a la fecha de las reservas estratégicas de petróleo". El resto del mundo también ha respondido con ideas cortoplacistas a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

En esta entrevista, el renombrado académico y activista Noam Chomsky examina las consecuencias de este pensamiento cortoplacista entre las tensiones militares en aumento.

J. Polychroniou (CJP): Noam, la guerra en Ucrania está causando sufrimientos humanos inimaginables, pero también tiene consecuencias económicas globales y es una noticia terrible para la lucha contra el calentamiento global. De hecho, como resultado de los crecientes costos de la energía y las preocupaciones por la seguridad energética, los esfuerzos de descarbonización han pasado a un segundo plano. En Estados Unidos, el gobierno de Biden ha adoptado el lema republicano "perfora, nene, perfora", Europa está empeñada en construir nuevos gasoductos e instalaciones de importación, y China planea elevar la capacidad de producción de carbón. ¿Puede usted comentar sobre las implicaciones de estos desafortunados sucesos y explicar por qué el pensamiento cortoplacista sigue prevaleciendo entre los líderes mundiales, aun en un momento en que la humanidad podría estar al borde de una amenaza a nuestra existencia?

Noam Chomsky (NCh): “La última pregunta no es nueva. En una forma o en otra, ha surgido a lo largo de la historia.

“Recordemos un caso que se ha estudiado a fondo: ¿por qué los líderes políticos fueron a la guerra en 1914, con absoluta confianza en su propia rectitud? ¿Y por qué los más prominentes intelectuales en todos los países en guerra se alinearon con apasionado entusiasmo en apoyo de su propio Estado… fuera de un puñado de disidentes, los más destacados de los cuales fueron encarcelados (Bertrand Russell, Eugene Debs, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht)? No era una crisis terminal, pero era grave.

“Este modelo se remonta en el tiempo. Y continúa con poco cambio después del 6 de agosto de 1945, cuando nos enteramos de que la inteligencia humana se había elevado al nivel en el que pronto sería capaz de exterminarlo todo.

“Si observamos de cerca el modelo, en el curso de los años, una conclusión me parece surgir con claridad: lo que impulsa la política no es la seguridad, al menos no la seguridad de la población, la cual es, cuando mucho, una preocupación marginal. Lo mismo puede decirse de las amenazas a la existencia. Tenemos que buscar en otro lado.

“Un buen punto de partida, creo, es lo que me parece el principio mejor establecido de la teoría de las relaciones internacionales: la observación de Adam Smith de que los ‘Amos de la Humanidad’ –en su tiempo los comerciantes y fabricantes de Inglaterra– son ‘los principales arquitectos de la política del Estado’. Utilizan su poder para asegurar que sus intereses ‘sean atendidos de la manera más peculiar’, por ‘dolorosos’ que fueran sus efectos sobre otros, entre ellos el pueblo de Inglaterra, pero con más brutalidad las víctimas de la ‘salvaje injusticia de los europeos’. El objetivo particular de Smith era el salvajismo británico en India, entonces en sus primeras etapas, pero ya bastante terrible.

“Nada cambia mucho cuando la crisis se vuelva existencial. Los intereses de corto plazo prevalecen. La lógica es clara en los sistemas competitivos, como en los mercados no regulados. Quienes no participan en el juego son excluidos con rapidez. La competencia entre los ‘principales arquitectos de la política’ en el sistema estatal tiene propiedades un tanto similares, pero debemos tener en mente que la seguridad de la población está lejos de ser un principio rector, como la historia muestra con claridad.

“Usted tiene razón en cuanto al horrible impacto de la criminal invasión rusa de Ucrania. La discusión en Estados Unidos y Europa se centra en el sufrimiento de Ucrania, lo cual es razonable, mientras aplaude también nuestra política de acelerar la miseria, lo cual no es tan razonable. Volveré sobre ello.

“Veamos sólo un ejemplo, la peor crisis humana, de acuerdo con Naciones Unidas: Yemen. Más de 2 millones de niños enfrentan una hambruna inminente, según informa el Programa Mundial de Alimentos. Casi 100 por ciento de sus cereales son importados, "de los cuales Rusia y Ucrania aportan la mayor cantidad de trigo y derivados (42 por ciento)", además de harina rexportada y trigo procesado para la misma región.

“La crisis va mucho más allá. Intentemos ser honestos al respecto: la perpetuación de la guerra es, en términos simples, un programa de asesinato en masa sobre buena parte del Sur global.

“Esa es la menor parte. En periódicos supuestamente serios se analiza cómo Estados Unidos podría ganar una guerra nuclear con Rusia. Tales análisis lindan en una locura criminal. Y, por desgracia, las políticas de Estados Unidos y la OTAN proporcionan muchos posibles escenarios para una rápida terminación de la sociedad humana. Para mencionar sólo una, Putin hasta ahora se ha abstenido de atacar las líneas de suministro de armas pesadas a Ucrania. No sería gran sorpresa si eso terminara, lo cual llevaría a Rusia y la OTAN a un conflicto frontal, con un camino fácil hacia una intensificación que bien podría conducir a un rápido adiós.

“Más probable, de hecho muy probable, es una muerte más lenta por medio del envenenamiento del planeta. El informe más reciente del PICC dejó en claro que, para que haya alguna esperanza de un mundo habitable, debemos dejar de usar combustibles fósiles ahora mismo, y avanzar con firmeza hasta su pronta eliminación. Como usted señala, el efecto de la guerra actual es poner fin a las de por sí limitadas iniciativas existentes, y de hecho revertirlas y acelerar la carrera hacia el suicidio.

“Naturalmente, reina gran jolgorio en las oficinas ejecutivas de los consorcios dedicados a destruir la vida humana en la Tierra. Ahora no sólo están libres de restricciones y de las quejas de molestos ambientalistas, sino que se les elogia por salvar a la civilización que ahora reciben estímulos para destruir aún más rápidamente. Ahora se les anima a desperdiciar recursos escasos que se necesitan con desesperación para propósitos humanos y constructivos. Y, al igual que sus socios en la destrucción masiva, las corporaciones de combustibles fósiles, absorben recursos de los contribuyentes.

“¿Qué podría ser mejor o, desde una perspectiva diferente, más insensato? Haríamos bien en recordar las palabras del ex presidente Dwight D. Eisenhower en su discurso de la "Cruz de hierro" de 1953:

“‘Cada arma que se fabrica, cada guerra que se emprende, cada cohete que se dispara significa, en último sentido, un robo a quienes padecen hambre y no son alimentados, quienes padecen frío y no son vestidos. Este mundo en armas no sólo gasta dinero: gasta el sudor de sus trabajadores, el genio de sus científicos, las esperanzas de sus niños. El costo de un bombardero pesado moderno es éste: una moderna escuela de ladrillos en más de 30 ciudades. Es dos plantas eléctricas, cada una capaz de atender a una población de 60 mil personas. Es dos hospitales excelentes, plenamente equipados. Es unos 80 kilómetros de pavimento de concreto. Pagamos por un solo avión caza con medio millón de bushels de trigo. Pagamos por un solo destructor con nuevas casas que podrían albergar a más de 8 mil personas… Ésta no es una forma de vida, en ningún sentido verdadero. Bajo la nube de la amenaza de guerra, la humanidad pende de una cruz de hierro’.

“Estas palabras no podrían ser más apropiadas hoy.

“Volvamos a la razón por la que los ‘líderes mundiales’ persisten en este curso insensato. Primero, veamos si podemos ver si alguno de ellos merece ese apelativo, excepto por ironía.

“Si los hubiera, estarían dedicados a poner fin al conflicto en la única forma posible: mediante la diplomacia y la capacidad política. Las líneas generales de un acuerdo político se han entendido desde hace mucho tiempo. Las hemos examinado antes y también hemos documentado la dedicación de Estados Unidos (con la OTAN a remolque) a socavar la posibilidad de un acuerdo diplomático, de manera bastante abierta y con orgullo. No debería haber necesidad de revisar de nuevo ese registro funesto.

“Un dicho común es que el ‘loco Vlad’ está tan demente, y tan inmerso en sueños guajiros de reconstruir un imperio y tal vez conquistar el mundo, que no tiene caso ni siquiera escuchar lo que dicen los rusos… es decir, si uno puede evadir la censura estadunidense y encontrar algunos fragmentos en la televisión estatal de India o en la prensa de Medio Oriente. Y sin duda no hay necesidad de considerar un involucramiento diplomático con semejante criatura. Por tanto, no exploremos siquiera la única posibilidad de poner fin al horror y continuemos aumentándolo, sean cuales fueren las consecuencias para Ucrania y para el mundo. Los líderes occidentales, y gran parte de la clase política, están ahora consumidos por dos ideas principales: la primera es que la fuerza militar rusa es tan abrumadora que pronto podría tratar de conquistar Europa occidental, o incluso más allá. Por tanto, tenemos que ‘combatir a Rusia allá’ (con cuerpos ucranios), de modo que ‘no tengamos que combatir a Rusia aquí’ en Washington, según nos advierte Adam Schmitt, del Partido Demócrata, presidente del Comité Selecto Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes.

“La segunda es que la fuerza militar rusa ha sido exhibida como un tigre de papel, tan incompetente y frágil, y tan mal conducida, que no puede conquistar ciudades ubicadas a unos kilómetros de su frontera, defendida en gran parte por un ejército de ciudadanos.

“Esta última idea es objeto de mucho alarde. La primera inspira terror en nuestros corazones. Orwell definió el ‘pensardoble’ como la capacidad de tener en mente dos ideas contradictorias y creer en ambas, locura sólo imaginable en estados ultratotalitarios.

“Si adoptamos la primera idea, debemos armarnos hasta los dientes para protegernos de los planes demoniacos del tigre de papel, aun cuando el gasto militar ruso es una fracción del de la OTAN, incluso sin contar a Estados Unidos. Quienes sufren pérdida de memoria estarían felices de saber que Alemania por fin ha recibido el mensaje, y pronto podría superar a Rusia en gasto militar. Ahora Putin tiene que pensarlo dos veces antes de conquistar Europa occidental.

“Para repetir una obviedad, la guerra en Ucrania puede terminar con un acuerdo diplomático, ya sea con rapidez o en una agonía prolongada. La diplomacia, por definición, es un asunto de toma y daca. Cada lado debe aceptarla. De ahí se sigue que, en un acuerdo diplomático, a Putin se le debe ofrecer alguna puerta de escape.

“O aceptamos la primera opción o la rechazamos: al menos en eso no hay discusión. Si la rechazamos, elegimos la segunda opción. Puesto que ésta es la preferencia casi universal en el discurso occidental, y sigue siendo la política estadunidense, consideremos lo que implica.

“La respuesta es directa: la decisión de rechazar la diplomacia significa que nos involucraremos en un experimento para ver si el perro rabioso irracional se escabullirá silenciosamente, en derrota total, o si empleará los medios con los que sin duda cuenta para destruir a Ucrania y poner el escenario para una guerra terminal.

“Y, mientras realizamos este grotesco experimento con las vidas de los ucranios, nos aseguraremos de que millones mueran de hambre por la crisis alimentaria, jugaremos con la posibilidad de la guerra nuclear, y correremos con entusiasmo hacia la destrucción del ambiente que sostiene la vida. Por supuesto, es concebible que Putin sencillamente se rinda, y que se abstenga de usar las fuerzas bajo su mando. Y tal vez podamos reírnos simplemente de las perspectivas de recurrir a las armas nucleares. Es concebible, pero ¿qué clase de persona estaría dispuesta a jugarse esa apuesta?

“La respuesta es: los líderes occidentales, de modo bastante explícito, junto con la clase política. Eso ha sido obvio durante años, incluso se ha expresado de manera oficial. Y para asegurarse de que todos entendamos, la posición fue reiterada con fuerza en abril pasado, en la primera reunión mensual del ‘grupo de contacto’, que incluye a la OTAN y a los países asociados. La reunión no se realizó en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica; más bien, se derribaron todas las simulaciones y se llevó a cabo en la Base Ramstein de la fuerza aérea estadunidense en Alemania, técnicamente territorio alemán, pero que en el mundo real pertenece a Estados Unidos.

“El secretario de la Defensa Lloyd Austin abrió la reunión declarando: ‘Ucrania cree sin duda que puede ganar, y así lo creemos todos los aquí presentes’. Por tanto, los dignatarios reunidos no deberían titubear en enviar armamento avanzado a Ucrania y persistir en los otros programas que, anunció con orgullo, llevarán de hecho a Ucrania al sistema de la OTAN. En su sabiduría, los dignatarios asistentes y su líder garantizan que Putin no reaccionará en las formas en que todos sabemos que puede hacerlo.

“La historia de la planeación militar durante muchos años, de hecho siglos, indica que ‘todos los aquí presentes’ tienen en efecto esas notables creencias. Sea que las tengan o no, sin duda están dispuestos a llevar a cabo el experimento con las vidas de los ucranios y el futuro de la vida en la Tierra.

“Puesto que se nos asegura con tanta autoridad que Rusia observará de manera pasiva todo esto sin reaccionar, podemos dar otros pasos para ‘integrar de facto a Ucrania a la OTAN’, de acuerdo con los objetivos del ministerio ucranio de defensa, estableciendo ‘plena compatibilidad del ejército ucranio con los de los países de la OTAN’, y garantizando que no pueda alcanzarse un acuerdo diplomático con ningún gobierno ruso, a menos que de algún modo se convierta a Rusia en satélite estadunidense.

“La actual política estadunidense prevé una guerra prolongada para ‘debilitar a Rusia’ y asegurar su derrota total. Esta política es muy similar al modelo afgano de la década de 1980, que, de hecho, ahora es postulado explícitamente en los altos círculos, por ejemplo por la ex secretaria Hillary Clinton. Puesto que es cercana a la política actual del país, incluso un modelo funcional, vale la pena observar lo que en realidad ocurrió en Afganistán en la década de 1980, cuando Rusia lo invadió. Por fortuna, hoy tenemos un recuento detallado y autorizado hecho por Diego Cordovez, quien dirigió los exitosos programas de la ONU que pusieron fin a la guerra, y por el distinguido periodista y académico Selig Harrison, quien tenía extensa experiencia en la región. Ambos autores ya fallecieron.

“El análisis Cordovez-Harrison derriba por completo la versión recibida. Los autores demuestran que la guerra fue concluida por una cuidadosa diplomacia dirigida por la ONU, no por la fuerza militar. La política estadunidense de movilizar y financiar a los islamitas más radicales para combatir a los rusos significó, concluye el análisis, ‘combatir hasta el último afgano’, en una guerra subrogada para debilitar a la Unión Soviética. ‘Estados Unidos hizo todo lo posible por evitar que la ONU participara’, es decir, para evitar los cuidadosos esfuerzos diplomáticos que acabaron con la guerra.

“La política estadunidense retrasó la retirada rusa que se había considerado desde poco después de la invasión, la cual, mostraron los autores, tenía objetivos limitados, sin parecido alguno con los espantosos objetivos de conquista mundial que conjuraba la propaganda estadunidense. ‘Claramente la invasión soviética no era el primer paso en un plan maestro expansionista de un liderazgo unido’, escribió Harrison, confirmando las conclusiones del historiador David Gibbs, basado en archivos soviéticos revelados.

“El principal directivo de la CIA en Islamabad, quien encabezó en persona las operaciones, expresó con sencillez el objetivo principal: la idea era matar soldados rusos; dar a Rusia su Vietnam, como proclamaron altos funcionarios estadunidenses, revelando la colosal incapacidad de entender nada sobre Indochina que fue la marca de la política estadunidense a lo largo de décadas de matanzas y destrucción.

“Cordovez y Harrison escribieron que el gobierno estadunidense ‘estuvo dividido desde el principio entre los desangradores, que querían que las fuerzas soviéticas permanecieran atascadas en Afganistán y de ese modo vengarse por Vietnam, y los negociadores, que querían forzar su retirada mediante una combinación de diplomacia y presión militar’. Es una distinción que aparece muy a menudo. Los desangradores por lo regular ganan y causan inmenso daño. Para ‘el que decide’, para tomar la definición que George W. Bush hacía de sí mismo, es más seguro verse rudo que blando.

“Afganistán es un buen ejemplo. En el gobierno de James Carter, el secretario de Estado Cyrus Vance era un negociador, quien sugería acuerdos de largo plazo que casi sin duda habría evitado, o por lo menos reducido en gran medida, lo que tenía el propósito de ser una intervención limitada. El consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski era el desangrador, empeñado en la venganza por Vietnam, cualquier cosa que eso significara en esa visión confusa del mundo, y matar rusos, algo que entendía muy bien y disfrutaba.

“Brzezinski prevaleció. Convenció a Carter de enviar armas a la oposición que buscaba derrocar al gobierno pro ruso, anticipando que los rusos serían arrastrados a un lodazal semejante a Vietnam. Cuando eso ocurrió, apenas podía ocultar su regocijo.

“Cuando, tiempo después, se le preguntó si sentía remordimientos, la pregunta le pareció ridícula. Su éxito en atraer a Rusia a la trampa afgana, afirmó, fue la causa del colapso del imperio soviético y del fin de la guerra fría, lo cual, en gran medida, es un absurdo. Y a quién le importa si dañó a ‘algunos musulmanes agitados’, como el millón de cadáveres, haciendo a un lado incidentes como la devastación de Afganistán y el surgimiento del islam radical.

“Hoy se maneja públicamente la analogía afgana y, lo que es más importante, se lleva a la práctica en la política.

“La distinción entre desangradores y negociadores no es nada nueva en los círculos de la política exterior. Un ejemplo famoso de los primeros días de la guerra fría es el conflicto entre George Kennan (negociador) y Paul Nitze (desangrador), ganado por este último, lo cual sentó las bases para muchos años de brutalidad y casi destrucción. Cordovez y Harrison respaldaron explícitamente el enfoque de Kennan, con abundante evidencia.

Un ejemplo cercano a Vance-Brze­zinski es el conflicto entre el secretario de Estado William Rogers (negociador) y el consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger (desangrador) sobre la política hacia Medio Oriente en los años de Richard Nixon. Rogers propuso soluciones diplomáticas razonables al conflicto entre Israel y los árabes. Kissinger, cuya ignorancia sobre la región era monumental, insistió en la confrontación, y ello llevó a la guerra de 1973, que Israel ganó por escaso margen con una seria amenaza de guerra nuclear.

“Estos conflictos son permanentes, casi. Hoy sólo quedan desangradores en los puestos altos. Han llegado al extremo de promulgar una Ley de Préstamos y Arrendamientos para Ucrania, aprobada casi por unanimidad. La terminología evoca la memoria del enorme programa de préstamos y arrendamientos que metió a Estados Unidos en la guerra europea (como se pretendía) y vinculó los conflictos en Europa y Asia en una Guerra Mundial (lo que no se pretendía). ‘El programa de Préstamos y Arrendamientos unió las luchas separadas en Europa y Asia para crear, hacia finales de 1941, lo que con propiedad llamamos la Segunda Guerra Mundial’, escribe el historiador Adam Tooze. ¿Es esto lo que queremos en las actuales circunstancias, muy diferentes?

“Si lo es, como parece, por lo menos reflexionemos en lo que implica. Es lo bastante importante para repetirlo.

“Implica que rechazamos de entrada las iniciativas diplomáticas que en realidad pusieron fin a la invasión rusa de Afganistán, pese a los esfuerzos estadunidenses por impedirlo. Por tanto, nos embarcamos en un experimento para ver si la integración de Ucrania en la OTAN, la derrota total de Rusia en Ucrania y otros movimientos posteriores para ‘debilitar a Rusia’ serán observados de manera pasiva por los líderes rusos, o si recurrirán a medios de violencia que sin duda poseen para devastar a Ucrania y poner el escenario para una posible guerra general. Entre tanto, al extender el conflicto en vez de tratar de ponerle fin, imponemos severos costos a los ucranios, empujamos a millones de personas a morir de hambre, lanzamos al planeta ardiente aún con más rapidez hacia la sexta extinción en masa, y –si tenemos suerte– escapamos a la guerra terminal.

“No hay problema, nos dicen el gobierno y la clase política. El experimento no conlleva riesgo porque sin duda los líderes rusos aceptarán todo esto con ecuanimidad, y pasarán sin chistar al cenicero de la historia. En cuanto al ‘daño colateral’, pueden unirse a las filas de los ‘musulmanes agitados’ de Brzezinski. Para tomar prestada la frase que Madeleine Albright hizo famosa: ‘Es una elección difícil, pero el precio… pensamos que el precio vale la pena’.

"Por lo menos, tengamos la honestidad de reconocer lo que hacemos, con ojos abiertos."

CJP: Las emisiones globales se elevaron a un nivel sin precedente en 2021, de modo que el mundo regresó a un enfoque de "normalidad" una vez que lo peor de la pandemia de covid-19 se aquietó… por ahora. ¿Qué tan arraigada está la conducta humana? ¿Somos capaces de tener deberes morales hacia la gente del futuro?

NCh: “Es una pregunta profunda, la más importante que podemos contemplar. La respuesta es desconocida. Podría ser útil reflexionar en ella en un contexto más amplio.

“Consideremos la famosa paradoja de Enrico Fermi: en palabras simples, ¿dónde están? Fermi, distinguido astrofísico, sabía que había un enorme número de planetas a distancia de un contacto potencial que reúnen las condiciones para sostener la vida y una inteligencia superior. Pero ni con la búsqueda más asidua podemos encontrar rastros de su existencia. Entonces, ¿dónde están?

“Una respuesta que se ha propuesto con seriedad, y que no puede desecharse, es que la inteligencia superior se ha desarrollado en innumerables ocasiones, pero ha resultado ser letal: descubrió los medios para la autoaniquilación, pero no desarrolló la capacidad moral para evitarla.

“Tal vez ése es incluso un rasgo inherente a lo que llamamos ‘inteligencia superior’.

“Ahora estamos comprometidos en un experimento para determinar si este sombrío principio se sostiene con respecto a los humanos modernos, llegados a la Tierra en fecha bastante reciente, hace unos 200 mil o 300 mil años, un parpadeo en el tiempo evolutivo. No queda mucho tiempo para encontrar la respuesta o, con más precisión, para decidir la respuesta, como lo haremos, de una forma u otra. Eso es inevitable. O actuaremos para mostrar que nuestra capacidad moral llega al punto de controlar nuestra capacidad técnica de destruir, o no.

“Un observador extraterrestre, si lo hubiera, habría concluido por desgracia que la franja es demasiado inmensa para evitar el suicidio de la especie, y con él, la sexta extinción en masa. Pero podría estar equivocado. Esa decisión está en nuestras manos.

“Existe una forma aproximada de medir la franja entre la capacidad de destruir y la capacidad de contener el deseo de morir: el Reloj del Día del Juicio del Boletín de Científicos Atómicos. La distancia de las manecillas a la medianoche se puede considerar una indicación de esa franja. En 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron estallar armas termodinámicas, el minutero se fijó en dos minutos para la medianoche, que es donde el reloj está ahora. No volvió a llegar a ese punto hasta el periodo de Donald Trump en la presidencia. En su último año, los analistas abandonaron los minutos y pasaron a los segundos: 100 segundos para la medianoche, donde el reloj está ahora. El próximo enero volverán a fijar la hora. No es difícil argumentar que el segundero se adelantará más hacia la medianoche.

“La sombría pregunta surgió con brillante claridad el 6 de agosto de 1945. Ese día aportó dos lecciones: 1) la inteligencia humana, en su gloria, se acercaba a la capacidad de destruirlo todo, logro que se alcanzó en 1953; y 2) la capacidad moral humana iba muy rezagada. A pocos les importaba eso, como las personas de mi edad recordarán muy bien. Al observar el pavoroso experimento en el que con tanto entusiasmo estamos metidos ahora, y lo que implica, es difícil ver alguna mejoría, por decirlo en términos escuetos.

“Eso no responde la pregunta. Conocemos muy poco para responderla. Sólo podemos observar de cerca el único caso de "inteligencia superior" que conocemos, e inquirir lo que sugiere con respecto a la respuesta.

Lo que es más importante: podemos actuar para decidir la respuesta. Está en nuestro poder lograr la respuesta que queremos, pero no hay tiempo que perder.

*Publicado originalmente en Truthout.

Traducción: Jorge Anaya

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Corte Constitucional declara que hay violación masiva del Acuerdo Final de Paz

La figura de Estado de Cosas Inconstitucional la utiliza el alto tribunal cuando hay una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas

27 de Enero de 2022

En la tarde de este jueves 27 de enero la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió un fallo en el que declara un Estado de Cosas Inconstitucional por las fallas en la implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc que se sometieron al acuerdo de paz.

La figura del Estado de Cosas Inconstitucional se usa en casos de vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas.

La decisión se tomó tras el estudio de cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que denunciaron amenazas graves contra su vida e integridad personal. Una situación que corroboró el alto tribunal y determinó que sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La Corte dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos considerando el alto número de firmantes del Acuerdo Final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados.

Dichas órdenes son las siguientes:

- Ordenar a la UNP que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la presente decisión revalúe el riesgo que enfrentan las y los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integran el partido comunes así como otras personas que se encuentren en situaciones similares de riesgo.

- Reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecernos de ser necesario nuevos esquemas para ello empezar con la contratación y la formación de los agentes escoltas para suplir las necesidades.

- Declarar el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento y la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de los excombatientes.

- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación crear un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia con el auxilio de la Defensoría del Pueblo. La Corte también creará una sala especial de seguimiento y cumplimiento hasta que se logre la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

- En el término de tres meses el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento.

- Ordenar al Gobierno nacional adopte las medidas que le permitan cumplir las garantías de seguridad previstas en el acuerdo de paz, de modo que se facilite la reinserción efectiva y pronta a la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares.

- Ordenar al Gobierno nacional disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo de paz que ejerzan liderazgo político o social tengan la protección requerida en el marco de las actividades que están llamadas a desarrollar.

- Priorizar a los municipios y regiones especialmente afectadas por la violencia de grupos armados y la ausencia del Estado (Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca) para descongestionar los análisis de riesgos represados en la UNP.

- Aplicar con rigor los principios de presunción del riesgo extraordinario y realizar un análisis detallado del contexto para evitar actuaciones dilatorias que aumenten innecesaria el riesgo de seguridad que enfrentan las personas desmovilizadas.

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https://www.kienyke.com/radar-k/proyecto-seguridad-ciudadana-debate-populismo-punitivo

“Entonces estoy centrando la atención en la seguridad urbana. Aquella inseguridad inmediata es la inseguridad urbana. Se llega así al delirio de la inseguridad urbana. Con esto, los políticos van a hacer propaganda, demagogia retributiva, demagogia vindicativa. No van a resolver nada. Pero nos van a vender la imagen de que están resolviendo todo, especialmente de que están brindando seguridad. Y ¿cómo hacen eso?, a través de leyes penales”*.

 

Ad portas del cierre de un anodino año legislativo 2021, se daba gran despliegue informativo al proyecto de seguridad ciudadana. En efecto, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado de la República del día 21 de diciembre de 2021, se aprobaba al texto definitivo del proyecto de ley número 266 de 2021 Senado –393 de 2021 Cámara “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto que, como en algunas de las colchas de retazos que suelen tramitarse en el Congreso de la República, incluye reformas trascendentales tanto para el Código Penal, como para el Código de Procedimiento Penal, una importante sección sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones; y, aunque parezca risible (toda vez que era precisamente el objeto de reforma) un título más dedicado a normas que modifican y adicionan la ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–, y que constituye una primera crítica fundamental al proyecto en si mismo y que seguro será objeto de futuras demandas ante la Corte Constitucional, en caso que llegue a la vida jurídica, y es: La falta de unidad de materia, pues a las ya trascendentales reformas en materia de derecho penal sustantivo y derecho penal procesal, también le suma exóticas variaciones en materia de ley de convivencia (Ley 418 de 1997), Ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), Ley sobre agentes de tránsito y transporte (Ley 1310 de 2009), Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), Ley sobre comisarías de familia (Ley 2126 de 2021), Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), todo un popurrí legislativo, si así podría llamarse.

Un popurri tejido con clara intensionalidad y que reafiarma lo anotado por Zaffaroni: sí algo genera marketing político son las leyes penales y la excusa perfecta, como en el caso en cita, es la defensa de la seguridad ciudadana, es decir, devolver a los ciudadanos la sensación perfecta que “algo estamos haciendo”, con mensajes exotéricos como: “nunca más”, “caerá todo el peso de la ley” , “los buenos somos más”.

Resulta en todo caso paradójico que este proyecto tramitado, incluso con mensaje de urgencia y aprobado en las postrimerías del año 2021, a la fecha no se encuentre sancionado por el Ejecutivo y sea ley de la república. Aprobado y metido al congelador por un error de cálculo político, ya que su firma por el Presidente podría despertar la inconformidad popular y llenar las calles de protestas, algo que claramente perjudicaria el ejercicio electoral del partido de gobierno, como de sus aliados, en un año electoral por excelencia, como corresponde al 2022.

Pese a tal realidad, y bajo la sospecha que salga o no a la luz como Ley, nos concentraremos en decantar algunos de los puntos más críticos que el mismo incorpora.


La propiedad privada por sobre la vida

Con relación al Código Penal en la parte general, amplía de manera altamente discutible el concepto de legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad penal, bajo el criterio de legítima defensa privilegiada, al presumir también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno, redacción que no parece confusa pero que si es más que amplia para justificar la defensa de los bienes a toda costa, inclusive a costa de la vida del otro: ¡Sálvese quien pueda! Una especie de ley de la selva en la que los grupos hegemónicos, o quienes detentan el poder, siempre tendrán más posibilidades con relación a la defensa de sus bienes de los ataques de los pobres hostiles de a pie, un desbalance absoluto que podría justificar la barbarie, más aún sí, como lo explicaremos más adelante uno de los títulos de la Ley permite que los civiles se armen libremente.

Cadena perpetua

En materia de aplicación de la pena y su máxima duración, en total contradicción con las discutibles funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado de las que habla el mismo Código Penal en su artículo cuarto, se establece una pena de hasta 60 años para determinados tipos penales, una pena a todas luces más compatible con una cadena perpetua y con una mera función simbólica intimidante desde la prevención general negativa, es decir, generar terror en los “malos” y calma “en los buenos” con un mensaje según el cual nunca recuperaran su libertad. Se trata, no hay duda, no de un retoque al Código Penal sino de una reforma de hondo calado que incluso ameritaría aprobación mediante una ley de carácter estatutaria en la medida que modifica el tiempo máximo de privación de la libertad que se permite a partir de la comisión de un delito y, por tanto, afecta el derecho fundamental de la libertad, no siendo algo cosmético que pueda aprobarse en una ley ordinaria bajo mensaje de urgencia.

Al que no quiere sopa…

La reforma en cuestión, además, si bien modifica la pena de muchos de los delitos de la parte especial del código referido, en general, para aumentarla, agravarla o incluye variantes nuevas. En este particular llama la atención la inclusión de los miembros de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, que se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, para que en casos como el homicidio quede agravado y con una pena intensificada entre quinientos a setecientos meses de prisión, es decir, ‘vamos a sobreproteger a quienes le ponen el pecho a la protesta, y que nos protegen’. Y, en este mismo sentido, con relación a la protesta, nótese como se adiciona el artículo 353 B, para aumentar la pena de la mitad a las dos terceras partes con relación al delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, bajo la novedosa circunstancia de agravación: “1. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”, lo que los expertos al momento no han logrado decantar si incluso el uso de tapabocas en los tiempos actuales de pandemia colocaría al manifestante o no en términos de aplicación de la cuestionada agravante.

Criminalizar la protesta

En materia sustantiva penal y sin tener ocasión en esta breve artículo de ampliar para la crítica cada uno de los puntos objetos de reforma, si relevamos los aspectos en los que es ostensible que el proyecto de reforma, titulado bajo seguridad ciudadana, parece más bien una respuesta a los conflictos suscitados durante las jornadas de protesta popular que tuvieron en jaque al gobierno, y que ha encontrado como respuesta punitiva ampliar el margen de la defensa de los “buenos” contra los “malos” bajo el concepto de legítima defensa privilegiada, una protección superior a la fuerza pública para “aumentar su motivación” para actuar, y una persecución superior a las masas de protestantes para que la lucha a través de la resistencia popular no solo esté estigmatizada sino criminalizada: ¡abajo la capucha, abajo el tapabocas!, fin de la protesta.
“Ya no saldrán”

En materia procesal penal y tal como lo prometiera el Ministro del Interior en una polémica entrevista: “Ya no saldrán”. Se refería de manera un poco grotesca a la imposibilidad que las personas procesadas recuperaran su legítimo derecho a la libertad en fase de investigación, esto porque según él, en la ley de seguridad ciudadana se recogería ese clamor de los “buenos” según el cual “los delincuentes” no pueden estar entrando y saliendo de la cárcel cada que cometen un delito, ya que los jueces “tan magnánimos” ellos, siempre les ofrecen condiciones de libertad pese a contar con múltiples ingresos a prisión, condenas previas o gozar de beneficios de libertad vigilada mediante soporte tecnológico (brazalete electrónico) o detención preventiva domiciliaria. Pues bajo estas consideraciones totalmente maximalistas de intervención punitiva, la nueva Ley en cuestión cristaliza el sueño del político de turno y establece lo que será otro gran nubarrón de la misma, que cuestionamos a continuación.

En efecto, el artículo 21 modifica el numeral 5 y adiciona el numeral 8 al artículo 310 de la Ley 906 de 2004, para hacer la interpretación más extensiva posible del concepto de peligro para la comunidad y de esta manera impedir el disfrute de la libertad provisional en fase de investigación y, por el contrario, forzar la imposición de la medida de aseguramiento de carácter intramural, incluyendo factores perversos como la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional, entre otros. Pero la cereza del postre está en establecer si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico.

De modo que, la super objetivación de los factores con relación a si el procesado pone o no en peligro a la comunidad, dada la variedad de los mismos, pretende prácticamente hacer nula la aplicación del principio rector de libertad a que hace referencia el mismo Código Procesal Penal en su artículo dos, y de esta manera lograr el cometido de quienes detentan el poder de turno y es limitar al máximo la posibilidad de que los jueces de control de garantías puedan conceder la libertad provisional a las personas imputadas (que no condenadas –ver pág. 2, “En las URI el hacinamiento alcanza el ¡3.220 por ciento!”) y que prácticamente todos los detenidos sean remitidos a las cárceles o las estaciones de policía como sucede actualmente, dado que las primeras no dan abasto, y que con esta reforma mucho menos será posible. De esta manera tenemos desnudo ante nosotros, sin pudor alguno, la manifestación máxima de un Estado opresor en materia penal, siempre bajo la premisa: No pierda usted cuidado con esta norma, no es para usted, usted es de los nuestros, es para los “malos”, los mismos que requieren la terapia de la seguridad ciudadana.


…como en botica

No siendo posible abordar todos los temas críticos de la Ley en consideración, el foco del análisis se centra en el análisis de uno de los puntos más polémicos, condensado en el título IV, referido a la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones, que en un país como el nuestro, con unos altos índices no solo de violencia sino de impunidad, contempla una autorización general para portar armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones, eso sí, haciendo una declaración lacónica, que los permisos se expedirán bajo la responsabilidad del titular y no comprometerán la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga.

De esta manera, no contentos con el estado de violencia generalizado que predomina en nuestro desorden social, cumplimos el sueño de quién sabe quién de armar a la población civil, para que no solo esta Ley termine de separar “los buenos de los malos”, sino que autoriza prácticamente que “los buenos” se puedan armar para repeler los ataques injustificados de los “malos”, cubiertos, como ya se explicó, por la legitima defensa privilegiada.


Con mucha razón algunos críticos de la Ley, incluso desde el desconocimiento de las incidencias del derecho penal, han expresado que parece una Ley hecha justamente como contrarespuesta a los efectos de la reciente y generalizada protesta nacional, para que quienes están en la orilla de los “buenos” tengan mayor margen de actuación, desde poderse armar hasta matar impunemente a través de la “legitima defensa privilegiada” y que desde la orilla de los “malos” sufran el rigor del peso de la Ley: menos beneficios, menos posibilidad de libertad, mayores penas y desde la fuerza pública reciban el incentivo de saber que su vida vale diez años más de pena privativa de la libertad de las de los demás, un desequilibro total y absurdo en una sociedad marcada por los privilegios y la inequidad rampante.

Es por todo lo anotado que nos preguntamos si el desgobierno que propone esta Ley ha caído en cuenta que un año electoral no es el adecuado para poner en marcha despropósitos como los que refleja el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y por ello, a tres semanas de su rimbombante aprobación en el Congreso de la República, permanece engavetada quién sabe por orden de quién y con cuál finalidad: Si asestar el golpe ante una eventual derrota o evitar la respuesta negativa que tendría una afrenta contra la protesta social como la que propone la Ley, en la que se pretende diferenciar claramente los “buenos” (los que pueden imponer) de los “malos” (los que tienen que resistir”).

 

* Eugenio Raúl Zaffaroni, “La lógica del carnicero” Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología. Guarujá, Brasil, 16 de septiembre de 2001.

 

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Publicado enEdición Nº287
https://www.kienyke.com/radar-k/proyecto-seguridad-ciudadana-debate-populismo-punitivo

“Entonces estoy centrando la atención en la seguridad urbana. Aquella inseguridad inmediata es la inseguridad urbana. Se llega así al delirio de la inseguridad urbana. Con esto, los políticos van a hacer propaganda, demagogia retributiva, demagogia vindicativa. No van a resolver nada. Pero nos van a vender la imagen de que están resolviendo todo, especialmente de que están brindando seguridad. Y ¿cómo hacen eso?, a través de leyes penales”*.

 

Ad portas del cierre de un anodino año legislativo 2021, se daba gran despliegue informativo al proyecto de seguridad ciudadana. En efecto, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado de la República del día 21 de diciembre de 2021, se aprobaba al texto definitivo del proyecto de ley número 266 de 2021 Senado –393 de 2021 Cámara “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto que, como en algunas de las colchas de retazos que suelen tramitarse en el Congreso de la República, incluye reformas trascendentales tanto para el Código Penal, como para el Código de Procedimiento Penal, una importante sección sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones; y, aunque parezca risible (toda vez que era precisamente el objeto de reforma) un título más dedicado a normas que modifican y adicionan la ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–, y que constituye una primera crítica fundamental al proyecto en si mismo y que seguro será objeto de futuras demandas ante la Corte Constitucional, en caso que llegue a la vida jurídica, y es: La falta de unidad de materia, pues a las ya trascendentales reformas en materia de derecho penal sustantivo y derecho penal procesal, también le suma exóticas variaciones en materia de ley de convivencia (Ley 418 de 1997), Ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), Ley sobre agentes de tránsito y transporte (Ley 1310 de 2009), Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), Ley sobre comisarías de familia (Ley 2126 de 2021), Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), todo un popurrí legislativo, si así podría llamarse.

Un popurri tejido con clara intensionalidad y que reafiarma lo anotado por Zaffaroni: sí algo genera marketing político son las leyes penales y la excusa perfecta, como en el caso en cita, es la defensa de la seguridad ciudadana, es decir, devolver a los ciudadanos la sensación perfecta que “algo estamos haciendo”, con mensajes exotéricos como: “nunca más”, “caerá todo el peso de la ley” , “los buenos somos más”.

Resulta en todo caso paradójico que este proyecto tramitado, incluso con mensaje de urgencia y aprobado en las postrimerías del año 2021, a la fecha no se encuentre sancionado por el Ejecutivo y sea ley de la república. Aprobado y metido al congelador por un error de cálculo político, ya que su firma por el Presidente podría despertar la inconformidad popular y llenar las calles de protestas, algo que claramente perjudicaria el ejercicio electoral del partido de gobierno, como de sus aliados, en un año electoral por excelencia, como corresponde al 2022.

Pese a tal realidad, y bajo la sospecha que salga o no a la luz como Ley, nos concentraremos en decantar algunos de los puntos más críticos que el mismo incorpora.


La propiedad privada por sobre la vida

Con relación al Código Penal en la parte general, amplía de manera altamente discutible el concepto de legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad penal, bajo el criterio de legítima defensa privilegiada, al presumir también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno, redacción que no parece confusa pero que si es más que amplia para justificar la defensa de los bienes a toda costa, inclusive a costa de la vida del otro: ¡Sálvese quien pueda! Una especie de ley de la selva en la que los grupos hegemónicos, o quienes detentan el poder, siempre tendrán más posibilidades con relación a la defensa de sus bienes de los ataques de los pobres hostiles de a pie, un desbalance absoluto que podría justificar la barbarie, más aún sí, como lo explicaremos más adelante uno de los títulos de la Ley permite que los civiles se armen libremente.

Cadena perpetua

En materia de aplicación de la pena y su máxima duración, en total contradicción con las discutibles funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado de las que habla el mismo Código Penal en su artículo cuarto, se establece una pena de hasta 60 años para determinados tipos penales, una pena a todas luces más compatible con una cadena perpetua y con una mera función simbólica intimidante desde la prevención general negativa, es decir, generar terror en los “malos” y calma “en los buenos” con un mensaje según el cual nunca recuperaran su libertad. Se trata, no hay duda, no de un retoque al Código Penal sino de una reforma de hondo calado que incluso ameritaría aprobación mediante una ley de carácter estatutaria en la medida que modifica el tiempo máximo de privación de la libertad que se permite a partir de la comisión de un delito y, por tanto, afecta el derecho fundamental de la libertad, no siendo algo cosmético que pueda aprobarse en una ley ordinaria bajo mensaje de urgencia.

Al que no quiere sopa…

La reforma en cuestión, además, si bien modifica la pena de muchos de los delitos de la parte especial del código referido, en general, para aumentarla, agravarla o incluye variantes nuevas. En este particular llama la atención la inclusión de los miembros de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, que se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, para que en casos como el homicidio quede agravado y con una pena intensificada entre quinientos a setecientos meses de prisión, es decir, ‘vamos a sobreproteger a quienes le ponen el pecho a la protesta, y que nos protegen’. Y, en este mismo sentido, con relación a la protesta, nótese como se adiciona el artículo 353 B, para aumentar la pena de la mitad a las dos terceras partes con relación al delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, bajo la novedosa circunstancia de agravación: “1. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”, lo que los expertos al momento no han logrado decantar si incluso el uso de tapabocas en los tiempos actuales de pandemia colocaría al manifestante o no en términos de aplicación de la cuestionada agravante.

Criminalizar la protesta

En materia sustantiva penal y sin tener ocasión en esta breve artículo de ampliar para la crítica cada uno de los puntos objetos de reforma, si relevamos los aspectos en los que es ostensible que el proyecto de reforma, titulado bajo seguridad ciudadana, parece más bien una respuesta a los conflictos suscitados durante las jornadas de protesta popular que tuvieron en jaque al gobierno, y que ha encontrado como respuesta punitiva ampliar el margen de la defensa de los “buenos” contra los “malos” bajo el concepto de legítima defensa privilegiada, una protección superior a la fuerza pública para “aumentar su motivación” para actuar, y una persecución superior a las masas de protestantes para que la lucha a través de la resistencia popular no solo esté estigmatizada sino criminalizada: ¡abajo la capucha, abajo el tapabocas!, fin de la protesta.
“Ya no saldrán”

En materia procesal penal y tal como lo prometiera el Ministro del Interior en una polémica entrevista: “Ya no saldrán”. Se refería de manera un poco grotesca a la imposibilidad que las personas procesadas recuperaran su legítimo derecho a la libertad en fase de investigación, esto porque según él, en la ley de seguridad ciudadana se recogería ese clamor de los “buenos” según el cual “los delincuentes” no pueden estar entrando y saliendo de la cárcel cada que cometen un delito, ya que los jueces “tan magnánimos” ellos, siempre les ofrecen condiciones de libertad pese a contar con múltiples ingresos a prisión, condenas previas o gozar de beneficios de libertad vigilada mediante soporte tecnológico (brazalete electrónico) o detención preventiva domiciliaria. Pues bajo estas consideraciones totalmente maximalistas de intervención punitiva, la nueva Ley en cuestión cristaliza el sueño del político de turno y establece lo que será otro gran nubarrón de la misma, que cuestionamos a continuación.

En efecto, el artículo 21 modifica el numeral 5 y adiciona el numeral 8 al artículo 310 de la Ley 906 de 2004, para hacer la interpretación más extensiva posible del concepto de peligro para la comunidad y de esta manera impedir el disfrute de la libertad provisional en fase de investigación y, por el contrario, forzar la imposición de la medida de aseguramiento de carácter intramural, incluyendo factores perversos como la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional, entre otros. Pero la cereza del postre está en establecer si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico.

De modo que, la super objetivación de los factores con relación a si el procesado pone o no en peligro a la comunidad, dada la variedad de los mismos, pretende prácticamente hacer nula la aplicación del principio rector de libertad a que hace referencia el mismo Código Procesal Penal en su artículo dos, y de esta manera lograr el cometido de quienes detentan el poder de turno y es limitar al máximo la posibilidad de que los jueces de control de garantías puedan conceder la libertad provisional a las personas imputadas (que no condenadas –ver pág. 2, “En las URI el hacinamiento alcanza el ¡3.220 por ciento!”) y que prácticamente todos los detenidos sean remitidos a las cárceles o las estaciones de policía como sucede actualmente, dado que las primeras no dan abasto, y que con esta reforma mucho menos será posible. De esta manera tenemos desnudo ante nosotros, sin pudor alguno, la manifestación máxima de un Estado opresor en materia penal, siempre bajo la premisa: No pierda usted cuidado con esta norma, no es para usted, usted es de los nuestros, es para los “malos”, los mismos que requieren la terapia de la seguridad ciudadana.


…como en botica

No siendo posible abordar todos los temas críticos de la Ley en consideración, el foco del análisis se centra en el análisis de uno de los puntos más polémicos, condensado en el título IV, referido a la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones, que en un país como el nuestro, con unos altos índices no solo de violencia sino de impunidad, contempla una autorización general para portar armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones, eso sí, haciendo una declaración lacónica, que los permisos se expedirán bajo la responsabilidad del titular y no comprometerán la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga.

De esta manera, no contentos con el estado de violencia generalizado que predomina en nuestro desorden social, cumplimos el sueño de quién sabe quién de armar a la población civil, para que no solo esta Ley termine de separar “los buenos de los malos”, sino que autoriza prácticamente que “los buenos” se puedan armar para repeler los ataques injustificados de los “malos”, cubiertos, como ya se explicó, por la legitima defensa privilegiada.


Con mucha razón algunos críticos de la Ley, incluso desde el desconocimiento de las incidencias del derecho penal, han expresado que parece una Ley hecha justamente como contrarespuesta a los efectos de la reciente y generalizada protesta nacional, para que quienes están en la orilla de los “buenos” tengan mayor margen de actuación, desde poderse armar hasta matar impunemente a través de la “legitima defensa privilegiada” y que desde la orilla de los “malos” sufran el rigor del peso de la Ley: menos beneficios, menos posibilidad de libertad, mayores penas y desde la fuerza pública reciban el incentivo de saber que su vida vale diez años más de pena privativa de la libertad de las de los demás, un desequilibro total y absurdo en una sociedad marcada por los privilegios y la inequidad rampante.

Es por todo lo anotado que nos preguntamos si el desgobierno que propone esta Ley ha caído en cuenta que un año electoral no es el adecuado para poner en marcha despropósitos como los que refleja el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y por ello, a tres semanas de su rimbombante aprobación en el Congreso de la República, permanece engavetada quién sabe por orden de quién y con cuál finalidad: Si asestar el golpe ante una eventual derrota o evitar la respuesta negativa que tendría una afrenta contra la protesta social como la que propone la Ley, en la que se pretende diferenciar claramente los “buenos” (los que pueden imponer) de los “malos” (los que tienen que resistir”).

 

* Eugenio Raúl Zaffaroni, “La lógica del carnicero” Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología. Guarujá, Brasil, 16 de septiembre de 2001.

Publicado enColombia
Desmontando el discurso minero de la seguridad jurídica

Ecos de una histórica sentencia constitucional

 

Esta sentencia rompe con la concepción instrumentista de considerar a la naturaleza como un simple objeto material de apropiación y explotación reducida a un mero recurso natural para dar paso a la concepción de la valoración intrínseca de la naturaleza y por lo tanto el reconocimiento de sus propios derechos, independientemente de la utilidad que la naturaleza pueda tener para el ser humano que no es el único sujeto de derechos, ni el centro de la protección ambiental, sino que, reconociendo las especificidades y diferencias, se plantea la complementariedad entre los seres humanos y otras especies naturales en tanto integran sistemas interrelacionados de vida comunes, tal y como se refiere en la sentencia.”Carlos Castro Riera1

Se les movió el piso a los representantes de los intereses mineros. Mareados reaccionan con furia.2 Aunque lo siguen defendiendo de forma desesperada, su discurso empotrado en la seguridad jurídica se desmorona. Y no es para menos. La Corte Constitucional, con una resolución histórica3, ha determinado que la actividad minera afecta gravemente la seguridad jurídica. Se entiende la seguridad jurídica integral.

La Corte eligió el caso de Los Cedros, un bosque protector reconocido jurídicamente como tal desde 1994, por ser un caso que se destaca por su relevancia, gravedad y novedad para sentar jurisprudencia, así como por la inexistencia de un precedente judicial. Y vaya que lo logró. Hay más de 500 bosques protectores, en donde luego de su reconocimiento como tales, se han instaurado concesiones mineras, que caen en el ámbito de esta resolución. Cabe anotar que la Corte Constitucional rechazó el pedido de ampliación / aclaración presentado por los representantes del sector minero, a través de una decisión del 21 de diciembre del 2021; de esta manera se acepta que la sentencia de la Corte tiene efectos vinculantes, es decir se crea jurisprudencia para casos análogos. En realidad, los Derechos de la Naturaleza van más allá de esos bosques protectores, pues no engloban exclusivamente a áreas protegidas o especies amenazadas, sino al conjunto de la Madre Tierra.

En su sentencia la Corte reconoció que los derechos de ese ecosistema y de las comunidades están siendo vulnerados. Desde una perspectiva jurídica, como bien anota el jurisconsulto Carlos Castro Riera, esta sentencia “constituye un paradigma de interpretación y aplicación de la Constitución” y, en palabras del biólogo Juan Manuel Guayasamin, se trata de “un caso icónico”, para proteger la biodiversidad.4

En concreto, la minería atropella los Derechos de la Naturaleza. Conforme la Constitución (ver en especial los artículos 71 a 74), pues “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” Estableciendo una clara diferencia con dichas afectaciones, la Corte también anotó las violaciones al derecho a un ambiente sano que tienen los seres humanos, es decir, en este caso, las comunidades que habitan en la zona (artículos 14 y 15, en particular). Además, en su análisis indicó que “las autorizaciones administrativas emitidas por la autoridad no contaron con estudios ni evidencia científica necesaria para evitar y mitigar daños graves e irreversibles para las especies y ecosistemas, y, por tanto, a los derechos de la naturaleza, al agua y a un ambiente sano y equilibrado”.

Complementando lo anterior, la Corte constató la no aplicación del principio precautorio (artículo 73), sobre todo en relación con el derecho al agua. Concluyó que dadas las características hídricas del ecosistema del Bosque Protector Los Cedros y el uso del agua para las comunidades aledañas, no se debió permitir que se realice actividad minera alguna. En este punto la Corte fue muy clara al diferenciar el derecho humano al agua (artículo 12) y el derecho del agua a que se garantice su ciclo vital (artículo 318).5

Y esta resolución se completó con el reconocimiento de las violaciones a la consulta ambiental previa libre e informada (artículo 398), que es un derecho para toda la ciudadanía, no solo para los pueblos originarios (artículo 57,7). Esta cuestión es de suma importancia.

La contundencia de esta resolución de la Corte repercute ya en el mundo, no solo en Ecuador.6 Constituye un paso fundamental para el desarrollo y aplicación de los Derechos de la Naturaleza. Un esfuerzo que se expande cual círculos concéntricos por el mundo luego de la Asamblea Constituyente de Montecristi. De acuerdo con las Naciones Unidas, ya son 36 países los que han incorporado de alguna manera esta discusión a nivel oficial e institucional. Incluso hay varias propuestas para llegar a aceptar constitucionalmente a la Naturaleza como sujeto de derechos; iniciativas que surgen desde México, el Estado Libre de Baviera, en Alemania, o el Tirol del Sur en el norte de Italia, a más de las potentes discusiones constitucionales en Chile7.

Es innegable. El tránsito de objeto a sujeto de la Naturaleza está en marcha.

Entender este punto demanda un giro copernicano en el ámbito, jurídico, económico, social y político. Con un alcance global, a todas luces.

Las costuras del discurso minero

Es frecuente el reclamo por la falta de seguridad jurídica y de certezas en el convivir empresarial. Los empresarios recurren a ese discurso una y otra vez. Pero en el ámbito minero es casi la norma. En esta ocasión, reaccionando ante la mencionada resolución de la Corte Constitucional, la dirigencia de la Cámara de la Minería, contando con el masivo eco de los grandes medios de comunicación, protesta.

Su argumento se basa en que la sentencia prohíbe las actividades extractivas en lugares donde el mismo Estado otorgó concesiones; de allí derivan su mentada seguridad jurídica. Adicionalmente se aferran a una interpretación antojadiza señalando que la Corte estaría ampliando arbitrariamente las zonas donde no se puede realizar este tipo de actividades y que constarían taxativamente enumeradas en el art. 407 de la Constitución; lo cual no solo que es absolutamente falso, sino que demuestra una ignorancia supina (o una mala intención). Y cierran sus alegatos con una doble amenaza, por un lado, esta decisión constitucional expondría al Estado a serias contingencias internacionales derivadas de las demandas internacionales, al tiempo que la no presencia de las empresas mineras “legales” abriría la puerta a la plaga de la minería informal o ilegal. El miedo y el terrorismo, quien lo duda, van de la mano.

Tal reclamo, surgido con fuerza desde el empresariado minero merece un análisis detenido, recordando que la seguridad jurídica está reconocida en el artículo 82 de la Constitución de Montecristi. Ante todo, la seguridad jurídica no es un fin en sí mismo sino un medio hacia objetivos específicos. Sin negar su importancia en las actividades económicas, el gran objetivo de la seguridad jurídica es el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la participación democrática, por citar dos puntos clave. Es decir, la seguridad jurídica es un instrumento para cristalizar el mandato del artículo 1 de la Constitución de 2008: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia.

Así, la seguridad jurídica no es un privilegio de un grupo de personas naturales y/o jurídicas, sino también un derecho de la ciudadanía, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas, los gobiernos autónomos, el gobierno central, los emprendimientos privados, cooperativos, comunitarios, asociativos, y demás organizaciones sociales. Todos estos sujetos de derechos son parte del Estado. Es más, en tanto derecho, la seguridad jurídica incluye a la Naturaleza, que también es un sujeto de derechos según los artículos 10 y 71 de la Constitución, como lo dejamos sentado al inicio.

Además, para que exista el debido respeto a la seguridad jurídica de la Naturaleza, así como a los derechos individuales y colectivos, es preciso que se asegure siempre el derecho a la consulta previa libre e informada, que en el caso de los pueblos indígenas debe asegurar, además, su consentimiento vinculante como se deriva de las normas constitucionales relativas a los tratados y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos (artículos 84 y 417). En realidad, en una sociedad que busca construir un verdadero sistema de derecho, donde la participación democrática debe ser el camino para lograrlo, el consentimiento debe ser vinculante en todos los casos.

De facto, la respuesta de los representantes del sector minero, tratando de distorsionar el sentido de la sentencia de la Corte Constitucional, constituye una serie amenazas para la seguridad jurídica que tanto dicen defender. Situación, que, por lo demás se complica por la decisión del gobierno de Guillermo Lasso de retornar al sistema de arbitraje del CIADI, atropellando las Constitución, particularmente el artículo 422.8 A todas luces es evidente que este gobierno, como los anteriores, poco les importa la Constitución sobre todo cuando de favorecer a las empresas extractivistas se trata.

El orden público marca la seguridad jurídica

En concreto, el derecho a la seguridad jurídica de las empresas (al ser “personas jurídicas”, es decir, entes abstractos), jamás debería imponerse sacrificando los Derechos Humanos, individuales y colectivos, ni marginando los Derechos de la Naturaleza.

Por esa razón, aquí cabe como un punto fundamental: la importancia del orden público. Sostener proyectos en marcha e incluso concesiones entregadas irrespetando las normas constitucionales y legales por no afectar intereses particulares es una aberración, más aún si esas situaciones conllevan graves destrozos a las comunidades y a la Naturaleza. Aducir, por ejemplo, que el Estado ya entregó dichas concesiones y que habría que respetarlas, constituye una equivocación por decir lo menos, más aún si se sabe a ciencia cierta que las empresas, en este caso los representantes de las mineras y sus abogados, conocían perfectamente el marco constitucional y jurídico del Ecuador que debían respetar… incluso aún cuando los gobiernos no lo respeten y exijan.

Igualmente, la cuestión de la consulta previa merece ser considerada con mucha responsabilidad. La Corte destaca su incumplimiento en este caso; lo que se registra por igual en todos los otros proyectos mineros. Que conste, esta disposición no emerge desde la Constitución del año 2008. Esta consulta está prevista en la Constitución del año 1998, artículos 84,5 y 88. Es decir que ni siquiera cabe aducir que hay que respetar concesiones entregadas con anterioridad a Montecristi, si éstas de facto no respetaron previamente el derecho a la consulta cumpliendo los parámetros existentes y reconocidos internacionalmente para su realización.

Acogerse al principio de seguridad jurídica particular, no integral, que atiende solo el lado de las empresas mineras, por ejemplo, sería como justificar el mantenimiento de la esclavitud para no afectar a los esclavistas… Bastaría recordar que cuando se liberó a los esclavos no faltaron quienes reclamaron por las “pérdidas” sufridas por sus “propietarios”, a quienes se les restringía “su libertad” para comercializaros, utilizarlos, explotarlos… puesto que habría sido un derecho reconocido por los estados con anterioridad. Algo similar pasó cuando se cuestionó el empleo de niños en Inglaterra a inicios del siglo XIX: “La polémica fue enorme”, nos recuerda el destacado economista Ha-Joon Chang: “Para los detractores de la propuesta (esta) socavaba la libertad de contratación y destruía los cimientos del libre mercado”.9

A la postre, en estos casos, como era obvio, primó el orden público y el sentido común. Sin duda que, desde una perspectiva de seguridad jurídica integral, lo que cuenta en todo momento es el bien común y no los intereses particulares, incluyendo, por cierto, la vigencia plena de los Derechos de la Naturaleza. Esta cuestión ha sido comprendida y aceptada por la Corte Constitucional. Y su reciente resolución en el caso Los Cedros se deriva una jurisprudencia que está causando mucho escozor entre las empresas mineras.

La inseguridad jurídica, norma de la actividad minera

Desde que el pueblo -por primera vez luego de una Asamblea Constituyente- aprobó en las urnas la Constitución en 2008, la disputa de las normas constitucionales ha sido una constante. En realidad, eso ha sucedido siempre. Así, en contra de lo dispuesto en la misma carta constitucional, el manejo de las actividades mineras exacerbó la inseguridad jurídica. Inseguridad que, por cierto, ha sido constante en épocas anteriores, cuando para atraer inversiones extranjeras se atropellaban derechos, tal como sucede actualmente…

Aunque el discurso oficial distingue entre minería legal e ilegal, en los hechos toda la minería realmente existente tiene inocultables bases de ilegalidad y de inconstitucionalidad, porque todos los proyectos han incumplido normas legales referidas a la consulta previa, libre e informada; una irregularidad que no puede ser subsanada expost y menos aún un acto administrativo. Además, se ha irrespetado la prohibición de minería en fuentes de agua, entre las que hay que incluir a los páramos, entre otras violaciones que empezaron con el atropello al Mandato Minero del 18 de abril del 2008.

Dicho Mandato, el número 6, extinguió, sin compensación económica, las concesiones que incurrían en las siguientes causales10:

– Incumplimiento de la ley respecto a inversiones y pago de patentes.

– Ausencia de consulta ambiental y de consulta a pueblos y nacionalidades.

– Afectación a fuentes y nacimientos de agua.

– Afectación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bosques protectores y sus zonas de amortiguamiento.

– Acaparamiento de tierras (se prohibió que una misma persona, empresa y sus subsidiarias tuviesen más de tres concesiones).

– Las concesiones entregadas a ex-funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

– Además, se suspendió la entrega de nuevas concesiones -moratoria minera- hasta expedir un nuevo marco normativo para la actividad.

Como señaló en su Amicus Curiae el destacado constitucionalista Julio César Trujillo, el incumplimiento del mandato 6 fue una clara violación constitucional. En otras palabras, la base jurídica para la actividad minera nació de una violación constitucional y, por tanto, irrespetando las bases mismas de la seguridad jurídica. Insistamos: casi todos los proyectos mineros incumplieron el mandato minero de abril de 2008. Hasta la Contraloría General del Estado anotó ese incumplimiento mencionando incluso el irrespeto de derechos de pueblos indígenas reconocidos por Naciones Unidas.

Para colmo, la ley de Minería -aprobada en enero de 2009- no solo que no asumió el mandato minero, sino que no dio paso a la consulta pre-legislativa, como ordena el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. La propia Corte Constitucional de Transición reconoció tal violación a raíz de una demanda de inconstitucionalidad, anotando que tomaría en cuenta esta disposición constitucional para una próxima ley.

Desde entonces, se ha consolidado un proceso minero que ha violado permanente y sistemáticamente la Constitución y la ley. Y como van las cosas se puede anticipar más violaciones constitucionales, puesto que ningún proyecto minero cumple con la disposición del artículo 408 que señala: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.” Una cuestión que, en aras de la tan mentada seguridad jurídica, debería estar contractualmente garantizada, incluyendo garantías plenas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones referidas a la reparación y restauración de Naturaleza.

Asimismo, con tanto favoritismo a las empresas mineras, se produce una distorsión en favor de empresas extranjeras que afecta el trato equilibrado y equitativo que debe darse a todo el aparato productivo nacional enmarcado en una economía social y solidaria (Artículo 283 de la Constitución).

La marcada inseguridad jurídica asociada a la minería se observa en el incumplimiento de varias sentencias de la Justicia, como del caso de Sinangoe, que demostró graves violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada, a los Derechos del Buen Vivir y a los Derechos de la Naturaleza. Además, son inocultables los permanentes atropellos a comunidades y Naturaleza en casi todos los proyectos mineros, ampliamente documentados, que agravan la inseguridad jurídica. La seguridad jurídica también es atropellada cuando no se respeta la voluntad del pueblo expresada en las urnas en el cantón Girón en marzo del 201911 y en el cantón Cuenca en febrero del 202112, cuando, a través de sendas consultas populares se prohibió la minería en esos cantones.

Inclusive si se argumenta a favor de dicha seguridad levantando el derecho a la propiedad, no se puede marginar que está -en cualquiera de sus formas- debe cumplir por igual una función ambiental y social, como dispone la Constitución en su artículo 321.

La mega-estafa económica de la minería

Este somero análisis se puede completar desnudando las supuestas ventajas económicas con las que se promueve la minería. Una lectura del festín minero del siglo XXI13 nos permite incluso señalar que la minería en términos económicos configura una gran estafa.

Por ejemplo, de la información oficial disponible para siete proyectos megamineros llamados “estratégicos” y de “segunda generación” (Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga Kimsacocha, Río Blanco, Cascabel, Cangrejos, El Domo/Curipamba), se estima que de un total de $US 132 432 millones en ingresos-exportaciones totales que se obtendrían entre 11 y más de 50 años, al Estado ecuatoriano le llegarían solo $US 27 486 millones (por impuestos, regalías y demás); es decir, tendría una participación del 20,8% (aquí incluso cabría analizar posibles inconstitucionalidades si no se llega a cubrir el 50% de los beneficios totales que le corresponden al Estado). De hecho, considerando un año de máxima actividad megaminera en donde los siete proyectos analizados se encuentren operando, el ingreso promedio anual que llegaría al Estado sumaría unos $US 876 millones, monto inferior a lo que se destinó en promedio en 2019 al pago mensual de salarios de los servidores públicos.

A esto se añadiría -entre otros pasivos ambientales- miles de millones de toneladas de lodos contaminados (relaves) y de desechos sólidos acumulados en escombreras generadoras de drenaje ácido de mina, cuya reparación y menos aún su restauración no se considera adecuadamente en los cálculos oficiales. Las cifras son contundentes. El volumen de exportación mencionado demanda movilizar material por más de 5 mil millones de toneladas. Teniendo en cuenta esta realidad el asunto se complica: solo si se calcula un costo de US$ 3 dólares por tonelada para el monitoreo, el ingreso estimado para el Estado se desinfla a la mitad; con un valor de $US 6, el beneficio del Estado practicamente desaparecería; y, si alcanzara $US 10, el Estado quedaría endeudado… y eso que no se considera los costos de la restauración como manda la Constitución, ni los costos de eventuales roturas de los diques de cola u otras afectaciones comunes en esta actividad extractivista (muy probables dados los contextos altamente riesgosos en los cuales se desarrollan los proyectos) y la consecuente limpieza de la contaminación asociada, a más de los graves impactos a las comunidades que están condenadas a vivir con esta amenaza.

A lo anterior se suma una débil capacidad de generar empleo. Según voceros de las empresas y el mismo Estado, los proyectos mineros generarían 32 mil plazas de trabajo directo. Dicha suma es menos del 0,4% del empleo en el Ecuador. De hecho, la megaminería no se destaca en generar empleo. Según la CEPAL a 2017 el sector solo representó el 1,8% de empleos en Chile y el 1,1% en Perú, dos grandes países megamineros de nuestra región.

Lo anterior no libera a la minería a pequeña escala y a la artesanal. Aquí la participación del Estado en los beneficios está aún mucho más lejana de cumplir con la disposición constitucional, artículo 408. Y en términos sociales y ambientales su impactos son sumamente graves, aunque -por su menor volumen- nada comparable a la mediana y gran minería.

En resumen, si no se detiene esta avalancha minera, al Ecuador le espera un nuevo saqueo protagonizado por los capitales transnacionales -en coordinación y complicidad con los gobiernos, los grandes medios de comunicación y otros portavoces de los grupos poder locales- pues el grueso de los ingresos totales de la minería terminará en las utilidades de un puñado de empresas, especialmente las grandes mineras, maestras en el ocultamiento de sus beneficios en sus “costos de operación” (que artificialmente se inflarán para reducir las cargas tributarias en el país). Tal resultado no es nada extraño si consideramos todo el andamiaje institucional favorable a las mineras transnacionales que dan la cara en países como Ecuador operando desde paraísos fiscales. El saldo, como bien conocemos de “la maldición de la abundancia”14 se cristaliza en el abuso y la corrupción, las violencias, así como muchas y graves afectaciones a la institucionalidad democrática.

Una falsa disyuntiva, minería legal o minería ilegal

Por último, el tema no es minería ilegal versus legal. La cuestión de la minería debe abordarse más allá de esa falsa dicotomía. Incluso muchas veces la minería formal puede lucrar de la informal. Además, la presencia de mineras “legales” tampoco es suficiente para desaparecer la minería ilegal, basta ver hacia Perú en donde, pese a existir desde hace ya muchos años una amplia actividad minera legal, la minería ilegal tiene exportaciones igualmente ilegales de oro por 2.600 millones de dólares anuales (la minería ilegal de este mineral representa el 28% del oro extraído en ese país), mientras que en otros países, también con actividades mineras legales, se repite una situación similar: Colombia con 2 mil millones de dólares de ventas externas ilegales, Brasil con 400 millones de dólares, de conformidad con el informe El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de Oro en América Latina (2016); vale considerar que esta información es conocida y manejada ya desde hace tiempo por el antiguo Ministerio del Interior y por el Ministerio de Gobierno de Ecuador.

Esta constatación demuestra, por un lado, las interrelaciones entre las actividades legales e ilegales, pues muchas veces las empresas legales compran el mineral a las ilegales. Por otro lado, a más de la complicidad con el Estado, son inocultables las dificultades que tiene éste para hacer respetar sus normas. En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, difundido en el segundo semestre del año 2020, en las páginas 109 a 111, se enlistan los lugares donde existe minería ilegal, ubicándolos de forma precisa. La pregunta que surge es porqué el Estado no interviene ante esta violación de las leyes. Y es aún mucho más angustiosa esta cuestión viendo la complicidad – incapacidad del Estado para frenar la minería ilegal y “legal” que está comiendo las bases de la ciudad de Zatuma en la provincia de El Oro.

Entonces, ¿qué hacer? El asunto no se resuelve solo cerrando la puerta a la mediana y megaminería. Hay que impedir que la minería informal e incluso la pequeña minería sean fuente de destrucción ambiental y de graves afectaciones sociales.

Los Derechos de la Naturaleza, puerta para un giro copernicano

Los derechos ecológicos, derivados de los Derechos de la Naturaleza, que no son lo mismos que los derechos ambientales, derivados de los Derechos Humanos, buscan proteger ciclos vitales y procesos evolutivos, no sólo las especies amenazadas o las áreas naturales. Se fijan en ecosistemas y colectividades, no solo en individuos. La justicia ecológica aspira a la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como conjuntos, como redes de vida; una justicia que demanda, a su vez, posiciones éticas que erradiquen cualquier forma de tortura de los animales, más aún si trata de actividades de “distracción” de los humanos.

Más allá de indemnizar a los humanos por el daño ambiental, la vigencia de la justicia ecológica busca restaurar los ecosistemas afectados; implica también hacer realidad en todo momento el principio precautorio. Eso implica caminar hacia un pluralismo jurídico liberador, entendiendo siempre que el derecho es un terreno en permanente disputa. Y que cada ampliación de derechos, considerada un absurdo en un momento dado, demanda siempre de la acción política inspirada en el derecho a tener derechos.

De lo anterior se desprende que los Derechos de la Naturaleza, superando el ámbito jurídico, nos ponen en marcha incluso a la necesidad de entender en términos amplios el concepto de ciudadanía, integrado nuestra obligación -en tanto individuos y comunidades- para asumir el papel de representantes y garantes de la Madre Tierra.

De allí, además, nos veremos forzados a caminar hacia otra economía.15 No se trata de buscar un equilibrio entre economía, sociedad y ecología. El ser humano y sus necesidades deben primar siempre sobre la economía -más aún sobre el capital-, pero jamás oponiéndose a la armonía con la Naturaleza, base fundamental para cualquier existencia.

Cuestión que, a no dudarlo, que demanda acciones concretas en los territorios, como son las resistencias, garantizadas en el artículo 98 de la Constitución. Por igual urgen todas las respuestas jurídicas que sean necearias, como son las mencionadas consultas populares con las que en diversos lugares del país se defienden los territorios.

La tarea ahora es potenciar esta histórica sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso del bosque protector Los Cedros.-

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Compañero de luchas de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros. Pero sobre todo abuelo. Nota: agradezco los comentarios y aportes de Fred Larreategui.

Notas:

1 Consultar en Carlos Castro Riera, “La sentencia del bosque Los Cedros”, Diario el Mercurio, Cuenca, 22 de diciembre del 2021. Disponible en https://elmercurio.com.ec/2021/12/22/sentencia-bosque-los-cedros/

2 De una larga lista de notas periodísticas dejamos como muestra la siguiente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/camara-denuncia-inseguridad-juridica-por-parte-de-la-corte-consitucional-en-caso-los-cedros-en-imbabura-nota/

3 La sentencia de la Corte está disponible en https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1262-caso-nro-1149-19-jp-21-revisi%C3%B3n-de-sentencia-de-acci%C3%B3n-de-protecci%C3%B3n-bosque-protector-los-cedros.html

4 Ver el artículo de Juan Manuel Guayasamin, “Biodiversity conservation: local and global consequences of the application of “rights of nature” by Ecuador”. Disponible en https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23766808.2021.2006550

5 El agua está sacudiendo el planeta sobre todo luego de que el líquido vital entró a la bolsa de valores de Wall Street y que, en la actualidad, es uno de los puntos cruciales de la Convención Constitucional chilena empeñada en desmercatilizar el agua. Consultar el texto de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro; “Wall Street líquido y sociedades sedientas. Aberraciones del capital”, diciembre 2020. Disponible en https://www.sinpermiso.info/textos/wall-street-liquido-y-sociedades-sedientas-aberraciones-del-capital

6 Basta mencionar el pronunciamiento de la etóloga y conservacionista Jane Goodall en apoyo del bosque protegido de Los Cedros, en Ecuador, a raíz de la histórica sentencia dictada por el máximo tribunal ecuatoriano que revoca los permisos de explotación minera y defiende los Derechos Constitucionales de la Naturaleza. Disponible en https://www.facebook.com/watch/?v=485669532884515&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

7 Consultar al respecto el texto de Eduardo Gudynas; “En Chile está la novedad más importante y esperanzadora en ambiente y desarrollo del 2021”, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales, diciembre 2021. Disponible en https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109132

8 Se puede leer la argumentación al respecto en el texto de Alberto Acosta; “¿Con complicidad de la Corte Constitucional? – Presidente Guillermo Lasso viola la Constitución”, julio 2021.Disponible en https://rebelion.org/presidente-guillermo-lasso-viola-la-constitucion/

9 Consultar en Ha-Joon Chang (2012); 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, DEBATE, España.

10 Aunque no se incluyó a la minería de pequeña escala y artesanal, se conocían sus graves problemas, y se esperaba que sería considerada en el nuevo marco normativo.

11 Ver en Alberto Acosta; “La naturaleza reta a la democracia – Ecos de la consulta de Kimsacocha”, marzo del 2019. Disponible en https://rebelion.org/ecos-de-la-consulta-de-kimsacocha/

12 Consultar en Alberto Acosta; “El Agua, fuerza motriz de la Naturaleza – Su emancipación por la senda de las consultas populares”, marzo del 2021. Disponible en https://www.aporrea.org/tiburon/a301480.html

13 Consultar en Alberto Acosta, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera, Abya-Yala, Quito. Disponible en https://www.pachamama.org.ec/wp-content/uploads/2021/03/FESTIN-MINERO.pdf

14 Consultar el libro del autor de estas líneas Acosta, (2009); La maldición de la abundancia, CEP, Swissaid y Abya–Yala. Disponible en http://www.rebelion.org/docs/122604.pdf

15 Recomiendo leer el artículo de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2020); “Naturaleza, economía y subversión epistémica para la transición”, en el libro Voces latinoamericanas: mercantilización de la naturaleza y resistencia social, editado por Griselda Günther y Monika Meireles, Universidad Autónoma Metrolita, México. Disponible en https://ecuadortoday.media/2021″/03/16/opinion-naturaleza-economia-y-subversion-epistemica-para-la-transicion/

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El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano visitan el batallón blanco de un coche bomba en Cúcuta, el 15 de junio.NICOLAS GALEANO / HANDOUT (EFE)

La imagen de militares y policías se resquebraja entre la represión de las protestas, la crisis de seguridad y las controversias del ministro de Defensa de Iván Duque

 

En Colombia, la firma de la paz con la extinta guerrilla de las FARC hace ya cinco años provocó una profunda transición ante la cual los militares no han podido adaptarse con la velocidad requerida, y la Policía Nacional tampoco ha sabido responder en este 2021 al desafío que representaba la oleada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, un inédito estallido social. El país se encamina a cerrar el año con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2014, según datos del propio ministerio de Defensa. Y en medio de esa crisis que evidencian múltiples indicadores, una sucesión de escándalos ha resquebrajado la imagen de los uniformados.

Tanto militares como policías han estado rodeados por la controversia durante los tres años largos del Gobierno de Duque, en medio de un clima de deterioro de la seguridad que incluye el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC, el aumento de las masacres y repetidos episodios de brutalidad policial. También, en junio, un ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba el propio Duque en Cúcuta, una ciudad fronteriza que ha sido blanco de varios atentados, entre ellos un carro bomba contra una instalación militar. La larga lista de polémicas ha provocado diversos cuestionamientos con relación a la formación y la doctrina de las fuerzas de seguridad colombianas.

Aunque el Gobierno ha respondido a las múltiples denuncias con una defensa cerrada de la fuerza pública, y Duque incluso escenificó una famosa foto con el uniforme de la policía en el momento más crítico, la percepción ciudadana históricamente favorable se derrumba. Las Fuerzas Militares mantienen un 55% de imagen favorable frente a un 42% desfavorable, mientras a la policía le va peor, con un 35% de aprobación frente a un 62% de rechazo, de acuerdo con el tradicional estudio de la firma Invamer.

“Nos encontramos en un momento de reconfiguración del conflicto, pero la fuerza pública no ha cambiado suficientemente para combatir la nuevas amenazas, sobretodo en la ruralidad. Mientras los grupos armados han evolucionado, la fuerza pública no”, apunta Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group. Para esta experta es fundamental cambiar los indicadores de éxito en el ejército en favor de las comunidades y la presencia territorial. “Hoy en día éxito significa capturas, bajas y erradicación [de cultivos ilícitos], pero eso no nos dice nada sobre la situación de seguridad para los que viven en la zona”. En cuanto a la policía, añade, ve a los manifestantes como enemigos, y urge cambiar esa mentalidad. Muchas voces han pedido una reforma integral para dotarla de un carácter más civil, y sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa.

Una buena parte del desprestigio reciente se deriva de la represión de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza. El esperado informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre el llamado paro nacional, presentado hace dos semanas, responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes en el marco de las manifestaciones que se iniciaron el 28 de abril. Y el año se cierra con la polémica aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana que para algunos observadores agrava los riesgos de violencia policial y privada contra los manifestantes. “Esa ley sobreprotege a la Policía pues agrava los delitos en su contra, con lo cual desestima las denuncias por sus abusos, e incrementa desproporcionadamente las penas por excesos de los manifestantes”, advertía el constitucionalista Rodrigo Uprimny en el periódico El Espectador.

El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha ido convirtiendo en un funcionario incómodo por sus salidas en falso. Desde que asumió en febrero, su gestión ha estado rodeada de un rosario de controversias. Ni siquiera la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, que el Gobierno ha intentado enmarcar como el mayor golpe contra el narcotráfico en este siglo, le ha significado un respiro. La lista de tempestades que ha cosechado es extensa. El tercer ministro de Defensa de la Administración Duque reemplazó a Carlos Holmes Trujillo, quien murió en enero por complicaciones del coronavirus, y este a su vez había asumido tras la renuncia de Guillermo Botero ante la inminente aprobación de una moción de censura, luego de haber ocultado la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Los tres han pertenecido a sectores muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque.

El propio Molano se estrenó en marzo con un escándalo por la muerte de menores en otro bombardeo contra disidencias, cuando se refirió a esas víctimas de reclutamiento forzado como “máquinas de guerra”. Después, la política de seguridad para sofocar las protestas provocó que la oposición haya pedido con insistencia su cabeza. En un fallido intento de moción de censura, el senador Iván Cepeda recordó episodios como el ataque de civiles armados contra manifestantes indígenas ante la inacción de la policía en Cali, o la agresión de decenas de uniformados a defensores de derechos humanos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también señaló al Ministerio de Defensa de fingir un ciberataque para mejorar su imagen en pleno estallido social.

Molano fue el ministro peor valorado de todo el Gabinete por los más de 1.500 líderes de opinión consultados para un estudio anual de la firma Cifras y Conceptos, el tradicional Panel de Opinión divulgado en noviembre. Con 27 puntos sobre 100, fue también el ministro de Defensa peor calificado desde que se realiza la encuesta, hace 13 años, e incluso el funcionario en cualquier campo con la calificación más baja. “Lo que más deteriora la imagen de la policía es el abuso por parte de algunos de sus miembros”, señala el analista César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos. “El uribismo politiza la fuerza pública, y al hacerlo la convierte en un actor político a favor de un movimiento político. Eso es parte de lo que estamos pagando en este momento”, advierte.

A esos escándalos se añadió en noviembre otro con alcance diplomático, cuando varios uniformados exaltaron a la Alemania nazi, con esvásticas, uniformes e incluso uno de ellos disfrazado de Adolf Hitler, en un evento “pedagógico” de una escuela de policía en Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. El repudio fue unánime, con protestas de las embajadas de Alemania, Israel y Estados Unidos. Algunos observadores aprovecharon la ocasión para recordar que el entomólogo chileno Alexis López ha sido invitado a dar cátedra a militares colombianos a pesar de que en su país lo han señalado como un neonazi. Y que al comienzo de las protestas, el expresidente Uribe apeló al concepto que promueve justamente Alexis López, el de la “revolución molecular disipada”.

Bogotá - 30 DIC 2021 - 12:43 ECT

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin –que culpa a Washington de ser responsable de la tensión en Europa–, durante una reunión con militares, ayer en Moscú.Foto Ap

Un doble ominoso espectro redivivo planea en el Kremlin: la redición de la crisis de los misiles en Cuba de 1962 y el grave error del cándido Gorbachov por no rubricar las "garantías orales (sic)" para frenar el irredentismo bélico de EU/OTAN a cambio de la unificación alemana y su ingreso a la OTAN, así como el de Polonia y los tres países bálticos (https://bit.ly/3eaKGNE).

Tras los borradores de los tratados de EU y la OTAN con Rusia, que analiza Biden para su respuesta, el mundo ha entrado a una interfase sumamente delicada que definirá el nuevo orden mundial del siglo XXI, con su mayor aplicación en Europa, como teatro de batalla global de las dos máximas superpotencias nucleares del planeta (https://bit.ly/3Jk6pRE).

Hoy la pelota se encuentra del lado de Biden, de quien depende la suprema decisión del devenir de Europa, en general, y de Ucrania, en particular. La gravedad de la situación se ha gangrenado por los temerarios cuan intransigentes aliados de EU/Ucrania en los países bálticos y Polonia, los cuales no parecen, a su cuenta y riesgo, percibir las "líneas rojas" de Rusia que no está dispuesta a admitir la provocativa incrustación de Ucrania en la OTAN, que finalmente es un instrumento desechable de la política exterior de EU, cuando Biden sufre poderosos embates domésticos: desde el fracaso de su política migratoria, pasando por la erosiva hiperinflación, hasta la falta de cohesión en su Partido Demócrata frente al retorno del trumpismo y la nueva variante del Covid-19.

Putin culpó a EU de ser responsable de la tensión en Europa y señaló estar harto de la manipulación occidental del derecho internacional: “cuando el derecho internacional y la carta de la ONU les molesta, lo declaran todo obsoleto, innecesario. Y cuando algo conviene a sus intereses, se remiten inmediatamente a las normas del derecho internacional, la carta de la ONU, los derechos humanitarios internacionales, etcétera. Estamos cansados de estas manipulaciones (https://bit.ly/3EfVLHB)”.

Más que nada, Putin sentenció que Rusia está muy preocupada por el despliegue de elementos del sistema global de defensa antimisiles de EU cerca de sus fronteras, por lo que instó a Biden lograr "acuerdos jurídicos" respecto a las garantías de seguridad –que, a mi juicio, no supo exigir el cándido Gorbachov cuando Ronald Reagan, Daddy Bush y Bill Clinton no se agotaron de burlarse tanto el marido de Raisa Maksímovna Titorenko como del desentonado Boris Yeltsin.

El problema con EU, sea el presidente que fuere de cualquier sigla partidista, es que, cuando no respeta sus tratados, se retira de ellos a conveniencia, como han sido los casos flagrantes, en orden jerárquico, del Tratado Antibalístico Misilístico (ABM, por sus siglas en inglés) pisoteado por Baby Bush (https://bit.ly/3egiV69) –que, a mi juicio, provocó las tensiones presentes como efecto de largo plazo–, los protocolos ambientales de Kyoto despreciados por Clinton, y el acuerdo del contencioso nuclear con Irán renegado por Trump.

Putin afirmó "tener derecho a tomar medidas para garantizar la seguridad y la soberanía de Rusia", ya que el avance de la OTAN en Ucrania permitirá que el tiempo de vuelo de sus misiles sea entre siete y 10 minutos, frente a las armas hipersónicas de Rusia que tardarán cinco minutos. Putin rememoró que este año entraron en servicio operativo los misiles hipersónicos rusos Avangard y Kinzhal y advirtió en forma severa que "en caso de que Occidente continúe su política descaradamente agresiva, vamos a tomar en respuesta unas medidas técnico-militares adecuadas, y en caso de pasos inamistosos daremos una reacción severa.Quiero subrayar que tenemos el pleno derecho a hacerlo, a tomar medidas dirigidas a garantizar la seguridad y la soberanía de Rusia".

El canciller ruso, Sergei Lavrov, definió por enésima vez que la expansión de la OTAN a las fronteras de Rusia –específicamente a Ucrania y Georgia– constituye una "línea roja" que no recomienda cruzar (https://bit.ly/3qj77FU). Ojalá recapacite Biden (https://bit.ly/3H7tepN).

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Colonial Pipeline: el ciberataque que puso en riesgo el abastecimiento de combustible en EE. UU.

Biden acusó a hackers rusos, pero no apuntó al gobierno de Putin 

La empresa debió pagar cinco millones de dólares para poder normalizar el servicio, que de a poco empieza a normalizarse. 

 

El operador del oleducto víctima de un ciberataque el fin de semana pasado en Estados Unidos retomó este jueves la entrega de combustible en la mayoría de sus terminales. Se trata de la empresa Colonial Pipeline. La situación en las estaciones de servicio mejora de manera lenta.

"Colonial Pipeline hizo progresos sustanciales en la vuelta a operaciones de la red de oleoductos y podemos decir que la entrega de productos comenzó en la mayoría de los mercados que atendemos", indicó la compañía en un comunicado, después del incidente del pasado fin de semana, que dejó a la red sin abastecer a las estaciones de servicio.

La red de oleoductos de Colonial Pipeline es la más grande de Estados Unidos, con 8800 kilómetros. Sirve a toda la costa este estadounidense a partir de refinerías instaladas en el Golfo de México y por tanto transporta el 45 por ciento del combustible que se consume en el este de Estados Unidos. El hackeo dificultó la provisión de combustible en las estaciones de servicio. La situación derivó en conductores que hicieron largas filas para cargar combustible y hubo casos de desabastecimiento. 

Colonial Pipeline debió pagar cinco millones de dólares para poder normalizar el servicio. Al parecer, el rescate se pagó en criptomonedas para evitar que se pueda seguir la ruta del dinero. El pago se hizo de inmediato, reveló la agencia Bloomberg, dada la presión de la compañía para evitar el colapso en la provisión de combustible.

De acuerdo a Patrick De Hann, analista del sitio GasBuddy, la provisión podría normalizarse recién dentro de "varias semanas". Mientras, el precio subió por encima de los 3 dólares por galón (3,8 litros", en su primer repunte desde 2014. 

Por su parte, el presidente Joe Biden apuntó a Rusia por el ciberataque, si bien desligó al gobierno de Vladimir Putin. El mandatario dijo que hay "fuertes razones" para pensar en Rusia como país donde se originó el hackeo, y que han habido "comunicaciones directas" con Moscú para que tome cartas en el asunto. 

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Seguridad contrainsurgente y construcción del enemigo interno

El 21 de octubre se realizó un Conversatorio sobre el tema de Seguridad y Defensa en Colombia. Concepciones y desafíos, que convocó la Comisión de la Verdad. Con antelación se nos enviaron seis preguntas (en realidad eran más, porque algunas de ellas tenían otras preguntas incorporadas). Desde el momento en que recibí las preguntas consideré que eran demasiadas y no habría ocasión de afrontarlas con profundidad por el poco tiempo disponible y por el número de personas que íbamos a participar en el Conversatorio. Y en efecto eso fue lo que aconteció, porque además de los cinco foristas que participamos, intervinieron otras personas (aunque en forma breve y puntual), con lo que el tiempo y las posibilidades de argumentar se redujeron en forma significativa.

De todas formas, yo escribí las respuestas, pensando en la brevedad de tiempo y el público general que participaba en la convocatoria, por lo que empleo un lenguaje coloquial y directo.

No se alcanzaron a afrontar todos los temas que se proponían en las preguntas y solamente se abordaron unos pocos. Dado que pensé con cuidado lo que iba a responder, decidí escribirlo como texto orientador y eso es lo que hoy ofrezco a los lectores interesados.  

Enfatizo en la construcción del enemigo interno como lógica contrainsurgente de larga duración en Colombia, porque ese fue el asunto que se me pidió en forma expresa que resaltara en el Conversatorio mencionado.

¿Cómo se entiende la seguridad en Colombia y cuál es su relación con la democracia?

La pregunta que habría que hacer a esta pregunta es de ¿quiénes se está hablando, cuando se nombra la relación entre seguridad y democracia? Si estamos hablando desde la lógica del bloque de poder contrainsurgente (formado por el Estado, las clases dominantes, las altas jerarquías de la iglesia católica, los gremios económicos y los medios de desinformación) que se ha construido en este país en los últimos 70 años tenemos un tipo de respuesta, en la cual existe una relación estrecha entre una forma de entender la seguridad (considerada como seguridad nacional, confeccionada en Estados Unidos) para defender los intereses de ese bloque de poder contrainsurgente y para ellos la democracia se reduce, cuando mucho a unas elecciones periódicas, en las que se escoja al representante de ese bloque de poder que va a ejercer la presidencia de la República.

Si, por el contrario, nos situamos en la perspectiva de las grandes mayorías sociales para las cuales la democracia no debería reducirse a un ritual electoral, sino a una forma sustancial de entender la sociedad, en la que la desigualdad no sea lo dominante, haya justicia, empleo, respeto a las libertades individuales y colectivas y no se persiga y mate a la gente por pensar distinto y tener otro proyecto de mundo y de sociedad. En ese caso se tiene otra idea de seguridad, referida a la garantía de esos derechos, para que puedan ejercerse realmente y no queden en el papel. De qué sirve, por ejemplo, hablar de Estado social de derecho y de “tradición democrática” si somos uno de los países más desiguales del mundo, en donde se asesinaron a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 35 años, se exterminaron movimientos políticos y mataron a miles de sus militantes (UP, A luchar, Frente Popular, ahora el Partido de la Rosa), si somos el primer país del mundo en asesinato de ambientalistas, el segundo en asesinato de profesores, durante mucho tiempo el primer país del planeta en desplazamiento forzado de población. Un país donde el racismo, el clasismo, el sexismo son pan cotidiano, como se demuestra a diario, para no ir más lejos con el trato dado en estos momentos a la Minga indígena y popular. Y todavía se repite la mentira de que somos un país que una gran tradición democrática, cuando la democracia colombiana, como lo dijo el político liberal Darío Echandía “es como un orangután en Sacoleva”.

¿A partir de qué modelos se han diseñado históricamente las políticas de seguridad y defensa en Colombia?

Dos modelos, uno informal, y otro formal, que corresponden a dos épocas diferentes. Y aquí voy a presentar un punto de vista heterodoxo que puede escandalizar a los “expertos en seguridad”.

Un primer modelo, el impuesto durante la República Conservadora (1886-1930), tutelado por un poder extranjero: El Vaticano. Este modelo no tenía doctrina militar específica (que se llamara así de Seguridad), ni instructores militares, ni ejércitos en Italia, a donde se prepararan los policías y militares colombianos. Pero si irradiaba un dominio ideológico, cultural y simbólico de gran alcance que se transmitía a través de diversos sectores del Partido Conservador, y principalmente las jerarquías católicas, que tenían presencia nacional y controlaban en forma férrea la educación, los territorios nacionales con la “Reducción de salvajes”, manejaban prensa, y ejercían poder local en las parroquias y veredas. (en virtud del Concordato de 1887).

Los lineamientos venían directamente desde el Vaticano, a través de las encíclicas papales, en las que periódicamente se señalaban los enemigos de la iglesia católica, que se renovaban con relación a las grandes luchas sociales que se vivían en Europa. Las encíclicas las asimilan los obispos y las difunden con un mensaje de odio hacia el liberalismo (la revolución francesa) y lo que fuera considerado comunista o socialista y luego circulan por el país a través de los curas de parroquia, y llegan hasta los lugares más distantes y recónditos.

Esta concepción de seguridad reposa en la idea de fundar un orden teocrático, basado en la máxima Dios y Patria ‒que sigue siendo el lema de la Policía colombiana‒ que en lugar de formar ciudadanos moldea buenos cristianos, sumisos, obedientes, serviles, intolerantes, sectarios, autoritarios, machistas, antiliberales y anticomunistas. Esto hace que la iglesia católica como cancerbera de dicho orden teocrático imponga una noción clerical de seguridad dentro del país, que supone el control de lo que hace y piensa la gente. La iglesia católica controla desde el nacimiento hasta la muerte, tiene el monopolio del bautismo y de los cementerios y logró que durante cincuenta años no existiera otra forma de identificación que no fuera la Partida de Bautismo. Por eso, se va a oponer con saña a la expedición de la cedula de ciudadanía en 1936, y para rechazar ese documento (un reconocimiento elemental de derechos civiles) se alía con el partido conservador para que no se toquen sus privilegios de control de los cuerpos y las mentes. La Violencia de las décadas de 1940-1950 de alguna forma está relacionada con la negación de un derecho civil, que deja de ser un monopolio de la iglesia católica y los ciudadanos puedan tener un documento de identidad expedido por el Estado y no queden a merced de una corporación privada, como es la iglesia católica. Este saboteo al reconocimiento de un elemental derecho civil fue encabezado por Laureano Gómez, ese promotor de odio y de muerte, que se expresaba en la consigna falaz de que el “liberalismo tenía 1,800.000 cedulas falsas”.

De allí surge la doctrina de seguridad que el poder conservador y clerical tenía que enfrentar a sus numerosos y diabólicos enemigos, empezando por el Partido Liberal y poco después a todo lo que se involucraba con el vocablo gaseoso de comunismo.  Las implicaciones militares de esa concepción de seguridad se materializaron en las últimas guerras civiles del siglo XIX que asolaron al país, principalmente la más sangrienta y prolongada, la de los Mil Días (1899-1902), en donde se demostró lo que implicaban las enseñanzas clericales sobre la seguridad, que era la del partido conservador y la iglesia católica. Sus palabras de odio y muerte salieron de la boca santificada de Ezequiel Moreno, Obispo de Pasto, nacido en España, quien afirmó que “matar liberales no era pecado”.  Decía este mismo personaje en 1897: “No es posible la conciliación entre Jesucristo y el diablo, entre la Iglesia y sus enemigos, entre catolicismo y liberalismo. No; seamos firmes: nada de conciliación; nada de transacción vedada e imposible. O catolicismo, o liberalismo. No es posible la conciliación”[1].

Ahí está la esencia de esa doctrina de seguridad nacional, la que se corresponde con la defensa de los intereses del partido conservador y la iglesia católica. Quienes los criticaran y los cuestionaran eran enemigos de la nacionalidad católica, apostólica y romana y debían ser perseguidos, encarcelados o asesinados. Como las fuerzas militares y de policía eran conservadoras en su mayoría, a esas fuerzas también se trasladaba la lógica de que liberales y comunistas eran enemigos que había que combatir y exterminar como bacilos, enfermedades o plagas.

Señalemos un ejemplo. En un documento de 1932, que se encuentra en el AGN de 1932, el gobernador de Caldas transcribe las palabras del cura párroco de Mocatán, cuyos dichos llenos de “fraternidad cristiana” son de este tenor: “Es necesario negarles el agua y el pan a los liberales”; “es mejor ser asesino, es menor pecado clavarle un puñal a la madre que ser liberal”; “las mujeres de los liberales son iguales a las prostitutas. Es menos pecado ser adultera que ser mujer de un liberal”; “las leyes humanas castigan el robo, pero ante Dios no es pecado robar y si es pecado ser liberal”[2]. Esta lógica es trasladada a los comunistas y socialistas, con el mismo tipo de vocabulario, como lo han documentado diversas investigaciones. En esa dirección en 1949, Ernesto Reyes sacerdote de la Diócesis de Tunja aseguraba que el comunismo es “una lepra galopante y le declaraba la guerra a muerte”[3].

Y el segundo modelo, el de 1945 en adelante, tutelado por otro poder extranjero, los Estados Unidos, se instaura durante el período de la hegemonía conservadora y la dictadura militar (1946-1957) y traza los lineamientos básicos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta preserva de la fase anterior por lo menos cuatro aspectos: la contrainsurgencia, el anticomunismo, el miedo al pueblo y el miedo a la democracia. Estados Unidos se convierte en el formador de la mentalidad castrense (militar y policial) desde entonces hasta el día de hoy. Un momento clave de la instauración de esa doctrina se da en el período señalado, cuando las clases dominantes de este país se pliegan de manera incondicional a los Estados Unidos, incluyendo el plano militar. Las consecuencias de eso son bien conocidas y tienen que ver con los modelos de represión que se imponen en el país, entre los cuales están la persecución a todos los que son catalogados de comunistas y subversivos (trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesores, defensores de derechos humanos…). El trato militar y represivo a cualquier protesta, por justa y legitima que sea, la oposición a cualquier reforma real de la estructura económica y política del país, el aprendizaje de métodos de tortura que son enseñados en los manuales de guerra de Estados Unidos, que son traducidos y adaptados por las fuerzas armadas de Colombia, la creación de grupos paramilitares para combatir a lo que se denomina el “enemigo comunista”. Todo eso se da durante el Frente Nacional y se proyecta hasta el día de hoy, porque hay que decirlo en Colombia la guerra fría nunca ha terminado.

En resumen, en materia de la seguridad contrainsurgente y la construcción del enemigo interno, se “evolucionó” sustancialmente: mientras en la primera época de la seguridad vaticana matar liberales y comunistas no es pecado, en la segunda de estirpe estadounidense matar comunistas no es delito.

¿Qué sujetos han sido considerados como amenazas o enemigos de la seguridad nacional? ¿por qué?, ¿De qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?

Todos los sectores populares y quienes pudieran presentarse como sus voceros son concebidos como enemigos, siendo el típico miedo al pueblo y miedo a la democracia. Los primeros que entraron en la lista de enemigos fueron, por supuesto, los indígenas y la población negra, desde la misma conquista y eso se amplió y se reforzó durante todo el período republicano, y se proyecta hasta el presente (como lo podemos ver con la Minga). La Regeneración los considero menores de edad, salvajes, y dispuso su reducción por las misiones católicas, que se repartieron el país como un ponqué. En cuanto a la población negra, los esclavistas caucanos se negaron a la abolición de la esclavitud y organizaron una guerra civil en 1851 para oponerse a la misma. Entre esos traficantes de carne humana se encontraba la familia Arboleda que después seguiría explotando a los negros como agregados en las haciendas. Uno de eso prohombres era Sergio Arboleda, cuyo nombre hoy ostenta una universidad, en la misma que se graduaron Iván Duque y otros funcionarios del gobierno actual.

Luego, después de 1918 los trabajadores, sus movilizaciones, luchas, reivindicaciones. Con ellos se formularon desde el año mencionado afirmaciones de odio, provenientes de diversos sectores (empresarios nacionales y extranjeros, jerarquías católicas, prensa). Ese odio se expresó en diversas masacres, entre ellos vale recordar la del 16 de marzo de 1919 (a sastres y artesanos), la de 1928, las bananeras, la del 23 de febrero de 1963, el asesinato de nueve dirigentes sindicales durante el paro nacional estatal de 1998, entre ellos el de Jorge Ortega, vicepresidente de la CUT. En la visión contrainsurgente que domina en Colombia, ninguno de esas eran acciones legitimas, que tenían que ver con las reivindicaciones de los trabajadores, con mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, sino que eran planes bolcheviques, subversivos, de comunistas enemigos de la patria.

Desde la década de 1920, con las movilizaciones agrarias, se demoniza a los campesinos y pequeños propietarios y se coloca como estigma, que podía y puede conducir a la muerte, la lucha por la propiedad de la tierra para quienes la trabajan. Nunca se realizó una reforma agraria de verdad y las veces que se plantearon tímidos intentos, vino la reacción y revancha terrateniente, aupada por la iglesia, el partido conservador e importantes sectores del partido liberal, con miles de campesinos muertos y expulsados de sus tierras.

Los sectores urbanos pobres fueron considerados como enemigos a liquidar después del 9 de abril, aunque existieran manifestaciones anteriores. Pero fue ese día cuando se convirtieron en carne de cañón para las fuerzas represivas del régimen conservador, que dejo solo en las calles de Bogotá unos 5000 muertos. De ahí surge el epíteto despectivo de “chusma nueveabrileña”. Un escritor conservador de la época, Pedro Nel Giraldo, los catalogó como “negros, indios, mulatos y mestizos, rencorosos, vengativos, hombres de palo y cuchillos, defraudados, frustrados y ambiciosos”[4].

Los estudiantes fueron convertidos en enemigos desde 1954, con la masacre del 8 y 9 de junio.

Los profesores universitarios después del 9 de abril, cuando fueron perseguidos intelectuales colombianos y extranjeros en la Universidad Nacional y en La Escuela Normal Superior. Y los profesores de primaria y bachillerado desde la década de 1960, a raíz de importantes luchas y movilizaciones en todo el país.

Y, en general, desde finales de la década de 1950 se amplía la noción del “enemigo interno” hasta incluir a la mayor parte de la población civil, a los que empezó a denominarse “guerrilleros de civil”, “guerrilleros sin armas”, “cómplices de la subversión”, “terroristas sin armas”, “brazo desarmado de la subversión”, “población civil insurgente”, en los que se incluyen  a sindicatos, asociaciones agrarias, movimientos reivindicativos de toda índole. Eso se define en el libro del francés Roger Trinquier (uno de los “grandes torturadores galos”),  titulado La Guerra Moderna y la lucha contra las guerrillas, que el ejército colombiano traduce en 1963 y donde se dice: “En la guerra moderna es difícil de definir el […] límite entre amigos y enemigos [que] está en el seno mismo de la nación, en una misma ciudad, y algunas veces dentro de la misma familia […] Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe ser considerado traidor y tratado como tal”[5]

Esto conduce directamente a las campañas cívico-militares y a los crímenes de Estado, presentados con el eufemismo de “falsos positivos”, como resultado de lo cual han sido asesinados miles de colombianos desde la década de 1960, aunque esos asesinatos se hayan reforzado en el período 2002-2010, por una directriz del Ministerio de Defensa, en 2005, cuyo documento está a la vista de todos, en la que se pagaba con dinero y otras prebendas la muerte de los enemigos, en una clara muestra de imposición de la pena de muerte, cotizar la vida humana a un vil precio y medir el éxito militar en litros de sangre[6].

Enemigos son todos los jóvenes humildes y pobres, y a ellos se les persigue y mata y para justificar su muerte se afirma que no son mansas palomas que estaban recogiendo café, como lo dijo el principal responsable de esos crímenes de Estado, bautizados con el eufemismo benigno de Falsos Positivos.

La idea de incluir como enemigos a gran parte de la población civil, la planteó sin eufemismos el general Rafael Samudio Molina, Ministro de Defensa, en su informe al congreso del período 1987-1988: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativos, sindical y armado, con propósitos bien definidos […] los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado”[7].

En el Manual de instrucciones generales para operaciones guerrilleras del Ejército, de 1979, se clasificó a la población civil en tres categorías: la que apoya al ejército (listas blancas), la que apoya a los grupos subversivos (listas negras), y la que tiene una imposición indefinida respecto a los dos bandos en conflictos (listas grises). A partir de allí se planteaba este procedimiento: una acción primordial con boletos (amenazas de muerte) al personal de la lista gris y de la lista negra, para obligarlos a abandonar la región o el país, o abandonar sus posiciones políticas. Y se agrega en ese Manual que la guerra revolucionaria se expresa en “paros y huelgas” y en “la motivación y organización de grupos humanos por la lucha revolucionaria, estudiantado, obrerismo, empleados de servicios públicos, etc.”[8].

Otro elemento, directamente relacionado con los Estados Unidos, en la construcción de un enemigo interno, es el de la supuesta “guerra contra las drogas”, en la cual se califica como peligrosos terroristas a los miles de campesinos cocaleros, a los que el estado ha declarado como enemigos, y contra los cuales viene librando desde hace varias décadas una campaña de criminalización, persecución y exterminio, como se pone de presente con el uso de glifosato, que se quiere volver a usar de acuerdo a los mandatos de Donald Trump.

Entre quienes han contribuido a construir esta imagen del enemigo interno se pueden señalar: las jerarquías de la iglesia católica, los empresarios del campo y la ciudad (grandes propietarios, ganaderos, industriales, comerciantes y sus gremios económicos), la prensa (escrita, radial y televisiva), Estados Unidos, importantes políticos liberales y conservadores o sus derivados y, por supuesto, el Estado colombiano y sus diversos órganos (ejecutivo, legislativo y judicial). Por eso, cuando se habla de la doctrina de seguridad nacional hay que remitirse al bloque de poder contrainsurgente, en el que están involucrados los sectores mencionados, todos funcionales y entrelazados. Al respecto, solo un ejemplo. En 1976 el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal decía: “No es lícito para ningún católico o simple ciudadano de buena fe y voluntad votar por las listas de quienes por principio, objetivos, formas de lucha o alianzas, sostienen doctrinas o políticas marxistas de cualquier tendencia o grado que sea”[9].

Y en cuanto a la otra parte de la pregunta. ¿Por qué se construye un enemigo interno? La respuesta no es difícil de encontrar, y está en la configuración de una sociedad desigual, injusta y antidemocrática y para mantenerla se requiere generar la idea de que la propiedad y la riqueza se deben defender a sangre y fuego y quienes las cuestionen son enemigos que deben ser eliminados, porque son antipatriotas y representan intereses foráneos que conspiran contra la supuesta colombianidad que los dueños del país encarnarían.

Y, por último, ¿de qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?

Los impactos en el largo plazo son amplios. Se genera un ambiente de violencia generalizada, de persecución a quienes son señalados como enemigos, se entroniza la intolerancia, el odio como patrones de la vida cotidiana, que busca resolver los problemas mediante la fuerza física directa.

Se generaliza el fanatismo que se basa en la ignorancia y el odio, y lleva a que se considere la eliminación del que es diferente como normal, puesto que es mostrado como un virus que debe erradicarse.

Se justifica la formación de los grupos paramilitares, que hacen justicia por sus propios medios, a nombre de la defensa de los supuestos valores de patria y libertad que encarnarían ellos mismos y sus patrocinadores. Cuando se mata a un sindicalista, a un campesino, a un ambientalista… de labios para afuera muchos dicen en Colombia: “por algo será”, “algo habrá hecho”, “se lo merecía”, “quien lo manda…pensar, criticar, oponerse a los ricos” … Esta es la generalización de la impunidad, que se convierte en un nuevo sentido común, que justifica los supuestos valores de grandeza de los colombianos, que tenemos algo especial, un no sé qué, que nos diferencia de los otros países. Que el colombiano se distingue por su viveza, que si se da papaya hay que aprovecharla. Es una mezcla entre neoliberalismo y la lógica traqueta que se ha impuesto en la vida colombiana. Que se difunde además como un gran logro a través de los medios de comunicación, que ensalzan el enriquecimiento fácil, el todo vale, con tal de ser exitosos y triunfadores. Los exitosos pueden ser violentos y criminales pero el éxito y la riqueza ocultan y justifican ese ascenso, y eso es lo que representan Pablo Escobar y los uribeños.

No otra cosa se puede pedir, si desde las altas instancias del poder se exalta la violencia y el crimen, se premian a los que delinquen y se llama a la población a que repliquen esa conducta. Eso se comprueba en momentos críticos, tal como sucedió durante la masacre del 9 y 10 de septiembre, cuando el subpresidente se fue a un CAI (Centro de Asesinato Inmediato) y se disfrazó de policía, lo cual quería decir que legitimaba los lugares, las armas y, sobre todo, a la institución que perpetró una acción criminal contra colombianos humildes e indefensos, por el solo hecho de que se atrevieron a protestar con indignación por el asesinato de un colombiano, Javier Ordóñez, en el interior de un CAI.

¿Por qué desde la perspectiva de seguridad nacional se ha privilegiado la militarización de algunos territorios y procedimientos relacionados con la seguridad ciudadana?

Porque esa doctrina se basa en la lógica de la militarización de la vida interna de una sociedad y supone que cualquier problema que se presente no responde a causas que se origen en el malestar que genera la desigualdad y la injusticia sino a acciones del “comunismo internacional”. Y a ese enemigo hay que enfrentarlo con instrumentos militares y paramilitares, como lo enseñaron sus maestros estadounidenses y en menor medida franceses. Esa una contrainsurgencia que abarca muchos aspectos, pero que refuerza el poder de lo militar y de la represión. El resultado está a la vista, Colombia es uno de los países más militarizados del mundo en su vida cotidiana. Tiene unas fuerzas armadas hipertrofiadas, con unos 450 mil miembros directos (sumando ejército y policía), sin contar los indirectos, que devora buena parte del presupuesto nacional. Se gasta más dinero en formar soldados que en preparar profesores, médicos o enfermeros.

No es que se militaricen solo unos territorios, son todos en el plano geográfico, pero peor aún es la militarización en el plano mental y cultural. De ver militares y policías a granel y a diario, nos han acostumbrado a su presencia permanente como si fueran parte natural del paisaje social. Se militarizan universidades, huelgas, movilizaciones, protestas y acciones populares.

Todo asunto o problema social se pretende solucionar con militarización, e incluso la presencia del Estado se reduce a ese componente militar, pero se dejan de lado las soluciones a las cuestiones de fondo de injusticia, desigualdad, pobreza, distribución de la propiedad territorial…

¿Cómo se relacionan las políticas de seguridad y defensa con el impulso estatal de proyectos agroindustriales y minero energéticos en algunos territorios?

Dentro de la guerra mundial por los recursos que está en marcha, Colombia ha vuelto a ser una economía minero-exportadora (una buena parte de sus ingresos en el comercio exterior provienen de la venta de carbón, petróleo, níquel, oro) y se anuncia con gran bombo nuestra conversión en un “país minero” (como Perú o Chile). En este contexto extractivista (recordemos que Colombia ya no es un país cafetero, y han existido momentos recientes en que incluso se ha tenido que comprar café en el exterior para abastecer el mercado interno). El Plan Colombia, entre otras cosas ha estado ligado a ese proyecto de limpiar el territorio para dejarlo libre a multinacionales y a algunos capitales nacionales (entrelazados y subordinados a esas multinacionales y a Estados Unidos) y como parte de esa limpieza del territorio, habitado por indígenas, campesinos, comunidades raizales, se ha extendido la militarización por el territorio nacional. Los batallones minero-energéticos son una expresión de ese hecho. Y hablamos de unos batallones que protegen los enclaves mineros y petroleros con una gran cantidad de personal militar destinado a ello: 70 mil soldados (algo así como un tercio de la fuerza militar). Para que ese proyecto extractivista sea posible se necesita ocupar militarmente el territorio (y despejarlo) a nombre de la seguridad inversionista. Eso se encubre con el sofisma de la “guerra contra las drogas”. Quienes se opongan van a ser sacados a las buenas o a las malas, porque no pueden ser enemigos del progreso, que beneficia a sectores minoritarios de la población. Presentar esa estrategia de control territorial como un asunto de la “guerra contra las drogas” permite que siga fluyendo la ayuda económica y militar de los Estados Unidos y que se use justamente en algo que beneficia a sus empresas: la inversión minero- energética. Y al mismo ritmo siguen fluyendo armas, asistencia militar, glifosato, odio y muerte. Todo eso para mantener lo que Germán Castro Caycedo denomina en un libro Nuestra guerra ajena.

¿Es necesaria una transformación de la doctrina militar en Colombia?, ¿Por qué? ¿Qué debería cambiar?

Por supuesto, si se quiere democratizar de verdad a la sociedad colombiana, hay que abandonar la doctrina contrainsurgente y anticomunista presente en las fuerzas armadas, debe reducirse su pie de fuerza, debe eliminarse el servicio militar obligatorio (que es de clase, excluyente), cesar los pactos con los Estados Unidos, dejar de enviar militares a la Escuela de las Américas (allí se instruyeron los responsables militares de los falsos positivos, por ejemplo). Que cese la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro territorio, y se revele la documentación interna y externa sobre esos vínculos. Que se desclasifiquen los archivos de las fuerzas armadas y de las agencias de inteligencia del Estado.

La policía debe dejar de ser una fuerza militar y convertirse en una fuerza civil y abandone su lema de Dios y Patria. Tarde o temprano tendrá que asumirse el asunto de la legalización de las llamadas drogas ilícitas (cocaína, marihuana), por lo que representa en términos militares y represivos para este país, así como por sus elevados costos económicos y destrucción ambiental.

Para terminar, cómo no va a ser necesaria una transformación de la doctrina militar y de las fuerzas armadas, luego de conocer lo sucedido los días 9 y 10 de septiembre con la masacre perpetrada por la policía en Bogotá y Soacha, con un saldo trágico de 14 colombianos asesinados y decenas de heridos y detenidos. Como no se a requerir de una modificación de esa doctrina militar, luego de conocer la denuncia de la periodista Adriana Villegas Botero en La Patria del domingo anterior (18 de octubre de 2020), en el artículo “No es Broma, es violencia”. Ella presenció y escuchó lo que describe a continuación:

Hacia las 7:30 p.m. del lunes festivo un grupo del Batallón Ayacucho trotó 60 vueltas en una calle cerrada. Sé la cantidad porque al cruzar por un punto gritaban: “van 25, faltan 35”, y luego “van 26, faltan 34”. El espacio entre cada conteo lo llenaron con cantos en los que los reclutas repetían en coro lo que gritaba su jefe: su dragoneante, su cabo, su sargento, su teniente, su capitán, su mayor, su coronel, su general. Da igual.

El vecindario entero oyó al pelotón. Cantaron sobre los bigotes de Lucifer, matar delincuentes, la sed de sangre subversiva, la guerra, el betún de las botas, “sube sube guerrillero, que en la cima yo te espero con granadas y morteros”, “los hombres cuando ven un buen trasero” y “taca t ca taca taca taca taca ta”. Izquier, 2, 3, 4.

Un minuto antes de morir / Escuché la voz de mi novia / Que con voz de perra me decía /Si te mueres se lo doy al policía. Porque yo soy, ja, soy, ja, el vampiro negro / Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré / Si alguna vez yo tuve con mis manos la ahorqué. / Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré, / Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué[10].

Estas no son manzanas podridas, es el árbol completo que está irremediablemente descompuesto, por las doctrinas de odio y muerte Made in Usa y remarcadas por la contrainsurgencia nativa. Si eso no requiere ser cambiado, en qué tipo de país queremos que vivan nuestros hijos y con qué noción de seguridad, acaso la seguridad de las fosas comunes, de los asesinatos de Estado, del genocidio permanente,  de la violación de niñas indígenas, en una palabra, una seguridad simbolizada por los huesos y las calaveras que convoca a la población a honrar la muerte fratricida y el odio perpetuo.

Por Renán Vega Cantor | 27/10/2020

 

[1]. Ezequiel Moreno, O catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación, Contra la segunda carta del señor presbítero Baltasar Vélez, Imprenta de La Verdad, 1898.

[2]. Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera, Tomo 1024, f. 371.

[3].Boletín diocesano, mayo – junio de 1948, Tunja, citado por Andrés Felipe Manosalva, Los obispos colombianos en la época de la violencia: paz, guerra y anticomunismo (1945-1965), Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013, p. 47.

[4]. Pedro Nel Giraldo, Don Fernando. Juicio sobre un hombre y una época, Granámerica, Medellín, 1963, p. 217.

[5]. Roger Trinquier, La guerra moderna, Librería del Ejército, Bogotá, 1963, pp. 32-33.

[6]. El documento con el título de “Circular del Ministerio de Defensa sobre recompensas (Falsos Positivos)” lleva la firma de Camilo Ospina Bernal. Lo hemos publicado como anexo en nuestro libro Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Informe presentado a la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (CHCAV), Ocean Sur, Bogotá, 2016, pp. 280-297.

[7]. Ministerio de Defensa, (Rafael Samudio), Memoria al Congreso, 1987-1988, Imprenta Nacional, Bogotá, 1988, pp. 14 y 15.

[8]. Comando General de las Fuerzas Militares, Instrucciones generales para las operaciones de contraguerrilla, Bogotá, 1979, p. 188. Citado en Movice, Paz sin crímenes de Estado. Memoria y propuestas de las víctimas, Bogotá, 2013, p. 111.

[9]. Citado en “El ideario común. Los intereses del hampa”, Alternativa No. 77, abril 5-12 de 1976, p. 7.

[10]. Adriana Villegas Botero, “No es broma, es violencia”, La Patria, octubre 18 de 2020. Disponible en: https://www.lapatria.com/opinion/columnas/adriana-villegas-botero/no-es-broma-es-violencia  

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