Jeff Bezos (centro), fundador de Amazon, tiene una fortuna de 192.2 mil millones de dólares. El multimillonario estadunidense aparece en la imagen junto a un actor que realizó un viaje al espacio en una de sus naves. El magnate es el segundo más rico en Estados Unidos.Foto Ap

La cifra representa el doble del PIB de México // Presionan para que se les fiscalice mejor y paguen más impuestos

La riqueza de los multimillonarios de Estados Unidos creció 2.1 billones de dólares durante la pandemia de Covid-19, prácticamente el doble de lo que representa el producto interno bruto (PIB) de México, exhibe inequality.org, un proyecto del Instituto de Estudios Políticos.

En marzo de 2020 la riqueza colectiva de los multimillonarios de la mayor economía del mundo ascendía a unos 3 billones de dólares y ahora se estima en unos 5 billones de dólares, de acuerdo con un análisis de listados de Forbes, realizado por Estadunidenses por la Equidad Fiscal y el Programa del Instituto de Estudios de Políticas sobre Desigualdad.

También ha crecido el número de personas que forman parte de este selecto grupo; los cuales –en medio de la mayor crisis mundial en 90 años– han pasado de ser 614 al inicio de la pandemia, a 745, de acuerdo con los datos más recientes.

La bonanza de estas personas contrasta con los 89 millones de estadunidenses que han perdido sus trabajos, más de 44.9 millones que han enfermado de Covid-19 y más de 724 mil que han muerto a causa del virus, recalca la plataforma.

Incluso, los 5 billones de dólares en riqueza que ahora concentran 745 multimillonarios estadunidense superan los 3 billones que comparte la mitad de los hogares en Estados Unidos, de acuerdo con estimados de la Reserva Federal. También equivale a 142.9 por ciento del plan Reconstruir mejor, impulsado por el presidente Joe Biden.

“La bonanza multimillonaria de Estados Unidos demuestra las fallas estructurales en nuestros sistemas económicos y fiscales actuales”, subrayan los responsables de inequality.org.

Entre los beneficiados de la crisis, destaca el cofundador de Tesla, Elon Musk, cuya fortuna tuvo un crecimiento de 751 por ciento, al pasar de 24.6 mil millones de dólares a 209.4 mil millones de dólares, con lo que además encabeza la lista de estos multimillonarios.

Enseguida se sitúa Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuya fortuna para mediados de octubre de este año asciende a 192.2 mil millones de dólares, luego de crecer 70.1 por ciento frente a marzo de 2020.

Otro personaje que sobresale en la lista es Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, que posee una fortuna de 117.6 mil millones de dólares tras un aumento de 114.9 por ciento durante la pandemia de Covid-19.

Frente a la dimensión de la desigualdad en Estados Unidos, 67 organizaciones enviaron una carta al Congreso de ese país expresando su preocupación sobre la necesidad de fiscalizar mejor a los multimillonarios y que paguen más impuestos.

En promedio, los multimillonarios pagan una tasa efectiva de impuesto sobre la renta federal de alrededor de 8 por ciento, por debajo de la que deben entregar contribuyentes de ingresos medios, incluidos maestros, enfermeras y bomberos.

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La ingeniería jurídica de los Pandora Papers

Baker & McKenzie, el poderoso bufete de EE.UU. que figura en la megafiltración 

La historia del estudio de abogados con sede en 46 países que asesoró a empresas y particulares sospechados de evasión o con cuentas en paraísos fiscales.

 

Hay una teoría del eterno retorno en Nietzsche o del tiempo circular en Borges. La historia pareciera que nos devuelve siempre al mismo lugar. A hechos o personajes que se repiten. Christine Lagarde, la ex directora gerente del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) trabajó entre 1981 y 2005 en Baker & McKenzie, acaso el bufete de abogados más grande del mundo que aparece en unos 7.500 documentos de los Pandora Papers. El estudio que tiene presencia en 46 países y 4.700 letrados ayuda a multimillonarios y grandes empresas a eludir o evadir impuestos con una ingeniería legal y financiera a la medida del cliente. Lo explica el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) que difundió la última filtración de papeles a gran escala. 

La mujer a la que Mauricio Macri festejó cuando era presidente, no sólo asesoraba a compañías elusivas que operaban desde paraísos fiscales cuando se desempeñaba en el ámbito privado. También presidió los comités ejecutivo y estratégico de Baker & McKenzie y hasta fue consejera de su subsidiaria Law in Context con sede en las islas Bermudas, un territorio offshore dominado por la opacidad fiscal. 

Lagarde no fue una ejecutiva de ocasión en el bufete que comandó desde Europa. De su CV se desprende que estuvo en el staff casi un cuarto de siglo y ocupando cargos jerárquicos. Su relación comercial con los paraísos fiscales es una evidencia que se conoció en noviembre de 2019 apenas asumió en el BCE. Pero ahora toma más fuerza con la filtración de los Pandora Papers. La bisagra que la une a la banca offshore es Baker & McKenzie cuyos ingresos este año batieron un récord. Lo dice su propia página oficial: finalizó al 30 de junio de 2021 con 3,1 mil millones. “La primera vez que la firma ha cruzado la marca de los $ 3 mil millones. Los ingresos aumentaron un 7,8% en comparación con el año anterior y, junto con los costos cuidadosamente administrados, esto se tradujo en un crecimiento interanual de las ganancias del 36,7%”, señala.

Pilar de la economía offshore

El Consorcio Internacional de Periodistas define al estudio transnacional como “un arquitecto y un pilar de la economía sumergida, a menudo llamada offshore, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y del bolsillo del ciudadano de a pie”. Poco le importan a este bufete las asimetrías cada vez más pronunciadas entre ricos y pobres. Su presidente global Milton Cheng dijo a fines de septiembre: “En un contexto tan desafiante, lograr ingresos récord es un gran voto de confianza de nuestros clientes y un testimonio del arduo trabajo y la resiliencia de nuestra gente en todo el mundo”.

Creado en 1949, el estudio abrió su primera oficina offshore en Caracas, Venezuela. Corría 1955, Perón era derrocado en Argentina y Baker & McKenzie comenzaba su etapa de expansión internacional en esa década. El trabajo del ICIJ recuerda que en un artículo publicado en el Wisconsin Law Review dos años después, Russell Baker – uno de los fundadores del bufete - recomendaba “constituir sociedades en Venezuela y otros países que permitieran a los propietarios permanecer en el anonimato mediante el uso de lo que se conoce como acciones al portador. Las acciones al portador son certificados de acciones que no necesitan estar registrados a nombre de una persona o compañía concreta”. Baker y su socio John McKenzie lo hacían por las dificultades que existían en Estados Unidos para formar ese tipo de sociedades.

Hoy, con los Pandora Papers alimentando a los medios del mundo, el Consorcio de Periodistas denuncia en su página oficial que el estudio de abogados y todas sus delegaciones “se han beneficiado del trabajo realizado para personas vinculadas al fraude y la corrupción”. Y da algunos ejemplos: “la empresa ha trabajado para el oligarca ucraniano Igor Koloimosky, de quien las autoridades estadounidenses alegan que lavó 5.500 millones de dólares a través de una maraña de sociedades fantasma, que compran fábricas y propiedades comerciales en todo el corazón de Estados Unidos”.

Baker & McKenzie también asesoró a Jho Low, un financista malasio fugitivo que está acusado de un fraude internacional por más de $ 4.5 mil millones de dólares, conocido como 1MDB. El estudio de abogados se presenta en su página corporativa muy alejado de ese tipo de asesorados: “Somos ciudadanos del mundo y reconocemos que el estado de derecho es una base esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos. Donde el estado de derecho es fuerte, los líderes empresariales pueden sentirse optimistas acerca de invertir en el futuro”. 

El ICIJ no pudo conseguir la palabra de Cheng, el presidente hongkonés del poderoso bufete, pero en sus informes citó a un portavoz que respondió cómo Baker McKenzie se esfuerza por “garantizar que nuestros clientes cumplan tanto con la ley como con las mejores prácticas”. La web de la compañía explica que su política “se basa en principios de integridad, transparencia, profesionalismo y adhesión a los más altos estándares de ética”.

“Somos veraces y transparentes”, declama el bufete en su código de conducta empresarial. “No hacemos negocios con personajes de mala reputación”, se defienden. El Consorcio Internacional de Periodistas no piensa lo mismo: “Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el gigante con sede en Chicago”, publicaron citando al ICIJ, desde El País de España a la Agencia Pública en Brasil.

La influencia del bufete que tiene su sede central en Chicago es notable en los Pandora Papers. Los medios del mundo se encargaron de remarcarlo: “Entre el maremágnum de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker & McKenzie. El ICIJ descubrió que desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas registradas en paraísos fiscales”. Tampoco sorprende, como sostiene el Consorcio, que “más de 220 empleados de Baker & McKenzie en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado”.

Sociedades instrumentales

Para el ICIJ son demoledoras las evidencias de prácticas ilegítimas, fronterizas con la ilegalidad, en esta multinacional de servicios jurídicos: “Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, colaboró en crear un refugio fiscal neerlandés. Según documentos judiciales de Estados Unidos, sus abogados ayudaron a Facebook a redirigir miles de millones de dólares de beneficios a Irlanda, un país de baja tributación”.

Mencionado en más de 7.500 documentos de los Pandora Papers, mucho más que cualquier otro estudio de abogados de la competencia en Estados Unidos, Baker & McKenzie insistió en que las empresas o particulares que lo contratan no se apartan de las buenas prácticas. Pero aclaró – de acuerdo al ICIJ- que “en ocasiones nos encontramos con que los clientes realizan posteriormente actividades que no concuerdan con nuestra comprobación debida inicial, o salen a la luz nuevos hechos o sucesos que nos llevan a dejar de representarles”.

A buen entendedor, pocas palabras.

11 de octubre de 2021

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Pablo Dávalos

El gobierno de Guillermo Lasso está atenazado por dos grandes fuerzas que lo condicionan y de las cuales no ha podido salir: de una parte la organización social que tiene en la organización indígena CONAIE su representación más importante y legítima; y, de otra, su débil posición en la Asamblea Nacional que nunca pudo ser resuelta.

Lo paradójico y contradictorio es que, a pesar de tener un escenario tan poco favorable, el gobierno nunca dejó de pisar el acelerador para sus reformas económicas neoliberales.

En pocos meses, en efecto, emitió una serie de Decretos Ejecutivos que alteraban de forma trascendente varias políticas públicas, por ejemplo, la privatización de toda la industria hidrocarburífera, la adscripción al CIADI del Banco Mundial, la apertura para la minería a gran escala, el financiamiento del gasto corriente con ingresos no permanentes que está prohibido por la Constitución, etc.

El sustento social gracias el cual pudo avanzar tanto en tan poco tiempo estuvo en su exitosa campaña de vacunación que, en apenas semanas, logró avances sin precedentes y que redujo la mortalidad de la pandemia del Covid-19 por vez primera desde que esta empezó.

Nunca hubo una alianza de gobernabilidad con Pachakutik e Izquierda Democrática

Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones de gobernabilidad que tiene el gobierno? Un primer análisis, y que partía de una interpretación apresurada de la alianza que se realizó entre el gobierno, el movimiento Pachakutik y la Izquierda Democrática para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional, consideraba que con esta alianza circunstancial se podía dar al régimen la gobernabilidad que necesitaba. Para realizar esa alianza el gobierno, en efecto, tuvo que romper con los acuerdos previos a los que había llegado con el derechista partido socialcristiano y con el movimiento del ex presidente Rafael Correa, UNES.

No obstante, y como el tiempo habría de demostrarlo, se trató de una interpretación errónea sobre una alianza coyuntural que en absoluto significaba una alianza de gobernabilidad. Esto significaba que el gobierno siempre estuvo solo en la Asamblea Nacional y que, más allá de los asambleístas independientes que pudieron ser cooptados por el régimen, no tenía ninguna base sólida para garantizar su gobernabilidad, al menos en la Asamblea Nacional.

Esto suscita una inquietud y es tratar de discernir si el gobierno estaba consciente de sus propias debilidades en la Asamblea Nacional y saber cómo trató su superarlas. Pero la coyuntura política dio cuenta que el gobierno de Guillermo Lasso no realizó ninguna lectura política coherente sobre su debilidad dentro del sistema político, justo por ello se explican la serie consecutiva de errores políticos del régimen. Al no tener una idea clara de sus posibilidades y límites dentro del legislativo, era obvio que sus errores tenían que ser proporcionales a su falta de comprensión de su propio entorno.

El fracaso de la consulta popular como estrategia política

El régimen de Guillermo Lasso creyó que la popularidad y la credibilidad que había obtenido a partir del exitoso programa de vacunación, podía ser suficiente para darle el piso y sustento de gobernabilidad que necesitaba. Quizá en sus propios cálculos pensó que con esos niveles de legitimidad podía arrinconar a la Asamblea Nacional y obligarla a plegarse a su proyecto. Pensó también que con el apoyo de los grandes medios de comunicación, esa estrategia podía ser eficaz. Pero, en realidad, se trató tanto de ingenuidad, cuanto de desconocimiento quizá por la arrogancia de pensar que haber ganado el poder ejecutivo le podía dar patente de corso para imponer sus propias prescripciones al país y a la legislatura. El gobierno creyó en sus propios simulacros.

Es sobre esa estrategia que el gobierno apela a la consulta popular si no se aprobaban sus propuestas económicas, políticas y jurídicas. A través de este mecanismo de la consulta popular, el régimen podía orillar a la Asamblea Nacional a una posición defensiva. Le sirvió, para esta estrategia, la campaña de desprestigio contra la Asamblea Nacional realizada tanto por la gran prensa cuanto por sus propios alfiles dentro del sistema político.

Pequeños errores administrativos de la legislatura fueron amplificados y coparon el debate nacional como si fuesen cuestiones de trascendencia única. Los medios de comunicación, y los operadores políticos del gobierno en la Asamblea, en especial, el presidente de la Comisión de Fiscalización, habían creado un ambiente de tal tensión política que incluso podían llegar al escenario de nombrar nuevas autoridades para el legislativo.

La crisis carcelaria y el fracaso de la estrategia política del gobierno

Esta estrategia mediática y política fracasó de forma estruendosa por la crisis carcelaria que vivió el país justamente en esos momentos, a fines del mes de septiembre. Guayaquil, de la misma manera que sucedió en la crisis sanitaria del Covid-19, esta vez fue noticia mundial por el asesinato y tortura de más de cien personas privadas de libertad, en un ejercicio de sadismo y horror que sobrecogieron a la sociedad y al mundo.

Las masacres en las cárceles de Guayaquil daban cuenta que el gobierno no había podido resolver el tema de la crisis carcelaria y que su apuesta por la reducción del tamaño del Estado le pasaba factura desde uno de los sectores más críticos, como son las penitenciarías, y que habían sido sometidas al desmantelamiento de varios programas específicos para ese sector, así como a la reducción incluso del gasto en mantenimiento de las instalaciones penitenciarias en todo el país.

Si a eso se suma la forma-prisión desde la cual las autoridades judiciales del país piensan que se pueden resolver los conflictos sociales y jurídicos, se tiene un escenario complejo de hacinamiento, deterioro de servicios, falta de inversión en programas específicos, dotación de equipos y contratación de personal clave, entre otros.

El gobierno de Lasso se descuidó completamente de este sector tan importante, así como de otros huelga decir, y se concentró en utilizar el exitoso proceso de vacunación contra el Covid-19 como su única baza política. Por ello, cuando estalló nuevamente la crisis carcelaria, el primer sorprendido con la noticia fue el propio gobierno que no atinó a dar una sola respuesta. Se quedó paralizado por sus propios errores y descuidos.

Al no tener capacidad de respuesta inmediata, la crisis carcelaria lo rebasó por los cuatro costados y puso un límite a su estrategia política de utilizar la credibilidad del proceso de vacunación. La sociedad se horrorizó por lo sucedido en las cárceles y fue testigo y víctima de cómo ese conflicto se derramaba por el tejido social. El ambiente de inseguridad se convirtió en una incertidumbre real para las personas que ahora tienen miedo incluso de transitar por cualquier calle. El Estado había fracasado en uno de sus temas más delicados y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. La percepción de “Estado-fallido” es cada vez más persistente en los ciudadanos y no hay aún una sola política pública que pueda revertir esa percepción.

El fallido proyecto de ley económico urgente: “Creando Oportunidades”

En ese contexto, la campaña mediática contra la Asamblea nacional (el costo de las empanadas), mostró su ridiculez y mezquindad. Puso en su justa perspectiva los conflictos sociales de un país acosado por la crisis, el desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso, la falta de oportunidades. No obstante, el gobierno no supo realizar una lectura de ese momento. En medio de la crisis carcelaria y apresurado por cumplir con sus obligaciones contraídas con el FMI, el gobierno se apresuró a enviar el proyecto de ley con el carácter de económico-urgente “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, el 24 de septiembre de 2021.

De forma previa y apenas semanas antes, la Asamblea Nacional le había devuelto al gobierno, sin aprobar y con observaciones, la proforma presupuestaria para el año 2021 y también le había reclamado al Presidente Lasso por no haber presentado, conforme lo dictamina la Constitución y la ley, el Plan Nacional de Desarrollo, insumo básico para la construcción de la política fiscal y la programación presupuestaria para los próximos cuatro años.

Todas las señales, por lo tanto, dan cuenta de un gobierno inexperto, sin capacidad de lectura política de sus propias condiciones de gobernabilidad, y llevado al fanatismo por su propia ideología libertaria y neoliberal, sin considerar para nada los límites constitucionales, jurídicos, legales y políticos de su propio proyecto.

Esto puede avizorarse con el proyecto de ley económico urgente que el gobierno había sumarizado en la frase: “Creación de Oportunidades”. Se trataba de un proyecto de ley económico urgente que tenía que ser revisado, discutido y analizado por la Asamblea Nacional en un mes, caso contrario entraría en vigencia por el ministerio de ley. El proyecto de ley del gobierno constaba de cuatro libros normativos con 335 artículos, 11 Disposiciones Generales y 15 Disposiciones Transitorias.

En el primer libro el proyecto de ley intentaba crear un régimen laboral alternativo al vigente Código del Trabajo en el que, prácticamente, eliminaba todos los derechos laborales hasta ahora vigentes para instaurar un régimen de flexibilización laboral absoluta, en el cual el epítome se registraba en el artículo 75 del proyecto de reforma que establecía que en caso de despido intempestivo era el trabajador quien tenía que pagar una indemnización a sus patronos; en el segundo libro de las reformas se establecían contribuciones temporales a través de imposiciones tributarias básicamente a la clase media para obtener alrededor de 950 millones adicionales para el presupuesto del año 2022 (que no iban a ser utilizados como gasto corriente, sino que tenían como destino las reservas internacionales para garantizar flujos de capital a los bancos privados, hay que aclarar); en el tercer libro constaban normas para el régimen impositivo único y temporal para activos en el exterior, mientras que en el libro cuarto se contemplaban reformas a varios cuerpos legales, como por ejemplo reformas a la Ley Orgánica de Defensa del Artesano, al Código General de Procesos, a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley de Minería, a la Ley Orgánica de Agrodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, a la Ley Orgánica de la Movilidad Humana, entre los 31 cuerpos legales que esta propuesta de ley intentaba cambiar. En todas ellas subyacía la desregulación pública y la transferencia de capacidades públicas hacia el sector privado.

El proyecto de ley económico urgente del régimen, a todas luces, entraba en contradicción directa con el artículo 136 de la Constitución que establece que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia; la Constitución determina que si no se cumple con este requisito no podrá tramitarse ningún proyecto de ley; era obvio, entonces, que un proyecto de esas características no pase por los filtros constitucionales, jurídicos y procedimentales de la Asamblea Nacional.

A pesar de la enorme maquinaria mediática que trabajó a favor del régimen para crear el consenso sobre este proyecto de ley, el Consejo de Administración de la Legislatura, no pudo aprobar ese proyecto de ley para su trámite respectivo dentro de la Asamblea, porque no cumplía con los requisitos básicos de unidad y conexidad de materia, y tuvo que devolver el proyecto de ley al gobierno para que subsane los errores y, si cree conveniente, pueda volver a enviarlo.

Para el gobierno se trataba de una derrota en toda la línea porque había apostado los ejes gruesos de su proyecto de largo plazo en esta propuesta de ley. No había punto de retorno y, al mismo tiempo, se había desmoronado la estrategia de shock que hasta entonces había caracterizado a la política del régimen.

El gobierno no puede cumplir con los acuerdos con el FMI

Los principales partidos y movimientos políticos de la Asamblea, además, emitieron un mensaje específico en el cual le ratificaron al gobierno que no aprobarían ninguna reforma fiscal, tributaria, económica y, menos aún, laboral en contra de los derechos de los trabajadores y que castigaban a las clases medias. Su plan económico, por tanto, se quedaba sin piso en el legislativo.

A pesar que la crisis carcelaria desmoronaba poco a poco la legitimidad y credibilidad del régimen, el gobierno comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de la consulta popular. Su lectura aún radicaba en los altos índices de popularidad y pensaba, otra vez ingenuamente, que ese ambiente podía darle el oxígeno político para aprobar sus reformas por la vía de la consulta. De esta manera, se imaginaba el régimen, podía retornar a la Asamblea Nacional con las reformas tributarias y fiscales, mientras que el grueso de las otras reformas se podían aprobar vía consulta.

Ahora bien, para el régimen era imprescindible aprobar las reformas fiscales y tributarias, así como las reformas laborales y a la seguridad social, porque ya se había comprometido con el FMI durante la segunda y tercera revisión al acuerdo de financiamiento extendido que el país tenía con esta institución desde septiembre del año 2020 y para un plazo de 27 meses, para hacerlo.

Con las revisiones al programa económico establecido con el FMI y con los compromisos asumidos por el gobierno de incrementar el ingreso fiscal y reducir aún más el gasto corriente y el gasto de inversión (el superávit fiscal que sería trasladado a las reservas internacionales), más las reformas de flexibilización laboral y la transición al sistema de cuentas individuales en la seguridad social, el gobierno esperaba que el FMI desembolse los recursos pendientes desde estas revisiones: 802 millones de dólares en octubre de 2021, más 700 millones a desembolsarse en diciembre de ese mismo año. Con esa liquidez, podía capear los últimos meses del 2021. Por tanto, es absolutamente impensable, para el régimen, incumplir con los compromisos asumidos con el FMI.

Es por eso que el gobierno no puede revisar el incremento del precio de los combustibles, como lo han pedido varias organizaciones sociales y gremiales, y tampoco puede evitar la reducción del tamaño del Estado y las reformas fiscales y tributarias, a pesar del alto costo político de mantener esas medidas. El régimen está dispuesto a inmolarse a incumplir con el FMI.

La devolución del proyecto de ley económica-urgente, empero, pone en cuenta regresiva al acuerdo con el FMI. Una suspensión o incumplimiento de ese acuerdo con el FMI se castiga directamente con el incremento del riesgo país, con la caída del precio de los bonos de deuda soberana en los mercados secundarios, con aumentos de las tasas de interés para la emisión de nuevos bonos y, a nivel interno, con más fugas de capital, que en el caso del Ecuador reducen la cantidad de moneda existente en virtud del esquema de dolarización de la economía y, en consecuencia, acentúan la crisis económica.

Los Pandora Papers y el fantasma de la destitución

Es en medio de este escenario que se producen dos hechos que afectan aún más al gobierno. El primero es la publicación de los denominados “Pandora Papers”, una investigación periodística en el cual están comprometidos más de 600 periodistas de investigación de todo el mundo y con la participación directa de los medios de comunicación más importantes del planeta. En estos Pandora Papers aparece involucrado directamente el Presidente Guillermo Lasso como poseedor de fondos fiduciarios y de inversión en diversos paraísos fiscales.

La ley ecuatoriana, producto de una consulta popular efectuada en el año 2017, prohíbe de manera terminante que los servidores públicos, y en especial las autoridades de elección popular y, evidentemente el Presidente de la república, tengan inversiones en paraísos fiscales, tanto ellos cuanto sus cónyuges e hijos dependientes.

La investigación del consorcio internacional de periodismo de investigación que publicó los Pandora-Papers, y que continúan la saga de los Panamá-Papers, demuestra que Guillermo Lasso y su familia directa efectivamente poseen inversiones en paraísos fiscales.

Al tenor de esta denuncia internacional, la Asamblea Nacional procedió a aprobar la investigación correspondiente para conocer los movimientos económicos y tributarios de Guillermo Lasso.

Ahora bien, una primera consecuencia de esta denuncia, es que deja sin piso a la propuesta tributaria contenida en el proyecto económico-urgente y que el gobierno pensaba enviar como reformas parciales a la Asamblea Nacional. En efecto, surge la duda sobre la ética y moral de la propuesta gubernamental: ¿tiene capacidad ética un Presidente de la república de proponer el pago de impuestos a sus ciudadanos, cuando la prensa mundial lo acusa de tener inversiones en paraísos fiscales para evitar pagar precisamente esos impuestos?

Para la ciudadanía, y para el sistema político, es difícil apoyar y suscribir cualquier propuesta de reforma fiscal y tributaria que provenga desde el Presidente Guillermo Lasso en especial luego del affaire de los Pandora Papers. Aparecerá como una propuesta falaz y con un costo político muy alto para quienes la aprueben y suscriban.

Sin temor a equivocarme, pero creo que las reformas fiscales y tributarias de Guillermo Lasso prácticamente no tienen posibilidad alguna de ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin sustento ético y sin apoyo social, es difícil que la Asamblea lo haga.

El incumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, por tanto, es inevitable. La crisis de credibilidad de los mercados financieros internacionales con respecto al gobierno de Lasso también es ineluctable.

Ahora bien, este escenario pone la disputa del Ejecutivo con la Asamblea Nacional a otro nivel porque esta vez el gobierno pasa a la defensiva. Tiene que demostrar que las denuncias internacionales de los Pandora Papers no son relevantes ni lo afectan en absoluto porque el Presidente Lasso habría cumplido con la ley y no posee ninguna inversión en paraísos fiscales, ni en la banca off-shore. Empero, para alguien que proviene directamente desde uno de los bancos privados más importantes del país, el Banco de Guayaquil, y como su director y accionista principal, demostrar que no posee inversiones en banca off-shore se convierte en una tarea casi imposible.

De esta forma, el espacio político sobre el cual el régimen pensaba articular la consulta popular para aprobar las reformas negociadas con el FMI, prácticamente desaparece. No tiene ningún capital político para el proceso de consulta popular. Tiene que defenderse de las acusaciones de los Pandora Papers y tiene que enfrentar una amenaza que, hasta antes de esa denuncia internacional, no existía, la posibilidad de su enjuiciamiento político y eventual destitución por parte de la Asamblea Nacional.

Para los partidos y movimientos políticos más importantes de la Asamblea Nacional, los Pandora Papers son un regalo caído del cielo. Tienen un argumento potente para poner a la defensiva al régimen. Tienen en sus manos la posibilidad cierta de su eventual destitución por incumplimiento de disposiciones legales expresas con respecto a inversiones en bancas off-shore y la participación electoral. La Asamblea Nacional sabe que si tira de los hilos adecuados y sigue las pistas apropiadas, puede llegar a demostrar que, efectivamente, el Presidente incumplió con la ley. Así, el escenario no puede ser peor para Guillermo Lasso, y apenas a cinco meses de su posesión. El fantasma de su destitución cruza por los pasillos del palacio de gobierno.

La CONAIE prepara otro levantamiento

El otro hecho significativo es la ruptura de los diálogos con las organizaciones sociales, en especial, la CONAIE. En la reunión mantenida con las organizaciones indígenas el 4 de octubre de 2021, la CONAIE llevó a la mesa de diálogo con el gobierno su rechazo a la elevación continua de los combustibles producto de varios decretos ejecutivos al respecto y que fueron emitidos por el anterior gobierno, pero que forman parte de las negociaciones con el FMI.

Al no existir ningún acuerdo sobre este punto, los demás acuerdos (seis puntos en total y que comprendían, entre otros, una moratoria de un año para las obligaciones financieras de los pequeños productores agrícolas, el respeto a los derechos colectivos y el cese de actividades extractivas en territorios indígenas, etc.), tampoco tuvieron oportunidad de ser ni discutidos ni negociados.

El gobierno desperdició una circunstancia única por su tozudez de revisar una política condicionada por el FMI, aquella del incremento de los precios de los combustibles, y se abrió, de forma gratuita y en su peor momento, otro frente de batalla. La CONAIE, en efecto, y luego de la reunión con Guillermo Lasso anunció que se abría un proceso de consultas internas para ejercer el derecho a la resistencia, es decir, la movilización social.

Es realmente increíble la incapacidad del gobierno por comprender su propio tiempo político y sus propias condiciones de gobierno. Si durante el diálogo con la CONAIE el gobierno hubiese aceptado la propuesta de congelar el precio de los combustibles y apoyar una moratoria de pagos de un año al sistema financiero nacional de los pequeños productores agrícolas, habría desarmado un frente en el cual no tiene ninguna capacidad de generar contrapesos. Pero el gobierno creó un simulacro (que habían llegado a 11 puntos de acuerdo con el movimiento indígena), y se lo creyó. No hay acuerdo alguno con el movimiento indígena. El régimen no puede dar consistencia a sus propias ficciones porque daría cuenta que ha perdido incluso su sentido y su principio de realidad.

Ahora tiene que confrontar una dura batalla en la Asamblea Nacional que se encamina hacia su destitución, y tiene que hacer frente a una probable movilización nacional del movimiento indígena. Además necesita de capital político para aprobar su próxima proforma presupuestaria para el año 2022. ¿Cómo va a confrontar un escenario tan complicado?

Quizá sea un estudio de caso la forma por la cual el gobierno decidió no hacer política cuando más la necesitaba. Tal como ha procedido en estos primeros meses, su ingenuidad, su fanatismo, su arrogancia, y su incapacidad absoluta de comprender qué es la política y cómo hacerla, determinen su desenlace. El gobierno ha demostrado no tener ni la inteligencia, ni la habilidad política para enfrentar tanto a la Asamblea Nacional cuanto a los movimientos sociales, en especial al movimiento indígena. Así, todo apunta a confirmar la hipótesis que, tal como están las cosas, Guillermo Lasso no terminará el periodo al cual fue electo.

Por Pablo Dávalos | 09/10/2021

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Viernes, 08 Octubre 2021 06:29

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El presidente chileno, Sebastián Piñera, implicado en la investigación de los Pandora Papers, en el Palacio Legislativo de Montevideo, durante su visita a Uruguay, el 27 de setiembre MAURICIO ZINA

La Red Atlas y los Papeles de Pandora

Entre los dirigentes políticos y empresariales que aparecen citados en los recién divulgados Papeles de Pandora aparecen varios de los principales referentes de la internacional «libertaria» Red Atlas.

Después de los Luxemburgo Leaks, que en 2014 expusieron la manera de operar de más de 340 transnacionales para evadir el pago de impuestos, después de los Panama Papers, que dos años después sacaron a luz 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear compañías fantasma para ocultar o lavar dinero de ricos y poderosos, después de los Paradise Papers, que en 2017 revelaron documentación sobre inversiones en paraísos fiscales de unas 120 mil empresas y magnates, he aquí los Papeles de Pandora, la mayor filtración de información llevada a cabo hasta ahora por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Durante dos años, más de 600 periodistas de unos 150 medios de 117 países escarbaron en casi 12 millones de documentos confidenciales originados en 14 despachos que funcionan en paraísos fiscales. «Nunca ha habido nada a esta escala. Esto muestra la realidad de lo que las compañías offshore pueden ofrecer para ayudar a la gente a esconder dinero en efectivo o evitar impuestos. No es que todas estas transacciones sean ilegales, pero esa gente, esas empresas están usando cuentas en el extranjero, fideicomisos en el extranjero, para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en otros países y así enriquecer a sus propias familias a expensas de sus ciudadanos», dijo Fergus Shiel, del ICIJ. «Se está abriendo una caja sobre muchas cosas.»

MODUS OPERANDI

En no pocos casos, los nombres de empresas y beneficiados se repiten desde las filtraciones luxemburguesas hasta estos Papeles de Pandora. Porque lo que estas investigaciones confirman –no revelan, confirman– es una lógica. «En una era de expansión del autoritarismo y de la desigualdad, la investigación de los Pandora Papers ofrece una perspectiva inédita sobre la manera en que el dinero y el poder operan en el siglo XXI y sobre cómo el secreto financiero impulsado por Estados Unidos y otras naciones torcieron y quebraron el imperio de la ley alrededor del mundo», consignó el portal La Bot, una de las dos publicaciones chilenas que participaron en la salida de los Papeles de Pandora. «Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados –agregó– exhiben cómo la finanza ultrasecreta ha infiltrado la política internacional y muestran por qué los gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros en jurisdicciones extraterritoriales» en las que, según un estudio de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se esconden unos 11,3 billones de dólares. El diario español El País, otro de los medios participantes, resume en una nota del martes 5 los alcances de la investigación: «¿Qué revelan los Papeles de Pandora? Una industria enfocada en ayudar a los más ricos a ocultar su riqueza en territorios que ofrecen anonimato y baja o nula tributación. Los documentos retratan también a los clientes de esta industria y a los intermediarios que les sirven de puente para acceder a estos servicios. ¿Cuál es la consecuencia de estas prácticas? El desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en los ingresos públicos de los Estados y agrietan el Estado de bienestar. Como dice Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam (véase columna adjunta), el resultado “son hospitales y escuelas que no existen”».

DE POR AQUÍ

Los Papeles de Pandora dan cuenta de 956 empresas que operan en diversos paraísos fiscales (las caribeñas Islas Vírgenes Británicas se llevan la palma) y mencionan entre los beneficiarios de estos mecanismos a políticos de primer orden, además de artistas, estrellas del jet set o deportistas de elite de todo el mundo. De Vladimir Putin al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, del rey de Jordania, Abdalá Il bin Al Hussein, al ex primer ministro británico Tony Blair aparecen escrachados unos 35 presidentes, expresidentes y monarcas y más de 330 altos funcionarios públicos.

América Latina, la región más desigual del planeta, destaca en un muy buen lugar. Entre los 29 mil titulares de cuentas offshore, son citados por sus nombres un total de 6.288 latinoamericanos. Catorce dirigentes políticos de alto perfil de esta región son aludidos con pelos y señales. Once de los 35 presidentes o expresidentes mencionados son de por aquí: el argentino Mauricio Macri, el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el paraguayo Horacio Cartes, los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el dominicano Luis Abinader. Hay ministros en ejercicio, como el todopoderoso titular de Economía de Brasil, Paulo Guedes, o (vaya paradoja) presidentes de bancos centrales como el también brasileño Roberto Campos Neto. Figuran igualmente asesores políticos como el ecuatoriano Jaime Durán Barba, consejero dilecto de Macri y antes del ecuatoriano Jamil Mahuad, requerido en Colombia por malversación de fondos públicos. Y, obviamente, una pléyade de grandes empresarios.

Todos han movido fortunas a paraísos fiscales. Algunos de los políticos implicados se defienden diciendo que lo hicieron antes de asumir cargos públicos. Además de plantear dudas al respecto en varios de los casos, los medios de comunicación que participaron en la investigación apuntan a la lógica con que se mueve esta gente. Mauricio Macri la explicitó hace pocas semanas: «Estamos en un país –dijo– en donde para ganar plata hay que evadir impuestos».Buena parte del entorno familiar y político del expresidente argentino es mencionada en los Papeles de Pandora, como ya lo había sido en los Panama Papers, donde Mauricio brillaba con luz propia. Ahora, en los de Pandora, los protagonistas son uno de sus hermanos y varios de sus exministros y colaboradores más estrechos.

EN RED

Difícil ver como una casualidad que algunos de los principales referentes latinoamericanos y europeos de la Red Atlas aparezcan entre los evasores fiscales aludidos. Piñera, Lasso, Macri, Abinader, Durán Barba, Gaviria, Campos Neto, Guedes, Pastrana, Pérez Balladares: todos están relacionados con esa internacional ultraliberal que involucra una galaxia de fundaciones, asociaciones, centros de reflexión (véase «Red Atlas en América Latina: La internacional ultracapitalista», Brecha, 18-VI-21, y «La batalla cultural», Brecha, 16-IX-21). Mario Vargas Llosa o el abogado y magnate mexicano Roberto Salinas León, nombrados entre los poseedores de cuentas en paraísos fiscales detectados por esta nueva investigación del ICIJ, también son adalides del Atlas Network. El nobel de literatura, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, integrada a la red, tiene una sociedad en las Islas Vírgenes; el mexicano, que dirige el Centro para América Latina de la Red Atlas, tiene varias. Y qué decir de Piñera o Lasso, habitués de estas lides. Lasso, presidente de Ecuador Libre, una fundación que forma parte de la Atlas, es relacionado con al menos 11 sociedades offshore; al chileno –y a su familia– se lo vincula en estos nuevos papeles con la compraventa del proyecto minero Dominga, una operación que tuvo lugar en parte en las Islas Vírgenes y cuya concreción dependía de que el área donde se instalaría la minera no fuera declarada de protección ambiental. Quien debía decidirlo era el gobierno de Piñera. Grupos ecologistas le pidieron al presidente que protegiera esa zona. Piñera no lo hizo.

El colombiano Pastrana aparece a su vez como beneficiario de una sociedad offshore. Desde hace muy poco, Pastrana preside la filial latinoamericana de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que dirige el expresidente del gobierno español y exlíder del Partido Popular José María Aznar. La FAES es uno de los principales vectores de la Red Atlas en Europa. A ella y a Aznar están además ligados por distintas vías, según apunta el periodista español Julián Macías Tovar, los Legionarios de Cristo, una oscura congregación que en los Papeles de Pandora es mencionada por haber creado una estructura offshore de alrededor de 300 millones de dólares. «Ningún medio ha replicado –escribe Macías Tovar, animador del portal pandemiadigital.net– que esta organización ultracatólica es propietaria de la Universidad Francisco de Vitoria, con la que José María Aznar imparte sus formaciones para líderes políticos desde el Instituto Atlántico de Gobierno, perteneciente a la Red Atlas, y donde participan como profesores periodistas y líderes políticos del Atlas Network, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o muchos de los implicados en los Pandora Papers.»

Y así se podría seguir evocando los anclajes paradisíacos de varios de los principales personajes de esta red transatlántica. Luis Abinader, el presidente dominicano, estrecho colaborador del Centro de Análisis para Políticas Públicas, una usina de pensamiento de la red, estuvo relacionado con dos sociedades offshore panameñas desde donde manejaba diversos activos en su país. El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, un auténtico Chicago boy, admirador de las políticas económicas de la dictadura chilena, para la cual trabajó, y cofundador del Instituto Milenium, una de las antenas brasileñas de la Red Atlas, es accionista de una offshore panameña desde 2014. Lo sigue siendo hoy. Su compatriota Roberto Campos Neto tiene a su nombre dos offshores basadas en el paraíso fiscal centroamericano. Todas las instituciones ligadas a la Red Atlas en Brasil (superan la decena) convocan al hoy presidente del Banco Central a dictar conferencias, a participar en cursos de formación. «Es una voz muy autorizada del pensamiento liberal y también de la idea de libertad, de nuestra idea de la libertad», dijo de él un vocero del Instituto de Formación de Líderes de San Pablo, una de las expresiones de la red en Brasil.

Varias de estas figuras latinoamericanas del Atlas Network que hoy aparecen citadas en los Papeles de Pandora se reunieron en julio en el XIV Foro Atlántico, que la Fundación Internacional para la Libertad organizó en Madrid. Hablaron Macri, Lasso, Salinas, Vargas Llosa padre e hijo. También lo hicieron el presidente de Colombia, Iván Duque, e Isabel Díaz Ayuso, el venezolano Leopoldo López. Y Luis Lacalle Pou. El título de la conferencia fue «Iberoamérica: democracia y libertad en tiempos recios» y los conferencistas se refirieron, según el programa del encuentro, a «las problemáticas actuales que tienen que ver con la defensa de la libertad, el libre mercado, la democracia y el Estado de derecho». Algunos de ellos (los omnipresentes Macri y Lasso, los Vargas Llosa) y otros (entre ellos, Luis Lacalle Herrera) coincidieron a fines de setiembre en otro evento organizado por la red en República Dominicana, donde el anfitrión fue el Centro de Análisis de Políticas Públicas del presidente Luis Abinader. Según una nota de Infobae, allí se abordó «la situación actual y futura de América Latina y el Caribe, los desafíos políticos y las perspectivas económicas para la región y la batalla cultural por la libertad».

IDENTIDAD

En sus definiciones de objetivos y principios, todas las instituciones relacionadas con la Red Atlas, sean empresariales o think tanks, van más o menos por el mismo lado. La FAES españolaapunta, por ejemplo (Público.es, 5-IX-21), que «los socios de la Red Atlas están logrando reformas que eliminan las barreras a las oportunidades y la prosperidad, que antes impedían a las personas mejorar sus vidas y sus comunidades». Y entre sus metas destaca «erradicar la pobreza, garantizar la responsabilidad del gobierno, promover sociedades libres, proteger los derechos civiles y liberar el espíritu empresarial en todo el mundo». Si uno relaciona estos enunciados con las prácticas de sus principales animadores que aparecen mencionados en los Papeles de Pandora –o los del Paraíso, o los de Panamá, o…–, dice Julián Macías, se dará cuenta de por dónde van en realidad. Y remata: «Cada vez hay más pruebas del nivel antidemocrático de esta red internacional que apoya golpes de Estado, controla y manipula medios y, además de defender que no existan los impuestos, lo practica saltándose la ley para enriquecerse y eludir los impuestos que los pobres pagan».

7 octubre, 2021

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 Sancho R. Somalo

La nueva filtración nos muestra una vez más que la estructura económica, comercial y jurídica global está diseñada específicamente para las personas y empresas que aparecen en los papeles.

 

LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers y ahora los Pandora Papers. Vuelve a salir otro de esos escándalos de la mano de periodistas que nos muestran las cloacas fiscales globales y su funcionamiento. Desde presidentes latinoamericanos que repiten mucho eso de que “el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente” a artistas y deportistas que no dudan en abanderar sus nacionalismos frente a las cámaras. Ya no solo aparecen los más ricos del planeta o las empresas más rentables, la industria de la evasión de impuestos toca a las puertas de todo aquel que tenga el suficiente capital como para dejarle una suculenta comisión al mover ese dinero. Ya no es una cuestión solo de grandes empresarios. Existen despachos de abogados con oficinas en la Castellana o la Diagonal que moverán tu capital a Andorra o Panamá, seas rey o youtuber. Y entendedme, no quiero decir que El Rubius o Vargas Llosa no sean ricos, pero no son ningún Amancio ni ningún rey.

La evasión de impuestos cada vez está más disponible y al alcance de todo tipo de capitales. A todos los niveles y en todos los lugares. Y lo peor de todo es que la gran mayoría de esas prácticas son legales, porque el sistema lo permite. O más bien porque el sistema lo promueve, está diseñado para ello.

Erramos al considerar lo que nos cuentan estas nuevas filtraciones como un escándalo, aunque nos escandalice. Es mucho más que eso. Lo que muestran los Pandora Papers y el resto de filtraciones es que el mundo está hecho para los que aparecen en ellos. Los gobiernos liberales (incluidos los que se hacen llamar socialdemócratas) y las organizaciones supranacionales, como el Banco Mundial, el FMI o la Comisión Europea, han estructurado un planeta bajo las normas del libre mercado y la libre circulación de capitales diseñado para que las empresas y los grandes capitales puedan escapar de las haciendas públicas, para que puedan esquivar el reparto de la riqueza que realizan los Estados para repartirla únicamente entre sus accionistas o simplemente no repartirla.

Los bufetes y asesorías no son más que facilitadores. Son aquellos que conocen bien esas estructuras, porque en muchas ocasiones han formado parte de los partidos políticos o son funcionarios que las han diseñado, y saben construir una estructura personalizada al gusto del cliente.

Que quieres comprar una mansión o un yate y no pagar impuestos, pues una sociedad pantalla en Bahamas. Que quieres que los dividendos que recibes de tus acciones en empresas no paguen impuestos al rendimiento del capital, pues los repartes en Luxemburgo y los cobras mediante otra empresa pantalla en Islas Caimán. Que tu empresa necesita instaurarse en Europa pero no quieres contribuir a las arcas de los países europeos, pues te diseñan una estructura con base en Irlanda, que paga dividendos a Luxemburgo y que acaban en una de esas islas caribeñas. Hay técnicas de evasión para todos los gustos y necesidades.

Y con esto no quiero decir que no sean culpables y cómplices de prácticas ilegales o de ayudar a limpiar dinero negro de todo tipo de oscuras procedencias, sino que creo que es necesario mirar a la luna y no quedarse tan solo escandalizados mirando al dedo.

Evadir para subsistir

Sí, suena raro, pero es así. El libre mercado, la competencia globalizada y la esclavitud de las empresas hacia sus accionistas que exigen beneficios y reparto de dividendos en el corto plazo, sumado a que al gran capital cada vez le cuesta más encontrar nuevos mercados que explotar y nuevos países que sangrar, ha endurecido la competencia entre empresas. Es difícil ser “más productivos”, se complica cada vez más explotar trabajadores y los circuitos financieros apenas dan beneficios con los tipos de interés en mínimos históricos. En medio de todo eso, la única manera que tienen para poder crear márgenes de beneficios es ahorrarse la factura fiscal. O evades impuestos o eres más caro que tus competidores. O te llevas tus beneficios a un paraíso fiscal o no repartes tanto dividendo como tus competidores y los inversores venderán tus acciones para comprar de tus competidores, bajará su precio y el valor de tu empresa. Evaden impuestos porque todo el mundo en su nivel y de su clase social lo hace.

Ahí entra la industria de la evasión fiscal y los paraísos fiscales: “¿Quieres ser más competitivo y tus productos más baratos? ¿Quieres contentar a tus accionistas repartiendo un mayor dividendo? Pues te podemos ayudar”. Otra vez, insisto, los bufetes de abogados no son más que pequeñas partes del engranaje de un capitalismo podrido que ya no busca la innovación, sino el ahorro egoísta. La evasión fiscal es un freno a la innovación, porque quién va a querer invertir en I+D para ser más productivos cuando puedes serlo evadiendo impuestos.

Y ojo, no me malinterpretéis de nuevo, no digo que esas empresas no tengan culpa y responsabilidad de sus egoístas actos. Si acabáramos con todos los paraísos fiscales y muchas de esas empresas quebraran no me daría ninguna pena, porque los que me dan pena realmente son las pymes que pagan un 25% de su beneficio y que quiebran porque no pueden competir con multinacionales que pagan un 3% de manera global. Me da pena la empresa que ética y responsablemente contribuye a las arcas públicas y ve cómo una Amazon o una Zara destroza los precios y quiebra al no poder competir con ellas. La evasión fiscal y los paraísos fiscales deforman y desprecian esa “libre competencia” que los liberales dicen defender.

Países compiten, empresas ganan, ciudadanos pierden

En toda esa vorágine, los Estados también se quedan sin ideas para hacer más atractivos sus países para las empresas y la inversión. La vía que han seguido muchos países es la competición fiscal a la baja, o sea, rebajar tus impuestos a las empresas y a los rendimientos del capital hasta que el ahorro en impuestos atraiga a las empresas, generen negocio y beneficio en el propio país o no. Pequeños territorios que ante la falta de una industria o de exportaciones deciden atraer a pequeñas oficinas donde conviven miles de domicilios fiscales de empresas pantalla a cambio de no cobrarles ni un euro en impuestos.


Más sangrante todavía es el ejemplo de la Unión Europea. Ya no hablamos de pequeñas islas sin industria que han encontrado en la evasión fiscal su nicho de mercado, sino de países en el corazón de Europa. Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Malta. Los dos primeros responsables de la mayor pérdida de ingresos tributarios para el resto de países europeos, según la organización Tax Justice Network.

Estados que practican un juego sucio frente a sus vecinos porque, claro, queda muy bien decir a tus conciudadanos que les vas a bajar los impuestos mientras llenas las arcas públicas con el dinero que corresponde a los países de tu entorno. Queda muy bien aparentar ser un país que “crea riqueza” en vez de mostrar que no eres más que una sanguijuela de la riqueza creada en otros lugares y que estás al servicio de las multinacionales y no al de las personas.

Entre todas las revelaciones de famosos, esta misma semana se han dado dos noticias que han pasado más bien desapercibidas, pero que tienen mucho que ver con los Papers. La primera, es la publicación por parte de la Agencia Tributaria del resumen de los datos del Informe País por País de 2018 que recoge 122 multinacionales con sede fiscal en España. Los datos mostraban que 20 multinacionales españolas han pagado un tipo impositivo efectivo sobre beneficios del 1,8% de media global.

La otra noticia es que la Unión Europea ha sacado de la lista negra de territorios no cooperantes a Anguila, Dominica y las Islas Seychelles pese a que esta última aparece en los Papeles de Pandora como uno de los territorios protagonistas y fundamentales en las estructuras de evasión de impuestos. Europa, o sea los gobiernos que conforman la Unión Europea, decide justo esta semana levantar el veto de un país que está en el centro del nuevo “escándalo”. Que Europa haga esto no es un escándalo en sí, aunque lo sea un poco, sino que es el “sistema” global y europeo que impulsa.

Más allá de señalar al millonario

¿Cuántos escándalos hacen falta para que dejen de serlo? O, mejor dicho, cuántos escándalos debemos conocer para darnos cuenta de que no son hechos puntuales, sino un sistema global de egoísmo forjado en los dogmas neoliberales. No es la “ingeniería fiscal de una empresa”, sino la estructura global económica hecha a medida para un mundo empresarial y de grandes riquezas. La estructura del, por y para el capital.

Y los nombres que llenan los medios estos días no son simples evasores, sino una nueva clase social que ha decidido que lo del progreso común y los sistemas de bienestar sociales no va con ellos. Se juntan en sus fiestas, comparten los contactos de sus asesores y se suben al carro de la evasión de impuestos. No se ven como delincuentes, sino como integrantes de una nueva élite global por encima del bien y del mal. Se creen seres superiores porque el mundo globalizado está hecho a su medida. En esta última revelación de documentos, además, hemos visto a varios jefes de Estado. Personas encargadas de dirigir un país, eludiendo las responsabilidades fiscales del mismo. Una impunidad absoluta de los lobos que cuidan de las gallinas.

Por todo ello, lo que se necesita no es hacer pagar a los evasores lo que deben más su sanción correspondiente, que también, sino que se necesita atajar de raíz las técnicas y estructuras globales que facilitan la ingeniería fiscal y las prácticas de planificación fiscal, o sea de evasión de impuestos. No llega con hacer dimitir a un par de políticos, sino que necesitamos decisiones políticas valientes y tomadas de manera conjunta entre Estados para acabar con el negocio de la evasión de impuestos. No podemos contentarnos con señalar a unos cuantos bufetes de abogados, debemos señalar a las instituciones europeas y globales. Ejercer una presión a nuestros gobiernos para empezar un proceso global que desmonte esas redes cooperantes de paraísos fiscales, para sancionar a quienes no cumplan con esas reformas, para dejar sin negocio a esos bufetes y sin posibilidad de evadir a esos millonarios y esas empresas. El escándalo de los Pandora Papers nos ayuda a enfadarnos y a abrir los ojos, pero a lo que tenemos que mirar y señalar es al sistema.

Por Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado

7 oct 2021 19:18

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El bitcoin sigue trepando y llegó a 55 mil

Monedas digitales públicas y con respaldo, alentó Giorgieva

El bitcoin sigue su raid alcista en la semana y este miércoles anotó una suba del 7 por ciento para ubicarse en 55 mil dólares. Se acerca de esta forma a sus precios récord desde su lanzamiento, rgistrado en abril cuando superó los 60 mil dólares. Este alza de precios se observó también en el resto de los criptoactivos, como Ethereum.

La expansión de las criptomonedas se aceleró a partir de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien señaló que su país no prohibirá ni declarará ilegal a los activos digitales como los stablecoins (monedas digitales que tienen un valor atada al del dólar o al del oro).

En una línea similar, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva, afirmó que más de la mitad de los bancos centrales están estudiando, analizando y evaluando la posibilidad de implementar sus propias monedas digitales. Las declaraciones ocurrieron en una conferencia virtual organizada por la Universidad Bocconi.

Georgieva explicó que 110 países entre los miembros del FMI están en alguna fase de estudio de las monedas digitales, y que un reto clave era cómo garantizar la interoperabilidad de dichas divisas. "Es muy impresionante lo mucho que la comunidad internacional, los bancos centrales y las instituciones como la nuestra están ahora comprometidos", comentó.

La funcionaria interpretó que las criptomonedas como el Bitcoin no están respaldados por activos que mantengan su valor estable y pueden subir y bajar bruscamente, y por ello contemplando “la historia del dinero, es difícil pensar en ellos como dinero".

Georgieva calificó a las monedas digitales de los Bancos Central (CBDC) como la forma más fiable de moneda digital, dado que cuentan con el "respaldo del Estado" y en general cumplen con las normativas. Afirmó que la tecnología ofrece a los ciudadanos la oportunidad de realizar transferencias "sin problemas y menos costosas". Y planteó que “las stablecoins llenan el vacío digital del dinero emitido en forma privada”. 

7 de octubre de 2021

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Martes, 05 Octubre 2021 05:50

Monedas digitales de bancos centrales

Fuentes: El tábano economista

Si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado (Benjamín Franklin)

 

Con el advenimiento de la tecnología y, sobre todo, con posterioridad a la crisis del 2007/8 -que sirvió como catalizador-, las nuevas formas de dinero han tomado un sinnúmero de denominaciones: dinero virtual, moneda digital, dinero electrónico, criptomonedas privadas y públicas… Las criptomonedas –denominadas así porque utilizan criptografías- cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales: no están reguladas ni controladas por ninguna institución ni requieren de intermediarios en las transacciones, se usan una base de datos descentralizada, un registro contable compartido -llamado blockchain-, etc.

Las criptomonedas no cumplen con los usos que tradicionalmente se les otorga a las monedas: unidad de medida, medio de pago, reserva de valor. Tampoco cuentan con el respaldo de un Banco Central u otras autoridades estatales por lo que no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como un Fondo de Garantía de Depósitos. Tienen gran volatilidad, por lo que no son confiables en la actualidad como reserva de valor, tampoco son unidad de cuenta porque no existen balances expresados en criptomonedas y, desde el punto de vista transaccional, como medio de pago, son bastante limitadas.

Estas definiciones nos llevan a pensar si en la actualidad, los bancos centrales tienen la capacidad, conveniencia o beneficios en eliminar el efectivo y volverlo virtual. Es decir, no nos interesan las criptomonedas privadas, sino las públicas. El mundo financiero y su realidad parecerían encaminarse a esta lógica. De hecho, las tarjetas de debido y crédito operan como mecanismos virtuales, algunos medios de pagos digitales bancarios, diferentes billeteras virtuales nos permiten realizar compras con beneficios, pero en esos casos, a través de un banco.

Estos bienes económico digitales con propiedades dinerarias son los que vamos a explorar. Aunque es atractivo explicar las consecuencias de poner en práctica una moneda virtual e imaginar los resultados en la lógica financiera actual, también es necesario darnos cuenta que, la implementación de estas criptomonedas públicas denominadas Monedas Digitales de Bancos Centrales (MDBC) no sólo tiene algunas o varios de los atributos del dinero fiduciario, sino también, intentan posicionarse como una alternativa en la guerra de divisas que evite las sanciones experimentadas por algunos países a través de SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sociedad que establecer procesos comunes y estándares para las transacciones financieras con dominio estadounidense.

Tras la Segunda Guerra, se puso en marcha un nuevo sistema monetario mundial liderado por los Estados Unidos que consagró el dólar estadounidense como única moneda convertible en oro, por lo tanto, como única divisa internacional en Bretton Woods. Lo que se dio a llamar dinero fiduciario, del latín “fidare” que significa “confiar”. El 15 de agosto de 1971 Richard Nixon acaba con la convertibilidad del dólar y le ponía fin al patrón oro mundial. Nace lo que el ministro de finanzas francés, Valéry Giscard d’Estaing, acuñó con el término “privilegio exorbitante” La razón era simple: no había alternativa al dólar.

En la práctica, Estados Unidos puede crear un billete de 100 dólares para poder adquirir bienes valorados por ese importe a cualquier otro país. Mientras que el resto del mundo no puede imprimir esos 100 dólares, sino que los tiene que producir, mediante un bien por ese valor. Es decir, EEUU, puede sencillamente consumir y pedir prestado al resto del mundo más allá de sus medios a medida que los extranjeros adquieren dólares estadounidenses.

Pero hay más, en 1973 se funda en Bruselas el sistema de pagos SWIFT, también llamados de transferencias internacionales. Esta organización que nuclea a 212 países y 11.000 instituciones bancarias, instituciones comerciales, corredoras de bolsa y agentes de sociedades de valores, sistemas de compensación, instituciones de administración de inversiones y muchos otros. Es básicamente, un entramado global de bancos que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades. Para las transacciones con el resto del mundo se necesita el BIC (Bank Identifier Codes) generado por el SWIFT, que permite el control por parte de EEUU.

SWIFT posee y administra el sistema BIC, lo que significa que puede rápidamente identificar un banco y enviar un pago de manera segura o anularlo. Entonces la red puede ser usada para comunicar una orden de pago de forma rápida y segura. O si EEUU impone una sanción, ninguna empresa, proveedor o persona podrá depositar, pagar, o retirar dinero, lo que hace que las inhabilitaciones americanas a personas, compañías o países tengan impacto real.

Una encuesta publicada a principios de este año por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) encontró que 53 de 66 bancos centrales, es decir el 80% estaban considerando monedas digitales. Desde el 2018 el uso del efectivo físico se encuentra en declive, pero al parecer no sólo su desuso está inclinando la balanza de los bancos centrales a repensar las monedas. La transición inter-sistémica en un mundo multipolar sin una moneda de reserva natural puede estar más cerca de lo que piensan muchos comentaristas y también sus consecuencias.

¿Por qué querrían las autoridades sustituir el dinero en efectivo por una variante digital? Entre otros motivos, la logística del efectivo es cara (emitir, distribuir y retirar efectivo requiere una infraestructura costosa, ventanillas bancarias, cajeros automáticos, etc.), el dinero se deteriora con el tiempo, es sucio y transmite enfermedades, en este momento agravado en pandemia, genera delitos (robos) y falsificaciones, entre otras cosas. Una variante digital sería más eficiente, más limpia y más segura. Además, la guerra de divisas o la geopolítica de las sanciones financieras juegan un papel central en el interés de esta sustitución, veamos un ejemplo de gran imaginación pero que describe una parte del debate a futuro.

La guerra de divisas: una simulación de crisis sobre la Seguridad Nacional.

En un futuro no muy lejano, China se convierte en la primera gran economía en emitir una moneda digital de banco central (MDBC). El desarrollo pasa en gran medida desapercibido al principio, ya que los pagos en China ya están altamente digitalizados. Corea del Norte prueba un misil nuclear que demuestra avances significativos en su programa nuclear. Los analistas creen que esta arma nuclear tiene poder intercontinental para alcanzar a los Estados Unidos en poco tiempo de desarrollo. La simulación incorpora el financiamiento del desarrollo del misil a través de la moneda digital china, que las autoridades estadounidenses no pueden rastrear, fuera del SWIFT. Poco después, los países que quieren escapar de la supervisión y las sanciones de Estados Unidos, como Rusia, Cuba, Venezuela e Irán, comienzan a emitir sus propias monedas digitales. 

China opera cada vez más sin efectivo. En 2020, las transacciones sin efectivo ascendieron a 49 MM de dólares, lo que representa cuatro de cada cinco transacciones de pago. El gobierno ha dado un gran salto en tecnología financiera y está listo para extender la prueba de su moneda digital llamada Pago Electrónico en Moneda Digital (DCEP o “yuan digital”).

Ahora, dependiendo de los objetivos, el dinero en efectivo es un tipo de activo muy particular que aglutinaría a cuatro características fundamentales. (I) Se intercambia entre pares (sin conocimiento del emisor), (II) es universal (cualquiera puede tenerlo); (III) es anónimo y (IV) no devenga intereses.

Dada estas características y los objetivos económicos se pueden imaginar cuatro propósitos que tendrían los bancos centrales para emitir dinero digital. 1) Mejorar el funcionamiento de los sistemas de pago al por mayor, 2) reemplazar el efectivo por un medio de pago más eficiente, modelo chino, 3) mejorar los instrumentos de la política monetaria, 4) reducir (o incluso eliminar) la probabilidad y el impacto desestabilizador de las crisis bancarias.

El banco BBVA en su documento de trabajo N.º19 “Monedas digitales emitidas por bancos centrales: características, opciones, ventajas y desventajas” realiza un análisis más pormenorizado de los temas expuestos, donde las opciones pueden combinarse de diversas maneras para generar diferentes modalidades de intervención del Banco Central en la creación de  moneda. De las opciones expuestas, las tres últimas son las más disruptivas y por ende más atractivas o seductoras para analizar.

La primera medida, la de mejorar el sistema de pagos mayoristas tiene que ver con alternativas de fiabilidad de los bancos centrales con las transferencias. No tiene sentido discutir la bondades de las compensaciones de transferencias entre Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) utilizadas hoy por los bancos centrales o DLT de bloques tipo blockchain utilizadas por las criptomonedas. Este último formato no necesita intermediario. Para quien le interese puede buscar las diferencias de las alternativas y sus costos en la red o en los links expuestos. Las criptomonedas como no necesitan intermediario tienen un costo menor. En El Salvador una de las justificaciones para la aceptación de criptomonedas se basa en la menor comisión en el envío de remesas desde el exterior.  

La opción dos, la de sustituir el dinero en efectivo por uno virtual quizás sería la que más rápido pareciera instituirse. Los incentivos para que los bancos centrales desarrollen este nuevo tipo de efectivo pueden mejorarse si se considera que la competencia de las criptomonedas constituye una amenaza para el sector privado. El principal problema aquí es el anonimato. Una cosa es emitir billetes que, por su propia naturaleza, es anónimo -es decir uno va a la feria y paga en efectivo, nadie sabe tu nombre ni el del vendedor- y otra muy diferente es que el Banco Central emitan un medio de pago digital que deliberadamente sea anónimo y que, por lo tanto, sea un canal de pagos ilegales y de actividades delictivas. Por esta razón, la mayoría de los bancos centrales consideran que, en caso de emitir, lo harían según la modalidad de cuenta bancaria como en la actualidad.

La tercera opción “nuevas posibilidades para la política monetaria” es más utilizada en el primer mundo. En la reciente crisis, los bancos centrales reaccionaron con una agresiva expansión monetaria, con mayor profundidad ante la pandemia, pero con tipos de interés cero o negativos. A los bancos centrales les resulta más difícil expandir la liquidez con tipos de interés negativos, sobre todo, porque la gente querrá quedarse con el efectivo si el interés está por debajo de cero. Pero si podrán expandir la liquidez a las empresas para crear nuevas burbujas de manera directa o generando créditos a tasa cero, que tendría que ver con la atractiva cuarta opción.

Si el objetivo de crear moneda es reducir o eliminar la probabilidad de las crisis bancarias, entonces los ciudadanos tendrán que abrir una cuenta en el Banco Central, identificada como en el caso de los depósitos bancarios. De acuerdo con la lógica de esta propuesta, las crisis bancarias son el resultado que la expansión crediticia creada por los bancos. Estos son instituciones apalancas e intrínsicamente frágiles. Si los bancos centrales ofrecieran depósitos a la población en forma de moneda digital, la provisión de pagos se desvincularía de la provisión de crédito y, según esta lógica, se evitaría la mayoría de las crisis bancarias.

De acuerdo con este punto de vista, la tecnología ofrece ahora la posibilidad de desvincular la generación de depósitos de la provisión de crédito; lo cual no es verdad ya que siempre se pudo hacer -según los neo-keynesianos-, pero con los depósitos en el banco central transformando radicalmente el papel de los bancos comerciales y de los bancos centrales. Al estar los depósitos en el BCRA, las corridas cambiarias serian imposibles.

Existen varias alternativas en esta línea de propuestas: los bancos se transforman en entidades de crédito que captan sus recursos en el mercado. En otras, compiten con los bancos centrales por los depósitos. Lo que es cierto es que las redes de seguridad, como el seguro de depósitos y el papel de los bancos centrales como prestamistas de última instancia serían redundantes y podrían eliminarse o reducirse significativamente.

Lo más interesante de esta opción, es lo que los bancos centrales podrían hacer con el dinero depositado. Préstamos al gobierno o compra de deuda pública. De este modo se abriría la posibilidad de una financiación del sector público. Deposito en cuentas de particulares ante expansiones fiscal, por motivo de pandemia, por ejemplo, sin utilizar. Compra de reservas, préstamos a entidades financieras para desarrollo. Se abriría una gran ventana de opciones.

Por su parte, en la guerra de divisas, el gobierno estadounidense impone sanciones económicas a los países que no actúan según el orden que EEUU. Países como Rusia, Irán, Libia, Corea del Norte y Venezuela han sido sancionados económicamente e impedidos de usar el sistema SWIFT quedando con ello imposibilitados de importar y exportar en el mercado internacional formal: ninguna institución financiera del mundo puede facilitar transacciones monetarias con estos países.

Tanto Rusia y China vienen implementando mecanismos para impulsar y desarrollar sus transacciones comerciales en sus propias monedas: rublos y yuanes. Ambos han reducido significativamente sus reservas internacionales denominadas en dólares y las viene reemplazando por oro, euros y yuanes. Así también, Rusia, China, India, Irán y Turquía vienen proponiendo una red financiera global alternativa al SWIFT para evitar el control estadounidense. Las monedas virtuales con respaldo de los bancos centrales podrían ser una alternativa, para escapar y comerciar con medios de pagos acordados por los gobiernos en lo que será central en el futuro, acuerdos comerciales en monedas propias y si son digitales mejor.

Lo que queda por estudiar son los niveles de señoreaje que perderían los gobiernos con estas emisiones. Y a pesar de que, el dólar no ha modificado el nivel mundial en su demanda, también queda por ver, si su hegemonía sigue viva.

05/10/2021

Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2021/10/03/monedas-digitales-de-bancos-centrales/

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El Salvador está usando volcanes para minar Bitcoins

Las pruebas que se realizan en el primer país en utilizarla como moneda legal

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que el país está "probando" minar bitcoin, la criptomoneda que tiene curso legal en el país, utilizando energía geotérmica proveniente de los volcanes.

"Todavía estamos probando e instalando, pero esta es oficialmente la primera minería bitcoin a partir de un volcán", señaló el mandatario en un breve mensaje en inglés desde su cuenta de Twitter.

El minado de bictoin es el proceso mediante el cual se crean nuevos bitcoins usando computadoras que resuelven problemas matemáticos complejos y cuya operación demanda una gran cantidad de energía eléctrica.

El 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en utilizar bitcoin como moneda de curso legal, con el propósito de recuperar su estancada economía, dolarizada hace dos décadas.

Bukele no brindó mayores detalles sobre cómo se hará el proceso de minado, aunque el martes compartió en su cuenta de Twitter un corto video antecedido por la frase "primeros pasos".

En el material compartido se aprecia una planta geotérmica de producción de energía ubicada en el oriente del país, en la que ingresa un camión con un gran contenedor en cuyo interior trabaja un hombre conectando cables a equipos informáticos que serían usados para el minado de bitcóin.

Meses antes de que la criptomoneda comenzara a tener curso legal en el país, Bukele manifestó la disposición para que se pudiera minar bitcoin en El Salvador usando la energía geotérmica de sus volcanes.

El gobierno espera que el uso de la moneda virtual contribuya a captar los más de 400 millones de dólares de comisión proveniente de las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero. 

El total de esos envíos representa 22 por ciento del PIB del país, mientras que unos 3 millones de salvadoreños viven fuera de su territorio, 2,5 millones de ellos en Estados Unidos.

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Foto de archivo del 3 de mayo de un grupo de ciudadanos chilenos al hacer fila en la sucursal de una AFP, para realizar el tercer retiro de sus ahorros previsionales, en Santiago de Chile. Imagen: EFE

Aunque aún no se vislumbra el fin del sistema de pensiones establecido por la Dictadura, en Chile hay señales para pensarlo como el nerviosismo de las administradoras y las confesiones de ministros de Piñera de haber retirado el 10por ciento de sus aportes. Quedó más que claro que este modelo no funciona.

 

Aunque casi nadie lo dice abiertamente, el destino de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile parecen estar más cerca del fin que de alguna reforma cosmética para adaptarse a las demandas ciudadanas que las pusieron en el centro del Estallido Social iniciado en octubre de 2019 y que se ha traducido en tres retiros —cada uno con un tope del 10 por ciento— del dinero ahorrado para la vejez. Esta semana, con la aprobación en Diputados el martes pasado de un cuarto retiro, que ahora pasó al Senado, se ha reabierto un debate que cruza la campaña presidencial chilena.

Este sistema previsional, instaurado en 1981 en plena dictadura de Pinochet, obliga a los trabajadores a depositar el 10 por ciento de su sueldos a las administradoras, que los hacen en elegir entre cinco fondos (siendo el “A” el más riesgoso y el “E” el más conservador). No sólo cobran comisión, sino que también invierten dentro de Chile y en el extranjero, obteniendo ganancias que no se traspasan al trabajador. Al contrario, son estos últimos quienes asumen las pérdidas. No es casual que hasta el día de hoy se salven de este esquema carabineros y fuerzas armadas.

El candidato de Piñera reconoce haber retirado el 10 por ciento

El candidato oficialista Sebastián Sichel, quien cuenta con el respaldo del propio Sebastián Piñera quien predijo que será “un gran presidente”. En julio,en sintonía con Piñera, Sichel se declaró en contra del cuarto retiro anticipado y advirtió: “Voy a estar mirando quienes apoyan para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas".

Ese tono amenazante, molestó transversalmente a la alianza oficialista de Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli y ha ido moderándose sobre todo porque Sichel no ha logrado superar en las encuestas a Gabriel Boric, candidato del conglomerado Apruebo Dignidad—integrado por el Partido C y el Frente Amplio, quien apoya el retiro.

Pero hay algo más, el hombre de derecha, que se presenta como alguien alejado de la política tradicional y de un pasado supuestamente humilde, ha sido acusado abiertamente de haber retirado su 10 por ciento, lo cual le hacostado el respaldo de varios diputados de su sector.

Sichel, en su estilo camaleónico, en un principio dijo que esto era una trampa. “No voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es incoherencia del sistema, mientras algunos salen a dar explicaciones, yo creo que al revés, creo que las explicaciones las deben dar quienes están aprobando el cuarto retiro”. Hasta que finalmente hoy afirmó en twitter que efectivamente sacó ese dinero pero que lo invirtió en una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV), perteneciente al mismo sistema de AFP. Además, emplazó sobre todo a Boric a responder si también ha retirado sus fondos. 

Lo delirante es que lo reconoce cuando hasta su propia vocera Katherine Martorell, exsubsecretaria de Prevención del Delito, o los ministros Rodrigo Cerda de Hacienda y Carolina Schmidt de Medio Ambiente, han dicho, en un ataque de sinceridad, que han sacado porcentajes del dinero correspondiente a sus pensiones.

 “La verdad, es que si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio por qué no retiramos el 100 por ciento de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura”, subió la apuesta Sichel 

Las AFP, nerviosas

Este caos ha repercutido profundamente en las AFP, que han debido adaptarse desde el primer retiro en julio de 2020. Si bien sus voceros comenzaron diciendo que era algo que perjudicaría la economía, llevando a Chile hacia un abismo abierto con el Estallido Social y la pandemia, actualmente las AFP han invertido en una mejor presencia en las redes sociales, enviando correos sobre las bondades de no retirar los fondos y adoptando un estilo de supuesta cercanía a las necesidades de sus afiliados.

Pero por dentro hay nerviosismo, muchas horas extra y caras largas ante una transformación de proporciones del viejo sistema de pensiones. Así, por ejemplo la AFP Provida, la más grande del país, ha llamando a reuniones de urgencia y presenciales con un mes de anticipación en agosto pasado. Aunque la razón esgrimida era que los trabajadores pudieran “verse las caras”, quizá haya un factor más pragmático y tendría que ver con que lidera la fuga de afiliados en pandemia y que su propietario, los estadounidenses de MetLife, estarían empezando a inquietarse con tanto retiro, cosa que posiblemente ocurre también con otras administradoras como Habitat o Plan Vital pertenecientes a Prudential Financial (EE.UU.) y Assicurazioni Generali (Italia).

El mediático empresario Juan Sutil, presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, señaló en su acostumbrado tono apocalíptico que aprobar este retiro —que se tramita la próxima semana en la cámara alta— “significa quebrar las reglas del juego para las inversiones, para el emprendimiento, para el desarrollo y especialmente para el cumplimiento de las obligaciones que tiene Chile con los inversionistas extranjeros”.

De hecho, el dólar acaba de superar los 800 pesos chilenos, llegando a su mayor valor desde octubre de 2020, siendo una de las razones la incertidumbre ante el cuarto retiro y el futuro de las AFP. Una situación que contrasta con el desconfinamiento, la primavera y el fin del toque de queda que rápidamente va normalizando la vida en las grandes ciudades de Chile, aunque con la mascarilla y el alcohol gel. 

1 de octubre de 2021

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Xi Jinping rescata al gigante Evergrande en nombre de la estabilidad capitalista

El régimen de Xi Jinping está combinando distintas maniobras financieras para salvar una de las empresas capitalistas más importantes de China.

 

El gigante inmobiliario chino Evergrande ha anunciado la venta de una participación del 19,93% en el banco comercial Shengjing Bank a un conglomerado estatal por $10.000 millones de yuanes (unos U$D 1.545 millones) lo que podría ser el primero de varios movimientos de empresas vinculadas a Beijing. Shengjing Bank es un banco vinculado a la empresa de Xu Jiayin, propietario de Evergrande, cuya deuda de U$D 300.000 millones pone en evidencia a grandes instituciones financieras como Minsheng Bank.

La venta de las acciones se destinó al grupo Shenyang Shengjing Finance Investment, propiedad de las autoridades públicas de la ciudad de Shenyang. En una declaración a la Bolsa de Hong Kong, Evergrande dijo que su participación en Shengjing Bank bajará del 34,5% al 14,57% tras la operación de venta.
Xu Jiayin retendrá una participación del 15% en el Shengjing Bank, que "exige" que los ingresos netos de la venta se utilicen para saldar las deudas que el grupo tiene con el banco, según una declaración reglamentaria.

El régimen de Xi Jinping está combinando distintas maniobras financieras para salvar una de las empresas capitalistas más importantes de China. Varias empresas gubernamentales y desarrolladoras inmobiliarias respaldadas por el Estado, como China Vanke Co. Ltd, China Jinmao Holdings y China Resources Land Co. han sido "invitadas" a comprar activos de Evergrande para reforzar la captación de fondos de la empresa. La burocracia del Partido Comunista Chino espera que las compras de activos eviten, o al menos reduzcan, el malestar social que podría generarse si Evergrande sufre un colapso desordenado.

Además, el Banco Popular de China (el banco central) ha inyectado recursos por valor de $ 100.000 millones de yuanes (U$D 15.460 millones) en el sistema financiero chino mediante operaciones de recompra inversa a 14 días. Se trata de una operación ordenada por Xi en al menos dos ocasiones anteriores, con inyecciones de 110.000 millones de yuanes para aportar liquidez al sistema financiero ante la crisis inmobiliaria.

"Mantener la estabilidad del sector social y financiero sigue siendo el objetivo político general del gobierno chino", dijo Nicholas Zhu, analista principal de Moody’s Investors Service. "Con tantos pagos de cupones a finales de año, la venta de activos no esenciales es la forma más eficaz de que Evergrande obtenga fondos", dijo Steven Leung, director gerente de UOB Kay Hian.

El uso de dinero público para comprar activos no esenciales de este gigante capitalista chino es una de las formas de intervención "indirecta" llevada a cabo por Xi Jinping. Otra herramienta utilizada es responsabilizar a otras empresas públicas de las obras inacabadas que realiza Evergrande. La segunda empresa de desarrollos inmobiliarios tiene todavía 800 proyectos en casi 250 ciudades de China, con 1,6 millones de departamentos ya vendidos sin entregar. En un distrito de la ciudad sureña de Guangzhou, un departamento del gobierno local dijo que los ingresos de una filial de Evergrande debían ingresarse en una cuenta del gobierno para que "los intereses de los compradores de viviendas puedan ser protegidos".

Según informa la agencia de noticias Reuters, un puñado de empresas estatales ya se está preparando para hacerse con los activos de Evergrande en la ciudad de Guangzhou, capital de Guangdong, una de las provincias meridionales más industrializadas del país. En un ejemplo emblemático, Guangzhou City Construction Investment Group está cerca de adquirir el estadio del Guangzhou Football Club y los proyectos residenciales circundantes.

El salvataje de la empresa se combina con la creciente presión sobre Xu Jiayin. Xi Jinping busca un tercer mandato en el 20º Congreso del PCCh, que se celebrará en 2022, y no puede parecer a los millones de desempleados y trabajadores pobres de China que sus esfuerzos están dirigidos a salvar a los especuladores multimillonarios. Xu Jiayin está "en el lado equivocado" de la campaña por la prosperidad compartida, que tiene como objetivos esenciales disminuir la enorme desigualdad social para evitar explosiones sociales que socaven la estabilidad política en un momento delicado de conflicto entre Beijing y Washington, y ampliar la capacidad de consumo de la nueva clase media y el potencial mercado interno chino.

Esto no tiene ninguna correlación con una supuesta campaña de expropiación de los capitalistas chinos, cuyos segmentos más ricos forman parte cada vez más de los procesos de elaboración de políticas en China. La burocracia reaccionaria del Partido Comunista Chino ha incorporado, en efecto, a muchos de los principales magnates del país (como Jack Ma, de Alibaba, y Ma Huateng, de Tencent) a las altas esferas del partido-estado, y China ha superado cómodamente a Estados Unidos en número de multimillonarios.

Si se mira con atención, este tipo de reestructuración de Evergrande no es nueva en la China de Xi, y sigue el patrón de empresas como Huarong y HNA, que fueron apalancadas financieramente por el gobierno cuando estaban en crisis. En este esquema de reestructuración, la empresa capitalista se salva pero la dirección es castigada. Chen Feng y Adam Tan, presidente y director general de HNA, fueron detenidos recientemente por la policía china, un destino que puede correr Xu Jiayin.

En el caso de HNA, la empresa convocó una reunión presencial y a distancia de "más de 2.700 miembros del partido, cuadros y representantes del personal" que fue presidida por Gu Gang, un funcionario del gobierno de Hainan que ha sido nombrado presidente ejecutivo de HNA y dirige un comité de trabajo responsable de la reestructuración. En septiembre, HNA había anunciado que, si salía con éxito de la quiebra, operaría como cuatro unidades independientes centradas en la aviación, operaciones aeroportuarias, finanzas y comercio. El gobierno también discute la partición de Evergrande. A cambio, la empresa sobrevive, con mayor participación del Estado, y preserva los beneficios de los accionistas. En China, como en Occidente, también hay empresas "demasiado grandes para quebrar".

Esto es aún más cierto teniendo en cuenta el tamaño de Evergrande, cuyo peso en la economía china es mucho mayor que el de empresas como Huarong y HNA. El sector inmobiliario representa entre el 25 y el 30% del PIB chino, por lo que un default desordenado de Evergrande sería un problema de proporciones que podría contagiar al sistema financiero chino, expuesto en gran medida a la deuda de la empresa.

La compleja situación del gobierno chino tiene aspectos coyunturales y estructurales. Conjuntamente, es explicable porque Xi Jinping está reduciendo el impacto del colapso de Evergrande comprando sus activos. El gobierno, que controla el sector bancario, quiere infligir suficiente dolor a Evergrande para demostrar que se toma "en serio" la necesidad de que el sector inmobiliario reduzca sus niveles de deuda y deje de depender de la financiación estatal. Pero, al mismo tiempo, no puede admitir choques recesivos en la economía en un momento de acaloradas disputas internacionales con Washington, que acaba de cerrar el acuerdo de submarinos nucleares con Australia y el Reino Unido, llamado AUKUS.

Los problemas estructurales son más graves. La crisis de Evergrande fue en gran medida "alentada" por la política del gobierno chino. En el marco de la crisis económica mundial, Xi Jinping se ve obligado a constatar que el sector inmobiliario ya no puede ser el principal motor dinámico de China, como lo ha sido durante los últimos 40 años. El modelo de construcción ininterrumpida de infraestructuras e inmuebles que ayudó a cuadruplicar el PIB de China en la década de Hu Jintao (2002-2012) parece haber llegado a su límite.

En primer lugar, el panorama de la demanda de inmuebles urbanos ha cambiado por completo desde la época en que Deng Xiaoping impulsó las reformas procapitalistas, que comenzaron en 1980 pero cobraron impulso en los años 90, responsables del mayor boom inmobiliario de la historia de la humanidad. Después de 30 años en los que millones de trabajadores abandonaron sus pueblos rurales para ir a las ciudades, la mayor migración de la historia de la humanidad se ha frenado sustancialmente.

En segundo lugar, la población de China ha dejado de crecer. En 2020, solo nacieron 12 millones de bebés, por debajo de los 15 millones de 2019, en un país de 1.400 millones de habitantes. La tendencia podría continuar en la próxima década, algo que la burocracia del PCCh quiere evitar a costa de dificultar el acceso de las mujeres al derecho al aborto.

En tercer lugar, la disminución de las ciudades y la reducción de la población están relacionadas con el cambio en el patrón de crecimiento chino, que después de 2008 ha pasado a centrarse en el mercado interno y en la producción de alta tecnología, alejándose de la dependencia de la inversión estatal en iniciativas industriales intensivas en mano de obra y orientadas a la exportación.

Así, en China operan múltiples fuerzas estructurales, mucho más allá de la crisis de Evergrande.

Xi Jinping no desea que se produzca una comunión de las tormentas antes de asegurar su permanencia en el cargo de secretario general del PCCh por un tercer mandato en el XX Congreso. Pero, como hemos dicho antes, hay tres crisis que podrían salirse de control. Las huelgas de trabajadores de la construcción, las más numerosas en provincias como Henan, Guangdong y Jiangsu, podrían extenderse si la crisis de Evergrande (y de empresas análogas como Sunac China Holdings, de Zhejiang) se va de las manos. La bronca popular por la no entrega de los departamentos prometidos podría provocar daños mucho mayores que las ventanas de la sede de Evergrande. Por último, un impago desordenado por parte de Evergrande podría desencadenar una crisis financiera, el "infierno de Dante" en la mente de Xi Jinping (la semana pasada no se pagaron intereses por valor de 84 millones de dólares, así como esta semana por valor de 47 millones).

La saga de Evergrande tiene mucho que decir sobre los problemas de China, a pesar de la ceguera selectiva de ciertos intelectuales estalinistas.

 

Miércoles 29 de septiembre

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