Un viaje a través de la libertad: Nydia Tobón

Para Nydia, Mi madre (1929-2022-¿?)

A las aladas almas de las rosas/ del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas,/compañera del alma, compañera. M. Hernández

Et par le pouvoir d'un mot/Je recommence ma vie/ Je suis né pour te connaître/Pour te nommer/Liberté. Paul Eluard.

 

Ahora que llega ese momento que no quisiéramos que pasara, ese golpe que nos dice que la vida siempre tiene un límite, me habita ese mar profundo y áspero de la tristeza y el vacío. Con ese sentido de lo trágico, vuelvo a entender que “el sol no mostrará su rostro a causa de su duelo” en este instante que el tiempo se desvanece en dolores de segundos, en que pasan los minutos y se acumulan tristezas, y en que las hojas no caerán entonces de los árboles. Pero es precisamente a través de esa ausencia tan grande, de esa cortina de lágrimas, en la que se filtran los recuerdos de una vida que fue un elogio a la libertad, desde sus primeros pasos en Viotá, ese pueblo en el extremo sur occidental de Cundinamarca en el que se enorgullecía de haber nacido, pasando por Bogotá, Londres, París, su retorno y todos sus viajes.   Alguna vez le dije que era lo más cercano al embajador del Gran Khan trayéndonos noticias de la redondez del mundo y presentes de otras tierras; no era solo el viaje y las fotos sino el sentido de lo humano y lo universal que comprendía, el contexto y su momento.   De allí emergían relatos fascinantes y curiosas anécdotas de personajes y ciudades que nos embelesaban cada año.

Fue una libertad que, desde muy joven, en esa Viotá del alma, entendió asociada a la justicia social y de allí su militancia de lo que se entendía como revolucionario. El coronel Rico, su abuelo, había luchado en los ejércitos liberales en la Guerra de los Mil Días, mi abuela, María, había sido flor del trabajo en ese beligerante municipio. Después se encendió ese fervor comunista que vivió intensamente en los tiempos agrestes de dictaduras y frentes, junto a mi padre Alfonso Romero Buj, quien sería asesinado en 1976, tiempos de persecuciones, de estado de sitio y capturas presidenciales a discreción, lo que fui conociendo a pedazos, cuando me contó que me había llevado a visitarlo en la Cárcel Modelo y que había interpuesto habeas corpus para que lo liberaran. Pero no podía quedarse quieta y su libertad se extendió contra el opresivo patriarcalismo, contra esa negación de los derechos de las mujeres. La vi cómo lloraba en la casa de mi abuela cuando se marchaba para Londres huyendo de todo lo que implicaba su unión; sintió que tenía que irse y dejar la jaula, volar. Después fueron los sucesos de Carlos Ilich Ramírez y su prisión por más de ocho meses bajo el cargo de complicidad con el buscado “terrorista”, hoy en día preso de los franceses.

Regresaría a Colombia con ese INRI, que nunca negó, y entre sus bellas quimeras libertarias fue directora de la primera revista Fotografía en el país, Fotografía Contemporánea, una utopía en la que participaron Jorge Mario Múnera y Hernán Díaz. En esa fascinante versatilidad de vida, desempolvó su tarjeta de abogada, modelo 64, para asesorar a poseedores que eran tildados como invasores en los predios en lo que ahora es la avenida circunvalar. Allí desplegó lo mejor de sus conocimientos como abogada litigante.  

Los días pasaron velozmente en esas décadas de violencia voraz, asesinatos diarios como el de mi tío Henry, y tuvo que buscar un nuevo exilio, en su París del corazón. Y no fue fácil. Debía luchar entonces contra su historia y lo logró empecinadamente, después de muchos años, hasta conseguir la ciudadanía. Allá presenció el derrumbe de esa visión del mundo que se desvaneció como un castillo de naipes; aún así, se mantuvo fiel a esos principios, desde su propia orilla, en los márgenes de esos partidos y agrupaciones y con su libertad querida. Allá desembarcamos un tiempo con la pequeña Nydia, aún de brazos, y empezamos a conocer ese mundo de ella de las rue, el metro, la torre y el París para los no turistas del barrio 20 y sus contornos, de los célebres comunards de 1871. Pude comprender, como dijera Baudelaire que uno ama a esa ciudad por lo infame: porque sentí con ella toda la nostalgia de ese espejismo diario que amanece en la Rue Malar y estalla afuera. Conocí de su mano ese París hasta el desgaste con sus bonjours, ça va, merci et excuse moi de vous dérenger.

Así empezamos a reconstruir los lazos. Yo afincado en poemas y dibujos y ella iniciando su fase de pintura y máscaras sin dejar esas otras actividades en Droit Solidarité, una organización en defensa de los excluidos. En las tardes hacía escritos y estaba en reuniones con su admirado Rolland Weyl, muy cerca de Bastilla, y en las mañanas recibía clases de pintura …No paraba entonces pues me hablaba de un grupo del té, de la asociación de los sonidos de la ballena, del tai chi. Era una sinfonía diaria que nos dejaba exhaustos. La fui entendiendo más y recuperando ese amor que me transmitía con su dimensión protectora que sabía y presentía todo. Así descubrí que podíamos contemplar los atardeceres y muchas puestas de sol sin musitar palabra, como en ese refugio de olas de Palomino en que estuvimos con Sofía, mi segunda hija.   Entendí que no se es, sino que va siendo y que, como lo dijera Machado, se hace camino al andar.

La pude entender cuando se desgranó con la muerte de mi hermano mayor, Alfonso, y se recompuso de ese golpe, llevando ese dolor sin límites por esa desaparición temprana. Hay golpes en la vida, tan fuertes… Ella pudo seguir con ese ángel guardián en que se convirtió su hijo, apoyada por mi primo Elías y soportada por Francia, su hermana, y saber que la vida sigue a pesar de ese absurdo.   No dejó de lado sus entrañables manifestaciones del simbólico 1° de Mayo y, hace tres años, viviría esa tragedia de un trombo que la dejó pérdida todo un día en las calles de París entre las refriegas de los Chalecos Amarillos y ocho horas en un metro, como me alcanzó a escribir. Regresó a nosotros como otra oportunidad para tejer lazos más fuertes. Lo hicimos hasta ese último minuto en que dos neumonías la socavaron para escoger su viaje y abrir la puerta a la eternidad este 1° de Mayo.

Por eso puede decir que fue, sin ostentación, diploma o reconocimiento, una de las grandes luchadoras de este país que fueron rompiendo las oprobiosas cadenas de la sumisión. Por eso es posible decir de ella, parodiando a Berthold Brecht, que “Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero los hay que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles”.

Les hablo, entonces, lacerado con la desolación, reconociendo que quedará mucho por decir de ella que era un continente. Una persona de estas proporciones nunca muere, no pasa por la tumba –como lo dijera Artaud–, porque no fue solo ese bello cuerpo que habitó y que ahora sembramos en la tierra. Estará en esa otra dimensión en sus luchas cotidianas, sabiendo que nos dio eso que el zorro, el curioso personaje de El Principito, confiesa que recibió de su compañero: el color del trigo.   Mi epitafio es el siguiente:

Nada detendrá tu viaje por las ensenadas,

Penínsulas y archipiélagos de la libertad:

Viotá, Bogotá, Londres, París.

Ni este momento

Navegarás en esa travesía eterna

En el barco azul de nuestros recuerdos.

 

Por Juan Fernando Romero Tobón, 3 de mayo de 2022

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“Francesca Gargallo seguirá viviendo en cada paso de nuestra lucha”: mujeres kurdas

Desde el Movimiento de Mujeres de Kurdistán se difundió un comunicado en memoria de la pensadora feminista italo-mexicana Francesca Gargallo Celentini, fallecida en México el 3 de marzo de este año.

A continuación publicamos la declaración completa:

Desde el Movimiento de Mujeres de Kurdistán recibimos con dolor, ayer (3 de marzo) a la mañana, desde la Ciudad de México, la noticia de la muerte de la activista, académica, escritora y poeta Francesca Gargallo Celentani.

Francesca Gargallo era para nosotras una hermana y acompañó, desde el internacionalismo y con sus profundas reflexiones, nuestro movimiento a través de los continentes.

Nuestros pensamientos de amor más profundos van en esto momentos a su hija Helena y a todos sus seres queridos, que abrazamos mientras están reunidos en una red transnacional de afectos; nuestros sentimientos más comprometidos son sin fronteras para tener viva la memoria de vida y el ejemplo de nuestra compañera Francesca Gargallo, desde su alegría y vitalidad, que hacía de cada reflexión compartida una apertura sincera de horizontes y caminos.

Nacida en el sur de Italia, en Sicilia, en el 1956, y habitando México desde el 1979 como toda Abya Yala en su profundidad rebelde desde las luchas de las mujeres y disidencias, Francesca Gargallo caminaba la palabra desde un sentipensar que transcendía fronteras y tejía comunidades amorosas y autónomas, indígenas y populares, desde un internacionalismo feminista sensible y generoso en defensa de los derechos humanos. En su obra figuran cuentos para la infancia, poesías, narraciones y en sus trabajos, como en “Ideas Feministas Latinoamericanas” y después en “Feministas de Abya Yala”, criticaba la modernidad capitalista hegemónica y planteaba, practicándolas colectivamente, otras formas de ser, por fuera de esa, del feminismo radical. Ella recordaba en sus escritos que una lucha de mujeres que no construye autonomía sino que solo pide equidad, asimilando el mundo masculino, en un contexto de occidentalización acelerada del mundo, se pliega a políticas públicas globales estatales, y así tiende a forzar a todas las mujeres a una supuesta liberación individual, impulsando solo sus intereses en el ámbito del sistema capitalista, publicitado así como “el único sistema que funciona”.

La búsqueda de Francesca Gargallo hacia una modernidad democrática y anti-patriarcal en su investigación militante y académica ha abierto tanto señalamientos a los feminismo hegemónicos institucionalizados, como rutas para abarcar y entender con más atención las luchas llevadas adelante entre Abya Yala y Kurdistán, otras formas no occidentales de lucha anti-patriarcal desde donde construir mundos de sentidos y practicas comunitarias en defensa del planeta en autentica pluriversidad.

La entera vida de Francesca Gargallo ha sido este actuar colectivamente en una constante despatriarcalización de la comunidad y de la vida. Lectora y conocedora de las autobiografías escritas por la dirigente kurda Sakine Cansiz, como ella, sentimos que Francesca Gargallo abrazó la idea de tener que construir libertad no en un futuro próximo, sino en el aquí y en el ahora, comunalmente. Esto emerge cada momento en su obra escrita como en cada palabra que haya compartido desde la convivialidad. Dando énfasis con su creatividad a la potencia liberadora de la poesía, poco meses antes de irse, Francesca había escrito en el prologo de “Otoño”, una publicación de poesías sobre el Kurdistán: “La poesía es la forma literaria que adoptamos cuando necesitamos contar lo indecible porque, precisamente, accede al instante en el que podemos detenernos y gritar. Expresa nuestra fantasía de forma tal que devela el recuerdo de un relámpago que nos empuja, a pesar de la cotidianidad global, a reconstruir la libertad, ese anhelo tan personal que solo se hace realidad cuando compartimos su construcción y sus frutos.”

Su compromiso feminista internacionalista caminante para la libertad llegó hasta romper los muros de las cárceles de Turquía, cuando hizo resonar internacionalmente sus palabras contra el arresto de nuestra compañera kurda Leyla Güven, la cual inició una huelga de hambre en prisión y a la cual Francesca dirigió estas palabras, que en espejo, ahora le devolvemos: “Tu vida es importante para las feministas. Porque nos recuerda que tenemos que poner nuestro cuerpo en las primeras lineas si queremos desertar el patriarcado, y levantarnos contra la tortura, el aislamiento frente al rechazo de que las personas puedan vivir en paz”.

¡Francesca Gargallo seguirá viviendo cada paso en nuestra lucha!

!Jin Jiyan Azadi!

Movimiento de Mujeres de Kurdistán / 04-03-2022

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Zapatistas convocan a campaña «contra todas las guerras capitalistas»

Ciudad de México. Desinformémonos. Las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocaron a los pueblos y movimientos del mundo a realizar conciertos, manifestaciones, encuentros y festivales para pronunciarse «contra todas las guerras capitalistas», como las de Ucrania, Palestina, Kurdistán, Wallmapu y hacia los pueblos indígenas.

A través de un comunicado, la Comisión Sexta Zapatista llamó a los colectivos y activistas a que a partir del 13 de marzo inicie una campaña mundial «en contra de las guerras del capital, cualquiera que sea su geografía», a través de diferentes actividades políticas y artísticas.

Por su parte, las comunidades protestarán el próximo 13 de marzo en sus caracoles, en las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y en las comunidades a pie de carretera en Chiapas, para dar inicio a la campaña y pronunciarse contra las guerras «que el sistema perpetra en todo el mundo».

«¡Contra todas las guerras: todas las artes, todas las resistencias, todas las rebeldías!», señalaron los zapatistas en la convocatoria.

A continuación el comunicado completo:

A la Sexta Nacional e Internacional:
A quienes firmaron la Declaración por la Vida:
A las personas honestas de todo el mundo:

En acuerdo con algunas individualidades, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos de SLUMIL K´AJXEMK´OP, las comunidades zapatistas han acordado convocar a movilizaciones y manifestaciones contra TODAS LAS GUERRAS capitalistas, actualmente en curso en varios rincones del planeta.  No es sólo en Ucrania.  También en Palestina, el Kurdistán, Siria, el pueblo Mapuche, los pueblos originarios en todo el planeta, y tantos y tantos procesos libertarios que son agredidos, perseguidos, asesinados, silenciados, distorsionados.

Respondiendo a ese llamado, hemos acordado participar en las movilizaciones del día domingo 13 de marzo del 2022, y así seguir con las acciones en contra de las guerras que el sistema perpetra en todo el mundo.

Planteamos entonces el arranque de una campaña mundial en contra de las guerras del capital, cualquiera que sea su geografía.  Organizar conciertos, encuentros, festivales, reuniones, etc.  En fin, las artes contra las guerras.

Llamamos a todas las personas honestas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en México y en el mundo a que, de acuerdo a sus tiempos y modos –y conservando su independencia y autonomía-, se sumen a las actividades para exigir alto a las guerras, iniciando el domingo 13.

Por su parte, las comunidades zapatistas se manifestarán, el día domingo 13 de marzo del 2022, en sus caracoles, en las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y en las comunidades a pie de carretera, con algunos miles de zapatistas.

¡Contra todas las guerras: todas las artes, todas las resistencias, todas las rebeldías!

Desde las montañas del Sureste mexicano.
Comisión Sexta Zapatista.
México, marzo del 2022.

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Sábado, 05 Marzo 2022 06:47

No habrá paisaje después de la batalla

No habrá paisaje después de la batalla

(Sobre la invasión del ejército ruso a Ucrania).

 

A quienes firmaron la Declaración por la Vida:

A la Sexta nacional e internacional:

Compañ[email protected] y [email protected]:

Les decimos nuestras palabras y pensamientos sobre lo que ocurre actualmente en la geografía que llaman Europa:

PRIMERO.- Hay una fuerza agresora, el ejército ruso.  Hay intereses del gran capital en juego, por ambos lados.  Quienes padecen ahora por los delirios de unos y los taimados cálculos económicos de otros, son los pueblos de Rusia y Ucrania (y, tal vez pronto, los de otras geografías cercanas o lejanas).  Como zapatistas que somos no apoyamos a uno ni a otro Estado, sino a quienes luchan por la vida en contra del sistema.

Cuando la invasión multinacional a Irak (hace casi 19 años), con el ejército norteamericano a la cabeza, hubo movilizaciones en todo el mundo en contra de esa guerra.  Nadie en su sano juicio pensó que oponerse a la invasión era ponerse del lado de Sadam Hussein.  Ahora es una situación similar, aunque no igual.  Ni Zelenski ni Putin.  Alto a la guerra.

SEGUNDO.- Distintos gobiernos se han alineado a uno u otro bando, haciéndolo por cálculos económicos.  No hay ninguna valoración humanista en ellos.  Para estos gobiernos y sus “ideólogos” hay intervenciones-invasiones-destrucciones buenas y hay malas.  Las buenas son las que realizan sus afines, y las malas las que perpetran sus contrarios.  El aplauso al criminal argumento de Putin para justificar la invasión militar de Ucrania, se convertirá en lamento cuando, con las mismas palabras, se justifique la invasión a otros pueblos cuyos procesos no sean del agrado del gran capital.

Invadirán otras geografías para salvarlas de la “tiranía neonazi” o para terminar con “narco-estados” vecinos.  Repetirán entonces las mismas palabras de Putin: “vamos a desnazificar” (o su equivalente) y abundarán en “razonamientos” de “peligro para sus pueblos”.  Y entonces, como nos dicen nuestras compañeras en Rusia: “Las bombas rusas, los cohetes, las balas vuelan hacia los ucranianos y no les preguntan sobre sus opiniones políticas y el idioma que hablan”, pero cambiará la “nacionalidad” de las unas y de los otros.

TERCERO.- Los grandes capitales y sus gobiernos de “occidente” se sentaron a contemplar –e incluso a alentar- cómo la situación se iba deteriorando.  Luego, iniciada ya la invasión, esperaron a ver si Ucrania resistía, y haciendo cuentas de qué se podía sacar de uno u otro resultado.  Como Ucrania resiste, entonces sí empiezan a extender facturas de “ayuda” que serán cobradas después.  Putin no es el único sorprendido por la resistencia ucraniana.

Quienes ganan en esta guerra son los grandes consorcios armamentistas y los grandes capitales que ven la oportunidad para conquistar, destruir/reconstruir territorios, es decir, crear nuevos mercados de mercancías y de consumidores, de personas.

CUARTO.- En lugar de acudir a lo que difunden los medios de comunicación y las redes sociales de los bandos respectivos –y que ambos presentan como “noticias”-, o a los “análisis” en la súbita proliferación de expertos en geopolítica y suspirantes por el Pacto de Varsovia y la OTAN, decidimos buscar y preguntar a quienes, como nosotras, se empeñan en la lucha por la vida en Ucrania y Rusia.

Después de varios intentos, la Comisión Sexta Zapatista logró hacer contacto con nuestros familiares en resistencia y rebeldía en las geografías que llaman Rusia y Ucrania.

QUINTO.- En resumen, éstos nuestros familiares, quienes además levantan la bandera de la @ libertaria, se mantienen firmes: en resistencia quienes están en el Donbass, en Ucrania; y en rebeldía quienes caminan y trabajan las calles y campos de Rusia.  Hay detenidos y golpeados en Rusia por protestar contra la guerra.  Hay asesinados en Ucrania por el ejército ruso.

Les une entre ellos, y a ellos con nosotros, no sólo el NO a la guerra, también el repudio a “alinearse” con gobiernos que oprimen a su gente.

En medio de la confusión y el caos en ambos lados, les mantienen firmes sus convicciones: su lucha por la libertad, su repudio a las fronteras y sus Estados Nacionales, y las respectivas opresiones que sólo cambian de bandera.

Nuestro deber es apoyarles en la medida de nuestras posibilidades.  Una palabra, una imagen, una tonada, un baile, un puño que se levanta, un abrazo –así sea desde geografías lejanas-, son también un apoyo que animará sus corazones.

Resistir es persistir y es prevalecer.  Apoyemos a estos familiares en su resistencia, es decir, en su lucha por la vida.  Se los debemos y nos lo debemos a nosotros mismos.

SEXTO.-  Por lo anterior, llamamos a la Sexta nacional e internacional que no lo ha hecho todavía, a que, de acuerdo a sus calendarios, geografías y modos, se manifiesten en contra de la guerra y en apoyo de [email protected] ucranian@s y [email protected] que luchan en sus geografías por un mundo con libertad.

Asimismo, llamamos a apoyar económicamente la resistencia en Ucrania en las cuentas que nos indicarán en su momento.

Por su parte, la Comisión Sexta del EZLN está haciendo lo propio, enviando un poco de ayuda a quienes, en Rusia y Ucrania, luchan contra la guerra.  También se han iniciado contactos con nuestros familiares en SLUMIL K´AJXEMK´OP para crear un fondo económico común de apoyo a quienes resisten en Ucrania.

Sin dobleces, gritamos y llamamos a gritar y exigir: Fuera el Ejército Ruso de Ucrania.

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Hay que parar ya la guerra.  Si se mantiene y, como es de prever, escala, entonces tal vez no habrá quien dé cuenta del paisaje después de la batalla.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.                                     

SupGaleano.


Comisión Sexta del EZLN.
Marzo del 2022.

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Jorge2mg, Protestas en Colombia, 22 de mayo de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Portal_de_la_resistencia.jpg

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

El contexto político de los últimos dos años en Colombia estuvo marcado por la protesta y la movilización social. 2019 cerró con el paro del 21 de noviembre (21-N) y su famosa consigna: “¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!”; un grito que se retomó en el paro del 28 de abril (28-A) y que resonó en las distintas protestas que hubo en el país durante la pandemia. Durante este periodo, además, hubo una serie de innovaciones en las formas de protestar y un aumento de los manifestantes, lo que planteó nuevos retos al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, cuya respuesta predominante fue la represión.

En el caso de Bogotá se observó una mayor recurrencia a la protesta social como mecanismo para la reivindicación de derechos y la participación política que, por supuesto, solo puede entenderse conociendo los antecedentes nacionales de la última década.


2010-2019: algunos hitos antes del Paro Nacional

El pico álgido de protesta y movilización social de 2019-2021 no se puede entender de manera aislada en Bogotá ni en el resto del país. Hace parte de un ciclo más amplio, con antecedentes en 2011, coincidiendo con el proceso de negociación de paz entre el gobierno y las Farc. Este proceso creó oportunidades para que diferentes sectores visibilizaran conflictos sociales de larga data e hicieran un llamado sobre la necesidad de tramitarlos, en la medida en que se percibía al gobierno nacional como más propenso a responder a las voces disidentes y menos proclive a usar la fuerza frente a los reclamos de actores políticos no armados.

Este ciclo se inauguró en 2011 con el paro de los transportadores de carga y con las movilizaciones de estudiantes universitarios en contra de la reforma a la Ley 30 de Educación superior. Las movilizaciones estudiantiles se dieron en distintas ciudades y se prolongaron hasta 2012 en un proceso en el que se creó la Mesa Amplia Nacional de Educación-Mane. Se logró bloquear el proyecto de reforma de ley y se convocaron distintas manifestaciones y concentraciones, como la “gran toma de Bogotá” el 10 de noviembre de 2011, en las que primó el uso de repertorios novedosos como los besatones y los performances artísticos.


El segundo gran momento de este ciclo ocurrió en 2013, cuando distintas organizaciones campesinas de la Región Andina se movilizaron buscando una renegociación de los términos del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Su éxito, sin embargo, radicó en lograr que el gobierno las reconociera como interlocutoras válidas, se reabriera la discusión sobre el libre comercio y sus efectos negativos, y en la construcción de lazos de solidaridad con los habitantes de las ciudades, especialmente de Bogotá.

El tercer momento fue en 2016, con las movilizaciones por el acuerdo de paz, como respuesta a los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Distintas organizaciones sociales realizaron marchas masivas a favor del acuerdo de paz y ejercicios de pedagogía para difundir información veraz sobre el mismo. Su meta era mostrar que amplios sectores de la sociedad sí respaldaban el proceso de negociación, el acuerdo alcanzado y su futura implementación. La participación fue masiva y se extendió a sectores sociales que nunca se habían movilizado, contribuyendo a cambiar su percepción sobre la legitimidad de la protesta social como mecanismo de participación política.

Un cuarto momento llegó con las manifestaciones estudiantiles y de defensores de derechos humanos que se dieron entre 2018 y 2019. Los estudiantes de universidades públicas iniciaron protestas por la defensa de la educación pública, a las que se sumaron sus pares de universidades privadas de manera solidaria y con reclamos propios asociados al endeudamiento con el Icetex. Una de estas convergencias se dio en Bogotá el 25 de septiembre de 2021 entre estudiantes de las Universidades Distrital y Javeriana, quienes bloquearon la carrera 7 y recibieron una respuesta represiva del Esmad, incluidos los gases lacrimógenos que también afectaron a algunos pacientes del Hospital San Ignacio.

La defensa del acuerdo de paz y de los derechos humanos volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública: denuncias por parte de organizaciones y movimientos sociales sobre amenazas y asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Se convocó una gran marcha por la defensa de los líderes sociales el 26 de julio de 2019, que tuvo como epicentro Bogotá y contó con una participación masiva de ciudadanos organizados y no organizados.

Con estos antecedentes era de esperarse que el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 contara con una buena acogida: demandas sociales insatisfechas, exclusiones políticas y sociales crecientes, profundización de las desigualdades económicas, violaciones a los DD.HH. y trabas constantes para la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, no dejó de sorprender el número de manifestantes que marcharon desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, ni los cambios que se dieron en los repertorios de protesta en Bogotá y otros municipios del país.

¡A parar para avanzar: viva el paro nacional! El grito que empezó en 2019

El 21-N se prolongó hasta mediados de diciembre de 2019 y reunió ciudadanos alrededor de distintas demandas, como la exigencia de la implementación del acuerdo de paz, el respeto a los DD.HH, la defensa de líderes sociales y excombatientes, defensa del medio ambiente y los derechos de las mujeres y de las comunidades Lgbti+, entre otros. El 23 de noviembre, además, esa agenda se amplió e incorporó de manera más explícita el rechazo a la brutalidad policial después de que Dylan Cruz, un estudiante de último año de bachillerato, muriera en Bogotá como consecuencia de un disparo propiciado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional –Esmad. Este caso revivió en la memoria colectiva experiencias pasadas como las muertes de Nicolás Neira, en la marcha del 1 de Mayo de 2005, y de Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011, mientras pintaba un graffiti en la Avenida Boyacá con calle 116.

En el caso específico de Bogotá, el 21-N inauguró una serie de cambios en la forma de protestar. En primer lugar, en los centros tradicionales de protesta que se desplazaron del Parque Nacional y la Plaza de Bolívar a otros lugares de la ciudad como la Plazoleta de los Héroes, el Parque de los Hippies y los portales de Transmilenio de las localidades de Kennedy y Usme. De igual forma, las plazas más pequeñas de los barrios cobraron relevancia al empezar a albergar acciones como las ollas comunitarias, las velatones, asambleas barriales y performances artísticos, principalmente en las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, y Usme. Los cacerolazos, muy populares en diferentes países de América Latina, aparecieron por primera vez en Colombia en el Paro del 21-N, jugando un papel central en la construcción primaria de solidaridad entre vecinos.

Si bien estas marchas decayeron a inicios de 2020, eso no significó que la organización social se desvaneciera. El inicio de las medidas de emergencia por la pandemia del covid-19 crearon dificultades para la movilización social, pero al mismo tiempo tuvieron efectos negativos que motivaron movilizaciones en el país demandando medidas de protección económica, acceso a servicios de salud, reconocimiento de la identidad de género no binaria, y garantías para la reactivación de restaurantes, bares y otro tipo de comercios. Esas solidaridades desencadenadas durante 2019, así como la indignación por el asesinato de Dylan Cruz, serían fundamentales para la reactivación de la movilización en Bogotá en 2020 en el gobierno de Claudia López.

La masacre del 9 y 10 de septiembre


Las primeras protestas visibles de 2020 fueron organizadas por algunos vendedores ambulantes y personas de la comunidad Lgbti+, en oposición a ciertas medidas de la administración distrital durante la pandemia (mención aparte merecen los hechos acontecidos en la Cárcel Modelo de Bogotá el 21 de marzo de 2020). Sin embargo, ninguna alcanzó la magnitud de lo acontecido el 9 y 10 de septiembre cuando estalló una gran protesta en Bogotá para repudiar el asesinato de Javier Ordoñez, residente del barrio Villa Luz, localidad de Engativá. Su muerte se produjo después de que fuera golpeado sin límite alguno por dos patrulleros de policía tras ser detenido por incumplir con el toque de queda impuesto por la administración distrital. La comunidad del barrio organizó una velatón pacífica cerca del CAI donde ocurrieron los hechos y los agentes a cargo respondieron con el despliegue de la fuerza armada en contra de los manifestantes. Esto generó muestras de solidaridad en otros lugares de la ciudad, animadas por la indignación frente al hecho y por la propia experiencia de maltrato a manos de la Policía que muchos ciudadanos, especialmente de clase obrera, experimentan en su vida cotidiana. La represión policial fue de tal magnitud que los hechos han quedado registrados como “La Masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre”.

De acuerdo con el Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020, 14 personas fallecieron, 75 resultaron lesionadas por armas de fuego y 138 fueron detenidas (73 fueron puestas en libertad debido a irregularidades en la captura). Los detenidos fueron sometidos a tratos crueles, hubo privación de atención médica, detenciones masivas, violencia basada en género y violación de la presunción de inocencia, entre otros abusos. Se documentó el uso ilícito de la fuerza por parte de la Policía en acciones como el uso indiscriminado de armas de fuego, las detenciones arbitrarias y el empleo de la violencia física o psicológica contra detenidos. Esta situación, de acuerdo con el mismo informe, se vio facilitada por la falta de órdenes claras y jerárquicas, poca disponibilidad de Esmad en los puntos de mayores concentraciones y la orden del retiro de los gestores de convivencia por parte de la Alcaldía Mayor, entre otras; todas acciones en las que el gobierno de la ciudad tiene una gran responsabilidad política, por decir lo menos.

Ya entre febrero y abril de 2021 Bogotá fue escenario de nuevas protestas; esta vez, los dueños de bares y restaurantes se movilizaron para expresar su rechazo a los constantes cambios en las directrices de la Alcaldía sobre apertura y cierre de los establecimientos. Estas protestas fueron fuertemente reprimidas por la Policía en enfrentamientos que dejaron varios heridos, como Gareth Sella, el joven que perdió un ojo a causa de un disparo de un agente del Esmad, con lo que se ratifica el constante y desproporcionado uso de la fuerza, y poca voluntad política para erradicarla..

El 28 de abril: más protesta y represión


Con ese telón de fondo, las centrales obreras convocaron el paro del 28-A para exigir al gobierno nacional el retiro del proyecto de reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en trámite en el Congreso de la República. A este llamado se sumaron cientos de miles de personas en distintas ciudades del país, como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Pereira y Popayán, que mantuvieron las manifestaciones hasta el mes de junio, pese a que el gobierno retiró el proyecto de reforma una semana después del inicio de las manifestaciones.

La respuesta del gobierno nacional, al igual que la de los gobiernos distritales y municipales, se concentró en el uso desmedido de la fuerza policial para desincentivar las protestas. Así, de acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 se produjeron algunas cifras de horror: 58 asesinados; 1.113 personas lesionadas, especialmente en Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán; 783 reportes de personas no ubicadas, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, de las cuales la Fiscalía localizó a 335; y, 113 hechos de violencia basada en género, de los cuales 112 fueron ocasionados por la Fuerza Pública.

Pese a ello, la innovación en la movilización social se mantuvo y los jóvenes fueron protagonistas en distintas ciudades, especialmente en Bogotá. Las Primeras Líneas, que ya habían aparecido en el paro del 21-N con el objetivo de evitar la disolución de las manifestaciones por parte de la Policía, se hicieron mucho más visibles como actores políticos. También aparecieron otras Primeras Líneas como la jurídica, la de salud y la de las mamás, para defender a los manifestantes de las detenciones arbitrarias y atender a los heridos en los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los “agentes del orden”.

Integrantes de las barras futboleras de Santa Fe, Millonarios, Nacional y América también convergieron en Bogotá, donde las rivalidades se superaron durante las manifestaciones; muchos de estos jóvenes hicieron parte de las primeras líneas, pero también llevaron a cabo sus propias protestas, como aquellas de rechazo a la organización de la Copa América en el país. Esta organización fue muy importante para reconocer el trabajo político y social que muchas barras han llevado a cabo en distintos barrios populares de la ciudad, mostrando que su participación política va más allá de los temas relacionados con el fútbol y la violencia.

En ese mismo sentido, jóvenes de distintos barrios convergieron en El Portal Resistencia y el Portal de Usme para mantener la protesta social y dar visibilidad a demandas de acceso a la educación, el empleo y la participación política. Estos dos portales, que se convirtieron en símbolos de la protesta social, fueron también un blanco de la represión policial que tendió a concentrarse en barrios populares de la ciudad, opacando otras posibilidades de interacción entre manifestantes y autoridades, como el diálogo, la negociación y el aprendizaje.

La sociedad cambió y el gobierno no entendió

Este rápido recorrido por la protesta social en Bogotá muestra que la sociedad ha cambiado; se perdió el miedo a protestar y se entendió que así también se participa y se logran cambios. Sin embargo, el gobierno nacional, en manos del Centro Democrático, y el gobierno distrital, en manos del Partido Verde, parecen negarse a entenderlo. La sociedad colombiana ha madurado políticamente, se muestra con capacidad para levantar su voz y exige una interacción más simétrica con el poder establecido a la hora de buscar cambios sociales; el gobierno, al contrario, niega ese cambio y asume una respuesta represiva que no solo impide el diálogo sino que busca desconocer la capacidad de agencia de los ciudadanos.

En esta nueva fase no solo es necesario pensar en los conflictos sociales que subyacen a la protesta, sino también en el proceso de ampliación de participación política que se está dando a través de esta. La diversificación de los repertorios de movilización ha facilitado el aumento de participantes en protestas, marchas, cacerolazos, concentraciones y otras formas de expresión de solidaridad; los ciudadanos movilizados están empezando a converger en movimientos y organizaciones sociales que se conforman alrededor de temas diversos como los DD.HH, la defensa del medio ambiente, el acceso a la educación, el empleo o los derechos de las mujeres y las comunidades Lgbti+. Es hora de que los gobiernos nacional y distrital empiecen a escuchar que la represión de 2019-2021 solo ha conducido a profundizar los conflictos sociales y está lejos de desincentivar la movilización social.

* Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana
** Santiago Garcés, “Masacres en Bogotá: Elementos históricos y coyunturales para su comprensión”. Revista 100 días vistos, Cinep.

 

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Publicado enColombia
Jorge2mg, Protestas en Colombia, 22 de mayo de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Portal_de_la_resistencia.jpg

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

El contexto político de los últimos dos años en Colombia estuvo marcado por la protesta y la movilización social. 2019 cerró con el paro del 21 de noviembre (21-N) y su famosa consigna: “¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!”; un grito que se retomó en el paro del 28 de abril (28-A) y que resonó en las distintas protestas que hubo en el país durante la pandemia. Durante este periodo, además, hubo una serie de innovaciones en las formas de protestar y un aumento de los manifestantes, lo que planteó nuevos retos al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, cuya respuesta predominante fue la represión.

En el caso de Bogotá se observó una mayor recurrencia a la protesta social como mecanismo para la reivindicación de derechos y la participación política que, por supuesto, solo puede entenderse conociendo los antecedentes nacionales de la última década.


2010-2019: algunos hitos antes del Paro Nacional

El pico álgido de protesta y movilización social de 2019-2021 no se puede entender de manera aislada en Bogotá ni en el resto del país. Hace parte de un ciclo más amplio, con antecedentes en 2011, coincidiendo con el proceso de negociación de paz entre el gobierno y las Farc. Este proceso creó oportunidades para que diferentes sectores visibilizaran conflictos sociales de larga data e hicieran un llamado sobre la necesidad de tramitarlos, en la medida en que se percibía al gobierno nacional como más propenso a responder a las voces disidentes y menos proclive a usar la fuerza frente a los reclamos de actores políticos no armados.

Este ciclo se inauguró en 2011 con el paro de los transportadores de carga y con las movilizaciones de estudiantes universitarios en contra de la reforma a la Ley 30 de Educación superior. Las movilizaciones estudiantiles se dieron en distintas ciudades y se prolongaron hasta 2012 en un proceso en el que se creó la Mesa Amplia Nacional de Educación-Mane. Se logró bloquear el proyecto de reforma de ley y se convocaron distintas manifestaciones y concentraciones, como la “gran toma de Bogotá” el 10 de noviembre de 2011, en las que primó el uso de repertorios novedosos como los besatones y los performances artísticos.


El segundo gran momento de este ciclo ocurrió en 2013, cuando distintas organizaciones campesinas de la Región Andina se movilizaron buscando una renegociación de los términos del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Su éxito, sin embargo, radicó en lograr que el gobierno las reconociera como interlocutoras válidas, se reabriera la discusión sobre el libre comercio y sus efectos negativos, y en la construcción de lazos de solidaridad con los habitantes de las ciudades, especialmente de Bogotá.

El tercer momento fue en 2016, con las movilizaciones por el acuerdo de paz, como respuesta a los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Distintas organizaciones sociales realizaron marchas masivas a favor del acuerdo de paz y ejercicios de pedagogía para difundir información veraz sobre el mismo. Su meta era mostrar que amplios sectores de la sociedad sí respaldaban el proceso de negociación, el acuerdo alcanzado y su futura implementación. La participación fue masiva y se extendió a sectores sociales que nunca se habían movilizado, contribuyendo a cambiar su percepción sobre la legitimidad de la protesta social como mecanismo de participación política.

Un cuarto momento llegó con las manifestaciones estudiantiles y de defensores de derechos humanos que se dieron entre 2018 y 2019. Los estudiantes de universidades públicas iniciaron protestas por la defensa de la educación pública, a las que se sumaron sus pares de universidades privadas de manera solidaria y con reclamos propios asociados al endeudamiento con el Icetex. Una de estas convergencias se dio en Bogotá el 25 de septiembre de 2021 entre estudiantes de las Universidades Distrital y Javeriana, quienes bloquearon la carrera 7 y recibieron una respuesta represiva del Esmad, incluidos los gases lacrimógenos que también afectaron a algunos pacientes del Hospital San Ignacio.

La defensa del acuerdo de paz y de los derechos humanos volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública: denuncias por parte de organizaciones y movimientos sociales sobre amenazas y asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Se convocó una gran marcha por la defensa de los líderes sociales el 26 de julio de 2019, que tuvo como epicentro Bogotá y contó con una participación masiva de ciudadanos organizados y no organizados.

Con estos antecedentes era de esperarse que el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 contara con una buena acogida: demandas sociales insatisfechas, exclusiones políticas y sociales crecientes, profundización de las desigualdades económicas, violaciones a los DD.HH. y trabas constantes para la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, no dejó de sorprender el número de manifestantes que marcharon desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, ni los cambios que se dieron en los repertorios de protesta en Bogotá y otros municipios del país.

¡A parar para avanzar: viva el paro nacional! El grito que empezó en 2019

El 21-N se prolongó hasta mediados de diciembre de 2019 y reunió ciudadanos alrededor de distintas demandas, como la exigencia de la implementación del acuerdo de paz, el respeto a los DD.HH, la defensa de líderes sociales y excombatientes, defensa del medio ambiente y los derechos de las mujeres y de las comunidades Lgbti+, entre otros. El 23 de noviembre, además, esa agenda se amplió e incorporó de manera más explícita el rechazo a la brutalidad policial después de que Dylan Cruz, un estudiante de último año de bachillerato, muriera en Bogotá como consecuencia de un disparo propiciado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional –Esmad. Este caso revivió en la memoria colectiva experiencias pasadas como las muertes de Nicolás Neira, en la marcha del 1 de Mayo de 2005, y de Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011, mientras pintaba un graffiti en la Avenida Boyacá con calle 116.

En el caso específico de Bogotá, el 21-N inauguró una serie de cambios en la forma de protestar. En primer lugar, en los centros tradicionales de protesta que se desplazaron del Parque Nacional y la Plaza de Bolívar a otros lugares de la ciudad como la Plazoleta de los Héroes, el Parque de los Hippies y los portales de Transmilenio de las localidades de Kennedy y Usme. De igual forma, las plazas más pequeñas de los barrios cobraron relevancia al empezar a albergar acciones como las ollas comunitarias, las velatones, asambleas barriales y performances artísticos, principalmente en las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, y Usme. Los cacerolazos, muy populares en diferentes países de América Latina, aparecieron por primera vez en Colombia en el Paro del 21-N, jugando un papel central en la construcción primaria de solidaridad entre vecinos.

Si bien estas marchas decayeron a inicios de 2020, eso no significó que la organización social se desvaneciera. El inicio de las medidas de emergencia por la pandemia del covid-19 crearon dificultades para la movilización social, pero al mismo tiempo tuvieron efectos negativos que motivaron movilizaciones en el país demandando medidas de protección económica, acceso a servicios de salud, reconocimiento de la identidad de género no binaria, y garantías para la reactivación de restaurantes, bares y otro tipo de comercios. Esas solidaridades desencadenadas durante 2019, así como la indignación por el asesinato de Dylan Cruz, serían fundamentales para la reactivación de la movilización en Bogotá en 2020 en el gobierno de Claudia López.

La masacre del 9 y 10 de septiembre


Las primeras protestas visibles de 2020 fueron organizadas por algunos vendedores ambulantes y personas de la comunidad Lgbti+, en oposición a ciertas medidas de la administración distrital durante la pandemia (mención aparte merecen los hechos acontecidos en la Cárcel Modelo de Bogotá el 21 de marzo de 2020). Sin embargo, ninguna alcanzó la magnitud de lo acontecido el 9 y 10 de septiembre cuando estalló una gran protesta en Bogotá para repudiar el asesinato de Javier Ordoñez, residente del barrio Villa Luz, localidad de Engativá. Su muerte se produjo después de que fuera golpeado sin límite alguno por dos patrulleros de policía tras ser detenido por incumplir con el toque de queda impuesto por la administración distrital. La comunidad del barrio organizó una velatón pacífica cerca del CAI donde ocurrieron los hechos y los agentes a cargo respondieron con el despliegue de la fuerza armada en contra de los manifestantes. Esto generó muestras de solidaridad en otros lugares de la ciudad, animadas por la indignación frente al hecho y por la propia experiencia de maltrato a manos de la Policía que muchos ciudadanos, especialmente de clase obrera, experimentan en su vida cotidiana. La represión policial fue de tal magnitud que los hechos han quedado registrados como “La Masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre”.

De acuerdo con el Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020, 14 personas fallecieron, 75 resultaron lesionadas por armas de fuego y 138 fueron detenidas (73 fueron puestas en libertad debido a irregularidades en la captura). Los detenidos fueron sometidos a tratos crueles, hubo privación de atención médica, detenciones masivas, violencia basada en género y violación de la presunción de inocencia, entre otros abusos. Se documentó el uso ilícito de la fuerza por parte de la Policía en acciones como el uso indiscriminado de armas de fuego, las detenciones arbitrarias y el empleo de la violencia física o psicológica contra detenidos. Esta situación, de acuerdo con el mismo informe, se vio facilitada por la falta de órdenes claras y jerárquicas, poca disponibilidad de Esmad en los puntos de mayores concentraciones y la orden del retiro de los gestores de convivencia por parte de la Alcaldía Mayor, entre otras; todas acciones en las que el gobierno de la ciudad tiene una gran responsabilidad política, por decir lo menos.

Ya entre febrero y abril de 2021 Bogotá fue escenario de nuevas protestas; esta vez, los dueños de bares y restaurantes se movilizaron para expresar su rechazo a los constantes cambios en las directrices de la Alcaldía sobre apertura y cierre de los establecimientos. Estas protestas fueron fuertemente reprimidas por la Policía en enfrentamientos que dejaron varios heridos, como Gareth Sella, el joven que perdió un ojo a causa de un disparo de un agente del Esmad, con lo que se ratifica el constante y desproporcionado uso de la fuerza, y poca voluntad política para erradicarla..

El 28 de abril: más protesta y represión


Con ese telón de fondo, las centrales obreras convocaron el paro del 28-A para exigir al gobierno nacional el retiro del proyecto de reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en trámite en el Congreso de la República. A este llamado se sumaron cientos de miles de personas en distintas ciudades del país, como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Pereira y Popayán, que mantuvieron las manifestaciones hasta el mes de junio, pese a que el gobierno retiró el proyecto de reforma una semana después del inicio de las manifestaciones.

La respuesta del gobierno nacional, al igual que la de los gobiernos distritales y municipales, se concentró en el uso desmedido de la fuerza policial para desincentivar las protestas. Así, de acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 se produjeron algunas cifras de horror: 58 asesinados; 1.113 personas lesionadas, especialmente en Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán; 783 reportes de personas no ubicadas, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, de las cuales la Fiscalía localizó a 335; y, 113 hechos de violencia basada en género, de los cuales 112 fueron ocasionados por la Fuerza Pública.

Pese a ello, la innovación en la movilización social se mantuvo y los jóvenes fueron protagonistas en distintas ciudades, especialmente en Bogotá. Las Primeras Líneas, que ya habían aparecido en el paro del 21-N con el objetivo de evitar la disolución de las manifestaciones por parte de la Policía, se hicieron mucho más visibles como actores políticos. También aparecieron otras Primeras Líneas como la jurídica, la de salud y la de las mamás, para defender a los manifestantes de las detenciones arbitrarias y atender a los heridos en los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los “agentes del orden”.

Integrantes de las barras futboleras de Santa Fe, Millonarios, Nacional y América también convergieron en Bogotá, donde las rivalidades se superaron durante las manifestaciones; muchos de estos jóvenes hicieron parte de las primeras líneas, pero también llevaron a cabo sus propias protestas, como aquellas de rechazo a la organización de la Copa América en el país. Esta organización fue muy importante para reconocer el trabajo político y social que muchas barras han llevado a cabo en distintos barrios populares de la ciudad, mostrando que su participación política va más allá de los temas relacionados con el fútbol y la violencia.

En ese mismo sentido, jóvenes de distintos barrios convergieron en El Portal Resistencia y el Portal de Usme para mantener la protesta social y dar visibilidad a demandas de acceso a la educación, el empleo y la participación política. Estos dos portales, que se convirtieron en símbolos de la protesta social, fueron también un blanco de la represión policial que tendió a concentrarse en barrios populares de la ciudad, opacando otras posibilidades de interacción entre manifestantes y autoridades, como el diálogo, la negociación y el aprendizaje.

La sociedad cambió y el gobierno no entendió

Este rápido recorrido por la protesta social en Bogotá muestra que la sociedad ha cambiado; se perdió el miedo a protestar y se entendió que así también se participa y se logran cambios. Sin embargo, el gobierno nacional, en manos del Centro Democrático, y el gobierno distrital, en manos del Partido Verde, parecen negarse a entenderlo. La sociedad colombiana ha madurado políticamente, se muestra con capacidad para levantar su voz y exige una interacción más simétrica con el poder establecido a la hora de buscar cambios sociales; el gobierno, al contrario, niega ese cambio y asume una respuesta represiva que no solo impide el diálogo sino que busca desconocer la capacidad de agencia de los ciudadanos.

En esta nueva fase no solo es necesario pensar en los conflictos sociales que subyacen a la protesta, sino también en el proceso de ampliación de participación política que se está dando a través de esta. La diversificación de los repertorios de movilización ha facilitado el aumento de participantes en protestas, marchas, cacerolazos, concentraciones y otras formas de expresión de solidaridad; los ciudadanos movilizados están empezando a converger en movimientos y organizaciones sociales que se conforman alrededor de temas diversos como los DD.HH, la defensa del medio ambiente, el acceso a la educación, el empleo o los derechos de las mujeres y las comunidades Lgbti+. Es hora de que los gobiernos nacional y distrital empiecen a escuchar que la represión de 2019-2021 solo ha conducido a profundizar los conflictos sociales y está lejos de desincentivar la movilización social.

* Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana
** Santiago Garcés, “Masacres en Bogotá: Elementos históricos y coyunturales para su comprensión”. Revista 100 días vistos, Cinep.

 

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Publicado enEdición Nº287
Viernes, 03 Diciembre 2021 07:55

Mujeres de Frente: resistencia y dignidad

Mujeres de Frente: resistencia y dignidad

Una de las alegrías profundas que me ha deparado la pandemia, pese a todos los dolores, es haber conocido a nuevas organizaciones, siempre abajo y a la izquierda, en diversos países de nuestra América. Teia dos Povos (Red de Pueblos) es una de ellas, que reúne comunidades indígenas, negras y campesinos sin tierra. Realiza la séptima jornada de agroecología en Bahía (Brasil) a fines de enero (https://teiadospovos.org/).

Al calor de la revuelta colombiana “descubrimos” Canal 2 de Cali (canal2.co), televisora comprometida con la calle, y Radio Contagio de Bogotá (contagioradio.com), con las que emprendimos el camino de coordinar medios independientes, alianza que esperamos ampliar a todo el continente.

Otra organización que desconocía es el colectivo Mujeres de Frente, que nació en la cárcel de Quito en 2004, “conformado por mujeres presas y no presas, embarcadas en un proceso de investigación-acción feminista antipenitenciaria”.

En su página se definen como “una comunidad de cooperación y cuidado entre comerciantes autónomas de las calles, recicladoras, trabajadoras del hogar, estudiantes universitarias, profesoras, artistas, mujeres excarceladas, familiares de personas en prisión, niños, niñas y adolescentes” (https://mujeresdefrente.org/).

Las decenas de compañeras de abajo que integran Mujeres de Frente (como comprobamos en un taller sobre autonomías) se dicen “sexualmente diversas” y casi todas son del color de la tierra: indígenas, afrodescendientes, mestizas y “cholas blanquedas”, como se nombran, lo que las diferencia de los feminismos de clases medias, blancas y académicas.

Eligieron trabajar en los espacios donde conviven, a partes iguales, los dolores y las resistencias. Nacieron en la cárcel, pero arraigaron “donde el tejido social es cotidianamente desgarrado por las dinámicas de acumulación de capital y del Estado penal”, que las condena a la exclusión.

Como son mujeres de abajo, trabajan la autonomía material para no depender ni de políticos ni de patrones. En el centro de Quito crearon la Casa de las Mujeres, espacio de encuentros donde circulan personas y saberes, abierto a diversos colectivos y donde funcionan la Escuela de Formación Política Feminista y Popular, el Espacio de Wawas (para niños y niñas), la cocina y el comedor popular, un ambiente para talleres y reuniones, el Taller de Costura y La Canasta Comunitaria de Alimentos.

Con otros colectivos han creado la Alianza contra las Prisiones, porque consideran que la inmensa mayoría de las mujeres y varones presos en América Latina están en la cárcel por “delitos de pobreza”, o sea robos de celulares, animales de crianza y el narcomenudeo. Denuncian la creciente criminalización de la migración, “delito” que afecta siempre a las personas más pobres.

El Taller de Costura es un espacio productivo y de aprendizaje, donde las máquinas y los saberes se comparten, así como el producto de las ventas. La Canasta Comunitaria de Alimentos, que también funciona en la casa, es “una solución colectiva al problema del hambre” y un emprendimiento productivo de un grupo de mujeres. Hacen compras colectivas al por mayor abaratando precios al negociar directamente con los pequeños campesinos que producen alimentos orgánicos.

Casi todas las integrantes de Mujeres de Frente son jefas y cabezas de hogar que no pudieron trabajar durante los primeros meses de la pandemia, ya que sufren persecución policial y estatal si salen a las calles a reciclar, a vender o a desarrollar cualquier otra actividad. Crearon una red de 70 mujeres para acompañarse y enfrentar juntas los momentos críticos.

Se inspiran en la educación popular y en la investigación-acción participativa, publican un periódico al que titularon Sitiadas, que es como se sienten las mujeres de abajo, con un lema que reza: “Reflexiones sobre el Estado punitivo y el sostenimiento de la vida sin Estado”.

El tercer número, que puede encontrarse en su página, refleja testimonios de vendedoras ambulantes, trabajadoras domésticas y mujeres que, no teniendo empleo fijo, deben hacer de la calle su espacio primordial para sostener la vida. Todas denuncian el racismo imperante, la represión policial y lo que definen como “la guerra de los ricos contra nosotras, en la que la estrategia es despojarnos, herirnos, confundirnos, matar nuestra confianza, debilitar nuestra capacidad de lucha”.

Tienen claro que es el Estado el que hace la guerra, que aprovechó la pandemia para intentar “una limpieza de nosotras comerciantes”, destruyendo sus carpas y productos para erradicarlas de la calle, llevándolas al borde de la sobrevivencia porque comen de lo que venden cada día.

Hasta hoy se mantienen firmes, porque no tienen otra vía que luchar para que coman sus hijos. Pero, sobre todo, porque todas sus vidas han sido dolor y resistencia, porque no conocen otra vida que no sea tejerse con otras como ellas; ese modo de vida de los de abajo que llamamos dignidad.

Economía moral

¿Salvará China al planeta?

Julio Boltvinik

Haris Golemis (HG), miembro del comité editorial del periódico griego Epoch, entrevistó en diciembre de 2020 al destacado ecologista marxista y editor de Monthly Review Press, John Bellamy Foster (JBF). La entrevista se publicó en noviembre de 2021 en esta revista. Una de las preguntas que HG le hizo a JBF fue: “El nuevo virus se originó en China, que es tanto la segunda superpotencia mundial como el mayor contaminador del planeta. ¿Podemos esperar que el gobernante Partido Comunista de China haya aprendido las lecciones de la pandemia y cambie sus políticas en el futuro?” JBF centra su respuesta en el tema de la contaminación:

“Decir que China es el mayor contaminador del planeta es verdadero en un aspecto, pero desorientador en otros. China es el mayor emisor de CO₂, pero está muy por debajo de EU y de otros países ricos en sus emisiones por persona. Aún más, en términos del CO₂ acumulado en el ambiente como resultado de las emisiones históricas (la cifra verdaderamente importante), el grueso ha venido de Europa y Norteamérica. Finalmente, una gran proporción de las emisiones de China está asociada con producción para las grandes corporaciones multinacionales del centro del sistema capitalista, que importan esos productos a sus propios países. Esencialmente, producción que habría ocurrido en el centro capitalista está ocurriendo ahora en la periferia, pero todavía para el centro capitalista… En términos de las respuestas ecológicas globales, China, si bien es un epicentro de la destrucción ecológica, es también un epicentro del ecomodernismo y la reforma ambiental. Ha convertido la ‘civilización ecológica’ en propósito oficial, a diferencia de los países de occidente. Cómo entendamos esto es importante. Hay indicaciones que China está dando pasos ambientales decisivos (aunque todavía no la revolución ecológica requerida). China es ahora el puntero mundial en tecnología energética limpia. Acabo de leer un libro muy interesante de Barbara Finamore (BF), publicado por Polity, titulado Will China Save the Planet? (2018). Tenemos muchas razones para ser escépticos. Sin embargo, dado todo lo que China está actualmente haciendo para enfrentar seriamente su crisis ecológica y la del mundo, la pregunta se sostiene… China, con todas sus contradicciones, puede aún tener un potencial escondido para moverse en la dirección de propósito oficial de una civilización ecológica.”

Compré y devoré el libro de Barbara Finamore (BF) cuyo título en español adopté para mi columna de hoy. Es un libro pequeño de 145 páginas. BF es la directora para Asia de la ONG internacional Natural Resources Defense Council (NDRC) y ha trabajado en materia energética y ambiental sobre China, donde ha vivido también, por 30 años. Escribe con pleno conocimiento de causa. La introducción se titula “China, ¿La portadora de la antorcha del Nuevo Ambiente?” y el epílogo, “China en el asiento del piloto”. Tiene 5 capítulos: 1. La diplomacia ambiental de China; 2. Destronando al viejo Rey Carbón. 3. Catalizando la revolución de la energía limpia. 4. Salto inicial de la industria de vehículos eléctricos. 5. Volviendo verde el sistema financiero de China. En la introducción señala: “Hace pocos años China parecía el menos probable portador de la antorcha de la acción climática. Después de décadas de crecimiento rápido, el país sostuvo la distinción de ser responsable de más de una cuarta parte de todas las emisiones de carbono, más que Estados Unidos y la Unión Europea juntos… Pero las dramáticas medidas adoptadas por China en años recientes para reducir las emisiones, reducir su dependencia del carbón ( coal en inglés, que se podría traducir como hulla) e invertir en energías renovables le ha dado la vuelta a esta visión… Ahora parece que China, si bien aún líder del consumo de hulla y emisiones de CO₂, también encabeza el camino hacia un futuro de energías limpias.

¿Cómo, se pregunta la autora, ocurrió esta evolución de país negacionista del cambio climático a defensor enérgico de la gobernanza del cambio climático?” En el epílogo la autora retoma los cálculos de un experto chino y señala: “Para que China cumpla su parte en mantener el aumento de la temperatura bien por debajo de 2 °C tiene que impulsar e intensificar sus esfuerzos de descarbonización. El consumo de hulla debe permanecer debajo de su pico de 2013, representando 16.7 por ciento de su mezcla energética. El consumo de petróleo y de energía fósil total deben llegar a sus puntos máximos en 2030 y 2040, respectivamente. Estas estimaciones suponen que China llegue a un estado posindustrial en 2020, y que para 2050 su tasa de crecimiento del PIB haya bajado a 2.6 por ciento; la eficiencia energética haya mejorado en 300 por ciento respecto a 2015, y que el país ponga en marcha fuertes medidas de protección ambiental y de reducción de contaminación del aire. Las buenas noticias, continúa BF, es que China está profundamente comprometida a lograr su transición a bajo CO₂ y ha alcanzado ya progresos mayores.

Como resultado, a pesar de que China es todavía el más grande emisor de GEI (gases de efecto invernadero), se puede sostener que está haciendo hoy más que cualquier otro país para reducir sus emisiones de CO₂. PeroChina no puede salvar el planeta por sí misma”. Habiendo dado respuesta así a la pregunta que titula su libro, lo concluye señalando: “Hay espacio (y necesidad) de sobra para que todos los países aceleren sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Estados, provincias, ciudades, negocios, inversionistas e individuos en todo el mundo están también intensificando sus esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos compartidos. Los retos por delante no requieren nada menos”.

El papel puntero de China también ha sido destacado, como vimos arriba, por John Bellamy Foster. Por su parte, Jeremy Rifkin señala: “China ha entrado al campo de la energía renovable y hoy encabeza el mundo en la manufactura e instalación de tecnologías solares y eólicas. En 2017, China llevó a cabo 45 por ciento de la inversión global en energías renovables” ( The Green New Deal, p.65). “Los gobiernos están estableciendo estándares de economía de combustibles más estrictos y al mismo tiempo están extendiendo generosos incentivos para la compra de automóviles eléctricos. China usó este enfoque de zanahoria y garrote exitosamente, asegurando 21 por ciento de todas las ventas globales de vehículos eléctricos en 2017 en sólo seis ciudades chinas” (Ibid. p.81). Naomi Klein dice que “sólo unos pocos países (sobre todo Alemania y China) han hecho suficientes inversiones en el sector renovable para ver un despliegue a una velocidad como la requerida” ( On fire. The Burning Case for a Green New Deal, 2019, p. 37). Citando al Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, Klein señala que China es ahora el puntero mundial en energías solar, eólica e hidráulica. Cierro volviendo con Barbara Finamore, quien relata que, para la energía solar China formuló un plan especial de 5 años (2011-2015) que establece una estrategia detallada para fortalecer la industria fotovoltaica (FV), reducir los costos, mejorar la calidad, promover la innovación tecnológica y expandir los mercados solares externos. Los resultados, dice, han sido extraordinarios, después de revisar las metas de 2 a 10 y a 35 gigawatts (GW), China rebasó todas y llegó a 43GW en 2015. Dio otro salto en 2016 y llegó a 77GW aportando más de 50 por ciento del aumento en la capacidad FV global en ese año. En 2017 instaló 53GW adicionales, cifra mayor (en un año) a la total, acumulada de ningún otro país hasta finales de 2016. Cada hora, China instala una turbina eólica e instala suficientes paneles solares para cubrir un campo de futbol. (pp. 67-69). China no salvará sola al planeta, pero vaya que está haciendo mucho y rápido.

www.julioboltvinik.org

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Publicado enSociedad
Martes, 09 Noviembre 2021 05:03

El colapso y la estupidez humana

El colapso y la estupidez humana

“Dos cosas son infinitas:

la estupidez humana y el universo;

y no estoy seguro de lo segundo”. Albert Einstein

 

“El turismo volcánico desborda La Palma: autobuses llenos y atasco en la carretera”, titulaba El País en su edición del 1 de noviembre. Agrega que las autoridades de la isla pusieron transporte gratuito para que los turistas llegaran al mirador más concurrido y que las colas para subir al autobús duran más de una hora.

Viajeros de todo el Estado Español y de Europa llegan en masa para contemplar la destrucción y el colapso en las vidas de miles de personas que han visto sus viviendas y cultivos sucumbir bajo el río de lava que todo lo devora, desde que comenzó la erupción el 19 de setiembre.

Hoteles, taxistas y líneas aéreas hacen su negocio, embolsan recursos que los turistas despilfarran para no perderse la imagen de un volcán en plena erupción, desastre que sigue siendo estetizado por los grandes medios sin reparar en la destrucción que deja a su paso.

Las voces disidentes casi no se escuchan, aunque vienen creciendo de forma paulatina. Una entrevista a Paula, pobladora de La Palma, por Radio Pimienta, una de las escasas voces críticas, pone las cosas en su lugar. Enfatiza en la incertidumbre y el estrés de la mayoría de la población que está comenzando a autoorganizarse. “De las seis mil personas evacuadas, menos de cien están en el albergue que dispuso el gobierno, y el resto en casas de vecinos y familiares solidarios” (https://bit.ly/3o7MdZb).

En varios espacios manos solidarias organizan la entrega de ropa, porque los que huyeron de sus casas lo dejaron todo. Desde arriba, las cosas se ven siempre de otro modo. Las personas que estaban pagando su vivienda al banco deben seguir pagando aunque la vivienda se la haya tragado la lava ardiente. Aún en el colapso, el capital financiero sigue haciendo sus negocios, sin inmutarse.

El Estado se limita a entregarles una pequeña indemnización que no les alcanza para construir otra vivienda.

“El énfasis en el turismo quiere remachar nuestra dependencia”, dice Paula, “ya que no se cansan de decir que la isla es segura, ninguneando el dolor y nuestra vulnerabilidad”. Según el gobierno, la masa de lava ocupa apenas el 10 por ciento de la isla, pero no toman en cuenta que afecta a toda la población, unas 85 mil personas, la mitad de las cuales se dedica a la agricultura platanera, seriamente afectada por la enorme cantidad de ceniza que se deposita en todos los rincones.

Los vecinos se están organizando por barrios con base en el apoyo mutuo, explican desde Radio Pimienta, creando plataformas para asistir a las familias que perdieron todo, intentando superar el clima de “desconfianza, miedo e incertidumbre”.

Pero también se esfuerzan por superar la “tutela extrema” del Estado, que según Paula se empeña en controlar los movimientos de la población, regulando el acceso a ciertos espacios: cuando los desplazados quieren limpiar las casas de ceniza, deben hacerlo “acompañados” por efectivos de la Guardia Civil que no sólo los vigilan sino que controlan el tiempo que demoran en la limpieza.

Son tiempos de aprendizajes. ¿Qué hacer ante el colapso? ¿En quiénes podemos confiar cuando todo lo que tenemos alrededor se hunde? ¿Cómo zafar del control del Estado, de la policía y del capital que buscan aprovechar el colapso para apuntalar el capitalismo?

Hay varias acciones que parecen urgentes. Nada podemos hacer si no estamos organizados, si no hemos construido antes del colapso relaciones fuertes entre personas afines, comunitarias y cooperativas. Debemos crear medios de comunicación propios, más para inter-comunicarnos que para denunciar, sobre todo durante el colapso.

Debemos construir autonomía, pero antes de eso tenemos que acordar qué entendemos por autonomía. En tiempos de colapso, no se valen autonomías sólo declarativas; deben ser integrales, abarcar la salud, la economía, el agua, la educación y todo aquello que hace a la vida. Porque la vida está en peligro y nadie más que nosotros y nosotras vamos a poder defenderla y reproducirla.

8 noviembre 2021

Publicado enSociedad
Trabajadores de Amazon y Google rechazan un contrato que vende "tecnología peligrosa" al Ejército israelí

Carta abierta de más de 400 empleados contra el Proyecto Nimbus

Ambas empresas se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente los datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina".

18 de octubre de 2021

Mientras hacen negocios millonarios, Amazon y Google preparan el terreno para que el gobierno israelí vigile con mayor precisión a los palestinos y los expulse de sus tierras. Así lo denunciaron más de 400 trabajadores de los gigantes tecnológicos en una carta abierta publicada en el diario The Guardian, un hecho que pasó casi inadvertido para la prensa internacional. Los firmantes, que no revelaron su identidad por temor a represalias, denuncian que bajo un contrato por alrededor de 1.200 millones de dólares llamado Proyecto Nimbus, Amazon y Google se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina": se trataría, en definitiva, de un proyecto que vende "tecnología peligrosa" al ejército israelí

La escalada de violencia en el conflicto entre israelíes y palestinos llegó de esta forma al corazón de Silicon Valley, revelando una división cada vez más profunda entre los empleados de Google y la cultura rígida de las empresas tecnológicas. La situación revela, además, que muchas veces no alcanza con un enorme poderío militar o una fuerte presencia en el terreno para triunfar en un conflicto armado: se hace cada vez más necesario tener una posición dominante en la llamada "guerra de los datos".

Los detalles del Proyecto Nimbus

"No podemos mirar hacia otro lado, ya que los productos que construimos se utilizan para negarle a los palestinos sus derechos básicos, obligar a los palestinos a abandonar sus hogares y atacar a los palestinos en la Franja de Gaza", declararon los trabajadores de Amazon y Google en la carta publicada en The Guardian. Agregan que el Proyecto Nimbus se firmó con el gobierno israelí "la misma semana en que el ejército israelí atacó a los palestinos en la Franja de Gaza, matando a casi 250 personas, entre ellas más de 60 niños". En ese momento, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que los bombardeos israelíes podrían constituir "crímenes de guerra".

El servicio provisto en la nube de datos favorecería la expansión de los asentamientos israelíes al trabajar codo a codo con la Autoridad de Tierras de Israel (ILA), la agencia gubernamental que administra y asigna las tierras estatales. Como denunciara en su momento Human Rights Watch, la ILA administra políticas territoriales "discriminatorias" que "fomentan el crecimiento y la expansión" de asentamientos predominantemente judíos, mientras acorralan a los palestinos en densos centros de población en "términos marcadamente desiguales".

El contrato del gobierno de Naftali Bennett para hacerse con los servicios de Google y Amazon es por siete años, con la opción de extenderlo por un total de 23. El Proyecto Nimbus prevé la instalación de seis centros de datos en Israel con una inversión de al menos cuatro millones de séquels israelíes (1.230 millones de dólares). Los datos en la nube serán procesados y se almacenarán dentro de las fronteras de Israel.

Los empleados que se manifestaron en el documento sostienen que las dos empresas de tecnología cerraron previamente contratos con instituciones estadounidenses como el Departamento de Defensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la policía. "Estos contratos son parte de un patrón perturbador de militarización, falta de transparencia y supervisión", señalan los denunciantes, quienes creen que el acuerdo con el gobierno israelí sigue esa misma línea.

"Cortar los contratos es la única opción ética"

Gabriel Schubiner, ingeniero de software de Google, condenó el contrato firmado con Israel en un artículo publicado en el sitio web de NBC News, exigiendo una respuesta inmediata a las autoridades de la compañía. "En 2019, Google canceló el Proyecto Dragonfly, un motor de búsqueda censurado en China, y se retiró del Proyecto Maven del Pentágono en 2018", recordó Schubiner. El primero recibió una lluvia de críticas por convertirse en una potencial herramienta de las autoridades chinas para censurar el contenido en Internet. Del segundo se sospechaba que podía ayudar al Pentágono a mejorar la precisión de sus ataques militares con drones.

"Los mismos principios deberían aplicarse a los contratos del Proyecto Nimbus y todos los contratos futuros basados ​​en sus consecuencias en el mundo real", remarcó Schubiner y agregó sin vueltas: "Dado que no tenemos la capacidad de garantizar que la tecnología que construimos no se utilice para cometer abusos contra los derechos humanos de los palestinos, cortar los contratos es la única opción ética que les queda a nuestras empresas".

Además de llamar a las empresas a que abandonen el proyecto y sus vínculos con las fuerzas de ocupación israelíes, los empleados de Google y Amazon convocaron "a los trabajadores del sector tecnológico y a la comunidad internacional para que se unan a nosotros en la construcción de un mundo en el que la tecnología promueva la seguridad y la dignidad para todos". Más adelante agregaron, apelando al más básico sentido común: "La tecnología debe usarse para unir a las personas, no para facilitar y afianzar la violencia y la segregación"

Publicado enInternacional
Sábado, 07 Agosto 2021 05:15

La muerte de la Convención de Ginebra

La muerte de la Convención de Ginebra

 Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos “criminales”. Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda), vemos cómo lo que entendíamos como “ayuda humanitaria”, como “derecho básico”, como “humanidad”, va perdiendo cada día su lugar. Su espacio. Incluso, empieza a ser visto como un crimen. Como una “amenaza”. Como una “excusa”. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un “criminal”.

Los cuatro convenios de Ginebra, base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios (cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950), intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos (amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja) también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen “errores” llamados “colaterales”, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen “graves”. Eso nadie lo juzga.

El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre “intervención humanitaria” fue tan mal usada, para justificar tanta barbarie y tantas guerras “preventivas” de algunos Estados (poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados), que debió cambiarse su nombre: hoy se habla de responsabilidad de “proteger” (R2P) de parte de los Estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención “humanitaria”. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables (encontrar armas de destrucción masiva...) como intervenciones “humanitarias”. Pero no parece que estemos tampoco “protegiendo” mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo puesto de los conflictos que se viven en sus propios países (muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro); huyen desesperados con lo puesto, como la familia de Aylan Kurdi (rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P) y los estados “civilizados” no hacen nada por ellos. Al contrario. Los quieren "frenar". Les dan la espalda. Los dejan morir ahogados. (“Llame a Malta” fue la recomendación que la guardia italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo “civilizado” de hoy). 

El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de “cooperación”, tantas Cortes de Justicia. Nada de eso sirve. Se habla de un supuesto (hipócrita) derecho de “salida” para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas “salen” de sus culturas (países), huyendo de la violencia (sobre todo las mujeres, como advierte Susan Moller Okin, cuando se pregunta “Is Multiculturalism Bad for Women?), las democracias “civilizadas” de Europa, que predican el “respeto” cultural, no les abren las puertas. No tienen respuesta para ellas. Las deportan. Cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. ¡Cuesta vidas! ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias “jurídicas” a dar un paso (como el de Fatou Bensouda), que terminamos en el absurdo de acusar, por miedo, como “criminal” al único que ayuda a salvar vidas: Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Maier cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces, todos sentimos ganas de hacer eso.

Por Guido Leonardo Croxatto

06/08/2021

Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE/PTN).

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