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El gobierno de Joe Biden comenzó las masivas deportaciones

En los últimos meses Haití atraviesa una crisis política por el magnicidio del presidente Jovenel Moise y los efectos del terremoto. 

 

Las deportaciones masivas de migrantes haitianos por parte de Estados Unidos despertaron la preocupación de la ONU, que advirtió que personas con solicitudes de asilo serias pueden estar en riesgo. El gobierno norteamericano comenzó a expulsar a cientos de miles de haitianos que llegaron hasta la frontera entre México y EE.UU tras un peligroso recorrido desde Sudamérica.

Expulsiones exprés

Unos 15 mil haitianos y haitianas que llegaron a la ciudad fronteriza de Del Río, en el estado de Texas comenzaron a ser deportados por Washington. Los migrantes han estado varados durante días bajo el puente que cruza el río Grande que divide a México de Estados Unidos. Muchos viajaron desde Chile o Brasil, donde residieron en los últimos años.

Según el secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, los haitianos recibieron información errónea de que podían quedarse en EE.UU. como refugiados bajo el “Estatuto de Protección Temporal” (TPS) debido a la crisis política tras el asesinato de Jovenel Moise a principios de julio y el terremoto que devastó al país en agosto. El TPS alcanzaba a los haitianos que quedaron en EE.UU. después del terremoto de 2010 en el que murieron 200 mil personas en el país caribeño. Tras el magnicidio de Moise se extendió el TPS para los haitianos que estaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio, pero no alcanzaba a los que llegaron después de esa fecha.

Patrullas ecuestres

"Hemos reiterado que nuestras fronteras no están abiertas y que la gente no debería emprender ese peligroso viaje", agregó. "Si usted entra ilegalmente a Estados Unidos, será devuelto", remarcó Mayorkas en conferencia de prensa desde la ciudad fronteriza. El funcionario llegó a Del Río tras la polémica desatada cuando fueron difundidas imágenes de los guardias fronterizos que recorrieron la frontera a caballo e hicieron retroceder a migrantes haitianos. Una de las fotografías tomadas por el reportero gráfico de la AFP, Paul Ratje, muestra a un policía montado a caballo atrapando a un hombre por la camisa.

"La situación era de tensión y los migrantes empezaron a correr alrededor de ellos (...) Muchos comenzaron a correr para intentar escapar de los jinetes y uno de los agentes agarró a un hombre de la camisa y lo hizo dar vueltas mientras el caballo trotaba en círculos", dijo Ratje sobre una de las fotos.

Las patrullas ecuestres fueron desplegadas en los últimos días cerca del río Bravo donde acampaban miles de migrantes, en su mayoría haitianos, según dijo a los medios el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz. "Les pedí que averiguaran si las personas estaban en peligro y que recopilaran información sobre los contrabandistas", agregó. "Controlar un caballo en un río es difícil". La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó el hecho de “horrible”. "No tengo todo el contexto, pero no imagino en qué contexto eso sería apropiado", afirmó en una rueda de prensa.

Familias expulsadas

Al menos tres vuelos salieron de Texas para aterrizar en la capital Puerto Príncipe. Cerca de la mitad de los más de 500 migrantes expulsados por Estados Unidos eran menores de cinco años y nacieron fuera de Haití. Antes de cruzar el río Grande, los haitianos habían residido durante varios años en Chile y Brasil donde llegaron entre 2016 y 2017.

Familias enteras viajaron hasta México para intentar solicitar asilo en Estados Unidos, como el caso de Jeanne, que habló bajo condición de anonimato. Ella, su esposo y su hijo Mael de tres años que cuenta con pasaporte chileno viajaron durante dos meses hasta llegar a Del Río y gastaron cerca de 10 mil dólares. "En Santiago tenía un pequeño negocio, mi esposo trabajaba. Logramos ahorrar dinero: esto es lo que nos permitió viajar hasta Estados Unidos", relata.

"Es una cosa inexplicable. Nadie puede realmente transmitir lo que es este horror", dijo Jeanne. "Si hubiera sabido por lo que iba a pasar, nunca hubiera hecho este viaje", lamentó. La pareja contó que gastó 7.000 dólares para llegar a México y 2.000 más para alcanzar la frontera de Texas. Jeanne dejó su país tras finalizar sus estudios de administración de empresas en 2016. "Si hubiera podido encontrar trabajo, nunca me hubiera ido. Ahora la situación en el país ha empeorado mucho", dice.

"Biden sabe lo que está haciendo"

Cientos de haitianos se mostraron frustrados tras su expulsión y luego de haber gastado miles de dólares para llegar hasta EE.UU. "Biden sabe lo que está haciendo, pero no le importa. Nos trata a nosotros y a nuestros hijos peor que a las bestias", gritó una mujer desde la terminal aérea en Puerto Príncipe. Otro de los migrantes deportados se refirió a las condiciones en el centro gestionado por la agencia migratoria estadounidense tras haber cruzado el río Bravo.

"No teníamos camas para dormir, dormíamos solo con una fina sábana de plástico para cubrirnos, en un espacio con demasiado aire acondicionado. Y dormíamos en el piso de concreto", cuenta Garry Momplaisir, de 26 años, quien pasó cinco días en el lugar. "No podíamos ducharnos. Había baños pero no había lugar para lavarnos", agrega Momplaisir, expulsado junto a su esposa y su hija de cinco años.

Políticas trumpistas

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schummer, del partido demócrata, instó al presidente Joe Biden a terminar con las deportaciones masivas de migrantes haitianos, una política que advirtió tenía actitudes “detestables y xenófobas” similares a las que se vieron durante le gestión del exmandatario republicano Donald Trump.

"Insto al presidente Biden (...) a poner fin inmediatamente a estas expulsiones, y a terminar con esta política del Título 42 en nuestra frontera sur. No podemos continuar con estas políticas detestables y xenófobas de Trump que ignoran nuestras leyes de refugiados", dijo Schumer en el pleno del Senado. La oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos anunció que la mayoría de los migrantes serán expulsados bajo el Título 42, una política del gobierno que restringe la inmigración debido a la pandemia de coronavirus.

"Todos hemos visto estas horribles imágenes procedentes de nuestra frontera sur, con solicitantes de asilo haitianos, que simplemente buscan escapar de la tiranía (...) siendo recibidos en nuestras puertas con una (indignidad) inimaginable", añadió Schumer. "Las imágenes de migrantes haitianos siendo golpeados con látigos y otras formas de violencia física son completamente inaceptables. Este comportamiento debe ser abordado y debemos rendir cuentas. Las imágenes revuelven el estómago", sostuvo.

Desde la ONU se sumaron a la preocupación por las expulsiones masivas. "Estamos seriamente preocupados por el hecho de que parece que no ha habido ninguna evaluación individual en los casos (de Haití)", señaló la vocera del organismo internacional, Marta Hurtado. "Quizás algunas de estas personas no han recibido la protección que necesitaban", agregó y subrayó que todos los solicitantes de asilo tienen derecho a que sus demandas sean consideradas

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Sábado, 18 Septiembre 2021 06:32

Una feria de vanidades

Viñeta de Matador dedicada al presidente colombiano y su moneda (tomada del canal de Instagram del autor)

Ni libros ni medallas, que no les confundan. En Colombia no ha lugar para ferias, aunque se sigan dando. Hoy imperan las balas, las que su policía dispara contra la población por ejercer su derecho a la protesta, y las monedas, las que el propio presidente se ha dedicado para que su imagen quede grabada en algún sitio más allá de en los anales de la estulticia.

A este aprendiz de político, que sigue los dictados de su maestro, lo que le importa es figurar, que hablen de él aunque sea mal. Por eso se dedicó a presentador de televisión, a exprimir la economía con sus promesas naranjas y a formar parte de la numismática nacional. Revisen lo bien que lo retrata Matador en sus viñetas.

No deberíamos equivocar el objetivo de las manifestaciones, o al menos no dejar como diana solamente al presidente colombiano. Habría que preguntarse de quién ha sido la idea de concederle una condecoración española al gobernante más inútil de la historia del país. Pero también, de quién ha partido, en estos tristes tiempos que corren, nombrar a Colombia como país invitado de la Feria del Libro de Madrid. Sin ir más lejos, acaba de vetar al periodista y escritor Daniel Samper Ospina impidiéndole participar en un programa de televisión en el que el gobernante iba a someterse a las preguntas de los medios.

Durante el gobierno de este señor, al que el Estado español condecora y recibe con honores, se han sucedido cientos de asesinatos de líderes sociales (Indepaz reporta 116 solamente en lo que va de año), que en muchos casos también eran defensores ambientales de esa diversidad y vitalidad que aparece en el logo de la Feria; se han producido numerosas masacres, que el “insigne” presidente ha cambiado por el eufemismo de homicidios colectivos; se han reprimido con violencia, mucha más de la habitual y con participación de civiles disparando a sus paisanas y paisanos, las manifestaciones populares para reclamar paz, trabajo y dignidad; se han incumplido los acuerdos de La Habana que terminaron con los enfrentamientos con la guerrilla de las FARC-EP, que, a pesar de haber abandonado las armas, sigue poniendo una parte importante de los muertos; se ha negado a reconocer púbicamente, y a ponerle algún remedio, a algo que la mayoría ya sabía pero que los gobernantes no querían saber, que fueron seis mil cuatrocientos dos los falsos positivos, personas asesinadas y  presentadas como bajas en combate, entre 2002 y 2008, y se han seguido dando los mismos o más casos de corrupción de siempre, el último el protagonizado por la ya exministra de las TIC que ha hecho desaparecer 70 mil millones de pesos (aproximadamente 15 millones de euros al cambio actual) que deberían haber servido para llevar conectividad a las áreas rurales, mayoría todavía en el territorio, en las que niñas y niños no tienen acceso a internet (por cierto, la susodicha no se merece que su apellido se convierta en verbo, aunque sea para recordarnos que ha robado). Y podríamos seguir enumerando.

Por suerte, la creatividad y el arte colombianos, no sólo su literatura, también su cine, su fotografía, su teatro, su música, su pintura y su escultura, están muy por encima de sus políticos y las políticas que practican, de sus legisladores y sus inacciones y de sus jueces y sus sentencias. Pero si el Gobierno colombiano invita a la Feria de Madrid a autoras y autores “neutros”, que otros organismos en el Estado español (ya sean organizaciones sociales, partidos políticos o editoriales) inviten al personal crítico para hacer contrapeso. No solamente o las y los conocidos, sino a toda una pléyade de jóvenes, y no tanto, que llenan la producción literaria, las salas de exposiciones, los teatros y los múltiples festivales al parque y a las calles que se dan en todo el país.

Si es el Gobierno español el que le premia, habría que sancionarle por anteponer los posibles beneficios económicos a la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Claro, porque detrás de esa medalla debe haber un montón de intereses comerciales para que los buitres empresariales españoles “invadan” económicamente el país andino y echen a los cóndores de allá, a pesar de las muchas águilas negras que sobrevuelan el cielo colombiano.

Creo que es a todas luces injustificable el reconocimiento ofrecido al presidente de Colombia, tanto el de carácter político dado por el Gobierno español como el premio literario que supone que un presidente censurador represente a su país en la Feria del Libro de Madrid.

17SEP2021

Publicado enCultura
 Pahnin Mekragnotire, un indígena de 40 años de la tribu Kayapo, observa los efectos de la deforestación en l suroeste del estado de Pará, Brasil. — Lucas Landau / REUTERS

La organización internacional Global Witness reporta 227 ataques contra defensores de la Tierra, la mayoría de ellos documentados en países del Sur Global.

 

La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

 

 

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.

 

13/09/2021 21:54 Actualizado: 14/09/2021 10:23

Alejandro Tena@AlxTena

 

Publicado enMedio Ambiente
Movilizaciones por el aborto en Argentina en diciembre del 2020 (foto de archivo). — Matias Chiofalo / Europa Press

Diversos estudios realizados en países de la región, desvelan que la judicialización de las mujeres se ha incrementado en los países que han despenalizado el aborto sólo en algunos supuestos. Las organizaciones reclaman sacar el aborto del código penal y considerarlo un servicio de salud.

 

La criminalización del aborto en América Latina se ceba con las mujeres de escasos recursos económicos, menores de 24 años, que viven en áreas rurales o apartadas de los centros urbanos y que provienen de etnias indígenas o son afrodescendientes. Así lo desvelan diversas investigaciones realizadas en distintos países de la región recientemente. Incluso en aquellos países en los que se han realizado importantes avances en el derecho al aborto, despenalizándolo en algunos supuestos, la criminalización de las mujeres no sólo no ha disminuido, sino que por el contrario, se ha incrementado. 

Uno de los casos más llamativos es el de Colombia, cuya Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres amplios supuestos en 2006 (por riesgo para la vida o salud de la mujer, por violencia sexual o por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina) y que tiene aún una de las legislaciones más avanzadas de la región. Según un reciente estudio titulado La criminalización del aborto en Colombia, realizado por el colectivo colombiano La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Universidad de Los Andes, desde la sentencia de la Corte Constitucional hace 15 años, se han disparado los casos de persecución penal por aborto en el país. Denuncian que desde 2005 la persecución judicial se cuadruplicó, pasando de los 130 casos hasta los más de 400 que se producen anualmente en el país.

"La despenalización del aborto por causales es una solución insuficiente. Ha ampliado las posibilidades para abortar pero sobre todo a las mujeres de clase media y clase alta, a las privilegiadas, pero ha tenido un efecto criminalizante entre los grupos más vulnerables", afirma a Público Lucía Hernández, abogada de la organización Women's Link Worldwide con sede en Bogotá. 

Por estas razones esta pasada semana las organizacioens feministas y las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, festejaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de México, que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. Denuncian que la inclusión del aborto como un delito en los códigos penales y las leyes que restringen la interrupción del embarazo no penalizan el aborto, sino a las mujeres más vulnerables. 

Hace unos días un amplio grupo de más de 90 organizaciones de la sociedad civil y mas de 100 personalidades agrupados bajo el movimiento Causa Justa, interpusieron una demanda conjunta pidiendo a la Corte Constitucional de Colombia que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud. Esta demanda podría abrir el proceso para una legislación de plazos.

Un patrón en la región

Colombia no es el único ejemplo en donde se vulneran los derechos de las mujeres más desprotegidas. Recientemente otras dos investigaciones, una realizada por la organización GIRE en México y otra por Human Rights Watch en Ecuador, arrojaban conclusiones similares. 

La investigación en Ecuador, realizada sobre 148 casos en los cuales mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes fueron acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019, arrojó que el 81% de ese total eran casos iniciados contra mujeres y niñas, y un número desproporcionado de estos tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente. La mayoría eran personas jóvenes, de menos de 24 años y el 12% de las judicializadas por abortar eran niñas menores de 15 años. Casi todas vivían en condiciones de pobreza. 

En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión y con entre uno y tres años para los profesionales de la salud que practican un aborto. La interrupción del embarazo sólo está legalizada cuando la vida y la salud de la mujer embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual. Sin embargo, ni siquiera en estas circunstancias las mujeres están libres de ser perseguidas. 

"Esta tremenda criminalización hace que no solo mujeres o niñas que se induzcan el aborto acaben siendo procesadas, sino también mujeres que llegan con abortos incompletos, con emergencias obstétricas o con perdidas, terminan siendo castigadas por la justicia", explica Ximena Casas, investigadora sobre Mujer en la división de América Latina de Human Rights Watch (HRW).

El informe narra el caso de una mujer joven que cuando estaba trabajando se cayó por las escaleras y tuvo una hemorragia. Fue de emergencia al centro de salud, donde certificaron que estaba embarazada de poco más de un mes, una condición que la mujer desconocía. Los médicos la denunciaron ante la Fiscalía y la Policía, porque penaban que se estaba induciendo un aborto. La mujer acabó procesada y estuvo 3 meses en la cárcel con su hijo de tres años. "No importa en qué país estemos, casos similares ocurren en todos los países que tienen el aborto dentro del código penal".

El informe de GIRE, resalta que en México existe una gran brecha entre los derechos establecidos en papel y los servicios a los que, de hecho, tienen acceso las personas. El estudio concluye que el acceso al aborto por causales en México (determinados supuestos por los que se despenaliza el aborto) es "precario o nulo". "Existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones; se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto; se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos; se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres con emergencias obstétricas", afirma el estudio".

En la mayoría de los casos, las mujeres que entran en un centro de salud con una emergencia obstétrica o con pérdidas por un inicio de aborto, son denunciadas por los propios médicos a la Fiscalía y la Policía, que les toman declaración en la camilla del hospital o que incluso son llevadas casi desnudas, tapadas sólo con la bata hospitalaria, a declarar a la fiscalía. El informe de HRW, desvela que el 73% de los procesos judiciales contra estas mujeres se inician por denuncias de los profesionales de la salud, una cifra similar a lo que ocurre en México o Colombia. 

Falta de información y de acceso a la salud

Las causas que generan este perfil de mujeres criminalizadas son múltiples. Entre ellas destacan las barreras derivadas de la falta de información. Mujeres que viven en zonas alejadas de los centros urbanos o en medios rurales no conocen sus derechos al aborto y cuando los conocen, no tienen centros de salud cercanos donde acudir. En ocasiones deben recorrer largas distancias y usar medios de transporte que son caros y no pueden costear. Otro problema común en diversos países es la poca formación e incluso la desinformación por parte de los servicios de salud y de las instituciones judiciales. "Los servicios de salud denuncian a las mujeres por posible inducción de un aborto, violando el secreto profesional que tienen los médicos y los jueces, sin embargo, las admiten. También admiten los historiales clínicos", añado Casas.

Esta activista relata que las mujeres de clase media y acomodada y que viven en medios urbanos, no sólo tienen recursos económicos para pagar servicios de salud privados que les realizan abortos o la posibilidad de viajar al extranjero, sino también recursos para pagar a abogados que las defiendan. Las mujeres con menos recursos recurren a abogados de oficio que mucha veces les recomiendan que se declaren culpables para tener una condena menor, aunque su caso entre dentro de los supuestos permitidas para interrumpir el embarazo.
"La gran mayoría tienen barreras para acceder a una adecuada representación legal y se les viola el acceso a la tutela judicial efectiva", añade Casas.

El miedo a las denuncias y ser judicializadas hace que muchas mujeres no acudan a los centros de salud, sino que opten por abortos "artesanales" e inseguros, golpeándose, metiéndose ganchos en la vagina o tomando hierbas. Métodos todos que ponen en riesgo su salud y su vida. 

Las cifras reales de abortos en la región son difíciles de calcular. No hay registros y las mujeres que acceden a un aborto lo ocultan para no ser estigmatizadas. Además, la gran mayoría de las interrupciones se hacen en lugares no autorizados, de los que no hay registro. Sin embargo, la dimensión de este drama que viven a diario las mujeres se puede inferir por el escaso numero de mujeres que efectivamente acceden a un aborto legal. "La excepción es un acceso al aborto seguro y en buenas condiciones", afirma Hernández. "En Colombia, tras la despenalización, el acceso al aborto es muy limitado. Guttmacher  [instituto que se dedica a investigar sobre los derechos sexuales y reproductivos en el mundo], calcula que sólo entre el 1% y el 9% de los abortos que se realizan en el país son legales y seguros y se hacen en las grandes ciudades", concluye Hernández.

El aborto está altamente penalizado aún en muchos países de América Latina. Aunque en los últimos años se han producido importantes avances, sólo cinco países (Cuba, Uruguay, las Guayanas y recientemente Argentina), han despenalizado el aborto y tienen leyes de plazos en distintos niveles de implementación. Otros siete (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica o Surinam) lo prohíben de forma total, incluso cuando la vida de la madre corre peligro. En el resto existen leyes que permiten la interrupción del embarazo en determinados supuestos. 

Ahora la tendencia, tal como explican diversas expertas, es hacia la despenalización total del aborto. "Las mujeres criminalizadas son quienes enfrentan una mayor afectación cuando el aborto es considerado un delito y no un servicio de salud", concluye en informe de Gire.

 

13/09/2021 22:03 Actualizado: 14/09/2021 00:19

Marisa Kohan@kohanm

Publicado enSociedad
Viernes, 10 Septiembre 2021 06:11

La exportación del miedo

Un niño pasa frente a un mural pintado en la ciudad de Saná, capital de Yemen AFP, MOHAMED HUWAIS

Veinte años de guerra al terrorismo

 

A dos décadas del 11-S, Washington puede jactarse de haber relegitimado la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, hacer crecer el yihadismo y lograr destruir el tejido social de varios países. Ahora pone la mira en otras geografías.

El mismo día en que los talibanes terminaban de tomar Kabul, el 15 de agosto, se cumplía un nuevo aniversario, el 76, de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Cosa curiosa: nunca más, desde 1945, Estados Unidos, convertido ya en la principal potencia del planeta, ganaría guerra alguna, sacando la tan especial del Golfo, en 1991. Y, exceptuando la invasión a la minúscula isla de Granada, en 1983, para derrocar a un gobierno socialista democráticamente electo y la operación para derribar y detener al exaliado narco panameño Manuel Noriega, en 1989, ni siquiera protagonizaría intervenciones armadas masivas exitosas. Fue derrotado en Vietnam, no pudo con Corea del Norte y de Kabul se ha marchado, como de Saigón en 1975, con la cola entre las patas, desalojado por los mismos yihadistas a los que había pretendido aplastar 20 años antes, quienes a partir de entonces no han hecho más que expandirse por toda una región en la que Washington pretendió implantar –a cañonazos, dronazos y montañas de dólares– su tan peculiar idea de la democracia y la libertad.

Aquel «nuevo siglo estadounidense» pergeñado por los thinks tanks neoconservadores a fines de los años noventa, que debía comenzar a plasmarse con la fulgurante respuesta militar en tierra afgana a los ataques del 11 de setiembre de 2001, parece haber quedado hoy definitivamente enterrado en la propia Kabul. Con un saldo, para Estados Unidos y sus aliados, de unos 3.500 soldados y 4 mil mercenarios muertos y un gasto de más de 2,4 billones de dólares, y, para los afganos, de al menos 240 mil muertos y un país devastado, más tribalizado que nunca y convertido, bajo el civilizador gobierno proestadounidense, en el primer productor mundial de opio. Un panorama muy similar al de Irak y Libia, invadidos y desestabilizados en la estela de la ofensiva pos-11-S, devenidos en verdaderos campos de ruinas en los que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ni siquiera logró colocar a sus peones políticos en posiciones sólidas.

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A la guerra afgana George W. Bush la llamó guerra buena. Su sucesor Barack Obama, que la continuó por dos períodos, la tildó de guerra justa. Bush no tenía miramiento alguno en la manera de conducir sus batallas. Bombardeaba y mataba a como diera lugar, multiplicaba en Asia y Europa del Este los black sites (‘sitios oscuros’, los centros clandestinos de detención de la CIA), a donde eran llevados inicialmente los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda antes de ser trasladados al campo de concentración montado en la base naval de Guantánamo.

Obama, que había llegado a la presidencia con una improbable reputación de antibelicista, quiso cerrar Guantánamo (el Congreso se lo impidió) y anunció su intención de «humanizar» la guerra afgana. Humanizar la guerra, ese oxímoron, significaba, en realidad, librarla desde lejos: los ataques se harían a partir de drones y misiles teledirigidos a muy larga distancia, conducidos por operadores que irían reemplazando cada vez más a los pilotos. Minimizaba al máximo los muertos propios, que tan poco ayudan a vender la guerra a la opinión pública, y suponía ajustar la mira para liquidar a los blancos que se debía liquidar. Aunque tras la primera Guerra del Golfo ya había quedado claro que era un cuento yanqui aquello de que los misiles teleguiados tenían «precisión quirúrgica», Obama insistió en transmitir esa ilusión.

En marzo de 2009, tres meses después de que asumiera la nueva administración, escribió el profesor de Historia y Derecho Estadounidense Samuel Moyn en el diario británico The Guardian (versión española en eldiario.es, 5-IX-21): «Un informe legal histórico dio un aviso claro y asombroso de cómo se llevarían a cabo las guerras de Obama, que formalizaban y globalizaban la “guerra contra el terror” de una forma que Bush no había hecho nunca oficialmente. La lucha antiterrorista no tendría límites temporales o espaciales. Esto importaría mucho más que las reformas más comentadas de Obama: prohibir simbólicamente la tortura o retocar las normas sobre prisioneros y juicios».

Solo en su primer año de gestión Obama recurrió a los aviones no tripulados más veces que Bush en toda su presidencia y al final de su segundo mandato atacó diez veces más que su predecesor, causando miles de muertes, tantas que entre 2010 y 2011 debió suspender las operaciones con drones en Yemen. Porque no se trató solo de Afganistán. «Iniciados en secreto y más tarde normalizados en público, los ataques letales selectivos transformaron la “guerra contra el terrorismo” para que se extendiera por todo el planeta. En el último año de Obama en la Casa Blanca los comandos de las fuerzas de elite operaron en 138 países o se desplazaron por ellos, se produjeron combates en al menos 13 y ataques letales selectivos en varios de ellos», apuntó Moyn.

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Aquella guerra «justa» y «buena» por «la democracia y la libertad» puso al frente de los países a los que fue llevada administraciones con muy poca implantación política y social. Con la nueva toma del poder por los talibanes en Afganistán, «salió a la luz el verdadero impacto de la ocupación estadounidense», escribieron en la revista digital Jacobin (17-VIII-21) los investigadores Tabitha Spence y Ammar Ali Jan. Durante los 20 años de gestión indirecta de Estados Unidos y la OTAN «se generó un gobierno títere», «una coalición torpemente tejida de caudillos, elites emigradas y tecnócratas de diferentes partes del mundo», inmersa en una lógica de corrupción que, lejos de ser solamente propia, era también «parte del diseño del ocupante». El gobierno surgido de la intervención habilitó en algo el juego político, mejoró en algo la vida de algunos sectores (las mujeres, especialmente las urbanas, ganaron algunos derechos), pero sobre todo fue funcional a los intereses del ocupante occidental.

En 2003 una militante feminista afgana, Malalai Joya, denunció desde su banca de diputada a los «señores de la guerra» y a las tropas de la OTAN que los habían reinstalado en el poder por cometer juntos «crímenes contra los afganos». Cuatro años después fue expulsada del Parlamento y debió permanecer oculta en su propio país tras sufrir seis intentos de asesinato. «[Afganistán, Irak, Siria y Libia] son emblemáticos de cómo las intervenciones occidentales contemporáneas están orientadas a crear zonas de control imperialista para perseguir objetivos a corto plazo. Una vez que se cumplen estas metas, se abandona el país: la promesa de la democracia y la construcción del Estado resultan ser meros eslóganes. El barniz del humanitarismo ha dado paso a una lógica de terror y destrucción impuesta a los “Estados enemigos”. Estados Unidos encabeza hoy este escuadrón mundial de demolición», dice la nota de Jacobin.

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Spence y Ali Jan citan en su nota un trabajo del profesor británico de Ciencias Políticas Dominic Tierney. Dice Tierney en The Right Way to Lose a War: America in an Age of Unwinnable Conflicts (‘el modo correcto de perder una guerra: Estados Unidos en la era de los conflictos imposibles de ganar’) que Washington «no entiende la política local ni las dinámicas internas» de los países que ocupa. «Afganistán es un caso muy claro, porque es una guerra en la que se metió de repente y apenas sabía nada de ese país», agrega. Y siguió ignorándolo hasta el mismísimo momento de la retirada.

En diciembre de 2019 The Washington Post difundió lo que luego se conoció como papeles de Afganistán, un par de miles de páginas de notas tomadas por la muy oficial oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán a partir de entrevistas con políticos y militares estadounidenses. Uno de los entrevistados fue el teniente general Douglas Lute, consejero adjunto de seguridad nacional en los gobiernos de Bush hijo y Obama, y luego representante de su país en la OTAN. «No teníamos ninguna comprensión fundamental de Afganistán. No sabíamos lo que hacíamos. […] Por ejemplo, sobre la economía. Debíamos establecer un mercado floreciente. Deberíamos haber especificado un mercado de la droga floreciente, porque era lo único que funcionaba. Es realmente mucho peor de lo que se piensa», decía Lute.

Y Donald Rumsfeld, uno de los estrategas de la intervención en tanto ministro de Defensa de Bush, respondió en 2003: «No tengo certeza alguna sobre quiénes son los malos», en referencia a los enemigos que sus tropas supuestamente debían combatir. Los papeles de Afganistán, señaló el mensuario francés Le Monde Diplomatique, que los reflotó en su última edición, dejaron en evidencia, como pocas otras cosas, la pléyade de mentiras con las que los dirigentes estadounidenses inundaron el mundo para justificar su guerra desde el momento mismo de la invasión.

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A la que también hicieron florecer las intervenciones estadounidenses pos-11-S en Afganistán, Irak y zonas más o menos aledañas fue a la propia Al Qaeda. «En 2001, al decir Al Qaeda hablábamos de centenares de combatientes. Ahora son decenas de miles con capacidad de desestabilización en África, Asia, Oriente Medio e, incluso, el sudeste asiático», dijo a la publicación digital española Infolibre (22-VIII-21) Moussa Bourekba, profesor de Relaciones Internacionales instalado en Barcelona.

Al Qaeda ya no busca tanto matar en Occidente, con atentados como los de 2001 en Nueva York, los de 2004 en Madrid y los de 2005 en Londres, afirmó Bourekba, «sino expandirse en las zonas de conflicto en alianza con grupos locales como los talibanes» o multiplicando las filiales (en Irak, en el Magreb islámico, en la península arábiga, en India) o las articulaciones con otras fuerzas yihadistas, como los somalíes de Al Shabaab y el Frente Al Nusra sirio. «La red cuenta ya con más de diez franquicias» y ha crecido en la misma medida en que Estados Unidos y sus aliados han dejado en evidencia su incapacidad para salirse de una estrategia de saqueo y destrucción, y construir apoyaturas estables y arraigadas en los países en los que intervienen. El propio ISIS, activo hoy en una decena de países, surgió de la filial de Al Qaeda en Irak, un país donde esa red no tenía presencia antes de la invasión estadounidense.

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De que la estrategia de la «guerra contra el terrorismo» tal como se había planteado desde el 11-S era un fracaso se dio cuenta hace mucho alguien tan poco sospechoso de pacifista como Zbibniew Brzezinsky, que en los sesenta impulsó la intervención en Vietnam y en la década siguiente fue ubicado en el ala derecha del gobierno de Jimmy Carter. En 2007 Brzezinsky escribió un libro (La segunda oportunidad) en el que recomendaba recular ante la derrota. Apostaba a que Obama rectificara el tiro, pero el presidente demócrata le frustró esa esperanza.

El hashtag #EndEndlessWar (‘terminar con la guerra interminable’), escribió Moyn, «se originó en 2014 a partir del activismo de base entre los progresistas en torno al ritual anual del Congreso de renovar la financiación de la guerra». Pero quien comenzó a darle forma fue el menos pensado: Donald Trump. No precisamente por convicciones antibelicistas, antimperialistas o meramente humanitarias. Nada de eso. Mientras reactivaba Guantánamo, volvía a justificar la tortura, impulsaba leyes securitarias aún más duras, impulsaba el cese de las guerras interminables, como la afgana, para concentrar fuerzas en la guerra económica y comercial con China. Joe Biden retrasó el cumplimiento de los acuerdos con los talibanes suscritos por su predecesor, pero terminó concretándolos, y a las apuradas.

Ahora casi un objeto de consenso en Estados Unidos, el retiro de las tropas de Afganistán, apunta Le Monde Diplomatique, «marca el fin de una época: la de las intervenciones directas y las guerras interminables». «¿Pero anuncia, acaso, una nueva era en la que los estadounidenses dejarían de verse a sí mismos como ese pueblo excepcional destinado a gobernar el planeta? La respuesta la da el propio título del programa de gobierno de Joe Biden: “Guiar al mundo democrático”. La voluntad hegemónica sobrevivió a la derrota en Vietnam. Y no desaparecerá con la lección afgana», añade. Aunque ya no sea, ni de cerca, el de antes.

Por Daniel Gatti
10 septiembre, 2021

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El asesinato de Javier Ordoñez y 13 pobladores más. Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional*

"Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Abraham Lincoln.

Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional como fechas trágicas pero también de apertura esperanzadora de una vitalidad social vestida de indignación, templanza, solidaridad, emancipación.

Aquellos corresponden a dos días vestidos de duelo y de vida en los que, una vez más, la inexistente democracia colombiana salió a flote tal cual es, sin apariencias ni disfraces. El 9, la coraza protectora del poder[1] asesina a Javier Ordóñez, saciando toda su vileza en el cuerpo de la víctima hasta reventarlo a golpes, patadas y descargas de pistola taser, homicidio así comprobado por el informe forense a cargo de Medicina Legal[2].

La noticia de un asesinado a manos de la policía ahora no pasa inadvertida y, como debía ser, suscitó indignación y asco. Se da entonces una fuerte reacción por la violación del derecho a la vida y también, quizá por las circunstancias de injusticia acumuladas a lo largo de seis meses de promesas y pocas realizaciones de parte de los gobiernos nacional, departamentales y municipales; quizá por la memoria de dolor acumulada de otras tantas actuaciones violatorias de los Derechos Humanos por el cuerpo policial, la mayoría de ellas negadas o dilatadas por la impunidad; pero quizá con aporte igualmente de las condiciones de desempleo y falta de estudio que afectan a decenas de miles de jóvenes, justo los movilizados en rechazo de lo sucedido y quienes en forma espontánea rodearon los Centros de Atención Inmediata (CAI), tanto en Bogotá como en Soacha.

La acción sorprendió a los agentes cuyos mandos seguramente recibían, sin guardar silencio, los reportes provenientes de cada uno de esos centros de operación y abuso La protesta gana tamaño y voces dolidas por lo sucedido increpan a los uniformados por su proceder autoritario, por el irrespeto a la vida. El reclamo contenía en su fuerza iracunda miles de denuncias de los despropósitos cotidianos de un cuerpo armado erigido en dios y señor, sufridos en carne propia por jóvenes y no tanto, y por hombres y mujeres. ¡Rabia contenida que explota con la fuerza eruptiva del volcán!

Pero sin comprender esa rabia ni tratar de encauzarla en debida forma, y sí como mensaje para romper solidaridades y atemorizar a los presentes como a otros que pretendieran sumarse a la protesta, la Policía desata una bacanal de muerte y dolor traducida en 13 manifestantes asesinados, en su totalidad jóvenes, más decenas de heridos a bala, más otros tantos a golpes y gases. La rabia se multiplica. Reportes en tiempo real muestran a quienes supuestamente velan por la vida de todos y por el bien común, disparando sin piedad alguna contra las personas que les inquieren, así como contra quienes por una u otra razón cruzan en esos momentos los territorios alterados[3].

El proceder oficial desnuda la apariencia y viste con su traje real a la Policía, cuerpo militarizado, instruido bajo la doctrina de ‘seguridad nacional’, que visualiza como enemigo a quien reclama respeto y justicia, sin ver en el mismo al ciudadano en ejercicio de sus deberes y en defensa de sus derechos. Se manifiesta así una mentalidad de ejército de ocupación, el de esta policía, acostumbrada a golpear, arrastrar, insultar, amenazar, disparar a quien desatienda sus peligrosas y desmedidas órdenes. Se trata de una unidad policivo-militar autoprotegida por un fuerte espíritu de cuerpo, revestido de impunidad, evidencia de lo cual quedan varios homicidios, todos ellos de jóvenes e incluso menores de edad, como se ve:

1) Nicolás Neira (1º de mayo de 2005), producto de un disparo de munición recalzada que le impactó la parte posterior del cráneo, acción encubierta –por orientación de sus mandos– por quienes acompañaban al sindicado, al decir que la muerte era consecuencia de un supuesto golpe del occiso contra un bolardo. Luego de 15 años, y tras múltiples demoras y componendas, incluso con presión de la Fiscalía para firmar un preacuerdo al que se oponía la familia de Nicolás, y anulado por la Corte Constitucional, la justicia aún no falla en este asesinato.

2) Óscar Leonardo Salas (8 de marzo de 2006), quien perdió la vida por un ataque en grupo de parte de efectivos del Esmad, cuya investigación está perdida en los recovecos del maleable sistema judicial colombiano.

3) Diego Felipe Becerra (19 de agosto de 2011), asesinado por un agente de la policía en servicio por estar pintando un grafiti. La investigación judicial fue bloqueada con varios montajes y en repetidas ocasiones por el ya referido espíritu de cuerpo policial, a fin de desvirtuar el motivo del crimen, así como la propia investigación, hasta permitirle al inculpado salir de la cárcel un día antes del final del juicio para que se fugara. Al día siguiente fue condenado a 38 años de prisión.

4) Andrés Camilo Ortiz Jiménez (15 de junio de 2018) Con fallo condenatorio del inculpado, el asesinato se produce porque Andrés Camilo trataba de colarse en el servicio de Transmilenio, en la estación Calle 142. La decisión judicial condenatoria a 10 años de prisión –en casa por cárcel– no satisfizo a la familia.

5) Dilan Cruz (25 de noviembre de 2019, herido el sábado 23 en la calle 19 de Bogotá), El asesinato resulta de un disparo de recalzada –¡otra!– por parte del Esmad y amplía la letanía de homicidios a manos de un cuerpo policial de choque cuyo proceder está lejos de proteger la vida y sí claramente configurado para contener, desordenar y dispersar la protesta social, no importa el precio que ello conlleve. La paquidermia judicial parece favorecerlo.

Otros homicidios, como los cometidos por unidades policiales contra indígenas en medio del proceso social denominado “Liberación de la Madre Tierra”, con un registro de decenas de heridos de diversa gravedad, también permanecen en el limbo.

Pero toda barbarie tiene su límite. La encarnada por uno de los cuerpos de protección del poder realmente existente en Colombia lo encontró en la magnitud de su propia violencia y muerte que produjo al verse cercado por la protesta ciudadana, reacción que no parece espontánea y sí responder a un dispositivo B o de emergencia, al que pueden acudir los agentes cuando se sienten sitiados, como ocurrió durante los días 9 y 10 de septiembre.

La cantidad de muertes, así como de lesionados por el accionar de sus armas, en esta ocasión fue imposible de ocultar por la solidaridad de cuerpo, más aún con el surgir de interrogantes desde el establecimiento mismo por la forma de proceder, llegando hasta exigir su reforma inmediata. Pero, pese a la demencial violación de Derechos Humanos protagonizada, todo indica que el poder está decidido a que el costo sea mínimo en términos de efectivos juzgados y condenados, mensaje así enviado por el Presidente, que el 16 de septiembre acudió a varios CAI a felicitar a la unidades policiales. Asimismo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo lo propio en otros puntos, expresando sin rubor: “Nuestra gratitud, apoyo y cariño por la tarea que hacen ustedes en la Policía. Queremos recomendarles permanentemente hacer su tarea: protección a los ciudadanos, siempre con el máximo cumplimiento de la ley, respetando y velando por los derechos de cada colombiano, sabiendo que es una tarea difícil, abnegada y sacrificada".

De igual manera, y como parte de este mismo despliegue de solidaridad de cuerpo, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido al que pertenece el Presidente, acudió al CAI del barrio Cedritos –sector donde tres jóvenes fueron asesinados en las jornadas comentadas– a llevar igual mensaje. El rechazo comunitario impidió la impunidad de su acto.

El proceder censurado por la sociedad en estas jornadas se rubrica con la simultaneidad en el envío de mensajes de complacencia con lo actuado por parte de sus alfiles y peones, protectores del poder, actuación similar a la que lideró la ministra de Justicia al saludar la actuación de la guardia penitenciaria en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá en marzo de 2020 y que culminó con 23 internos asesinados[4]. En ambos casos, estamos una vez más ante la evidencia del autoritarismo y el militarismo que impregnan a la institucionalidad colombiana, soporte de su modelo de control y dominio social, y parte de los diques que bloquean la emergencia de la democracia que requiere el país para cerrar una historia de dos siglos de régimen presidencialista, centralista, militarista, autoritario y policivo.

De esta manera, con violencia y muerte como recurso eterno del poder para atemorizar y prolongar su dominio, iniciamos la mal llamada “nueva normalidad”, real continuidad de las constantes que caracterizan a los detentadores del poder y su forma de gobernar en el país, donde imperan los gobiernos de los ricos y para ellos. El enfrentamiento a la pandemia desplegó sus primeras medidas a la par de la masacre al interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. En ambas ocasiones, la muerte sobrepuesta a la vida; en ambas ocasiones, la irreal democracia existente en Colombia exteriorizando sin apariencia alguna su real fisonomía, protegida por un inmenso poder y un dispositivo militar que pisotean sin cesar los derechos de las mayorías de Colombia.

Es la actual una constante de muertes, concentración de la propiedad y de la riqueza en general, del poder y de todas sus mieles, a través de una histórica, ampliada e inocultable brecha social que impera en el transcurso de más de dos siglos de la historia nacional, realidad que permite reclamar, con la voz de los ausentes y con la acción de quienes aún izan la bandera de la dignidad de la humanidad: Democracia que no has de ejercer, déjala ser.

*Este escrito corresponde al Posfacio del libro "Democracia que no has de ejercer, déjala ser", que Ediciones Desde Abajo publicará en el mes de octubre 2021.


Represión y asesinatos

 

En aquella jornada de solidaridad, resistencia y protesta ciudadana cayeron bajo la acción violenta policiva protectora del poder las siguientes personas, todas ellas jóvenes y con edades entre los 17 años y máximo 30.

Barrio Verbenal

Camilo Hernández

Jaider Fonseca

Andrés Rodríguez

 

Localidad de Suba

Germán Smith Puentes

Julieth Ramírez

Freddy Alexander Mahecha

 

 Localidad de Kennedy

Julián Mauricio González

 

Localidad de Ciudad Bolívar

Eidier Jesús Arias

 

Municipio de Soahca

Marcela Zúñiga

Gabriel Estrada Espinoza

Cristhián Andrés Hurtado,

Lorwuan Estiwen Mendoza

 

Crimenes aleves, a mansalva, sobre pesonas desarmadas. Asesinatos con impunidad total, a pesar que en su momento el general de la policía Gustavo Moreno, encargado del mando general de la institución en ese momento, aseguró que 35 agentes habían reconocido haber accionado sus armas de dotación contra los manifestantes.

Por la tortura y asesinato de Javbier Ordoñez fue condenado uno de los patrulleros del CAI donde fue brutalmente violenetado, se trata de Juan Camilo Lloera, condenado a 20 años de edad.

La impunidad perdura, y la solidaridad de cuerpo se expresa una vez más, como en otros muchos crímenes a cargo de uniformados.

 

[1] “La policía, brazo protector del poder”, periódico Desde Abajo Nº 272, septiembre 18-octubre 18, 2020, p. 4.

[2] “Javier Ordoñez murió por múltiples traumas contundentes producidos por terceros”, https://bit.ly/34IM1Gf.

[3]https://bit.ly/2FhDJMO.

[4] Periódico Desde Abajo, marzo 23/2020, Colombia. ¿La justicia es ciega?, op. cit.

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Haití: comenzaron las audiencias por el magnicidio de Jovenel Moise

A dos meses del asesinato y tras la renuncia de tres jueces

Comenzaron las audiencias judiciales de los 44 acusados, entreellos 18 mercenarios colombianos.

 A casi dos meses del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzaron las audiencias judiciales del caso, tras las sucesivas renuncias de los jueces asignados, que aseguraron haber sido amenazados y reclamaron que no se les dio seguridad. Las audiencias comenzaron con la declaración del exjefe de seguridad del presidente que fue realizado a puerta cerrada y del que no trascendieron más detalles. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, el testimonio es relevante ya que Moise fue “entregado” por sus responsables de seguridad, que estaban encargados de velar por la seguridad del mandatario, asesinado el pasado siete de julio en su casa. La Policía aún no liberó las imágenes de la cámara de vigilancia de la residencia presidencial.

Jueces amenazados

El proceso judicial está a cargo del magistrado Gary Orelien, quien lideró la investigación tras la renuncia de Mathieu Chanlatte, que dimitió por preocupaciones de seguridad. Orelien es criticado por varias figuras públicas de Haití que lo califican de “inexperto” para estar al frente del caso de magnicidio.

Sin embargo, previo a la designación de Orelien, ya habían renunciado tres jueces: Carl Henri Destin, quien redactó el primer informe tras el asesinato de Moise; Clément Noel, que dimitió tras denunciar que recibió amenazas de muerte; y el más reciente, Mathieu Chanlatte, que dejó el cargo el pasado 13 de agosto, que previamente había alertado que no tenía asignado un guardia para garantizar su seguridad y la de su familia.

Un día antes de la renuncia de Chanlatte se conoció la muerte del secretario judicial que iba a asistirlo en la investigación. Para la Asociación de Registradores Haitianos se trató de un asesinato, mientras que varias personalidades haitianas señalaron que la muerte del funcionario judicial constituía una forma de intimidación.

Magnicidio

Hasta el momento la causa tiene 44 detenidos: 18 colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano y 12 policías. Entre ellos está el presunto autor intelectual, Emmanuel Sanon, de 63 años, un médico haitiano con residencia en Florida, Estados Unidos, y que supuestamente organizó la operación para jurar como presidente. Otras seis personas se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas la antigua jueza del Tribunal Supremo, Wendelle Coq, y el exsenador John Joel Joseph

Moise fue asesinado en su residencia el 7 de julio pasado. El país caribeño no cuenta con un parlamento desde enero de 2020. El mes pasado el presidente Ariel Henry anunció que las elecciones que estaban previstas para el 26 de septiembre fueron postergadas para noviembre y la segunda vuelta será en enero de 2022.

Haití hoy

Mientras que la crisis sanitaria se agravó con el terremoto del pasado 14 de agosto que devastó la zona sur de Haití. Más de dos mil personas murieron y unas 12 mil resultaron heridas. El sismo también destruyó cerca de 60 mil hogares y al menos 25 infraestructuras sanitarias, aumentando la afluencia a los centros de salud que quedaron en pie.

Las vacunaciones contra la covid-19 avanzan a cuentagotas, de los 11 millones de habitantes que tiene el país, sólo más de tres mil completó el esquema de inmunización y unas 25 mil personas fueron inoculadas con la primera dosis. En los refugios improvisados para las personas que perdieron sus hogares tras el terremoto conviven miles de familias hacinadas, sin barbijos y con poco acceso a agua potable.

04/09/2021

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Jóvenes palestinos se dispersan el pasado 21 de agosto tras el lanzamiento de gases lacrimógenos por las fuerzas israelíes en la ciudad de Beitia, al norte de la Ciskordania ocupada.

En apariencia, la situación ha sido relativamente tranquila en los últimos días en los territorios ocupados por Israel. Ninguna víctima israelí, casi ningún ataque en Cisjordania y absolutamente ninguno en el propio Israel. Gaza ha estado relativamente tranquila desde el final de la última ofensiva de Israel allí, la Operación Guardián del Muro.

En Cisjordania, la desesperada rutina diaria continúa durante este llamado período de calma, una ironía suprema cuando se presta atención a estas terribles cifras: desde mayo, más de cuarenta palestinos han sido asesinados en Cisjordania.

En el solo un fin de semana de finales de julio, el ejército israelí mató a cuatro palestinos, incluido un niño de 12 años. De estos cuarenta, dos procedían de la misma aldea, Beita, que recientemente perdió a seis de sus habitantes: cinco manifestantes desarmados y un fontanero que, según se informa, fue llamado para reparar un grifo en algún lugar. Ninguno de los cuatro muertos a finales de julio representaba ninguna amenaza para la vida de las y los soldados o colonos israelíes.

El uso de munición real contra estas personas estaba prohibido, por no hablar de apuntar a matar, como hicieron las y los soldados israelíes que les dispararon. Cuatro seres humanos o, si lo prefiere, cuarenta seres humanos, cuyas familias han visto su mundo hundirse, personas con planes, sueños y deseos; todos repentinamente reprimidos por algún joven soldado israelí de forma tan despreocupada y brutal.

Por si todo esto no fuera suficiente, tened en cuenta esto: los medios israelíes apenas cubrieron estas muertes. Ninguno de los dos principales títulos israelíes mencionó la muerte de un adolescente de 12 años en Beit Omar, entre Belén y Hebrón; ni los dos canales de televisión privados más grandes se molestaron tampoco en hablar de ello.

En otras palabras, la muerte de un niño de 12 años - Mohammed al-Alami, que fue de compras con su padre y su hermana cuando soldados israelíes acribillaron su coche a balazos, matando a este niño que, como su padre, no había hecho nada malo - fue considerada sin importancia y poco interesante por algunos medios israelíes.

Indiferencia ante el asesinato

Esta es la única explicación posible para esta falta de atención generalizada frente al asesinato. Hay que recordar que todos estos asesinatos llevados a cabo desde mayo apenas se han señalado, y mucho menos investigado, y se puede vislumbrar el retrato de la represión israelí y la negación de la ocupación a través de la versión de la "Cúpula de Hierro" presentada por los medios de comunicación, con la amable autorización de la prensa libre, en toda su abyección.

Esta sombría imagen del ejército y su brutal modus operandi ha sido ahorrada a las y los israelíes, protegidos por una prensa muda. Protegidos por este silencio, negación y represión, incluso los políticos y generales israelíes no tienen que explicar o siquiera interesarse por el hecho de que no pasa una semana sin víctimas palestinas en los territorios ocupados, tampoco durante este período de relativa calma.

Así, hasta hace unos días, ningún oficial militar había hecho la más mínima crítica al comportamiento de estos soldados, por no mencionar la evocación de intervenciones judiciales o la apertura de una investigación seria. Solo después de una serie de artículos y editoriales en Haaretz que el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el General Aviv Kochavi -considerado una personalidad con valores morales- ha "pedido bajar la temperatura". Ni una orden, ni un requerimiento. Ninguna intervención judicial ni investigación, solo una vaga declaración de buenas intenciones para el futuro.

Detrás de todo esto se esconde el desprecio por la vida de las y los palestinos. En Israel nada es menos valioso que la vida de una persona palestina. Esto va desde los trabajadores de la construcción que caen como moscas en obras de construcción en Israel sin que nadie se preocupe por ello hasta manifestantes desarmados en los territorios ocupados muertos a tiros por las y los soldados sin que nadie rechiste.

Hay un denominador común: la convicción en Israel de que la vida de las y los palestinos no vale mucho. Si las y los soldados dispararan a animales callejeros con tanta indiferencia como sobre las y los palestinos, habría una inundación de indignación y estos soldados serían procesados y severamente castigados. Pero solo están matando palestinos, así que ¿cuál es el problema?

Cuando una o un soldado israelí dispara a un niño palestino en la cabeza o a un adolescente palestino o a un manifestante o fontanero una bala al corazón, la sociedad israelí permanece en silencio y apática. Se contenta con las explicaciones sin concreción y a veces con las mentiras desvergonzadas del portavoz del ejército, omitiendo la expresión de cualquier escrúpulo moral sobre la necesidad de matar.

Hay tantas víctimas que he investigado y sobre las que he escrito en los periódicos que no han despertado ningún interés particular...

Muerte de un fontanero

Shadi Omar Lofti Salim (41 años), un próspero fontanero que vivía en Beita, en el centro de Cisjordania, salió de su casa en la noche del 24 de julio en dirección a la carretera principal en la que se encuentra la válvula de la red de suministro de agua de la aldea, después de que se descubriera un problema.

Estacionó su coche junto a la carretera y se dirigió a esta válvula, con una llave inglesa roja en la mano. Eran las 10:30 p.m. Cuando se acercó a la válvula, los soldados cercanos abrieron fuego de repente y lo abatieron. Más tarde afirmaron que corría hacia ellos sosteniendo una barra de metal. La única barra de metal era la llave roja inglesa que quedó en el suelo junto a su paquete de cigarrillos y una mancha de sangre ya seca cuando llegamos allí unos días después de su muerte.

Una semana más tarde, en la misma aldea, las y los soldados mataron a Imad Ali Dweikat (37), un trabajador de la construcción, padre de cuatro niñas y un niño de dos meses. Fue durante la manifestación semanal del viernes. Las y los habitantes de Beita se han estado manifestando cada semana durante unos dos meses contra el establecimiento de un puesto avanzado ilegal en tierras de la aldea. Esta colonia, Givat Eviatar, fue construida extraoficialmente y luego vaciada de sus habitantes por Israel, pero las cuarenta estructuras erigidas rápidamente allí no fueron destruidas. Esta tierra no ha sido devuelta a sus propietarios, a quienes no se les permite acercarse a ella.

Desde que se lanzó Givat Eviatar hace más de diez semanas, cinco manifestantes palestinos han sido asesinados por las o los soldados. Ninguno de los cinco estaba lo suficientemente cerca como para poner en peligro la vida de los soldados de ninguna manera, a pesar de que la gente que se manifestaba arrojó piedras y quemó neumáticos para protestar contra el acaparamiento de sus tierras.

Las y los habitantes están decididos a seguir resistiendo hasta que se les devuelva su tierra, y mientras tanto, la sangre fluye, semana tras semana.

Disparo aleatorio

Dweikat estaba bebiendo un vaso de agua cuando un francotirador israelí le eligió, aparentemente al azar, y le disparó en el corazón a varios cientos de metros de distancia. La bala explotó en su cuerpo, dañando sus órganos internos y Dweikat murió en el acto, con la sangre fluyendo de su boca. Ali, su hijo recién nacido, ya es huérfano.

Todas estas muertes son ejecuciones. No hay otro término para describirlas.

Unas semanas antes, las y los soldados habían disparado y matado a un adolescente, Muhammad Munir al-Tamimi, en otra aldea que protestaba, Nabi Saleh. Tamimi tenía 17 años y es la quinta víctima en este pequeño pueblo en los últimos años. Toda la gente allí pertenece a la familia Tamimi y, desde hace años, se ha resistido al robo de sus tierras por las colonias circundantes.

Todas estas muertes son ejecuciones. No hay otro término para describirlas. Disparar a manifestantes desarmados, adolescentes, niños, un fontanero, un trabajador de la construcción, personas que se manifiestan públicamente para recuperar sus propiedades y la libertad es un crimen. Hay muy pocos regímenes en este mundo donde las y los manifestantes desarmados sean abatidos, excepto Israel, "la única democracia en Oriente Medio", donde esto no afecta la tranquilidad espiritual de la gente.

Incluso las recriminaciones que escuchamos aquí y allá frente a estos asesinatos sistemáticos se derivan del hecho de que esto podría conducir a un deterioro de la situación en general. Sobre la cuestión de la legalidad y en particular la moralidad del asesinato de personas inocentes, nadie dice ni pío.

Israel es considerado una democracia, un querido hijo del mundo occidental con valores similares. Cuarenta personas civiles desarmadas muertas en los últimos dos meses y medio, cuatro muertes solo en la última semana de julio, son un testimonio doloroso, aunque silencioso, del hecho de que, aunque todavía se considera una democracia, Israel no es juzgado de la misma manera que otros países.

26/08/2021

https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/israel-meurtre-palestiniens-innocents-impunite-indifference-occupation

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Gideon Levy es columnista de Haaretz y miembro del consejo editorial del periódico. Levy se unió a Haaretz en 1982, y pasó cuatro años como editor adjunto del periódico. Fue galardonado con el Premio Euro-Med de Periodismo para 2008, el Premio a la Libertad de Leipzig en 2001, el Premio de la Unión de Periodistas Israelíes en 1997 y el Premio de la Asociación de Derechos Humanos en Israel para 1996. Su nuevo libro, The Punishment of Gaza (El castigo de Gaza), acaba de ser publicado por Verso.

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Jueves, 02 Septiembre 2021 05:48

Los matices del perdón

Los matices del perdón

Entrevista al psicoanalista Alberto César Cabral

Una mirada psicoanalítica sobre el perdón, sus límites, la culpa y el arrepentimiento.

El perdón estuvo vinculado históricamente a un sentido religioso. Pero también con una posición ética respecto de quien tiene la "autoridad moral" para perdonar y quien tiene la suficiente conciencia ética como para arrepentirse. ¿El perdón es acaso la respuesta más apropiada ante las ofensas o los daños que nos infringe un otro? ¿Qué tiene para decir el psicoanálisis al respecto? Muchos de estos interrogantes son los que trabaja el psicoanalista Alberto César Cabral en su libro El perdón y sus límites. Una aproximación psicoanalítica (Teseo). Cabral es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y exdirector del Instituto "Ángel Garma". También autor de Cuestiones en psicoanálisis, entre otros libros.

¿Qué diferencia existe entre el uso cotidiano del término "perdón" y de su concepción psicoanalítica? Cabral señala que hay un uso cotidiano que no ha roto plenamente sus adherencias de origen con el sentido religioso. "Hoy está aceptado que el perdón no existió en todas las épocas ni en todas las culturas. Roma y Grecia no tenían idea de lo que era el perdón como lo entendemos actualmente. Y es claro que las religiones monoteístas tuvieron mucho que ver con modelar las primeras nociones que estuvieron ligadas a la idea del perdón", plantea Cabral. El autor entiende que en los últimos tres siglos se produjo un proceso de secularización progresiva de la noción de perdón que lo fue despojando de sus connotaciones religiosas.

"No hay 'una' concepción psicoanalítica del perdón. Es una cuestión polémica, también entre los analistas. Hay colegas que, a mi modo de ver, reciclan concepciones religiosas del perdón. Lo consideran una 'virtud moral': la decisión de 'no perdonar', entonces, constituiría el testimonio de una elaboración no adecuada del rencor y el odio. Es claro que de ahí se desprende una concepción de la cura que debería desembocar inevitablemente en el perdón, y que lo convierte en objeto de una prescripción, sostenida por la autoridad del analista", señala Cabral. "La aproximación filosófica, ética e incluso la jurídica pecan en muchos momentos de cierto voluntarismo, como si se tratara exclusivamente de la buena voluntad de la víctima, del potencial y de la disposición de amor de la que sería portador como si bastara eso para definir si un agravio, una ofensa pueden o no ser perdonados", agrega.

--¿Qué lugar ocupa la culpa en el perdón de acuerdo a la mirada psicoanalítica?

--Lo podemos pensar en la dupla que forman el victimario y la víctima. Los autores anglosajones hablan del perpetrador y suena impactante. Respecto del ofensor y la víctima, la culpa está del lado del perpetrador, en una mirada convencional, de aquel que cometió la falta sobre el otro. Respecto del perpetrador también se supone que hay un goce también porque hay algo del orden del regodeo de la propia culpabilidad que, en algún punto, exime al sujeto de la posibilidad que le cabe en ver si puede o no enmendar aquello que protagonizó. Si no es así, la posición de culpa, el registro de la culpa por parte del perpetrador puede ser un primer paso en un proceso subjetivo de arrepentimiento, que cuando es realmente eficaz, en realidad lo que supone es un cambio de posición subjetiva por parte del perpetrador de dirigir una mirada distinta sobre el acto que protagonizó sobre la víctima.

--Ya que trae el tema de víctima y victimario y del arrepentimiento, ¿desde qué aspecto del psicoanálisis se puede pensar el pedido de perdón sin arrepentimiento, como muchas veces sucede en la violencia de género, por ejemplo?

--Una escucha psicoanalítica permite discriminar cuánto hay de lo que algunos autores serios y rigurosos del campo de la filosofía y de la ética recortan con mucha claridad descriptivamente del momento del arrepentimiento como un preliminar lógico en el trabajo del perdón. Pero no alcanzan porque son las limitaciones del propio discurso. Así como el discurso psicoanalítico tiene sus límites, lo tienen también otros discursos. El discurso filosófico, el ético, el religioso no alcanzan a dar cuenta, más allá del plano descriptivo, qué es lo que lo que supone lo que ellos llaman un “arrepentimiento genuino”. Entonces, hablan, por ejemplo, de un cambio de corazón, de un renacer del victimario, de una renacer en el amor. Es decir, una serie de frases que, a mi modo de ver, encubren una dificultad para contar con herramientas más rigurosas que permitan dar cuenta de cuándo, por ejemplo, un arrepentimiento es voluntarista, cuándo es hipócrita, cuándo transmite lo que llamamos coloquialmente "lágrimas de cocodrilo" y cuándo, en realidad, el discurso de arrepentimiento por parte del perpetrador tiene una condición de franqueza que logra provocar también en la víctima un cambio de posición subjetiva.

--¿Perdonar implica una renuncia desde el punto de vista subjetivo?

--Sí, y esto no es patrimonio exclusivo de una mirada psicoanalítica. Se acepta en otros ámbitos --y los analistas lo tomamos-- que efectivamente el perdón supone una renuncia por parte de la víctima al deseo de venganza, pero también a los resabios de odio subsistente a la conducta del perpetrador, pero no por una cuestión de buena voluntad sino porque existe en la víctima una voluntad genuina de relanzar el vínculo que fue puesto en jaque en su continuidad por la ofensa perpetrada. Si la posición subjetiva de quien perdona está sostenida en una represión del rencor hacia el victimario, el perdón tendrá un carácter precario, frágil, expuesto a los inevitables retornos de la hostilidad reprimida. Si el trabajo elaborativo desemboca en cambio en un "deseo decidido" (Lacan) de relanzar el vínculo que el accionar del perpetrador puso en jaque (a despecho del rencor subsistente), se abre la posibilidad de un perdón "genuino", no neurótico. En ese sentido, el perdón supone un movimiento más elaborado que las meras disculpas. Cuando uno acepta las disculpas de otro renuncia a la venganza sobre el otro (cuando la aceptación de la disculpa es genuina), pero no necesariamente quien acepta las disculpas de otro está interesado en relanzar el vínculo amoroso, fraterno, amistoso que lo unía previamente con el perpetrador. Están las disculpas, pero se puede no apostar a relanzar el vínculo y mantener las cosas en una suerte de coexistencia pacífica.

--Yendo un poco al título del libro, ¿hay un límite para perdonar? ¿De qué depende?

--Hay una categoría que tiene que ver con lo imperdonable que para mí fue la puerta de entrada a esta problemática porque en la clínica uno puede apreciar con bastante nitidez y con mucha frecuencia que rupturas vinculares precipitadas por situaciones vividas como daños generados por un otro con el que se estaba en relación generan algo del orden de una experiencia subjetiva de que el otro atravesó cierto límite y franqueó cierta barrera. Y en ese punto generan un odio, un rencor que es resistente a los intentos de elaboración del daño sufrido. En otros casos, no, uno puede registrar que el curso del trabajo analítico permite una elaboración de lo que inicialmente se vivió como un daño sufrible y como producto de esa elaboración, la víctima se puede ubicar inicialmente en una posición de "yo a éste no lo perdono, esto fue imperdonable", y puede modificar su posición subjetiva. Esto es algo que para una analista es imposible de ponderar a priori. Es al cabo de intentar procesar analíticamente, elaborativamente el daño sufrido, que se puede llegar o no a acercar a un núcleo de imperdonable. 

01/09/2021

Publicado enSociedad
Familiares y organizaciones escriben cartas por la memoria de jóvenes víctimas de desaparición forzada

Agosto 30 de 202de 202de 202de 202 de 2021: En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares y organizaciones escribieron cartas para honrar la memoria de 13 jóvenes detenidos – desaparecidos entre marzo y septiembre de 1982.


Madres, hermanas, hijas y jóvenes universitarios escribieron estas cartas desde el dolor de la ausencia, desde el recuerdo del último encuentro, desde la lucha y la resistencia porque se haga justicia y algún día conozcan la verdad. Pero también, con estas letras siguen gritando ¿Dónde están?


¿Dónde están? Las 13 personas detenidas - desaparecidas entre marzo y septiembre de 1982, entre ellos, 9 estudiantes de la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y el Colegio Gonzalo Bravo Páez, un agricultor, un trabajador metalúrgico y dos habitantes de Gachalá, Cundinamarca.


Con estas cartas los familiares del Caso Colectivo 82 y organizaciones, traen a la memoria a estos 13 jóvenes desaparecidos 39 años atrás, pero también invitan a la sociedad a dimensionar el flagelo de la desaparición forzada y las afectaciones que ha generado a más de 82.000 familias en Colombia.


Algunos fragmentos de las cartas estarán en espacios públicos de Bogotá y contarán con un código QR para que la sociedad pueda leer los escritos completos.

 

 


Estos mensajes junto a otras acciones hacen parte del proceso que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad lleva a cabo con familiares del ´Caso Colectivo 82´, quienes viajarán a la ciudad de Bucaramanga para participar en el encuentro por la verdad donde se reconocerán las violencias y las afectaciones contra el sector universitario en el marco del conflicto armado, el próximo jueves 2 de septiembre en la Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga.

 

A continuación, compartimos la descripción de cada carta y sus imágenes originales.


A mis tíos


Esta carta escrita por Hilda Maritza, está dirigida a Alfredo Rafael San Juan, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia e Ingeniero Catastral de la Universidad


Distrital Francisco José de Caldas y a Samuel Humberto San Juan, estudiante de la Universidad Nacional, quienes fueron detenidos - desaparecidos el 8 de marzo de 1982.


Alfredo Rafael y Samuel Humberto, fueron quienes pintaron al revolucionario argentino el Che Guevara en la fachada del Auditorio León de Greiff De la U. Nacional, también eran activistas estudiantiles y políticos, según su hermana María Teresa San Juan, quien también afirma: “Cada vez que venimos a la Nacional es tan doloroso y más cuando vemos el Che en frente porque simboliza como el rostro de mis hermanos”.

 

Señores desaparecedores

 

 


Estas letras escritas por Martha Ospina, están dirigidas a los responsables de la desaparición de su padre Hernando Ospina Rincón, trabajador metalúrgico quien fue detenido de forma ilegal el 11 de septiembre de 1982 en su taller del barrio Las Ferias.


Martha, quien perdió a su padre manifiesta que “son 39 años de ausencia donde el dolor sigue latente, porque la ausencia de mi papá para mi familia nos marcó profundamente a todos, nos transformó nuestros proyectos de vida y hasta hoy nos lastima y duele hablar de mi papá”.

 

Semblanza de Hernando Ospina Rincón

 

Hasta encontrarte

Este texto escrito por Mercedes Ruiz Higuera hace memoria sobre su cuñado Hernando Ospina Rincón, quien fue detenido – desparecido el 11 de septiembre de 1982. Sus palabras también están en el libro “Almas que escriben, memorias y esperanza” donde describe a Hernando desde su humanidad y la lucha que junto a su familia emprendieron por la vedad y la justicia. Así mismo, este texto rinde homenaje a Hernando Ospina, pero también a los estudiantes que han sido víctimas de la violencia en Colombia.

 

América Cristo Siglo XX

 

Gustavo Campos Guevara, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, fue víctima de desaparición forzada el 23 de agosto de 1982. Su hermana, Rosalba Campos nos comparte este poema escrito por él y su reflexión acerca de la lucha emprendida “el logro más grande hubiera sido que nos hubieran devuelto a nuestro familiar, pero que no hubieran seguido desapareciendo a las personas. Es muy triste como en este tiempo han desaparecido a muchos jóvenes”.

Carta a los estudiantes de hoy y de mañana

 

 

Esta carta escrita por la organización Archivos del Búho que realiza proyectos de investigación sobre las memorias del movimiento estudiantil, comparte mensajes y reflexiones sobre el rol de los estudiantes en las universidades.

Es así, como desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad también traemos a la memoria a las demás personas del colectivo 82 que fueron detenidos – desparecidos, y a sus familias, quienes siguen luchando por la justicia y la verdad.


• Orlando García Villamizar, desaparecido el 4 de marzo de 1982.
• Pedro Pablo Silva Bejarano, desaparecido el 4 de marzo de 1982.
• Alfredo Rafael San Juan A., desaparecido el 8 de marzo de 1982.
• Samuel Humberto San Juan A., desaparecido el 8 de marzo de 1982.
• Rodolfo Espitia Rodríguez, desaparecido el 18 de agosto de 1982.
• Edgar Helmut García Villamizar, desaparecido el 18 de agosto de 1982.
• Gustavo Campos Guevara, desaparecido el 23 de agosto de 1982.
• Hernando Ospina Rincón, desaparecido el 11 de septiembre de 1982.
• Rafael Guillermo Prado J., desaparecido el 12 de septiembre de 1982.
• Edilbrando Joya Gómez, el desaparecido 13 de septiembre de 1982.
• Francisco Antonio Medina, desaparecido el 13 de septiembre de 1982.
• Bernardo Heli Acosta Rojas, desaparecido el 15 de septiembre de 1982.
• Manuel Darío Acosta Rojas, desaparecido el 15 de septiembre de 1982.

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