Miércoles, 18 Mayo 2022 06:11

#ParaQueNoSeRepita

#ParaQueNoSeRepita

 En audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica el 12 de y 13 de mayo de 2022, el equipo de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR–, presentamos los hechos de hostigamiento en contra nuestra labor de defensa de derechos humanos de los que hemos sido víctimas por décadas. Exigimos verdad, justicia y reparación para estos hechos, y que no se repitan.

Los hechos se inician en 1980 cuando en ese entonces el Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior, nos niega la constitución legal basándose en el Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala, por nuestro trabajo de defensa de presos políticos. De ahí en adelante los hechos de hostigamiento, estigmatización y desprestigio pasan por la inclusión de varios integrantes en informes de inteligencia de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, campañas de desprestigio mediático, amenazas, robos, atentados, desplazamientos y exilios, así como una gigantesca operación de inteligencia cuyo objetivo era silenciarnos. Estas acciones para restringir nuestra labor no han cesado hasta la fecha. La continua persecución a las víctimas en este caso se basa en la noción de “guerra jurídica”, según la cual, quienes hacemos uso del derecho para prevenir y responder a violaciones de derechos humanos somos –bajo la doctrina de seguridad nacional–, parte del enemigo a combatir.

En la audiencia resaltamos el abuso de inteligencia de parte del Estado a la luz de las operaciones denominadas Transmilenio, Intercambio, Imprenta, Europa, Arauca, Encuentro, entre otras, ejecutadas para afectar las diversas dimensiones del trabajo del CAJAR. Estas operaciones nos generan profundos cuestionamientos: ¿Qué efectos tiene la información falsa consignada en informes de inteligencia que relaciona a integrantes de CAJAR con grupos armados?, ¿Cuál es el uso que el Ejército Nacional iba a dar o dio a los perfilamientos ilegales develados en 2020?, ¿Qué ha hecho el Estado con la información de inteligencia ilegal recopilada respecto de la misma Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y las ONG’s litigantes CAJAR y CEJIL, en el marco de la operación intercambio del DAS?.

El Estado sostiene que la adopción de la ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia representó “un avance significativo” en la regulación interna. Sin embargo, según el perito Federico Andreu esta normativa tiene falencias importantes: 1) permite el monitoreo del espectro electromagnético, es decir la captación masiva de metadatos sin autorización judicial; 2) el ejercicio de inteligencia no cuenta con adecuados controles civiles independientes previos, durante o posteriores; 3) no existe un mecanismo de acceso, corrección y depuración de la información recaudada y la ley prevé la reserva de la información recopilada por un espacio de 30 años; y 4) por el tiempo en que fue expedida –hace 10 años– no tuvo en cuenta las nuevas tecnologías que permiten acceder a equipos de manera remota.

Por su parte el perito Rodrigo Uprimny dijo que la ley de inteligencia y contrainteligencia debe ser reformada, avanzando con un control civil autónomo e independiente. Es necesario avanzar hacia la entrega de la información recopilada respecto de las victimas de nuestro caso, sumando los artículos 11, 13 y 25 de la Convención Americana, y cumplir las recomendaciones del órgano político emitidas por la Comisión Asesora de Depuración de Datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, instalada en 2014.

¿Qué esperamos de la Corte?

Primero, que Estado debe reconocer el carácter pluriofensivo, circular, continuado y sistemático de las agresiones, como señaló la perita Ángela María Buitrago. Debe asegurar investigaciones diligentes, que comprendan todos los autores y todas las conductas, que consideren impactos diferenciales en las mujeres, y cuyos resultados sean públicos.

Segundo, que ordene que en la investigación de los hechos del caso, se atienda a estándares internacionales contemplados para otros graves crímenes, que comprenda: el desarrollo de investigaciones en contexto, la construcción de comunidad de prueba e identificación de patrones, la utilización del tipo penal de tortura, desplazamiento y otros, la atención al fin de las agresiones.

Tercero, que disponga la adopción de una política pública integral para la protección y garantía de las personas defensoras, que tome en cuenta lo establecido en el Acuerdo de Paz, las propuestas de las redes de derechos humanos y los lineamientos señalados en la pericia escrita de Lourdes Castro y Leonardo Díaz.

Cuarto, que en línea con las pericias de Federico Andreu y Rodrigo Uprimny, disponga la modificación de la ley de inteligencia y contrainteligencia, que incluya un control civil autónomo e independiente. Se debe disponer la entrega de la información recopilada respecto de las victimas de este caso, y cumplir las recomendaciones de la Comisión Asesora de Depuración de Datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

Quinto, que la Corte reconozca a todas las víctimas que representamos y ordenar al Estado reconocer y reparar a otras incluidas en archivos e informes de inteligencia que no conocemos dado el secretismo estatal.

Sexto, que ordene un acto de reconocimiento presidido por el Presidente de la República en el que se exalten los aportes de CAJAR a la justicia y al fortalecimiento democrático.

Séptimo, que la Corte ordene el desarrollo de una campaña permanente para legitimar en la opinión pública el ejercicio de defensa de derechos y rechazar los sesgos y prejuicios existentes derivados de doctrinas militares que nos ven como “enemigos”, las cuales deben desmontarse.

Si no se protege a quienes defendemos derechos humanos ¿de qué democracia estamos hablando? #ParaQueNoSeRepita

 

Por Rafael Barrios Mendivil | May 16, 2022 

Publicado originalmente en: Confidencialcolonbia.com

 

 

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La estética dialéctica de Karel Kosik

Muertos Joseph Stalin y el stalinismo (entre las dos caídas media cierto tiempo), en los países socialistas del este europeo comenzaron a florecer trabajos de pensadores que estaban ocultos o silenciados antes. En Polonia, los de Adam Schaff y Leszek Kolakowski; en Alemania Oriental el grupo de Ernst Bloch y sus discípulos; mientras en Hungría el peso de Georg Lukács, Jozsef Revai, Béla Fogarasi reclinaron la balanza hacia artistas, poetas, narradores, gentes de teatro.

Karel Kosik es un filósofo checo cuyos trabajos se difunden con mayor repercusión en las décadas del 60 y 70, y se apoyan en los inéditos en vida de Carlos Marx, los Manuscritos de 1844 y sobre todo los célebres Grundrisse (Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie) (1859) y los trabajos preparatorios de El Capital, de 1862-63. En tal sentido, preconiza Kosik la continuidad esencial de preocupaciones filosóficas de los Manuscritos respecto de temas como la alienación, el hombre total, la dialéctica sujeto-objeto, la relación entre necesidad y libertad. Sin esa elaboración filosófica, sostiene Kosik, El Capital sería incomprensible.

Nacido en Praga en 1926 y fallecido en la misma ciudad en 2003, como militante del Partido Comunista de Checoslovaquia participó activamente en la lucha clandestina contra el nazismo. Después de liberado su país, realizó estudios filosóficos en Moscú y Leningrado, y estudió Filosofía y Sociología en la Universidad Carolina de Praga. Desde 1953 trabajó en el Instituto Filosófico de la Academia de Ciencias checa. En 1956 se dio a conocer con un artículo crítico sobre Hegel, en una discusión sobre la filosofía marxista y suscitó, a su vez, agudas objeciones. En 1958 publicó un volumen de carácter histórico: La democracia radical checa. Más tarde participó en el Coloquio Internacional de Royaumont sobre la dialéctica, con una intervención que hoy constituye el primer capítulo de su libro más conocido, Dialéctica de lo concreto, y que fue publicada originariamente en la revista italiana Aut, en 1961. En 1963 asistió al XIII Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en México, donde presentó una importante comunicación: “¿Wer ist der Mensch?” (“¿Quién es el ser humano?”), provocando un enorme interés y acalorados comentarios no sólo entre los filósofos checos, sino en los medios intelectuales más diversos. Posteriormente, en 1964, participa en un coloquio del Instituto Gramsci, de Roma, sobre Moral y Sociedad (junto a Jean Paul Sartre, Roger Garaudy, Galvano Della Volpe, Cesare Luporini), donde da a conocer una brillante ponencia titulada “Dialéctica de la moral y moral de la dialéctica”, y pronuncia una conferencia sobre “La razón y la historia” en la Universidad de Milán.

Kosik participó activamente en la Primavera de Praga; de allí en adelante, perdió sus cargos como docente y no apareció más públicamente hasta 1989, aunque siguió escribiendo en privado. El 25 de abril de 1975 había sido allanada su casa y la policía política incautado manuscritos inéditos suyos, entre los cuales estaban las obras De la práctica y De la verdad. No fue sino hacia 1990 que volvió a la universidad, donde dictó conferencias hasta 1992. Cuando su visita a México, joven todavía, destacó Adolfo Sánchez Vázquez: “Estábamos, efectivamente, ante una de las obras más ricas en pensamiento, más sugerentes y atractivas que conocíamos en la literatura marxista”.

Ya en trabajos no exactamente dedicados al arte sino en el Encuentro en el Instituto Gramsci, inicia su intervención diciendo: “Bien conocido es, por ejemplo, que la teoría de Plejánov sobre el arte nunca alcanzó el análisis propiamente dicho del arte ni la determinación de la esencia de una obra de arte, sino que se agotó en una descripción prolija de sus condiciones sociales /.../ En realidad, nunca superó el estadio preparatorio, y ello, no por haber carecido de tiempo, sino por el hecho de que su punto de partida filosófico no le permitía penetrar en los problemas mismos del arte. Sus fatigosas investigaciones de las condiciones sociales y de un equivalente económico señalaban, no un comienzo que permitiese ir más lejos y más hondo, sino una limitación interior que el estudio nunca podía superar”.

Kosik penetra, siempre con mirada crítica, en cuestiones capitales del marxismo y, en primer lugar, en la cuestión del verdadero papel de la economía. Contribuye a poner las cosas en claro partiendo de la distinción marxista esencial entre estructura económica y factor económico, distinción que corresponde a la que otros subrayan entre papel determinante y papel principal de lo económico. Él aclara que la estructura económica, y no un supuesto “factor económico” (“concepto sociológico vulgar, extraño al marxismo”), constituye la clave de la concepción materialista de la historia. La distinción citada le sirve, a su vez, tanto para rechazar todo reduccionismo (del arte, por ejemplo) a lo económico, como para fundamentar el primado de la economía.

En su libro Dialéctica de lo concreto, Kosik se ocupa en dos ocasiones del arte. Una vez, lo hace al rechazar la reducción, de origen plejanoviano, del arte a las condiciones sociales (búsqueda de su “equivalente social”), y otra, al abordar, en un terreno distinto del gnoseológico en el que lo abordó Lenin, la dialéctica de lo absoluto y lo relativo. Ante una concepción historicista de las relaciones entre obra de arte y situación dada, enfrenta la conocida cuestión de cómo y por qué sobrevive aquélla a su época. En esta vital cuestión, que Marx planteó dejando en suspenso la solución, Kosik nos ofrece respuestas esclarecedoras. También al examinar el problema de las relaciones entre lo genéricamente humano y la realidad humana históricamente dada.

Específicamente, del trabajo artístico sostiene el carácter dialéctico de la praxis artística: "En la sociedad capitalista moderna el elemento subjetivo de la realidad social ha sido separado del objetivo, y los dos se alzan el uno contra el otro, como dos sustancias independientes: cual subjetividad vacía de un lado y como objetividad cosificada de otro. Aquí tienen su origen estas mistificaciones: por una parte el automatismo de la situación dada; por otro la psicologización y la pasividad del sujeto. Pero la realidad social es infinitamente más rica y concreta que la situación dada y las circunstancias históricas, porque incluye la praxis humana objetiva, la cual crea tanto la situación como las circunstancias". /.../ “Un templo griego, una ca­tedral medieval, o un palacio renacentista, expresan la realidad, pero a la vez crean esa realidad. Pero no crean solamente la reali­dad antigua, medieval o renacentista; no sólo son elementos constructivos de la reali­dad correspondiente, sino que crean como perfectas obras artísticas una realidad que so­brevive al mundo histórico de la Antigüedad, del Medioevo y del Renacimiento. En esa supervivencia se revela el carácter específico de su realidad”.

Mario Goloboff es escritor y docente universitario.

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Byung-Chul Han.. Imagen: EFE

Planteos del filósofo coreano en su último libro, "Infocracia"

El autor de La sociedad del cansancio expone en su nuevo trabajo el modo en que el "régimen de la información" ha sustituido al "régimen disciplinario". Han señala que la gran hazaña de la infocracia es haber inducido en sus consumidores/productores una falsa percepción de libertad. Y concluye: "El intento de combatir la infodemia con la verdad está condenado al fracaso. Es resistente a la verdad".

 

Byung-Chul Han es un portador sano del cuadro social y comunicacional que expone su obra: sus libros son breves, de consumo rápido, transparentes. Cada uno de ellos propone apenas un puñado de conceptos, fácilmente reductibles a una frase-slogan que fluye a través de las redes sociales y sirve de "comodín" para reforzar opiniones de diversa índole. Su gran aporte al pensamiento de las últimas décadas seguramente haya sido su análisis del individuo autoexplotado, nuevo sujeto histórico del capitalismo. Pero más allá de esta idea-fuerza, el principal mérito del filósofo coreano es haber captado la "atmósfera" de esta época para después traducirla a textos en los que un ciudadano común con cierta sensibilidad -política, cultural, gremial- se siente reflejado. 

En su último libro, Infocracia, recientemente publicado por el sello Taurus, Han indaga en el modo en que el "régimen de la información" ha sustituido al "régimen disciplinario". De la explotación de cuerpos y energías tan bien analizada en su momento por Michel Foucault se ha pasado a la explotación de los datos. Hoy la señal de detentación de poder no está vinculada con la posesión de los medios de producción sino con el acceso a la información, que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el pronóstico del comportamiento individual.

En su exposición genealógica, Han describe la declinación de aquel modelo de sociedad diseccionado por el autor de Vigilar y castigar, y encuentra puentes con otros autores del siglo XX como Hannah Arendt, de quien rescata ciertos enfoques sobre el totalitarismo. Han dice que hoy estamos sometidos a un totalitarismo de nuevo cuño. El vector no es el relato ideológico sino la operación algorítmica que lo sostiene. 

El filósofo rodea los temas que ya había expuesto en otros trabajos (la compulsión hacia el "rendimiento" que describió en La sociedad del cansancio; la aparición de un habitante voluntario del panóptico digital, plasmado en La sociedad de la transparencia; el acomodamiento al imperativo del "like" como analgésico del presente tratado en La sociedad paliativa ) y pone el foco en el cambio estructural de la esfera pública, atravesada por la indignación digital, que debilita lo que alguna vez entendimos como democracia. 

Han sostiene que en esta sociedad marcada por el dataísmo, lo que se produce es una "crisis de la verdad". Escribe: "este nuevo nihilismo no supone que la mentira se haga pasar por verdad o que la verdad sea difamada como mentira. Más bien socava la distinción entre verdad y mentira". Donald Trump, un político que funciona como si fuera él mismo un algoritmo y solo se guía por las reacciones del público expresadas en las redes sociales, no es, en ese sentido, el clásico mentiroso que tergiversa deliberadamente las cosas. "Más bien es indiferente a la verdad de los hechos", señala el filósofo. Esta indiferenciación, sigue Han, supone un riesgo mayor para la verdad que el instaurado por el mentiroso.

El pensador coreano diferencia los tiempos actuales de aquellos no tan lejanos en que dominaba la televisión. Define a la TV como un "reino de apariencias", pero no como "fábrica de fake news". Señala que la telecracia "degradaba las campañas electorales hasta convertirlas en guerras de escenificaciones mediáticas. El discurso era sustituido por un show para el público". En la infocracia, por el contrario, las disputas políticas no degeneran en un espectáculo sino en una "guerra de información".

Porque también las noticias falsas son, ante todo, información. Y se sabe que "la información corre más que la verdad". Por eso, concluye con el pesimismo que le es característico: "El intento de combatir la infodemia con la verdad está, pues, condenado al fracaso. Es resistente a la verdad".

Define la situación actual con una frase-slogan de esas que tanto le gustan al autor de No-cosas: "La verdad se desintegra en polvo informativo arrastrado por el viento digital". 

Pero, ¿cómo es esta víctima arrastrada por el viento digital? ¿Cómo se comporta? "El sujeto del régimen de la información no es dócil ni obediente. Más bien se cree libre, auténtico y creativo. Se produce y se realiza a sí mismo". Este sujeto --que en el actual sistema también se realiza como objeto- es simultáneamente víctima y victimario. En ambos casos el arma utilizada es el smart phone. 

A través de esta herramienta los medios digitales han puesto fin a la era del hombre-masa. "El habitante del mundo digitalizado ya no es ese 'nadie'. Más bien es alguien con un perfil, mientras que en la era de las masas solo los delincuentes tenían un perfil. El régimen de la información se apodera de los individuos mediante la elaboración de perfiles de comportamiento".

La gran hazaña de la infocracia es haber inducido en sus consumidores/productores una falsa percepción de libertad. La paradoja es que "las personas están atrapadas en la información. Ellas mismas se colocan los grilletes al comunicar y producir información. La prisión digital es transparente". Es precisamente esa sensación de libertad la que asegura la dominación. Actualiza, por último, el mito platónico: "Hoy vivimos presos en una caverna digital aunque creamos que estamos en libertad".

Una revolución en los comportamientos que excluye toda posibilidad de revolución política. Dice Han: "En la prisión digital como zona de bienestar inteligente no hay resistencia al régimen imperante. El like excluye toda revolución".

En tiempos de microtargeting electoral se produce, de todos modos, un fenómeno paradojal: la tribalización de la red. Intereses segmentados que se expresan a través de discursos previamente diseñados y que van erosionando lo que Jürgen Habermas había definido teóricamente como "acción comunicativa". "La comunicación digital como comunicación sin comunidad destruye la política basada en escuchar", escribe Han, quien destaca que en el viejo proceso discursivo los argumentos podían "mejorarse", en tanto ahora, guiados por operaciones algorítmicas, apenas se "optimizan" en función del resultado que se busca. 

Es la derecha la que más capitaliza este fenómeno de tribalización de la red, asegura el filósofo, porque en esa franja es mayor la demanda de "identidad del mundo vital". En una sociedad desintegrada en "irreconciliables identidades sin alteridad", la representación, que por definición genera una distancia, se ve sustituida por la participación directa. "La democracia digital en tiempo real es una democracia presencial", que pasa por alto su ámbito natural de representación: el espacio público. Así se llega a una "dictadura tribalista de opinión e identidad". 

El sujeto autoexplotado de la sociedad del cansancio, el habitante voluntario de la sociedad transparente, el individuo que se entrega a la sociedad paliativa, también se somete, concluye Han, a la fórmula del régimen de la información: "nos comunicamos hasta morir". 

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La burocracia china y la política cero COVID: entre la ineficiencia y la locura

A finales de este año, Xi Jinping planea conseguir un tercer mandato sin precedentes como líder del Partido Comunista Chino. Para conseguirlo, Xi debe demostrar su eficacia en dos ámbitos: que su política contra el COVID19 está funcionando y que la mayor economía de Asia es resistente.

Una vez más la autoridad del máximo dirigente chino se pone a prueba como nunca antes. Hasta ahora China había logrado escapar a la condena universal tras el brote de la pandemia de Covid-19 en Wuhan, a la vez que el descalabro que la extensión de la misma había generado en todo el mundo contrastaba con el relativo pequeño número oficial de muertos dado por Pekín, así como de la continuidad del crecimiento económico. Su política de cero COVID le permitió proclamar, ya en septiembre de 2020, su victoria en la batalla contra la pandemia. La misma hasta ahora gozaba de un gran consenso político y social. Tanto el gobierno como el pueblo sentían que su sistema tenía ventajas únicas sobre Occidente, lo que demostraba que China estaba en la cima y que las cosas iban mejor. Todo esto se derrumba ante el brote de la variante Omicron y sus derivados, mucho más contagiosos que los anteriores. El aumento sin precedentes del número de casos y muertes –o quizás su mayor visibilidad– fueron suficientes para que las ineficacias e irracionalidades del funcionamiento del poder chino queden repentinamente expuestas al mundo.

La ineficacia y el carácter dictatorial de la burocracia al desnudo

Los cierres sucesivos y draconianos que se están produciendo en China frente a la nueva oleada de COVID19 superan cualquier film distópico de no importa qué serie del último tiempo. Decenas de ciudades grandes o pequeñas están sometidas a confinamientos totales o parciales por el covid-19. Sin embargo, el punto crucial es Shanghái, la ciudad más grande y cosmopolita de China, con unos 26 millones de habitantes. Después de todo, Shanghai había sido la ciudad mejor gestionada de China durante los dos años de la pandemia, un modelo en el que las autoridades locales impusieron restricciones mínimas mientras se aseguraba de que los brotes estuvieran controlados. Esta megalópolis ya lleva la quinta semana de confinamiento duro como en los peores momentos de Hunan que sólo se ha aflojado ligeramente. Todos los indicadores apuntan a que Pekín va a sufrir el mismo destino.

Dos residentes describen la ciudad en el pico de la locura:

… a medida que los casos aumentaban hasta marzo, los residentes y los funcionarios se preocupaban. Un funcionario que dirige el departamento de salud mental de Shanghái salió en televisión para decir a los residentes que debían "reprimir el anhelo de libertad del alma", lo que provocó que los divertidos ciudadanos crearan memes que satirizaban un giro espiritual en la jerga oficial del partido. Diez días después, Shanghái declaró un cierre temporal y escalonado que rápidamente se convirtió en indefinido y global. Nuestro cierre rivalizó con dos de los más duros del país: Wuhan a principios de 2020 y Xi’an a finales de 2021.A los residentes sólo se les permitió salir de sus apartamentos para realizar pruebas de PCR. Pocos negocios podían funcionar. La gente luchaba por conseguir productos de primera necesidad, como suministros médicos, ayudas a los ancianos y alimentos. La mayoría de los restaurantes y supermercados ya no podían hacer entregas. Las autoridades locales se encargaron entonces de la distribución de alimentos, haciendo que los residentes dependieran de los paquetes de comida organizados por el gobierno. La gente no tardó en irritarse. Cuando empezaron a cantar y entonar cánticos en sus balcones, el gobierno envió un dron con un megáfono que repetía: "Por favor, repriman el anhelo de libertad del alma". La segunda vez no fue tan divertida. El impacto inmediato del cierre ha sido un aplanamiento social de la ciudad. Algunos hogares pudieron abastecerse de alimentos mejor que otros, pero la mayor parte de la ciudad –ricos y pobres, jóvenes y viejos, locales y extranjeros– está en el mismo barco: atrapada en casa con un acceso mínimo a la abundancia de Shanghai. Kathy Xu, una de las principales capitalistas de riesgo del país, pidió pan y leche en las redes sociales. Abundan las bromas sobre el hecho de que China haya alcanzado la "prosperidad común", la iniciativa emblemática presentada por Xi en 2021 para abordar la desigualdad, una década antes de lo previsto.

Este humor de encierro era una de las pocas formas de escapar a las medidas surrealistas en el terreno. Así, los funcionarios de Shanghái han instalado vallas metálicas para impedir que la gente salga de los edificios donde se ha registrado algún contagio. Hace unos días en Qianan, provincia de Hebei, en el norte de China, se ha ordenado a los residentes que entreguen las llaves de sus casas a las autoridades para garantizar que no salgan de ellas. Los residentes que se nieguen a cooperar verán sus puertas selladas desde el exterior y acordonadas con alambre de púa. Medidas que a su vez han creado un clima de terror, como en los peores momentos del régimen maoísta. Así, vídeos virales mostraban a agentes de policía golpeando o deteniendo a los que no cumplían, y a trabajadores sanitarios golpeando hasta la muerte a perros que habían sido abandonados por personas en cuarentena.

Sin embargo, a pesar de la creciente ira contra Xi y esta política, en su reunión del 5/5 el Comité Permanente del Partido ha dejado claro que ha decidido continuar con la política de "cero-Covid”; "La persistencia es la victoria", declaró la reunión. Dicho cónclave advirtió a los cuadros de no vacilar en la lucha: “La práctica ha demostrado que nuestra política de prevención y control está determinada por la naturaleza y el propósito del Partido, nuestras políticas de prevención y control pueden resistir la prueba de la historia, y nuestras medidas de prevención y control son científicas y eficaces. Hemos ganado la batalla para defender Wuhan, y seguramente podremos ganar la batalla para defender Shanghái”.

Detrás de estas medidas draconianas en la gestión de la crisis del COVID19, se revela una vez más la fragilidad del régimen chino. Es que debido a la infalibilidad del secretario general del PCCh ninguna crítica se puede hacer en relación a sus decisiones políticas de más en más controversiales y que hoy en día las masas chinas están pagando con un confinamiento dictatorial y escandaloso. Tiene razón la especialista Valérie Niquet, cuando afirma que:

Lejos del pragmatismo, el único factor que guió la toma de decisiones fue la imagen y el poder del Partido Comunista y de su líder Xi Jinping, que no podía ser cuestionado de ninguna manera; incluso a costa de un coste considerable, cuyo alcance probablemente aún no se conoce […] China compró la licencia de distribución de las vacunas de Pfizer, mientras se negaba a producirlas por nacionalismo tecnológico, para imponer mejor su control a Taiwán, que no puede abastecerse libremente. Según varios estudios, las vacunas chinas son mucho menos eficaces que las de ARN mensajero, pero Pekín no quiere atender a razones, en nombre de la supuesta superioridad de su sistema, como sostiene la propaganda oficial. Sobre todo, aunque imaginábamos que las campañas de vacunación estarían perfectamente organizadas, ahora sabemos que apenas más del 50 % de la población china estaría totalmente vacunada. Y que en esta proporción, las personas de mayor edad, las que no se desplazan, son las menos cubiertas.

Los fracasos de la máxima dirigencia del PCCh han llevado a la China a su impasse actual:

Y de hecho, debido a las malas decisiones tomadas en materia de vacunas, relevar esta política expondría a China a cientos de miles de infecciones, a decenas de miles de muertes, incluso si Omicron parece ser menos letal que las variantes anteriores. Todo el argumento de la superioridad del régimen se derrumbaría. Esto es tanto más cierto cuanto que el sistema sanitario también revela sus debilidades. Detrás de los hospitales modelo, de los que Shanghái está bien equipada, se reconoce que la cadena asistencial -incluso en la ciudad, y más aún en el campo- no podría absorber a los pacientes, con el riesgo de aumentar el número de muertes [1].

Todo esto confirma el análisis realizado al comienzo de la pandemia en China de que la burocracia ahoga la economía, la vida social y cultural y que luego el control del COVID parecía desmentir frente a la debacle en el resto del mundo, incluido los principales países imperialistas, en especial los Estados Unidos. Más grave aún para esta casta enriquecida y parasitaria, las decisiones de Xi Jinping más allá del alto costo que las poblaciones está pagando, pueden tener un alto costo político ya que no tocan a sectores despreciados o periféricos del consentimiento social como el campo, sino que afecta en gran medida a las bases centrales de apoyo del Partido, aquellos sectores sociales que han asumido el pacto implícito de aceptar la falta de libertades políticas a cambio de los beneficios de la sociedad de consumo.

Peligro a su rol de mejor fuente de aprovisionamiento del mundo

Estos errores de la política sanitaria no solo pueden romper el consenso con los sectores beneficiados por las reformas capitalistas, sino que ponen en cuestión el rol de China como mejor fuente de aprovisionamiento del mundo.

Así, personajes altamente influyentes que se han beneficiado de esta mundialización productiva y que no se caracterizaban por ser enemigos de Pekín, comienzan a tirar la campana de alarma. Este es el caso del aleman Jörg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio europea en China, y de la filial china de la química BASF. En una entrevista publicada el 28 de abril pasado en el diario suizo The Market, afirma que el crecimiento no será de 5,5 % en 2022 como se había previsto, sino que será del 4 %. Según él, a causa de la política de cero Covid, “China va en camino a perder la credibilidad como mejor fuente de aprovisionamiento del mundo”. Asimismo, señala que las políticas económicas y sanitarias llevadas adelante actualmente están erradas, pero que por la proximidad del 20 Congreso que será en el otoño, cualquier cuestionamiento es imposible. “China no sale de la encrucijada en que la ha metido el Presidente. Los líderes son prisioneros de su propia narrativa. Es trágico” [2].

Esto no significa que vaya a haber una huida de inversores extranjeros [3] pero las dudas e incertidumbres a largo plazo del rol de la China dentro de la cadena de suministros globales se acrecientan, al tiempo que las multinacionales allí presenten se vuelven más cautelosas. Estas, por un lado, están obteniendo grandes beneficios y siguen esperando crecer. El grueso de las empresas multinacionales ganó mucho dinero con sus operaciones en China en 2020 y 2021, cuando el crecimiento de China superó al de la mayoría de los países del mundo. Pero el cierre de Shanghái y el trastorno más amplio de las duras políticas de Covid de China están imponiendo grandes costes económicos en 2022, y las empresas están luchando para decidir cómo ajustar sus estrategias. Según informa el Financial Times, General Electric achacó a las "importantes limitaciones de la cadena de suministro" la menor producción de su negocio de motores para aviones comerciales y el menor crecimiento de los ingresos de su división de salud, en la que las paradas en algunas regiones de China también estaban afectando a la demanda [4]. El mismo diario informa que los ejecutivos de Apple advirtieron que el grupo podría sufrir una caída de hasta 8.000 millones de dólares en el trimestre actual debido a los vientos en contra que incluyen la escasez de la cadena de suministro y el cierre de fábricas en China, lo que subraya que los desafíos que plantea la pandemia están lejos de terminar para la empresa más valiosa del mundo. "Las restricciones de suministro causadas por las interrupciones relacionadas con el virus Covid y la escasez de silicio en toda la industria están afectando a nuestra capacidad para satisfacer la demanda de nuestros productos por parte de los clientes", declaró el jueves a los analistas el director financiero de Apple, Luca Maestri [5]. Por último, según también el Financial Times, los cierres por coronavirus en China están mermando los ingresos de las grandes cadenas minoristas mundiales, con cientos de millones de residentes confinados en sus hogares en el mayor mercado de consumo del mundo. Starbucks y Yum China, propietaria local de las marcas KFC y Pizza Hut, se encuentran entre los grupos multinacionales que advierten de la caída de las ventas a medida que la inamovible política de cero COVID del presidente Xi Jinping erosiona la confianza de los consumidores y asfixia las cadenas de suministro en China [6].

Las multinacionales también tienen preocupaciones a más largo plazo en torno a las crecientes tensiones geopolíticas. Las empresas estadounidenses con operaciones en China han sufrido un golpe tras otro desde que Donald Trump entró en la Casa Blanca. Los halcones de las administraciones de Trump y Biden, así como del Congreso, han presionado para desvincularse, utilizando instrumentos políticos que incluyen aranceles, restricciones a la exportación, sanciones de bloqueo, prohibiciones de importación y órdenes de desinversión con el fin de cortar los vínculos económicos entre los dos países. En su mayor parte, las multinacionales han resistido por la razón de que China sigue siendo un mercado lucrativo. Pero, así como las cuestiones sociales en el activismo de izquierda, en el clima enrarecido actual de los Estados Unidos no puede descartarse que los responsables políticos estadounidenses hayan creado un clima de vergüenza moral por hacer negocios en China, lo que podría producir mayores sanciones más adelante. Un Congreso más beligerante, podría crear un mecanismo de revisión de las inversiones salientes en los próximos años. Y parte de la incertidumbre estratégica que pesa sobre la globalización, los ejecutivos son más abiertos a pensar lo que se consideraba eventos de baja probabilidad. En particular, la invasión rusa de Ucrania está concentrando las mentes en lo que podría ocurrir si Pekín inicia un conflicto por Taiwán. Una repetición de las sanciones impuestas a Rusia significaría probablemente el fin de China como historia de crecimiento para las multinacionales.

¿El 2008 chino?

El que habla de la situación actual así no soy yo, sino uno de los ejecutivos más amigos de China hasta hace poco. El fundador y presidente de uno de los mayores grupos de inversión de capital riesgo de Asia ha criticado al gobierno chino por unas políticas que, según él, han provocado una "profunda crisis económica" comparable al crack financiero mundial. Weijian Shan, cuyo grupo PAG gestiona más de 50.000 millones de dólares, dijo que su fondo se había diversificado fuera de China y estaba siendo "extremadamente cuidadoso" con su cartera en el país. "Creemos que la economía china está en este momento en la peor forma de los últimos 30 años", dijo en un vídeo de una reunión visto por el Financial Times. "El sentimiento del mercado hacia las acciones chinas también está en el punto más bajo de los últimos 30 años. También creo que el descontento popular en China está en el punto más alto de los últimos 30 años". En el vídeo, Shan dijo que gran parte de la economía china, incluido su centro financiero, Shanghái, había sido "semiparalizada" por las "draconianas" políticas de cero-codificación y que el impacto en la economía sería "profundo". "Para nosotros, China se parece a Estados Unidos y Europa en 2008", añadió Shan [7].

Probablemente su juzgamiento sea exagerado, pero habla del cambio de opinión de ejecutivos de grandes empresas o fondos de inversión o analistas económicos, fanáticos y defensores a ultranza contra todos los anunciadores de catástrofes del modelo chino en todos estos años, e incluso décadas. Otro giro sorprendente es el de Stephen Roach, un antiguo presidente de Morgan Stanley Asia que ha ganado mucho dinero con China. En una entrevista concedida a SupChina, un medio de comunicación online especializado en China, este economista, al que se escucha tanto en Wall Street como en Pekín, afirmó que los principales problemas de China –la política del cero de Covid, la proximidad con Rusia, el desarrollo de la tecnología, etc.– se deben a "un proceso de toma de decisiones asombrosamente rígido, que, en primer lugar, es incapaz de reconocer sus errores y, en segundo lugar, no es lo suficientemente flexible como para adoptar una estrategia diferente". Para él, "incluso un partido único y un Estado autoritario necesitan tener debates y ser capaces de mirarse en el espejo" [8].

Y como un ejemplo de esa falta de pensamiento crítico mismo al interior del régimen burocrático, citaba que hoy en día debido al poder absoluto de Xi, no hay nadie que pudiera hacer un comentario como el que el ex primer ministro Wēn Jiābǎo hizo en marzo de 2007, en una rueda de prensa después de la Asamblea Popular Nacional, en la que dijo: "La economía china es fuerte en la superficie, pero bajo la superficie, es inestable, desequilibrada, descoordinada y, en última instancia, insostenible" [9]. En la misma entrevista sostiene que hay una clara sensación de que el déficit de crecimiento es significativo y probablemente duradero, cuestión que he analizada a propósito de la crisis del gigante inmobiliario Evergrande y el difícil pasaje del “crecimiento ficticio” al “crecimiento genuino” en China. También habla de la angustia del mercado laboral, que rara vez es captada por los datos oficiales de desempleo en China, que según sus palabras “… puede ser una indicación de que la cadena de suministro y las repercusiones del COVID es más grave de lo que nos han hecho creer”.

En el marco del difícil equilibrio en el plano internacional como hemos señalado a propósito de la guerra de Ucrania, donde se mueve entre la alianza con Rusia y la dependencia de Occidente, todos estos frentes de nubarrones internos pintan un panorama altamente complejo a pocos meses de una reunión decisiva para el futuro del secretario general del PCCh y de China. Su idea de apaciguar las aguas en este año para que esta reunión decisiva se pase bien está volando por los aires. China se encuentra, pues, en una situación en la que hay dificultades internas y externas. Esto crea una mezcla peligrosa para Xi y la consolidación de su salto bonapartista, que podría ser puesto en cuestión más que en el próximo Congreso del partido en la realidad económica, social y de la lucha de clases que se avecina. La burocracia del PCCH arriesga ser cada vez más disfuncional si las fortalezas del milagro chino dan paso a sus vulnerabilidades.

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NOTAS AL PIE


[1] Valérie Niquet : “La République populaire de Chine s’est enfoncée dans une inefficacité dangereuse”, Le Monde, 27/4/2022.


[2] “Trois hommes d’affaires influents tirent la sonnette d’alarme: la Chine va mal”, Le Monde, 3/5/2022.


[3] La inversión estadounidense en China se mantuvo estable incluso durante lo peor de la guerra comercial del presidente Donald Trump, con una inversión extranjera directa de unos 14.000 millones de dólares al año en la década anterior a 2020, según Rhodium Group. Grandes fabricantes como Tesla y Apple han aumentado su presencia en el país, persiguiendo sus inigualables capacidades de producción, así como su creciente mercado. Los fabricantes de productos sanitarios y de consumo siguen viendo un aumento de la demanda entre la creciente clase media china, que puede permitirse productos de mayor calidad. Y empresas financieras como JP Morgan y BlackRock han obtenido licencias para operar en el país con empresas de su propiedad.


[4] “GE warns on outlook as China lockdowns worsen supply chain woes”, 26/4/2022.


[5] “Apple forecasts up to $8bn hit from supply chain problems”, 28/4/2022.


[6] “China lockdowns erode multinationals’ revenues”, 4/5/2022.


[7] “China in ‘deep crisis’, says Hong Kong private equity chief”, Financial Times, 28/4/2022.


[8] Ídem 3.


[9] “The China cushion has deflated - Q&A with Stephen Roach”, 29/4/2022.

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Nicaragua se retiró anticipadamente de la OEA y cerró su oficina en Managua

"No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal", señaló el gobierno de Ortega a través del canciller Denis Moncada.

El gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de 2021. "Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamado OEA", señaló el gobierno de Nicaragua en una declaración pública.

"Nicaragua no es colonia de nadie"

En una carta leída a través de una transmisión oficial, el canciller nicaragüense Denis Moncada anunció que "a partir de esta fecha" Nicaragua deja de formar parte "de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas". Moncada agregó que "tampoco tendrá, este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país: su sede local ha sido cerrada".

"Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto no es parte de un ministerio de colonias. Al denunciar y renunciar a ese mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta dignidad, ratificamos, eso sí, nuestro respeto, cariño y reconocimiento, a Cuba y Venezuela, heroicos, y a los pueblos que valientemente libran sus luchas, y que nos han acompañado y acompañan en las batallas", expresó el canciller nicaragüense.

Minutos después del anuncio, la policía nacional rodeó las oficinas de la OEA en Nicaragua, ubicadas a las afueras de Managua, mientras sus símbolos eran desmontados. La secretaría de la OEA, por su parte, denunció la "ocupación ilegítima" de sus oficinas, que calificó como una violación de las normas internacionales, según un comunicado.

Una decisión anticipada

El gobierno de Ortega, un exguerrillero de 76 años en el poder desde 2007, había anunciado a finales del año pasado el retiro de Nicaragua de la OEA, que desconoció su elección para un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021, con sus rivales y opositores presos. Sin embargo, de acuerdo a los protocolos, la salida debía ocurrir en un lapso de dos años para que Nicaragua culminara con los compromisos pendientes que pudiera tener con el organismo.

"Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno y debe cumplir con todos sus compromisos", recordó el organismo y exigió a Managua "respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA", precisó el comunicado del foro regional, que también destacó que "sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad", por lo que "su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias".

La medida fue respaldada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que la describió como "la digna, soberana y coherente" decisión de Nicaragua de expulsar a la OEA. También Venezuela saludó como "valiente" la renuncia de Nicaragua al foro hemisférico, al que calificó como "instrumento del imperialismo estadounidense".

"Cerrar la puerta a la paz"

El 23 de marzo, el entonces representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, durante su intervención en una sesión del Consejo Permanente calificó de "dictadura" a la gestión de Ortega y denunció las precarias condiciones en las que sus opositores estaban detenidos.

"No puedo entender los motivos del gobierno, pero este retiro se realiza al cumplirse un mes de mi discurso ante la OEA", manifestó McFields el domingo, quien también sostuvo que la decisión de Ortega de retirarse anticipadamente "es una gran victoria moral para el pueblo de Nicaragua y para los presos políticos que están en la cárcel de El Chipote". 

La OEA pidió en reiteradas ocasiones la libertad de los opositores. Las oficinas del foro regional "han estado históricamente en nuestro país y fueron parte de un proceso histórico de pacificación en Nicaragua. El gobierno está cerrando una puerta a la paz", agregó el diplomático nicaragüense.

La permanencia de Nicaragua en la OEA estaba en duda desde que el organismo aprobó el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por los señalamientos contra Ortega sobre violaciones a los derechos humanos en 2018, en el marco de las manifestaciones contra el gobierno que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 355 muertos. 

Hasta el momento la OEA no ha aplicado la Carta Democrática Interamericana. El retiro de Nicaragua se hará oficial en noviembre de 2023, una vez que se cumplan dos años desde el anuncio de su decisión.

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Un soldado vigila una comunidad en Sopayango, al este de San Salvador.. Imagen: AFP

Cómo funciona el estado de emergencia bajo el gobierno de Nayib Bukele

La Asamblea Legislativa salvadoreña reformó ambiguamente el Código Penal para restringir cómo la prensa informa sobre las pandillas. Ya hubo once mil capturas.

 

A partir de los 72 homicidios ocurridos en El Salvador entre el 25 y el 26 de marzo, la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para prohibir que los medios de comunicación reproduzcan mensajes de las pandillas y limitó por un mes las garantías constitucionales de los ciudadanos con la aprobación de un estado de excepción que ha desencadenado en la captura de miles de salvadoreños.

Repunte de asesinatos

El repunte de asesinatos ocurre en medio del silencio del oficialismo ante investigaciones periodísticas que revelan que el gobierno Nayib Bukele mantiene negociaciones con pandillas. Negociaciones que también hicieron los recientes dos gobiernos de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el partido Alianza Republicana Nacionalista, representado por la derecha salvadoreña.

El 4 de abril, la Asamblea Legislativa, afín a Bukele, modificó el Código Penal para aumentar las penas de los miembros de pandillas y también para establecer penas entre 10 y 15 años para quienes “faciliten o fabriquen” textos o material visual que transmitan mensajes sobre pandillas. Estas penas también aplican para los medios de comunicación escritos, digitales, radiales o televisivos que, al reproducir estos mensajes, generen “zozobra y pánico”.

Ataques y espionaje a la prensa

Las reformas para los medios han sido calificadas de ambiguas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y por el gremio periodístico, porque al hablar de “zozobra y pánico” los periodistas se preguntan qué informar y qué no cuando ocurra un hecho relacionado con pandillas. En el país centroamericano son tres las pandillas principales: la MS-13, la 18 Revolucionaria y la 18 Sureña.

“¿El problema es mío, por contar qué es lo que está pasando o el problema real es de los gobernantes o funcionarios públicos que traicionaron a su electorado y pactaron con criminales? Yo creo que el problema es lo segundo, pero las reformas van encaminadas a criminalizar lo primero”, cuestiona César Fagoaga, presidente de la APES y editor de la Revista Factum, un medio que cuenta la violencia de las pandillas y la corrupción en El Salvador, y por eso ha sido atacado constantemente por el gobierno.

En sus 20 años de carrera, Fagoaga señala que en el periodismo salvadoreño nunca habían existido limitaciones como las de ahora. En la gestión de Bukele, iniciada en junio de 2019, los periodistas tienen bloqueada la información pública y funcionarios de todo rango tienen prohibido dar declaraciones a los medios.

Ataques a periodistas

Desde ese año, además, el Centro de Monitoreo de la APES reporta un incremento de ataques contra periodistas. Hay, a la fecha, cinco en el exilio y Fagoaga no duda que lo que se viene son periodistas encarcelados. La narrativa de que la prensa es enemiga del gobierno, según el presidente de la APES, también ha calado en la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional ha sido coaptada por el oficialismo. "Cada día es más abrumador el hecho de sentirte periodista en este país", expresa Julia Gavarrete, periodista del periódico digital El Faro, un reconocido medio de investigación de la región y quien reveló la negociación de la gestión de Bukele con las pandillas.

Durante 17 meses, entre 2020 y 2021, Gavarrete y otros 21 miembros de este periódico fueron intervenidos por el software de espionaje Pegasus, de acuerdo con un análisis realizado a sus teléfonos por organizaciones internacionales expertas en seguridad digital. También fueron víctimas de espionaje una decena de periodistas de otros medios de comunicación. Las conclusiones de los peritajes apuntan a que quien estuvo tras del espionaje fue el gobierno salvadoreño. Previo a enterarse de la intervención en sus comunicaciones, en julio de 2020, a Gavarrete le hurtaron la laptop de su casa, algo que tampoco considera aislado de su labor periodística.

Las recientes reformas al Código Penal buscan amordazar a los medios, a la opinión pública y a la academia sobre el análisis de la violencia en El Salvador, dice la investigadora y especialista en seguridad pública, Jeannette Aguilar. Con ellas, continúa, se anticipa la censura a los medios de comunicación sobre cualquier información que surja dentro de las pandillas y así los periodistas no puedan seguir hablando sobre las negociaciones del gobierno con estos grupos ni sobre su incapacidad para resolver la inseguridad.

Aguilar, una de las voces más críticas del actual gobierno, fue demandada por difamación a inicios de este año por la diputada oficialista Marcela Pineda, tras retomar un tuit de un supuesto desvío de dinero por parte de la funcionaria e insertar una frase del expresidente uruguayo Pepe Mujica que aludía a la corrupción. La jueza no aceptó la demanda y, dos días después de su resolución, fue removida de su cargo.

Once mil detenciones 

Mientras el trabajo de la prensa está condicionado, con el estado de excepción aprobado el 27 de marzo, hasta el viernes, la Policía reportaba 11,500 capturas. Aunque entre los capturados hay pandilleros, a todos los detenidos directamente se les vincula con estos grupos, pero cada día en redes sociales hay denuncias de detenciones ilegales, como el caso de cuatro trabajadores de una cafetería que fueron retenidos durante 12 horas y liberados el sábado por presión de la sociedad civil.

Bukele, sus diputados y funcionarios celebran las redadas en redes sociales bajo el hashtag #GuerraContraPandillas. "Tal y como lo advertimos: Esta vez, no saldrán libres. Tal vez en 30 años… a los que no se les compruebe más delitos que el de pertenecer a la pandilla. Seguimos… #GuerraContraPandillas," tuiteó Bukele este jueves al anunciar 954 nuevas capturas.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ha documentado 25 detenciones ilegales, en su mayoría, de jóvenes que viven en zonas pobres y asediadas por pandillas, dice Arnau Baulenas, coordinador jurídico de este instituto.

Baulenas cuestiona el estado de excepción, porque dice que la Fiscalía General de la República (FGR), quien tiene el monopolio de la investigación en El Salvador y que también está coaptada por Bukele, no necesitaba de la suspensión de garantías constitucionales para proceder a capturas de pandilleros, ya que se supone que sabe quiénes son y dónde están.

En tanto, a Dennis Muñoz, un abogado con experiencia en la defensa de personas capturadas ilegalmente, le preocupa que estas medidas del gobierno no sean excepción, sino una norma. “El Salvador ha retrocedido, ha involucionado en el derecho penal y procesal penal”, sostiene.

Página/12 buscó una entrevista con un vocero de la Presidencia, pero al cierre de esta nota y como suele pasar cuando se pide una postura oficial al gobierno, el equipo de comunicaciones de Bukele no atendió la solicitud.

Bajo este contexto, los periodistas salvadoreños discuten cómo no autocensurarse en un país donde el Ejecutivo de Bukele ya controla la Asamblea Legislativa con la bancada del partido Nuevas Ideas, la FGR y la Sala de lo Constitucional. “No hay Estado de derecho ni garantías," denuncia Fagoaga. "Lo que queda es el periodismo en general e independiente, que no está plegado al oficialismo”. 

17 de abril de 2022

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Pakistán: jugar la "carta rusa" fulmina al gobierno de Imran Khan

Podría haber sido otro golpe de estado convencional de la CIA, pero en Pakistán eso no hace falta: todos los órganos del poder están bajo el control de las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas desde su fundación como República Islámica en 1947, desintegrando India, y que fortalecieron su presencia durante el timo de la "guerra contra el terror" dirigida por EEUU, que hacía del bombero pirómano.

El gobierno del demócrata Joe Biden no pierde el tiempo y, mientras amplía la trampa tendida a Rusia en Ucrania, resucita a la OTAN y vende a Taiwán armas (incluidos los sistemas de misiles tierra-aire Patriot) con la clara intención de provocar a China, acaba con el vigesimosegundo primer ministro de Pakistán, que al igual que el resto de sus antecesores no pudo acabar su mandato: a Imran Khan, elegido en 2018, le quedaba un año para agotar su mandato. Su último pecado, convertirse en el primer mandatario del mundo en encontrarse con el presidente Vladimir Putin en Kremlin, horas después del inicio de la invasión a Ucrania, el 24 de febrero: y "Roma no perdona a traidores". Khan ha sido cesado por el parlamento.

El Partido Demócrata, además de ser adicto a expandir la influencia de EEUU por el mundo con cualquier medio, desde el "excepcionalísimo" auto-otorgado de EEUU manifiesta una grave amnesia: ha perdido la memoria tanto cercana como lejana. No hace mucho acusaba de injerencia a Rusia en las elecciones de EEUU, aunque durante los últimos setenta años no ha escatimado recursos del bolsillo de los contribuyentes para secuestrar, derrocar y asesinar a los mandatarios de numerosos países. Imran Khan sólo es el último de la larga lista de sus víctimas.

Desconocemos si la visita de Khan a Moscú el mismo día de la guerra fue una coincidencia, o si el líder pakistaní había sido informado de lo que iba a ocurrir, pero lo más seguro es que Putin no le podrá devolver la visita, planeada para finales del año, e iba a ser el primer presidente ruso en pisar Pakistán, Tierra de los Inmaculados significa este nombre persa, para distinguirse de los "impuros" hinduistas.

Imran Khan, exjugador de críquet, un férreo defensor de los talibanes, intentó gobernar un país subdesarrollado de 220 millones de habitantes ubicado en una región con inmensos recursos naturales y rutas comerciales estratégicos. También es vecino de Afganistán, Tayikistán, Irán, India y China. Datos que le convirtieron en el candidato ideal para que EEUU y el Reino Unido le convirtieran en la cuna del "terrorismo yihadista sunnita", a los que asignaron misiones concretas por todo el mundo.  En 1978, el plan del Pentágono de cercar a la Unión Soviética en sus fronteras utilizando a la extrema derecha religiosa empezó en Pakistán: Los "Muyehedines" liderados por Masoud Shah (y ahora por su hijo y por Francia) fueron enviados a Afganistán para derrocar al gobierno socialista afgano, Jomeini fue instalado en Irán llegado de Francia (país miembro de la OTAN) y Lech Walesa respaldado por el Vaticano en Polonia, con la misión de rodear y asfixiar a la URSS, que para defenderse cayó en la trampa tendida en Afganistán. ¿Fue el KGB quien "accidentó" en 1988 el avión del presidente fascista de la República Islámica de Pakistán, el General Muhammad Zia-ul-Haq, uno de los padrinos del terrorismo "yihadista"?

Ahora, Talibanistán, el único país "musulmán" con armas nucleares, pierde la pequeña posibilidad de independencia con la que soñaba.

La hemeroteca revela lo que pasó

24 de febrero: la visita de Imran Khan a Moscú tenía cuatro objetivos:

Reafirmar la independencia de Pakistán de Washington. Khan elogiaba la política exterior de la India, que mientras importa armas de Rusia se unía a EEUU en la alianza Quad (contra China). Pero Pakistán no es India: uno nace gracias a un plan colonial de Occidente, cuando éste tiene que descolonizar la India, y el otro expulsa a los colonialistas británicos, gracias a las victorias de las fuerzas progresistas a nivel mundial.

Discutir la reorganización de Asia central, en colaboración con India y China y desde la Organización de Cooperación de Shanghái, de la que los cuatro son miembros. Rusia, que es el primer país del mundo, después de Pakistán, en entregar la embajada de Afganistán a los talibanes propakistaníes, escenificó la importancia del encuentro entre Putin y Khan sentados juntos con una mesa pequeña en medio, nada que ver con la megamesa de casi cuatro metros que separaba a Emmanuel Macron (Europa) del mandatario ruso.

Ampliar las relaciones económicas. Pakistán busca inversiones rusas para la economía destartalada del país. Ambos gobiernos están ultimando la construcción del gasoducto Pakistan Stream, por el valor de 2.000 millones de dólares (¿o ya en rublos?), que conectaría un terminal de gas natural licuado en el puerto de Karachi con la ciudad norteña de Lahor, mientras Joe Biden priva a Europa aprovechar el proyecto Nord Stream 2 ya construido. Ahora discuten los procedimientos gratuitos y las exenciones fiscales relacionadas con este vital proyecto de energía para Pakistán.

Pacificar las relaciones indio-pakistaníes. La enemistad entre Islam Abad y Nueva Delhi absorbe una gran parte de sus fondos: Pakistán asigna 8.78 mil millones de dólares (2021-2022) para su aparato militar, mientras solo el 59% de la población está alfabetizado, y sus mujeres sufren una desigualdad tan escandalosa que lo convierte en uno de los peores países para nacer mujer. Una situación parecida viven los ciudadanos de la India, país capitalista exacerbado que tendría que compararse con China.

9 de marzo: "No somos sus vasallos", contestó Imran Khan a una carta enviada por los embajadores de la Unión Europea en la que le exigían condenar la operación militar de Rusia en Ucrania. Islam Abad se abstuvo de votar una resolución que "deploraba" la invasión y "exigía" la retirada rusa, aunque sí enfatizó en el compromiso del país en respetar la soberanía e integridad territorial de los estados, abogando por una solución pacífica para las disputas. "¡Quiero preguntarles si enviaron un mensaje similar a la India!", les preguntó Khan, ya que Nueva Delhi tampoco había condenado el ataque ruso.

7 de marzo: Las actas de una (supuesta) reunión entre Donald Lu, subsecretario de Estado del gobierno de Joe Biden para Asia Central y del Sur, y Assad Majid, el embajador de Pakistán en Washington, llegan a Islam Abad. En ellas se encuentra una carta amenazante de Lu (que fue revelada por Imran Khan el 4 de abril), en la que le advierte de que los grupos de la oposición en el parlamento pakistaní pronto plantearán la destitución de Imran Khan por la nefasta gestión de los problemas del país, y que "si la moción de censura no fructificara, el país tendría que enfrentarse a sus consecuencias". El ministro de las Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, dijo en el Parlamento que, el mes de febrero, el asesor de seguridad nacional de EEUU llamó a su homólogo paquistaní exigiendo cancelar la visita de Khan a Rusia, y obviamente fue rechazado.

8 de marzo: la oposición compuesta por el Partido Popular, la Liga Musulmana y la Sociedad de Clérigos Islámicos presenta una moción de censura contra Khan, acusándole de ineficacia en atajar la inflación del 20%, la caída libre de la rupia frente al dólar o el desempleo que sigue empujando a millones de jóvenes a emigrar a otros países.

22 de marzo: en la 48ª reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica, Imran Khan insiste en la necesidad de poner fin a la ocupación tanto de Cachemira como de Palestina. A pesar de las presiones de EEUU, Khan se negaba a reconocer al estado israelí y unirse a los Acuerdos de Abraham, que peligrosamente ha llevado a Israel al Golfo Pérsico.

30 de marzo: tras varios intentos de parar el proceso de su destitución mediante los procedimientos constitucionales, Khan pierde la mayoría y es cesado.

1 de abril: Zalmai Khalilzad, un estadounidense de origen afgano, criminal de la guerra de Afganistán, que cuatro meses antes del 11 de septiembre del 2001 fue nombrado por el régimen de George Bush como Asistente Especial del Presidente, se reúne con el jefe del ejército paquistaní, el General Qamar Bajwa en Islamabad. El mismo día, Khan afirma temer por su vida, aunque continuará su lucha por un Pakistán independiente y democrático. Su colega Benazir Bhutto fue asesinada en 2007, tres semanas después de una entrevista en la que revelaba que Bin Laden llevaba muerto años, desmantelando la farsa de la "guerra global para buscar al terrorista saudí". Así, nadie cuestionaría el asalto a la supuesta vivienda de Bin Laden en 2011 y el asesinato de un hombre desconocido (¿Por qué no fue capturado para luego ser exhibido ante los periodistas, como hicieron con Sadam Husein o el Chapo Guzmán? ). Por cierto, 26 de los 30 estadounidenses muertos en un accidente de helicóptero en diciembre del 2015 en Afganistán eran del Equipo SEAL Seis de la Marina, que participaron en el asalto a aquella mansión.

Kahn también recuerda la ejecución del primer ministro Zulfikar Ali Bhutto en 1979, auspiciada por la CIA y realizada por el general golpista Zia-ul-Haq: Pedagogía del terror en estado puro.

4 de abril: En un gran mitin, Khan revela el contenido del cable diplomático como la prueba de la confabulación de los "poderes extranjeros" para derrocar a su gobierno. Washington, que negó tener algo que ver con la moción de censura, dio una explicación que hizo aumentar las sospechas: primero afirmó que la carta era falsa y, luego, que se trataba de una conversación informal entre el Sr. Lu y unos funcionarios amigos. A ver, ¿No fue el propio Biden quien planeaba lo mismo, pero sobre el Sr. Putin, al decir que "…Por el amor de Dios, este hombre [Putin] no puede permanecer en el poder" ? ¡Y lo dice un hombre que ha apoyado las guerras contra Irak, Afganistán, Yemen, Siria, Libia, Sudán, Gaza o Pakistán, destrozando la vida de al menos 100 millones de personas!

Otros motivos de la caída de Khan

- Las discrepancias entre aquel primer ministro y el ejército comandado por el general Qamar Bajwa, institución que controla la política y la economía del país (al igual que en Egipto, Irán y en Turquía antes de Tayyeb Erdogan). El plan de Khan para reemplazarle por el exjefe de los servicios de inteligencia (Inter-Services Intelligence), el teniente general Faiz Hameed, fue interceptado por micrófonos ocultos, acelerando el fin de su mandato.

- Negarse a enviar tropas a Yemen, atizando el fuego de la guerra criminal liderada por EEUU y Arabia Saudí. Los jeques árabes le amenazaron con deportar a cerca de tres millones de trabajadores paquistaníes, explotados en las petromonarquías del Golfo Pérsico.

- Oponerse a la instalación de bases militares de EEUU en Pakistán.

- El descontento manifestado públicamente de Khan por los ataques con aviones no tripulados estadounidenses que bombardean la frontera de Afganistán con Pakistán en la "lucha contra el terror", matando según él a 70.000 civiles paquistaníes y provocando la huida de millones de sus hogares. Joe Biden nunca llamó al primer ministro pakistaní desde que asumió su cargo en la Casa Blanca, pero sí que lo hizo al líder de la India, país clave en el diseño de la doctrina de "contención de China" de EEUU.

- El aumento de la pobreza y el malestar generalizado por el incumplimiento de sus promesas en acabar con la corrupción y mejorar la vida decenas de millones de pakistaníes que viven bajo la línea de la pobreza. La publicación de los Papeles de Pandora sacó a la luz la corrupción y la evasión de impuestos por el círculo íntimo de Khan. La guerra entre Rusia y Ucrania, ambos proveedores de trigo de Pakistán, así como el alza de los precios de energía, agravará aun más la crisis económica del país superpoblado que va hacia la deriva.

- Acercarse demasiado a China, que lo recogió cuando EEUU lo tiró a la papelera. "Una amistad más alta que la montaña de Himalaya y más profunda que las profundidades del Mar Arábigo", así definen su relación los dos países asiáticos, unidos por el Corredor Económico China-Pakistán, en el que el puerto Gwadar es una de las piezas claves del "Collar de perlas" (los puertos estratégicos que China ha alquilado alrededor del mundo), arrendado por 40 años al país de Mao, y que forma parte de unos 90 proyectos de infraestructura, la mitad completados o en ejecución. Los técnicos chinos han sido objetos de varios atentados mortales por parte de los talibanes. En el abril de 2021, una bomba fue estallada frente al hotel Serena donde se alojaba el embajador de China Nong Rong en la ciudad de Quetta, Baluchistán. El diplomático no se encontraba en el lugar, pero murieron varias personas.

Con la caída de Khan, los talibanes pierden su principal rostro de cara al mundo, atractivo y elegante, quien pedía con insistencia a la comunidad internacional reconocer a estos monstruos escapados de los cementerios de la Edad Media, porque "no hay alternativa a ellos", afirmaba mientras ocultaba que fue justamente su país quién mandó a los terroristas que masacraron a decenas de miles de fuerzas progresistas afganas, entre ellos al presidente de la República Democrática de Afganistán, el doctor Nayibullah, que fue  linchado y su cadáver colgado durante días en una plaza en Kabul.

El diseño del nuevo orden mundial dejará a su paso otros millones de víctimas, y Imran Khan no es más que un simple cadáver "de lujo", eliminado por la "familia", mientras Islam Abad se debe preparar para revueltas populares de los más desheredados sin que ni los generales pudiesen contenerlas.

15 abril 2022

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Miércoles, 30 Marzo 2022 05:51

Una tarima engalanada

Una tarima engalanada

Cao Jianming es uno de los 14 vicepresidentes del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular de China, y ha sido enviado a Nicaragua para estar presente en la cuarta toma de posesión consecutiva de Daniel Ortega. Es un largo viaje, desde el otro lado del mundo, hacia un país que acaba de entrar en la órbita de las relaciones expansivas del nuevo celeste imperio de Xi Jinping. Pocos son los invitados que habrán de acudir, la mayoría de bajo nivel.

Por eso su sorpresa debe haber sido mayúscula cuando al bajar del avión advierte que lo espera una guardia de honor, como si fuera jefe de Estado. En un país de estrictas jerarquías como el suyo, tal anomalía protocolaria es imposible. Pero representa a China y eso es suficiente, así fuera ujier de la Ciudad Prohibida.

Pero lejos de allí se da otra escena también inusual, por no decir extraña. Ese mismo 10 de enero, el presidente López Obrador comparece en una de sus mañaneras, y un periodista le pregunta si su gobierno enviará algún representante a la toma de posesión de Ortega.

−Todavía no se decide −responde, bastante desconcertado−. ¿Cuándo es… la toma de posesión?

−Hoy −le informa el periodista.

−Ah… ¿Hoy? No sabía.

El periodista le dice entonces que la noche anterior la cancillería ha anunciado que no enviaría a nadie.

−¿Y a qué horas es la toma de posesión? −pregunta el Presidente.

−No sé la hora −responde el ­periodista.

−Vamos a ver si da tiempo de que llegue alguien… Porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos. Con todos. Y no queremos ser imprudentes.

−¿Sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma de posesión? −continúa el periodista.

Entonces el Presidente responde que México no puede hacer a un lado su política de autodeterminación de los pueblos. Y recuerda cómo la administración pasada, por quedar bien con otro gobierno, expulsó al embajador de Norcorea.

Seguramente estaba consciente de la imposibilidad de que un enviado llegara a tiempo, ya que ha dispuesto que tanto él como sus funcionarios sólo pueden utilizar vuelos comerciales. Y a la tarima de los invitados en Managua terminó subiendo el encargado de negocios de la embajada mexicana, ya que no hay ­embajador.

A este episodio tan singular, se le ha dado el cariz de una desautorización bastante ruda a su propio canciller, Marcelo Ebrard, quien habría buscado sumarse a la inmensa mayoría de los países latinoamericanos que dejaron solo a Ortega en su farsa. Pero también merece otra lectura.

Si el Presidente de México ni siquiera sabe cuándo toma posesión Ortega, y tampoco sabe, en consecuencia, la hora de la ceremonia, no es que esté desinformado nada más. Lo que demuestra es la nula importancia que Nicaragua tiene en su política exterior, un cero a la izquierda. Será por eso mismo que al canciller Ebrard no le pareció necesario informarle que no enviaría a Managua a nadie, ni siquiera a un funcionario de tercera categoría.

Y así se saca en claro que jamás se le había ocurrido al presidente López Obrador asistir él mismo, invitado como estaba; o enviar a su canciller, o a alguien de su gobierno.

Al contrario, lo que hace es tomar distancia, y colocar a Nicaragua en un lugar poco privilegiado: al lado de Corea del Norte. Buenas relaciones con todos, dice, y recalca la palabra todos, es decir, demócratas y dictadores. Por eso reprocha al gobierno de Peña Nieto, haber expulsado en 2017 al embajador del dictador hereditario Kim Jong-un.

Y de imprudencias hablando, Argentina, que tampoco envió a ningún delegado, se hizo representar por su embajador en Managua, Daniel Capitanich, entusiasta hincha de Ortega, quien se sentó en la misma tarima de honor en que se encontraba el vicepresidente para Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai.

El personaje está acusado en los tribunales argentinos de ser responsable, nada menos, del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994, en que murieron 80 personas y más de 300 resultaron heridas, un crimen de lesa humanidad. Hay una orden de captura internacional librada por la Interpol contra él.

Al concluir la ceremonia, hubo una foto de familia en la que Ortega aparece junto al propio Rezai, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el de Venezuela, Nicolás Maduro. Es la foto que debe haber sorprendido ingratamente al presidente Fernández de Argentina, y en la que López Obrador jamás hubiera querido estar.

La cancillería argentina dirigió una nota diplomática a la de Nicaragua por la presencia de Rezai, que "constituye una afrenta a la justicia y a las víctimas del brutal atentado terrorista". Un lamento, no una protesta: "El gobierno argentino lamenta profundamente tomar conocimiento de la presencia en la República de Nicaragua del señor Rezai".

Y la tarima en Managua se queda en su lugar, sin desarmar, hasta la próxima toma de posesión, cuando Ortega vuelva a traspasarle el poder a Ortega.

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Pandilleros esperan fuera de sus celdas durante un registro en la cárcel de Ciudad Barrios, en El Salvador. — Secretaria de Prensa de la Presidencia / REUTERS

 

El estado de excepción decretado por el gobernante tras la ofensiva criminal de las pandillas traspasa todos los límites democráticos al cercenar los derechos fundamentales de los salvadoreños.

 

El Salvador vive desde el domingo en estado de excepción. La medida fue decretada por el Congreso a petición del presidente, Nayib Bukele, tras la terrible ola de asesinatos del fin de semana. Los salvadoreños pagan así los errores del mandatario en su intento de someter a unas pandillas criminales con las que había llegado a una suerte de tregua no declarada oficialmente. El asesinato indiscriminado de decenas de ciudadanos en los últimos días sugiere algún tipo de incumplimiento en ese pacto secreto entre Bukele y los jefes de las pandillas.

El estado de excepción planteado por Bukele fue aprobado por un Congreso dominado por el oficialismo. Desde la madrugada del domingo han quedado suspendidas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, la libertad de expresión o la confidencialidad de las telecomunicaciones y la correspondencia. El plazo de detención sin acusaciones se amplía de tres a 15 días y se restringen los derechos de defensa de los arrestados. El estado de excepción se prolongará durante 30 días y contempla también restricciones a la entrada y salida del país. Las pandillas hicieron estragos durante el fin de semana. El viernes mataron a 14 personas y el sábado, a 62, el récord de homicidios en un solo día. Más de mil presuntos pandilleros han sido detenidos desde el fin de semana, según el gobierno.

Bukele, un amante de las redes sociales como herramienta política, ha amenazado a los pandilleros por Twitter: "Tenemos 16.000 homeboys (pandilleros) en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también". El ejército pandillero, sin embargo, abarca un contingente mucho mayor de los 17.000 miembros encerrados en las cárceles. Se calcula que las tres principales organizaciones criminales del país (MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) cuentan con unos 70.000 efectivos, una tropa en la que se alistan jóvenes arrastrados por la miseria y la falta de oportunidades en uno de los países más pobres de América Latina.

La ofensiva criminal constata una gran laguna en la política de seguridad de Bukele, bajo cuyo mandato había descendido drásticamente la tasa de homicidios. Hace un año y medio, el periódico El Faro sacaba a la luz los entresijos de un supuesto pacto entre el gobierno y las principales pandillas. Bukele negó que hubiera una tregua y que se hubieran otorgado concesiones a los delincuentes. La tasa de homicidios se desplomaba así, según el relato gubernamental, por arte de birlibirloque.

El Salvador llegó a contabilizar en 2015 la tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental (103 muertes violentas por cada 100.000 habitantes) tras el fin de la tregua firmada entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). Los asesinatos, que habían caído de 14 a cinco al día, volvieron a repuntar en 2015 hasta la veintena diaria. Bukele ha logrado reducir esa cifra a unos cuatro homicidios al día y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, la más baja de los últimos 25 años. Esa paz en las calles le ha supuesto una gran popularidad entre una población exhausta ante las acciones violentas de las pandillas. El gobierno asegura que la reducción de la criminalidad se debe a la aprobación hace tres años del Plan Control Territorial (PCT), un programa de seguridad que, en teoría, reforzaba los medios policiales y militares para el control de los barrios más conflictivos del país.

La negociación fallida

Para El Faro, sin embargo, el PCT no ha sido más que la coartada de Bukele para ocultar un pacto secreto con las pandillas. En un editorial publicado el lunes, el periódico independiente da por finiquitado ese plan: "El engaño del llamado Plan Control Territorial ha terminado con un baño de sangre inédito en lo que va del siglo XXI y el grupo que gobierna detrás de Bukele ha recurrido a los trucos de siempre para hacer frente a la crisis: el histrionismo mediático y la mentira para ocultar la negligencia y la improvisación. Los salvadoreños amanecimos este lunes con nuestras garantías cercenadas y con un gobierno autoritario que ya no necesita órdenes judiciales para abrir nuestra correspondencia o escuchar nuestras conversaciones o detenernos hasta por quince días sin acusación. ¿Por qué? Porque a Bukele le falló su negociación secreta con las pandillas".

Según el diario salvadoreño -una de las escasas voces independientes que quedan en El Salvador-, la ola salvaje de homicidios del fin de semana responde a la manera en que las pandillas expresan su fuerza en una negociación que parece haberse roto con el gobierno. Una válvula que los criminales abren cada vez que ven incumplidas determinadas promesas inconfesables.

Desde que ganó las elecciones hace tres años con el 53% de los votos, la popularidad de Bukele no paró de crecer hasta finales del año pasado, cuando cayó levemente. Su forma de gobernar a golpe de tuit y su discurso populista calaron en un amplio sector de la población muy decepcionado con las prácticas corruptas de los partidos tradicionales. Bukele apuntaló su poder hace un año tras arrasar en las elecciones legislativas, en las que su partido, Nuevas Ideas, cosechó el 66% de los votos. La vieja política quedaba marginada. El derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo el 12% y el progresista FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), apenas el 7%. Tras el control del Parlamento, el autócrata centroamericano estrechó el cerco a la justicia al destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado.

Como ocurriera cuando El Faro publicó el pacto secreto con las pandillas, Bukele, poco amigo de las críticas, carga contra sus detractores. Si entonces amenazó al periódico con una investigación por un supuesto caso de blanqueo de capitales, ahora acusa sin pruebas a la oposición de ser responsable de la oleada criminal de las pandillas, y arremete contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), verificadores del acuerdo de Funes con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2012. "Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la 'Tregua' que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento, y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país", ha escrito Bukele en su cuenta de Twitter. Previamente, Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, había tildado de "populismo penal" las medidas aprobadas por el presidente salvadoreño".

El paso dado por Bukele es de una extrema gravedad al cercenar derechos constitucionales de los seis millones y medio de salvadoreños. Su autoritarismo ya había quedado acreditado desde el inicio de su mandato, pero el estado de excepción decretado ahora traspasa todos los límites democráticos. Es hora de que los organismos regionales e internacionales pongan freno al autócrata centroamericano.

madrid

29/03/2022 21:46

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Bukele se otorga poderes extraordinarios para enfrentar la ola de asesinatos en El Salvador

El mandatario pide a soldados y policías “hacer su trabajo” y amenaza a los jueces que lo impidan. En dos días las pandillas mataron a 76 personas poniendo fin al pacto secreto sellado con el Gobierno

 

La luna de miel que mantenían las violentas pandillas de El Salvador con Nayib Bukele ha saltado por los aires en las últimas horas con el asesinato de 76 personas en tan solo dos días. A los 14 muertos del viernes se suman los 62 de este sábado, en lo que supone el día más violento de los últimos 20 años.

La respuesta de Bukele no tardó en llegar y a medida que se conocía la cifra de muertes anunció vía Twitter una solicitud urgente al Congreso para acumular poderes extraordinarios. Al mismo tiempo, pidió vía libre para que militares y policías puedan actuar con contundencia contra los pandilleros y amenazó a los jueces que traten de impedirlo.

“Solicito a la Asamblea Legislativa decretar hoy mismo régimen de excepción, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República”, escribió Bukele en la red social. El líder del Congreso, Ernesto Castro, respondió rápidamente a la solicitud del presidente: “¡Estamos con usted! Cuente con ello”. La Constitución salvadoreña contempla la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra cala

Los nuevos poderes de los que gozará el mandatario permiten restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia, la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedan suspendidas: la libertad de asociación, el derecho a ser informada de las razones de un arresto, la asistencia de un abogado y el plazo máximo de 72 horas de detención y consignación ante un juez.

La aprobación del Estado de excepción es un mero trámite para Bukele que ya ejerce con puño de hierro el poder, ya que son necesarios 63 votos de los 84 congresistas de la cámara, en la que el oficialismo posee al menos 64. Antes de pedir el Estado de excepción, Bukele escribió en la red social que la Policía y el Ejército “deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”. Además, señaló que la Fiscalía “debe ser eficaz con los casos” y lanzó una amenaza a los jueces que tengan que atender posibles violaciones a los derechos humanos, a quienes les advirtió: “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”.

Hasta este sangriento fin de semana, el gobierno de Bukele y las tres pandillas salvadoreñas, MS13, La 18 y 18-R, con un ‘ejército’ de casi 70.000 personas dedicadas a la extorsión y el homicidio a lo largo de todo el país, mantenía un pacto secreto con el Gobierno que permitió reducir hasta niveles nunca vistos la violencia en El Salvador. El acuerdo concedía privilegios carcelarios y frenar la extradición de los líderes, entre otros beneficios, a cambio de terminar con los homicidios. El pacto, negado por Bukele, pero revelado por el periódico El Faro y confirmado por Estados Unidos, le ha permitido hasta ahora gobernar con altas tasas de popularidad gracias, entre otras cosas, a la seguridad lograda en las calles. Los expertos tratan de averiguar ahora qué falló o qué acuerdos se incumplieron para que las pandillas hayan reaccionado de esta forma. La matanza de este finde semana incluyó también un claro mensaje al mandatario donde más le duele, ya que uno de los cuerpos fue abandonado en Surf City, el complejo turístico cercano a la capital con el que Bukele se exhibe al mundo como el presidente de un país cool que opera en Bitcoin.

Por el momento, las autoridades no han dado las razones que esconden este incremento, pero el mes de marzo confirma la tendencia al alza durante varios días. Con los muertos de viernes y sábado, El Salvador llegó a los 148 asesinatos, una cifra muy superior a enero y febrero, que terminaron con 85 y 79 muertes violentas, respectivamente.

México - 27 mar 2022 - 00:57 COT

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