Jueves, 07 Octubre 2021 05:55

El laborismo británico gira a la derecha

El laborismo británico gira a la derecha

Lo que tiene que cambiar no es el capitalismo: es la gente. Eso es lo que piensa Keir Starmer, el líder del Partido Laborista británico, que dedicó su discurso anual a defender el legado de Blair y a omitir los graves problemas de los servicios públicos privatizados. El ala derecha del laborismo -que recuperó el poder tras el paréntesis de Corbyn- prefiere no hablar de nacionalizaciones, algo que ahora hasta los conservadores se animan a hacer.

El largamente esperado primer discurso presencial de Keir Starmer en la conferencia anual de los laboristas británicos fue, como se podía suponer, aburrido: una lección de historia con eje en la Revolución Industrial y el gobierno de Tony Blair, mientras omitía silenciosamente todo lo que iba desde Clement Atlee hasta Jeremy Corbyn. En términos de política, prometió gastar más en la salud mental de los jóvenes, en caso de llegar a gobernar, sin mencionar la privatización generalizada de ese sector, mientras casi la mitad de los fondos del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) son canalizados hacia empresas de salud privadas. También prometió «dar a nuestros jóvenes herramientas para el futuro» en términos de habilidades «digitales» y «para la vida». La información que circulaba antes del discurso sugería que, sobre este punto, lo que Starmer tenía en mente era capacitar a los jóvenes para que entiendan mejor los sistemas de puntaje crediticio, sus cuentas privadas de ahorro previsional y los contratos que los propietarios les piden que firmen.

Entonces, ¿cuál es la gran oferta de Starmer? Un gobierno laborista que le enseñará a los británicos a navegar mejor por las embravecidas aguas del capitalismo, mientras paga a otra empresa para que mitigue sus preocupaciones cuando el estrés se vuelva abrumador. «Todo lo que tenemos que hacer es aprender a adaptarnos», dijo Starmer, mientras elaboraba una extensa analogía sobre la fábrica de su padre y la necesidad de «reformarnos» nosotros mismos.

Los jóvenes quieren más. Lejos de aceptar su destino como simples «luchadores por la libertad que viajan en Uber, se alojan con Airbnb y piden comida a Deliveroo», tal como Liz Truss –ahora secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno conservador– los describió de manera memorable en 2018, quieren la certeza y la seguridad de tener servicios públicos. Las encuestas muestran habitualmente que –al igual que sus padres y abuelos– los jóvenes apoyan la propiedad pública, desde los autobuses hasta los servicios de salud, pasando por la energía y el agua. Pero según la ministra de Hacienda en las sombras Rachel Reeves, estas no son «cuestiones primordiales».

Pero dígale eso a la persona joven que ve su esperanza y su seguridad erosionadas por la rutina diaria de lo que Reeves llama «economía cotidiana». No es que «nada les venga bien», como diría mi madre. Simplemente están hartos de que su empresa privatizada de autobuses aumente las tarifas y reduzca los servicios de los que dependen para ir a la universidad, trabajar o divertirse. Están desesperados porque no pueden pagar su propia vivienda, debido a que las facturas de los servicios públicos privatizados y los alquileres privados están por las nubes. Están hartos de que las empresas privatizadas de cuidados y los call centers paguen salarios miserables, que eluden los requisitos básicos de salario mínimo para los adultos contratando jóvenes. Están estresados por tener que competir en todas partes –en pruebas interminables, en su «marca» en internet–, en un intento desesperado por conseguir una oportunidad decente en un país donde, después de casi cuatro décadas de privatizaciones, todo es mercado. 

Hoy, solo los privilegiados pueden acudir a sus familias en busca de ayuda, ya que muchos padres y madres enfrentan los mismos problemas que sus hijos e hijas. No es de extrañar que los jóvenes se sientan abatidos. Eso ya pasaba antes de que llegara el impacto de amenazas globales como la pandemia, el cambio climático, las guerras culturales financiadas por la derecha y la forma en que el Brexit ha terminado con las posibilidades de movilidad social. Starmer tiene razón al enfocarse en la salud mental. Sin embargo, a pesar de sus promesas de priorizar la prevención, su discurso sugiere que, en realidad, tratará los síntomas, no las causas.

Una promesa de más dinero para financiar la asistencia en las escuelas y acceder así más rápidamente al tratamiento a través de los «centros de salud mental» locales será bien recibida por las organizaciones benéficas de salud mental. Pero Starmer no dijo nada sobre el hecho de que la salud mental de los jóvenes está como está, en parte, porque en los últimos años ese ha sido el sector más privatizado del NHS. En la actualidad, 44% del desembolso del NHS en esta área se destina al sector privado y llega a 97% del desembolso total del NHS cuando se trata de los jóvenes con más problemas. Ya ha habido numerosas historias de terror sobre los resultados.

Starmer dijo con razón que el futuro del NHS no podía ser «solo más dinero». ¿Pero reconoció la necesidad de frenar la salida de los miles de millones que fluyen al sector privado? No. Por el contrario, se mostró entusiasmado con la forma en que la salud sería «rehecha» gracias a una cantidad «apabullante» de robots y realidad virtual. «Podría hablar de esto todo el día», dijo, mientras en realidad sonaba tan experto en tecnología como Boris Johnson en su infame discurso sobre la tecnología en la en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde habló de cómo «tu colchón controlará tus pesadillas».

También hubo otro efímero rayo de esperanza en el discurso de Starmer: que, si bien no iba a hacer que los servicios básicos volviesen a ser de propiedad pública, al menos regularía mejor a las empresas que los prestan. A las empresas que recortan todos los gastos, explotan al personal, restringen la posibilidad de hablar con un ser humano y cargan con más trabajo a los desafortunados consumidores, no les falta fibra moral, sino que simplemente están cumpliendo con su obligación legal de maximizar los beneficios para los accionistas. Entonces, cuando Starmer anunció que modificaría las obligaciones legales de los directores de las empresas, por un momento feliz pensé que estaba a punto de comprometerse a introducir obligaciones legales más estrictas para que estos protegieran no solo las ganancias, sino también a las personas y el planeta. Esta modificación ha sido exigida durante mucho tiempo por activistas y sindicalistas. Pero el plan de Starmer no tenía nada que ver con eso. En su lugar, se trataba de hacer «del éxito a largo plazo de las empresas la principal prioridad».

En ese contexto, el llamado de Starmer a trabajar como «socios» no implicará ninguna diferencia. «El orgullo nace del trabajo», anunciaba Starmer entre interrupciones. Pero ni una palabra sobre para quién trabajas ni sobre quién es el dueño de tu empleo y tus servicios. El discurso de Starmer fue solo la última decepción en la conferencia laborista en Brighton.

La secretaria de Vivienda en las sombras Lucy Powell prometió dar a quienes compraran por primera vez «prioridad» en los nuevos desarrollos y expresó sus deseos de mayor cantidad de viviendas sociales, pero no dijo nada sobre la regulación de los alquileres privados. Eso significa que cualquier impuesto superior con el que se grave a los propietarios privados simplemente será transferido a los inquilinos –aunque los inquilinos escoceses parecen estar mejor protegidos, según los planes de la nueva coalición del Partido Nacional Escocés (SNP) con el Partido Verde, que Starmer calificó hoy desdeñosamente como un «mal gobierno»–.

El secretario de Transporte en la sombra, Jim McMahon, dijo que quería que «el transporte público funcionara para el bien común» y Reeves prometió «la mayor ola de contratación no tercerizada en una generación», pero no dieron detalles en ninguno de los casos. Si su propio líder puede salirse con la suya afirmando que cuando dijo que apoyaba la nacionalización de los servicios públicos, en realidad no hablaba en serio, entonces las esperanzas de un cambio radical más bien se desvanecen. El mayor problema de Jeremy Corbyn no era que a los votantes no les agradara su mensaje, sino que simplemente no creían que cumpliría. ¿Cómo puede alguien creerle a Starmer (sentir confianza y seguridad en lo que promete) cuando esta semana nos dijo que gustosamente daba marcha atrás con sus promesas si a cambio obtenía un rédito político?

De hecho, Starmer y sus colegas ministeriales en la sombra generalmente hablan de contratación no tercerizada solo en referencia a quienes hacen aportes al Partido Conservador y a los contratos relacionados con el covid-19, lo que deja la clara impresión de que las empresas que no aportan al Partido Conservador no tienen motivo para preocuparse por sus planes de subcontratación. Después de todo, algunos de los mayores beneficiarios de la privatización de ciertos sectores de la asistencia social y la salud mental y física son empresas fundadas por personas que hicieron generosos aportes al Partido Laborista durante los años de Blair.

Una generación de viejos blairistas como Peter MandelsonJohn McTernanPhil Collins y sus acólitos que trabajan ahora para Starmer han hecho fila para aconsejar a su nuevo líder que haga su propia versión de la «campaña de seducción del sector financiero realizada por Blair», una nueva abolición de la Cláusula 4 por parte de Starmer, si se quiere, haciendo mucho hincapié en la «seguridad». «Apoyarse en [su] marca» como ex director de la fiscalía británica.

Pero, ¿cómo podemos tener seguridad cuando sabemos que nuestras necesidades básicas están siendo explotadas con fines de lucro, en lugar de ser administradas por el bien común? ¿Dónde está nuestra recompensa por el «trabajo duro» cuando nos vemos obligados a hacer un segundo turno al final de un día agotador, comparando precios en los «mercados» menos divertidos de la historia, en un intento desesperado por no ser estafados?

Sobre la asistencia social, el secretario de Salud en la sombra, Jonathan Ashworth, nos dice que su plan es «de tan largo alcance como el plan de Aneurin Bevan para el NHS». Pero en 1948 Bevan hizo que los hospitales fueran controlados por el Estado y aseguró la cobertura universal, mientras que, en la actualidad, el Partido Laborista solamente promete que los trabajadores de la asistencia social podrán negociar mejores salarios con sus empleadores en gran parte privatizados (aunque no, por supuesto, 15 libras la hora). Quizás se supone que estos trabajadores se sienten reconfortados por las –sin duda– sentidas palabras de Starmer sobre la «nobleza de la asistencia» y la noción de que ese trabajo es una «vocación». Y sobre los requisitos para la asistencia social, ni Starmer ni Ashworth dijeron nada sustancial. Además, el considerable monto de dinero que Reeves prometió para hacer una reforma verde de la economía, a juzgar por sus discursos y los de Starmer, irá a parar casi en su totalidad a los bolsillos de las empresas, incluso aquellas que han pasado años ejerciendo presión contra objetivos de cuidado del clima más estrictos.

Los que sugieren que la propiedad pública podría ser un mejor enfoque –como Andy Burnham sobre asistencia social y Ed Miliband sobre energía– han provocado, según se dice, furia en las oficinas del líder laborista. Starmer puede haber subido al escenario con «Right Here, Right Now» de Fatboy Slim y terminado con la promesa de «aprovechar el momento». Pero ahora no es el momento de hablar de nacionalización, le dijo Starmer a Andrew Marr el domingo, aunque los mercados de asistencia social y salud mental se tambaleen, el mercado del gas y la electricidad colapsen y los conservadores (¡los conservadores!) estén poniendo nuevamente bajo control estatal otra franquicia ferroviaria fallida.

Al enfrentar una repregunta por la incumplida promesa de campaña sobre la propiedad pública, Starmer le dijo esta semana a Laura Kuenssberg, de la BBC, que «el mundo ha cambiado». En efecto, ha cambiado. Solo que Starmer no parece haber notado de qué modo.

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Martes, 14 Septiembre 2021 06:21

El columpio latinoamericano

El columpio latinoamericano

 

 El geopolítico brasileño José Luis Fiori analiza, en un reciente artículo, los virajes casi permanentes que se instalaron en su país desde la década de 1980, aguzados desde la destitución de Dilma Rousseff en 2015 (https://bit.ly/2YSrwrt). Asegura que Brasil ingresó en una “década perdida” de estancamiento económico pero, sobre todo, de políticas que no tienen norte y naufragan en las contradicciones.

Cuando un país borra en un período lo hecho en el anterior, para volver luego a producir nuevos e intempestivos virajes, entra en una situación de “columpio”, de vaivén que lo lleva de políticas desarrollistas a neoliberales, por ejemplo, que no terminan de fraguar una orientación definida. El desarrollismo entró en crisis en la década de 1980, en todo el continente, para dos décadas después retornar de la mano de gobiernos progresistas a una senda similar al desarrollismo, pero ahora sin industria nacional sino a caballo del extractivismo minero y los monocultivos.

Después de esta camada de gobiernos, entre 2000 y 2015, se retornó a una suerte de liberalización radical, de la mano de gobiernos como los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Sin embargo, la principal característica del período posprogresista es la inestabilidad, la ingobernabilidad y los tumbos o vaivenes que caracterizan el columpiarse como menciona Fiori.

Según Fiori, Argentina es el caso más longevo y paradigmático de este columpio regional: “Después de 1940, Argentina entró en un proceso entrópico de división social y crisis política crónica, ya que no logró unirse en torno a una nueva estrategia de desarrollo, adecuada al contexto geopolítico y económico creado por el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

El triunfo de la derecha neoliberal en las elecciones primarias del domingo 12 anticipa una holgada victoria en las legislativas de noviembre, que se plasmará en una suculenta derrota del gobierno. En suma, todo indica que si lo hecho durante una década kirchnerista/progresista (2003-2015) fue deshecho en cuatro años de gobierno de la derecha macrista (2015-2019), ahora volverá a suceder lo mismo pero con intervalos mucho menores.

Brasil entró en ese proceso recién hacia el fin de la dictadura militar, en la década de 1980. En el mencionado artículo, Fiori define este columpiarse como “hacer y deshacer lo mismo docenas de veces, prácticamente sin moverse, o peor aún, moviéndose cada vez más fuera de lugar”. Esta es una de las claves del deterioro de nuestra región, aunque todavía resta ingresar en las causas profundas.

Esa mezcla de estancamiento y retrocesos conduce inevitablemente a la descomposición social y al caos político. Sin embargo, las razones deben encontrarse en un doble empoderamiento: de las clases populares y de la burguesía y las clases medias en las que se sostiene. Ambos sectores han ganado en fortaleza, una vez que el proyecto integrador del desarrollismo por sustitución de importaciones fue quebrado, precisamente, por ese doble tironeo en sentidos contrarios.

La insurrección del 17 de octubre de 1945 en Argentina y la enorme movilización contra la dictadura (por elecciones “Directas Ya”, en 1984) enterraron cualquier proyecto integrador, además, evidentemente, de los virajes imperiales cada vez más agudos y desconcertantes.

Si esta descripción fuera correcta, debemos concluir que estamos en un proceso de declive estratégico inexorable de la región sudamericana y, probablemente, de toda América Latina. O por lo menos de sus principales países.

Además de Argentina y Brasil, Ecuador y Chile ingresaron ya en ese proceso de desorientación. Ecuador por el fallido gobierno de Rafael Correa, incapaz de elegir un sucesor y ahora con un viraje neoliberal radical; Chile porque el levantamiento de octubre de 2019 desbarató el proyecto de la derecha pospinochetista, sin que haya proyectos alternativos viables.

Es posible que Colombia siga pasos similares, en tanto México (creo que el caso más complejo de todos) comenzó a columpiarse luego del ciclo del PRI entre la derecha radical y un progresismo extractivista que no consigue estabilizarse ni presenta nada realmente diferente.

Si tuviera que reducir las razones de esta descomposición social y política en una sola causa (siempre problemático, claro), diría que el modelo extractivo es la causa principal, aunque no excluyente. La cuarta guerra mundial contra los pueblos no puede enfrentarse con los modos tradicionales, ni los electorales ni los que conocen los movimientos sociales.

 

 

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Castillo le toma juramento a Francke, quien asume como ministro de Economía. Imagen: EFE

La sorpresiva designación de Bellido y las renuncias de Francke y Torres, cuando ya todo estaba listo para la jura del gabinete, había gatillado el conflicto. 

 

El presidente Pedro Castillo completó su gabinete ministerial, que había quedado incompleto por diferencias internas. Después de un día de tensiones y especulaciones, en la noche del viernes el economista Pedro Francke, figura clave en el equipo de Castillo, volvió al gabinete para ocupar la cartera de Economía y Finanzas. Lo mismo hizo el jurista Aníbal Torres, que había dejado vacante el portafolio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos se habían bajado en el último minuto del gabinete ministerial que fue juramentado cerca de la medianoche del jueves. Lo hicieron por discrepar con la designación del congresista del oficialista partido Perú Libre, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros.

Bellido es cuestionado por pasadas declaraciones homofóbicas y machistas, recordadas ahora y criticadas duramente por sectores progresistas aliados a Castillo. Desde la derecha, con un masivo apoyo mediático, lo pretenden descalificar adjudicándole supuestas simpatías con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace más de dos décadas, por haberse referido a los senderistas como “peruanos equivocados que también tienen derechos”.

Compromiso

El jefe del gabinete ministerial emitió un comunicado en un intento de bajarle el tono a las críticas que se le hacen. Señaló que ratificaba su “más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos” y su rechazo “categórico” a “toda forma de violencia y de terrorismo”. De origen andino, indicó haber vivido “en carne propia” la discriminación y expresó que trabajará por la igualdad de derechos. “Juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que están profundamente arraigados en el país”, escribió, rectificando pasadas afirmaciones.

Retorno

La sorpresiva designación de Bellido y las renuncias de Francke y Torres, cuando ya todo estaba listo para la jura del gabinete, gatilló la primera crisis del gobierno recién estrenado. Castillo habló con ellos y los convenció de volver. Asumieron sus cargos la noche del viernes, quedando así completo el primer gabinete del histórico gobierno de izquierda encabezado por un campesino y maestro rural que ha logrado una importante conexión con los sectores populares, de los que él mismo proviene.

Pedro Francke, de 60 años, es un respetado economista con larga militancia en la izquierda. Fue jefe del plan económico de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, de la coalición progresista Juntos por el Perú. Para la segunda vuelta, las izquierdas se unieron para respaldar a Castillo y Francke pasó a convertirse en su principal asesor en temas económicos. Fue pieza clave en elaborar el llamado “Plan Bicentenario” presentado por Castillo para la segunda vuelta y base de lo que será su política económica.

El “Plan Bicentenario” se distancia de las propuestas más radicales del gobernante Perú Libre, que se define marxista-leninista, como la estatización de la economía, que Francke ha descartado. También lo ha hecho Castillo. La propuesta de Francke incluye un aumento de la inversión pública, incrementar impuestos a las transnacionales mineras, facilitar créditos para los campesinos y micro y pequeños empresarios, entre otros puntos. Según ha trascendido, Francke habría exigido para volver al gabinete que se respalde su plan económico. Castillo le dio esa seguridad. Eso quedó evidenciado en un mensaje que el jefe del gabinete mandó por sus redes sociales antes que se confirme el retorno del economista: “Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el Plan Bicentenario”.

El ministro de Economía juró “por un avance sostenido hacia el buen vivir, por la igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional”. Un claro mensaje al jefe del gabinete y sus pasadas expresiones discriminatorias contra las mujeres y las minorías sexuales. En un mensaje posterior enviado por twitter, Francke destacó "la necesidad urgente de recuperar el empleo respetando la propiedad privada, asegurando buen funcionamiento de mercados, promoviendo inversión privada y la pública”. Señaló que su gestión estará cercana “a los más vulnerables, impulsando de manera responsable el cambio que los peruanos esperan”.

Internas

El ministro de Justicia Aníbal Torres, de 78 años y nacido en la andina región de Cajamarca como Castillo, que volvió al gabinete junto con Francke, encabezó el equipo legal del presidente que se enfrentó en los tribunales electorales a las demandas del fujimorismo que pretendía anular votos de Castillo para robarle el triunfo. Todas esas demandas fueron ganadas por el equipo jurídico que dirigió Torres. El jurista había criticado a Vladimir Cerrón,  secretario general del partido de gobierno, Perú Libre, por una sentencia por corrupción que tiene, lo cual disgustó a la dirigencia partidaria, pero Castillo insistió con su designación. En el pulseo entre Castillo y Cerrón, con este último presionando para buscar ganar espacios de poder en el gobierno, la designación de Bellido es un punto para el segundo, pero el regreso de Francke y Torres fortalece a Castillo.

Aciertos y errores

“Hubiese sido grave que Pedro Francke no asuma como ministro, eso habría generado problemas económicos. El nombramiento de Bellido ha sido un error porque ha configurado un escenario de confrontación. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso y está obligado a negociar y concertar para gobernar. Es un gabinete atravesado por las contradicciones internas”, le señaló a Página/12 el historiador y analista político Nelson Manrique.

En opinión del sociólogo Alberto Adrianzén, "el regreso de Francke al gobierno es positivo, satisface a sectores de izquierda aliados a Castillo y también al centro, pero tiene poco significado para la derecha, que ha optado por la confrontación y la polarización, y que está en el camino de buscar tumbarse al gobierno. El comportamiento de la derecha y los medios en estos días es impresionantemente golpista. Creo que en los próximos meses la derecha apostará a destituir a Castillo desde el Congreso o a un golpe”.

Adrianzén dice que Bellido “quizá no es la mejor opción” para encabezar el gabinete, pero está convencido que “la derecha siempre va a encontrar algo para confrontar”. “La derecha que perdió las elecciones -precisa- quiere imponerle su política a Castillo y habría atacado igual con cualquier otro jefe de gabinete que no esté alineado con sus políticas. Que por unas opiniones se acuse a Bellido de apología al terrorismo como se está haciendo es puro macartismo”.

La oposición de derecha tiene los votos en el Congreso para negarle la confianza al gabinete Bellido que tanto critica, con lo que éste tendría que dimitir, pero hacerlo los pondría a un paso que el presidente Castillo pueda disolver el Parlamento y llamar nuevas elecciones legislativas, a lo que está habilitado si se censuran dos gabinetes. Eso los frenaría.

“El mayor peligro es que en el Congreso no dejen gobernar para crear las condiciones para sumar los votos necesarios para declarar la incapacidad moral del presidente y destituirlo”, advierte Manrique. La derecha tiene ahora 79 votos de los 87 que necesita para sacar al presidente. 

Por Carlos Noriega

31/07/2021


¿Cuáles son las propuestas de Pedro Francke, el nuevo ministro de Economía de Perú?

La designación del economista es la principal carta del flamante mandatario peruano para generar tranquilidad en los mercados.

31/07/2021

Las imágenes que transmitían los medios peruanos en la noche del jueves eran elocuentes: el economista Pedro Francke se retiraba por la puerta de atrás del Gran Teatro Nacional, caminando solo, sin hacer declaraciones, mientras que puertas adentro el presidente de Perú, Pedro Castillo, designaba a 16 de los 18 integrantes de su equipo, incluyendo al primer ministro Guido Bellido, un nombamiento que luego le costaría al gobierno múltiples críticas, por derecha y por izquierda.

Las fotos de Francke cabizbajo contrastan con otras imágenes que también tuvieron amplia difusión, en las que aparecía triunfante, festejando desde un balcón el triunfo electoral y con los brazo en alto, al lado de Castillo.

Desde aquel momento, apenas unas horas después de que se conocieran las proyecciones de voto favorables al candidato de izquierda, la opción de Francke como eventual ministro de Economía se consolidó como la versión más consensuada dentro de la danza de nombres para el gabinete, una certeza solo equiparable al nombramiento de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud.

Este viernes casi a la medianoche, y tras un cónclave de dos horas que tuvieron más temprano, Castillo logró finalmente nombrar a Francke como ministro de Economía y Finanzas. “Por un avance sostenido y el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional, sí juro”, dijo Francke al momento de la juramentación, en lo que podría interpretarse como un mensaje a Bellido y a los sectores alineados con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Lejos de las posiciones más conservadoras de la izquierda tradicional peruana, Francke ha cultivado un perfil técnico y moderado, tanto al frente de cargos públicos como en su rol de asesor de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, principal socia “limeña y urbana” de Castillo.

En los momentos más duros de la campaña electoral, Francke tuvo que reafirmarse en ese papel. "No tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela, no haremos expropiaciones y no haremos estatizaciones”, repetía Francke en cada entrevista, mientras Keiko Fujimori insistía con sus planes de “frenar la llegada del comunismo” al país.

La carrera y el programa económico

En el acto de juramentación lo llamaron por su nombre completo: Pedro Andrés Toribio Topiltzin Francke Ballvé. El profesor y magister, de 60 años, se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una amplia experiencia en la administración pública.

Fue director de Foncodes, un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y gerente del Seguro Social de Salud del Perú (conocido por el acrónimo Essalud) en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). También se desempeñó como asesor parlamentario en temas de educación y salud, y fue economista senior de desarrollo humano del Banco Mundial.

Como asesor técnico de la candidatura de Mendoza (Juntos por el Perú), Francke mostró sus cartas en materia de política económica. El programa de esa fuerza política tenía como meta recuperar tres millones de puestos de trabajo en 2022 y una fuerte apuesta a reactivar la economía desde el gasto público.

Se apuntaba al financiamiento de programas de empleo temporal, entrega de bonos a sectores vulnerables y compras públicas de productos agrícolas. Un programa del Ministerio de Economía llamado “Reactiva Perú” sería la herramienta para activar estos planes.

En una entrevista publicada el 21 de marzo por Ojo Público, Francke aseguraba que el Estado peruano está en condiciones de afrontar estas inversiones con los fondos disponibles en el Tesoro Público. Estos gastos públicos, según el economista, generarían condiciones macroeconómicas y de infraestructura que permitirían luego dinamizar la inversión privada.

“Es innegable que el sector privado genera más inversión que el público, pero en esta crisis, las empresas tampoco están en su mejor momento. No nos oponemos a que ingresen a dinamizar la economía, pero es un trabajo en que el Estado no puede estar de costado”, declaró el economista al medio peruano.

Luego de esa etapa para superar los impactos de la pandemia, el programa de Juntos por el Perú establecía metas más ambiciosas, como una reforma tributaria, un impuesto a las grandes fortunas (superiores a los 100 millones de dólares) y un aumento de la carga tributaria sobre las grandes propiedades.

En entrevistas más recientes, Francke propuso avanzar hacia una “economía popular con mercado”, según informó Radio Programas de Perú. “Queremos que progrese y se desarrollen la agricultura, las pequeñas empresas, las microempresas y los emprendedores que es donde vive y trabaja la enorme mayoría de peruanos”, declaró en julio, cuando su nombre ya se consolidaba como alternativa para el Ministerio de Economía.

“Nosotros vamos a respetar escrupulosamente los ahorros familiares, la propiedad privada, el funcionamiento de los mercados y mantendremos una inflación controlada, lo demás es pura mentira”, dijo el economista, en respuesta a los ataques que recibía del fujimorismo.

En cuanto al espacio tributario para aumentar la carga tributaria a empresas mineras, un tema sensible para la economía peruana, Francke se ha mostrado cauteloso pero resuelto a avanzar: “Hay un espacio económico que permite obtener más recursos al Estado, manteniendo respetando el hecho que las empresas requieren tener una ganancia razonable. El Perú necesita esos recursos para mejorar su educación y su salud, especialmente ahora. Es potestad del Estado cambiar las reglas tributaria”.

Las críticas de Cerrón y sus allegados

El gradualismo de Francke es una garantía para los mercados, pero también despierta críticas por izquierda, tal como se vio incluso antes de su nombramiento oficial.

Aunque no habló públicamente sobre el tema, los principales medios peruanos especulan que Francke no asumió el jueves debido a la molestia que le habría generado la designación de Guido Bellido como primer ministro. Bellido es un hombre cercano al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y antes de su designación había hecho comentarios críticos hacia Francke.

“Se está evaluando (para Economía) a otros profesionales que tienen todo el derecho como Pedro Francke. A mí no me molesta de manera personal, pero sí veo a dónde se orienta (económicamente) y no es en función al programa y postulados del partido”, había dicho Bellido.

El ahora “premier” también se había manifestado contra la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reservas (BCR), tal como pretenden Castillo y Francke. “¡Acaso no hay otro profesional patriótico que pueda asumir la dirección del BCR? ¿Por qué se quiere mantener a Julio Velarde? ¿Cuál es el truco? El pueblo votó por un cambio real y profundo”, posteó Bellido en su cuenta de Facebook.

Cerrón, por su parte, le salió al cruce a Francke, también desde sus redes sociales. “Francke repite con frecuencia que se necesitan funcionarios de “alto nivel”. Eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos”, tuiteó Cerrón el domingo 25.

La continuidad de Velarde en el Banco Central

En Perú el nombre de Julio Velarde es sinónimo de “tranquilidad en los mercados”. El presidente del BCR lleva 15 años en ese cargo técnico y a mediados de junio manifestó su intención de retirarse de la función pública. Sin embargo, Castillo le pidió el sábado 26 de junio que siga en el cargo.

"Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCR. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución", escribió Castillo en su cuenta de Twitter.

Francke reconoció que esa propuesta de Castillo buscó ser una señal para “reforzar la idea de continuar con la estabilidad monetaria” y mantener los niveles de inflación bajos “tal como lo viene trabajando el BCR”. Estas señales gradualistas generaron “calma en los mercados” y una reacción “positiva” en el tipo de cambio, según un relevamiento que publicó unas horas después el diario peruano La República. Francke también le pidió a Socorro Heysen, titular de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que siga en el cargo, para “cuidar el sistema financiero” del país.

Más allá de tensiones políticos y señales al mercado, Francke deberá enfrentar una situación compleja. La pandemia provocó la peor caída del PBI en los últimos 30 años y se estima que 30% de la población -unas tres millones de personas- perciben ingresos menores a los 100 dólares mensuales, según publicó The Economist.

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El primer discurso de Castillo como presidente de Perú: "Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino"

El jefe de Estado no ocupará el Palacio de Gobierno de Lima, cederá el edificio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea un museo de historia. "Tenemos que romper con los símbolos coloniales", dijo en su primer mensaje a la Nación.

 

Pedro Castillo asumió este miércoles la presidencia de Perú ataviado con un terno azul oscuro bordado con motivos indígenas y su tradicional sobrero chotano de paja y ala ancha. Recibió los símbolos del poder del Estado de manos de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, e inauguró su discurso de investidura con un anuncio inesperado: no gobernará desde el Palacio de Gobierno de Lima. En su lugar, cederá el edificio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea un museo sobre la historia nacional.​

"Yo no gobernaré desde la 'Casa de Pizarro'", dijo Castillo en referencia a la sede de la Presidencia de Perú, un palacio erigido en 1938 en el mismo lugar donde el conquistador Francisco Pizarro fijó su residencia al fundar Lima como la capital del virreinato del Perú. "Creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años", añadió.

Castillo, el primer presidente de la historia de Perú de origen campesino, aseguró que se necesita un ministerio que reconozca las diversas culturas y ejecute políticas donde los propios pueblos originarios participen en su elaboración. "Los peruanos y peruanas de sectores populares han sido invisibilizados en la formulación de las políticas públicas, como hace 200 años. Es necesario también interculturalizar al Estado y establecer que, cuando se tomen decisiones relevantes, se consideren las voces de las comunidades originarias y del pueblo afroperuano", insistió Castillo.

Asimismo, el nuevo jefe de Estado de Perú anunció un plan para "transformar lingüísticamente el Estado peruano, con el objetivo de que todas las instituciones públicas donde predominan lenguas originarias se comuniquen oficialmente en dichas lenguas". En Perú están reconocidos 48 idiomas distintos, y entre los originarios más hablados están el quechua y el aimara en la zona andina, mientras que en la Amazonía las lenguas con más hablantes son el asháninka, el awajún y el shipibo-konibo.

Un país sin corrupción

Pedro Castillo comenzaba su primer mensaje a la Nación con la mano sobre la Biblia. "Juro por dios, por mi familia, por mis hermanos y hermanas, campesinos, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución", dijo con solemnidad.

Esta será una de las claves de su mandato y reiteró en mensaje en diversas ocasiones. "Debemos contar una legislación que desaliente la criminalidad de todo tipo; no como la actual, que la alienta. La corrupción desfalca más de 20 mil millones de soles al año. Tendremos que potenciar la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de la Nación y al sistema judicial anticorrupción", resaltó al referirse a las tramas que incluso se han vinculado con varios jefes del Ejecutivo.

Expansión de las rondas campesinas

Pedro Castillo, de 51 años, fue rondero durante su juventud (miembro de una organización comunal rural de defensa) y ha pedido el fortalecimiento de estos grupos que funcionan en las regiones de Perú desde los años 70 y se dedican a administrar justicia en sus jurisdicciones. "Debemos expandir el sistema de las rondas en Perú, que no es otra cosa que la población organizada. Nos comprometemos a formarlas donde no existen y a incluirlas al sistema de seguridad ciudadana", apuntó Castillo.

Gran parte de su mensaje fue una oda al "gobierno del pueblo para el pueblo". "Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente, y que un maestro rural es elegido para ser presidente de la república", destacó al asumir la presidencia peruana.

Crisis sanitaria

Castillo asume la presidencia en un momento crítico para el Perú, asolado por la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de covid y en medio de una enorme polarización e inestabilidad política.

"Los sistemas públicos y privados de pensiones están en crisis. La protección social en el Perú debe pasar por las políticas de aseguramiento. Ningún peruano debe hacer boletas, denigrarse en programas de espectáculos para tener una pensión digna. La salud y las pensiones serán universales. Propondremos una comisión ejecutiva para la creación de un nuevo sistema de protección social. Impulsaremos un solo sistema de salud unificado", remarcó Castillo e hizo su compromiso aún más específico: "Impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria integral, para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica. Al término de mi mandato, entregaré hospitales especializados por región: materno infantil, neoplásico, clínico-quirúrguco, de medicina tropical y salud bucal".

En esta primera intervención al mando de la presidencia, dejó sobre la mesa su receta frente a la pandemia. "Ante una tercera ola de contagios, tenemos al 16%  la población vacunada con dos dosis y un primer nivel de atención muy débil. Nuestra finalidad es llegar a fin de año con el 70% de la población vacunada. Convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia", aseguraba el presidente peruano y mencionaba la medida de ampliar el horario de los establecimientos de vacunación.

"Rentabilidad social"

Durante la campaña presidencial, uno de los temores de los críticos de Castillo era que no respetaría los ahorros ni la propiedad privada. El jefe de Estado ha querido despejar dudas desde el principio y declaró que es posible realizar los cambios que espera la población "con responsabilidad, respetando la propiedad privada y poniendo adelante los intereses de la nación". "Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como el gas doméstico y las medicinas", indicó.

En ese sentido, Castillo anunció que implementará el criterio de rentabilidad social en la actividad minera y otras industrias, que significa que todo proyecto debe contribuir con dinamizar la economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente.

Una nueva Constitución

La carta magna vigente en Perú fue promulgada en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, meses después de que este mandatario disolviera el Congreso en el episodio conocido como el "autogolpe". Una de las principales propuestas de Pedro Castillo durante su campaña presidencial fue cambiar esa Constitución y la ha vuelto a reiterar en su toma de posesión. "Estamos dispuestos a recuperar la soberanía. Muchos de nuestros recursos están en manos extranjeras. Esa es una de las razones que nos motivan a buscar una nueva constitución política que, entre otras cosas, permita garantizar los ingresos del Estado", proclamó.

"Una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora un bandera de la mayoría del pueblo es la convocatoria de una Asamblea Constituyente", dijo Castillo durante su primer mensaje a la nación. Pero la actual Constitución peruana no prevé un mecanismo para convocar dicha asamblea, por lo que primero habría que reformarla y aprobar esa reforma mediante un referendo.

Innovación Tecnológica

Castillo anunció igualmente la creación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para potenciar la generación de conocimiento necesario para la independencia tecnológica en el país, especialmente en el campo de la salud pública y las exportaciones.

De otro lado, el mandatario anunció que la empresa estatal Petro Perú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados.

"Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano (...), no estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso", concluyó.

28/07/2021 21:25 Actualizado: 28/07/2021 22:38

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Pedro Castillo, el humilde maestro rural que asume la Presidencia de Perú en el bicentenario de la independencia

Desde su independencia de la Corona española, de la que hoy se conmemoran 200 años, Perú no había sido gobernado por un hombre con una trayectoria tan humilde. Nacido en un pequeño poblado andino, educado en escuelas rurales y formado como maestro entre montañas antes de llegar al sindicalismo y la política, Pedro Castillo ha tomado las riendas del país sudamericano.

"Querido papito: te extraño mucho. Y todas las noches le ruego a diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre". La pequeña Alondra, hija menor del presidente electo del Perú, le dedica estas palabras a su padre, apenas unos días después de que dejara su humilde vivienda en el poblado de Puña, Cajamarca, para recorrer el país y hacer campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio. Aquellas inocentes palabras –registradas en el documental El profesor, de Álvaro Lasso- dibujan los sueños que han puesto millones de peruanos en el voto por este maestro de 51 años. Castillo nació en 1969, justo cuando el general Juan Velasco Alvarado, que había tomado el poder en un golpe de Estado, llevaba a cabo una reforma agraria que buscó acabar con el modelo feudal de control de la tierra heredado de la Colonia española.

El profesor es el documento audiovisual que más buscó acercarse y hacerle justicia al origen humilde y campesino de Castillo, y para ello recogió la voz de su esposa Lilia Paredes, sus padres, hijos y familia, además de compañeros de escuela, amigos y vecinos de Puña, localidad de apenas 400 habitantes y que apoyó la campaña presidencial de su hijo más célebre, frente al embate de los medios de comunicación y las élites limeñas, que lo vieron siempre como a un sospechoso extraño.

Castillo, tercero de nueve hermanos, con padres agricultores y analfabetos que respaldaron siempre el entusiasmo de su hijo por mejorar su educación, apareció por primera vez en los medios como líder de una huelga de maestros que se extendió entre junio y septiembre del 2017. Imperturbable y al grito de "¡La huelga no se vende, la huelga se defiende!", Castillo dirigió uno de sus primeros mítines en Lima, en agosto de ese año, frente a miles de maestros, en la emblemática Plaza de San Martín, demostrando las cualidades oratorias que ha hecho evidentes en esta campaña, a pesar de evitar entrevistas o cancelar con algunos periodistas conversaciones ya pactadas. "Hay que demostrarle al gobierno que éste es el momento para dignificar al maestro", aseguró aquel día, ante el aplauso de sus colegas.

Según el diario El Comercio (decano de la prensa sudamericana), más del 50% de docentes no acudieron a clases en algunas provincias de 18 regiones. En la huelga se exigían mejoras salariales, aumentar el presupuesto en educación y mejorar la enseñanza en zonas alejadas, como la suya; fue un intento de reducir las marcadas desigualdades entre la educación urbana y la rural. En medio de duras negociaciones, una parte de los peruanos empezó a verlo con resquemor.

Y no solo por exigir la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, la paralización de las clases que perjudicaba a más de un millón y medio de estudiantes –según declaró la entonces ministra de Educación, Marilú Martens-, o por la supuesta vinculación de algunos dirigentes de la marcha con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) –grupo que pide la excarcelación del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán-, sino porque Castillo y otros representantes de los sindicatos de maestros fueron recibidos en el Congreso por Héctor Becerril, uno de los más oscuros representantes del fujimorismo. La intención, al parecer, era solo perjudicar al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero tras ser destituido Kuczynski por el Congreso, los fujimoristas (con mayoría en el legislativo) no volvieron a prestar atención a las demandas de los maestros. No repararon, entonces, en que el monstruo que ellos avalaron les devoraría poco más de 40 meses después.

"A mí, de repente, por el lugar de mi procedencia, por el lugar de dónde vengo, me quieren mirar por encima del hombro. Que me miren así, que me ignoren, pero primero está mi país. Yo estoy aquí por el Perú", aseguró Castillo en Pregúntale al profe, otro trabajo audiovisual de Álvaro Lasso, en el que el originario de Puña, Tacabamba, responde a las preguntas sobre salud en pandemia, educación, trabajo o recursos naturales a los vecinos de una sencilla quinta de Comas, uno de los distritos más populosos de la capital peruana.

Una carrera como una lección

"Hay mucha gente que odia inexplicablemente a Castillo. Piensan que es Abimael Guzmán renacido", nos dice Álvaro Lasso, fundador de la editorial y librería Estruendomudo, quien viajó a Puña para conocer de cerca al entorno más cercano de Castillo. Sus palabras hacen referencia a la campaña de "terruqueo" emprendida por la ultraderecha que usa esa expresión para calificar de "terrorista" a cualquiera que aparente ser enemigo del establishment. Le pasó a Alejandro Toledo el año 2000, cuando la dictadura de Alberto Fujimori lo culpó del incendio y derrumbe del Banco de la Nación –que, más tarde se supo, fue responsabilidad del fujimorismo- y a Ollanta Humala, a quien finalmente la derecha domesticó, haciéndolo dejar de lado muchas de las promesas que lo llevaron a la presidencia en 2011, año en el que se produjo la primera derrota en una elección presidencial de Keiko Fujimori.

"Castillo siempre ha sido una persona luchadora –continúa Lasso-. Siempre se ha esforzado muchísimo por querer educarse. De niño, para ir al colegio, caminaba dos horas de ida y dos de vuelta. Cuando iba al instituto pedagógicoen Cutervo –pequeña ciudad ubicada en otra provincia cajamarquina-, donde estudió magisterio, caminaba ocho horas desde su pueblo hasta allí. Conocí a un amigo suyo, Julio Díaz, que caminaba con él. Su mamá les frotaba los pies con unas plantitas, como remedio natural para atenuar el dolor de los callos". En su ruta, Castillo conoció la realidad de otros caseríos como el suyo. Pequeños pueblos de montaña donde la belleza es tan impresionante como la pobreza. Zonas ganaderas y agrícolas ubicadas entre mesetas, quebradas y cerros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el departamento de Cajamarca se encuentran 16 de los 20 distritos más pobres de Perú. Muchos de estos lugares sufrieron el terrorismo en los años 80 y 90 del siglo pasado y, en medio de la ausencia del Estado, tuvieron que crear rondas campesinas para enfrentar la violencia. Castillo formó parte de ellas.

Según Lasso, uno de los pocos comunicadores que ha tenido la oportunidad de acercarse al círculo más cercano de Castillo –hermético para gran parte del periodismo limeño-, cuando era niño, el flamante presidente del Perú viajó con su padre a la selva para trabajar como agricultor y tener ingresos para comprarse el uniforme, los cuadernos o sus libros. "En su vida siempre hubo una relación entre esfuerzo y educación. Él no la ha recibido como quienes vivimos en las ciudades. Para nosotros, el uniforme escolar o el colegio aparecen nomás, pero a él le costó mucho sudor educarse".

Ya a mediados de los 90, en plena dictadura fujimorista, y a pesar de que había concluido su carrera de maestro en el pedagógico de Cutervo, la falta de trabajo lo llevó a Lima, donde no lo pasó mejor. Su primera experiencia laboral fue limpiando baños en un pequeño hostal del centro de la capital. Pedro Castillo caminaba extraviado por las calles y no entendía por qué no había oportunidades en una ciudad tan grande. A pesar de la dureza del trabajo, su empleador siempre lo trató con respeto y cariño. Curiosamente, era estudiante de Filosofía en la Universidad Católica, por lo que mantenía largas conversaciones con él sobre diversos temas, incluida la política. Aún hoy mantienen contacto y respeto. Luego, Castillo siguió trabajando de lo que pudo. Canillita, albañil o heladero, lo que le permitiera subsistir.

Para entender mejor el periplo que hizo Castillo entonces -y que repitió ahora para llegar al Palacio de Gobierno-, la distancia por tierra entre Lima y Chota (Cajamarca) es de más de 16 horas. De Chota a Tacabamba se necesitan tres horas más y de allí a Chugur –donde estudio secundaria- se suman dos horas de camino. De Chugur a Puña son 30 minutos adicionales y de allí a San Luis de Puña, el caserío en el que pasó su infancia, son 10 minutos. Sin apreciar el recorrido o el esfuerzo, su rival en estas elecciones, Keiko Fujimori, abrió su participación en el primer debate que tuvo lugar en Chota -a petición del propio Castillo- con la desafortunada frase: "He tenido que venir hasta aquí". Algunos debieron intuir que, desde aquel momento, perdió cualquier posibilidad de ganar en esa y otras zonas remotas del país.

El 'outsider' que nadie esperaba

"No más pobres en un país rico" ha sido su lema de campaña, coronado con la frase "palabra de maestro". Su experiencia como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), que lo hizo notorio por primera vez en la capital, no es, sin embargo, su primera experiencia política. Tras los difíciles años noventa, en 2002 postuló a la alcaldía del distrito de Anguía –en la provincia de Chota- por Perú Posible, la hoy extinta agrupación del entonces presidente Alejandro Toledo, un hombre con el que comparte origen humilde y trabajo desde niño, pero que nunca izó como bandera propia las necesidades de los más humildes, a diferencia de Castillo. Su paso por Harvard y su militancia en la derecha neoliberal, marcan distancia en sus rumbos.

Castillo planeaba formar un partido político integrado por profesores, pero la llegada de la pandemia frenó sus aspiraciones. Apareció entonces la posibilidad de sumarse a Perú Libre, partido fundado por el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Él es, precisamente, el talón de Aquiles de Castillo. Apartado de la elección por sus acusaciones de corrupción –que incluyen una sentencia por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, que le costó una sentencia de 4 años de prisión suspendida- y un marxista-leninista confeso, Cerrón diseñó el ideario original de su partido, en el que se aspiraba a una nueva Constitución, mayor presencia del Estado, renegociación de contratos con las empresas y nacionalización de sectores estratégicos, lo que causó alarma en una parte importante de la población y sirvió como argumento de ataque del fujimorismo y la ultraderecha. Castillo, sin embargo, preparó nuevos lineamientos, conocidos como el Plan Bicentenario, eso sí, haciendo también suya la propuesta de una nueva Constitución, para la cual se propone convocar un referéndum y posteriormente una Asamblea Constituyente. Cabe recordar que la vigente carta magna data de 1993, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La presencia de Cerrón, un político tan frontal como ególatra, es diariamente utilizada para atacar a Castillo. A pesar de que este aseguró que "El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado", sus constantes exabruptos vía Twitter, su presencia en reuniones cruciales o su reciente recibimiento al ex presidente boliviano Evo Morales, causan zozobra alrededor de Perú Libre. No son pocas, además, las voces que temen que un gobierno de izquierda convierta a Perú en una suerte de émulo de Cuba o Venezuela, cosa que Castillo ha negado en reiteradas oportunidades. Aunque es progresista en varios frentes, socialmente es un conservador que se opone a la legalización del aborto, la eutanasia, el enfoque de género en el currículum escolar y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, posiblemente, a causa de su fe cristiana.

En una victoria épica, contra viento y marea, Pedro Castillo dejó al fujimorismo fuera del gobierno. Este miércoles fue investido como presidente en el Congreso de la República, fiel a la costumbre chotana, con su típico atuendo andino. Independientemente de cómo vaya a ser su gestión, postales como esta marcan la historia y se instalan en el imaginario colectivo de una nación. Este jueves realizará otro acto simbólico sin precedentes: juramentará el cargo de presidente constitucional del Bicentenario en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, el lugar donde una heroica batalla sirvió para revalidar la independencia peruana, el 9 de diciembre de 1824. Lo hará, además, ante la presencia del rey Felipe VI de España y otros mandatarios.

No tan lejos queda ese diciembre de 2020, cuando el periodista Marco Sifuentes, uno de los pocos que ha logrado una extensa entrevista con él, le dijo, ante sus aspiraciones a llegar a una segunda vuelta: "Pero usted tiene 0,001% de apoyo en las encuestas, ¿Cómo va a hacer?"

Lo hizo contra todo pronóstico 200 años después de la independencia, en un Perú que sigue siendo una caja de sorpresas.

28/07/2021 18:57 Actualizado: 28/07/2021 22:27

Ricardo Hinojosa Lizárraga

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Colombia: sin agua para apagar el incendio

El eco de las protestas en Colombia parece no haber terminado. Las jornadas de lucha de trabajadores, jóvenes y colectivos pauperizados han dado lugar a un nuevo escenario. ¿Qué pasa en la izquierda? ¿Tendrá realmente poder para enfrentar en las urnas al gobierno de Duque?

 

Frustraciones y sorpresas dibujan los últimos 25 años de la historia de Colombia. La esperanza esquiva se filtró entre las oscuridades de la violencia con la firma del acuerdo de paz en el 2016, pero la victoria del «No» en el plebiscito convocado para aprobar el cierre del conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), significó un portazo a la ilusión de construir un nuevo tiempo como país. En 2018, como viene ocurriendo cada cuatro años desde 2002, triunfó en la elección presidencial Álvaro Uribe a través de la candidatura de Iván Duque, el ungido esta vez, con ánimo de cobrar revancha por la paz firmada por el ex-presidente Juan Manuel Santos, considerada siempre como una traición.

Desde 2019, la protesta estudiantil marcó la pauta con su expresión en las calles. La respuesta del gobierno de Duque fue desplegar policías antimotines y soldados, tanques y vehículos blindados; y reprimir durante las noches en Bogotá y Cali, al suroccidente del país, donde se instauró el toque de queda. Fueron asesinados 17 jóvenes.

Los discursos de miedo y odio cedieron a fines de 2019 ante una iniciativa «tranquilizadora», denominada la Gran Conversación Nacional, que no tardó en transformarse en una nueva frustración por la dilación e incumplimiento de la palabra del gobierno. Las protestas se adormecieron durante todo 2020 por la pandemia de covid-19, que sumió al país urbano en una realidad social, económica y sanitaria no conocida, atendida de manera ineficiente por el gobierno de Duque y acentuada por su desconocimiento del país, su inexperiencia e inmadurez; todo lo contrario a lo exigido para administrar una crisis.

Los mayores efectos de la pandemia se vivieron en el suroccidente, en especial en Cali, tercera ciudad de Colombia. A esto deben sumarse el descontento y rechazo por los repetidos asesinatos de líderes sociales (86 en lo que va del año), el desplazamiento forzado de comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del extenso corredor Pacifico (44.290 personas en 2021 según la Defensoría del Pueblo) y el crecimiento de las áreas geográficas bajo control o con un incremento de la presencia de actores armados no estatales que debilitan la gobernabilidad y la confianza en la capacidad del Estado. 

En abril de 2021, una propuesta tributaria que incrementaba los impuestos desató un alzamiento nacional múltiple que fue creciendo sin que el gobierno pudiera detenerlo. Ni la brutal represión, ni el retiro de la reforma tributaria, ni la salida del ministro de Hacienda, ni los anuncios de inversiones para los jóvenes, ni el temor al coronavirus y sus efectos -que han significado más de 115.000 muertes- lograron frenar la protestas.

El gobierno retomó entonces la retórica del enemigo interno apoyado desde el exterior, en una narrativa que va desde Venezuela a Rusia, pasando por Cuba, y apela a discursos anticomunistas de la época de la Guerra Fría. Al tiempo que agitaba la bandera contra el pre-candidato presidencial Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico (una coalición de fuerzas de izquierda, líderes sociales y senadores de origen liberal y del antiguo Partido de la U que han saltado de una a otra formación política en los últimos 20 años). Tanto Uribe como sus alfiles oficiosos, como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, no dudan en señalar a Petro como responsable por la destrucción de bienes públicos y privados, llevar a los jóvenes a la muerte y alentar acciones contra la vida de funcionarios públicos, civiles y policiales, e incentivar bloqueos que significaron la ruina de empresarios y ciudadanía durante dos meses.

Las protestas paralizaron Colombia con jornadas masivas en las calles, reprimidas brutalmente, y confrontaciones que involucraron civiles armados, articulados a bandas de narcos que acompañaban a fuerzas de policía en los barrios para detener, y en algunos casos asesinar, a manifestantes. En ciudades como Cali florecieron el racismo, el clasismo, la represión armada institucional y para institucional durante los dos últimos meses.

Las cifras de asesinados van de 42 hasta 87, tanto en manifestaciones como en sitios de bloqueo, según datos oficiales y no oficiales aún en discusión. Si bien la crisis económica, el agotamiento individual y social derivados de la pandemia son insumos para una integral comprensión de lo ocurrido, el clamor por cambios estructurales en la sociedad y el rechazo ciudadano a una institucionalidad pública cada vez menos confiable, corrupta y violenta a los ojos de los jóvenes urbanos están al orden del día.

Esta confrontación social y política ameritó una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio, reclamada por organizaciones sociales, estudiantiles, autoridades locales y centrales obreras agrupadas en el Comité Nacional del Paro, entre otros. Las observaciones y recomendaciones de esta visita de trabajo, según la CIDH tienen por objetivo contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social. El gobierno ha rechazado el informe, incrementando las criticas nacionales e internacionales.

¿Cómo se reorganizan en este contexto las distintas fuerzas de la sociedad? ¿Qué esperar de un proceso electoral para elegir congreso y presidente el siguiente año?

El mundo empresarial aferrado a Duque reclama y respalda el uso de todas las herramientas, incluidas las Fuerzas Armadas, para recuperar el «orden institucional». Este bloque une al coro que ve en Petro la causa del desastre de los últimos meses y aunque hay matices entre sus voceros, cierra filas para frenar su elección como próximo presidente. La convicción empresarial es que Petro no debe ser elegido pues la llegada de la izquierda al poder significaría la destrucción de la economía. Los inversionistas rurales exportadores agrupados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros gremios empresariales, entre ellos bananeros, ganaderos, cultivadores de caña y frutales respaldan las tesis de Uribe. Pero además tienen en muchos casos sus propios operadores políticos, ligados a partidos de derecha y centroderecha que han sido punta de lanza para impedir la ratificación del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales conocido como Acuerdo de Escazú, uno de los compromisos incumplidos por el gobierno luego de las protestas en 2019.

El excepcional bipartidismo colombiano, representado por los partidos Conservador y Liberal (que sobrevivió hasta casi el fin del siglo XX), es hoy un apéndice del uribismo y las elites para impedir la irrupción de la izquierda en el poder nacional. Esto quedó ratificado en 2018, cuando ambos partidos respaldaron a Duque contra Petro en la segunda vuelta electoral.

Dentro de los sectores que confrontan al uribismo el más importante es el Partido Verde. Su mayor elector en 2018 fue el ex rector de la Universidad Nacional y alcalde de Bogotá en dos ocasiones, Antanas Mockus, quien perdió su curul en el Congreso por decisión de la Corte Suprema de Justicia en atención a una demanda por conflicto de intereses como representante legal de una ONG.

El Partido Verde es una coalición de intereses diversos y cambiantes que ha mezclado liderazgos jóvenes comprometidos con el cambio, exguerrilleros que firmaron acuerdos de paz en la década de los 90, sectores de centroderecha y liderazgos independientes afirmados en prácticas clientelistas. Este partido ha tenido su mayor éxito al elegir 18 congresistas y tomar las riendas de la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, en 2019, quien se ha convertido, junto a la senadora Angélica Lozano, en la figura y voz más relevante del partido. Ambas promueven la construcción de un bloque con sectores de clase media y grupos de opinión dispuestos a «reformas sin traumatismos», articuladas a la centroderecha representada por el expresidente  Santos, artífice de los acuerdos de paz con la guerrilla. Con Petro mantienen un agrio enfrentamiento con descalificaciones mutuas luego de haber tenido relaciones de cooperación política.

Por su parte, el Polo Democrático es hoy una formación venida a menos en la que confluyen izquierdas de las décadas de 1960 y 1970, que se ha escindido para dirimir los conflictos internos. Es un partido con individualidades valiosas como Iván Cepeda y Alexander López pero sigue siendo un sector minoritario. Hoy forma parte del Pacto Histórico, que además de Colombia Humana de Petro incluye a movimientos sociales e indígenas, y también algunos sectores de la vieja política, que buscan poner en pie una candidatura unitaria para 2022 y se reclaman como la alternativa al uribismo y al continuismo de las viejas elites en el poder. Cuentan en su favor el liderazgo sólido de Petro y el antecedente de los 8 millones de votos que obtuvo en el 2018.

Álvaro Uribe y su partido están debilitados en la opinión pública por los escándalos judiciales, el apresamiento del propio Uribe y la ineptitud de Duque y su equipo de gobierno. Como Centro Democrático no parecen estar en condiciones de agrupar bajo un liderazgo propio a los sectores partidistas que apoyaron a Duque para ganar las elecciones en 2018.

El Centro Democrático de hoy, a pesar de no contar en la opinión pública ni con la mitad de la favorabilidad que tuvo cuando llevó a Duque a la presidencia en 2018, no está sin embargo políticamente muerto. A pesar de los procesos judiciales contra Uribe, su detención domiciliaria por acusaciones de soborno y fraude procesal y la de varios de sus copartidarios, el Centro Democrático conserva el poder presidencial, que junto al de las Fuerzas Armadas es el poder real en el país. Desde sus filas, las protestas son leídas desde teorías conspirativas a veces directamente delirantes como la de la «revolución molecular disipada», difundida por el propio Uribe citando a un personaje marginal de la extrema derecha chilena invitado a disertar en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Las Fuerzas Armadas han derivado en un instrumento político del ex-presidente Uribe. Los oficiales y el ministro de Defensa no solo atienden sus llamados -como pudo probarse en el manejo de la protesta social-, sino que evidencian de múltiples formas una postura contraria al Acuerdo de Paz, y en especial el sistema de justicia transicional: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Todos estos instrumentos son descalificados por el partido de gobierno que pretende reformarlos e incluso propone acabar con ellos.

En este marco, la protesta social continúa sin encontrar interlocución con las autoridades nacionales, con excepción de Cali, donde jóvenes y autoridades locales han conseguido construir una mesa de conversaciones que produce acuerdos. En este espacio se plantean iniciativas innovadoras que retan al gobierno local mediante un proceso denominado «constituyente juvenil», que debate temas ambientales, sostenibilidad de la vida, etnicidad, entre otros.

La debilidad e ilegitimidad de las instituciones es creciente, así como la ausencia de control territorial por parte del Estado en zonas del Pacifico desde la frontera con Ecuador a la frontera con Panamá. Igual ocurre en la frontera de 2219 kilómetros con la vecina Venezuela y en varias regiones en departamentos del interior del país. En adición a la inestabilidad institucional y de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, el país registró 245.000 hectáreas de cultivos de coca el año pasado, frente a las 212.000 hectáreas de 2019. En 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas y la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas métricas. Esto significa más gasolina para los incendios violentos derivados del narcotráfico.

El proceso electoral de 2022 se enmarca entonces en una dura confrontación en la que se están involucrando cada vez más funcionarios del ejecutivo nacional y los gobiernos locales. Hay un predominio de temas como la búsqueda de un modelo económico que respete y proteja el ambiente, que rompa las lógicas dependientes de economías extractivas, y que ponga en el centro la justicia social. Pero también anticomunismo, crítica al gobierno de Venezuela como forma de campaña electoral interna, además de la satanización de Petro y de Uribe dependiendo de los bloques enfrentados. Todo ello en un contexto de asesinatos de líderes, una violencia creciente y una situación económica difícil.

Aún hay definiciones pendientes. Claudia López y Angélica Lozano como actoras principales del Partido Verde buscan que Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, la principal universidad privada del país, acepte ser candidato a la presidencia en una confluencia con cinco líderes agrupados bajo el nombre de Coalición de la Esperanza. Entre ellos se cuentan Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, quienes han sido senadores, gobernantes regionales y ministros en los últimos 30 años. Si Gaviria decide ser candidato podría mover el tablero por no tener confrontaciones con el poder económico ni con la clase política y por su condición de político no profesional. Gaviria es uno de los líderes de la iniciativa «Tenemos que hablar Colombia», que busca construir canales de interlocución con un grupo de 10.000 colombianos para abordar salidas al estallido social que se ha presentado en los dos últimos meses.

Petro y su propuesta de Pacto Histórico, que parece ser la opción de mayor definición y madurez al día de hoy, no podría, sin embargo, ganar en solitario las presidenciales. Las elecciones anteriores demostraron su fragilidad como candidato en la segunda vuelta por el rechazo de sectores temerosos de vivir una crisis económica e institucional como la de Venezuela. El consenso construido por los actores políticos que están fuera del Pacto Histórico es no hacer ningún tipo de alianza con él, lo que reduce significativamente sus posibilidades de triunfo.

Por otro lado, si la Coalición de la Esperanza, que tiene el propósito de derrotar a Petro en la primera vuelta, consigue este objetivo, deberá apelar al apoyo de los desencantados con Uribe para no depender de Petro o sus aliados. El objetivo de esta coalición es ganarle a Petro para enterrar definitivamente al líder de lo que consideran la más clara expresión del «populismo» y el «caudillismo de izquierda» en Colombia.

Parece claro que los tiempos de Colombia en el cercano y mediano futuro no serán estables. Lo incierto es si serán tiempos de mayor violencia o si el país podrá canalizar su debate político sin que la sangre de los líderes políticos sea la impronta, tal como ocurrió en el siglo XX. Las dos décadas de este XXI muestran que para los líderes sociales y quienes buscan avanzar en los acuerdos de paz los asesinatos siguen siendo la norma.

¿Participaran masivamente en el debate electoral de 2022 los jóvenes, que han hecho de la protesta y la pelea callejera su fuerza? ¿Podrán crear un cambio en el país que supere el actual colapso político, institucional y ético?

De no haber una masiva participación, el augurio es que el viejo poder con nuevos rostros continuará gobernando a Colombia.

 
Julio 2021

Publicado enColombia
Lunes, 19 Julio 2021 05:56

Claroscuros

El jefe del Estado Mayor, general Mark Milley, preparó con otros comandantes un plan para evitar que Donald Trump intentara un golpe de Estado tras perder la relección, según el nuevo libro I alone can fix it escrito por dos periodistas del Washington Post.Foto Ap

Se calcula que hasta 40 mil niños indígenas murieron en los internados estadunidenses como resultado de maltrato, pero el gobierno federal dice que no sabe cuántos asistieron a las escuelas, cuántos murieron o se extraviaron, ni cuántas escuelas existieron, reportó Reuters. Se sabe que existen por lo menos 73 planteles de ese tipo para indígenas americanos, de un total de más de 500. La nueva secretaria del Interior, Deb Haaland, primera indígena en un gabinete, declaró el mes pasado que el gobierno investigará por primera vez la historia de los internados para indígenas y buscará los restos de los alumnos que murieron en ellas. Esa historia oscura poco documentada empezó en 1819 con el gobierno estadunidense removiendo a la fuerza a niños indígenas de sus tribus para enviarlos a esas escuelas; hasta la fecha no se sabe el paradero de decenas de miles de ellos.

Las separaciones forzadas de niños de familias migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump comenzaron casi un año antes de lo que se ha reportado, publica el Washington Post. Entre julio y diciembre de 2017, fueron separadas en Yuma 234 familias, algo que no se sabía. Algunos de los menores separados eran tan pequeños que incluso había uno de 10 meses de edad.

Ambientalistas y dreamers juntos: los jóvenes de Sunrise Movement se sumaron a los de United We Dream para demandar que se incluyan tanto fondos para combatir el cambio climático como un camino a la ciudadanía para los dreamers, jornaleros y trabajadores esenciales en el proyecto de ley presupuestario ante el Congreso con el lema: "sin clima no hay acuerdo, sin ciudadanía no hay acuerdo". Señalaron que uno de los principales factores en promover la migración es el cambio climático.

Tommie Lee, el atleta olímpico que junto con John Carlos levantó su puño en protesta contra el racismo en Estados Unidos y en solidaridad con la lucha por la igualdad en el mundo en las Olimpiadas de 1968 en México, comentó que esperaba más expresiones parecidas en los Juegos Olímpicos que están por estrenarse en Japón. “Espero que más atletas… se pongan de pie y hagan un movimiento hacia la exaltación de la libertad”, declaró.

El jefe del Estado Mayor, el general Mark Milley, preparó con otros comandantes un plan para evitar que Trump intentara un golpe de Estado después de que perdió la elección en medio de lo que el militar calificó de un "momento Reichstag" y opinó que el presidente estará promoviendo el "evangelio del Führer", según el nuevo libro I alone can fix it escrito por dos periodistas del Washington Post.

Biden, al declarar la fase final de operaciones militares en Afganistán –la guerra más larga en la historia estadunidense– está cerrando el primer capítulo de la llamada "guerra contra el terror". En parte eso es posible porque Estados Unidos no ha sufrido otro atentado "terrorista" desde el exterior desde el 11-S. Ahora, según las agencias de inteligencia estadunidenses, la secretaria de Seguridad Interna (creada en la era post11-S) y el procurador general, la principal amenaza terrorista ahora proviene desde el interior del país por "extremistas violentos" racistas estadunidenses. Gran avance.

En varias ciudades, incluidas Boston y Baltimore, se realizó un experimento para reducir la encarcelación: las autoridades dejaron de enjuiciar delitos menores no violentos y con ello se redujo la tasa criminal en general (el músico David Byrne investigó esto: https://reasonstobecheerful.world/reducing -incarceration-no-prosecuting- minor-non-violent-crimes/).

Bernie Sanders “ha cambiado todo el debate en la capital de la nación… buscando jalar a su partido de regreso a sus raíces en la clase trabajadora y guiar al presidente Biden en una dirección más audaz y progresista”, concluye la veterana columnista Maureen Dowd del New York Times. "Un presidente y un senador que están por cumplir 80, hombres que fueron subestimados y descartados por años en círculos demócratas, están haciendo equipo para transformar al país", concluyó.

Sólo algunos de los claroscuros que pintan los días en Estados Unidos.

Tina Turner. Proud Mary. https://www.youtube.com/watch?v=TTfYnRQgKgY

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Fujimori pidió una auditoría pero el gobierno rechazó su reclamo.. Imagen: AFP

La proclamación oficial de Pedro Castillo podrá hacerse antes del 15 de julio

Keiko Fujimori sumó un nuevo revés en su búsqueda por impugnar las elecciones en las que fue vencida por el maestro rural.

 

El gobierno de Perú rechazó la solicitud de la candidata derechista Keiko Fujimori para una auditoría internacional al ballotage que disputó el pasado seis de junio con el profesor rural Pedro Castillo. Además, este sábado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que estima que antes del 15 de julio podrá proclamar oficialmente al ganador de las elecciones y que asumirá la presidencia el próximo 28 de julio, fecha que coincide con el bicentenario peruano.

El ministro de Justicia, Eduardo Vega, rechazó el pedido realizado el pasado 28 de junio por la candidata derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al presidente peruano Francisco Sagasti, para que solicite una auditoría internacional de los comicios. "En virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado", señaló Vega en la respuesta a Fujimori. A su vez agregó que el poder ejecutivo y el presidente Sagasti “no pueden intervenir en un proceso electoral atendiendo un pedido de una de las fuerzas políticas participantes en la contienda electoral”.

"Las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones, que viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad formulados por las agrupaciones políticas", añadió en el oficio en referencia a las apelaciones de nulidad presentadas por el partido Fuerza Popular que impiden que se proclame oficialmente al ganador de los comicios celebrados hace casi un mes.

La candidata compartió la respuesta del gobierno peruano en sus redes sociales y afirmó que Sagasti "ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones". "Pudo pasar a la historia como un hombre justo que se la jugó por la democracia en beneficio de todos los peruanos, pero su respuesta nos demuestra que prefiere quedar registrado como un presidente por accidente", remarcó en alusión a la jefatura de Estado interina que ocupa desde noviembre pasado, cuando reemplazó a Manuel Merino que, a su vez, había sustituido a Martín Vizcarra en medio de una grave crisis política y social que afrontó Perú.

Desde el JNE informaron que antes del 15 de julio podrán anunciar al vencedor del ballotage. Según el vocero del jurado electoral, Luis Alberto Sánchez, se revisaron 27 de las 270 solicitudes elevandas al JNE. “Es una cantidad inusual, sin precedentes en los últimos procesos electorales", afirmó en la radio RPP Noticias. El 6 de junio se realizó la segunda vuelta presidencial entre Castillo y Fujimori. Doce días después, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar las actas. Según el cómputo oficial, Castillo venció a Fujimori por 44.058 votos. Sin embargo, Fujimori lanzó una batería de recursos de impugnación y pedidos de nulidad de actas con unos 200.000 votos en zonas donde su rival obtuvo una mayoría aplastante.

A pesar de que ningún organismo de observación electoral encontró indicios de fraude y que países e instituciones como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y EE.UU. expresaron su confianza en el sistema electoral peruano y coinciden en que el ballotage celebrado fue libre y limpio, Fujimori invocó un escenario similar al de Bolivia en 2019 y que terminó con el golpe de Estado a Evo Morales. "La solicitud que se hace al presidente es para que haga un llamado a expertos internacionales, como se realizó en Bolivia", afirmó la candidata de Fuerza Popular el pasado lunes.

Ni la OEA

Como parte de la batería de pedidos para impugnar las elecciones, esta semana Fujimori, hija del encarcelado exdictador, Alberto Fujimori, también tocó a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA). La candidata envió una delegación a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para pedirle una auditoría internacional y obtener una salida al estilo del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Almagro no recibió a la comitiva conformada por los congresistas electos Hernando Guerra y Jorge Montoya, la excandidata presidencial Nidia Vílchez y el exministro Daniel Córdova.

Los emisarios de Fujimori solamente consiguieron una cita con un funcionario de nivel menor. Apenas lograron dejar una carta y la conferencia de prensa fue interrumpida cuando una socióloga peruana los acusó de “golpistas”. La OEA no formuló objeciones al proceso electoral peruano y, además, según analistas peruanos, entendió que este pedido de reunión no contempló los “carriles formales”, ya que no se trata de una delegación oficial del gobierno peruano. Además, los observadores electorales del organismo dijeron que los comicios peruanos fueron limpios, ya que no se observaron  irregularidades graves.

03 de julio de 2021

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Martes, 29 Junio 2021 06:40

¿A dónde va Pedro Castillo?

Fotos: La República

El llamado público a respetar la Constitución de 1993 y el pedido al neoliberal Julio Velarde para que se mantenga como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, muestran el derrotero continuista en materia económica que cada día va asumiendo el ex dirigente magisterial y virtual presidente peruano Pedro Castillo.

 

En un mitin realizado el sábado 26 de junio en horas de la noche en la Plaza San Martin de la ciudad de Lima, Pedro Castillo, ganador de la segunda vuelta, dijo con mucho énfasis que: “Somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana y por eso estamos acá. Seremos respetuosos de esta Constitución y en ese contexto pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente y coherente frente al Banco Central de Reserva”. En esta intervención, el representante de Perú Libre aprovechó, una vez más, para desmarcarse del supuesto comunismo y pro chavismo que le endilgan sus opositores cercanos a Keiko Fujimori.

Más tarde, y para que no queden dudas, desde su Twitter personal Castillo volvió a afirmar que: “Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución”.

Recordemos que días atrás Pedro Franke, quien proviene del partido de Verónica Mendoza y es actualmente uno de los asesores económicos más influyentes en Pedro Castillo, ya había dicho en una entrevista publicada en el diario Gestión, que se pueden hacer cambios en el país, sin cambiar la constitución de 1993 e incluso menciono que no era necesario cambiar el capítulo económico, el cual - literalmente - condena al estado peruano al triste papel de subsidiario del capital.

Como se recuerda, este proceso de adaptación de Castillo y sus aliados a la institucionalidad vigente se inició en la segunda vuelta cuando, para hacerse digeribles ante los empresarios y la gran prensa, empezaron a bajarle la intensidad a sus cuestionamientos al modelo neoliberal. Ahora, y a raíz de la prolongación de la oficialización de la victoria de Castillo en el balotaje debido a las maniobras fujimoristas, esta tendencia se ha ido profundizando.

¿Quién es Julio Velarde?

Julio Velarde Flores es presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú BCRP, desde el año 2006, cuando fue nombrado por el ex presidente aprista Alan García Pérez como un gesto político dirigido a los grandes empresarios nacionales y extranjeros para demostrarles que su segundo gobierno no repetiría la experiencia económica “heterodoxa” de los años 1985-1990. Recordemos que Velarde ya se había desempeñado como director del BCRP durante los años 1990 a 1992 cuando gobernaba el país Alberto Fujimori y durante los años 2001 a 2003 cuando era presidente Alejandro Toledo.

Desde la dirección del Banco Central de Reserva, Julio Velarde siempre les ha dado estabilidad y seguridad a las AFPs para que puedan seguir con sus negocios a costa de los ahorros del pueblo trabajador y ha contribuido notablemente para la implementación de las políticas neoliberales manejando el tipo de cambio de acuerdo a los intereses de los grandes importadores y exportadores, esto ha golpeado duramente a los pequeños productores nacionales y ha limitado una diversificación productiva priorizando así el esquema primario exportador y dependiente de nuestra economía.

Por esa razón Velarde es considerado como un “gurú” de las finanzas por los banqueros, los grandes empresarios, los políticos de derecha y por los medios de comunicación al servicio del estatus quo. Por eso todos ellos aplaudieron su mantención al frente del Banco Central de Reserva durante toda la gestión del segundo gobierno aprista, así como durante toda la gestión de Ollanta Humala y durante los convulsionados y breves gobiernos de Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti. Para los empresarios neoliberales asentados en el Perú todo esto se puede resumir en la frase siguiente: “en el Perú todo puede cambiar, menos Velarde”.

Velarde proviene de las filas del conservador y derechista Partido Popular Cristiano PPC, actualmente liderado por Lourdes Flores Nano quien es una de las pocas defensoras y voceras públicas que le quedan ha Keiko Fujimori. Por su ortodoxia neoliberal, Julio Velarde ha recibido diversos premios y reconocimientos públicos como el de la revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times, que lo distinguió como Banquero Central del año a nivel global en 2015 y como Banquero Central de las Américas del Año 2020, lo cual pone en evidencia su estrecha relación con los organismos financieros internacionales al servicio de las políticas imperialistas. Por ello también fue nombrado como Presidente del Consejo Consultivo para las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) por dos años desde enero de 2018, Presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en el período 2018/2019, Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) entre 2007 y 2009 y Presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) desde 2004 hasta octubre de 2006.

“No más pobres en un país rico” ¿Con Velarde y con la Constitución del 93?

Como se recuerda, esta fue la frase que hizo popular Pedro Castillo durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones pasadas, para poner en evidencia la necesidad de cambios profundos que alteren la actual situación económica y social que se vive en el país. Por ello, miles de trabajadores y sectores populares, en su mayoría provenientes de las regiones más golpeadas por la crisis, votaron por el profesor cajamarquino a pesar de sus límites programáticos y políticos y de la grosera campaña macartista y racista que sectores de la derecha volcaron contra él.

Sin embargo, la posibilidad de llevar a la práctica esos cambios profundos está directamente relacionada a la posibilidad de acabar con las políticas de saqueo y recolonización imperialista que se vienen aplicando en el Perú en estos últimos 30 años a través de las políticas neoliberales, las cuales tienen su expresión jurídica en la Constitución Política de 1993 y se sostienen - a su vez - en reaseguros institucionales supuestamente autónomos como el Banco Central de Reserva o el Tribunal Constitucional que, como nos demuestran los hechos, no tienen nada de autónomos ya que solo han servido para preservar la reproducción de las ganancias de los grandes empresarios y banqueros en desmedro de las necesidades del pueblo trabajador y de las grandes mayorías.

No será pues, como dice ahora Pedro Castillo, “siendo respetuosos de esta constitución y sus instituciones” o “promoviendo las inversiones privadas y respetando la independencia y autonomía del BCRP” y la vigencia de personajes como Julio Velarde al frente de esta instancia, que se harán esos cambios tan sentidos por el grueso de los explotados y oprimidos. Todo lo contrario; para avanzar hacia ese horizonte de transformaciones profundas urge acabar, en primer lugar, con todo ese chaleco de fuerza institucional que los capitalistas, a través de los gobiernos de turno y los tecnócratas a su servicio, han ido edificando y legitimando para hacernos creer que a lo máximo que podemos apostar es a la “miseria de lo posible”.

Por eso, los trabajadores y los sectores populares que en primera y segunda vuelta votaron por Pedro Castillo esperando un cambio de fondo, no pueden arriar ahora sus banderas de lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como primer paso para acabar con todas esas instituciones que nos fueron impuestas para favorecer el saqueo nacional y la explotación laboral de millones de trabajadores y trabajadoras. Esto nos permitirá encarar de mejor manera la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y los sectores populares de ruptura con el capitalismo y el imperialismo.

Además de ello, la posibilidad de imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos permitirá también implementar un programa alternativo para encarar desde las perspectivas de los trabajadores y el pueblo pobre, la presente crisis, lo cual pasa necesariamente por afectar las ganancias de los grandes empresarios. Sin embargo, no podemos perder de vista que a esa Constituyente solo llegaremos con la movilización y la auto organización obrera y popular.

José RojasMilitante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Lunes 28 de junio | 12:10

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Bennett asumió como primer ministro y puso fin a la era Netanyahu en Israel

El nuevo gobierno fue aprobado por un estrecho margen en una tensa sesión en el Parlamento

En su discurso, el flamante primer ministro hizo un llamado a la unidad y la reconciliación nacional mientras que Netanyahu, quien ocupaba el cargo desde 2009, aseguró que hará todo lo posible para "derrocar" al gobierno.

 

Luego de varios días de negociaciones, el líder ultranacionalista Naftali Bennett asumió como primer ministro de Israel poniendo fin a la era de Benjamin Netanyahu, el premier de más larga gestión en la historia del país. Aprobado en una tensa sesión en el Parlamento con una estrecha mayoría de 60 diputados a favor frente a 59 en contra y una abstención, el llamado "gobierno de cambio" estará liderado en los dos primeros años por Bennett y en los dos siguientes por el centrista Yair Lapid

En su discurso, el flamante primer ministro hizo un llamado a la unidad y la reconciliación nacional, mientras diputados del Likud de Netanyahu, de formaciones ultraortodoxas y de Sionismo Religioso lo interrumpieron, increparon e insultaron durante la sesión. "Bibi" Netanyahu, por su parte, aseguró que permanecerá como líder de la oposición para "derrocar" al nuevo gobierno. La histórica sesión parlamentaria del domingo fue seguida en las calles por simpatizantes de los partidos de la nueva coalición de gobierno que celebraron el éxito de la investidura, mientras que cientos de israelíes ultrareligiosos se concentraron en el Muro de los Lamentos para rezar en rechazo a Bennett y Lapid.

"Israel no es como cualquier otro país, es el sueño de generaciones de judíos desde Marrakesh a Budapest, desde Bagdad a San Francisco; cada generación tiene sus desafíos y cada generación tiene los líderes que necesita", sostuvo Bennett en su discurso desde la Knesset, horas antes de la votación. El flamante primer ministro se mostró favorable a la cooperación con Estados Unidos, aunque cree que es un error que Washington vuelva al pacto de 2015 destinado a limitar el desarrollo nuclear de Irán.

Bennett acusó al saliente Netanyahu de "fomentar una tormenta de odio" en sus últimos meses de mandato, que culminaron en "un choque de hermanos y un país paralizado". Sin embargo, el primer ministro le agradeció a "Bibi" sus 12 años de servicio a Israel. "Es el momento de pasar el liderazgo de la nación y el Estado a la próxima generación", zanjó.

El líder de Yamina anunció que cerrará tres ministerios, ampliará la educación pública, mantendrá la eximición de los ultraortodoxos en edad militar del servicio en el Ejército y los liberará para que se incorporen a la fuerza laboral. Una de las carteras más importantes, la de Defensa, seguirá en manos de Benny Gantz, líder de Azul y Blanco. Avigdor Lieberman, otro viejo conocido de la política israelí conocido por sus posturas extremistas, dirigirá la cartera de Finanzas. El ministerio de Economía quedará en manos de Orna Barbivai, de Yesh Atid, e Interior quedará en manos de la número dos de Yamina, Ayelet Shaked

Luego de mantenerse Bennett como primer ministro por dos años, el centrista Lapid (que ahora ocupará el puesto de ministro de Asuntos Exteriores) lo sucederá en el cargo en 2023. El punto más alto de polarización durante la sesión en la Knesset se produjo cuando los parlamentarios de Sionismo Religioso fueron expulsados del recinto después de protestar contra Bennett y llamarlo "ladrón de votos".

El día fue extremadamente tenso si se le suma la amenaza de un diputado de la Lista Árabe Unida de votar en contra del nuevo gobierno y por los dardos de los diputados del partido de Netanyahu, el Likud, contra los dos artífices de la coalición. De hecho, Lapid ni siquiera pudo pronunciar su discurso.

"Me salto el discurso que planeaba pronunciar hoy porque estoy aquí para decir una cosa: pedir perdón a mi madre. Tiene 86 años y no le pedimos que venga a la ligera, pero lo hicimos porque asumí que serían capaces de comportarse", se lamentó el dirigente centrista antes de abandonar el estrado.

A su turno, Netanyahu disparó un aluvión de críticas contra el nuevo gobierno. "Si estamos destinados a estar en la oposición, lo haremos con la cabeza en alto hasta que derroquemos a este peligroso gobierno", declaró el hasta este domingo primer ministro.

Netanyahu acusó al flamante primer ministro de perpetrar el "mayor fraude desde la historia de Israel" en una coalición que, entiende, lo mostrará debilitado frente a la comunidad internacional. "No tiene una posición global. No tiene la credibilidad. No tiene la competencia ni tiene el respaldo de su propio gobierno, de lo dividido que está", manifestó.

El saliente primer ministro, quien ya ocupó el cargo entre 1996 y 1999, llegó nuevamente al poder el 31 de marzo de 2009 tras las elecciones de ese año, celebradas después de que Ehud Olmert dimitiera en 2008 en medio de acusaciones de corrupción, y desde entonces ha sido la cabeza visible del gobierno israelí de forma ininterrumpida. "Bibi" sufrió un importante deterioro de su imagen en los últimos años, especialmente a raíz de su imputación por corrupción, situación que lo convirtió en el primer ministro en ser sometido a juicio estando aún en el cargo.

Además Netanyahu perdió una considerable cantidad de apoyo en el bloque de derechas. Esta situación se vio reflejada en la profunda crisis política que atraviesa el país desde finales de 2018, cuando la renuncia del entonces ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, forzó unas elecciones que abrieron un ciclo de cuatro votaciones en cerca de dos años que derivaron en parlamentos fragmentados y sin mayorías claras.

El Likud de Netanyahu logró una nueva victoria en las elecciones de marzo, si bien el bloque integrado por partidos derechistas y ultraortodoxos quedó lejos de lograr una mayoría. Así el presidente del país, Reuven Rivlin, optó por conceder el mandato a Lapid, un antiguo periodista que se distanció el año pasado del líder del opositor Azul y Blanco, Benjamin Gantz, por su pacto de coalición con el entonces primer ministro. A pesar de todo, Netanyahu sigue siendo una figura altamente influyente en el país y ya adelantó que hará lo posible por derribar a la nueva coalición de gobierno.

14 de junio de 2021


Tanto Fatah como Hamas ven escasas diferencias con la gestión saliente

La dirigencia palestina muestra escepticismo con el nuevo gobierno de Israel 

El nuevo primer ministro israelí, el ultranacionalista Naftali Bennett, aseguró que su "gobierno de cambio" no dudará en lanzar otra operación militar contra la Franja de Gaza si lo ve necesario. "Espero que el alto el fuego vigente con Hamas se mantenga", pero si el grupo islamista "elige usar la violencia contra Israel chocará contra un muro de acero", advirtió Bennett en su discurso desde el Parlamento.

Respecto al conflicto palestino-israelí Bennett, partidario de la línea dura que en el pasado bregó por la anexión de parte de Cisjordania ocupada, aseguró que "no se trata de un conflicto territorial", considerando que hay que "recordar al mundo que los enemigos de Israel aún no reconocen la existencia de un Estado judío".

Fawzi Barhoum, vocero del movimiento islamista Hamas que el mes pasado se enfrentó a Israel en la peor escalada bélica desde 2014, aseguró que "cualquiera sea la forma del Ejecutivo israelí no cambiará nuestro trato como entidad ocupante a la que se debe resistir". Por su parte el ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno palestino con sede en Ramalá opinó que "no habrá ninguna diferencia, e incluso (el nuevo gobierno) puede ser peor".

El Ejecutivo ratificado por la Knesset agrupa una coalición de ocho partidos de casi todo el espectro político, e incluye por primera vez a una formación árabe, la islamista Raam. Este grupo representa a parte de la población palestina con ciudadanía israelí.

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