Jueves, 26 Mayo 2022 06:00

El cambio que podemos esperar

El cambio que podemos esperar

En esta campaña electoral, más interesante, y más útil que detenerse a refutar el continuismo, abierto o disfrazado, es examinar la oferta de cambio que el Pacto Histórico nos presenta. Si es cierto, ¿En qué sentido? ¿Qué tan profundo?

De Gustavo Petro puede decirse que tiene el vicio de su virtud. En efecto, es el único candidato, sin lugar a dudas, que conoce los temas y tiene propuestas, pero por ello mismo, ha llegado a una especie de incontinencia propositiva. Le hemos escuchado, tan sólo en los últimos meses, desde una modificación al sistema pensional hasta una oferta de negociaciones de paz para todos los grupos armados; una propuesta de compra del imperio azucarero de Ardila Lule en el Valle, la idea de que el Sena participe en la administración de las cárceles, el curso obligatorio de programación en el grado once de secundaria, una nueva forma de rendición de cuentas obligatoria para los congresistas, y muchas más, sin contar el nebuloso perdón social.

No puede negarse que tienen, en el ámbito de la publicidad, un enorme poder efectista, pero, al mismo tiempo, enunciadas así, son extremadamente vulnerables a la tergiversación y a la ridiculización. Y lo más grave: hacen pensar en un amplio y heterogéneo repertorio de donde se iría a tomar y a aplicar la fórmula según la circunstancia, el capricho o la conveniencia del momento.

Es por eso que vale la pena indagar en el programa que la campaña ha dado a conocer, para encontrar el lugar en donde eventualmente se ubican y la coherencia del conjunto1. Aun así, podemos anticipar de una vez que es tal la magnitud, la prolijidad y la ambición del documento que resulta imposible establecer una ponderación de los objetivos y un orden de prioridades de las iniciativas. Si no fuera porque no existe partido, se diría que se trata de un programa de partido, o una declaración de principios pero nunca, pese a que advierte que es el “inicio de una transición”, un programa de gobierno.

Un programa abierto

Otra razón por la cual no sería un programa de partido estriba en que se define, de manera sorprendente, como un programa “abierto”. Quiere decir, en sus propias palabras, “que se irá consolidando en el diálogo plural”. Parece loable, aunque si se trata de una propuesta de gobierno la cual se somete a votación, es obvio que los electores necesitarían tener claro cuál es la opción que se ofrece, nítidamente diferente a las otras, para poder tomar una decisión. Claro está que, siendo realistas, lo cierto es que, aquí y ahora, los ciudadanos votan más que todo por las personas.

Según otra interpretación, lo que se está ofreciendo en realidad es un modelo de “democracia participativa”; una propuesta de gobierno, no de contenidos sino de procedimientos. Muy sólido, amplio y de aplicación inmediata tendría que ser este nuevo modelo para que se pudiera entonces dar curso a los demás puntos del programa. En todo caso si hay un término que se repite, una y otra vez, en el documento es el de “Pacto”, reforzado en algunas ocasiones con la noción de “contrato social”. Obviamente se relaciona con la idea de paz.

Las implicaciones políticas de este enfoque son enormes. Es claro que se rechaza la idea de clases sociales, sobre todo en el sentido de grupos antagónicos, basados en relaciones sociales de poder. Según este enfoque, en consecuencia, lo que está en disputa no son proyectos de sociedad que corresponden a intereses sociales opuestos, sino propuestas diferentes que pueden procesarse mediante un diálogo racional para llegar a consensos. Si es preciso enfrentarse a alguien (el uribismo, por ejemplo) es por razones morales: la corrupción, el egoísmo, la mezquindad. Todo cambio, en el fondo, es cultural. Evidentemente muy lejos del marxismo. Una razón para convencerse que no hay aquí nada de comunismo o de “castrochavismo” como dice la derecha.

No obstante, hay, ciertamente, un contenido mínimo del cual habría que partir para iniciar el diálogo; por eso se habla de “bases” programáticas. Visto en su conjunto, el programa consta de tres partes o tres “transiciones” como se les denomina allí. El Cambio es con las Mujeres; Economía para la vida, y Democracia multicolor. No es posible referirnos aquí ni siquiera a una porción significativa de las consideraciones, planteamientos y propuestas que se consignan, pero sí vamos a señalar los aspectos centrales de lo que allí se considera el cambio.

Evidentemente, la primera transición es la más importante, es el eje de este programa. Y no solamente porque la perspectiva de género es un principio, como se dice, transversal (e interseccional). –Perspectiva que se vuelve determinante pues se establece que las mujeres tendrán prioridad y protección en todas las políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación–.

La decisión que, en sus palabras, se formula así: “emprenderemos las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente al hombre”, tiene un peso enorme y una prioridad indiscutible en las acciones a desarrollar, simplemente por el hecho de que supone un conjunto bastante amplio de reformas en tan sólo cuatro años de gobierno. Algunas de ellas de carácter legislativo. Por ejemplo la obligatoriedad de la participación del 50 por ciento para las mujeres en todos los cargos públicos, en todos los niveles y en todas las ramas del poder. O la promesa, que todavía no se define cómo podría implementarse, pero que desde los primeros meses se volvería políticamente exigible: “Avanzaremos hacia la redistribución de la carga de las responsabilidades de los cuidados, entre las comunidades, las familias, el Estado, los hombres y mujeres. Disminuiremos sustancialmente las 8 horas diarias que la mujer dedica al trabajo de cuidados no remunerado, que serán compensadas por otros actores del sistema, frente a las 3 que dedican los hombres”.

El vuelco que esto representaría en la economía y la sociedad es crucial, histórico pudiéramos decir. Sólo enunciarlo es ya un compromiso que no puede menos que signar el conjunto del programa. Además, se anuncia la creación de un Sistema Nacional de Cuidados del que hace parte la política mencionada. Aunque en casi todos los ámbitos este programa propone la creación de “sistemas”, éste en particular tiene una significación preponderante, especialmente porque se convierte en la base conceptual y hasta operativa de toda la política que llamamos social. Comenzando por la educación y siguiendo con la salud.

No es posible detenerse aquí en los detalles pero abundan las propuestas y bien valdría la pena, en su momento, desarrollar un amplio y profundo debate en el conjunto popular. Hay propuestas que son simplemente repeticiones de iniciativas muy antiguas que fueron cuestionadas y fracasaron. Por otra parte, se atribuye la dirección de este sistema a un nuevo Ministerio, el de la “Igualdad”, que además articularía todas las acciones referidas a la eliminación de la desigualdad mediante la realización, según se dice, de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.

Aparte de meditaciones y discusiones, el cuestionamiento puede reducirse a un par de preguntas simples y elementales: ¿Por dónde empezar? ¿Cómo seguir?

La identidad originaria

La “economía para la vida” significa, como era previsible dada la historia política reciente de Petro, particularmente desde la pasada campaña presidencial, el abandono de lo que se ha llamado el modelo “extractivista”, y no sólo como expediente ineludible para enfrentar la emergencia debida al cambio climático sino, ahora, en clave de ética biocéntrica. Las implicaciones son muchas y de gran calado. En principio se asocia con el cambio de la matriz energética, transitando hacia energías “limpias”, eólicas, solares y otras, cosa que ya se ha aceptado, por lo menos teóricamente, en casi todo el mundo; la discusión versa entonces, especialmente en las grandes potencias capitalistas, sobre el sentido y ritmo de la gradualidad. Sin embargo, en un país como Colombia, más allá de las reflexiones sobre la innegable amenaza de la crisis climática, la disputa tiene que ver con su consecuencia obligada, esto es, la sustitución de las principales exportaciones (hoy petróleo y carbón) lo cual equivale a un replanteamiento de la inserción en el mercado mundial.

El cambio, entonces, como lo sugiere la utilización de la palabra “modelo”, es mucho más comprometedor y significa un cambio del patrón de acumulación capitalista. Todo un andamiaje que debe ser destruido y reemplazado, Desde la orientación “hacia afuera” y la redefinición del papel del mercado interno hasta la configuración del aparato productivo. Una transformación radical del volumen y la composición de las importaciones. Se buscaría una nueva dinámica y sentido de los flujos de inversiones (domésticas y desde el exterior). Y sobre todo una redefinición del papel del capital (y mercado) financiero que hoy por hoy es el determinante. Todo ello obliga a una renovación de las fuentes de los ingresos fiscales y, por lo tanto, a una reorientación de la política monetaria.

Ante la magnitud del cambio, cuyo futuro biocéntrico no deja de exaltar, el programa escoge la prudencia. La palabra mágica es “transición”. De hecho, el candidato, en la medida en que se veía forzado a aclarar su propuesta, precisó que, por el momento, de lo que se trata es de no permitir nuevas exploraciones en materia de hidrocarburos, como quien dice que, en los cuatro años de gobierno, la reducción en la producción y en las exportaciones será apenas notoria. Empero, los primeros pasos, sin duda, pueden ser ya un cambio si se dan en firme; es decir, si marcan de manera ojalá irreversible un cambio de dirección.

Uno de los aspectos básicos de la nueva dirección que el programa resalta es el abandono, como condición necesaria, de la subordinación sin límites a las leyes del mercado. Abandona, sin decirlo, el neoliberalismo. Valioso es, por lo demás, el hecho de que lo rechaza, aparte de la política económica, en todos los ámbitos de la vida social, como cultura, negación por excelencia de la noción de derechos humanos. Se recupera en consecuencia el intervencionismo, en la forma, según sus propias palabras, de una “expansión de las capacidades de lo público”. Desde luego hay aquí una diferencia con respecto al enfoque convencional de la socialdemocracia y el populismo ya que en varios puntos aclara que lo “público” es no sólo estatal sino también comunitario, social, étnico, grupal, corporativo, etcétera. La aplicación de este concepto queda, sin embargo, abierta; sometida a las múltiples, diversas y casuísticas formas de “participación”. De nuevo, la clave está en la forma y el proceso de la “transición”.

Téngase en cuenta un detalle sobresaliente. En ninguna parte del texto se habla de “capitalismo”. No es un hecho fortuito. Lo ha dejado en claro en repetidas ocasiones el candidato y la mayoría de sus cuadros de campaña: no han tenido, ni tienen ni tendrán jamás una vocación anticapitalista. Ni siquiera está entre sus motivos de reflexión. La razón es muy simple; según sus convicciones esta es una problemática obsoleta que ya ha sido reemplazada en la cultura contemporánea. Las condiciones históricas que la humanidad está encaminada a superar son fundamentalmente dos: el “antropoceno” como gran época que ha dado lugar a las relaciones de expoliación de los seres humanos sobre la naturaleza, y el régimen heteropatriarcal, matriz, junto con las de género, de todas las desigualdades y exclusiones basadas en la diversidad.

Así pues, aun estando en una perspectiva de cambio histórico verdaderamente secular, la aspiración se reduce, como se ha dicho, a un cambio de modelo o de patrón de acumulación de capital. Se mantiene, como horizonte, la imagen de un capitalismo de libre competencia, democrático, basado en la multiplicidad de pequeñas y medianas empresas. Razón de más para reiterar que no tiene nada que ver con el comunismo o el castrochavismo, como dice la derecha.

La “economía para la vida” se desenvuelve finalmente en lo que se llama las tres “democratizaciones” y los “pactos”, con orientaciones y concreciones en su mayoría discutibles, pero no es necesario detenerse ahí. Con todo, el abandono del modelo “extractivista”, en todos sus componentes, como los que remiten al neoliberalismo y la “financiarización”, es un cambio importante y una aspiración sentida desde hace años por significativos sectores del pueblo colombiano. El problema reside justamente en lo que se denomina “transición”.

Un programa “abierto” tiene aspectos positivos en lo que significa como ampliación de la democracia (“multicolor”), pero es al mismo tiempo un enorme riesgo. No debe olvidarse que cada medida que se vaya tomando levantará resistencias de parte de los poderes sociales y económicos afectados, no siempre pacíficas y limpias. De algo debería servir la experiencia de la Alcaldía de Bogotá. El rumbo definitivo puede ser muy diferente a lo previsto como resultado de las derrotas aplastantes o de las concesiones. De ahí la importancia de la intervención de los movimientos sociales. Más allá de los grupos más o menos organizados y de las formas encuadradas de la participación, el destino puede estar en manos de la acción directa y abierta.

La prueba ácida2

No cabe duda que el criterio para determinar, en Colombia, el alcance y la autenticidad de una propuesta de cambio, tiene que ver con el tratamiento y la respuesta que dé a la cuestión agraria. En este programa hay dos tipos de respuestas. Una general, que se desprende de consideraciones agroecológicas y ambientales, y otra concreta, que tiene en cuenta la situación particular del país, después de años de violencia contrainsurgente e imposición, mediante el desplazamiento de las familias campesinas, de una cruda contra-reforma agraria. La primera es, de todas maneras la más importante. Lo dice el título que le asignan al acápite correspondiente: “Campesinado, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y rrom dignificados y liderando la defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la nación”. Se extiende en consideraciones sobre el ordenamiento territorial con eje en el agua y la defensa de los ecosistemas. Señala la importancia de un sistema agroalimentario de circuitos cortos de producción y consumo. Es ahí donde se habla de reforma agraria, pero en relación con la defensa de los territorios, como suponiendo que los pueblos mencionados ya se encuentran allí y la cuestión principal se refiere a la autonomía.

El segundo tipo de respuestas está relacionado con la cuestión de la paz, pero como si ya estuviéramos en el periodo de la “reconstrucción”: “La paz es un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente en particular de las víctimas”. Es cierto que reconoce la necesidad de lo que muchos llaman la “paz completa”, es decir con el Eln, pero le añade una propuesta enteramente problemática a propósito del tratamiento de los grupos criminales. Este enfoque distorsiona completamente la noción de reforma agraria. Se reduce, por una parte, al cumplimiento del acuerdo de La Habana, “se impulsarán estrategias de acompañamiento jurídico para acelerar los procesos de restitución de tierras” (nada dice del fracaso de hoy) y por otra a una estrategia para transformar el patrón de usos del suelo (hoy latifundio “ganadero”) mediante una política tributaria según la cual “el propietario del latifundio improductivo debe activar la producción de sus terrenos, o pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales”.

Así, sin ir al núcleo de la problemática, queda mucha tela por cortar. Cualquier estudioso de la cuestión agraria recordará que ésta fue la solución alternativa a la reforma agraria que se le planteó tanto a López Pumarejo como a Lleras Restrepo, para no importunar a los terratenientes. Al mismo tiempo, Petro firma en una notaría un documento según el cual jamás recurrirá a la expropiación, (tema que dio lugar en los años treinta a la celebrada fórmula de la “función social de la propiedad”), obviamente para dar tranquilidad a los terratenientes de hoy.

Del dicho al hecho

Varias veces aludimos a lo problemático que resulta el enfoque de la “transición”. Aunque puede ser muy útil, en términos de la política práctica, para responder a cada situación según sus exigencias y no según las coherencias programáticas. Pero hay urgencias. En primer lugar sociales. Todas las encuestas, sondeos, consultas, nos dicen que entre los sectores populares hay dos preocupaciones, el empleo y la corrupción. Un aspecto del programa llama la atención y es tal vez lo más sustancioso: “La política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral, un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera”. La implementación no está todavía clara pero, si se difundiera, tendría un atractivo incomparable.

En lo referido a la corrupción, desafortunadamente lo que se propone se reduce a la realización de lo que se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico institucional. Estas urgencias sociales tienen que ver, en los primeros meses, con la credibilidad y la legitimidad del gobierno, cosa que de ninguna manera se puede menospreciar; la oposición, violenta e inescrupulosa, como se dijo antes, estará atenta.

Hay además urgencias macroeconómicas. La crisis económica –estanflación– que además tiene características mundiales, es evidente. La posición que en el programa se plantea es, por decir lo menos, ingenua. Obviamente es posible plantear una reforma tributaria que, gravando a los más ricos, pudiera rendir suficientes recursos para el Estado. En materia monetaria que es el espacio favorito de los tecnócratas neoliberales, hasta ahora la posición se reduce a reiterar que, desde el Banco de la República, la política debería atender no sólo la estabilidad de los precios sino el empleo y por tanto el crecimiento económico y el bienestar.

Habría que esperar. El problema consiste en que las urgencias terminen bloqueando las pretensiones de una política de fondo. No hay que olvidar –y vale la pena reiterarlo– que están en juego intereses de clases o fracciones de clases que no van a permanecer de brazos cruzados.

La propuesta Petro-Francia representa, en síntesis, un cambio, en el sentido más elemental de una nueva realidad política para Colombia. Como en casos similares, vale más por lo que se dice o se piensa de ella que por lo que se encuentra en sus documentos. Las acusaciones de la “derecha” contribuyen a concretar en las masas populares la idea de un cambio que es necesario. Por ese lado es un proceso transformador. En una perspectiva sociológica y cultural, es claro que su presentación recoge el saber acumulado de cuatro décadas de actividad de las ONG`s, bajo la tutoría de las agencias de cooperación internacionales. Dentro de un discurso “políticamente correcto”, como se dice en los medios anglosajones. En ese sentido son absolutamente actuales, contemporáneas.

1 Colombia. Potencia mundial de la vida. Programa de Gobierno Petro - Francia. 2022-2026
2 Esta expresión, que se utiliza aquí de manera figurada, es un indicador que se utiliza en la administración de empresas y se refiere a la capacidad que tiene una empresa para responder a las obligaciones corrientes pero es más exigente y rigurosa que otras medidas del grado de liquidez.

 


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Publicado enColombia
Lunes, 23 Mayo 2022 08:45

El cambio que podemos esperar

El cambio que podemos esperar

En esta campaña electoral, más interesante, y más útil que detenerse a refutar el continuismo, abierto o disfrazado, es examinar la oferta de cambio que el Pacto Histórico nos presenta. Si es cierto, ¿En qué sentido? ¿Qué tan profundo?

De Gustavo Petro puede decirse que tiene el vicio de su virtud. En efecto, es el único candidato, sin lugar a dudas, que conoce los temas y tiene propuestas, pero por ello mismo, ha llegado a una especie de incontinencia propositiva. Le hemos escuchado, tan sólo en los últimos meses, desde una modificación al sistema pensional hasta una oferta de negociaciones de paz para todos los grupos armados; una propuesta de compra del imperio azucarero de Ardila Lule en el Valle, la idea de que el Sena participe en la administración de las cárceles, el curso obligatorio de programación en el grado once de secundaria, una nueva forma de rendición de cuentas obligatoria para los congresistas, y muchas más, sin contar el nebuloso perdón social.

No puede negarse que tienen, en el ámbito de la publicidad, un enorme poder efectista, pero, al mismo tiempo, enunciadas así, son extremadamente vulnerables a la tergiversación y a la ridiculización. Y lo más grave: hacen pensar en un amplio y heterogéneo repertorio de donde se iría a tomar y a aplicar la fórmula según la circunstancia, el capricho o la conveniencia del momento.

Es por eso que vale la pena indagar en el programa que la campaña ha dado a conocer, para encontrar el lugar en donde eventualmente se ubican y la coherencia del conjunto1. Aun así, podemos anticipar de una vez que es tal la magnitud, la prolijidad y la ambición del documento que resulta imposible establecer una ponderación de los objetivos y un orden de prioridades de las iniciativas. Si no fuera porque no existe partido, se diría que se trata de un programa de partido, o una declaración de principios pero nunca, pese a que advierte que es el “inicio de una transición”, un programa de gobierno.

Un programa abierto

Otra razón por la cual no sería un programa de partido estriba en que se define, de manera sorprendente, como un programa “abierto”. Quiere decir, en sus propias palabras, “que se irá consolidando en el diálogo plural”. Parece loable, aunque si se trata de una propuesta de gobierno la cual se somete a votación, es obvio que los electores necesitarían tener claro cuál es la opción que se ofrece, nítidamente diferente a las otras, para poder tomar una decisión. Claro está que, siendo realistas, lo cierto es que, aquí y ahora, los ciudadanos votan más que todo por las personas.

Según otra interpretación, lo que se está ofreciendo en realidad es un modelo de “democracia participativa”; una propuesta de gobierno, no de contenidos sino de procedimientos. Muy sólido, amplio y de aplicación inmediata tendría que ser este nuevo modelo para que se pudiera entonces dar curso a los demás puntos del programa. En todo caso si hay un término que se repite, una y otra vez, en el documento es el de “Pacto”, reforzado en algunas ocasiones con la noción de “contrato social”. Obviamente se relaciona con la idea de paz.

Las implicaciones políticas de este enfoque son enormes. Es claro que se rechaza la idea de clases sociales, sobre todo en el sentido de grupos antagónicos, basados en relaciones sociales de poder. Según este enfoque, en consecuencia, lo que está en disputa no son proyectos de sociedad que corresponden a intereses sociales opuestos, sino propuestas diferentes que pueden procesarse mediante un diálogo racional para llegar a consensos. Si es preciso enfrentarse a alguien (el uribismo, por ejemplo) es por razones morales: la corrupción, el egoísmo, la mezquindad. Todo cambio, en el fondo, es cultural. Evidentemente muy lejos del marxismo. Una razón para convencerse que no hay aquí nada de comunismo o de “castrochavismo” como dice la derecha.

No obstante, hay, ciertamente, un contenido mínimo del cual habría que partir para iniciar el diálogo; por eso se habla de “bases” programáticas. Visto en su conjunto, el programa consta de tres partes o tres “transiciones” como se les denomina allí. El Cambio es con las Mujeres; Economía para la vida, y Democracia multicolor. No es posible referirnos aquí ni siquiera a una porción significativa de las consideraciones, planteamientos y propuestas que se consignan, pero sí vamos a señalar los aspectos centrales de lo que allí se considera el cambio.

Evidentemente, la primera transición es la más importante, es el eje de este programa. Y no solamente porque la perspectiva de género es un principio, como se dice, transversal (e interseccional). –Perspectiva que se vuelve determinante pues se establece que las mujeres tendrán prioridad y protección en todas las políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación–.

La decisión que, en sus palabras, se formula así: “emprenderemos las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente al hombre”, tiene un peso enorme y una prioridad indiscutible en las acciones a desarrollar, simplemente por el hecho de que supone un conjunto bastante amplio de reformas en tan sólo cuatro años de gobierno. Algunas de ellas de carácter legislativo. Por ejemplo la obligatoriedad de la participación del 50 por ciento para las mujeres en todos los cargos públicos, en todos los niveles y en todas las ramas del poder. O la promesa, que todavía no se define cómo podría implementarse, pero que desde los primeros meses se volvería políticamente exigible: “Avanzaremos hacia la redistribución de la carga de las responsabilidades de los cuidados, entre las comunidades, las familias, el Estado, los hombres y mujeres. Disminuiremos sustancialmente las 8 horas diarias que la mujer dedica al trabajo de cuidados no remunerado, que serán compensadas por otros actores del sistema, frente a las 3 que dedican los hombres”.

El vuelco que esto representaría en la economía y la sociedad es crucial, histórico pudiéramos decir. Sólo enunciarlo es ya un compromiso que no puede menos que signar el conjunto del programa. Además, se anuncia la creación de un Sistema Nacional de Cuidados del que hace parte la política mencionada. Aunque en casi todos los ámbitos este programa propone la creación de “sistemas”, éste en particular tiene una significación preponderante, especialmente porque se convierte en la base conceptual y hasta operativa de toda la política que llamamos social. Comenzando por la educación y siguiendo con la salud.

No es posible detenerse aquí en los detalles pero abundan las propuestas y bien valdría la pena, en su momento, desarrollar un amplio y profundo debate en el conjunto popular. Hay propuestas que son simplemente repeticiones de iniciativas muy antiguas que fueron cuestionadas y fracasaron. Por otra parte, se atribuye la dirección de este sistema a un nuevo Ministerio, el de la “Igualdad”, que además articularía todas las acciones referidas a la eliminación de la desigualdad mediante la realización, según se dice, de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.

Aparte de meditaciones y discusiones, el cuestionamiento puede reducirse a un par de preguntas simples y elementales: ¿Por dónde empezar? ¿Cómo seguir?

La identidad originaria

La “economía para la vida” significa, como era previsible dada la historia política reciente de Petro, particularmente desde la pasada campaña presidencial, el abandono de lo que se ha llamado el modelo “extractivista”, y no sólo como expediente ineludible para enfrentar la emergencia debida al cambio climático sino, ahora, en clave de ética biocéntrica. Las implicaciones son muchas y de gran calado. En principio se asocia con el cambio de la matriz energética, transitando hacia energías “limpias”, eólicas, solares y otras, cosa que ya se ha aceptado, por lo menos teóricamente, en casi todo el mundo; la discusión versa entonces, especialmente en las grandes potencias capitalistas, sobre el sentido y ritmo de la gradualidad. Sin embargo, en un país como Colombia, más allá de las reflexiones sobre la innegable amenaza de la crisis climática, la disputa tiene que ver con su consecuencia obligada, esto es, la sustitución de las principales exportaciones (hoy petróleo y carbón) lo cual equivale a un replanteamiento de la inserción en el mercado mundial.

El cambio, entonces, como lo sugiere la utilización de la palabra “modelo”, es mucho más comprometedor y significa un cambio del patrón de acumulación capitalista. Todo un andamiaje que debe ser destruido y reemplazado, Desde la orientación “hacia afuera” y la redefinición del papel del mercado interno hasta la configuración del aparato productivo. Una transformación radical del volumen y la composición de las importaciones. Se buscaría una nueva dinámica y sentido de los flujos de inversiones (domésticas y desde el exterior). Y sobre todo una redefinición del papel del capital (y mercado) financiero que hoy por hoy es el determinante. Todo ello obliga a una renovación de las fuentes de los ingresos fiscales y, por lo tanto, a una reorientación de la política monetaria.

Ante la magnitud del cambio, cuyo futuro biocéntrico no deja de exaltar, el programa escoge la prudencia. La palabra mágica es “transición”. De hecho, el candidato, en la medida en que se veía forzado a aclarar su propuesta, precisó que, por el momento, de lo que se trata es de no permitir nuevas exploraciones en materia de hidrocarburos, como quien dice que, en los cuatro años de gobierno, la reducción en la producción y en las exportaciones será apenas notoria. Empero, los primeros pasos, sin duda, pueden ser ya un cambio si se dan en firme; es decir, si marcan de manera ojalá irreversible un cambio de dirección.

Uno de los aspectos básicos de la nueva dirección que el programa resalta es el abandono, como condición necesaria, de la subordinación sin límites a las leyes del mercado. Abandona, sin decirlo, el neoliberalismo. Valioso es, por lo demás, el hecho de que lo rechaza, aparte de la política económica, en todos los ámbitos de la vida social, como cultura, negación por excelencia de la noción de derechos humanos. Se recupera en consecuencia el intervencionismo, en la forma, según sus propias palabras, de una “expansión de las capacidades de lo público”. Desde luego hay aquí una diferencia con respecto al enfoque convencional de la socialdemocracia y el populismo ya que en varios puntos aclara que lo “público” es no sólo estatal sino también comunitario, social, étnico, grupal, corporativo, etcétera. La aplicación de este concepto queda, sin embargo, abierta; sometida a las múltiples, diversas y casuísticas formas de “participación”. De nuevo, la clave está en la forma y el proceso de la “transición”.

Téngase en cuenta un detalle sobresaliente. En ninguna parte del texto se habla de “capitalismo”. No es un hecho fortuito. Lo ha dejado en claro en repetidas ocasiones el candidato y la mayoría de sus cuadros de campaña: no han tenido, ni tienen ni tendrán jamás una vocación anticapitalista. Ni siquiera está entre sus motivos de reflexión. La razón es muy simple; según sus convicciones esta es una problemática obsoleta que ya ha sido reemplazada en la cultura contemporánea. Las condiciones históricas que la humanidad está encaminada a superar son fundamentalmente dos: el “antropoceno” como gran época que ha dado lugar a las relaciones de expoliación de los seres humanos sobre la naturaleza, y el régimen heteropatriarcal, matriz, junto con las de género, de todas las desigualdades y exclusiones basadas en la diversidad.

Así pues, aun estando en una perspectiva de cambio histórico verdaderamente secular, la aspiración se reduce, como se ha dicho, a un cambio de modelo o de patrón de acumulación de capital. Se mantiene, como horizonte, la imagen de un capitalismo de libre competencia, democrático, basado en la multiplicidad de pequeñas y medianas empresas. Razón de más para reiterar que no tiene nada que ver con el comunismo o el castrochavismo, como dice la derecha.

La “economía para la vida” se desenvuelve finalmente en lo que se llama las tres “democratizaciones” y los “pactos”, con orientaciones y concreciones en su mayoría discutibles, pero no es necesario detenerse ahí. Con todo, el abandono del modelo “extractivista”, en todos sus componentes, como los que remiten al neoliberalismo y la “financiarización”, es un cambio importante y una aspiración sentida desde hace años por significativos sectores del pueblo colombiano. El problema reside justamente en lo que se denomina “transición”.

Un programa “abierto” tiene aspectos positivos en lo que significa como ampliación de la democracia (“multicolor”), pero es al mismo tiempo un enorme riesgo. No debe olvidarse que cada medida que se vaya tomando levantará resistencias de parte de los poderes sociales y económicos afectados, no siempre pacíficas y limpias. De algo debería servir la experiencia de la Alcaldía de Bogotá. El rumbo definitivo puede ser muy diferente a lo previsto como resultado de las derrotas aplastantes o de las concesiones. De ahí la importancia de la intervención de los movimientos sociales. Más allá de los grupos más o menos organizados y de las formas encuadradas de la participación, el destino puede estar en manos de la acción directa y abierta.

La prueba ácida2

No cabe duda que el criterio para determinar, en Colombia, el alcance y la autenticidad de una propuesta de cambio, tiene que ver con el tratamiento y la respuesta que dé a la cuestión agraria. En este programa hay dos tipos de respuestas. Una general, que se desprende de consideraciones agroecológicas y ambientales, y otra concreta, que tiene en cuenta la situación particular del país, después de años de violencia contrainsurgente e imposición, mediante el desplazamiento de las familias campesinas, de una cruda contra-reforma agraria. La primera es, de todas maneras la más importante. Lo dice el título que le asignan al acápite correspondiente: “Campesinado, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y rrom dignificados y liderando la defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la nación”. Se extiende en consideraciones sobre el ordenamiento territorial con eje en el agua y la defensa de los ecosistemas. Señala la importancia de un sistema agroalimentario de circuitos cortos de producción y consumo. Es ahí donde se habla de reforma agraria, pero en relación con la defensa de los territorios, como suponiendo que los pueblos mencionados ya se encuentran allí y la cuestión principal se refiere a la autonomía.

El segundo tipo de respuestas está relacionado con la cuestión de la paz, pero como si ya estuviéramos en el periodo de la “reconstrucción”: “La paz es un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente en particular de las víctimas”. Es cierto que reconoce la necesidad de lo que muchos llaman la “paz completa”, es decir con el Eln, pero le añade una propuesta enteramente problemática a propósito del tratamiento de los grupos criminales. Este enfoque distorsiona completamente la noción de reforma agraria. Se reduce, por una parte, al cumplimiento del acuerdo de La Habana, “se impulsarán estrategias de acompañamiento jurídico para acelerar los procesos de restitución de tierras” (nada dice del fracaso de hoy) y por otra a una estrategia para transformar el patrón de usos del suelo (hoy latifundio “ganadero”) mediante una política tributaria según la cual “el propietario del latifundio improductivo debe activar la producción de sus terrenos, o pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales”.

Así, sin ir al núcleo de la problemática, queda mucha tela por cortar. Cualquier estudioso de la cuestión agraria recordará que ésta fue la solución alternativa a la reforma agraria que se le planteó tanto a López Pumarejo como a Lleras Restrepo, para no importunar a los terratenientes. Al mismo tiempo, Petro firma en una notaría un documento según el cual jamás recurrirá a la expropiación, (tema que dio lugar en los años treinta a la celebrada fórmula de la “función social de la propiedad”), obviamente para dar tranquilidad a los terratenientes de hoy.

Del dicho al hecho

Varias veces aludimos a lo problemático que resulta el enfoque de la “transición”. Aunque puede ser muy útil, en términos de la política práctica, para responder a cada situación según sus exigencias y no según las coherencias programáticas. Pero hay urgencias. En primer lugar sociales. Todas las encuestas, sondeos, consultas, nos dicen que entre los sectores populares hay dos preocupaciones, el empleo y la corrupción. Un aspecto del programa llama la atención y es tal vez lo más sustancioso: “La política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral, un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera”. La implementación no está todavía clara pero, si se difundiera, tendría un atractivo incomparable.

En lo referido a la corrupción, desafortunadamente lo que se propone se reduce a la realización de lo que se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico institucional. Estas urgencias sociales tienen que ver, en los primeros meses, con la credibilidad y la legitimidad del gobierno, cosa que de ninguna manera se puede menospreciar; la oposición, violenta e inescrupulosa, como se dijo antes, estará atenta.

Hay además urgencias macroeconómicas. La crisis económica –estanflación– que además tiene características mundiales, es evidente. La posición que en el programa se plantea es, por decir lo menos, ingenua. Obviamente es posible plantear una reforma tributaria que, gravando a los más ricos, pudiera rendir suficientes recursos para el Estado. En materia monetaria que es el espacio favorito de los tecnócratas neoliberales, hasta ahora la posición se reduce a reiterar que, desde el Banco de la República, la política debería atender no sólo la estabilidad de los precios sino el empleo y por tanto el crecimiento económico y el bienestar.

Habría que esperar. El problema consiste en que las urgencias terminen bloqueando las pretensiones de una política de fondo. No hay que olvidar –y vale la pena reiterarlo– que están en juego intereses de clases o fracciones de clases que no van a permanecer de brazos cruzados.

La propuesta Petro-Francia representa, en síntesis, un cambio, en el sentido más elemental de una nueva realidad política para Colombia. Como en casos similares, vale más por lo que se dice o se piensa de ella que por lo que se encuentra en sus documentos. Las acusaciones de la “derecha” contribuyen a concretar en las masas populares la idea de un cambio que es necesario. Por ese lado es un proceso transformador. En una perspectiva sociológica y cultural, es claro que su presentación recoge el saber acumulado de cuatro décadas de actividad de las ONG`s, bajo la tutoría de las agencias de cooperación internacionales. Dentro de un discurso “políticamente correcto”, como se dice en los medios anglosajones. En ese sentido son absolutamente actuales, contemporáneas.

1 Colombia. Potencia mundial de la vida. Programa de Gobierno Petro - Francia. 2022-2026
2 Esta expresión, que se utiliza aquí de manera figurada, es un indicador que se utiliza en la administración de empresas y se refiere a la capacidad que tiene una empresa para responder a las obligaciones corrientes pero es más exigente y rigurosa que otras medidas del grado de liquidez.

 


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Publicado enEdición Nº291
Miércoles, 18 Mayo 2022 06:00

Singularidad de un país 
con violencia

“El testigo”. Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado (1991-2018), fotografía (Cortesía desdeabajo)

En la actual campaña electoral colombiana, la expectativa de un cambio histórico es muy grande. Una frustración sería una verdadera catástrofe. Pero, más allá de los cálculos numéricos, lo apropiado sería reflexionar sobre las reales condiciones para su concreción. Una meditación sobre los antecedentes históricos, como la que sigue, bien puede contribuir a tal valoración.

 

Con el asesinato en 1948 del líder Jorge Eliécer Gaitán, Colombia perdió una posibilidad de tener, al igual que buena parte de los países de América Latina, un gobierno Nacional-Popular. La referencia es naturalmente al conocido fenómeno político que se desarrolló entre 1930 y 1960 aproximadamente, y cuyos principales ejemplos son Argentina con Juan Domingo Perón (1946-1955), Brasil con Getúlio Vargas (1937-45; 51-54) y México con Lázaro Cárdenas (1934-40) (1).


Es cierto que, años después, Rojas Pinilla, en el último tramo de su gobierno de facto, trató de encontrar una fuente de inspiración en Perón, pero fue un pálido remedo, como también lo fue la creación de su partido, la Anapo, eco lejano del “justicialismo”, y la tentativa de hacer de su hija María Eugenia una copia de Eva. Aun así, la oligarquía colombiana, mediante un fraude, en 1970 bloqueó su regreso al gobierno por la vía electoral. Luego, como si fuera un juego de sombras, el Movimiento 19 de abril, M-19, en sus inicios también fue un remedo del grupo “Montoneros” (2). Pero comenzaba ya otra época en Suramérica, las dictaduras militares, no sólo ahogaban en sangre cualquier asomo de resistencia popular sino que marcaban el fin de un modelo económico y social y el inicio de la era neoliberal.


La excepción colombiana es un hecho que puede calificarse de ventaja o de desventaja. Para quienes defienden lo primero significa que el país se ahorró un periodo de autoritarismo, recordando que, por ejemplo Perón tuvo que ser derrocado, lo cual refuerza la idea de nuestra imperecedera estabilidad democrática, la “más antigua de Latinoamérica”. Para los otros, lo que muestra es la precariedad de nuestra experiencia en un modelo de capitalismo industrialista relativamente independiente y con intervención social del Estado. Y lo más importante: se perdió, independientemente de la valoración de las experiencias, una posibilidad de ingreso de los sectores populares, como sujeto, a la esfera de la política. En cambio, arrastramos todavía una historia de implacable violencia que no necesitamos ahora volver a describir.


¿Puede encontrarse una regla?


Hablar de América Latina (y el Caribe) como una unidad con identidad propia no deja de ser, en cierta forma, un mero recurso retórico. Son evidentes las disparidades políticas y económicas entre los países, en la composición étnica y en la cultura. Es más, puede, y debe, ponerse en duda la homogeneidad de las naciones pese a la solidez de los Estados. La discusión es antigua: desde los albores de la independencia de los viejos colonialismos europeos. Desde luego, vista desde afuera, la identidad adquiere un poco más de sentido; especialmente frente al enfoque geopolítico de los Estados Unidos que siempre han impuesto la noción alternativa de “panamericanismo” (3). Y existe, sin lugar a dudas, una historia compartida, en el lugar semiperiférico que le ha correspondido a este subcontinente dentro del proceso de acumulación mundial capitalista. Hay algunos rasgos comunes. Uno de ellos tiene que ver con estas formas de Estado que hemos llamado Nacional-Populares, o con los procesos fallidos conducentes a ellos.


Como se dijo, la referencia es a los tres países mencionados que, por cierto, son los más grandes desde el punto de vista económico. Pero deben mencionarse también casos importantes como el de Bolivia con Paz Estenssoro (1952-56) y Guatemala con Jacobo Árbenz (1954), o el posterior de Perú con Velasco Alvarado (1968-1975). Aunque con reservas, suele mencionarse también a Ecuador con el sui generis Velasco Ibarra, especialmente en su segundo mandato (1944-47). Incluso en Cuba es claro que la caracterización le cabe tanto al movimiento encabezado por Fidel Castro como al gobierno revolucionario en su primera etapa. En otros países se registran movimientos análogos durante el periodo señalado, los cuales fracasaron en su intento y no dieron lugar a transformaciones del Estado.


Poner el acento en el populismo como movimiento lleva sin embargo a no pocos errores, el menor de los cuales es el anacronismo. Es lo que vemos en las miradas más recientes. El tema ha vuelto a tomar fuerza por lo menos en dos momentos: los años noventa, cuando, con la llamada “transición a la democracia”, los neoliberales (como los citados anteriormente) se propusieron llamar la atención sobre la amenaza del “neopopulismo”, y en los comienzos del siglo XXI a propósito de los gobiernos “progresistas” latinoamericanos, también como amenaza pero a veces como ilusión. Al respecto vale la pena citar el ensayo de Flavia Freidenberg (4). Estos enfoques conducen a confusiones y malentendidos. Por ejemplo, incluye todos los movimientos de carácter popular que adquirieron resonancia en el ámbito social o político. Como el Apra en Perú o el auge del movimiento obrero de los años veinte, particularmente en el Cono Sur, o la revolución mexicana, para no mencionar los numerosos que se encuentran en Europa o Estados Unidos. Y lo que es peor, al concentrarse en la particular relación caudillo-masas, incluyen el fascismo y el nazismo, lo cual gusta enormemente al “centrismo” que así puede hablar de populismos de izquierda y de derecha, ambos “igualmente malos”.


Es por estas razones que resulta preferible volver sobre la hipótesis sugerida. Se trata de una forma de Estado, correspondiente a un período histórico en Latinoamérica, que marca el fin del “Estado oligárquico” y el modelo primario-exportador y, por tanto el ingreso definitivo a la modernidad bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. De ahí el énfasis en lo nacional.


Es claro que este modelo arranca merced al colapso producido en la economía mundial por la recesión que siguió a la crisis de 1929 y luego por la Segunda Guerra Mundial, pero necesitaba, para arraigarse, de políticas proactivas y por tanto de un patrón de intervencionismo estatal que, a su vez, suponía incrementar el margen de maniobra respecto de las élites. De ahí el peso y protagonismo de las fuerzas militares. Es por esta transitoria autonomía de la política y del Estado que algunos caracterizan el populismo como una suerte de “bonapartismo” hecho posible por el vacío de poder que dejaba el derrumbe del Estado oligárquico. Mejor sería postular una reestructuración de los bloques de poder que llevaría posteriormente a la conquista de la hegemonía por parte de las burguesías industriales en ese momento en proceso de formación (5).


Lo así argumentado obliga a realizar alguna consideración sobre las clases sociales. Parece desprenderse de allí que el populismo implica no sólo el fortalecimiento del movimiento obrero, o más exactamente de los nuevos sectores populares urbanos, sino el establecimiento de algún tipo de alianza, por lo menos implícita, con la burguesía industrial en ascenso. Una alternativa frente a esta problemática es la representada por el que tal vez es el más conocido teórico sobre el tema, especialmente dado el impacto académico y político que ha tenido en España (“Podemos”), es decir, E. Laclau (6).


En coherencia con su enfoque, según el cual los grupos y movimientos sociales son puramente contingentes, invierte el orden de la determinación y considera que es el populismo como fenómeno el que construye las identidades políticas. De este modo, en el límite, llega a la conclusión que el populismo es la definición misma del espacio de la política. De cualquier manera, aparte de las discusiones sobre la configuración de las subjetividades sociales, es claro que la figura de la burguesía industrial como potencialidad, su naturaleza y capacidad, es fundamental para explicarse tanto el surgimiento y la solidez como la finalización de los Estados Nacional-Populares. Probablemente es su precariedad la que explica la ausencia del modelo en países como Colombia.


¿Y la excepción que la confirma?


No se debe subestimar, pero tampoco exagerar, la importancia de la aludida forma de Estado. El cambio de modelo a partir del intervencionismo se dio de todas maneras, en todas partes, con mayor o menor eficacia, en un proceso de transición más o menos largo, todo lo cual se expresa claramente en el grado de industrialización conseguido. Los elementos del “programa” se presentan de diferentes maneras de acuerdo con los antecedentes. La presencia del Estado arranca con el fortalecimiento de la educación y la salud públicas y la nacionalización de los servicios públicos domiciliarios, pero sobre todo con la fuerte inversión estatal en infraestructura y transporte, y con la nacionalización de los recursos naturales. En Colombia, suele identificarse la colocación de las primeras bases de este modelo en la segunda mitad de los años treinta, durante el gobierno de López Pumarejo, pero muchas de ellas son posteriores, durante la hegemonía conservadora o después.


La dimensión social es la que presenta la mayor diferenciación y depende también de los antecedentes, particularmente en el desarrollo del derecho laboral, incluida la seguridad social. En Colombia es una historia lenta de avances y retrocesos –dentro del mismo periodo liberal–, pero fue bajo un gobierno conservador cuando se expidieron los códigos procesal y sustantivo del trabajo y se creó el Instituto de Seguros Sociales. Desde luego, la cara social más visible de los populismos son los programas de asistencia social, incluidos los de vivienda. En Colombia, nunca han faltado, pero es lo que más se recuerda de la dictadura de Rojas Pinilla, confirmando su intento de parecerse a Perón.


No obstante hay un aspecto que dejan de lado la mayoría de los estudiosos del populismo, precisamente por concentrarse en el fenómeno novedoso de las masas urbanas, resultado de la migración desde el campo: la reforma agraria. Los casos son obviamente diversos. En unos ni siquiera se consideró, como en Argentina, y en otros no era prioritaria, como en México, donde se venía justamente de una revolución, pero hubo algunos, como en Bolivia, más adelante en Perú y naturalmente en Cuba, donde fue fundamental. Por lo demás, fue el vacío más protuberante de la experiencia brasilera. Tiene que ver seguramente con las modalidades de inserción en el mercado mundial, según la importancia de la exportación de materias primas agropecuarias.


Es un aspecto clave para la interpretación de la excepcionalidad colombiana. Junto a la economía cafetera, parcelaria en buena parte, que ha dado lugar a una amplia capa de campesinado de mentalidad conservadora, así como a una fracción importante de la burguesía agraria, encontramos una enorme porción del territorio en forma de latifundio que no ha dejado de ampliarse, dando lugar a una oligarquía inescrupulosa y violenta, una y otra vez renovada. Fue este factor el que impidió, en su momento, una recomposición del bloque de poder en un sentido progresista mediado por una forma de Estado Nacional-Popular; la cuestión agraria no podía ser accesoria sino el supuesto ineludible de cualquier proyecto desarrollista.


El cuarto de hora 
de los gobiernos progresistas


Como se señaló, los gobiernos que en Suramérica se sucedieron después del triunfo de Chávez en Venezuela fueron calificados de “izquierda” y motivaron las advertencias de los economistas y politólogos neoliberales. Pero lo que era terror en éstos, era nostalgia en los líderes de esa izquierda. No siempre de manera consciente. El único caso, por demás patético, ha sido el de Argentina. En el lado opuesto, el que más terminó pareciéndose a Perón fue, sin darse cuenta ni reconocerlo, Chávez, claro está en cuanto movimiento y forma de gobierno ya que en materia económica nunca pudo superar el simple modelo primario exportador.


He ahí la clave para la interpretación de los gobiernos progresistas, que nunca fueron una nueva forma de Estado pese a los intentos bolivianos. En términos económicos parecieron retornar precisamente al modelo superado por los Estados Nacional-Populares. La única diferencia se encuentra, como es lógico, en la propuesta de Brasil que lo enmarca en un proyecto expansionista de potencia emergente. Sin embargo, en la medida en que retomaron el intervencionismo del Estado, sí constituyeron un cambio, pero respecto al modelo neoliberal inmediatamente precedente (7).


La nostalgia no implicó, pues, repetición, pero sí constituyó un relato y una idea fuerza de gran poder. En efecto, en tiempos de globalización, en contra de la cual se venía levantando una globalización alternativa de las luchas populares, había crecido el intercambio de ideas y paradigmas en las filas críticas, académicas y políticas. Como lo mostró, en sus diferentes ediciones el Foro Social Mundial, poco a poco fueron conquistando el predominio, en contra del pensamiento único de culto al mercado, las ideas de la socialdemocracia europea cuyos derrotados militantes visitaban repetidamente Latinoamérica. La lectura que hacían de los nuevos gobiernos, teñida del culto al “buen salvaje”, no era más que la pura evocación del “Estado de Bienestar” perdido. La crisis estalló cuando se puso de presente la incompatibilidad entre las ideas indigenistas y ecologistas, y la defensa de un modelo “extractivista” del que aparentemente dependía la política social.


La experiencia, de todas maneras, ha sido aleccionadora. Lo necesario no es la repetición sino la construcción de algo nuevo. Algo de ello se vivió en el pasado. La propuesta Nacional-Popular era declaradamente pro-capitalista, su catastrófico final no fue más que la revelación de los límites del capitalismo. Es por eso que las ideas de revolución y de socialismo, en aquel entonces, se presentaron en principio, siguiendo el ejemplo de Cuba, como una decepción frente a las promesas desarrollistas encarnadas no solamente en esa propuesta sino en las elaboraciones de la Cepal, incluyendo sus versiones de izquierda. Hoy en día no sólo se ha manifestado la crisis operativa del capitalismo sino su caducidad como orden civilizatorio, poniendo en duda hasta la idea de desarrollo y de progreso. Nuevas tareas se ponen al orden del día. Está en juego incluso la supervivencia de la humanidad.


Pero otra vez resurge la vieja discusión. Nadie confía ya en un “derrumbe”, los tiempos de la lucha social no son los de un abrir y cerrar de ojos, y si bien no se trata tampoco de un avance lineal sino de una acumulación discontinua y plural, es preciso contemplar momentos de transición.


A propósito de los Estados Nacional Populares, y jugando un poco a los anacronismos, pudiera decirse que en América Latina ya no habrá una segunda oportunidad sobre la Tierra. Pero el caso de Colombia es distinto: ¡se trata de su primera oportunidad!

 

1. Puede entenderse, o bien como movimiento o partido, o bien como tipo de gobierno o forma de Estado. Aquí se utiliza en la segunda acepción. La denominación Nacional-Popular fue introducida por G. Germani, a principios de los años sesenta, a cambio de la más conocida, “Populismo”, dado que ésta tenía, desde una mirada elitista y conservadora, una connotación peyorativa. Germani, G. Política y sociedad en una época de transición, de la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Paidós, Buenos Aires, 1962. Hoy, en tiempos de neoliberalismo, a todo lo que signifique políticas sociales e intervención del Estado se le llama populismo y se asocia con demagogia, ya no principalmente en “defensa de la democracia” sino en nombre de la “ciencia económica”. Dos de sus más connotados teóricos dieron la pauta: “el “populismo económico” es un enfoque de la economía que destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso y menosprecia los riesgos de la inflación y del financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado” . Ver Dornbusch, R. y Edwards, S. Macroeconomía del Populismo en la América Latina. Fondo de Cultura Económica. México, 1992, pág. 11
2. Seguramente por obvio, suele olvidarse que el M-19 nació, a instancias de la siguiente elección presidencial en 1974 (en la que participaba María Eugenia), como una reacción escéptica del anapismo frente al camino electoral. Es cierto que la insurgencia armada rural llevaba ya una década en el país y con varias organizaciones, pero la novedad no se limitaba a su carácter urbano sino a un cambio de enfoque en la línea de masas. Pese a que, además de los propiamente anapistas, muchos de sus fundadores provenían de la izquierda, incluso armada, se afirmaba que, en Colombia, la verdadera corriente popular antioligárquica se encontraba en el anapismo y era sobre éste como podía avanzar una perspectiva revolucionaria. “Con el pueblo, con las armas, con María Eugenia, ¡Al poder!” fue su primera consigna.
3. Ver Moncayo S., Héctor-León, Ni lo uno ni lo otro-integración y desarrollo. Plataforma de Derechos humanos, democracia y desarrollo, Bogotá, 2006
4. Freidenberg, F. La tentación populista: una vía al poder en América Latina. Madrid, Editorial Síntesis, 2006.
5. Desde otro punto de vista, el Estado Nacional-Popular podría considerarse como el equivalente del “Estado Bienestar” o “providencia” que la escuela “regulacionista” atribuye a la etapa “fordista” del régimen de acumulación capitalista en el centro; algunos se refieren, siguiendo esa lógica, al “fordismo periférico”. En todo caso, por sus limitados alcances, se trataría de una forma apenas similar, “periférica”.
6. Laclau, E., La razón populista, FCE, México, 2006
7. Ver Stolowicz, B., “El misterio del posneoliberalismo”, Tomo II, Estrategia para América Latina. Vol 2. Ilsa, Bogotá, 2016

*Economista Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

 

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Publicado enColombia
Federico Ríos Rojas, “Los días póstumos de una guerra sin final”, fotografía (Cortesía del autor)

Le corresponde a la ciudadanía, cada día más consciente de qué tipo de régimen no desea, hacer lo que está en sus manos y darle paso, por primera vez en dos siglos a un régimen alternativo que represente las voces de pueblos, comunidades y ciudadanos que saben que otro mundo es posible en el país.

En un estudio del historiador Arno J. Meyer titulado La persistencia del antiguo régimen: Europa y la Gran Guerra, publicado originalmente en 1981, el autor deconstruye una serie de creencias y afirmaciones que han predominado en la interpretación de lo relacionado en el siglo XX en ese continente.


Tres grandes premisas alientan su trabajo: primera, que la Gran Guerra (1914-1918) está conectada umbilicalmente con la Segunda Guerra (1939-1945); segunda, que la crisis que desató la Gran Guerra fue el resultado de la movilización de las fuerzas del Ancien Regime, es decir del régimen depuesto por la Revolución Francesa casi siglo y medio antes. A pesar de haber perdido impulso frente a los avances del capitalismo industrial, las fuerzas del Antiguo Régimen eran lo suficientemente vigorosas y poderosas como para resistir y desacelerar el curso de la historia. La guerra fue una expresión del declive y caída de ese Antiguo Régimen, hasta que, en 1917, todo lo que este representaba inició su derrumbe final. Con todo, a excepción de Rusia, esa persistencia sobrevivió y se extendió hasta 1945 en las formas de una crisis continental ampliada con regímenes fascistas y el rebrote de la guerra generalizada. La tercera premisa, y más fuerte de Mayer, es que el antiguo orden europeo era totalmente preindustrial y preburgués.


Es errado el enfoque de muchos historiadores, dice Mayer, de resaltar factores como el avance y la tecnología, el capitalismo industrial y global, la burguesía y la clase media, la sociedad supuestamente liberal y profesional y el modernismo cultural. Esos enfoques, critica Mayer, se han ocupado más en demostrar el advenimiento de la modernidad a través de las fuerzas de innovación y la emergencia de una nueva sociedad que en reconocer las fuerzas de inercia y resistencia que desaceleraron el ocaso del viejo orden. Existe una ambivalencia entre la importancia que dan unos y otros historiadores, continúa Mayer, de repudiar la idea de progreso, pero, aun así, siguen creyendo en ella.


Esta tendencia, de respetar y atenerse a la idea del progreso, y de profesar una fe tacita en él se articula con la intensa aversión al inmovilismo histórico y las fuerzas regresivas. De esa manera ha existido una predisposición de negar o demeritar o devaluar el aguante de las viejas fuerzas e ideas y de su astucia para asimilar, retardar, neutralizar y atenuar la modernización capitalista incluyendo los procesos de industrialización. El resultado de lo anterior es una visión parcial y equivocada de la Europa del siglo XIX y XX. Será necesario, invita Mayer, que los historiadores examinen no solo el drama que implicó el progreso y el cambio sino también la implacable tragedia de la perseverancia histórica de ese Antiguo Régimen y la dialéctica interacción entre las dos. Los historiadores de todas las vertientes ideológicas han rebajado la importancia de los intereses económicos preindustriales, de las elites preburguesas, de los sistemas predemocráticos de autoridad, de los lenguajes artísticos premodernos y de las mentalidades “arcaicas”.


Esto lo han conseguido al explicar estas manifestaciones como últimos rezagos, por no decir reliquias, que continuaron en sociedades que aceleradamente se remozaban en lo social y lo político. Han exagerado marcadamente, insiste Mayer, el declive de la importancia de la tierra, tanto de origen noble como campesino, la contracción de la manufactura tradicional y del comercio, los fortines provinciales, los artesanos, la derogación de las monarquías, el fin de la nobleza en cargos públicos y en las cámaras altas, el debilitamiento de las religiones organizadas y la atrofia de una cultura elevada. Los historiadores explican lo anterior como meros vestigios de un pasado moribundo, de un esfuerzo por usar o abusar esa vitalidad para diferir o entorpecer el avance ineludible del progreso del capitalismo industrial, de la nivelación social y del liberalismo político. Todo lo anterior conduce a Mayer a refutar estas teorías para defender la hipótesis contraria: que todos estos elementos “premodernos” no eran frágiles y decadentes remanentes de un pasado casi extinto sino la esencia misma de las sociedades civiles y políticas de toda esa época que existieron entre la Revolución Francesa y el final de la Segunda Guerra Mundial.


Lo que es perturbador, al hacer una lectura comparada de la obra de Mayer con la historiografía colombiana, es ver, de qué manera, nuestros historiadores han sobrevalorado el advenimiento de la modernidad en el país, dando como prueba de ellos la constitución del 86, el fin de la Guerra de los Mil días, el pago de la indemnización por la pérdida de Panamá, la agonía y fin de la hegemonía conservadora, la aparición de colegios y universidades no vinculados con la Iglesia, la incipiente industrialización por medio de textilerías y cervecerías, la fundación de la primera aerolínea en Sudamérica, el trazado de acueductos, alcantarillados y vías en las más grandes ciudades de la época, las campañas de higienización y salud pública, los debates “científicos en torno a qué hacer con la raza colombiana, supuestamente degenerada, la campaña por sustituir el consumo de chicha por cerveza, la aparición de los primeros sindicatos y las conquistas laborales, los conflictos sociales y huelgas, el surgimiento de una nueva novela de carácter social, el auge de la producción y exportación de café como principal fuente de divisas, la contratación de la Misión Kemmerer predecesora del Banco de la República, el descubrimiento del petróleo y la construcción de la primera refinería en Barrancabermeja, el trazado del primer oleoducto de allí hasta Cartagena, el intento de socializar el pensamiento liberal, con la llegada del partido liberal al poder y su proyecto de la “Revolución en Marcha de López Pumarejo, entre muchas señales de un modernismo que se había tratado en llegar pero que, finalmente, aparecía en nuestro país. Es notorio el esfuerzo de los historiadores colombianos para resaltar de qué manera el país se modernizó en lo económico, político y social desde finales del siglo XIX hasta la República liberal de los años treinta.


Todo lo anterior se ha dicho con el fin de resaltar el declive de un pensamiento y régimen de carácter regresivo –representado principalmente en la Hegemonía Conservadora de 1886 a 1930 pero que se anclaba desde mucho antes– que se agotaba en su ideología y práctica y que, a pesar de aferrarse a sus principales banderas políticas, económicas, sociales y religiosas, comenzaba a dar paso, lentamente, pero de manera clara, a la “modernidad” con la apertura social, económica, política, tecnológica e industrial que llevaría al país a lo que hoy día es. El aparente despertar de nuestro país a las realidades del mundo en el siglo XX, según estas interpretaciones, desconoce una realidad que hoy, un siglo después de la “danza de los millones” –la indemnización por el zarpazo a Panamá– que marcó, para muchos, el ingreso a la modernidad, no es ningún despertar, En realidad, el Régimen Antiguo continuó existiendo con todos sus vicios y excesos y, el país siguió adormecido.


El régimen que imperaba en Colombia antes de su “modernización” era, mutatis mutandis, similar al del Antiguo Régimen europeo: preburgués, precapitalista, casi esclavista y de servidumbre humana; esencialmente agrario, con énfasis en los latifundios, no industrializado, centrado en la posesión de la tierra como símbolo de riqueza, poder y control, enclavado en privilegios de familias oligárquicas que anteponían apellidos, herencias y hegemonías a cualquier otro tipo de movilidad social o económica, y además, un régimen altamente subordinado a los Estados Unidos.


Para continuar con la analogía a la tesis de Mayer, lo que se postula aquí en estas líneas, es que ese régimen, lejos de ceder su lugar a la “modernidad” y de amainar o decaer, se mantuvo y se mantiene hasta hoy, como un señorío ejercido por un porcentaje ínfimo de la sociedad, acaparando, explotando y malversando los recursos económicos, políticos, educativos y de producción del país; un régimen que persiste, atrincherado en sus privilegios y revestido de sus ideas reaccionarias, así se insista en hacerle creer al país, por historiadores, políticos e intelectuales, que la modernidad, con todas sus ventajas, cumple un siglo de haber tomado forma en Colombia.


En otras palabras, aquí existe, desde 1810, un régimen que no ha cedido su lugar a otro que traiga ideas, políticas o líderes que pongan en peligro la hegemonía de clase, la concentración de poder, el acaparamiento de la riqueza, de la tierra, el modelo económico capitalista, el control sobre los medios de comunicación, la educación de calidad como privilegio y no como derecho, la segregación y la discriminación social. Para ello, este régimen bicentenario, más allá de una fachada, primero bipartidista y luego pluripartidista, de una nueva constitución y de señales y guiños que no corresponden a una voluntad real de cambio, se ha apertrechado detrás de sus intereses de clase, y ha conseguido que, después de doscientos años de vida republicana, no haya existido un solo gobierno de clara vocación social o progresista, ni aún en los tres destellos más claros; las repúblicas liberales de 1863 y 1930 y la puerta abierta por la Constitución del 91. En estos tres momentos, las fuerzas liberales que accedieron al poder fueron incapaces o no consiguieron abrir al país a un régimen diferente al único que ha existido. Por ello la caracterología y semblanza del Antiguo Régimen se perpetúa y renueva en cada elección presidencial.


Es así como, a lo largo de dos siglos el país continúa dominado por un régimen que parece haberse detenido en el tiempo con una sólida capacidad de reacción al cambio, que niega la posibilidad de una nueva sociedad, que frena la emergencia de ideas que contrasten y diverjan de un pensamiento dominante.


Una constante en la cual no es posible ignorar la larga tradición de pensamiento conservador que ha recorrido e influido a los gobiernos y a la sociedad: desde los llamados ‘pre-conservadores’ como Bolívar, Nariño (dos ambiguas figuras que esbozaron ideas que después serán apropiadas por uno y otro bando político), Camilo Torres, J.M. Castillo y Rada, y después los fundadores del partido conservador, Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, para después surgir Sergio Arboleda, José María Samper, Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro, Carlos Martínez Silva, Marco Fidel Suárez, Rafael María Carrasquilla, Carlos E. Restrepo, Abel Carbonell, Aquilino Villegas, Félix Restrepo, S.J., José De la Vega, Laureano Gómez, Ospina Pérez Gonzalo Restrepo Jaramillo, Guillermo Salamanca, Silvio Villegas, José Camacho Carreño, Alzate Avendaño, Abel Naranjo Villegas, Raimundo Emiliano Román, Lucio Pabón, Álvaro Gómez Hurtado, Pastrana Borrero, José Galat, Alberto Dangond Uribe, Alfonso López Trujillo y Melo Guevara, todos ellos ideólogos, a través de sus escritos y publicaciones, del persistente Antiguo Régimen.


Es digno de realizar un análisis posterior y contrastar esta extensa lista, con la que corresponde a los ideólogos de ideas liberales y socialistas en Colombia. Muchos de estos, Camacho Roldán, José María Samper, Florentino González, Murillo Toro (que un día defendía la propiedad privada y al otro la atacaba) Rufino José Cuervo, Mosquera; López Pumarejo, Eduardo Santos, López Michelsen, eran representantes de las elites y familias que han cogobernado el país bajo el amplio manto del Antiguo Régimen. Solo figuras como Gaitán y hasta cierto punto Uribe Uribe, se salen del contubernio matizado apenas por colores y banderas políticas.

En su firme determinación, este régimen, ha apelado a la fuerza del Estado, al control de los medios de producción, a requintar el modelo económico, a las alianzas ventajosas, a la corrupción y al exterminio sistemático de todo tipo de oposición política o social para persistir en el tiempo.


Esto es evidente en hechos como:

1) La prevalencia de la religión y la Iglesia en el poder, en la política, en la educación, y en las decisiones de todo tipo que impactan a la sociedad; matrimonio, aborto, identidad sexual, etcétera. Es significativo que sectores religiosamente contrarios como el catolicismo y el protestantismo, encuentren hoy convergencias en el poder.
2) La presencia de elites agrarias, ganaderas y económicas en el poder que impiden tanto la aprobación y materialización de una reforma agraria en el país que redistribuya de manera equitativa la tierra (el principal problema histórico y la mayor fuente de enriquecimiento de las elites), como la necesario y justa tributación progresiva, a la par de la eliminación de exoneraciones y privilegios de todo tipo.
3) El paramilitarismo de Estado que silencia y elimina todo tipo de disenso político.
4) La injerencia política y militar de los Estados Unidos, manifiesta de múltiples y recurrentes procederes, entre ellos: perpetuar el régimen capitalista, conseguir la subordinación del nuestro a las directrices del gobierno norteamericano, asegurar la presencia de tropas y bases norteamericanas, firmar TLCs desventajosos para el país, supeditar a certificaciones la asistencia, el crédito o la ayuda de cualquier tipo, etcétera.
5) La impecable capitalización de los errores de diverso tipo cometidos por las guerrillas para intentar acceder al poder por las armas y calificar cualquier intento de cambio como “terrorista” o “criminal”.
7) El debilitamiento de todo tipo de oposición a través de la cooptación y la corrupción
8) La interposición de barreras constitucionales, legales y económicas para permitir un cambio de modelo económico, social y político.
9) El falso mensaje de la existencia de una democracia legítima que supuestamente representa los diversos intereses de los colombianos.
10) El asesinato selectivo de los líderes contrarios a los fundamentos del Antiguo Régimen con mayor opción de acceder al gobierno, así como de miles de militantes de los partidos de izquierda, como ocurrió con la Unión Patriótica.
11) El debilitamiento de las organizaciones sindicales por intimidación, cooptación u otras estrategias; el desestímulo al sindicalismo de industria.
12) El control de los medios de comunicación por fuerzas económicas y elites para desviar la opinión pública de los verdaderos problemas del país. El descrédito, ahogo y aislamiento económico a los medios independientes.
13) La manipulación de la opinión publica para hacer creer que hay que evitar la “cubanización” o “venezuelización” del país como sinónimo de catástrofe.
14) El reparto de una inmensa burocracia entre partidos políticos representativos de las élites, administrada por expresidentes y gamonales que exigen, en el repartijo y usurpación de lo público, sus respectivas cuotas políticas.
15) Un oligopolio donde las nuevas generaciones de familias tradicionales son las que heredan candidaturas, puestos políticos, poder y privilegios.
16) El persistente ataque a la clase media, pilar de una sociedad burguesa, que se diluye en la pobreza mientras las elites se enriquecen más. Desigualdad al límite de la misma pervivencia de millones de empobrecidos, claro signo de la persistencia del “antiguo régimen”.
17) El saboteo para no honrar los acuerdos de paz concertados con exgrupos guerrilleros o de dar cabida y juego político a los excombatientes.
18) El amilanamiento, a través de la censura, la autocensura o la intimidación, de una oposición ideológica fuerte para generar una conciencia social de cambio profundo en el país.

Este país, pintado aún con técnicas paisajistas, adormecido por el alcanfor de formas políticas y económicas vetustas, se apresta a elegir presidente en elecciones por realizase en primera vuelta al final de mayo, y segunda a mediados de junio. Le corresponde a la ciudadanía colombiana, que cada día es más consciente de qué tipo de régimen no quiere padecer más (eso se vio claro durante las jornadas de protesta del pasado paro nacional), y hacer lo que está en sus manos para darle paso, por primera vez en dos siglos, a un régimen alternativo que represente, no a las elites tradicionales, sino a las voces de pueblos, comunidades y ciudadanos que saben que otro mundo es posible en el país.

 

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Martes, 17 Mayo 2022 06:00

El triunfo del cinismo

Verona, escultura (Cortesía del autor)

La reelección de Emmanuel Macron confirma un duelo que una mayoría aplastante de electores esperaba evitar. Anuncia un nuevo quinquenio sin ímpetu y sin esperanza. El presidente saliente fue reelecto por defecto, cuando una mayoría de los franceses estima que su balance es malo (56%), que desde hace cinco años la situación del país se degradó (69%), que su programa es peligroso (51%) y que sirve sobre todo a los intereses de los privilegiados (72%) (1). Por lo tanto, es únicamente por rechazo a la extrema derecha que millones de electores de izquierda se han resignado a votar por un presidente contra el cual algunos ya están dispuestos a salir a la calle. Las ocasiones no les van a faltar: baja del poder adquisitivo, aumento de la edad de jubilación, inacción en cuanto al cambio climático, aumento de las tasas de interés, dispositivos punitivos contra los desempleados...

Hace cinco años, el semanario británico The Economist, cerca del éxtasis, presentaba al presidente francés en portada. Se lo veía caminando sobre el agua vestido con un traje tan reluciente como su sonrisa fanfarrona. Para una burguesía mundial golpeada por el estupor y el pavor generados por el Brexit y la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, la llegada a la escena internacional de Macron parecía una venganza. Esperaba que produjera un reflujo del “populismo” de la extrema derecha en Europa, a favor del liberalismo “progresista” y de la globalización. Ya no queda casi nada de esta ilusión. Junto con la crisis sanitaria y hospitalaria, las dificultades de abastecimiento energético y la guerra en Ucrania, los temas de la soberanía, del poder adquisitivo, de la reubicación de las actividades productivas y de la planificación ecológica ocupan un lugar creciente en el debate público. A tal punto que el pasado 10 de abril, al final del fallido quinquenio de Macron, la izquierda rupturista consolidó su influencia, y la extrema derecha nacionalista, que la política del presidente saliente pretendía contener, progresó significativamente. Sus tres candidatos sumaron un total del 32,3 por ciento de los votos emitidos en la primera vuelta (2), un resultado superior al del jefe de Estado (27,8%).

Dos semanas más tarde, en la segunda vuelta, Marine Le Pen juntó 2.600.000 votos más que en 2017, mientras que su rival victorioso obtuvo 2 millones de votos menos.


El “extremo centro”


El ex ministro de Economía de François Hollande logró no obstante hacerse reelegir conservando el apoyo de su electorado socialista, a pesar de una política que no lo fue en absoluto. Remató su obra seduciendo al electorado de derecha gracias a decisiones fiscales y sociales alineadas con sus expectativas. Podríamos aplaudir este talento. Desde que, bajo la V República, el Presidente es elegido por sufragio universal directo, cada segunda vuelta de la contienda electoral incluía un candidato de derecha o un candidato de izquierda, y la mayoría de las veces ambos a la vez, uno contra el otro. El pasado 10 de abril, la derrota de los socialistas y de la derecha pulverizó este escenario al borrar a sus dos protagonistas habituales: la derecha y los socialistas sumaron en total el 6,5 por ciento de los votos. En 2012, sumaban el 55,81por ciento...


El presidente francés se convirtió así en el elegido de la derecha “al mismo tiempo” que el de una izquierda burguesa que, desde François Mitterrand, el “giro del rigor” de 1983, el Tratado de Maastricht de 1992 y el Tratado Constitucional Europeo de 2005, se acostumbró (y conformó) a las políticas neoliberales. Más que admitir esta evidencia, Macron prefirió presentarse como el demiurgo de una “ideología” heteróclita cuya única utilidad discernible es que le permite actuar a su antojo. “El proyecto de extremo centro –pontificó la antevíspera de su reelección ante un puñado de periodistas afables– se basa en la unión de varias familias políticas, de la socialdemocracia, pasando por la ecología, el centro, y una derecha en parte bonapartista y en parte orleanista y pro europea” (3).


Tales acoples entre socialdemocracia y derecha orleanista, ecología europea y derecha bonapartista, no tienen ni consistencia teórica ni espesor histórico. A nivel sociológico, en cambio, definen el actual “bloque burgués”, el “partido del orden”, la “Francia de arriba”. La coalición de todos aquellos que se horrorizaron ante el movimiento de los chalecos amarillos, y cuya feroz represión tranquilizó. Este mismo público ovacionó a Macron durante su gran mitín parisino del pasado 2 de abril, cuando pregonó lo que luego se convirtió en uno de sus clips de campaña: “A pesar de las crisis, hemos mantenido nuestras promesas. Para poner fin a ese mal francés que era el desempleo en masa, había que arremeter contra los viejos tabúes del sistema fiscal, el derecho del trabajo, el seguro de desempleo”. Su gobierno también “arremetió contra el tabú” de las ayudas a la vivienda y el del impuesto sobre la fortuna.


Por lo tanto, no sorprende que en lugares tan acomodados y conservadores como Neuilly, el XVI Distrito de París o Versalles, el resultado del presidente saliente se haya duplicado en cinco años, y que haya aplastado a la candidata de la derecha oficial Valérie Pécresse (4). Tras la represión del movimiento obrero de junio de 1848, seguida por la de la Comuna de París en 1871, los monarquistas también perdieron su utilidad política, una vez que los republicanos demostraron a la burguesía que ellos también podían mostrarse implacables con la plebe. En suma, con Macron en el poder, la derecha se convirtió en dispensable, al igual que un Partido Socialista convertido hace mucho al social-liberalismo y a la globalización capitalista. Su destrucción común se asemeja a un esclarecimiento.


Detrás del “proyecto de extremo centro” se reúne un electorado conservador de jubilados acomodados y de mandos superiores, en una proporción que aumenta según la edad y el ingreso (5). Su influencia electoral está amplificada por una tasa de participación excepcional (88% para los de 60-69 años), mientras que la de los jóvenes y de los sectores populares, claramente más favorables a Jean-Luc Mélenchon o a Marine Le Pen, se derrumba (el 54% de los de 25-34 años participó este año en la primera vuelta, contra el 72% en el 2017).

 

 

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Publicado enInternacional
Federico Ríos Rojas, “Los días póstumos de una guerra sin final”, fotografía (Cortesía del autor)

Le corresponde a la ciudadanía, cada día más consciente de qué tipo de régimen no desea, hacer lo que está en sus manos y darle paso, por primera vez en dos siglos a un régimen alternativo que represente las voces de pueblos, comunidades y ciudadanos que saben que otro mundo es posible en el país.

En un estudio del historiador Arno J. Meyer titulado La persistencia del antiguo régimen: Europa y la Gran Guerra, publicado originalmente en 1981, el autor deconstruye una serie de creencias y afirmaciones que han predominado en la interpretación de lo relacionado en el siglo XX en ese continente.


Tres grandes premisas alientan su trabajo: primera, que la Gran Guerra (1914-1918) está conectada umbilicalmente con la Segunda Guerra (1939-1945); segunda, que la crisis que desató la Gran Guerra fue el resultado de la movilización de las fuerzas del Ancien Regime, es decir del régimen depuesto por la Revolución Francesa casi siglo y medio antes. A pesar de haber perdido impulso frente a los avances del capitalismo industrial, las fuerzas del Antiguo Régimen eran lo suficientemente vigorosas y poderosas como para resistir y desacelerar el curso de la historia. La guerra fue una expresión del declive y caída de ese Antiguo Régimen, hasta que, en 1917, todo lo que este representaba inició su derrumbe final. Con todo, a excepción de Rusia, esa persistencia sobrevivió y se extendió hasta 1945 en las formas de una crisis continental ampliada con regímenes fascistas y el rebrote de la guerra generalizada. La tercera premisa, y más fuerte de Mayer, es que el antiguo orden europeo era totalmente preindustrial y preburgués.


Es errado el enfoque de muchos historiadores, dice Mayer, de resaltar factores como el avance y la tecnología, el capitalismo industrial y global, la burguesía y la clase media, la sociedad supuestamente liberal y profesional y el modernismo cultural. Esos enfoques, critica Mayer, se han ocupado más en demostrar el advenimiento de la modernidad a través de las fuerzas de innovación y la emergencia de una nueva sociedad que en reconocer las fuerzas de inercia y resistencia que desaceleraron el ocaso del viejo orden. Existe una ambivalencia entre la importancia que dan unos y otros historiadores, continúa Mayer, de repudiar la idea de progreso, pero, aun así, siguen creyendo en ella.


Esta tendencia, de respetar y atenerse a la idea del progreso, y de profesar una fe tacita en él se articula con la intensa aversión al inmovilismo histórico y las fuerzas regresivas. De esa manera ha existido una predisposición de negar o demeritar o devaluar el aguante de las viejas fuerzas e ideas y de su astucia para asimilar, retardar, neutralizar y atenuar la modernización capitalista incluyendo los procesos de industrialización. El resultado de lo anterior es una visión parcial y equivocada de la Europa del siglo XIX y XX. Será necesario, invita Mayer, que los historiadores examinen no solo el drama que implicó el progreso y el cambio sino también la implacable tragedia de la perseverancia histórica de ese Antiguo Régimen y la dialéctica interacción entre las dos. Los historiadores de todas las vertientes ideológicas han rebajado la importancia de los intereses económicos preindustriales, de las elites preburguesas, de los sistemas predemocráticos de autoridad, de los lenguajes artísticos premodernos y de las mentalidades “arcaicas”.


Esto lo han conseguido al explicar estas manifestaciones como últimos rezagos, por no decir reliquias, que continuaron en sociedades que aceleradamente se remozaban en lo social y lo político. Han exagerado marcadamente, insiste Mayer, el declive de la importancia de la tierra, tanto de origen noble como campesino, la contracción de la manufactura tradicional y del comercio, los fortines provinciales, los artesanos, la derogación de las monarquías, el fin de la nobleza en cargos públicos y en las cámaras altas, el debilitamiento de las religiones organizadas y la atrofia de una cultura elevada. Los historiadores explican lo anterior como meros vestigios de un pasado moribundo, de un esfuerzo por usar o abusar esa vitalidad para diferir o entorpecer el avance ineludible del progreso del capitalismo industrial, de la nivelación social y del liberalismo político. Todo lo anterior conduce a Mayer a refutar estas teorías para defender la hipótesis contraria: que todos estos elementos “premodernos” no eran frágiles y decadentes remanentes de un pasado casi extinto sino la esencia misma de las sociedades civiles y políticas de toda esa época que existieron entre la Revolución Francesa y el final de la Segunda Guerra Mundial.


Lo que es perturbador, al hacer una lectura comparada de la obra de Mayer con la historiografía colombiana, es ver, de qué manera, nuestros historiadores han sobrevalorado el advenimiento de la modernidad en el país, dando como prueba de ellos la constitución del 86, el fin de la Guerra de los Mil días, el pago de la indemnización por la pérdida de Panamá, la agonía y fin de la hegemonía conservadora, la aparición de colegios y universidades no vinculados con la Iglesia, la incipiente industrialización por medio de textilerías y cervecerías, la fundación de la primera aerolínea en Sudamérica, el trazado de acueductos, alcantarillados y vías en las más grandes ciudades de la época, las campañas de higienización y salud pública, los debates “científicos en torno a qué hacer con la raza colombiana, supuestamente degenerada, la campaña por sustituir el consumo de chicha por cerveza, la aparición de los primeros sindicatos y las conquistas laborales, los conflictos sociales y huelgas, el surgimiento de una nueva novela de carácter social, el auge de la producción y exportación de café como principal fuente de divisas, la contratación de la Misión Kemmerer predecesora del Banco de la República, el descubrimiento del petróleo y la construcción de la primera refinería en Barrancabermeja, el trazado del primer oleoducto de allí hasta Cartagena, el intento de socializar el pensamiento liberal, con la llegada del partido liberal al poder y su proyecto de la “Revolución en Marcha de López Pumarejo, entre muchas señales de un modernismo que se había tratado en llegar pero que, finalmente, aparecía en nuestro país. Es notorio el esfuerzo de los historiadores colombianos para resaltar de qué manera el país se modernizó en lo económico, político y social desde finales del siglo XIX hasta la República liberal de los años treinta.


Todo lo anterior se ha dicho con el fin de resaltar el declive de un pensamiento y régimen de carácter regresivo –representado principalmente en la Hegemonía Conservadora de 1886 a 1930 pero que se anclaba desde mucho antes– que se agotaba en su ideología y práctica y que, a pesar de aferrarse a sus principales banderas políticas, económicas, sociales y religiosas, comenzaba a dar paso, lentamente, pero de manera clara, a la “modernidad” con la apertura social, económica, política, tecnológica e industrial que llevaría al país a lo que hoy día es. El aparente despertar de nuestro país a las realidades del mundo en el siglo XX, según estas interpretaciones, desconoce una realidad que hoy, un siglo después de la “danza de los millones” –la indemnización por el zarpazo a Panamá– que marcó, para muchos, el ingreso a la modernidad, no es ningún despertar, En realidad, el Régimen Antiguo continuó existiendo con todos sus vicios y excesos y, el país siguió adormecido.


El régimen que imperaba en Colombia antes de su “modernización” era, mutatis mutandis, similar al del Antiguo Régimen europeo: preburgués, precapitalista, casi esclavista y de servidumbre humana; esencialmente agrario, con énfasis en los latifundios, no industrializado, centrado en la posesión de la tierra como símbolo de riqueza, poder y control, enclavado en privilegios de familias oligárquicas que anteponían apellidos, herencias y hegemonías a cualquier otro tipo de movilidad social o económica, y además, un régimen altamente subordinado a los Estados Unidos.


Para continuar con la analogía a la tesis de Mayer, lo que se postula aquí en estas líneas, es que ese régimen, lejos de ceder su lugar a la “modernidad” y de amainar o decaer, se mantuvo y se mantiene hasta hoy, como un señorío ejercido por un porcentaje ínfimo de la sociedad, acaparando, explotando y malversando los recursos económicos, políticos, educativos y de producción del país; un régimen que persiste, atrincherado en sus privilegios y revestido de sus ideas reaccionarias, así se insista en hacerle creer al país, por historiadores, políticos e intelectuales, que la modernidad, con todas sus ventajas, cumple un siglo de haber tomado forma en Colombia.


En otras palabras, aquí existe, desde 1810, un régimen que no ha cedido su lugar a otro que traiga ideas, políticas o líderes que pongan en peligro la hegemonía de clase, la concentración de poder, el acaparamiento de la riqueza, de la tierra, el modelo económico capitalista, el control sobre los medios de comunicación, la educación de calidad como privilegio y no como derecho, la segregación y la discriminación social. Para ello, este régimen bicentenario, más allá de una fachada, primero bipartidista y luego pluripartidista, de una nueva constitución y de señales y guiños que no corresponden a una voluntad real de cambio, se ha apertrechado detrás de sus intereses de clase, y ha conseguido que, después de doscientos años de vida republicana, no haya existido un solo gobierno de clara vocación social o progresista, ni aún en los tres destellos más claros; las repúblicas liberales de 1863 y 1930 y la puerta abierta por la Constitución del 91. En estos tres momentos, las fuerzas liberales que accedieron al poder fueron incapaces o no consiguieron abrir al país a un régimen diferente al único que ha existido. Por ello la caracterología y semblanza del Antiguo Régimen se perpetúa y renueva en cada elección presidencial.


Es así como, a lo largo de dos siglos el país continúa dominado por un régimen que parece haberse detenido en el tiempo con una sólida capacidad de reacción al cambio, que niega la posibilidad de una nueva sociedad, que frena la emergencia de ideas que contrasten y diverjan de un pensamiento dominante.


Una constante en la cual no es posible ignorar la larga tradición de pensamiento conservador que ha recorrido e influido a los gobiernos y a la sociedad: desde los llamados ‘pre-conservadores’ como Bolívar, Nariño (dos ambiguas figuras que esbozaron ideas que después serán apropiadas por uno y otro bando político), Camilo Torres, J.M. Castillo y Rada, y después los fundadores del partido conservador, Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, para después surgir Sergio Arboleda, José María Samper, Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro, Carlos Martínez Silva, Marco Fidel Suárez, Rafael María Carrasquilla, Carlos E. Restrepo, Abel Carbonell, Aquilino Villegas, Félix Restrepo, S.J., José De la Vega, Laureano Gómez, Ospina Pérez Gonzalo Restrepo Jaramillo, Guillermo Salamanca, Silvio Villegas, José Camacho Carreño, Alzate Avendaño, Abel Naranjo Villegas, Raimundo Emiliano Román, Lucio Pabón, Álvaro Gómez Hurtado, Pastrana Borrero, José Galat, Alberto Dangond Uribe, Alfonso López Trujillo y Melo Guevara, todos ellos ideólogos, a través de sus escritos y publicaciones, del persistente Antiguo Régimen.


Es digno de realizar un análisis posterior y contrastar esta extensa lista, con la que corresponde a los ideólogos de ideas liberales y socialistas en Colombia. Muchos de estos, Camacho Roldán, José María Samper, Florentino González, Murillo Toro (que un día defendía la propiedad privada y al otro la atacaba) Rufino José Cuervo, Mosquera; López Pumarejo, Eduardo Santos, López Michelsen, eran representantes de las elites y familias que han cogobernado el país bajo el amplio manto del Antiguo Régimen. Solo figuras como Gaitán y hasta cierto punto Uribe Uribe, se salen del contubernio matizado apenas por colores y banderas políticas.

En su firme determinación, este régimen, ha apelado a la fuerza del Estado, al control de los medios de producción, a requintar el modelo económico, a las alianzas ventajosas, a la corrupción y al exterminio sistemático de todo tipo de oposición política o social para persistir en el tiempo.


Esto es evidente en hechos como:

1) La prevalencia de la religión y la Iglesia en el poder, en la política, en la educación, y en las decisiones de todo tipo que impactan a la sociedad; matrimonio, aborto, identidad sexual, etcétera. Es significativo que sectores religiosamente contrarios como el catolicismo y el protestantismo, encuentren hoy convergencias en el poder.
2) La presencia de elites agrarias, ganaderas y económicas en el poder que impiden tanto la aprobación y materialización de una reforma agraria en el país que redistribuya de manera equitativa la tierra (el principal problema histórico y la mayor fuente de enriquecimiento de las elites), como la necesario y justa tributación progresiva, a la par de la eliminación de exoneraciones y privilegios de todo tipo.
3) El paramilitarismo de Estado que silencia y elimina todo tipo de disenso político.
4) La injerencia política y militar de los Estados Unidos, manifiesta de múltiples y recurrentes procederes, entre ellos: perpetuar el régimen capitalista, conseguir la subordinación del nuestro a las directrices del gobierno norteamericano, asegurar la presencia de tropas y bases norteamericanas, firmar TLCs desventajosos para el país, supeditar a certificaciones la asistencia, el crédito o la ayuda de cualquier tipo, etcétera.
5) La impecable capitalización de los errores de diverso tipo cometidos por las guerrillas para intentar acceder al poder por las armas y calificar cualquier intento de cambio como “terrorista” o “criminal”.
7) El debilitamiento de todo tipo de oposición a través de la cooptación y la corrupción
8) La interposición de barreras constitucionales, legales y económicas para permitir un cambio de modelo económico, social y político.
9) El falso mensaje de la existencia de una democracia legítima que supuestamente representa los diversos intereses de los colombianos.
10) El asesinato selectivo de los líderes contrarios a los fundamentos del Antiguo Régimen con mayor opción de acceder al gobierno, así como de miles de militantes de los partidos de izquierda, como ocurrió con la Unión Patriótica.
11) El debilitamiento de las organizaciones sindicales por intimidación, cooptación u otras estrategias; el desestímulo al sindicalismo de industria.
12) El control de los medios de comunicación por fuerzas económicas y elites para desviar la opinión pública de los verdaderos problemas del país. El descrédito, ahogo y aislamiento económico a los medios independientes.
13) La manipulación de la opinión publica para hacer creer que hay que evitar la “cubanización” o “venezuelización” del país como sinónimo de catástrofe.
14) El reparto de una inmensa burocracia entre partidos políticos representativos de las élites, administrada por expresidentes y gamonales que exigen, en el repartijo y usurpación de lo público, sus respectivas cuotas políticas.
15) Un oligopolio donde las nuevas generaciones de familias tradicionales son las que heredan candidaturas, puestos políticos, poder y privilegios.
16) El persistente ataque a la clase media, pilar de una sociedad burguesa, que se diluye en la pobreza mientras las elites se enriquecen más. Desigualdad al límite de la misma pervivencia de millones de empobrecidos, claro signo de la persistencia del “antiguo régimen”.
17) El saboteo para no honrar los acuerdos de paz concertados con exgrupos guerrilleros o de dar cabida y juego político a los excombatientes.
18) El amilanamiento, a través de la censura, la autocensura o la intimidación, de una oposición ideológica fuerte para generar una conciencia social de cambio profundo en el país.

Este país, pintado aún con técnicas paisajistas, adormecido por el alcanfor de formas políticas y económicas vetustas, se apresta a elegir presidente en elecciones por realizase en primera vuelta al final de mayo, y segunda a mediados de junio. Le corresponde a la ciudadanía colombiana, que cada día es más consciente de qué tipo de régimen no quiere padecer más (eso se vio claro durante las jornadas de protesta del pasado paro nacional), y hacer lo que está en sus manos para darle paso, por primera vez en dos siglos, a un régimen alternativo que represente, no a las elites tradicionales, sino a las voces de pueblos, comunidades y ciudadanos que saben que otro mundo es posible en el país.

 

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“El testigo”. Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado (1991-2018), fotografía (Cortesía desdeabajo)

En la actual campaña electoral colombiana, la expectativa de un cambio histórico es muy grande. Una frustración sería una verdadera catástrofe. Pero, más allá de los cálculos numéricos, lo apropiado sería reflexionar sobre las reales condiciones para su concreción. Una meditación sobre los antecedentes históricos, como la que sigue, bien puede contribuir a tal valoración.

 

Con el asesinato en 1948 del líder Jorge Eliécer Gaitán, Colombia perdió una posibilidad de tener, al igual que buena parte de los países de América Latina, un gobierno Nacional-Popular. La referencia es naturalmente al conocido fenómeno político que se desarrolló entre 1930 y 1960 aproximadamente, y cuyos principales ejemplos son Argentina con Juan Domingo Perón (1946-1955), Brasil con Getúlio Vargas (1937-45; 51-54) y México con Lázaro Cárdenas (1934-40) (1).


Es cierto que, años después, Rojas Pinilla, en el último tramo de su gobierno de facto, trató de encontrar una fuente de inspiración en Perón, pero fue un pálido remedo, como también lo fue la creación de su partido, la Anapo, eco lejano del “justicialismo”, y la tentativa de hacer de su hija María Eugenia una copia de Eva. Aun así, la oligarquía colombiana, mediante un fraude, en 1970 bloqueó su regreso al gobierno por la vía electoral. Luego, como si fuera un juego de sombras, el Movimiento 19 de abril, M-19, en sus inicios también fue un remedo del grupo “Montoneros” (2). Pero comenzaba ya otra época en Suramérica, las dictaduras militares, no sólo ahogaban en sangre cualquier asomo de resistencia popular sino que marcaban el fin de un modelo económico y social y el inicio de la era neoliberal.


La excepción colombiana es un hecho que puede calificarse de ventaja o de desventaja. Para quienes defienden lo primero significa que el país se ahorró un periodo de autoritarismo, recordando que, por ejemplo Perón tuvo que ser derrocado, lo cual refuerza la idea de nuestra imperecedera estabilidad democrática, la “más antigua de Latinoamérica”. Para los otros, lo que muestra es la precariedad de nuestra experiencia en un modelo de capitalismo industrialista relativamente independiente y con intervención social del Estado. Y lo más importante: se perdió, independientemente de la valoración de las experiencias, una posibilidad de ingreso de los sectores populares, como sujeto, a la esfera de la política. En cambio, arrastramos todavía una historia de implacable violencia que no necesitamos ahora volver a describir.


¿Puede encontrarse una regla?


Hablar de América Latina (y el Caribe) como una unidad con identidad propia no deja de ser, en cierta forma, un mero recurso retórico. Son evidentes las disparidades políticas y económicas entre los países, en la composición étnica y en la cultura. Es más, puede, y debe, ponerse en duda la homogeneidad de las naciones pese a la solidez de los Estados. La discusión es antigua: desde los albores de la independencia de los viejos colonialismos europeos. Desde luego, vista desde afuera, la identidad adquiere un poco más de sentido; especialmente frente al enfoque geopolítico de los Estados Unidos que siempre han impuesto la noción alternativa de “panamericanismo” (3). Y existe, sin lugar a dudas, una historia compartida, en el lugar semiperiférico que le ha correspondido a este subcontinente dentro del proceso de acumulación mundial capitalista. Hay algunos rasgos comunes. Uno de ellos tiene que ver con estas formas de Estado que hemos llamado Nacional-Populares, o con los procesos fallidos conducentes a ellos.


Como se dijo, la referencia es a los tres países mencionados que, por cierto, son los más grandes desde el punto de vista económico. Pero deben mencionarse también casos importantes como el de Bolivia con Paz Estenssoro (1952-56) y Guatemala con Jacobo Árbenz (1954), o el posterior de Perú con Velasco Alvarado (1968-1975). Aunque con reservas, suele mencionarse también a Ecuador con el sui generis Velasco Ibarra, especialmente en su segundo mandato (1944-47). Incluso en Cuba es claro que la caracterización le cabe tanto al movimiento encabezado por Fidel Castro como al gobierno revolucionario en su primera etapa. En otros países se registran movimientos análogos durante el periodo señalado, los cuales fracasaron en su intento y no dieron lugar a transformaciones del Estado.


Poner el acento en el populismo como movimiento lleva sin embargo a no pocos errores, el menor de los cuales es el anacronismo. Es lo que vemos en las miradas más recientes. El tema ha vuelto a tomar fuerza por lo menos en dos momentos: los años noventa, cuando, con la llamada “transición a la democracia”, los neoliberales (como los citados anteriormente) se propusieron llamar la atención sobre la amenaza del “neopopulismo”, y en los comienzos del siglo XXI a propósito de los gobiernos “progresistas” latinoamericanos, también como amenaza pero a veces como ilusión. Al respecto vale la pena citar el ensayo de Flavia Freidenberg (4). Estos enfoques conducen a confusiones y malentendidos. Por ejemplo, incluye todos los movimientos de carácter popular que adquirieron resonancia en el ámbito social o político. Como el Apra en Perú o el auge del movimiento obrero de los años veinte, particularmente en el Cono Sur, o la revolución mexicana, para no mencionar los numerosos que se encuentran en Europa o Estados Unidos. Y lo que es peor, al concentrarse en la particular relación caudillo-masas, incluyen el fascismo y el nazismo, lo cual gusta enormemente al “centrismo” que así puede hablar de populismos de izquierda y de derecha, ambos “igualmente malos”.


Es por estas razones que resulta preferible volver sobre la hipótesis sugerida. Se trata de una forma de Estado, correspondiente a un período histórico en Latinoamérica, que marca el fin del “Estado oligárquico” y el modelo primario-exportador y, por tanto el ingreso definitivo a la modernidad bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. De ahí el énfasis en lo nacional.


Es claro que este modelo arranca merced al colapso producido en la economía mundial por la recesión que siguió a la crisis de 1929 y luego por la Segunda Guerra Mundial, pero necesitaba, para arraigarse, de políticas proactivas y por tanto de un patrón de intervencionismo estatal que, a su vez, suponía incrementar el margen de maniobra respecto de las élites. De ahí el peso y protagonismo de las fuerzas militares. Es por esta transitoria autonomía de la política y del Estado que algunos caracterizan el populismo como una suerte de “bonapartismo” hecho posible por el vacío de poder que dejaba el derrumbe del Estado oligárquico. Mejor sería postular una reestructuración de los bloques de poder que llevaría posteriormente a la conquista de la hegemonía por parte de las burguesías industriales en ese momento en proceso de formación (5).


Lo así argumentado obliga a realizar alguna consideración sobre las clases sociales. Parece desprenderse de allí que el populismo implica no sólo el fortalecimiento del movimiento obrero, o más exactamente de los nuevos sectores populares urbanos, sino el establecimiento de algún tipo de alianza, por lo menos implícita, con la burguesía industrial en ascenso. Una alternativa frente a esta problemática es la representada por el que tal vez es el más conocido teórico sobre el tema, especialmente dado el impacto académico y político que ha tenido en España (“Podemos”), es decir, E. Laclau (6).


En coherencia con su enfoque, según el cual los grupos y movimientos sociales son puramente contingentes, invierte el orden de la determinación y considera que es el populismo como fenómeno el que construye las identidades políticas. De este modo, en el límite, llega a la conclusión que el populismo es la definición misma del espacio de la política. De cualquier manera, aparte de las discusiones sobre la configuración de las subjetividades sociales, es claro que la figura de la burguesía industrial como potencialidad, su naturaleza y capacidad, es fundamental para explicarse tanto el surgimiento y la solidez como la finalización de los Estados Nacional-Populares. Probablemente es su precariedad la que explica la ausencia del modelo en países como Colombia.


¿Y la excepción que la confirma?


No se debe subestimar, pero tampoco exagerar, la importancia de la aludida forma de Estado. El cambio de modelo a partir del intervencionismo se dio de todas maneras, en todas partes, con mayor o menor eficacia, en un proceso de transición más o menos largo, todo lo cual se expresa claramente en el grado de industrialización conseguido. Los elementos del “programa” se presentan de diferentes maneras de acuerdo con los antecedentes. La presencia del Estado arranca con el fortalecimiento de la educación y la salud públicas y la nacionalización de los servicios públicos domiciliarios, pero sobre todo con la fuerte inversión estatal en infraestructura y transporte, y con la nacionalización de los recursos naturales. En Colombia, suele identificarse la colocación de las primeras bases de este modelo en la segunda mitad de los años treinta, durante el gobierno de López Pumarejo, pero muchas de ellas son posteriores, durante la hegemonía conservadora o después.


La dimensión social es la que presenta la mayor diferenciación y depende también de los antecedentes, particularmente en el desarrollo del derecho laboral, incluida la seguridad social. En Colombia es una historia lenta de avances y retrocesos –dentro del mismo periodo liberal–, pero fue bajo un gobierno conservador cuando se expidieron los códigos procesal y sustantivo del trabajo y se creó el Instituto de Seguros Sociales. Desde luego, la cara social más visible de los populismos son los programas de asistencia social, incluidos los de vivienda. En Colombia, nunca han faltado, pero es lo que más se recuerda de la dictadura de Rojas Pinilla, confirmando su intento de parecerse a Perón.


No obstante hay un aspecto que dejan de lado la mayoría de los estudiosos del populismo, precisamente por concentrarse en el fenómeno novedoso de las masas urbanas, resultado de la migración desde el campo: la reforma agraria. Los casos son obviamente diversos. En unos ni siquiera se consideró, como en Argentina, y en otros no era prioritaria, como en México, donde se venía justamente de una revolución, pero hubo algunos, como en Bolivia, más adelante en Perú y naturalmente en Cuba, donde fue fundamental. Por lo demás, fue el vacío más protuberante de la experiencia brasilera. Tiene que ver seguramente con las modalidades de inserción en el mercado mundial, según la importancia de la exportación de materias primas agropecuarias.


Es un aspecto clave para la interpretación de la excepcionalidad colombiana. Junto a la economía cafetera, parcelaria en buena parte, que ha dado lugar a una amplia capa de campesinado de mentalidad conservadora, así como a una fracción importante de la burguesía agraria, encontramos una enorme porción del territorio en forma de latifundio que no ha dejado de ampliarse, dando lugar a una oligarquía inescrupulosa y violenta, una y otra vez renovada. Fue este factor el que impidió, en su momento, una recomposición del bloque de poder en un sentido progresista mediado por una forma de Estado Nacional-Popular; la cuestión agraria no podía ser accesoria sino el supuesto ineludible de cualquier proyecto desarrollista.


El cuarto de hora 
de los gobiernos progresistas


Como se señaló, los gobiernos que en Suramérica se sucedieron después del triunfo de Chávez en Venezuela fueron calificados de “izquierda” y motivaron las advertencias de los economistas y politólogos neoliberales. Pero lo que era terror en éstos, era nostalgia en los líderes de esa izquierda. No siempre de manera consciente. El único caso, por demás patético, ha sido el de Argentina. En el lado opuesto, el que más terminó pareciéndose a Perón fue, sin darse cuenta ni reconocerlo, Chávez, claro está en cuanto movimiento y forma de gobierno ya que en materia económica nunca pudo superar el simple modelo primario exportador.


He ahí la clave para la interpretación de los gobiernos progresistas, que nunca fueron una nueva forma de Estado pese a los intentos bolivianos. En términos económicos parecieron retornar precisamente al modelo superado por los Estados Nacional-Populares. La única diferencia se encuentra, como es lógico, en la propuesta de Brasil que lo enmarca en un proyecto expansionista de potencia emergente. Sin embargo, en la medida en que retomaron el intervencionismo del Estado, sí constituyeron un cambio, pero respecto al modelo neoliberal inmediatamente precedente (7).


La nostalgia no implicó, pues, repetición, pero sí constituyó un relato y una idea fuerza de gran poder. En efecto, en tiempos de globalización, en contra de la cual se venía levantando una globalización alternativa de las luchas populares, había crecido el intercambio de ideas y paradigmas en las filas críticas, académicas y políticas. Como lo mostró, en sus diferentes ediciones el Foro Social Mundial, poco a poco fueron conquistando el predominio, en contra del pensamiento único de culto al mercado, las ideas de la socialdemocracia europea cuyos derrotados militantes visitaban repetidamente Latinoamérica. La lectura que hacían de los nuevos gobiernos, teñida del culto al “buen salvaje”, no era más que la pura evocación del “Estado de Bienestar” perdido. La crisis estalló cuando se puso de presente la incompatibilidad entre las ideas indigenistas y ecologistas, y la defensa de un modelo “extractivista” del que aparentemente dependía la política social.


La experiencia, de todas maneras, ha sido aleccionadora. Lo necesario no es la repetición sino la construcción de algo nuevo. Algo de ello se vivió en el pasado. La propuesta Nacional-Popular era declaradamente pro-capitalista, su catastrófico final no fue más que la revelación de los límites del capitalismo. Es por eso que las ideas de revolución y de socialismo, en aquel entonces, se presentaron en principio, siguiendo el ejemplo de Cuba, como una decepción frente a las promesas desarrollistas encarnadas no solamente en esa propuesta sino en las elaboraciones de la Cepal, incluyendo sus versiones de izquierda. Hoy en día no sólo se ha manifestado la crisis operativa del capitalismo sino su caducidad como orden civilizatorio, poniendo en duda hasta la idea de desarrollo y de progreso. Nuevas tareas se ponen al orden del día. Está en juego incluso la supervivencia de la humanidad.


Pero otra vez resurge la vieja discusión. Nadie confía ya en un “derrumbe”, los tiempos de la lucha social no son los de un abrir y cerrar de ojos, y si bien no se trata tampoco de un avance lineal sino de una acumulación discontinua y plural, es preciso contemplar momentos de transición.


A propósito de los Estados Nacional Populares, y jugando un poco a los anacronismos, pudiera decirse que en América Latina ya no habrá una segunda oportunidad sobre la Tierra. Pero el caso de Colombia es distinto: ¡se trata de su primera oportunidad!

 

1. Puede entenderse, o bien como movimiento o partido, o bien como tipo de gobierno o forma de Estado. Aquí se utiliza en la segunda acepción. La denominación Nacional-Popular fue introducida por G. Germani, a principios de los años sesenta, a cambio de la más conocida, “Populismo”, dado que ésta tenía, desde una mirada elitista y conservadora, una connotación peyorativa. Germani, G. Política y sociedad en una época de transición, de la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Paidós, Buenos Aires, 1962. Hoy, en tiempos de neoliberalismo, a todo lo que signifique políticas sociales e intervención del Estado se le llama populismo y se asocia con demagogia, ya no principalmente en “defensa de la democracia” sino en nombre de la “ciencia económica”. Dos de sus más connotados teóricos dieron la pauta: “el “populismo económico” es un enfoque de la economía que destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso y menosprecia los riesgos de la inflación y del financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado” . Ver Dornbusch, R. y Edwards, S. Macroeconomía del Populismo en la América Latina. Fondo de Cultura Económica. México, 1992, pág. 11
2. Seguramente por obvio, suele olvidarse que el M-19 nació, a instancias de la siguiente elección presidencial en 1974 (en la que participaba María Eugenia), como una reacción escéptica del anapismo frente al camino electoral. Es cierto que la insurgencia armada rural llevaba ya una década en el país y con varias organizaciones, pero la novedad no se limitaba a su carácter urbano sino a un cambio de enfoque en la línea de masas. Pese a que, además de los propiamente anapistas, muchos de sus fundadores provenían de la izquierda, incluso armada, se afirmaba que, en Colombia, la verdadera corriente popular antioligárquica se encontraba en el anapismo y era sobre éste como podía avanzar una perspectiva revolucionaria. “Con el pueblo, con las armas, con María Eugenia, ¡Al poder!” fue su primera consigna.
3. Ver Moncayo S., Héctor-León, Ni lo uno ni lo otro-integración y desarrollo. Plataforma de Derechos humanos, democracia y desarrollo, Bogotá, 2006
4. Freidenberg, F. La tentación populista: una vía al poder en América Latina. Madrid, Editorial Síntesis, 2006.
5. Desde otro punto de vista, el Estado Nacional-Popular podría considerarse como el equivalente del “Estado Bienestar” o “providencia” que la escuela “regulacionista” atribuye a la etapa “fordista” del régimen de acumulación capitalista en el centro; algunos se refieren, siguiendo esa lógica, al “fordismo periférico”. En todo caso, por sus limitados alcances, se trataría de una forma apenas similar, “periférica”.
6. Laclau, E., La razón populista, FCE, México, 2006
7. Ver Stolowicz, B., “El misterio del posneoliberalismo”, Tomo II, Estrategia para América Latina. Vol 2. Ilsa, Bogotá, 2016

*Economista Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

 

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Domingo, 15 Mayo 2022 13:23

El triunfo del cinismo

Verona, escultura (Cortesía del autor)

La reelección de Emmanuel Macron confirma un duelo que una mayoría aplastante de electores esperaba evitar. Anuncia un nuevo quinquenio sin ímpetu y sin esperanza. El presidente saliente fue reelecto por defecto, cuando una mayoría de los franceses estima que su balance es malo (56%), que desde hace cinco años la situación del país se degradó (69%), que su programa es peligroso (51%) y que sirve sobre todo a los intereses de los privilegiados (72%) (1). Por lo tanto, es únicamente por rechazo a la extrema derecha que millones de electores de izquierda se han resignado a votar por un presidente contra el cual algunos ya están dispuestos a salir a la calle. Las ocasiones no les van a faltar: baja del poder adquisitivo, aumento de la edad de jubilación, inacción en cuanto al cambio climático, aumento de las tasas de interés, dispositivos punitivos contra los desempleados...

Hace cinco años, el semanario británico The Economist, cerca del éxtasis, presentaba al presidente francés en portada. Se lo veía caminando sobre el agua vestido con un traje tan reluciente como su sonrisa fanfarrona. Para una burguesía mundial golpeada por el estupor y el pavor generados por el Brexit y la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, la llegada a la escena internacional de Macron parecía una venganza. Esperaba que produjera un reflujo del “populismo” de la extrema derecha en Europa, a favor del liberalismo “progresista” y de la globalización. Ya no queda casi nada de esta ilusión. Junto con la crisis sanitaria y hospitalaria, las dificultades de abastecimiento energético y la guerra en Ucrania, los temas de la soberanía, del poder adquisitivo, de la reubicación de las actividades productivas y de la planificación ecológica ocupan un lugar creciente en el debate público. A tal punto que el pasado 10 de abril, al final del fallido quinquenio de Macron, la izquierda rupturista consolidó su influencia, y la extrema derecha nacionalista, que la política del presidente saliente pretendía contener, progresó significativamente. Sus tres candidatos sumaron un total del 32,3 por ciento de los votos emitidos en la primera vuelta (2), un resultado superior al del jefe de Estado (27,8%).

Dos semanas más tarde, en la segunda vuelta, Marine Le Pen juntó 2.600.000 votos más que en 2017, mientras que su rival victorioso obtuvo 2 millones de votos menos.


El “extremo centro”


El ex ministro de Economía de François Hollande logró no obstante hacerse reelegir conservando el apoyo de su electorado socialista, a pesar de una política que no lo fue en absoluto. Remató su obra seduciendo al electorado de derecha gracias a decisiones fiscales y sociales alineadas con sus expectativas. Podríamos aplaudir este talento. Desde que, bajo la V República, el Presidente es elegido por sufragio universal directo, cada segunda vuelta de la contienda electoral incluía un candidato de derecha o un candidato de izquierda, y la mayoría de las veces ambos a la vez, uno contra el otro. El pasado 10 de abril, la derrota de los socialistas y de la derecha pulverizó este escenario al borrar a sus dos protagonistas habituales: la derecha y los socialistas sumaron en total el 6,5 por ciento de los votos. En 2012, sumaban el 55,81por ciento...


El presidente francés se convirtió así en el elegido de la derecha “al mismo tiempo” que el de una izquierda burguesa que, desde François Mitterrand, el “giro del rigor” de 1983, el Tratado de Maastricht de 1992 y el Tratado Constitucional Europeo de 2005, se acostumbró (y conformó) a las políticas neoliberales. Más que admitir esta evidencia, Macron prefirió presentarse como el demiurgo de una “ideología” heteróclita cuya única utilidad discernible es que le permite actuar a su antojo. “El proyecto de extremo centro –pontificó la antevíspera de su reelección ante un puñado de periodistas afables– se basa en la unión de varias familias políticas, de la socialdemocracia, pasando por la ecología, el centro, y una derecha en parte bonapartista y en parte orleanista y pro europea” (3).


Tales acoples entre socialdemocracia y derecha orleanista, ecología europea y derecha bonapartista, no tienen ni consistencia teórica ni espesor histórico. A nivel sociológico, en cambio, definen el actual “bloque burgués”, el “partido del orden”, la “Francia de arriba”. La coalición de todos aquellos que se horrorizaron ante el movimiento de los chalecos amarillos, y cuya feroz represión tranquilizó. Este mismo público ovacionó a Macron durante su gran mitín parisino del pasado 2 de abril, cuando pregonó lo que luego se convirtió en uno de sus clips de campaña: “A pesar de las crisis, hemos mantenido nuestras promesas. Para poner fin a ese mal francés que era el desempleo en masa, había que arremeter contra los viejos tabúes del sistema fiscal, el derecho del trabajo, el seguro de desempleo”. Su gobierno también “arremetió contra el tabú” de las ayudas a la vivienda y el del impuesto sobre la fortuna.


Por lo tanto, no sorprende que en lugares tan acomodados y conservadores como Neuilly, el XVI Distrito de París o Versalles, el resultado del presidente saliente se haya duplicado en cinco años, y que haya aplastado a la candidata de la derecha oficial Valérie Pécresse (4). Tras la represión del movimiento obrero de junio de 1848, seguida por la de la Comuna de París en 1871, los monarquistas también perdieron su utilidad política, una vez que los republicanos demostraron a la burguesía que ellos también podían mostrarse implacables con la plebe. En suma, con Macron en el poder, la derecha se convirtió en dispensable, al igual que un Partido Socialista convertido hace mucho al social-liberalismo y a la globalización capitalista. Su destrucción común se asemeja a un esclarecimiento.


Detrás del “proyecto de extremo centro” se reúne un electorado conservador de jubilados acomodados y de mandos superiores, en una proporción que aumenta según la edad y el ingreso (5). Su influencia electoral está amplificada por una tasa de participación excepcional (88% para los de 60-69 años), mientras que la de los jóvenes y de los sectores populares, claramente más favorables a Jean-Luc Mélenchon o a Marine Le Pen, se derrumba (el 54% de los de 25-34 años participó este año en la primera vuelta, contra el 72% en el 2017).

 

 

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Domingo, 15 Mayo 2022 05:44

Sobre el centro

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ondea una bandera mexicana, flanqueado por su esposa Beatriz Gutiérrez, en el balcón principal del Palacio Nacional durante la ceremonia "El Grito" que marca el inicio de las celebraciones del Día de la Independencia en la Ciudad de México el 15 de septiembre. , 2021.- PEDRO PARDO / AFP

El centro no existe,

Esta podría ser una de las conclusiones del resultado electoral reciente en muchos países en América Latina.

Una vez me contaron un chiste (muy malo) sobre la importancia relativa que podría tener el valor promedio en algunos casos donde predominan los valores extremos. Si vas a comer carne con un amigo vegetariano, y tú te comes un kilo de un buen asado, pero tu amigo nada de nada, entonces, el promedio nos diría que cada uno se comió medio kilo de carne.

En conclusión: a las estadísticas hay que saber usarlas. Y no abusar de ellas, sin sentido. No siempre el promedio es estadísticamente significativo.

Con el ‘Centro’ ocurre algo parecido.

En Política, y en particular en el campo electoral, se abusa del concepto de ‘Centro’, como si existiera por una cuestión aritmética. Justamente, como si se tratara de una ubicación ideológica promedio, que está a mitad de camino entre un extremo y el otro. Sin embargo, esto no es habitual en América Latina.

¿Por qué? En gran medida, por una triple razón.

  1. En lo económico, los países de la región tienen distribuciones de las condiciones de vida y del ingreso con un alto grado de polarización. Es decir, muchos con poco y pocos con mucho. Esto implica que la media está muy distante de la mediana, lo que pondría en jaque la hipótesis de la existencia de un votante típico, representativo de la sociedad.

Dicho de un modo más coloquial: no hay votante ‘centrado’, porque el ‘Centro’ es la consecuencia de una función estadística que no se corresponde con la realidad.

Se interpela a una sociedad que no existe. Se le habla a una clase media como mayoritaria cuando lo que hay es una mayoría que está empobrecida.

  1. Lo que Lakoff llama la biconceptualidad. Hay gente que piensa ideológicamente de una manera en un asunto y de otra ante otro bien distinto. Se puede ser progresista a favor de más y mejor Estado en materia de salud pública, pero conservador en términos de velar por la seguridad en las calles. Esto no implica de ningún modo que exista una ‘persona de Centro’. Nada que ver. De lo que se trata es que una misma persona puede utilizar un sistema moral en un ámbito y otro sistema moral en otro.

Y, por tanto, hay que saber interpelar al sistema progresista de valores en vez de hablar con una ‘moderación’ ilusoria.

  1. Que la ciudadanía esté alejada y disociada de los debates recurrentes por parte de cierta clase política no significa que sea de ‘Centro’. Ni que esté despolitizada.

En cada asunto, cotidianamente, la gente se posiciona. Con claridad y vehemencia. ¿O alguien conoce cómo sería ‘ser de Centro’ en temas como el aborto, el abuso de las comisiones bancarias, la inseguridad ciudadana, los precios tan elevados de los alimentos, los bajos ingresos, la falta de salud o educación, el problema de los cortes de luz, la corrupción, etc.?

El nuevo progresismo latinoamericano afronta el siguiente reto: no caer en la idea de un ‘Centro’ como espacio predominante. Porque si se acepta -como lo defienden las ‘usinas fanáticas centristas’, como les llama Stiglitz-, cometeríamos un error epistemológico imperdonable: asumir que se gobierna en un país, pero la gente vive en otro.

En este sentido, quien no se equivoca es el presidente AMLO en México; logró un histórico de votación en 2018 sin acudir al Centro y polarizando contra un modelo injusto y caduco. Y aún mantiene su alta imagen positiva sin necesidad de ello. En Bolivia, tanto con Evo como ahora con Luis Arce, lo mismo: el eterno intento de Centro de Carlos Mesa siempre quedó lejos de la mayoría. En Perú, las opciones de Centro no pasaron a segunda vuelta (ni Guzmán ni Forsyth ni De Soto). En Chile tampoco (ni Parisi ni Provoste). En Ecuador, lo mismo (ni Hervás ni Yaku). Y en Colombia, el Centro (por la Esperanza) fue el espacio político menos votado en la consulta que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Gustavo Petro, por el contrario, sin buscar el Centro logró una votación récord para la izquierda con una clara propuesta. Y aún sigue siendo el máximo favorito para ganar en la próxima elección presidencial.

Este fenómeno podría servir como advertencia para lo que pueda pasar en Brasil -en las elecciones presidenciales de octubre- y también en Argentina, de cara al próximo año. Es decir, caer en la trampa de querer buscar un Centro que no existe.

Por Alfredo Serrano Mancilla. Doctor en Economía, Director Celag

15/05/2022  

Publicado enPolítica
Los 37 diputados electos del Sinn Fein en febrero de 2020 en Leinster House, sede del Parlamento Irlandés. Foto: Sinn Féin

El acceso a la vivienda —con precios disparados—, la sanidad y la educación han sido los argumentos que han marcado la campaña del Sinn Féin. Las condiciones materiales de la vida, al fin y al cabo.

Uno de los argumentos esgrimidos por el sector pro Gran Bretaña en el referéndum para la independencia de Escocia celebrado en 2014 fue que si ganaba la independencia, Escocia quedaría fuera de la Unión Europea. Luego vino el Brexit, en cuyo referéndum de 2016 los escoceses votaron mayoritariamente a favor de la permanencia en la UE —como en Irlanda del Norte—, pero el cómputo global en Gran Bretaña fue abandonar el espacio común europeo. Muchos escoceses se arrepintieron de haber votado no en vez de sí en aquel referéndum de 2014. El descontento con el Brexit se sitúa hoy como uno de los factores fundamentales —además de las políticas de izquierda, la identidad nacional e incluso la demografía— en el resultado histórico del partido Sinn Féin obtenido anoche tras el largo escrutinio de las elecciones del jueves. El partido que reivindica la reunificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda —país que sigue dentro de la UE— ha obtenido el 29% de los votos. Es la primera vez que gana los comicios. 

Le sigue el Partido Democrático Unionista (DUP), defensor del Brexit, monárquico, protestante y partidario de que Irlanda del Norte siga siendo parte de Gran Bretaña y quede fuera de la UE. Ha obtenido el 21,3% de los votos. 

Según el Acuerdo de Viernes Santo firmado en 1998, republicanos y unionistas deben gobernar conjuntamente, ocupando de forma matemática la primera y segunda presidencia —el partido más votado ocupa el primer cargo—. Pero el líder del DUP, Jeffrey Donaldson, se niega a asumir la derrota y condiciona la formación del Gobierno Autónomo a la anulación del Protocolo de Irlanda, el acuerdo firmado entre Londres y Bruselas para sacar adelante el Brexit. 

El Protocolo pretende ser una solución intermedia a la salida europea de la isla británica pero con el mantenimiento, en parte, de la isla irlandesa en Europa: la frontera aduanera se localizaría en el mar, así Irlanda del Norte permanecería en el mercado interior de la UE (como Irlanda) y no se levantaría una frontera terrestre, algo que impide el Acuerdo de Viernes Santo. El DUP quiere un Brexit total, y vivió el Protocolo de Irlanda como una traición por parte de la propia Gran Bretaña. 

Las condiciones materiales de la vida

El acceso a la vivienda —con precios disparados—, la sanidad y la educación han sido los argumentos que han marcado la campaña del Sinn Féin. Las condiciones materiales de la vida, al fin y al cabo. La identidad nacional no ha sido abordada y, sin embargo, es ahora cuando parece más cercano un referéndum que propicie la reunificación de Irlanda —del Norte, cuya capital es Belfast, con la República de Irlanda, Dublin—.  “Creo que el referéndum sería posible en el plazo de cinco años, pero es mucho más importante que la preparación empiece ya”, indicó la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald. 

Por su parte, la vicepresidenta de la formación y próxima primera ministra, Michelle O’Neill, indicó ayer que “es un día histórico, el comienzo de una nueva era. Vamos a gobernar para todo el mundo y mi mensaje a los unionistas es que no habéis de tener miedo”, afirmó tras conocer los resultados de los comicios.

Aparte del discurso y programa con medidas de izquierdas y el descontento con el Brexit, el corresponsal de La Vanguardia en Belfast, Rafael Ramos, destaca el factor demográfico como parte también para analizar los resultados obtenidos por los republicanos: los católicos tienen más hijos que los protestantes, y la ideología política acostumbra a heredarse.

Irlanda y Gran Bretaña fueron el mismo país hasta que mantuvieron la guerra de la independencia entre 1919 y 1921. La creación del Estado Libre Irlandés tuvo lugar el 6 de diciembre de 1922, quedando fuera de él la zona de Irlanda del Norte. 

Por Gessamí Forner

@GessamiForner

8 MAY 2022 13:46

Publicado enInternacional
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