Jueves, 26 Mayo 2022 05:30

El gobierno, el poder

El gobierno, el poder

Como nunca antes lo había vivido el país, las elecciones para seleccionar el presidente 2022-2026 están cargadas de una potente energía de cambio, de ruptura con la historia de dos siglos de manejo oligárquico del gobierno, que han dejado como lastre un país de exclusiones, violencia opresiva, dirigida una y otra vez contra las voces disonantes, además de críticas de la injusticia, concentración de la riqueza, multiplicación del empobrecimiento, del desconocimiento de la naturaleza como un todo integral, para convivir y no expoliar, por solo relacionar algunos de sus signos más nefastos.

Se trata –lo repetimos– de una potente energía de cambio, de anhelo de giro histórico, materializado parcialmente en las elecciones al Congreso de marzo pasado, y reforzado por las encuestas, difundidas durante los últimos meses. Tal energía, pese a su intensidad, no es garantía absoluta de que lo anhelado quede sellado en las urnas, toda vez que quienes representan la continuidad no están totalmente derrotados ni tienen el camino cerrado para superar las tendencias que hasta ahora marcan las encuestas. Son tendencias que además podrían verse descuadradas en sus líneas gruesas de hacerse realidad: a) las alianzas que aún están en valoración entre algunos de los actores de este proceso electoral, b) una vez el alto porcentaje de indecisos que arrojan las encuestas decidan su voto.

En todo caso, el ambiente enunciado merece un acercamiento crítico, toda vez que el mismo está soportado en el supuesto liderazgo insuperable de la fórmula que para el Ejecutivo lidera el Pacto Histórico, que contrario a un que hacer de izquierda ha dejado a un lado una necesaria práctica pedagógica que le recuerde a la sociedad electora que todo cambio, si de verdad se quiere estructural, depende de su apropiación, de su impulso y su defensa por parte de las mayorías. De otra manera, sería un simple cambio formal, liberal, sin peso histórico.

El ambiente está contaminado, asimismo, con la homologación del Pacto Histórico como una fuerza única, cohesionada ideológica y políticamente, y no una alianza, y, por ello, como si portara y estuviera determinada por un gen de izquierda. La revisión, así sea superficial, de la diversa fauna de tradición liberal, como de otras corrientes del establecimiento que han aterrizado en su cuerpo, testimonia que, cuando más, se podría definir como una coalición de centroizquierda.

Esa realidad está determinada, además, por el pragmatismo, tan común en los proyectos electorales, que actúan y se determinan según los giros de la opinión pública y no por preceptos filosóficos, éticos y similares. Es así como la necesidad de más votos lleva a coquetear con sectores sociales que temen un cambio brusco en la conducción del país, adecuando lenguajes, promesas, formas de gobernar, etcétera, todo lo que sea necesario para desprevenir a determinados sectores sociales, al final de lo cual lo que aparecía primero como rojo o lo que algunos se imaginaban de esa tonalidad se va degradando hacia el rosado.

Un proyecto de cambio, de izquierda, así imaginado por amplios sectores de la militancia coyuntural pero que no encuentra soporte en la historia del candidato, en su raíz –nacionalista– y en su devenir como político profesional. Sucede que en Colombia, una sociedad tan cerrada y con un poder tan tradicionalista y violento, cualquiera que pretenda un cambio aparecerá como de izquierda, sin necesariamente serlo. Para esa minoría de millonarios que detentan el poder económico, urbano y rural, así como militar –beneficiarios de la cosa pública, negados a ceder por voluntad y para beneficio general algo de lo que el trabajo de cientos de miles les ha procurado–, cualquier posible reforma que les reduzca en algo sus privilegios queda tachada como un acto de izquierda.

Es una realidad que, como el país está viendo, lleva a la polarización entre continuidad y cambio, a la estigmatización de las fuerzas renovadoras, a la criminalización de quienes se oponen a que todo siga igual, a la difamación de la agenda alternativa.

La agenda, por demás, solo podrá hacerse realidad si, desde ahora –algo que no sucede–, quienes la impulsan llaman al sector social de sus potenciales beneficiarios a fortalecer sus formas organizativas y a quienes no las tienen a organizarse en sus territorios de vida y trabajo para impulsar en lo pequeño y lo grande esa agenda, así como para obligar al gobierno del anunciado cambio, de pararse en aguas tibias, a radicalizarse y hacerlo efectivo. Es una convocatoria para que no se limiten a aplaudir al candidato sino para ir mucho más allá: para presionarlo en la idea de que sea pueblo, no solo para que lo parezca.

Es este un llamado indispensable, toda vez que llegar al gobierno no es abrazar el poder; es solo hacerse a una parte del mismo, el cual mayoritariamente continuará en manos de la tradición (legislativo, judicial, económico, militar…), entrando, eso sí, todos y cada uno de estos factores en mayor disputa. Es en esta pugna en la que resulta fundamental la movilización, cotidiana y en todos los planos, de las mayorías sociales, transformadas en sujetos de su historia, algo que debiera llevar a su radicalización al Ejecutivo, ¿estará dispuesto a ello, de ser votado mayoritariamente? ¿Estará dispuesto el poder efectivo que domina en Colombia a soportar una situación tal? ¿Qué pudiera suceder de no estar inclinado este poder a conciliar con un giro para el país, por suave que sea?

Estamos ante una realidad que no aparece en los análisis y las valoraciones de quienes con total convicción y deseo anuncian el triunfo del Pacto Histórico como algo ya consumado. Pero lo que ellos anhelan no llega por un simple acto de gobierno, es algo mucho más potente y más complejo. Es una realidad de enconada lucha de clases, que será cada vez más intensa a medida que el Ejecutivo materialice algunas de sus promesas electorales. Esa lucha ya está planteada, por ejemplo, en el campo económico con la llamada Cláusula Petro, ahora integrada en la mayoría de inversiones y proyectos económicos que se están firmando en el país, cláusula que seguramente se ampliará en los primeros meses del supuesto gobierno hasta concretarse como fuga de capitales y, con ella, potenciación de la crisis económica que ahora padecen las mayorías.

Esta disputa se abrirá, sin duda alguna, a diversidad de campos, alcanzando una tonalidad claroscura en lo militar, factor que será exacerbado por agentes estatales y paraestatales, intimidando, atentando, asesinando, en mayor cuantía liderazgos sociales de distinto cuño, desatando terror e inseguridad por ciudades y zonas rurales, ambientando la ingobernabilidad y desestabilizando al Ejecutivo hasta motivar su destitución o el propio golpe de Estado –directo, indirecto, disfrazado, etcétera. ¿Un alzamiento social para impedirlo? ¿Represión y genocidio como sello de un cambio interrumpido?

De esta manera, como se puede valorar, el escenario que se está abriendo, incluso sin concretarse, más allá de los buenos deseos, es de grandes expectativas, posibilidades relativas de satisfacción, y un amplio margen de confrontación y militarización de la sociedad.

El cambio, no hay duda, es un campo en disputa. Nada está dado, todo se deberá presionar, y en ello el riesgo de diverso margen queda abierto. Esto, en caso de triunfo. Pero, de no darse, ¿aguantará la coalición su acción continuada, su acción social y organizativa para la protesta y la confrontación con las fuerzas del statu quo, prolongadas en el control del gobierno, sin poder beneficiarse de la burocracia estatal, como lo desean y motiva a todos aquellos que, de cuño liberal y de otras matrices tradicionales, han llegado a integrarla?

El escenario queda abierto y cómo se vaya delineando lo dirán los resultados del 29 de mayo y el 19 del mes siguiente, al realizarse la segunda vuelta que todas las encuestas anuncian, de no errar las mismas en sus estudios.

En todo caso, cualquiera que sea el resultado, una potente fuerza social sigue tomando cuerpo en el país y cuyos rasgos todavía no están totalmente torneados. La tarea de cualquiera que desee un cambio efectivo para Colombia es dedicar todas sus capacidades a que esa configuración no se desinfle. Ese es el mayor reto por concretar en los años que vienen, fundiendo bases para que, en caso de triunfo del Pacto Histórico, las promesas electorales se hagan norma; de perder, más allá de lo electoral –de 2026, por ejemplo–, el cambio deberá llegar a nuestro país por efecto de su alzamiento en demanda del respeto de todos sus derechos, siempre negados.


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La política exterior y las relaciones internacionales en el gobierno del Pacto Histórico

La política exterior y las relaciones internacionales no han sido un tema muy taquillero en las campañas presidenciales en Colombia. Es algo que “no da votos” y las explicaciones de ello son variadas y multifactoriales. Hasta hace muy poco las discusiones electorales giraban alrededor del clientelismo y la guerra en Colombia, lo que carga consigo, así no se vea a primera vista, la política exterior también.

Un ejemplo de esto fue el manejo dado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez al bombardeo del campamento de Raúl Reyes en el 2008 y como la matriz mediática interna rápidamente ordenó la explicación para la opinión pública sobre el conflicto regional provocado por esa acción entre gobiernos de la región pro Farc y pro-seguridad democrática, cuando desde afuera estaba claro que la responsabilidad de la violación de todos los protocolos del derecho internacional público fueron del presidente Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, su ministro de defensa1.

No solo la política exterior no ha sido un tema “sexy”, sino que también ha determinado nuestra relación con gobiernos de la región y el mundo. Que la guerra y el clientelismo sean los ejes de la misma en los últimos 50 años explica nuestra relación con Estados Unidos y la crisis desatada en nuestra relación con la región desde el 2008 que solo pudo resolverse en el 2010 con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, giro marcado a solo tres días de su posesión y concretado con la reunión celebrada con Hugo Chávez para inaugurar un ciclo que tenía como intención reparar las relaciones bilaterales entre ambos países y tras la cual Venezuela se convirtió en protagonista del proceso de paz con las Farc.

Hoy en día el programa de gobierno del Pacto Histórico, coalición política que podría asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto del 2022, ha marcado como principios fundamentales de su política exterior la lucha contra el cambio climático y la superación de la crisis de la biodiversidad del planeta, reconociendo y valorando así algo que hacen todos los que compiten por la silla presidencial y es resaltar nuestro lugar estratégico en la discusión mundial como el segundo país más biodiverso del planeta.

Especialmente desde la reunión de la COP26 en Glasgow en noviembre del 2021, esta es una discusión que para muchos liderazgos mundiales realza como un problema de nuestra especie, tal cual como lo caracteriza el propio Gustavo Petro y Francia Márquez al señalar que Colombia debe transformarse en una potencia mundial de la vida.

Existen discusiones paralelas que tienen que ver con un reto por liderar en política exterior por Gustavo Petro y Francia Márquez alrededor de las críticas al libre comercio como eje de nuestra política comercial en los últimos 30 años, desde la apertura económica del gobierno de César Gaviria (1990-1994) y sobre todo de los TLCs. Críticas que tienen que ver con manifestaciones de debilidad hegemónica del modelo neoliberal y la aceleración de esta pérdida después de 2 años de pandemia del covid y sus consecuencias sociales y económicas.

Para el Pacto Histórico, como principio, lo que debe adelantarse en la región es una política de articulación de dinámicas de intercambio productivo, académico y cultural en la que el comercio exterior debe dinamizar los circuitos de producción interna y regional.

Por otro lado, y a propósito del clientelismo que ha sido histórico, como lo demuestra en un ensayo el portal de investigacion periodística Vorágine:

Vorágine tuvo acceso a una lista de 257 nombramientos en el servicio exterior realizados por Duque desde que se posesionó hasta el 5 de febrero de 2021, y encontró que solamente 45 de ellos se hicieron a personas que pertenecen a la carrera diplomática y consular: 8 embajadores y 37 terceros secretarios de relaciones exteriores, que es el escalafón más bajo de ese régimen. Todos esos terceros secretarios tuvieron que quedarse en Colombia por un periodo de prueba, con un salario básico mensual de 3.211.673 pesos. Dicho de otra forma, solo el 17,5% de todos los nombramientos hechos por Duque han sido para funcionarios de carrera diplomática y consular, y solo el 3,1% han sido para embajadores de carrera2.

El Pacto Histórico también prometió en su programa de gobierno que se priorizará el mérito y la experiencia sobre la palanca, en una proporción de 50/50, lo que implica un reconocimiento de la Academia de San Carlos como el espacio de donde saldrán la mayoría de los funcionarios de nuestro cuerpo diplomático y que implicaría, en próximos años, que intervenciones o problemas del servicio exterior con los ciudadanos colombianos por esa falta de experiencia se reduzcan o tiendan a cero.

El Pacto también consignó en su programa de gobierno que el servicio diplomático no intervendrá en asuntos internos de otros países, motivado seguramente por las intervenciones comprobadas del embajador de Duque, Francisco Santos, en las elecciones de los Estados Unidos y que resquebrajo las relaciones del gobierno Biden con Colombia3.


Estados Unidos:
 Réspice polum o réspice similia

El presidente de Colombia Marco Fidel Suárez (1918-1921) fue el que acuño el termino réspice polum “mirar hacia el norte” y que ha determinado la política exterior colombiana durante los últimos 100 años alrededor de responder a los intereses que Estados Unidos ha definido como prioritarios para su propia seguridad nacional y en la cual podríamos enmarcar la propia “guerra contra las drogas” declarada por Richard Nixon (1969-1974).

Fue el presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) quien empezó a hablar del principio “réspice similia” o mirar a tus semejantes en el marco de una política de renacimiento de gobiernos latinoamericanos soberanos, la política de sustitución de importaciones impulsada por la Cepal y experiencias de integración regional como el Pacto Andino.

En el 2018 Gustavo Petro declaró a medios de comunicación:

“Colombia no ha tenido una política internacional, es un apéndice de la política internacional de Estados Unidos, derivada de su subordinación a la política antidrogas por la ayuda recibida por ese concepto”4.

Declaraciones brindadas en el contexto del gobierno de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y en medio de una campaña presidencial en la que llegó a segunda vuelta y en la cual surgió Iván Duque como el Presidente para el periodo 2018-2022.

Hoy está claro que Gustavo Petro ha matizado esa posición entendiendo que el gobierno demócrata de Joe Biden está interesado en impulsar la transición energética y la superación de la matriz energética basada en combustibles fósiles. Es por eso, que propuso a Luis Gilberto Murillo, por su cercanía con altos jerarcas del Partido Demócrata como el propio Obama, como el probable embajador del país en Washington.

En su programa el Pacto ha fijado como otro de los principios de la política exterior que le propone al país la unidad de los pueblos del sur de América, llamando a la necesidad de restablecer el Pacto Andino y del Caribe como prioridad. En su programa existe el compromiso de impulsar una agenda latinoamericana contra la pobreza, inequidad, productividad y cambio climático.


Es por lo anterior que Petro se reunió en marzo de este año con el recién posesionado presidente chileno Gabriel Boric. También sesionó con parte de su gabinete y con muchos congresistas de su bancada y les propuso que la alianza entre Chile y Colombia impulsará la transición energética en la región. Además de Boric, si Gustavo Petro es presidente contará con una región con presidentes como Andrés Manuel López Obrador en México, una probable presidencia de Lula en Brasil y la continuación del kirchnerismo en Argentina, y el gobierno del MAS en Bolivia.

Ecosistema que permitiría adelantar la agenda del Pacto Histórico comprometida con fortalecer la cooperación con la CAN, ONU, UE, EUA, los países de la cuenca del Pacífico, en especial China y el sudeste asiático, en clave latinoamericana, en el que el principio de réspice similia y de fortalecimiento de la soberanía nacional estaría por encima del réspice polum.

En este escenario, una Latinoamérica unida por lo menos en términos de coordinación de los poderes ejecutivos de la región puede establecer una posición independiente en la disputa geopolítica en proceso de configuración, de manera cada vez mas fuerte y evidente, entre la alianza China/Rusa por nuestros territorios y sus riquezas.


Narcotráfico y terrorismo. América Latina y el Caribe como un territorio de paz

En el 2014 los presidentes de los 33 países de América Latina y el Caribe en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) declararon la región como una “zona de paz”. Declaración que iba de la mano de la intención de varios presidentes de la región en la época, entre los que estaban Nicolás Maduro, Rafael Correa y Raúl Castro, de apoyar los esfuerzos del gobierno de Juan Manuel Santos para llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. El antecedente de lo ocurrido con Raúl Reyes les había demostrado a muchos de estos gobiernos que la guerra en Colombia era un problema de seguridad regional que debía resolverse de manera efectiva.

A mediados del año 2021, mercenarios, entre ellos oficiales que cursaron armas como parte del Ejército de nuestro país, fueron capturados por hacer parte de una operación clandestina que terminó con el asesinato del presidente de Haití. A propósito de esta noticia, el 15 de julio del 2021 Gustavo Petro trinó:

“La política exterior del gobierno se ha construido en las redes de la extrema derecha mundial y particularmente de la Florida, fuertemente vinculadas al narcotráfico. Por eso termina articulada a operaciones ilegales internacionales de terrorismo”.

Es en esa probable alianza latinoamericana de gobiernos con el Pacto Histórico en la presidencia de Colombia, que el principio consignado en el programa de su política exterior de impulsar una agenda de paz que nos permita superar la guerra se torna más palpable.

Agenda que no puede hacerse real sin impulsar un cambio de paradigma en el abordaje dado en la región al problema del narcotráfico, y que debe pasar por abandonar la “guerra contra las drogas” de Nixon y profundizar experiencias como las del gobierno del Frente Amplio en Uruguay y la legalización del consumo del cannabis, o del gobierno del MAS en Bolivia que suspendió las actividades de la DEA en su país y recuperó su soberanía en el abordaje del problema del narcotráfico con resultados reconocidos por la ONU5.
Venezuela. Política fronteriza 
migración e integración
regional

En noviembre del 2021 Gustavo Petro declaró:

“Si nosotros ganamos la Presidencia de Colombia el 7 de agosto del año 2022, se restablecen las relaciones diplomáticas y consulares con el país vecino de Venezuela, independientemente de quién gobierne allá: los amigos de Guaidó, de Maduro o gente completamente diferente”6.

Declaración relacionada con la intención fijada en el programa del Pacto de garantizar los derechos de la población migrante en nuestro país y construir una política fronteriza armoniosa y pacífica que nos permita resolver de manera amigable posibles conflictos. Hoy en día tenemos suficiente evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno de Venezuela y que la intervención en los asuntos internos del vecino país ha servido para profundizar los problemas de seguridad en la frontera e impedir un desarrollo armónico de las comunidades que las habitan.

Por otro lado, se determinó en el programa del Pacto Histórico el compromiso de proteger a nuestros nacionales en el exterior. Reconociendo a los más de 6 millones que habitan decenas de países y comprometiéndose a construir las condiciones que les permitan volver a quienes lo deseen. Como la mayoría de las políticas propuestas por el Pacto este es un compromiso transversal que evidentemente implicará varios gobiernos y que exige una continuidad no solo en la política exterior sino también en las diversas políticas internas de desarrollo social, cultural y económico del país.
Ventana abierta

En muchas ocasiones el propio Gustavo Petro y los diversos liderazgos del Pacto Histórico han explicado que los cambios estructurales que le han propuesto al país no se podrán desarrollar en su totalidad en 4 años, y que la intención política es que a partir del gobierno de Petro y Francia le sucedan por lo menos otros tres gobiernos del Pacto que permitan cumplir al 100 por ciento con las propuestas consignadas en su programa de gobierno. La política exterior no es la excepción.

En los párrafos anteriores se han consignado sus principios y las intenciones políticas de la misma. Se entiende que es una política exterior que va de la mano con las transformaciones estructurales que se plantean en términos de matriz productiva, energética o política comercial. Se destaca que es una política exterior pensada para el corto, mediano y largo plazo y que se piensa no como una propuesta gubernamental sino como una propuesta de Estado. Más allá que hacer prospectiva lo que se buscó aquí es tratar de trazar unas líneas sobre cómo los principios propuestos en el programa se articulan con la intención del cambio estructural del Pacto Histórico, lo demás se deberá analizar sobre la marcha de los acontecimientos.

Lo cierto es que Colombia, aunque tiene el potencial de ser un líder determinante en las discusiones alrededor de la mitigación de los efectos del cambio climático en el mundo y las transiciones del modelo energético y productivo por la riqueza de su territorio en clave biodiversa también es cierto que no esta sometida a una multiplicidad de variables geopolíticas que le dan poco margen de maniobra mas allá de ciertas posiciones políticas soberanas.

Por otro lado, en cuanto a la integración regional, aunque suene factible la lucha contra la pobreza no sería la primera vez en América Latina y el Caribe que se impulsan procesos de unidad de gobiernos en esa clave. El último ciclo de gobiernos progresistas que lo hicieron con liderazgos visibles como los de Hugo Chávez tampoco avanzaron demasiado en políticas de cooperación concretas, pero sí de coordinación en escenarios multilaterales. Tal vez el tono y el estilo de liderazgos como el de Boric puedan tropezar con los de Amlo e incluso el mismo Petro.

Finalmente es cierto que, aunque la propuesta del Pacto Histórico en política exterior y relaciones internacionales esta formulada en función de convertirse en política de Estado no debe descartarse el hecho que los procesos de institucionalización y desarrollo a largo plazo de iniciativas de carácter publico en Colombia no han tenido la permanencia suficiente. El último ejemplo fue el manejo de semiprofesionalización que alcanzó la cancillería en manos de María Ángela Holguín, durante los 8 años de Juan Manuel Santos, sin desprenderse de las ataduras clientelares propias de la gobernanza que han operado las élites tradicionales en Colombia.

1 Pichon Hernández, D., Durán Reyes, P., & Cendales, C. (2012). “Narrativas mediaticas acerca de la muerte de Raúl Reyes vista desde los diarios Le Monde de Francia, el Universal de Venezuela y el Universo de Ecuador: una mirada a su analisis de contenido”. Obtenido de Politécnico Grancolombiano: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/535/TRABAJO%20FINAL%20PROCESOS%20DE%20COMUNICACION3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2 Abu Shihab, L. (14 de Marzo de 2021). “Sin experiencia y con sueldazos: la lista de nombramientos de Duque en el exterior”: https://voragine.co/sin-experiencia-y-con-sueldazos-la-lista-de-nombramientos-de-duque-en-el-exterior/
3 El Espectador. (1 de junio de 2021). “Francisco Santos: “Apoyo del Centro Democrático a Trump sí afectó relaciones con EE. UU.”: https://www.elespectador.com/mundo/santos-apoyo-del-centro-democratico-a-trump-si-afecto-relaciones-con-ee-uu/
4 Caracol radio. (1 de Mayo de 2018). “Petro dice que política internacional de Colombia es apéndice de EEUU”: https://caracol.com.co/radio/2018/05/02/politica/1525228615_498877.html
5 Unodc. (s.f.). “ONU Destaca logros de Bolivia en lucha contra el narcotráfico”: https://www.unodc.org/bolivia/es/press/onu_destaca_lucha_anticorrupcion.html
6 Gutérrez , J. (11 de noviembre de 2021). “Petro promete restablecer relaciones de Colombia con Venezuela si gana la Presidencia”. El Colombiano: https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/petro-restablecera-relaciones-con-venezuela-si-gana-elecciones-de-2022-FG16010137

* Profesor del Universidad Javeriana.

 


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Lunes, 23 Mayo 2022 09:46

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Se trata –lo repetimos– de una potente energía de cambio, de anhelo de giro histórico, materializado parcialmente en las elecciones al Congreso de marzo pasado, y reforzado por las encuestas, difundidas durante los últimos meses. Tal energía, pese a su intensidad, no es garantía absoluta de que lo anhelado quede sellado en las urnas, toda vez que quienes representan la continuidad no están totalmente derrotados ni tienen el camino cerrado para superar las tendencias que hasta ahora marcan las encuestas. Son tendencias que además podrían verse descuadradas en sus líneas gruesas de hacerse realidad: a) las alianzas que aún están en valoración entre algunos de los actores de este proceso electoral, b) una vez el alto porcentaje de indecisos que arrojan las encuestas decidan su voto.

En todo caso, el ambiente enunciado merece un acercamiento crítico, toda vez que el mismo está soportado en el supuesto liderazgo insuperable de la fórmula que para el Ejecutivo lidera el Pacto Histórico, que contrario a un que hacer de izquierda ha dejado a un lado una necesaria práctica pedagógica que le recuerde a la sociedad electora que todo cambio, si de verdad se quiere estructural, depende de su apropiación, de su impulso y su defensa por parte de las mayorías. De otra manera, sería un simple cambio formal, liberal, sin peso histórico.

El ambiente está contaminado, asimismo, con la homologación del Pacto Histórico como una fuerza única, cohesionada ideológica y políticamente, y no una alianza, y, por ello, como si portara y estuviera determinada por un gen de izquierda. La revisión, así sea superficial, de la diversa fauna de tradición liberal, como de otras corrientes del establecimiento que han aterrizado en su cuerpo, testimonia que, cuando más, se podría definir como una coalición de centroizquierda.

Esa realidad está determinada, además, por el pragmatismo, tan común en los proyectos electorales, que actúan y se determinan según los giros de la opinión pública y no por preceptos filosóficos, éticos y similares. Es así como la necesidad de más votos lleva a coquetear con sectores sociales que temen un cambio brusco en la conducción del país, adecuando lenguajes, promesas, formas de gobernar, etcétera, todo lo que sea necesario para desprevenir a determinados sectores sociales, al final de lo cual lo que aparecía primero como rojo o lo que algunos se imaginaban de esa tonalidad se va degradando hacia el rosado.

Un proyecto de cambio, de izquierda, así imaginado por amplios sectores de la militancia coyuntural pero que no encuentra soporte en la historia del candidato, en su raíz –nacionalista– y en su devenir como político profesional. Sucede que en Colombia, una sociedad tan cerrada y con un poder tan tradicionalista y violento, cualquiera que pretenda un cambio aparecerá como de izquierda, sin necesariamente serlo. Para esa minoría de millonarios que detentan el poder económico, urbano y rural, así como militar –beneficiarios de la cosa pública, negados a ceder por voluntad y para beneficio general algo de lo que el trabajo de cientos de miles les ha procurado–, cualquier posible reforma que les reduzca en algo sus privilegios queda tachada como un acto de izquierda.

Es una realidad que, como el país está viendo, lleva a la polarización entre continuidad y cambio, a la estigmatización de las fuerzas renovadoras, a la criminalización de quienes se oponen a que todo siga igual, a la difamación de la agenda alternativa.

La agenda, por demás, solo podrá hacerse realidad si, desde ahora –algo que no sucede–, quienes la impulsan llaman al sector social de sus potenciales beneficiarios a fortalecer sus formas organizativas y a quienes no las tienen a organizarse en sus territorios de vida y trabajo para impulsar en lo pequeño y lo grande esa agenda, así como para obligar al gobierno del anunciado cambio, de pararse en aguas tibias, a radicalizarse y hacerlo efectivo. Es una convocatoria para que no se limiten a aplaudir al candidato sino para ir mucho más allá: para presionarlo en la idea de que sea pueblo, no solo para que lo parezca.

Es este un llamado indispensable, toda vez que llegar al gobierno no es abrazar el poder; es solo hacerse a una parte del mismo, el cual mayoritariamente continuará en manos de la tradición (legislativo, judicial, económico, militar…), entrando, eso sí, todos y cada uno de estos factores en mayor disputa. Es en esta pugna en la que resulta fundamental la movilización, cotidiana y en todos los planos, de las mayorías sociales, transformadas en sujetos de su historia, algo que debiera llevar a su radicalización al Ejecutivo, ¿estará dispuesto a ello, de ser votado mayoritariamente? ¿Estará dispuesto el poder efectivo que domina en Colombia a soportar una situación tal? ¿Qué pudiera suceder de no estar inclinado este poder a conciliar con un giro para el país, por suave que sea?

Estamos ante una realidad que no aparece en los análisis y las valoraciones de quienes con total convicción y deseo anuncian el triunfo del Pacto Histórico como algo ya consumado. Pero lo que ellos anhelan no llega por un simple acto de gobierno, es algo mucho más potente y más complejo. Es una realidad de enconada lucha de clases, que será cada vez más intensa a medida que el Ejecutivo materialice algunas de sus promesas electorales. Esa lucha ya está planteada, por ejemplo, en el campo económico con la llamada Cláusula Petro, ahora integrada en la mayoría de inversiones y proyectos económicos que se están firmando en el país, cláusula que seguramente se ampliará en los primeros meses del supuesto gobierno hasta concretarse como fuga de capitales y, con ella, potenciación de la crisis económica que ahora padecen las mayorías.

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De esta manera, como se puede valorar, el escenario que se está abriendo, incluso sin concretarse, más allá de los buenos deseos, es de grandes expectativas, posibilidades relativas de satisfacción, y un amplio margen de confrontación y militarización de la sociedad.

El cambio, no hay duda, es un campo en disputa. Nada está dado, todo se deberá presionar, y en ello el riesgo de diverso margen queda abierto. Esto, en caso de triunfo. Pero, de no darse, ¿aguantará la coalición su acción continuada, su acción social y organizativa para la protesta y la confrontación con las fuerzas del statu quo, prolongadas en el control del gobierno, sin poder beneficiarse de la burocracia estatal, como lo desean y motiva a todos aquellos que, de cuño liberal y de otras matrices tradicionales, han llegado a integrarla?

El escenario queda abierto y cómo se vaya delineando lo dirán los resultados del 29 de mayo y el 19 del mes siguiente, al realizarse la segunda vuelta que todas las encuestas anuncian, de no errar las mismas en sus estudios.

En todo caso, cualquiera que sea el resultado, una potente fuerza social sigue tomando cuerpo en el país y cuyos rasgos todavía no están totalmente torneados. La tarea de cualquiera que desee un cambio efectivo para Colombia es dedicar todas sus capacidades a que esa configuración no se desinfle. Ese es el mayor reto por concretar en los años que vienen, fundiendo bases para que, en caso de triunfo del Pacto Histórico, las promesas electorales se hagan norma; de perder, más allá de lo electoral –de 2026, por ejemplo–, el cambio deberá llegar a nuestro país por efecto de su alzamiento en demanda del respeto de todos sus derechos, siempre negados.


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Algunas consideraciones para el Pacto Histórico. Temas claves para el próximo gobierno
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Publicado enEdición Nº291
La política exterior y las relaciones internacionales en el gobierno del Pacto Histórico

La política exterior y las relaciones internacionales no han sido un tema muy taquillero en las campañas presidenciales en Colombia. Es algo que “no da votos” y las explicaciones de ello son variadas y multifactoriales. Hasta hace muy poco las discusiones electorales giraban alrededor del clientelismo y la guerra en Colombia, lo que carga consigo, así no se vea a primera vista, la política exterior también.

Un ejemplo de esto fue el manejo dado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez al bombardeo del campamento de Raúl Reyes en el 2008 y como la matriz mediática interna rápidamente ordenó la explicación para la opinión pública sobre el conflicto regional provocado por esa acción entre gobiernos de la región pro Farc y pro-seguridad democrática, cuando desde afuera estaba claro que la responsabilidad de la violación de todos los protocolos del derecho internacional público fueron del presidente Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, su ministro de defensa1.

No solo la política exterior no ha sido un tema “sexy”, sino que también ha determinado nuestra relación con gobiernos de la región y el mundo. Que la guerra y el clientelismo sean los ejes de la misma en los últimos 50 años explica nuestra relación con Estados Unidos y la crisis desatada en nuestra relación con la región desde el 2008 que solo pudo resolverse en el 2010 con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, giro marcado a solo tres días de su posesión y concretado con la reunión celebrada con Hugo Chávez para inaugurar un ciclo que tenía como intención reparar las relaciones bilaterales entre ambos países y tras la cual Venezuela se convirtió en protagonista del proceso de paz con las Farc.

Hoy en día el programa de gobierno del Pacto Histórico, coalición política que podría asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto del 2022, ha marcado como principios fundamentales de su política exterior la lucha contra el cambio climático y la superación de la crisis de la biodiversidad del planeta, reconociendo y valorando así algo que hacen todos los que compiten por la silla presidencial y es resaltar nuestro lugar estratégico en la discusión mundial como el segundo país más biodiverso del planeta.

Especialmente desde la reunión de la COP26 en Glasgow en noviembre del 2021, esta es una discusión que para muchos liderazgos mundiales realza como un problema de nuestra especie, tal cual como lo caracteriza el propio Gustavo Petro y Francia Márquez al señalar que Colombia debe transformarse en una potencia mundial de la vida.

Existen discusiones paralelas que tienen que ver con un reto por liderar en política exterior por Gustavo Petro y Francia Márquez alrededor de las críticas al libre comercio como eje de nuestra política comercial en los últimos 30 años, desde la apertura económica del gobierno de César Gaviria (1990-1994) y sobre todo de los TLCs. Críticas que tienen que ver con manifestaciones de debilidad hegemónica del modelo neoliberal y la aceleración de esta pérdida después de 2 años de pandemia del covid y sus consecuencias sociales y económicas.

Para el Pacto Histórico, como principio, lo que debe adelantarse en la región es una política de articulación de dinámicas de intercambio productivo, académico y cultural en la que el comercio exterior debe dinamizar los circuitos de producción interna y regional.

Por otro lado, y a propósito del clientelismo que ha sido histórico, como lo demuestra en un ensayo el portal de investigacion periodística Vorágine:

Vorágine tuvo acceso a una lista de 257 nombramientos en el servicio exterior realizados por Duque desde que se posesionó hasta el 5 de febrero de 2021, y encontró que solamente 45 de ellos se hicieron a personas que pertenecen a la carrera diplomática y consular: 8 embajadores y 37 terceros secretarios de relaciones exteriores, que es el escalafón más bajo de ese régimen. Todos esos terceros secretarios tuvieron que quedarse en Colombia por un periodo de prueba, con un salario básico mensual de 3.211.673 pesos. Dicho de otra forma, solo el 17,5% de todos los nombramientos hechos por Duque han sido para funcionarios de carrera diplomática y consular, y solo el 3,1% han sido para embajadores de carrera2.

El Pacto Histórico también prometió en su programa de gobierno que se priorizará el mérito y la experiencia sobre la palanca, en una proporción de 50/50, lo que implica un reconocimiento de la Academia de San Carlos como el espacio de donde saldrán la mayoría de los funcionarios de nuestro cuerpo diplomático y que implicaría, en próximos años, que intervenciones o problemas del servicio exterior con los ciudadanos colombianos por esa falta de experiencia se reduzcan o tiendan a cero.

El Pacto también consignó en su programa de gobierno que el servicio diplomático no intervendrá en asuntos internos de otros países, motivado seguramente por las intervenciones comprobadas del embajador de Duque, Francisco Santos, en las elecciones de los Estados Unidos y que resquebrajo las relaciones del gobierno Biden con Colombia3.


Estados Unidos:
 Réspice polum o réspice similia

El presidente de Colombia Marco Fidel Suárez (1918-1921) fue el que acuño el termino réspice polum “mirar hacia el norte” y que ha determinado la política exterior colombiana durante los últimos 100 años alrededor de responder a los intereses que Estados Unidos ha definido como prioritarios para su propia seguridad nacional y en la cual podríamos enmarcar la propia “guerra contra las drogas” declarada por Richard Nixon (1969-1974).

Fue el presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) quien empezó a hablar del principio “réspice similia” o mirar a tus semejantes en el marco de una política de renacimiento de gobiernos latinoamericanos soberanos, la política de sustitución de importaciones impulsada por la Cepal y experiencias de integración regional como el Pacto Andino.

En el 2018 Gustavo Petro declaró a medios de comunicación:

“Colombia no ha tenido una política internacional, es un apéndice de la política internacional de Estados Unidos, derivada de su subordinación a la política antidrogas por la ayuda recibida por ese concepto”4.

Declaraciones brindadas en el contexto del gobierno de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y en medio de una campaña presidencial en la que llegó a segunda vuelta y en la cual surgió Iván Duque como el Presidente para el periodo 2018-2022.

Hoy está claro que Gustavo Petro ha matizado esa posición entendiendo que el gobierno demócrata de Joe Biden está interesado en impulsar la transición energética y la superación de la matriz energética basada en combustibles fósiles. Es por eso, que propuso a Luis Gilberto Murillo, por su cercanía con altos jerarcas del Partido Demócrata como el propio Obama, como el probable embajador del país en Washington.

En su programa el Pacto ha fijado como otro de los principios de la política exterior que le propone al país la unidad de los pueblos del sur de América, llamando a la necesidad de restablecer el Pacto Andino y del Caribe como prioridad. En su programa existe el compromiso de impulsar una agenda latinoamericana contra la pobreza, inequidad, productividad y cambio climático.


Es por lo anterior que Petro se reunió en marzo de este año con el recién posesionado presidente chileno Gabriel Boric. También sesionó con parte de su gabinete y con muchos congresistas de su bancada y les propuso que la alianza entre Chile y Colombia impulsará la transición energética en la región. Además de Boric, si Gustavo Petro es presidente contará con una región con presidentes como Andrés Manuel López Obrador en México, una probable presidencia de Lula en Brasil y la continuación del kirchnerismo en Argentina, y el gobierno del MAS en Bolivia.

Ecosistema que permitiría adelantar la agenda del Pacto Histórico comprometida con fortalecer la cooperación con la CAN, ONU, UE, EUA, los países de la cuenca del Pacífico, en especial China y el sudeste asiático, en clave latinoamericana, en el que el principio de réspice similia y de fortalecimiento de la soberanía nacional estaría por encima del réspice polum.

En este escenario, una Latinoamérica unida por lo menos en términos de coordinación de los poderes ejecutivos de la región puede establecer una posición independiente en la disputa geopolítica en proceso de configuración, de manera cada vez mas fuerte y evidente, entre la alianza China/Rusa por nuestros territorios y sus riquezas.


Narcotráfico y terrorismo. América Latina y el Caribe como un territorio de paz

En el 2014 los presidentes de los 33 países de América Latina y el Caribe en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) declararon la región como una “zona de paz”. Declaración que iba de la mano de la intención de varios presidentes de la región en la época, entre los que estaban Nicolás Maduro, Rafael Correa y Raúl Castro, de apoyar los esfuerzos del gobierno de Juan Manuel Santos para llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. El antecedente de lo ocurrido con Raúl Reyes les había demostrado a muchos de estos gobiernos que la guerra en Colombia era un problema de seguridad regional que debía resolverse de manera efectiva.

A mediados del año 2021, mercenarios, entre ellos oficiales que cursaron armas como parte del Ejército de nuestro país, fueron capturados por hacer parte de una operación clandestina que terminó con el asesinato del presidente de Haití. A propósito de esta noticia, el 15 de julio del 2021 Gustavo Petro trinó:

“La política exterior del gobierno se ha construido en las redes de la extrema derecha mundial y particularmente de la Florida, fuertemente vinculadas al narcotráfico. Por eso termina articulada a operaciones ilegales internacionales de terrorismo”.

Es en esa probable alianza latinoamericana de gobiernos con el Pacto Histórico en la presidencia de Colombia, que el principio consignado en el programa de su política exterior de impulsar una agenda de paz que nos permita superar la guerra se torna más palpable.

Agenda que no puede hacerse real sin impulsar un cambio de paradigma en el abordaje dado en la región al problema del narcotráfico, y que debe pasar por abandonar la “guerra contra las drogas” de Nixon y profundizar experiencias como las del gobierno del Frente Amplio en Uruguay y la legalización del consumo del cannabis, o del gobierno del MAS en Bolivia que suspendió las actividades de la DEA en su país y recuperó su soberanía en el abordaje del problema del narcotráfico con resultados reconocidos por la ONU5.
Venezuela. Política fronteriza 
migración e integración
regional

En noviembre del 2021 Gustavo Petro declaró:

“Si nosotros ganamos la Presidencia de Colombia el 7 de agosto del año 2022, se restablecen las relaciones diplomáticas y consulares con el país vecino de Venezuela, independientemente de quién gobierne allá: los amigos de Guaidó, de Maduro o gente completamente diferente”6.

Declaración relacionada con la intención fijada en el programa del Pacto de garantizar los derechos de la población migrante en nuestro país y construir una política fronteriza armoniosa y pacífica que nos permita resolver de manera amigable posibles conflictos. Hoy en día tenemos suficiente evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno de Venezuela y que la intervención en los asuntos internos del vecino país ha servido para profundizar los problemas de seguridad en la frontera e impedir un desarrollo armónico de las comunidades que las habitan.

Por otro lado, se determinó en el programa del Pacto Histórico el compromiso de proteger a nuestros nacionales en el exterior. Reconociendo a los más de 6 millones que habitan decenas de países y comprometiéndose a construir las condiciones que les permitan volver a quienes lo deseen. Como la mayoría de las políticas propuestas por el Pacto este es un compromiso transversal que evidentemente implicará varios gobiernos y que exige una continuidad no solo en la política exterior sino también en las diversas políticas internas de desarrollo social, cultural y económico del país.
Ventana abierta

En muchas ocasiones el propio Gustavo Petro y los diversos liderazgos del Pacto Histórico han explicado que los cambios estructurales que le han propuesto al país no se podrán desarrollar en su totalidad en 4 años, y que la intención política es que a partir del gobierno de Petro y Francia le sucedan por lo menos otros tres gobiernos del Pacto que permitan cumplir al 100 por ciento con las propuestas consignadas en su programa de gobierno. La política exterior no es la excepción.

En los párrafos anteriores se han consignado sus principios y las intenciones políticas de la misma. Se entiende que es una política exterior que va de la mano con las transformaciones estructurales que se plantean en términos de matriz productiva, energética o política comercial. Se destaca que es una política exterior pensada para el corto, mediano y largo plazo y que se piensa no como una propuesta gubernamental sino como una propuesta de Estado. Más allá que hacer prospectiva lo que se buscó aquí es tratar de trazar unas líneas sobre cómo los principios propuestos en el programa se articulan con la intención del cambio estructural del Pacto Histórico, lo demás se deberá analizar sobre la marcha de los acontecimientos.

Lo cierto es que Colombia, aunque tiene el potencial de ser un líder determinante en las discusiones alrededor de la mitigación de los efectos del cambio climático en el mundo y las transiciones del modelo energético y productivo por la riqueza de su territorio en clave biodiversa también es cierto que no esta sometida a una multiplicidad de variables geopolíticas que le dan poco margen de maniobra mas allá de ciertas posiciones políticas soberanas.

Por otro lado, en cuanto a la integración regional, aunque suene factible la lucha contra la pobreza no sería la primera vez en América Latina y el Caribe que se impulsan procesos de unidad de gobiernos en esa clave. El último ciclo de gobiernos progresistas que lo hicieron con liderazgos visibles como los de Hugo Chávez tampoco avanzaron demasiado en políticas de cooperación concretas, pero sí de coordinación en escenarios multilaterales. Tal vez el tono y el estilo de liderazgos como el de Boric puedan tropezar con los de Amlo e incluso el mismo Petro.

Finalmente es cierto que, aunque la propuesta del Pacto Histórico en política exterior y relaciones internacionales esta formulada en función de convertirse en política de Estado no debe descartarse el hecho que los procesos de institucionalización y desarrollo a largo plazo de iniciativas de carácter publico en Colombia no han tenido la permanencia suficiente. El último ejemplo fue el manejo de semiprofesionalización que alcanzó la cancillería en manos de María Ángela Holguín, durante los 8 años de Juan Manuel Santos, sin desprenderse de las ataduras clientelares propias de la gobernanza que han operado las élites tradicionales en Colombia.

1 Pichon Hernández, D., Durán Reyes, P., & Cendales, C. (2012). “Narrativas mediaticas acerca de la muerte de Raúl Reyes vista desde los diarios Le Monde de Francia, el Universal de Venezuela y el Universo de Ecuador: una mirada a su analisis de contenido”. Obtenido de Politécnico Grancolombiano: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/535/TRABAJO%20FINAL%20PROCESOS%20DE%20COMUNICACION3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2 Abu Shihab, L. (14 de Marzo de 2021). “Sin experiencia y con sueldazos: la lista de nombramientos de Duque en el exterior”: https://voragine.co/sin-experiencia-y-con-sueldazos-la-lista-de-nombramientos-de-duque-en-el-exterior/
3 El Espectador. (1 de junio de 2021). “Francisco Santos: “Apoyo del Centro Democrático a Trump sí afectó relaciones con EE. UU.”: https://www.elespectador.com/mundo/santos-apoyo-del-centro-democratico-a-trump-si-afecto-relaciones-con-ee-uu/
4 Caracol radio. (1 de Mayo de 2018). “Petro dice que política internacional de Colombia es apéndice de EEUU”: https://caracol.com.co/radio/2018/05/02/politica/1525228615_498877.html
5 Unodc. (s.f.). “ONU Destaca logros de Bolivia en lucha contra el narcotráfico”: https://www.unodc.org/bolivia/es/press/onu_destaca_lucha_anticorrupcion.html
6 Gutérrez , J. (11 de noviembre de 2021). “Petro promete restablecer relaciones de Colombia con Venezuela si gana la Presidencia”. El Colombiano: https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/petro-restablecera-relaciones-con-venezuela-si-gana-elecciones-de-2022-FG16010137

* Profesor del Universidad Javeriana.

 


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Publicado enEdición Nº291
Al lado de China y Vietnam: Laos y el socialismo de mercado

Laos es una nación desconocida para la mayoría. Sin embargo, su apoyo a las tesis de la “economía de mercado orientada al socialismo”, su mirada particular del marxismo-leninismo (uno con “características laosianas”) y sus vínculos con sus vecinos obligan a tenerlo en cuenta.

 

Inserta en la región del Sudeste Asiático se encuentra Laos, antaño una parte constitutiva de los dominios imperialistas de Francia que vinieron a llamarse ‘Indochina’. Sus cerca de siete millones de nacionales habitan un territorio rodeado enteramente por otras naciones que le superan ampliamente en población, a saber: Myanmar, Tailandia, Camboya, Vietnam y China. Lo recóndito de su ubicación geográfica —ni siquiera tiene costa—, lo tímido de su demografía y la magnitud de algunos de sus vecinos ocultó al país del “millón de elefantes” para buena parte de la historiografía y la prensa mainstream.

De Laos se sabe, por lo general, entre nada y muy poco. Quizá en su propio beneficio, la prensa de las regiones más poderosas del mundo apenas posa sus ojos en el proceso político que está atravesando el país. En consecuencia, su gobierno no recibe los apelativos con los que “nuestros” medios se refieren habitualmente a estados como el cubano o el vietnamita. Tampoco de su población se habla como si fuese una suerte de masa acrítica “zombificada” y manipulada por la propaganda estatal, como suele hacerse —desde una perspectiva a menudo racista— con la ciudadanía china o norcoreana.

A Laos se le puede definir, en general, como “un estado socialista que está construyendo las bases materiales para el socialismo”, lo mismo que defienden los partidos comunistas de China y Vietnam. Según Estado y Partido en estos países, el pasado de violencia imperialista les sumió como nación en un estado de muy bajo desarrollo de las fuerzas productivas, socavando las posibilidades efectivas para la construcción del socialismo. En consecuencia, se plantea, es necesario un tiempo de desarrollo “tutelado” del capitalismo nacional bajo férreo dominio político del Partido Comunista (nombrado en Laos como Partido Popular Revolucionario —PPRL—). Esto, lejos de ser un dogma cerrado, da forma a buena parte de las discusiones dentro del país: ¿qué significa “desarrollo del capitalismo nacional”? ¿hasta dónde tiene sentido consentir la acumulación privada del capital? ¿cómo se defenderá el Estado frente al creciente poder de los capitalistas?

Su Constitución especifica lo siguiente: “Durante [los años] desde que el país fue liberado, nuestro pueblo ha estado cumpliendo unificadamente las dos tareas estratégicas de defensa y construcción del país, en especial la de emprender reformas a fin de movilizar los recursos dentro de la nación para preservar la régimen democrático popular y crear las condiciones para avanzar hacia el socialismo”. “Emprender reformas”, “movilizar recursos”, “crear condiciones” y “avanzar hacia el socialismo”. Esta es la hoja de ruta del socialismo con características laosianas. Como todo proceso político, solo el tiempo juzgará cuánto de cierto había en esa estrategia.

Para comprender Laos, conviene echar un vistazo a los escritos de sus propios teóricos y dirigentes. En el caso del socialismo laosiano, considerar a Kaysone Phomvihane es necesario. Su pensamiento, una suerte de “marxismo-leninismo adaptado a las circunstancias laosianas” —al estilo de otras edificaciones teóricas como el denominado Pensamiento de Xi Jinping (China)— incorpora también elementos del dirigente vietnamita Ho Chi Minh. Phomvihane planteó, luego de la independencia del país y la destitución de la monarquía en 1975, que el país debía hacer frente a cinco prioridades anteriores a la edificación del socialismo, a saber: 1. “normalizar” la vida de la gente (en cuanto a comida, ropa y vivienda); 2. afianzar el poder del Partido (arraigar en las “zonas blancas” realistas); 3. establecer instituciones estatales y abolir las instituciones feudalistas y coloniales; 4. diseñar la gobernanza post bélica; 5. “construir” la nación e integrar a las minorías (en Laos conviven más de sesenta comunidades étnicas diferenciadas, de las que el grupo ‘Lao’ es el mayoritario con cerca de un 40% de la población).

Historia antiimperialista

El desarrollo teórico y político laosiano tiene que ver con su particular historia marcada por la resistencia armada a la violencia imperialista de Francia, Japón y Estados Unidos. Como en el caso de Vietnam, Francia ocupó durante décadas el territorio actual de Laos como parte de la llamada ‘Indochina francesa’. Hasta la década de los cincuenta, el país sufrió la ocupación violenta de los imperialismos francés y japonés. Posteriormente, Laos se vio inmersa en las avanzadas del imperialismo estadounidense sobre la región. La ‘Teoría del Dominó’ norteamericana, según la cual los estados socialistas “contagiarían” a sus vecinos, motivó su incursión en Vietnam. Si triunfaba el FNLV —Frente Nacional de Liberación de Vietnam—, el socialismo se extendería por la región, motivo por el cual la estrategia anticomunista debía apuntar también al Pathet Lao, la organización comunista laosiana aliada al Vietnam del Norte que postulaba la independencia total del país y la conformación del socialismo nacional.

La “Guerra Oculta” que sufrió el pueblo laosiano paralelamente a la —por todos conocida— invasión estadounidense de Vietnam merece mención aparte. Como en su vecino, los bombardeos y el Agente Naranja fueron parte de la cotidianeidad durante mucho tiempo. Sobre este pequeño territorio fueron lanzadas más bombas que sobre la Alemania nazi. En un momento en el que el número de ciudadanos laosianos rondaba los tres millones, aproximadamente 50.000 perdieron la vida durante la guerra. Y, desde que la misma terminó en 1975, más de 20.000 han sufrido la misma suerte al explotar bombas que quedaron desperdigadas por el territorio nacional sin llegar a explotar en un primer momento.

Décadas de violencia externa legitiman el relato interno del PPRL y su mirada sobre el proceso como uno largo y que requiere de etapas contradictorias. Tras la lucha del Pathet Lao contra franceses, japoneses y estadounidense, el país se encontró falto de infraestructura industrial y, sobre todo, de una capa suficiente de intelectualidad obrera, ambos factores clave para el socialismo en aquellos países que abandonan bruscamente la dominación imperialista.

Sin duda, para un país tan pequeño, contar con una densa amistad política con China y, ante todo, con Vietnam, fue y es crucial. Luego de la liberación, Vietnam ayudó a Laos en lo referente a la infraestructura, pues la escasez de ingenieros dificultaba enormemente alcanzar los objetivos inmediatos. En compensación, Laos facilitaba alimentos, ropa y medicinas al vecino, inmerso en un cruel bloqueo del bloque capitalista. Esta relación colaborativa hunde sus raíces en la época misma del dominio francés, en la que los comunistas laosianos militaban junto a los vietnamitas en el Partido Comunista de Indochina. En nuestros días, este vínculo persiste. Véase, por ejemplo, cómo la falta de costa del país es parcialmente compensada por proyectos conjuntos como el Puerto Internacional de Vung Ang (en suelo vietnamita pero que pertenece en un 60% al Estado laosiano). Por su parte, China ha ayudado financiera y logísticamente en proyectos como el del tren que conecta la ciudad laosiana de Vientián con la provincia china de Yunnan, clave para el que es el único país sin salida al mar de todo el Sudeste asiático.

¿”Economía de mercado orientada al socialismo”?

“Socialismo de mercado”, “orientación al socialismo”, “las bases materiales del socialismo”, “marxismo-leninismo con características laosianas, chinas, vietnamitas…” Existen múltiples formas para denominar lo que algunos países regidos por la forma política del unipartidismo socialista están llevando a cabo en el plano del desarrollo económico. En Laos, conviven tendencias que a priori podrían parecer profundamente contradictorias pero que, al menos dentro del país, se explican bajo un plan supuestamente largoplacista de un Estado que, por su propia configuración política, puede esperar un considerable grado de continuidad con el paso del tiempo y un control efectivo sobre los grandes acumuladores de capital.

A fines de los años ochenta, el país se abrió a la inversión extranjera y al comercio con el mundo capitalista. Desde entonces, el PIB nacional ha crecido en cotas de entre el 4 y el 8%. La inversión privada extranjera y el fomento del desarrollo del capitalismo nacional queda supeditado al consentimiento del vínculo entre Partido-Estado. Con Tailandia, China y Laos como principales socios comerciales, Laos se proyecta hacia el exterior como una economía en vías de desarrollo receptiva de capitales extranjeros (públicos y privados) siempre y cuando acepten jugar bajo las normas particulares del socialismo laosiano.

En Laos, un amplio porcentaje de la población trabajadora se dedica a tareas agrarias, lo que confiere a la cuestión de la tierra una importancia todavía más grande que la que, de manera intrínseca, le corresponde habitualmente al asunto en los países socialistas. Dado que la producción primaria es la más inmediata tarea que enfrenta una nación periférica a la hora de asegurar su soberanía alimentaria y productiva, y dado que el marxismo piensa las grietas de clase en términos internacionales, los partidos comunistas que gobiernan en regiones antaño colonizadas imponen gran importancia a la gestión de la propiedad de la tierra. Desde que el PPRL se hiciese con el poder estatal, el suelo ha sido de propiedad pública sin posibilidad de venta; sí se consiente, previa autorización del Estado, el arrendamiento por particulares, fundamentalmente pequeños campesinos del país.

El socialismo laosiano, por su presencia en el sistema capitalista, afronta grandes contradicciones en la relación entre el Partido y la economía. El sector financiero, si bien reserva un papel importante a varias instituciones estatales, consiente la presencia de importantes grupos privados extranjeros con los que, inevitablemente, tiene que jugar a un equilibrio complejo. Por otro lado, las Zonas Económicas Especiales (ZEE), existentes también en China o Corea del Norte, facilitan la entrada de inversión extranjera a costa de beneficios fiscales, aunque aseguran, al ser designadas por el Estado, un considerable control de los recursos económicos que a través de ellas entran al país.

A modo de resumen, Laos combina varias características que lo hacen especial: en primer lugar, se trata de un país pequeño geográfica y demográficamente en medio de una de las regiones más densamente pobladas del planeta y con vecinos de la talla de China, Tailandia y Vietnam; en segundo lugar, es uno de los ejemplos internacionales de aquellos “socialismos de mercado”, “economías de mercado orientadas al socialismo”, “marxismos-leninismos con características X”, etc. que todavía tienen que pasar el examen de la historia. Además, la profunda diversidad étnica del país abre un nuevo capítulo en lo que al vínculo entre el socialismo, los Estados y la superación de las brechas identitarias refiere.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

22 may 2022

Publicado enInternacional
Chile: la batalla por la nueva Constitución

La Convención Constitucional chilena ha entregado el primer borrador de Carta Magna, que ahora debe pasar a la Comisión de Armonización. En estos meses de deliberaciones, la legitimidad de los constituyentes se fue desgastando. Y, pese al carácter moderado del texto, sectores de derecha harán del rechazo su bandera para enfrentar al proceso constituyente y al gobierno de Gabriel Boric. En septiembre, la población chilena deberá dar su dictamen en un plebiscito.

El 4 de septiembre, los chilenos se enfrentarán en las urnas a una papeleta con dos opciones: aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional que reemplazará la Constitución vigente nacida bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Pero, como sabemos, en los plebiscitos nunca se vota solo lo que se pregunta en la papeleta. Como en tantas otras contiendas, las dos opciones contienen muchas más.

El plebiscito constitucional es fruto de un acuerdo político transversal que buscó canalizar el estallido social de octubre de 2019. Aquella movilización social sin voceros ni voceras, sin organización ni listado de demandas, emitió un claro mensaje de crítica a la elite chilena y, sobre todo, a la política de los últimos 30 años.

El proceso constituyente iniciado luego de las elección de los miembros de la Convención Constitucional fue de una intensidad extrema. No podía ser de otro modo, pues se había establecido el límite de un año para todo el trabajo constitucional. El mismo acuerdo político que dio origen al proceso marcaba, asimismo, que el texto que emanaría de la Convención tendría que ser plebiscitado para su aprobación final en una consulta en la que, a diferencia de otros procesos electorales en Chile, el voto será obligatorio.

Tras un trabajo de casi diez meses, no exento de tensiones y traspiés, el pasado 16 de mayo la Convención Constitucional hizo la entrega simbólica del primer borrador de la nueva Carta magna. El texto, que todavía tendrá que pasar por la Comisión de Armonización, contiene 499 artículos y versa sobre los más variados temas, producto de las deliberaciones de siete comisiones temáticas. Cada una de sus propuestas debió contar con la anuencia de dos tercios de los convencionales para integrarse al borrador tal como estableció el acuerdo político interpartidario.

Ahora que el primer borrador está listo, aún queda el trabajo de las últimas comisiones. Además de la de armonización, se creó una comisión de disposiciones transitorias para definir los plazos y formas de la transición constitucional. Asimismo, se constituyó una comisión de preámbulo: esta tiene la responsabilidad de escribir la introducción no vinculante de la Carta Magna. Es decir, lo que algunos llaman la «poesía» de la Constitución.

Dos propuestas de preámbulo, que probablemente no verán la luz —ya sea por la votación de la comisión o del pleno— no dejaron de llamar la atención. La primera, formulada por algunos convencionales de derecha, comienza del siguiente modo: «Nosotros, los chilenos, con el propósito de continuar transitando hacia una patria más justa, en la que se reconozca a Dios como fuente de la dignidad intrínseca…». Pero la segunda, desarrollada por un grupo de convencionales independientes, es la que ha marcado el tono del debate —aunque no necesariamente el contenido—, dice así: «Somos naturaleza. Siempre lo hemos sido… Los tiempos de ahora, a partir de la gesta de octubre, nos invitan a reconocernos iguales en la diversidad… Somos humanes (sic), construyendo nuestros destinos, con distintas miradas, sin distinciones de género y creencias...».

Ligados a los movimientos sociales feministas, ecologistas y de reivindicación de derechos indígenas, los convencionales independientes que redactaron la segunda versión del preámbulo han tenido una presencia preponderante en los medios. Se trata de dirigentes que lograron «hacer carne» el relato del estallido de octubre de 2019 y que consiguieron, a través de las movilizaciones periódicas en la plaza Italia —rebautizada como Plaza Dignidad—, una fuerte legitimidad social, además de una clara presencia mediática. Aunque su inesperado éxito electoral se explica por una serie de elementos coyunturales, resulta claro que esos dirigentes fueron quienes lograron expresar una idea que rondaba desde hacía mucho tiempo el debate público: la de que las víctimas de una «coalición del abuso» (empresarios, políticos, economistas, etc.) podían arrebatarle el poder a una elite indolente. Y no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pero el problema es que los tiempos cambian.

Un escenario incierto

Según los sondeos de opinión, la intención de voto del apruebo del texto constitucional ha caído consistentemente. A estas alturas, todas las encuestas muestran una leve ventaja para el rechazo. Más aún, los sondeos evidencian que la principal razón de esa actitud parte del juicio negativo a la forma de funcionamiento de la Convención, 55% de los consultados menciona como fuente principal del rechazo la desconfianza en los constituyentes y 40%, el desacuerdo general con las propuestas aprobadas.

En buena medida, este juicio negativo se debe a las diversas performances realizadas durante el debate por algunos convencionales. Lo que en un comienzo parecía pintoresco y llamativo ha terminado por generar cierto desasosiego. Por otro lado, para varios de estos referentes era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos en la Convención (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). Los medios han amplificado estos actos performáticos y las propuestas más descabelladas, que han sido, además, reforzadas por campañas de desinformación en las redes sociales.

Ahora que termina el proceso de deliberación comienzan los preparativos de la campaña para el plebiscito y las fuerzas políticas se han ido ordenando por el «apruebo» o el «rechazo». El texto propuesto ha terminado reflejando la visión de los dos tercios de la Convención. Una visión mucho más amplia que las caricaturas que han dominado el debate público.

En el campo del apruebo parece haber cierto consenso de que será necesario sumar más vocerías capaces de instalar en la opinión pública un texto que se aleja de las estridencias que dominaron el debate durante estos meses. Pero, sobre todo, prevalece la idea de que, terminado el tiempo de los espacios performáticos, debe ser el propio texto el que imponga los términos de la discusión.

El texto

Buena parte de la campaña de los detractores del proceso constituyente se había centrado en la experiencia venezolana (aún resuenan las apelaciones a «Chilezuela» de las últimas dos campañas presidenciales). Diversas temáticas, como la autonomía del Banco Central o el derecho de propiedad, eran presentadas como ventajas del texto constitucional heredado de la dictadura pinochetista. Sin embargo, parece haber cierto consenso en ciernes de que la propuesta de texto constitucional no tiene ninguna cercanía con los fantasmas que se habían levantado sobre la Convención. Incluso desde Morgan Stanley, la poderosa multinacional financiera que opera como banco de inversión internacional, se afirmó que, según sus proyecciones, una aprobación del texto constitucional no afectaría los resultados macroeconómicos del país y que el rechazo, en cambio, generaría mucha más incertidumbre e inestabilidad, y disminuiría el atractivo para los inversionistas.

A diferencia de lo que muchos preveían, la principal crítica al modelo productivo propuesto por la Convención Constituyente no ha provenido de los sectores cercanos al «socialismo del siglo XXI», sino del espectro ecologista. A pesar de que el nuevo texto constitucional redundaría en una mayor regulación para aquellas actividades que generan daño a los ecosistemas —se establece, por ejemplo, una protección muy particular a los glaciares—, las dificultades para consensuar el apoyo de los dos tercios de la Convención hicieron que diversos aspectos ligados a la agenda medioambiental quedaran para la discusión legislativa. De hecho, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico fue la de peor desempeño en el pleno de la Convención Constituyente, y logró solo la aprobación de 21% de sus propuestas con dos tercios de los convencionales. La declaración de Bloomberg sosteniendo que se trata de un «texto razonable», en el que no quedaron aspectos negativos para la inversión minera, marca parte de los problemas en términos ambientales.

Si bien la cuestión económica seguirá siendo parte de las críticas de quienes rechazan el texto —la manoseada imagen de «chavista» no caerá en desuso—, es probable que la disputa definitiva no provenga de ese flanco. De hecho, más que por lo incorporado al texto constitucional, en términos económicos la discusión se ha centrado en lo que ha quedado afuera y se ha dejado para definir mediante una ley, como el estatuto de la gran minería.

A diferencia de la Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, las comisiones de Sistema Político y Formas de Estado obtuvieron resultados ostensiblemente mejores ante el pleno, dado que alcanzaron la aprobación del 34% y el 48% de sus artículos respectivamente. En términos del sistema político, la disputa principal fue la que tuvo como eje al sistema legislativo. El conflicto fundamental tuvo como eje la posibilidad de alterar el llamado «sistema legislativo espejo» en el que dos cámaras deben aprobar cada proyecto de ley y ambas pueden funcionar como cámara inicial o revisora. El consenso que alcanzó los dos tercios es el de la apuesta por un bicameralismo asimétrico, con una cámara política en la que se originan los proyectos de ley y una segunda cámara que, en la práctica, funcionaría como revisora para casi todos los proyectos. Ambas cámaras jugaran roles centrales para la nominación de autoridades y para dar curso a las acusaciones constitucionales.

En términos de forma del Estado, la propuesta, que contó con un apoyo transversal de las fuerzas políticas, incluidos varios convencionales de derecha, consistió en la conformación de un «Estado regional» con un mayor nivel de descentralización.

Más allá de la importancia que tienen las propuestas de estas reformas, hay pocos que sostengan que estos sean los temas que movilicen a los votantes (apenas 1% de quienes votarían por el rechazo ubican como su mayor motivación los cambios en el Poder Legislativo) y, en el caso de la regionalización, probablemente esta movilice votos por el apruebo. Por otro lado, si bien en este aspecto se incorporó una serie relevante de definiciones, hay numerosas reformas que no pudieron consensuarse por los dos tercios y que quedaron para futuras leyes. Por ejemplo, el sistema electoral no quedó establecido en la Constitución. Además, la norma que establecía el quórum supramayoritario para las reformas constitucionales tampoco logró pasar el pleno.

Por último, la Comisión de Derechos Fundamentales alcanzó un porcentaje de éxito levemente mayor a la de medioambiente, obteniendo apoyo para 24% de su articulado. La cuestión de los llamados derechos fundamentales estuvo en la base de diversas movilizaciones durante la última década, incluido el «estallido» de octubre de 2019. Es, de hecho, la temática en la que la Constitución vigente (expandida en varias «leyes orgánicas») tiene su carácter más distintivo. La Constitución hereda de la dictadura refleja el principio de subsidiariedad, garantizando el derecho a elegir entre la provisión de servicios básicos provistos por privados y por el Estado, pero tiene pocos espacios para exigir que estos derechos se satisfagan en la práctica. El texto constitucional propuesto le otorga un rol más preponderante al Estado, permitiendo la provisión de servicios privados, pero estableciendo que el Estado deba responder ante la demanda por estos servicios. Por otro lado, el detalle de cómo interactuaría la provisión privada y pública quedó, nuevamente, para una futura ley.

En definitiva, en términos de modelo económico, de institucionalidad democrática y de derechos sociales, muchos de los nudos más complejos no consiguieron los dos tercios. En este sentido, los temores de la derecha sobre una posible «Constitución de izquierda» con un programa centralizador del poder en el Estado se han mostrado infundados. Si ha habido una tónica reinante en la Convención ha sido la de la desconcentración del poder. Sin embargo, hay aspectos del texto que sí han levantado la oposición de un sector de la sociedad y particularmente de la derecha. Estos elementos se han convertido en el eje de significativas disputas.

Feminismo y plurinacionalidad

La campaña del rechazo se ha ido ordenando sobre todo en torno a dos temáticas que sí están muy presentes en el texto: las banderas feministas y el plurinacionalismo. En el primer artículo del nuevo texto constitucional se consagra a Chile como un «Estado social y democrático de derecho» y se afirma que además es «plurinacional, intercultural y ecológico». Además, se consagra a Chile como una república con una «democracia paritaria».

El nuevo texto constitucional consagra el derecho al aborto, una de las causas más sentidas del movimiento feminista y de las recientes «mareas moradas». Además, se garantiza la paridad de género en la mayoría de los órganos colegiados del Estado. A su vez, el texto constitucional define a Chile como un Estado plurinacional, reconociéndole algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas e instaurando un sistema de justicia indígena.

Como ha ocurrido en otras latitudes del planeta, el avance del movimiento feminista y, sobre todo, del derecho al aborto, ha generado fuertes reacciones, sobre todo en las bases más duras de la derecha. Por otro lado, según los sondeos de opinión, después del juicio negativo sobre los constituyentes la razón que más emerge entre los que apoyan al rechazo es la plurinacionalidad. Según la encuesta CADEM, los encuestados se inclinaban fuertemente por el concepto de una «sociedad multicultural de una sola nación» frente al de una «sociedad plurinacional», con 72% frente a 26%.

El sector del rechazo ha logrado consolidar una base de apoyo en torno a identidades tradicionales que se sienten amenazadas por la noción de plurinacionalidad. El nombre que se han venido a dar las huestes del rechazo en las redes sociales es el de «los patriotas». Por cierto, es imposible olvidar que, hace solo algunos meses José Antonio Kast, el candidato de la extrema derecha, ganó la primera vuelta electoral para la presidencia y que, en segunda vuelta, logró amasar un número altísimo de votantes (44%), casi el mismo número de votos absolutos con los que Piñera había ganado las elecciones de 2017. Ciertamente, el discurso de la «derecha sin complejos» que enarbolaba un mensaje de orden religioso, familiar y patriótico, puede tener un arrastre relevante. Y hay pocas dudas de que Kast jugará un rol preponderante en la campaña del rechazo.

Una patria inclusiva

La Constitución de 1980 no tiene preámbulo. Apenas tiene algunas referencias a los decretos leyes dictados por el régimen de Pinochet. Aunque los preámbulos no sean jurídicamente lo más relevante del texto constitucional, el hecho de que la Junta de Gobierno no haya sentido la necesidad de introducir alguna visión general sobre la sociedad dice mucho. De hecho, las constituciones previas —las de 1823, 1833 y 1925— tampoco lo tenían. Todas las constituciones que ha tenido Chile nacieron de guerras civiles o golpes de Estado en el que el lado vencedor ha impuesto su posición y, por lo mismo, no ha visto mayor necesidad de entregar un preámbulo justificativo del texto.

La nueva Constitución chilena tendrá necesariamente un preámbulo, porque es un documento redactado ante la sociedad chilena que se expresará en el próximo plebiscito. Hay cosas que ciertamente se podrían haber hecho mejor y hay artículos que, muy probablemente, tendrán que ser reformados por el poder constituido. Sin embargo, en gran medida gracias a la regla de los dos tercios —y más allá de los gestos performáticos y simbólicos— el texto ha logrado ser un lugar de encuentro que ha respondido a su origen democrático y ha superado las posiciones maximalistas sin posibilidades de ser plasmadas en la Carta Magna.

Por otro lado, es claro que una victoria del apruebo no cerraría la cuestión constitucional en el país. El Congreso actual, en el que la derecha y el centro tienen una representación mucho mayor que en la Convención, terminará jugando un papel relevante en implementar y reformar la nueva Carta. En las próximas semanas se definirá cuánto poder se le entregará al Congreso en este proceso de transición y el éxito del proceso dependerá en buena medida de que la Convención le entregue a los parlamentarios las herramientas para hacer estas mejoras.

Pero, más allá de las modificaciones materiales que sufra el texto, el gran desafío será imbuir a la nueva Constitución de un sentido de patriotismo constitucional inclusivo. Una Constitución democrática necesita poder incorporar a la identidades marginadas y abandonadas, que se expresaron en torno a las manifestaciones de octubre de 2019, pero también quienes se sienten parte de las identidades tradicionales de la chilenidad.

Es decir, una patria que no se defina simplemente por sus guerras, conquistas o exclusiones. La patria que puede ser la del Estado social de derecho. Una patria que sea la comunidad solidaria que cuida y protege a todos sus integrantes. Una Constitución democrática no puede ser una imposición de un grupo de vencedores sobre otro, sino que debe dejar la cancha abierta para la disputa y la acción política dentro del marco de respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, quizás haría bien la comisión de preámbulo constitucional en optar por un texto menos marcado por las identidades de la tribu propia. Ideas hay muchas, pero tal vez valdría la pena mirar el ejemplo sudafricano: «Nosotros, por lo tanto, a través de representantes libremente electos, adoptamos esta Constitución como ley suprema con el fin de: sanar las divisiones del pasado y establecer una sociedad basada en valores democráticos, justicia social y derechos humanos fundamentales».

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Bolsonaro avanza con la privatización de Eletrobras

El gobierno de Brasil venderá la empresa eléctrica más grande de América Latina

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para reducir de 72 por ciento a un 45 por ciento la participación del Estado en la compañía energética. 

El gobierno de Jair Bolsonaro se encamina hacia su primera gran privatización de una empresa estatal con la reciente decisión del Tribunal de Cuentas de Brasil que dio el visto bueno para reducir de 72 por ciento a un 45 por ciento la participación del Estado en la brasileña Eletrobras. El mandatario brasileño espera que la privatización se concrete antes de los comicios de octubre.

Eletrobras es la mayor compañía eléctrica de la región y en los próximos meses se convertirá en la primera empresa estatal en ser vendida por la administración de Bolsonaro. El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) avaló la privatización del gigante energético. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas del Estado permitirá que la venta se efectivice entre mediados de junio y mediados de agosto, pocos meses antes de los comicios en los que se prevé que el actual mandatario se presente como candidato presidencial.

La jueza Ana Arraes, presidenta del TCU, indicó que la propuesta obtuvo siete votos a favor y uno en contra tras más de cuatro horas de debate. El único magistrado que votó en contra fue Vital do Rego, que en abril pidió aplazar el proceso para consultar con especialistas porque aseguró que Eletrobras sería ofertada por un valor muy inferior al que tiene. Mientras que el relator de la propuesta, Aroldo Cedraz, calificó la sesión de histórica. “No tengo ninguna duda de que las próximas generaciones reconocerán los esfuerzos del TCU para proteger al Estado y a la sociedad con la posibilidad de modernizar el sector eléctrico brasileño", expresó el magistrado citado por el matutino Folha de Sao Paulo.

Los integrantes del tribunal remarcaron que a pesar de la aprobación, el ministerio de Minas y Energía y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), tienen que cumplir con las recomendaciones del TCU para avanzar con la venta. Según Folha, el gobierno brasileño se moverá a contrarreloj para completar la operación que incluye registrar la privatización en la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios, entidad encargada de supervisar el mercado) y en la SEC, la CVM estadounidense debido a las acciones que tiene Eletrobras en EE.UU.). El diario brasileño además indicó que la administración bolsonarista ya se reunió con posibles inversores para la fase que contempla atraer a interesados en comprar acciones de la empresa eléctrica.

La privatización de Eletrobras ya había sido aprobada por el congreso brasileño a mediados de 2021. La misma se realizará vía capitalización con la emisión de acciones nuevas que permitan achicar la participación del Estado del 72 por ciento actual al 45 por ciento. Brasil mantendrá el poder de veto sobre decisiones estratégicas en la compañía que genera un tercio de la energía del país.

El recientemente nombrado ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, celebró la decisión del TCU. “Es un día histórico para Brasil. El MME (el ministerio) sigue comprometido con cumplir de manera diligente y a tiempo, las próximas etapas del proceso. Con la gracia de Dios, seguimos adelante”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lula da Silva, favorito en las encuestas para suceder a Bolsonaro, se había expresado en contra de privatizar la empresa eléctrica. "Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética. Las facturas de electricidad serán aún más caras. Sólo los que no saben gobernar intentan vender empresas estratégicas, más aún apurándose para vender en liquidación", afirmó el líder de izquierda. 

La estatal fue fundada en 1962 y tiene casi la mitad de las líneas de transmisión de electricidad en el país, con más de 70 mil kilómetros de tendidos eléctricos y la capacidad de generar unos 50 mil megavatios (MW). La expectativa del Gobierno es de captar hasta 67.000 millones de reales (13.500 millones de dólares al tipo de cambio actual), 25.000 millones de los cuales irían a las arcas del Tesoro, mientras el resto se destinará a programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo, según estimaciones de expertos.

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Venezuela: el gobierno y la oposición anunciaron la reactivación del diálogo

La negociación entre las partes empezó en México en agosto de 2021 y quedó en suspenso dos meses después, en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro.

Venezuela anunció el inicio de las negociaciones para retomar las mesas de diálogo entre el oficialismo y la oposición, luego de que se conociera la decisión de Estados Unidos de levantar algunas sanciones económicas a ese país. México, país anfitrión de las reuniones entre ambas partes, saludó la intención de reactivar el diálogo que el oficialismo había dejado en suspenso en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de lavado de dinero y de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro. Esta novedad se conoce en medio de las tensiones por la IX Cumbre de las Américas, de la que el presidente Joe Biden será anfitrión en junio en Los Ángeles, y que México y otros países de la región amenazaron con boicotear si hay países excluidos.

"Este proceso no debió haber sido suspendido"

"La delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación entre venezolanos informa a los venezolanos y a la comunidad internacional que ha dado inicio a conversaciones formales con nuestra contraparte, con fines de lograr su pronta reactivación", dijo la coalición opositora en un comunicado. Las nuevas conversaciones incluirán encuentros y discusiones que tendrán como objetivo "precisar y acordar los elementos necesarios para el pronto reinicio de este proceso de negociación, que no debió haber sido suspendido". .

"Reiteramos nuestra total disposición para construir de manera urgente un gran acuerdo político que permita lograr la recuperación de Venezuela a través de la reinstitucionalización democrática del país, la celebración de elecciones libres, justas y transparentes y la restitución de los derechos fundamentales para todos los venezolanos", advirtió la oposición en el texto difundido en Twitter. La negociación entre las partes empezó en agosto de 2021 y quedó en suspenso dos meses después, por decisión del oficialismo, en rechazo la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro que se encontraba preso en Cabo Verde.

Sobre ese tema el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recordó que "Saab, secuestrado desde hace 704 días, es miembro pleno de la delegación de Venezuela y es nuestro delegado ante la mesa social que estamos discutiendo", por lo que Venezuela "ha exigido, exige y exigirá su participación en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden". Por su parte Marcelo Ebrard, canciller de México, calificó como "muy positivo el anuncio de la reanudación del diálogo" y agregó que su país está "dispuesto y listo para recibirles y contribuir a que sean todo un éxito".

Estados Unidos afloja levemente la presión

Este martes, un alto funcionario anunció que Estados Unidos aliviará las sanciones contra el país sudamericano, una de las condiciones del gobierno de Maduro para el avance del diálogo con la oposición. La administración de Joe Biden dijo que el "alivio de sanciones" se refiere sobre todo a una "licencia limitada" otorgada a la estadounidense Chevron en el contexto del embargo al crudo venezolano, que Washington aplica a Caracas desde 2019 con la esperanza de forzar la salida de Maduro.

La exención "autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela" pero "no permite cerrar ningún nuevo acuerdo con (la petrolera estatal venezolana) PDVSA", explicó a periodistas el alto funcionario estadounidense. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, celebró la medida aunque insistió en que "Venezuela aspira a que estas decisiones inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo".

El responsable estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que próximamente se anunciaría "otra medida", pero aseguró que ninguna acción conllevará "un aumento de ingresos para el régimen". Según versiones de la prensa, Estados Unidos eliminaría de su lista de personas sancionadas a Carlos Erik Malpica Flores, un sobrino de la primera dama de Venezuela y exfuncionario de alto rango de PDVSA. Pero el funcionario estadounidense negó el martes que las medidas anunciadas tengan relación con "los precios del petróleo".

Maduro recibió a principios de marzo a tres enviados de Washington, en el primer contacto de alto nivel entre los gobiernos de los dos países en varios años. Varios analistas especularon entonces con que Washington precisaba encontrar proveedores alternativos para el petróleo que importaba de Rusia y que decidió dejar de comprar tras la invasión de este país a Ucrania, y que Venezuela podía ser uno de ellos.

A la vez, señalaron que Caracas precisaba reemplazar a Rusia, ahora aislada del sistema internacional de transacciones financieras, como su casi exclusivo proveedor de acceso a divisas. Sin embargo, pocos días después la Casa Blanca aclaró que "por ahora" no estaba pensando en comprar crudo a Venezuela y Maduro no modificó su posición de apoyo a Rusia, uno de sus principales aliados internacionales, en el contexto del ataque a Ucrania.

Cumbre y tensiones internas

En cualquier caso, la decisión estadounidense sobre Venezuela se conoció un día después de que Washington levantara una serie de restricciones a Cuba, facilitando procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos a la isla. Mientras tanto, persisten las tensiones por la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo mes en Los Ángeles.

En ese contexto el canciller de Venezuela, Carlos Faría, saludó y agradeció este miércoles "la postura valiente" del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aboga por una Cumbre de las Américas "sin exclusiones" ante la decisión de Estados Unidos de no invitar al país caribeño, además de Cuba y Nicaragua.

López Obrador anunció, durante su tradicional conferencia matutina, que pedirá a funcionarios estadounidenses vinculados a la organización de la cumbre que Washington "inicie una nueva política" en la región sin "hegemonía, injerencismo ni imposiciones". En ese sentido el mandatario mexicano manifestó: "Le tengo confianza al presidente Biden, creo que él podría dar este paso y hacer atrás toda esa política anacrónica, injusta, de subordinación, de falta de respeto a la independencia, a la soberanía de los pueblos".

El mexicano fue el primer presidente en rechazar la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre. También cuestionaron esta decisión la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, y el boliviano Luis Arce, miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

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Fuente: diarioconvos.com

El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío (sur) para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

 

Este lunes, el gobierno de Gabriel Boric ha claudicado nuevamente a la agenda de la derecha. La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches decretó el “estado de excepción” en el territorio ancestral del pueblo nación mapuche en dos regiones del sur del país trasandino. El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

"Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción)", anunció en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de La Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío (sur) para "resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento", señaló tras reconocer un aumento de la violencia en los últimos meses.

En estas y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas un reclamo territorial al Estado de algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

En este contexto, son cada vez más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas que luchan por recuperar su tierra.

Cambio de rumbo

Hasta ahora, el mandatario Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

El gobierno declaró que el decreto de estado de excepción constitucional en la Araucanía sería “acotado” exclusivamente a las carreteras. Sin embargo, en poco se diferencia de su predecesor Piñera si a la par de desplegar militares para el resguardo del orden público, presenta querellas contra líderes mapuche manteniendo el enfrentamiento histórico entre el estado de chile y el pueblo nación mapuche.

Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una estrategia de "diálogo" a través del despliegue territorial de diferentes autoridades. Esto no fue bien recibido por varios grupos indígenas, que continuaron saboteando varias visitas del Ejecutivo. Naturalmente, “diálogo” en este caso significa “ceder” territorio ancestral al Gobierno y a empresas que buscan hacer ganancias por fuera de los intereses indígenas y de las clases populares chilenas, aumentando el volumen de extracción de recursos y destruyendo el ambiente.

Desde la derecha y el centro, presionaron para que se tomaran más medidas de seguridad y acusaron extrañamente al presidente de "inacción" y de ser "cómplice de la violencia".

Además del despliegue militar, la ministra Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de 400.000 millones de pesos (460 millones de dólares) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona. También agregó una política de restitución de tierras vía la cuestionada CONADI.
Pero es difícil esperar algo diferente de los gobiernos anteriores que impulsaron medidas similares desde la institucionalidad hacia a la restitución de tierras, presupuestos, etc, pero nunca cesan la represión, de la cual hoy el Gobierno de Boric confirma que seguirá perpetuando a pesar de llamarse un Estado Plurinacional. A fin de cuentas se busca una rendición del pueblo mapuche a sus reclamos territoriales.

Entre críticas y logios

El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la oposición. Por supuesto recibió el repudio de los representantes de comunidades mapuches -la etnia mayoritaria del país- y algunos sectores de la izquierda, que denuncian un cambio drástico en la política del mandatario.

Boric prometía un “cambio”, pero en los hechos se asemeja más a los gobiernos del orden neoliberal de las últimas tres décadas que a un cambio de rumbo hacia las clases explotadas y oprimidas. Tras una serie de demostraciones de “fuerza” y respaldo a las fuerzas represivas del estado, como mantener al general de carabineros Ricardo Yañez en su cargo, y de negociaciones con la derecha, el gobierno finalmente dio el paso y cedió a la presión mediática para desplegar efectivos militares en el Wallmapu.

Por eso que la derecha le tira flores. "Valoramos que el Gobierno se haya dado cuenta que el estado de emergencia era una medida urgente para el sufrimiento de las medidas en Biobío y Araucanía", dijo el senador de Evópoli (derecha) Felipe Kast.

El expresidente y senador Ricardo Lagos (2000-2006) señaló en Twitter que apoya "las decisiones que tome Boric para poder dar más seguridad a la comunidad y a la vez impulsar el diálogo con una fuerte inversión en infraestructura pública y otras áreas".

Las organizaciones indígenas llaman a resistir frente a este nuevo intento de subordinación al pueblo mapuche. La semana pasada, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización indígena que se ha atribuido decenas de ataques desde la década de 1990, llamó a la "resistencia armada" ante la posibilidad de una militarización.

En una entrevista con un medio local, el líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a "preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía", a lo que el Ejecutivo respondió el domingo anunciando que presentará una querella en su contra.

Hoy cuando la crisis económica diluye día a día el poder adquisitivo de la clase trabajadora, la agenda de los partidos políticos chilenos está muy lejos de responder a dichas necesidades. Los empresarios claramente no quieren que esto se discuta por eso presionan a Boric que fácilmente cede antes que enfrentar con la movilización popular a los empresarios chilenos.

Dauno Totoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionario, declaró a La Izquierda Diario que “En todo este escenario, con un gobierno que decide reprimir a estudiantes secundarios, trabajadores y mapuches y alinearse con los intereses empresariales, hace falta una izquierda que no ceda ante la presión de los poderosos ni a su agenda, y que mantenga la pelea por conquistar las demandas de la rebelión.”

Hoy la salida para el Gobierno de Boric, no implica nada nuevo del viejo régimen, donde mantienen la dotación policial, el refuerzo de seguir en el camino de la militarización y buscar la salida por vía la CONADI para la entrega de tierras a los indígenas que no responde ni una pizca al histórico despojo sin tocar a ningún capital, como lo es la industria forestal. Incluso con el avance a la “integración” de la nación mapuche con el Estado capitalista en Chile, como lo es el Estado plurinacional, solo busca el reconocimiento de naciones originarias. También se nombra la “autodeterminación” pero esto debería suponer una lucha por la expropiación de las 2 millones de hectáreas de los grupos empresarios Matte y Angelini, que hoy siguen siendo protegidas por el Estado militarizado como lo ha hecho el cuestionado régimen pinochetista.

Martes 17 de mayo

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Miércoles, 18 Mayo 2022 06:11

#ParaQueNoSeRepita

#ParaQueNoSeRepita

 En audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica el 12 de y 13 de mayo de 2022, el equipo de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR–, presentamos los hechos de hostigamiento en contra nuestra labor de defensa de derechos humanos de los que hemos sido víctimas por décadas. Exigimos verdad, justicia y reparación para estos hechos, y que no se repitan.

Los hechos se inician en 1980 cuando en ese entonces el Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior, nos niega la constitución legal basándose en el Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala, por nuestro trabajo de defensa de presos políticos. De ahí en adelante los hechos de hostigamiento, estigmatización y desprestigio pasan por la inclusión de varios integrantes en informes de inteligencia de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, campañas de desprestigio mediático, amenazas, robos, atentados, desplazamientos y exilios, así como una gigantesca operación de inteligencia cuyo objetivo era silenciarnos. Estas acciones para restringir nuestra labor no han cesado hasta la fecha. La continua persecución a las víctimas en este caso se basa en la noción de “guerra jurídica”, según la cual, quienes hacemos uso del derecho para prevenir y responder a violaciones de derechos humanos somos –bajo la doctrina de seguridad nacional–, parte del enemigo a combatir.

En la audiencia resaltamos el abuso de inteligencia de parte del Estado a la luz de las operaciones denominadas Transmilenio, Intercambio, Imprenta, Europa, Arauca, Encuentro, entre otras, ejecutadas para afectar las diversas dimensiones del trabajo del CAJAR. Estas operaciones nos generan profundos cuestionamientos: ¿Qué efectos tiene la información falsa consignada en informes de inteligencia que relaciona a integrantes de CAJAR con grupos armados?, ¿Cuál es el uso que el Ejército Nacional iba a dar o dio a los perfilamientos ilegales develados en 2020?, ¿Qué ha hecho el Estado con la información de inteligencia ilegal recopilada respecto de la misma Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y las ONG’s litigantes CAJAR y CEJIL, en el marco de la operación intercambio del DAS?.

El Estado sostiene que la adopción de la ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia representó “un avance significativo” en la regulación interna. Sin embargo, según el perito Federico Andreu esta normativa tiene falencias importantes: 1) permite el monitoreo del espectro electromagnético, es decir la captación masiva de metadatos sin autorización judicial; 2) el ejercicio de inteligencia no cuenta con adecuados controles civiles independientes previos, durante o posteriores; 3) no existe un mecanismo de acceso, corrección y depuración de la información recaudada y la ley prevé la reserva de la información recopilada por un espacio de 30 años; y 4) por el tiempo en que fue expedida –hace 10 años– no tuvo en cuenta las nuevas tecnologías que permiten acceder a equipos de manera remota.

Por su parte el perito Rodrigo Uprimny dijo que la ley de inteligencia y contrainteligencia debe ser reformada, avanzando con un control civil autónomo e independiente. Es necesario avanzar hacia la entrega de la información recopilada respecto de las victimas de nuestro caso, sumando los artículos 11, 13 y 25 de la Convención Americana, y cumplir las recomendaciones del órgano político emitidas por la Comisión Asesora de Depuración de Datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, instalada en 2014.

¿Qué esperamos de la Corte?

Primero, que Estado debe reconocer el carácter pluriofensivo, circular, continuado y sistemático de las agresiones, como señaló la perita Ángela María Buitrago. Debe asegurar investigaciones diligentes, que comprendan todos los autores y todas las conductas, que consideren impactos diferenciales en las mujeres, y cuyos resultados sean públicos.

Segundo, que ordene que en la investigación de los hechos del caso, se atienda a estándares internacionales contemplados para otros graves crímenes, que comprenda: el desarrollo de investigaciones en contexto, la construcción de comunidad de prueba e identificación de patrones, la utilización del tipo penal de tortura, desplazamiento y otros, la atención al fin de las agresiones.

Tercero, que disponga la adopción de una política pública integral para la protección y garantía de las personas defensoras, que tome en cuenta lo establecido en el Acuerdo de Paz, las propuestas de las redes de derechos humanos y los lineamientos señalados en la pericia escrita de Lourdes Castro y Leonardo Díaz.

Cuarto, que en línea con las pericias de Federico Andreu y Rodrigo Uprimny, disponga la modificación de la ley de inteligencia y contrainteligencia, que incluya un control civil autónomo e independiente. Se debe disponer la entrega de la información recopilada respecto de las victimas de este caso, y cumplir las recomendaciones de la Comisión Asesora de Depuración de Datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

Quinto, que la Corte reconozca a todas las víctimas que representamos y ordenar al Estado reconocer y reparar a otras incluidas en archivos e informes de inteligencia que no conocemos dado el secretismo estatal.

Sexto, que ordene un acto de reconocimiento presidido por el Presidente de la República en el que se exalten los aportes de CAJAR a la justicia y al fortalecimiento democrático.

Séptimo, que la Corte ordene el desarrollo de una campaña permanente para legitimar en la opinión pública el ejercicio de defensa de derechos y rechazar los sesgos y prejuicios existentes derivados de doctrinas militares que nos ven como “enemigos”, las cuales deben desmontarse.

Si no se protege a quienes defendemos derechos humanos ¿de qué democracia estamos hablando? #ParaQueNoSeRepita

 

Por Rafael Barrios Mendivil | May 16, 2022 

Publicado originalmente en: Confidencialcolonbia.com

 

 

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