Sábado, 11 Junio 2022 05:47

Condenan a Jeanine Añez

Jeanine Añez

Recibió una pena de 10 años por el golpe a Evo Morales en Bolivia 

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó la noche de este viernes a 10 años de cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, informó el diario La Razón de Bolivia.

Inicialmente, en noviembre de 2021, el Ministerio Público había informado que solicitará “la pena máxima” de 10 años contra Áñez, luego planteó 12 años de cárcel y en mayo de este año el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que su condena puede llegar incluso a 15 años de prisión.

Pena máxima

Finalmente, el pasado lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la comisión de fiscales, que investigó este caso, pedirá 15 años de cárcel para la exmandataria transitoria, mientras la defensa de la exmandataria solicitó su absolución.

El juicio oral en contra de Áñez y otros ocho involucrados comenzó el 28 de marzo y la mañana de este viernes, en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia, la exsenadora insistió en que es inocente y afirmó que “volvería a hacer” lo que hizo en la crisis de noviembre de 2019, cuando se proclamó mandataria en medio de un caos político y social.

“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; (…) y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad; lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el parlamento, para estar en las buenas y en las malas, para estar en situaciones de tranquilidad y situaciones de violencia, eso es tener compromiso”, sostuvo.

Áñez está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

El otro proceso

Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina Golpe de Estado II.

Este segundo proceso es el que tuvo mayor agilidad y es en el que Áñez fue juzgada por delitos cometidos antes de que asuma sus funciones como mandataria transitoria en la crisis de noviembre de 2019.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese hecho fue calificado como un golpe de Estado

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Albert Noguera, autor de ‘El retorno de los humildes. El proceso de cambio en Bolivia después de Evo’ (Akal, 2022).

Albert Noguera es el autor de ‘El retorno de los humildes. El proceso de cambio en Bolivia después de Evo’ (Akal, 2022). Le entrevistamos con motivo de la publicación del libro.

 

La victoria de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones bolivianas de octubre de 2020 ponía fin a once meses de gobierno transitorio derechista, surgido del golpe contra Evo Morales, abriendo así un nuevo ciclo de cambio en el país andino. Hablamos con Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, sobre su último libro, El retorno de los humildes. El proceso de cambio en Bolivia después de Evo(Akal, 2022). Abordamos, al hilo del análisis que se ofrece en el libro, los acontecimientos que han sacudido la política boliviana durante los últimos años, en el marco de los movimientos políticos y sociales que se están dando en distintos lugares de América Latina

Este mes de marzo, Gabriel Boric ha tomado posesión como presidente de Chile. Durante 2020 y 2021 la izquierda recuperaba el poder en Bolivia y ganaba en Chile. ¿Hay una nueva ola progresista en América Latina?
No creo que Bolivia y Chile puedan enmarcarse dentro de una misma ola.

¿Por qué?
Son procesos con características distintas. Por un lado, el proceso boliviano es una continuidad de los gobiernos de la ola del socialismo del siglo XXI, que emergieron a finales de los 90 y la década del 2000, donde ubicamos a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Rafael Correa o Evo Morales. Mientras que, por otro lado, el reciente proceso en Chile estaría más cerca de lo que, en aquel mismo momento, caracterizó otra ola de gobiernos progresistas, con posiciones más ambiguas, como los de Lula y Rousseff o los de Kirchner.

¿En qué se diferencian estos dos tipos de gobiernos?
En muchos aspectos. Uno de ellos hace alusión a los registros desde los que se interpela y construye identitariamente a los sectores populares. Los primeros llevaron a cabo la construcción de grandes identidades unificadoras a través de conceptos como los de pueblo, trabajadores, lo campesino o lo originario. Mientras que en el caso de los segundos, estos grandes procesos identitarios colectivizadores fueron sustituidos por la referencia a conceptos ciudadanistas, como los de sociedad civil, ciudadanos o clases medias, que derivan en la existencia de sectores populares menos federados por discursos políticos colectivos y, en este sentido, de sociedades más individualizadas.

Otro aspecto a destacar es la relación que se plantea entre el Estado y la sociedad. En los primeros se articuló un estrecho nexo entre ambos, de manera que la sociedad operaba como masa de movilización capaz de otorgar al Gobierno la correlación de fuerzas suficiente para aplicar transformaciones estructurales. En los segundos opera, en cambio, la tradicional separación liberal entre sociedad y Estado, donde la primera actúa como mera agregación de ciudadanos-votantes que delegan la soberanía en el segundo, entendido como estructura técnico-administrativa de implementación de políticas públicas y, por tanto, separada de la sociedad.

Por último, podríamos hacer alusión a la manera de garantizar justicia y derechos sociales. Mientras que en el caso de los primeros tanto la justicia como los derechos sociales se garantizaron estableciendo una relación de confrontación con el capital, por medio de nacionalizaciones y empresas públicas, en los segundos se llevó a cabo desde la complementariedad entre Estado y capital. El Estado impulsa programas sociales consistentes en pagar al mercado los bienes que requieren los sectores menos favorecidos o entregándoles dinero para que acudan al mercado a comprarlos.

En el libro dices que el golpe de Estado contra Evo Morales de noviembre de 2019 no se puede explicar desde lo que llamas teoría simple del golpe. ¿A qué te refieres?
La teoría simple del golpe sería aquella que, en primer lugar, presenta la sociedad boliviana como dividida en dos polos prefijados, opuestos y aislados: por un lado, la despótica “oligarquía” y, por el otro, el virtuoso “Gobierno-pueblo”, sin nada en medio. Y que, en segundo lugar, entiende el golpe como una malvada confabulación perfectamente diseñada de antemano y ejecutada por el primer polo, con la ayuda del imperialismo norteamericano, contra el segundo. Este esquema, excesivamente simplista y mecanicista, no permite explicar la complejidad de los hechos que ocurrieron en Bolivia en noviembre de 2019 y que desbordan tal explicación. A la vez, tampoco permiten asumir ninguna responsabilidad ni hacer una autocrítica necesaria que nos lleve a aprender de lo que sucedió para que no se vuelva a repetir.

¿Cómo se produjo entonces el golpe?
En una entrevista publicada meses después del golpe en el periódico boliviano La Razón, le preguntaron a Evo: “¿Cómo fueron sus últimas 48 horas en la presidencia?”.  Y este respondía, sorprendido, que “los empresarios nos daban su respaldo y los obreros nos pedían la renuncia”. Tal respuesta pone en cuestión la explicación simplista y mecanicista del golpe y nos obliga a tener que explicar lo sucedido mediante un análisis mucho más complejo, que es lo que trato de hacer en el libro.

Un análisis más complejo… ¿En qué sentido?
Pues en el sentido siguiente: es cierto que el relato del fraude que actuó como ideologema central de las protestas los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2019 se fabricó semanas antes desde los medios de comunicación privados. Pero también lo es que la protesta no se hubiera convertido en un estallido social de tal magnitud sin que se hubieran sumado a la misma sectores de las clases populares y de las clases medias urbanas, que no son de derechas, pero que vieron en la movilización la oportunidad de canalizar un descontento social acumulado durante las dos últimas legislaturas de Evo fruto de lo que en libro llamo los tres secuestros postconstitucionales de la soberanía por parte del Estado capitalista desarrollista. Esta cantidad de gente con un descontento acumulado, junto a una mala gestión política del momento por parte del MAS, así como las maniobras golpistas de la derecha y otros hechos sobrevenidos, favorecieron la creación de un escenario sobre el que la derecha improvisó una estrategia para colocar a Jeanine Áñez en la presidencia.

¿Podrías profundizar un poco más sobre lo que llamas los tres secuestros postconstitucionales de la soberanía?
Sí. La plurinacionalidad reconocida en la Constitución de 2009 no solo fue el reconocimiento de derechos identitarios y diferenciados para los indígenas o los afros, sino que implicó un nuevo Estado con un modelo económico comunitario, en el interior del cual se produce un nuevo reparto de poder que rompe con la idea liberal de soberanía única y centralizada, sustituyéndola por un modelo de soberanía plural y descentralizada que empodera y dota de instrumentos de participación a diversos grupos: las clases medias urbanas, que pasan a participar en la toma de decisiones políticas mediante mecanismos refrendarios, los indígenas, que pasan a adquirir formas de soberanía sobre sus territorios…

En el libro cuento como, a partir de 2010, empieza a producirse una reconfiguración de la alianza de clases del partido de los campesinos en el Gobierno, el MAS. Rompiendo lazos con parte del movimiento indígena y estableciendo una nueva alianza con el sector empresarial, lo que supone un giro en el proyecto económico del país hacia un modelo de capitalismo desarrollista de Estado. En este, el Ejecutivo pasa a convertirse en el motor y organizador central de todo el proceso de producción, acumulación y redistribución del excedente económico obtenido del extractivismo. Y tal papel del Estado, como organizador integral del sistema económico, va acompañado de una recentralización de la soberanía y del poder en el Ejecutivo que arrebata, vacía o secuestra la soberanía a los sujetos que la Constitución de 2009 había empoderado. Esto genera un descontento social en estos sectores, que se amplia y amplifica con la decisión de Evo Morales de hacer caso omiso al resultado negativo del referéndum del 21-F de 2016, sobre la posibilidad de una tercera reelección como presidente.

Pero si existía el descontento social al que te refieres, ¿cómo se explica que el MAS volviera a ganar las elecciones en octubre de 2020 acabando, así, con las pretensiones de los golpistas?
La protagonista del golpe no fue una derecha organizada, con apoyo social y proyecto de país, sino un conjunto de personajes oportunistas de cuarta categoría que se montaron sobre el estallido social para, de manera improvisada, tomar el poder y empezar a saquear lo público. En tan solo once meses del régimen de Jeanine Áñez, la presidenta destituye a 17 ministros por corrupción. ¡En once meses!

Como decía el teórico boliviano René Zabaleta, no basta con percibir plusvalía para ser una efectiva burguesía. También le corresponde a esta, para ser tal, cumplir con unas determinadas funciones de clase. En particular, llevar a cabo la construcción burguesa de la sociedad, del Estado, y del espacio de la ciudadanía. Crear, como señaló Hegel, un nexo orgánico entre sociedad y Estado, sin el cual el Estado capitalista no puede reproducirse. Sin embargo, nunca los sectores patrimonialistas dominantes en Bolivia se han preocupado de llevar a cabo estas funciones. Siempre han percibido el Estado, exclusivamente, como un espacio ajeno a la sociedad civil, desde el que administrar sus negocios y enriquecerse. Por eso hablo en el libro de que el proyecto de Estado de la derecha es un proyecto de régimen político pre-capitalista.

La corrupción de los 11 meses de Gobierno de Áñez, en plena pandemia, además, vuelve a poner este carácter de la derecha boliviana al descubierto. Y ello lleva a que las clases medias urbanas, que durante los últimos años habían mejorado sus condiciones y accedido al consumo, interiorizaran de manera rápida la amenaza que suponía que la derecha tomara las riendas de la gestión económica. Es este escenario el que les hace votar a Luis Arce, que había sido el ministro de economía de Evo y el artífice de su bienestar económico.

La victoria de Luis Arce fue arrolladora, ya en la primera vuelta de las elecciones.
Sí, obtuvo el 55,1% de los votos. Por este lado, si bien entre el 30% y el 35% de los votos provino del conjunto de estructuras orgánicas populares que conforman la base dura y el voto fiel del MAS, el 20% restante provenía, como digo, de las clases medias urbanas. Y no fue tanto un voto de apoyo al MAS como de rechazo y de miedo al retorno de la derecha corrupta. No fue un voto estructural sino, más bien, coyuntural. Prueba de ello son los resultados de las elecciones municipales y departamentales de abril-mayo de 2021. En este caso, el MAS arrasa en las municipales de las zonas rurales, mientras que los resultados entre la clase media urbana son malos. De las diez principales ciudades del país solo gana en dos, Oruro y Sucre. Y por lo que respecta a los gobiernos departamentales, obtiene tres de nueve: Oruro, Cochabamba y Potosí. Ello evidencia que uno de los grandes retos del MAS, si quiere abrir un segundo ciclo hegemónico, pasa por recuperar el apoyo de estas clases medias urbanas.

¿Cómo puede hacerlo?
Una de las maneras que planteo en el libro es invertir en servicios públicos de educación y sanidad de calidad. La Constitución de 2009 reconoce plenamente estos derechos. Pero en la práctica opera en el país un dualismo público-privado. Las capas más humildes de la población, sin recursos ni muchas posibilidades de mejora, ven satisfechos sus derechos a través del Estado. En cambio, ante la mala calidad de tales servicios públicos, las clases medias, que no ven satisfechas sus mínimas aspiraciones por lo que respecta a la calidad de los servicios públicos, deben cubrírselos a través del mercado. Ello no solo genera una pérdida de sentido de solidaridad por parte de estas clases medias, sino también su distanciamiento con respecto a un proceso que, desde su perspectiva, parece no ofrecerles nada.

Durante el primer ciclo hegemónico del MAS, la inexistencia de servicios públicos de calidad no tenía un coste político grande, ya que el apego de los sectores medios al proceso se lograba gracias a elementos coyunturales de otra índole. En primer lugar, la ampliación de la estructura del Estado, fruto de las nacionalizaciones y de una mayor intervención que permitió el acceso de muchos jóvenes de clase media con estudios universitarios a la estructura del Estado, creando una nueva clase de funcionarios públicos con buen salario. Y, en segundo término, el crecimiento económico generaba un derrame de riqueza que repercutía también en los sectores medios y populares. Sin embargo, en las condiciones de recesión económica postpandemia, estas condiciones coyunturales ya no operan. En este nuevo contexto, la única manera de acercar las clases medias urbanas al proceso político del Gobierno pasa por transformar el andamiaje de los servicios públicos de educación y sanidad, de manera que sea posible satisfacer las expectativas de estas clases. Esta sería una manera de integrarlos al proceso y de hacerlos sentir beneficiarios del mismo.

Y los sectores populares ¿se verían beneficiados por esta mejora de los servicios públicos en sanidad y educación?
Totalmente, unos servicios públicos de calidad implican una desestigmatización del status de los pobres, que pueden pasar a gozar también de servicios de calidad de los que hasta ahora solo gozaban los otros sectores sociales mediante el acceso al mercado. Se produciría aquí una eliminación no solo de la preponderancia del mercado, sino también del privilegio de status.

En todo caso, en el libro también te refieres a la distancia que algunos sectores de los movimientos populares e indígenas han establecido con respecto al MAS.
Sí, este es otro de los retos, restablecer los lazos con aquella parte del movimiento popular e indígena, especialmente del oriente del país, que se ha distanciado del MAS. Y ello exige corregir actitudes de los últimos años. En primer lugar, habría que cambiar la manera de “mandar”. El momento normativo no puede llevarse a cabo como decisionismo concentrado en la voluntad del presidente, sino como mediación entre Estado y sociedad. Igualmente, se debería cambiar la manera de resolver las tensiones entre las demandas sociales e indígenas y la política estatal. Tales tensiones entre ambos lados no pueden resolverse ignorando o reprimiendo las demandas, sino mediante la negociación y la aceptación parcial de las mismas. Si bien la implementación de un modelo de capitalismo desarrollista autóctono podría verse como necesario con el fin de dotar a las finanzas públicas del país de los recursos con los que financiar servicios públicos, se debe ser capaz de encontrar un equilibrio entre este y el proyecto de Estado plurinacional comunitario basado en el respeto a la cosmovisión indígena del territorio y la economía comunal.

Por Bruno Aste Leiva

Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Antofagasta (Chile) @BrunoAste1

29 mar 2022

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Lunes, 10 Enero 2022 07:09

¿Puede pasar aquí?

El 6 de enero de 2021, partidarios de Donald Trump chocaron con la policía y las fuerzas de seguridad mientras tomaban por asalto el Capitolio en Washington, DC. Un año después, los estadunidenses aún esperan que el sistema judicial aclare si se trató de una simple manifestación exacerbada o de un intento de golpe de Estado.Foto Afp

 

 

David Brooks

No es extraordinario que periodistas tengan que reportar sobre riesgos de golpes de Estado, guerra civil, amenazas de muerte contra políticos y líderes sociales, de complots de secuestros políticos, sobre atentados terroristas contra ciudadanos e instalaciones gubernamentales. Sí es extraordinario que estemos reportando todo esto no en torno a un país tercermundista o sobre un Estado fallido, sino desde el autoproclamado guardián planetario de la democracia.

Durante la semana pasada, alertas urgentes sobre amenazas potencialmente letales a la democracia estadunidense incluyendo guerras civiles, golpes de Estado, terrorismo político y hasta neofascismo provinieron del propio presidente Biden –quien al marcar el aniversario del asalto al Capitolio se vio obligado a preguntar a sus paisanos: ¿Vamos a ser una nación que acepta la violencia política como lo normal?–, como también de los líderes de ambas cámaras del Congreso, de dos ex presidentes (Carter y Obama), de expertos en sistemas democráticos y sus crisis (incluyendo veteranos de servicios de inteligencia que evaluaban estas condiciones en otros países), de ex generales y de intelectuales reconocidos. Estas voces se sumaron al coro de alarma generado durante los recientes cinco años y que se intensificó durante las pasadas elecciones presidenciales que culminaron con, por primera vez en la historia del país, un presidente rehusando aceptar los resultados e intentando descarrilar el proceso constitucional incluso con un asalto violento del Capitolio de parte de sus seguidores hace un año.

¿Están exagerando?, Eso está a debate, y aunque hay expertos que rechazan que el país está ante la posibilidad de algo remotamente parecido a la catastrófica guerra civil del siglo XIX ni tampoco un golpe de Estado exitoso, sí hay amplio consenso de que la violencia política puede intensificarse aún más con, por ejemplo, nuevos atentados terroristas de ultraderechistas estadunidenses (el peor atentado terrorista antes del 11-S fue realizado por estadunidenses en Oklahoma City en 1995, con 168 muertos ). Pero también, recuerdan otros, en varios países que de repente sufrieron un golpe o en donde estalló una guerra civil, muchos aseguraban, estaban convencidos, justo antes que eso no puede ocurrir aquí.

Noam Chomsky afirma que el asalto al Capitolio de hace un año nos muestra que la democracia política limitada que aún existe (en Estados Unidos) pende de un hilo delicado y advirtió que los esfuerzos republicanos de subversión electoral en el país forman parte del golpe suave que está procediendo ahora.

Chomsky explica: mientras las acusaciones de propagandistas derechistas son en gran medida fantasías delirantes, tienen suficiente base en la realidad para incendiar a aquellos que ven su mundo de dominio desaparecer, al referirse a la cada vez más reducida mayoría blanca en Estados Unidos. En entrevista la semana pasada en Truthout, Chomsky continúa: con el orden social desmoronándose bajo el asalto neoliberal, estos temores son fácilmente manipulados por demagogos y oportunistas, mientras que sus patrones en sus oficinas ejecutivas y mansiones gozan la oportunidad de continuar con el robo que han llevado a cabo por 40 años, y donde los desafíos pueden ser reprimidos, por violencia estatal y privada si es necesario. Eso es un mundo que podría no estar lejos. Alertó: cuando Estados Unidos desciende hacia el fascismo, la supervivencia a largo plazo de la sociedad humana se vuelve una perspectiva dudosa.

Estados Unidos siempre ha sido uno de los países más violentos en el mundo. Pero eso sí, siempre se suponía que los golpes de Estado, atentados de terrorismo político, violencia tipo paramilitar y más que ocurren en otros países –muchas veces con el apoyo o participación de Washington– nunca ocurrirían aquí dentro, hasta ahora.

El futuro, y no sólo el de Estados Unidos, ahora depende de las fuerzas democratizadoras progresistas que han transformado y rescatado a este país en el pasado, y hoy, más que nunca, necesitan de la solidaridad de todas sus contrapartes alrededor del mundo.

Playing for Change. Everyday People. https://www.youtube.com/watch?v=-g4UWvcZn5U

Black Pumas/Playing for Change. Colors. https://www.youtube.com/watch?v=-rM3xn2JXGU

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Chile: ¿del 11 de septiembre al fin del neoliberalismo?

Después del golpe de Estado contra el socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Chile se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo. Ahora, el país intenta liberarse de ese legado y avanzar hacia un nuevo tipo de Estado de Bienestar.

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 arrojó a Chile a la larga y brutal dictadura de Augusto Pinochet, quien implementó reformas neoliberales profundas y de largo alcance. Luego de esta traumática experiencia, el país transitó a la democracia en 1989. Los sucesivos gobiernos democráticos optaron por un enfoque de reformas graduales que, si bien ayudaron a garantizar el crecimiento económico, no tocaron los pilares del neoliberalismo implementado por Pinochet.

Hasta hace muy poco tiempo, este enfoque se consideraba un éxito, y era reivindicado como un modelo, tanto a escala latinoamericana como global. Sin embargo, a pesar de la impresionante disminución de las tasas de pobreza desde la transición a la democracia y de más de tres décadas de estabilidad política, el país ha entrado ahora en una era marcada por conflictos sociales y tensiones económicas.

A fines de 2019, manifestaciones masivas y graves disturbios se extendieron por todo el país. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra las diferentes formas de desigualdad imperantes y el modelo neoliberal que caracteriza al país. Ante la magnitud de la presión social, la clase política acordó realizar un referéndum, en el que la ciudadanía tiene la potestad para decidir si llegó la hora de cambiar la Constitución y así intentar una refundación del sistema institucional.

El proceso constituyente

El referéndum constitucional tuvo lugar en octubre de 2020 y su resultado fue una verdadera bofetada para la elite: casi 80% del electorado votó a favor del cambio de la Carta Magna. A mediados de mayo pasado, la ciudadanía acudió nuevamente a las urnas para escoger a los representantes de la asamblea encargados de redactar la nueva Constitución. El resultado de esta elección representó otra derrota para el establishment: las fuerzas políticas tradicionales –tanto de izquierda como de derecha– fueron castigadas, mientras que la mayoría de los candidatos que recibieron importantes donaciones de campaña no fueron seleccionados. Para asombro de académicos y analistas, los principales ganadores de esta elección crucial fueron no solo nuevas fuerzas de izquierda, sino que también, y sobre todo, los candidatos independientes con una agenda progresista. Chile está entrando ahora en territorio inexplorado. El proceso constitucional ya está en marcha y para fines del próximo año se realizará un referéndum, en el cual la Constitución recién redactada será aprobada o rechazada por la población.

La ciudadanía contra las elites

¿Cómo llegó el país considerado como un modelo de estabilidad a encontrarse hoy en esta situación de alta incertidumbre?

Por un lado, la propia modernización económica que ha experimentado el país en las últimas décadas allanó el camino para el surgimiento de una ciudadanía progresista, la cual demanda transformaciones estructurales del modelo de desarrollo existente. El impulso proviene en gran medida de nuevas generaciones que se definen como liberales en temas culturales y, a su vez, aspiran a la construcción de un Estado de Bienestar de corte socialdemócrata. Por otro lado, dado que las elites han permanecido ciegas ante ese proceso de transformación de la sociedad, cada vez tienen más problemas para comprender y adaptarse al nuevo escenario. En los últimos años han salido a luz pública escándalos de diverso tipo: casos de corrupción que afectan a la elite política, situaciones de flagrante colusión que manchan la reputación del empresariado y casos de pederastia en la Iglesia Católica.

En consecuencia, Chile es un caso emblemático de desconexión entre el establishment y la ciudadanía. Mientras el primero es visto como un actor ilegitimo por gran parte de la población, la segunda ha sido capaz de organizarse colectivamente y presionar para demandar la construcción de un nuevo contrato social. La crisis de la democracia chilena se explica, entonces, por la conformación de un establishment que no ha sabido cómo –y en parte no ha querido– responder a las demandas de la ciudadanía. Esto es particularmente válido para un empresariado que opera con una lógica de capitalismo rentista y sigue pensando que las políticas neoliberales son el único camino posible para alcanzar el desarrollo. La aprobación masiva del plebiscito constitucional y la derrota de las fuerzas políticas tradicionales en la Asamblea Constituyente, demuestran que gran parte del electorado está dispuesto a apostar por nuevos rostros y exige una transformación de la elite del país. Visto así, no es descabellado pensar que Chile está experimentando un proceso de renovación de la democracia. La presión de la sociedad civil y el poder de los votantes estaría llevando a la gradual conformación de una nueva clase política, la cual podría terminar generando una mejor conexión con la ciudadanía.

Esta interpretación positiva del proceso de transformación en curso depende de varios factores. Y dos son particularmente relevantes. En primer lugar, aun cuando a través de los próximos procesos electorales es esperable que se vaya generando un cambio importante a nivel de la elite política, no es del todo claro que las elites culturales y económicas estén dispuestas a dar paso a nuevos actores que sintonizan de mejor manera con la sociedad. Sin una renovación del empresariado y del mundo de la cultura seguirá existiendo una importante brecha entre elite y ciudadanía. En segundo lugar, a fines de este año se llevarán a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias, en un contexto en el que prima una fuerte fragmentación del espacio político. Debido a ello, es prácticamente imposible que quien gane la presidencia tenga una mayoría en el Congreso. Las encuestas muestran cierta ventaja para las fuerzas progresistas, pero no es del todo claro que éstas logren establecer alianzas que permitan dar gobernabilidad.

Hacia un nuevo modelo de bienestar

La salida de la crisis actual y la potencial renovación de la democracia chilena depende sobre todo de la capacidad de las elites para transformarse y dar vida a acuerdos con el objetivo de encausar las reformas demandas por la ciudadanía. La sociedad chilena se ha manifestado con fuerza, exigiendo el tránsito hacia un Estado de Bienestar propio de la socialdemocracia, el respeto del medio ambiente y un avance sustantivo en materia de igualdad de género. ¿Estarán las elites a la altura de este desafío? En gran medida, esta pregunta determinará hasta qué punto la democracia en Chile saldrá más fortalecida de este proceso y si se convertirá en un modelo de cómo, a través de procesos democráticos, se puede avanzar en políticas que pongan límites al papel del mercado y que sean capaces de reconstruir los contratos sociales rotos.

Si bien es cierto que el desenlace de la situación de Chile es incierto, no cabe duda de que el resultado final tendrá un impacto importante en América Latina y el mundo progresista. Así como el 11 de septiembre de 1973 marcó un punto de inflexión a nivel latinoamericano y para el mundo de izquierda, la potencial renovación de la democracia chilena trazará una hoja de ruta que puede ser imitada por otros actores. La pandemia de covid-19 ha exacerbado los problemas de desigualdad y pobreza, de modo que los países de América Latina necesitan reconstruir el pacto social para lograr avanzar hacia políticas sociales de corte universal. Chile podría allanar un camino que pase por la movilización social, las reformas institucionales y, sobre todo, un nuevo pacto entre elites para generar gobernabilidad.

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Las guerrillas rompen el pacto con la junta

Rebeldes armados se distancian de los golpistas de Myanmar

La creciente represión a las protestas por el golpe del primero de febrero ya causó al menos 550 muertos. Las facciones anunciaron que pueden volver a tomar las armas.

Diez de las principales facciones rebeldes de Myanmar van a "revisar" el acuerdo de paz firmado en 2015 con el ejército, como respuesta a la represión del régimen militar al movimiento prodemocracia que ya dejó al menos 550 muertos desde el golpe del 1 de febrero. Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del ejército durante los últimos días, aseguró hoy uno de estos grupos, la poderosa Unión Nacional Karen (KNU), que llamó a las minorías étnicas del país a unirse contra la junta.

Desde la independencia de Myanmar, la antigua Birmania, en 1948, muchas facciones étnicas armadas estuvieron en conflicto con el Gobierno central por una mayor autonomía, el reconocimiento de su especificidad, el acceso a los muchos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas. En 2015, el ejército alcanzó un acuerdo de alto el fuego con diez de las facciones, entre ellas la KNU, uno de los grupos armados más grandes del país.

Poco después del golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, estos grupos rebeldes habían asegurado que continuarían con el alto el fuego, pese a que los generales empezaron a reprimir. Desde entonces, "cientos de civiles, menores, adolescentes y mujeres han sido asesinados" por las fuerzas de seguridad, indicaron en un comunicado. Por ello, las diez facciones, que iniciaron este sábado una reunión de dos días, van a "revisar" su posición en el acuerdo del alto el fuego, agregaron.

"Los líderes de la junta militar deben rendir cuentas", advirtió el general Yawd Serk, líder del grupo rebelde Consejo de la Restauración. La KNU es especialmente virulenta contra la junta y la semana pasada ya se apoderó de una base militar en el estado de Karen, en el sureste del país, y mató a 10 soldados. Otros grupos armados ya respaldaron la movilización democrática y amenazaron con volver a tomar las armas contra la junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.

La emisaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió esta semana del riesgo "sin precedentes" de "guerra civil" en este país. Al menos 550 civiles murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). Podría haber muchos más, ya que más de 2.700 personas fueron detenidas, sin acceso a familiares y abogados. Muchas están desaparecidas. 

Los militares tomaron el poder el 1 de febrero tras derrocar al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la Nobel de la Paz Suu Kyi, al que acusan de cometer "fraude" en las últimas elecciones. Desde entonces la represión fue en aumento ante un Consejo de Seguridad de la ONU que se mantiene dividido: China y Rusia se oponen a las sanciones, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido están a favor y ya las impusieron de forma bilateral. 

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Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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Rogelio Mayta: “Subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro en la OEA”

El canciller del gobierno de Arce afirma que Bolivia quiere tener una presencia fuerte en distintos escenarios y organismos, y que la relación con Estados Unidos no ha tenido un cambio significativo tras la asunción de Biden. 

 

Rogelio Mayta es aymará, tiene 49 años y un pasado como abogado defensor de las víctimas asesinadas en El Alto durante la llamada Masacre de Octubre Negro en 2003. Militante del MAS, llegó desde el llano a uno de los cargos más altos en el gobierno de Luis Arce Catacora. Fue elegido canciller de un país que se había convertido en paria después del derrocamiento de Evo Morales. Hoy tiene que desandar ese camino, pero en un escenario internacional más propicio para recuperar la integración continental que habían desmontado los golpistas. Un tablero regional donde los victimarios de Sacaba y Senkata en 2019, ahora empiezan a rendir cuentas.

-¿Cuál es su opinión sobre la reciente detención de la ex presidenta de facto Jeannine Áñez y algunos ministros de la dictadura?

-Ese proceso está en manos de la justicia boliviana. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público varios meses atrás y transcurrió de manera normal. Las autoridades policiales cumplieron un requerimiento para detener a la señora Áñez y a otras personas del gobierno de facto. Al ejecutivo le corresponde generar un ambiente donde ese proceso pueda seguir su curso normal. Esperamos que así sea y se resguarden sus derechos constitucionales y derechos humanos.

-¿Qué nos puede explicar de la presunta injerencia británica en el golpe de Estado de 2019 que informaron medios de Inglaterra?

- Ante la publicación del periodismo de investigación que difundió la desclasificación de ciertos documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, convocamos al embajador de ese estado a la CancilLería y le solicitamos por escrito que nos pudiera hacer entender esa situación. El viernes 12 de marzo nos llegó una nota escrita respondiendo a ese requerimiento y estamos en el proceso de evaluar la información que se nos está dando para saber si es satisfactoria o no. Como estado vamos a manejar el tema con mucha prudencia. Aunque acá en Bolivia ha caído muy mal en varios sectores de nuestra sociedad. Se ha llegado a pedir desde las organizaciones sociales la expulsión de este diplomático, pero nosotros vamos a seguir lo que establecen las reglas del derecho internacional.

-¿Qué conclusiones sacó del encuentro que mantuvo con Felipe Solá en La Paz, su par argentino, hace una semana?

-Fue una reunión muy importante para nosotros porque viene a reencaminar la relación bilateral entre nuestros estados que se había deteriorado en extremo cuando asumió el gobierno de facto. La visita del canciller Solá concluyó con una declaración conjunta que firmamos los dos. Tiene varios puntos y abarca el aspecto multilateral sobre lo que preocupa a ambos países en distintos campos como ciencia, tecnología, cultura, el tema de género, la energía atómica, el litio, un espectro bastante amplio. Por otra parte, la comitiva argentina nos presentó un proyecto de acuerdo que renueve nuestras relaciones bilaterales un poco en el marco que ya veníamos trabajando y con miras a suscribirse lo más pronto que podamos.

-¿Cuál es la política que se ha fijado el gobierno boliviano sobre organismos multilaterales como Mercosur, Unasur, Celac, Alba o la Comunidad Andina?

-El gobierno de facto por su misma naturaleza tendió a un aislamiento, se excluyó de varios organismos multilaterales como Unasur, como Mercosur, como el Alba y las relaciones bilaterales no solo las tensó en el caso de Argentina, España, México, Cuba, Nicaragua, Irán, y otros países en un posicionamiento bastante ideologizado, poco pragmático. Enfrió las relaciones con China, con Rusia, que a la postre es un enfriamiento que resulta muy negativo y más si lo vemos desde el momento actual en que los principales proveedores de vacunas e insumos médicos precisamente son la federación Rusa y China. En cambio se apoyó significativamente en Estados Unidos. Queremos tener relaciones con todos los países de la comunidad internacional con la condición de que se respete nuestra soberanía. Buscamos potenciar a la Celac, repensar Unasur para ver si podemos volver a ponerla a punto y superar el mal momento que está enfrentando. En el caso del Mercosur estábamos en proceso de adhesión pero el golpe de Estado suspendió esa posibilidad y nosotros la retomamos porque nos decidimos a tener calidad de miembros plenos. También estamos nuevamente presentes en el Alba.

- ¿Cuál es su visión de la OEA?

- Queremos tener una presencia fuerte en diferentes escenarios y no solo en esos organismos que mencioné, sino también en otros como la OEA en relación a la cual tenemos una visión más bien crítica por nuestra mala experiencia con la misión de observación electoral y la auditoría electoral practicada en 2019 y subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro como su secretario general.

- ¿Cómo es la relación con Brasil, la potencia regional de nuestro continente y con la cual Bolivia comparte 3.400 kilómetros de frontera común y tiene a un presidente como Jair Bolsonaro que apoyó el golpe de Estado desde el primer día?

- En este momento no tenemos una relación muy fluida, tampoco resulta negativa. Vamos a trabajar para procurar puntos de interés común que nos permitan avanzar en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de nuestra inclusión en el Mercosur. Tenemos pendiente el tratamiento en el Congreso brasileño de esta posibilidad. Vamos a intentar ser positivos y constructivos en esta relación más allá de que podamos tener diferente visión política en distintos aspectos.

-¿Lo que está pasando con la pandemia en Brasil, no es un factor preocupante adicional por el descontrol a que ha llegado?

-A nosotros nos preocupa la pandemia en general y eso nos obligó a tomar algunas medidas restrictivas. Nos preocupan todas nuestras fronteras y obviamente que haya algunas más complicadas como el caso que apuntaba de Brasil por la extensión, pero estamos tomando las previsiones necesarias y haciendo un constante monitoreo.

- ¿Cómo es la relación con Estados Unidos desde que cambió el gobierno en Washington con la asunción de Biden en lugar de Trump?

- Hasta el momento no ha habido ningún cambio significativo. De nuestra parte manifestamos que queremos establecer relaciones constructivas y positivas con todos los países de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Siempre bajo el respeto de la soberanía boliviana y estamos ahí, un poco con la mano abierta para estrechar lazos. Lastimosamente pasa a depender más de la voluntad de los Estados Unidos porque tienen malos antecedentes, realizan injerencias políticas, tratan de tener cierto grado de control sobre determinados aspectos de interés regional o de determinados países. Hay un montón de pruebas y documentos desclasificados que nos muestran eso en las últimas décadas. Es más, en nuestra memoria reciente hay gobiernos de facto, gobiernos militares que tuvimos acá en Latinoamérica que han sido motivados por acciones de EE.UU. Aún así estamos dispuestos a generar relaciones constructivas y positivas, creo que eso, como quien diría, está más en la cancha de Estados Unidos que en la nuestra.

- EE.UU tiene agencias que actúan en nuestros países como la USAID, la NED, ni que hablar del papel que cumplen la CIA o la DEA. ¿Ustedes las han expulsado incluso durante el gobierno de Evo. ¿Qué opina de ellas?

- Está claro que son tan negativas y execrables como el accionar mismo del Estado. Que solamente tienden a camuflar o tratar de esconder el accionar o los intereses que determina un estado o potencia hegemónica como ha sido Estados Unidos. Para nosotros todo eso no debería ocurrir y creo que estamos en un momento de la historia en que conocemos perfectamente esos mecanismos. De ahí que en 2008 cuando acá viviamos un momento de tensión política se tuvo que sacar gradualmente a una agencia supuestamente antidrogas como la DEA y después a la USAID. Las conocemos ya y las rechazamos. Vamos a cuidar que en Bolivia no vuelvan a darse ese tipo de situaciones. El mundo está cambiando. Desde la década del 90 en que Fukuyama decía que era el fin de la historia y que teníamos una potencia hegemónica en un mundo unipolar, en este momento advertimos que estamos en un mundo multipolar o tripolar ya que la Federación rusa y China tienen pesos específicos.

- El presidente Arce cuando era ministro de Economía tenía una posición muy clara sobre la defensa de los recursos naturales de Bolivia como el litio ¿Esa política se supone que quedará ratificada?

-Más que una posición política de un gobierno es una determinación constitucional. Los recursos naturales son de los bolivianos y de las bolivianas y vamos a resguardar en todo momento que sus beneficios lleguen al pueblo. Que no se vayan con las transnacionales como ocurría antes. Eso no quiere decir que estemos cerrados a la inversión extranjera, a establecer relaciones que nos permitan una mejor explotación de nuestros recursos, pero como lo venimos sosteniendo hace más de una década, no como extranjeros en nuestra propia tierra, sino en un rol de socios, de iguales. Probablemente otros tengan capital y tecnología, pero nosotros tenemos los recursos naturales.

- ¿Cómo sigue la búsqueda de una solución a la salida al océano Pacífico con Chile que para Bolivia es una reivindicación histórica?

- La reivindicación marítima para Bolivia es irrenunciable. Está incluso definida en nuestra constitución política del Estado. Pero la relación entre Chile y Bolivia no se acaba en el tema marítimo, eso lo tenemos también claro. Compartimos una importante frontera, flujo de personas que van y vienen de un país para otro, utilizamos puertos chilenos para exportar productos bolivianos y eso hace que debamos buscar acercamientos que nos permitan dentro de todas las diferencias que podamos tener, mantener el trato de dos países vecinos y hermanos, en definitiva.

 

Por Gustavo Veiga

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Unos activistas prueban una especie de gran cauchera sujeta a un poste, ayer en Rangún

 

Incendiada una treintena de fábricas chinas en las últimas protestas en Rangún

 

Las calles de Hlaingthaya tienen fama de duras. Este municipio, en el extremo occidental de Rangún (la ciudad más grande de Birmania), es uno de los más poblados del país, donde gran parte de sus 700.000 habitantes trabaja en los cientos de factorías textiles del lugar. Muchos de ellos son emigrantes rurales, que al tratar de escapar de la pobreza se dieron de bruces con los peligros de la vida en los suburbios, incluidos los robos, la explotación laboral o los asesinatos.

Sin embargo, el problemático distrito nunca había sido testigo de una violencia como la vivida el pasado fin de semana. El domingo, al menos 22 manifestantes contra la asonada militar del pasado 1 de febrero murieron allí por disparos de las tropas gubernamentales. Otros seis cayeron en el suburbio industrial de Shwepyithar.

Ese mismo día, una treintena de fábricas regentadas por empresarios chinos en esas barriadas fueron atacadas con saña e incendiadas, con un saldo de al menos dos heridos y unos 30 millones de euros en pérdidas. Las factorías taiwanesas o surcoreanas no tardaron en ondear sus banderas bien a la vista para evitar agresiones similares, mientras que las autoridades golpistas impusieron la ley marcial en las zonas más castigadas.

Ese ataque contra sus intereses y el creciente sentimiento antichino entre una parte importante de la población empujaron rápidamente a Pekín a tomar cartas en el asunto: en los últimos días ha lanzado repetidos mensajes exigiendo a las autoridades birmanas que tomen medidas concretas “para garantizar la seguridad” de sus ciudadanos y “evitar que se repitan incidentes similares”, además del castigo para los culpables. Aunque se ha especulado con una posible evacuación del personal chino no imprescindible, el diario estatal Global Times negó ayer que eso sea cierto.

Desde que los generales apartaron del poder manu militari a Aung San Suu Kyi, la postura del gigante asiático, que cuenta con grandes intereses económicos en Birmania –oleoductos, presas, minerales o puertos, entre otros­­–, ha estado en el punto de mira. Ya desde el principio se especuló con que China apoyaba –o al menos conocía– los planes de los uniformados, aunque no existe prueba alguna sobre ello. De hecho, gran cantidad de expertos han señalado que Pekín mantuvo con el depuesto gobierno democrático de la Nobel de la Paz una relación mucho más fluida y franca que con la junta militar que gobernó Birmania durante el medio siglo previo, por lo que no tendría interés en ver a los militares de vuelta. Sin embargo, eso no ha evitado que desde un principio surgieran todo tipo de rumores que dejaban en mal lugar a China: desde que había enviado armas o militares para apoyar a las tropas birmanas a que sus ingenieros de telecomunicaciones estaban colaborando con los golpistas para ayudarles a controlar las redes del país. Un “sinsentido”, en palabras del embajador chino.

Pero que no haya pruebas fehacientes no ha evitado que la ola sinófoba haya adquirido dimensiones considerables. En las protestas diarias contra el golpe, no es extraño ver carteles con lemas como “Negocios chinos, ¡fuera!” o “Quemaremos el oleoducto chino”, un proyecto controvertido que en el pasado ya provocó protestas por sus costes medioambientales. También se han redoblado los llamamientos al boicot de sus productos, ya sean frutas, móviles o videojuegos.

Tampoco ayuda que China se mantenga firme en la aplicación de su principio de no injerencia en los asuntos internos de terceros países. Aunque sí ha apoyado en la ONU una “contundente condena a la violencia sobre los manifestantes pacíficos” o la puesta en libertad de Suu Kyi, muchos no le perdonan que no condene de forma taxativa el golpe, que en un inicio incluso fue calificado por los medios estatales como “una importante remodelación del gabinete”.

Los últimos acontecimientos han colocado a Pekín en una encrucijada de difícil salida. “Por una parte, necesita mantener buenas relaciones con los militares para contar con su apoyo en proyectos de infraestructura”, detalló el analista Pang Zhongying a France Press. “Por la otra, no quiere que se le vea interfiriendo en los asuntos internos del país o parecer demasiado cercana a las fuerzas armadas en medio de la condena internacional. Sus proyectos se enfrentan a grandes riesgos de seguridad, pero tiene las manos atadas”.

STRINGER / EFE

Ismael Arana

Hong Kong. Corresponsal

18/03/2021 01:08Actualizado a 18/03/2021 09:03

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La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021

La ex presidenta de facto exige juicio de privilegio, por pacificar al país

 

La Paz., La juez Regina Santa Cruz decretó ayer cuatro meses de prisión preventina para la ex mandataria de facto, Jeanine Áñez y para sus ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Horas antes la Fisca-lía de Bolivia había pedido seis meses de cárcel preventiva para Áñez, detenida por su papel en el derrocamiento del mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019, y ella exigió un "juicio de privilegio", al asegurar que se busca "criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado".

Tres fiscales habían firmado la imputación para la aplicación de prisión preventiva por seis meses también para los dos ex ministros Guzmán y Coimbra, acusados igualmente de delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder luego que Morales fue conminado a renunciar por las cúpulas castrense y policial, en medio de manifestaciones impulsadas por la derecha, que, sin pruebas, alegó fraude en las elecciones que ganó Morales, y que dejaron un saldo de 33 muertos.

La fiscalía sostiene además que el 10 de noviembre el líder cívico Fernando Camacho presentó en la sede presidencial una carta "en la que recomienda la renuncia del presidente Evo Morales".

A esta petición se sumó el comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, quien junto a otros "deliberaron" y pidieron a Morales que dimitiera.

“La fuerza armada no delibera, no realiza acción política (...). Se concretiza un golpe de Estado, toda vez que la policía y las fuerzas armadas tienen armamento letal y deciden obedecer a una persona que no tenía facultad jurídica (...)

"Por todos los hechos sediciosos y terroristas llevados a cabo el 10 de noviembre de 2019 el ex presidente Evo Morales, con el riesgo de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para no ser masacrados y humillados sus ministros, alcaldes y otros, renuncia a la Presidencia, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera", añade la Fiscalía en su denuncia.

Tras la renuncia de Morales, Áñez y sus allegados habrían obligado a renunciar a Adriana Salvatierra, quien ocupaba el cargo de presidenta del Senado, y a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, para que Áñez asumiera la presidencia de Bolivia.

La Fiscalía considera que "de esta manera posibilitaron que (Áñez) asumiera la Presidencia (...) de una forma amañada".

El caso tiene su origen en una denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho ex autoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes luego de asumir Áñez la presidencia.

La Fiscalía menciona a Camacho como uno de los principales impulsores de hechos ilegales, entre ellos la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que impidieron el recuento oficial de votos.

Fiscalía: la ex mandataria preparaba "actos de fuga"

En cuanto a la justificación de la prisión preventiva, en el caso de Áñez, la Fiscalía expone que ésta "se encontraba realizando actos preparatorios de fuga" en el momento de su detención.

Áñez, abogada y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser arrestada mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar, en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. La propia Áñez, de 53 años, declaró desde una ventanilla de la celda donde se encuentra detenida y exigió "juicio de privilegio", lo que impediría la prisión cautelar.

"Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez”, dijo la ex mandataria golpista.

"Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el estado de derecho y esto lo lamentamos tantísimo", agregó.

Más aún, aseguró tener "todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia", menos de Evo Morales porque "él desprecia la democracia".

“Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar que la juez le dictó prisión preventiva.

Por fin llegará la justicia, aunque tarde: Evo Morales

Morales afirmó que la detención significa que "por fin llegará la justicia, aunque tarde. Esperemos que se haga un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia".

"Solo pedirles que haya un debido proceso, todos tienen derecho a la defensa, pero también tienen que demostrar que son inocentes, como tratan de mostrar los medios de comunicación", declaró a la radio Kawsachun Coca.

Morales subrayó que investigaciones internacionales demostraron que no hubo fraude electoral en 2019 y sí golpe de Estado. "A más de un año del golpe no se ha podido demostrar el supuesto fraude y la mejor prueba es el resultado del 18 de octubre del año pasado, cuando ganó nuevamente el MAS."

Tras la detención de Áñez, el líder opositor Carlos Mesa denunció que el MAS pretende usar un "inexistente golpe de Estado" para perseguir y "descabezar" a la oposición.

El dirigente cívico Fernando Camacho manifestó que "no hay motivos para festejar" su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz, porque "está dándose una persecución en toda la nación hacia aquellos que estuvieron luchando por la democracia y la libertad".

El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, criticó en su homilía dominical el "ánimo de revancha" del gobierno que “pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia (...) mientras los autores del fraude electoral se muestran como víctimas“. La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la liberación inmediata de los detenidos.

Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron por separado que se siga el debido proceso y no haya interferencia política en los juicios.

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Lunes, 15 Marzo 2021 05:35

El poder del litio boliviano

El poder del litio boliviano

Los enormes yacimientos de litio boliviano constituyen dos vertientes opuestas: una bendición para profundizar el desarrollo económico futuro del país, o una constante amenaza debido a la ambición de compañías transnacionales y gobiernos imperiales por tratar de controlar esos recursos.

El expresidente Evo Morales Aima ha denunciado en repetidas ocasiones que su gobierno fue víctima de un “golpe de Estado del litio” cuando fuerzas de la oligarquía derechista, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Estados Unidos lo sacaron del poder en noviembre de 2019.

Un año antes de esos sucesos, en octubre de 2018, Morales había firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems para la explotación del salar de Uyuni, pero la oligarquía criolla, encabezada por el expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari, inició una virulenta campaña desinformativa al catalogar el convenio como “entreguista”.

La desinformación engañó a parte de la población que comenzó protestas bajo la dirección de elementos de la derecha respaldada por militares afines y por la OEA que alegó fraude en las elecciones de noviembre de 2019.

Aunque Evo anuló el acuerdo con ACI Systems, el golpe de Estado quedó consumado una semana después de los comicios.  

En el denominado Golpe del Litio actuaron influyentes transnacionales y hasta el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, propietario de las compañías SpaceX y Tesla (autos y equipos eléctricos). Este multimillonario estadounidense  al ser consultado en twitter por un internauta sobre si tenía algo que ver con los sucesos de Bolivia declaró que no le molestaba derrocar a quien sea, con tal de alcanzar sus objetivos empresariales.

Tras las altisonantes declaraciones de Musk, Morales declaró que el principal móvil del Golpe fue haber dejado fuera a Estados Unidos del proyecto de industrialización del litio que se llevaba a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

Con la empresa Xinjiang Tbea Group-Baocheng se habían rubricado acuerdos por alrededor de 2 000 millones de dólares para edificar ocho usinas, cuatro en el salar de Uyuni y cuatro en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, pero quedaron inconcluso por la imposición del régimen de facto de Jeanine Añez y los desastrosos efectos de la pandemia de Covid-19.

Recientemente se anunció que el presidente Luís Arce reflotará el plan para convertir el salar de Uyuni en la capital mundial del litio, cuyas reservas son las mayores del orbe. Hasta el 2030 se prevén instalar 41 plantas de procesamiento en los departamentos de Potosí y de Oruro.

En declaraciones a la prensa, el nuevo presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Marcelo González señaló que el país tiene el inmenso desafío de reactivar esa industria tras un año de semi paralización que impidió la comercialización a gran escala del producto.

González aseguró que cuentan con recursos humanos calificados para entrar a la etapa de industrialización y entre las principales acciones está la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los departamentos de Oruro y Potosí.

Actualmente, Bolivia puede producir 12 000 toneladas de carbonato de litio al año y en la planta de Uyuni se procesan entre 700 y 1 000 toneladas mensuales de ese producto.

Asimismo, en la Planta Piloto de Baterías se construyen las 5V, similares a las utilizadas por los teléfonos móviles pero aún el país no logra satisfacer la alta demanda externa, por lo cual se busca la asociación con otra nación que colabore con transferencia tecnológica.

Para González resulta importante que se complete la cadena del litio dentro de Bolivia, es decir, se extraiga la materia prima y se procese para darle valor agregado. Argumentó que hasta ahora han cerrado la cadena del litio a nivel de laboratorios y pilotaje con la planta de materiales catódicos así como la de baterías que está produciendo para la venta en el mercado interno, y se realizan gestiones con la empresa de autos eléctricos Quantum, con sede en Cochabamba para proveerles acumuladores.

Bolivia posee 21 millones de toneladas de litio, mineral muy preciado por gobiernos desarrollados y compañías trasnacionales por su utilización en laptops, celulares, tabletas, otros equipos móviles y acumuladores para vehículos, por lo que han denominado a ese mineral como el “Oro blanco”.

Expertos indican que con la continuación del desarrollo de las baterías con base a sales de ión litio, ese producto movería unos 46 000 millones de dólares en 2022 y 220 000 millones de dólares en diez años.

Esas baterías pueden acumular en los aparatos móviles gran energía con mínimo peso y espacio para las personas y en los autos eléctricos son capaces de mantener un máximo de 3 000 ciclos de carga y descarga sin perder las propiedades de almacenaje y voltaje.

Un estudio del Servicio Geólico de Estados Unidos (USGS) estima que el 60 % del “oro blanco” mundial se haya en Argentina, Chile y Bolivia por lo que esas naciones están destinadas a impulsar su desarrollo económico en los próximos años.

Pero Argentina y Chile tienen la desventaja de que su explotación está en manos de empresas transnacionales que dejan pocas remuneraciones monetarias, mientras en Bolivia está controlada por el Estado, que según lo establecido, el 51 % de las ganancias permanecerá en el país.

Si el nuevo gobierno encamina al país por la senda política-económico-social que logró llevarlo el expresidente Evo Morales, los enormes yacimientos de litio que posee Bolivia pueden acabar de revertir la historia de pobreza de esta nación, aunque siempre debe estar alerta con las artimañas de la oligarquía criolla y de las compañías estadounidenses interesadas en hacerse del control del “oro blanco”.

Por Hedelberto López Blanch | 15/03/2021

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano

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