Una historia colonial detrás del lanzamiento del telescopio espacial Webb

La emoción de ver despegar el telescopio espacial James Webb contrasta con el poco espacio que se ha dado a informar de las características de su emplazamiento en la Guayana Francesa, un olvidado departamento ultramarino Francés en Latinoamérica.

 

El reciente lanzamiento del Telescopio Espacial James Webb, el más potente de la historia, ha sido uno de los momentos más esperados del siglo tanto para la comunidad astrofísica como para quienes admiran el espacio exterior. De hecho, la prometida ampliación del campo visual del universo observable que el Webb representa es un avance tecnológico emocionante sobre todo para quienes anticipan que la realidad pronto superará la ciencia ficción. Sin embargo, la gran conmoción del logro científico oculta las luchas sociales y políticas en la Guayana Francesa, un olvidado departamento ultramarino francés en Latinoamérica donde se ha llevado a cabo el despegue.

A medida que el tiempo se iba acortando para el lanzamiento del Webb la fama de este telescopio se incrementaba. Cada paso del proceso —desde la finalización de su construcción, el peligroso transporte marítimo, la denominación controvertida, y hasta el largo historial de retrasos— se convirtieron en un evento mediático. Desde que el 25 de diciembre se llevó a cabo el despegue, el equipo de lanzamiento sigue cumpliendo una ardua labor al guiar el telescopio a su órbita y dirigir su despliegue motorizado.

La historia del Centro Espacial Guayanés, sin embargo, sigue sin conocerse. Y ello, a pesar de ser el puerto espacial más utilizado por la Agencia Espacial Europea. Antes de constituirse como base espacial ubicada en la comuna de Kourou, en la Guayana Francesa, el lugar funcionaba como una colonia penitenciaria.

 
En los años sesenta, el desierto del Sahara de la Argelia colonizada fue usado como reserva para pruebas de cohetes y base de investigación de la Agencia Espacial Francesa. Con bastante respaldo multinacional, la agencia llego a desarrollar un exitoso programa: los cohetes Ariane, capaces de transportar miles de kilos de carga hacia una órbita geoestacionaria. Pero, a raíz de la descolonización de Argelia la agencia tuvo que reubicarse desde Hammagui, su base original donde se lanzó el primer satélite francés, y también el lugar donde se probaban misiles que servirían de defensa antiaérea.

Uno de los criterios fundamentales que la agencia consideró para los posibles puertos espaciales fue la estabilidad política del lugar. Entre los objetivos buscados primó que la base espacial estuviera disponible sin depender de los cambios de poderes políticos locales. La elección final de la Guyana Francesa estuvo acompañada por varias olas de inversión financiera que trajeron esperanza de desarrollo a la región. Sin embargo, de acuerdo a lo que observa Peter Redfield en su obra Space in the Tropics (2000), desde sus inicios el programa espacial francés estuvo más enfocado en el desarrollo de los satélites y los cohetes que del entorno ambiental-social de la base espacial.

La Guyana Francesa viene soportando décadas de negligencia colonial del gobierno francés, el cual hasta ha restringido su posibilidad de fortalecer vínculos con países latinoamericanos. Debido a esta política de aislamiento, cuya raíz se remonta al legado colonial del système de l'exclusif, la Francia metropolitana ha mantenido el estatus europeo de la Guyana Francesa dentro de Latinoamérica de manera artificial, y en consecuencia ha asegurado su dependencia territorial y económica.

En 2017, como resultado de las enormes manifestaciones en la Guyana Francesa, coaliciones de numerosos sindicalistas, grupos de autodefensa, y colectivos activistas ocuparon el Centro Espacial Guayanés a lo largo de un mes.

El paro de tráfico de aeronaves ha sido una estrategia de poder local utilizada en varias instancias. Esta vez, la mayoría de los manifestantes demandaron al gobierno del presidente François Hollande la inversión de recursos económicos hacia la infraestructura que podría mejorar las vidas de los habitantes locales en lugar de concentrarse exclusivamente en el puerto espacial. Los manifestantes reclaman la necesidad de un sistema de salud, infraestructuras eléctricas, protecciones ambientales, incrementos de sueldos, así como modificaciones a la política migratoria, regulación de la minería ilegal, y disminución del crimen violento en la región. 

Alrededor del planeta el crecimiento de las industrias aeroespaciales ha dado paso a serios cuestionamientos en su proceder. En los Estados Unidos, ambientalistas del Valle del Río Grande han llamado la atención hacia la contaminación del Valle como resultado de la explosión del cohete Starship, lanzado por la compañía SpaceX desde su base tejana. Por otro lado, en Brasil, comunidades quilombolas, ancestros de los cimarrones negros que se autoliberaron de la esclavitud, vienen luchando contra el desplazamiento de su pueblo debido a la expansión del Centro de Lanzamiento de Alcântara. En Hawái, los Kānaka Maoli encabezan una lucha de hace más de siete años en contra del establecimiento de los observatorios espaciales en el muy apreciado volcán ancestral de Mauna Kea.

Aunque la tecnología moderna, así como la privatización de tierras ancestralmente ocupadas por comunidades, en conflicto con la ecología y temáticas sociales no son nuevos fenómenos, alrededor del mundo estos se han intensificado y han alcanzado una atención crítica.

11 ene 2022

Michael Reyes Salas. Es profesor asistente de estudios africanos en el Vassar College.

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"El weichan (lucha) no parará ni con Piñera ni con Boric": la advertencia de una organización mapuche al presidente electo de Chile

La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), una de las organizaciones más radicalizadas de Chile, advirtió que no cederá en su pelea por la protección de territorios durante el próximo gobierno de Gabriel Boric, quien a partir del próximo 11 de marzo sustituirá en la presidencia a Sebastián Piñera.

"El weichan (lucha) no parará ni con Piñera ni con Boric", aseguró el grupo en un comunicado en el que se atribuyó una serie de atentados cometidos desde el mes pasado en varias localidades de la provincia del Arauco (región Biobío, ubicada en el centro del país).

El ataque más reciente fue el incendio de 31 inmuebles, pero antes quemaron decenas de vehículos, equipos y máquinas forestales. Por estas y otras protestas de colectivos mapuches, que el Gobierno considera como acciones "terroristas", Piñera decretó un estado de emergencia desde octubre que sigue vigente y que permite operativos de fuerzas de Seguridad y Armadas.

"Con la contundencia de nuestras acciones reivindicamos a nuestros presos y caídos. Y con paso firme seguimos avanzando hacia la liberación del Wallmapu. Sabemos que este caminar seguirá trayendo sacrificio y dolor. Cárcel y muerte. Pero no claudicaremos", señala el escrito en el que la RML repudia la sentencia que el próximo viernes se impondrá a ocho comuneros mapuches que ya fueron declarados culpables del asesinato de Eleodoro Raiman, un hombre de 69 años que falleció en diciembre del año pasado después de ser atacado a golpes.


Los acusados son Esteban, Manuel y Carlos Huichacura Leviqueo; Francisco Medina Huichacura, Matías Leviqueo Concha, Eliseo Raiman Colimán, Guillermo Camus Jara y Bernardo Camus Parra, quienes se consideran presos políticos.

En pie de guerra

En el comunicado, la organización afirma que los acusados del crimen de Raiman son "hombres de bien que deberán asumir el castigo del estado racista y opresor", y aseguran que los involucrados han sido víctimas de "las mentiras de traidores, fiscales y medios de comunicación".


"El gobierno y el payaso coordinador de la 'macro zona', Pablo Urquizar, insisten en hablar de un crimen a mansalva, pero eluden el fondo del asunto que hoy condenará a decenas de años de cárcel a nuestros peñi (hermanos), sabemos que el estado castigará a nuestros hermanos, humillará sus familias y hará ver de víctimas a los traidores", denuncian en el escrito.


No obstante, advierten que forman parte de un "pueblo rebelde" que avanza hacia su liberación, por lo que prometieron "expulsar a los usurpadores históricos" de sus territorios y rechazaron "los discursos de paz que intenta imponer esta falsa democracia".


Del mismo modo, insisten en que no soltarán sus armas mientras continúe la devastación de sus territorios, las empresas turísticas "se sigan lucrando" de los recursos en esos predios "y las cárceles del sur continúen llenas de mapuche".


El conflicto persiste en la zona, a pesar de que el izquierdista Gabriel Boric, quien el pasado domingo se convirtió en el presidente electo del país, ha prometido avanzar "hacia una nueva relación con los pueblos originarios".
En esa línea, Boric insistió en reconocer "el derecho de los pueblos originarios de mirar el mundo desde otras perspectivas lingüísticas y culturales".

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El panorama del derecho al aborto en Colombia

En Colombia mueren aproximadamente 70 mujeres al año por tener que someterse a abortos inseguros, 136.000 requieren atención medica post aborto, siendo la tercera causa por muerte materna en Colombia. Aun así, la decisión de la despenalización está en manos de 9 magistrados y en espera de respuesta de un impedimento presentado por uno de ellos, frente a una situación que incumbe a millones de mujeres.

 

En Colombia se estima que el 44% de los embarazos no planeados terminan en un aborto inducido (Allan Guttmacher Institute -AGI, 2010). El grupo de mujeres más afectadas son jóvenes, de zonas rurales, pobres y deslazadas. Es la tercera causa de mortalidad materna en Colombia, lo que corresponden al 16% según el Ministerio de la Protección Social (2004). De acuerdo a un estudio de la OIM (2008) 70 mujeres mueren anualmente en Colombia por tener que someterse a procedimientos riesgosos.

Aproximadamente cada año, un total de 132,000 mujeres sufren complicaciones debido al aborto inducido practicado en condiciones clandestinas y riesgosas. La proporción de mujeres que sufre complicaciones y son atendidas en un centro de salud depende de su lugar de residencia y de su condición socioeconómica, siendo las mujeres de las zonas rurales las que menos atención reciben, un 53%, mientras que en las zonas urbanas es un 24% de mujeres pobres que no reciben atención postaborto en instituciones de salud.

En Colombia existe la sanción C355 de 2006 que permite el aborto bajo tres causales: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto.

Sin embargo, en cuanto al reconocimiento del aborto como un derecho que respeta la libre decisión, la equidad, la vida, más allá de las tres causales de la sanción C355, lo que se busca es la legalización y reconocimiento del aborto como un derecho que debe ser reglamentado e implementado por el Estado, y no solo sacarlo del código penal, lo que es importante, pero la exigencia de este derecho también debe contener la implementación de educación sexual, acceso a los anticonceptivos y disposición para procedimientos seguros en las entidades prestadoras de salud para abortar.

La sentencia C355 de 2006 sigue permitiendo el lucro a los servicios de abortos clandestinos e inseguros que pone en peligro la vida de muchas mujeres. El pasado 18 de noviembre la Corte Constitucional retomó la discusión sobre la despenalización del aborto debido a las dos demandas interpuestas, una de ellas por la organización Causa Justa que congrega 45 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer.

Actualmente, la Corte se encuentra compuesta por 9 magistrados de los cuales se sabe que 5 están de acuerdo con la despenalización y los otros 4 no. Se conoce que las ponencias a discutir en la Corte fueron presentadas por los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, se presentó un impedimento por uno de los magistrados por lo que se debe esperar la respuesta de un conjuez que posiblemente dé su veredicto este mes lo que permitiría retomar la discusión sobre la despenalización del aborto en dicho órgano judicial.

La despenalización sería un gran avance, pero es importante ir más allá y exigir que se legisle sobre su implementación, legalizándolo, y así reconocer el aborto como un derecho que debe garantizar el Estado. No obstante, no se puede obviar el avance de la iglesia, la ultraderecha y la derecha quienes vienen presionando a la Corte Constitucional para que no despenalice el aborto.

Ejemplo de lo anterior, es la cita de la revista la Silla Vacía que publicó recientemente un estudio de la Universidad Externado en el que afirma que “solo entre el 2 y 3 de octubre la Corte recibió 1.672 correos anónimos exactamente iguales que dicen que la despenalización es facultad del Congreso y no de un órgano judicial”, siendo su objetivo que la Corte no despenalice el aborto y no por alguna cuestión democrática. Este medio también afirma que esta estrategia se hizo mediante una convocatoria de la organización “Unidos por la Vida”, que tiene conexión con “CitizenGo”, que a su vez es filial de la española “Hazte Oír”, organizaciones con presencia mundial, llamados grupos de presión, católicos y de derecha, que buscan no permitir que avance el reconocimiento de derechos para las mujeres, los pobres, los migrantes y otros grupos oprimidos por el capitalismo.

De igual manera el partido de gobierno Centro Democrático de Iván Duque es en general una de las organizaciones políticas que más miembros tiene en estos grupos internacionales de presión, varios de sus funcionarios como los del Ministerio de Salud y el de Justicia, y la misma Procuradora Margarita Cabello se han manifestado en contra de la despenalización. Incluso este año en el Congreso se conformó una “bancada Provida” con 23 parlamentarios de los partidos Conservador, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Cambio Radical y Decentes, de las tendencias de ultra derecha, derecha, y progresismos.

Para las próximas elecciones ningún partido ni candidato a congreso o a presidente se ha pronunciado ni puesto en su agenda el derecho al aborto y la salud sexual y reproductiva, pero ya se sabe la posición de la mayoría de los partidos como los indicados más arriba, que se oponen tajantemente al derecho al aborto. Para Gustavo Petro, progresista y el más probable candidato por la alianza Pacto Histórico tienen una posición cerrada de “aborto cero”, su coalición con el pastor evangélico Alfredo Saade como precandidato presidencial por la alianza de Petro deja clara su simpatía con la posición de Saade frente al derecho al aborto, sumándose a toda la ola reaccionaria contra este derecho fundamental de las mujeres.

Luis Carlos Galán del Partido tradicional liberal se hace a un lado y argumenta que son las mujeres las que deben abordar el tema porque se trata de la soberanía sobre sus cuerpos. En cuanto a Alejandro Gaviria quien por venir de la carrera académica se creía de pensamiento más progresista parece no tener en ningún punto del programa el derecho al aborto. El único que se manifestó a favor de la despenalización y la implementación fue Sergio Fajardo.

Lo anterior indica que no hay que esperar a que los políticos que aspiran a la presidencia tengan en su agenda los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, y que hay que conquistarlos en las calles. Pero hay que dar un vistazo a las organizaciones y como vienen avanzando. Se pueden reconocer en Colombia varias organizaciones de mujeres cuyo eje es en algunos casos la paz, la etnia, la educación, entre otras, no necesariamente todas estas organizaciones se suman a la lucha por el derecho al aborto. Algunas de las que estuvieron dentro del grupo que presentó las demandas interpuestas a la Corte Constitucional y que se agruparon con Causa Justa son La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia y Dejusticia.

En cuanto a las organizaciones obreras, juveniles, las movidas barriales y las batucadas feministas surgen apoyando los espacios de movilización y protesta en pro del derecho al aborto. Está también el gremio docente que se moviliza por causas como el 25N, aunque no hay un apoyo abierto como organización al derecho al aborto. En zonas más conservadoras del país prefieren ser las organizaciones identificadas como movimientos de mujeres mas no feministas, hay temor a las ideologías por la estigmatización que puede surgir y fuertes creencias morales y religiosas aun influyentes.

Es necesario nuclear todas esas luchas que muchas compañeras están llevando en sus barrios y localidades, en sus lugares de trabajo y de estudio, para hacer más fuerte, visible y organizada la lucha por los derechos de las mujeres, seguir el ejemplo de la marea verde de las compañeras argentinas y fortalecer la presencia en las calles y conquistar en Colombia el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Domingo 5 de diciembre

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La lucha por la legalización del aborto en Colombia

El aborto en Colombia ha sido despenalizado solamente en tres causales y por ello se encuentra dentro del código penal y no como un derecho fundamental. Por esto se sigue judicializando a mujeres pobres y en su mayoría jóvenes. Ayer estuvo de nuevo en discusión en la Corte Constitucional el libre derecho a la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

 

En Colombia solo hasta el año 2006 se da un primer paso para la despenalización del aborto. La sentencia C-355 de 2006 permite el aborto bajo tres causales: cuando hay riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada, cuando el diagnóstico fetal es grave, y en casos de violación, incesto o inseminación no consentida. Sin embargo, estas tres circunstancias específicas dejaron a las mujeres expuestas a la estigmatización y el maltrato, incluso a la presión de los católicos en los hospitales públicos.

Además de ser la sentencia C-355 de 2006 una ley injusta se presentan dificultades en su implementación, deja al lucro capitalista del sector privado y de manera clandestina la práctica del aborto, y pone en peligro la vida de las mujeres. Asimismo, esta sentencia puso en el limbo la ley, pues esta entre el derecho fundamental y la penalización. La penalización del aborto requiere ser retirada del código penal colombiano y ratificado el derecho al aborto como un derecho fundamental que permita el libre acceso a la salud, la libertad y la igualdad.

Hoy las mujeres en Colombia trabajadoras, estudiantes, campesinas de bajos recursos deben acudir a procedimientos riesgosos y precarios para abortar, lo que hace desigual el acceso a este procedimiento poniendo en peligro la vida de las mujeres pobres. En declaraciones al diario El País Ana Cristina González miembro del movimiento Causa Justa que hoy interpone acciones jurídicas para la legalización del aborto ante la Corte Constitucional afirma que “El sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres”.

En un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en Colombia se evidencia que el rango de edad de las mujeres que más acuden al aborto esta entre los 14 y 17 años, y que son más penalizadas las mujeres de las zonas rurales que urbanas, también se observa en este informe que el 42% de las mujeres que abortan son sometidas a violencia de género. Las mujeres que son judicializadas por abortar pagan penas de hasta cuatro años y medio.

La discusión para la total despenalización comenzó ayer en la Corte Constitucional, esto debido a las dos demandas interpuestas, una de ellas por la organización Causa Justa que congrega 45 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer. La Corte se encuentra compuesta por 9 magistrados de los cuales se sabe que 4 están de acuerdo con la despenalización y los otros 5 no se han pronunciado sobre esta decisión, cuatro de ellas mujeres. Se conoce que las ponencias a discutir en la corte fueron presentadas por los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos.

Inadmisible resulta que 9 personas decidan sobre los derechos fundamentales de la mitad de la población colombiana que son mujeres; es evidente la injerencia de la ultraderecha, la derecha y la iglesia católica sobre nuestros cuerpos, llegando a la congelación de la discusión en la Corte Constitucional el día de ayer, aun conociendo las cifras de aborto en Colombia que anualmente es de alrededor 400.000 casos. La Corte Constitucional aplaza el fallo argumentado el impedimento del magistrado Alejandro Linares, lo que para ser aclarado requiere de la elección de un conjuez entre 27 candidatos, eso deja la decisión en manos de ocho magistrados que en caso de presentarse empate deberá de nuevo elegirse un conjuez para aclarar el fallo.

Toda una triquiñuela política que aplaza de manera indefinida la legalización del aborto. Además de las organizaciones feministas, no hay pronunciamiento de sectores políticos de ninguna tendencia pues es una decisión que en Colombia entra en el juego moral de las iglesias sobre todo católica con la que simpatiza la ultraderecha, la derecha y el progresismo.

Es urgente la toma de las calles por parte de las mujeres en Colombia, siguiendo el ejemplo de nuestras compañeras de Argentina que consiguieron arrancar con la movilización la legalización del aborto, y para que la Corte Constitucional de un fallo pronto a favor de la despenalización como parte de la lucha por la legalización del aborto en nuestro país, pero también que sirva para combatir el capitalismo y la ultraderecha, y hacer contrapeso a los grupos católicos próvidas quienes con las pro aborto se manifestaron ayer frente a la Corte.

Compañeras, que la marea verde se extienda y nos contagie en pro de ganar derechos no solo en cuanto a la salud sexual y reproductiva, sino en defensa de nuestros derechos en general.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR.

Por Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Viernes 19 de noviembre

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Después de Argentina y México, ¿puede avanzar América Latina hacia la despenalización del aborto?

En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. En este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla.

 

El 28 de septiembre se reconoce como el Día Internacional por el Aborto Seguro, fecha que enmarca las actividades de campaña realizadas para visibilizar y fortalecer la lucha por la despenalización y legalización del aborto a lo largo y ancho del planeta. 

Podría decirse que es el día para parar la pelota y analizar el partido: dónde estamos, hacia dónde se va, quiénes se oponen a los avances. En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. Ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol es el espejo del mundo”. Y en este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla, en una marcha y contramarcha constante, mezclando estrategias ofensivas y defensivas. De a una o en simultáneo. Pep Guardiola o José Mourinho, depende el momento. Con resultados dispares, en los que nos jugamos las vidas.

No es lineal el caminito y mucho menos se llega a una meta. Ni siquiera lograr la legalidad de la interrupción voluntaria de un embarazo puede entenderse como la ocasión de alzar la copa. Ahí comienza otro campeonato. Una nueva fase de lucha. Siempre alertas, porque los derechos de las mujeres y de las diversidades nunca se dan por adquiridos y “… debéis permanecer vigilantes…”, como adelantó Simone de Beauvoir.  

Venas abiertas

Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas se avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres ─que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva─ viven en tierras que permiten ampliamente el aborto.

Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo autorizan en determinadas situaciones. Muchos otros cambios fueron totales transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres. En América latina el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, reflexiona sobre este mapa desigual y selectivo que presenta las Américas: “Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores oportunidades de ejercer sus derechos. Así y todo, Argentina y nuestra región impulsan la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en países que durante el siglo XX fueron vanguardia en la reforma de la legislación sobre aborto hoy las mujeres y niñas ven sus derechos en peligro. Tal es el caso de Texas, Estados Unidos, que aprobó una norma regresiva que prácticamente prohíbe el derecho al aborto. En conclusión, la fuerza del movimiento de mujeres de América latina ha demostrado su capacidad para generar cambios poderosos y estas embestidas contra derechos conquistados nos encienden una alarma para nunca dejar de pelear”.

México

México reúne 32 entidades federativas, cada una con sus propias legislaciones sobre aborto. Es decir, opera bajo un sistema federal que regula el aborto a nivel estatal, por ende la ley varía según el estado. 

La mayor parte de la población mexicana se asienta en territorios que solo permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, y algunos agregan otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. 

La Ciudad de México, sin embargo, legalizó en 2007 el aborto a pedido con un límite de gestación de 12 semanas; y entre 2019 y 2021 se sumaron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

“Estamos muy contentas de que los cambios en los tres estados hayan sido tan rápidos. Lo que estamos buscando es que la implementación sea igual de rápida como fue en la capital. Tenemos el aprendizaje de esa ciudad para poder implementar y mejorar. Además, hay muchas colectivas capacitándose para acompañar abortos con medicamentos y así responder un poco a los vacíos que deja el Estado. El hecho de que no sea legal en todo México no quiere decir obviamente que no haya acceso a través de iniciativas feministas”, valora Sofía Garduño Huerta, a cargo de la coordinación del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), quien resalta el coletazo que generó la novísima aprobación del aborto en Argentina. 

Para Garduño Huerta, “el movimiento de la marea verde argentina dio un impulso muy grande para la movilización social mexicana”. “Hizo, sobretodo, que se pusiera el tema otra vez sobre la mesa, que se incorporaran más jóvenes al movimiento y personas de distintos ámbitos como actrices, cantantes e influencers. Visibilizó las colectivas al interior de la República y fuera de la capital. Vino a renovar las estrategias y a inyectar energía y alegría al movimiento feminista”.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico. 

Garduño Huerta explica la magnitud del fallo: “Se han dado tres discusiones con fallos muy importantes: por un lado, la Suprema Corte ha dicho que criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar de manera voluntaria es inconstitucional. De esta manera básicamente le está diciendo a todas las entidades del país (y no solo a Coahuila) que revisen sus códigos penales, y lo que esperamos son nuevas reformas para despenalizar en los estados que nos hacen falta. Otra cosa que ha dicho la Suprema Corte es que la protección de la vida desde el momento de la concepción ─tal como la entienden los grupos conservadores─ también es inconstitucional”.

Así, explica, se hace un reconocimiento a la vida pero no puede estar por encima de los planes de vida y derechos de las mujeres. Además, ha habido discusiones sobre la objeción de consciencia, en las que se resguarda este derecho del personal de salud a la vez que establece muy claramente que la objeción de consciencia no puede ser institucional: “En este sentido obliga al Estado a tener proveedores de salud que atiendan a quien lo necesite. Estas últimas discusiones son de muy avanzada al poner en el centro la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.

Cuba

Cuba fue el primer país de América latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En 1961 la práctica salió de la clandestinidad y en 1965 se creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, la práctica debe llevarse a cabo en una institución hospitalaria, por personal experto y de forma totalmente gratuita. 

Desde hace casi 60 años, entonces, las cubanas acceden a su derecho a interrumpir un embarazo siempre que sea en un marco institucional y dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Más allá de este plazo se siguen criterios médicos.

Aun antes de la Revolución, igualmente, la interrupción del embarazo podía enmarcarse en causales. A partir de 1936 el aborto fue legal en Cuba para salvar la vida de la mujer o evitar un daño a su salud, en caso de violación, o si existía la posibilidad de transmitir al feto alguna enfermedad grave.

“Es importante que exista el derecho desde 1936. La Revolución del 59 heredó esa conquista. Pero a pesar de ser legal no existe una ley constitucionalizada, como en Argentina. Y eso no es bueno, porque aunque una mujer cisgénero pueda decidir no continuar con un embarazo tiene obligatoriamente que pasar por el sistema de salud”. Así se explica la periodista y ecuménica Yuliet Teresa Villares Parejo desde Morón, municipio de la provincia cubana de Ciego de Ávila.

Según Villares Parejo, en Cuba existe un método menos invasivo de interrupción que es la regulación menstrual, que se hace en una institución sanitaria. “Los altos números sobre esta práctica que ha informado el Ministerio de Salud dan cuenta de un nivel de educación sexual integral muy bajo en nuestro país. Este es uno de los debates que nos estamos dando en el movimiento feminista: la necesidad de un programa que se imparta en la educación cubana, porque obviamente a nuestras adolescentes y a nuestros jóvenes les falta información. Por otro lado, hay una escasez muy grande de anticonceptivos. Claro que es un derecho el aborto, pero las formas anticonceptivas tienen que existir en el sistema nacional de farmacia porque en el imaginario de muchas mujeres cubanas el aborto es la última opción”.

Para Villares Parejo tampoco es un dato menor que se trate de un proceso de gran impronta burocrática: “Sabemos que abortar es seguro, es legal, pero es muy moroso. Para que una mujer rural llegue al hospital provincial… la demora, el burocratismo es muy fuerte. La morosidad en una persona que quiere abortar, teniendo en cuenta que se le puede pasar el tiempo, es complejo. Ese es otro de los desafíos que tiene la salud pública de Cuba, con el Estado como eje gobernante de todo el proceso”. 

El Salvador

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas, con una prohibición de la práctica en todas las circunstancias. 

La historia de Manuela ─una mujer joven, analfabeta, de la zona rural salvadoreña ─ es un ejemplo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país. Manuela llegó al hospital público con una emergencia obstétrica, pero el personal de salud la denunció alegando que había abortado por ser infiel. El centro de salud se convirtió así en una antesala del juicio: Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Varios meses después le diagnosticaron cáncer linfático, enfermedad que pudo haber causado la pérdida del embarazo. Falleció en prisión. Tenía dos hijos. 

“La situación de penalización absoluta del aborto ha generado que entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas. Las consecuencias de esta ley, además, hacen cómplice al Estado salvadoreño de la violencia sexual y los embarazos impuestos que enfrentan niñas y mujeres”. Sara García es activista feminista de El Salvador y defensora de derechos humanos y cree que en la actualidad se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que ha aumentado presencial militar y ha acumulado más poder desdibujando la separación de poderes de Estado. “Encima, la nueva Asamblea Legislativa conformada mayoritariamente por diputadas y diputados del partido de gobierno ha archivado la propuesta que habíamos colocado para despenalizar el aborto, sin diálogo ni debate”, indica.

Nicaragua

En Nicaragua la interrupción del embarazo también está penalizada bajo cualquier supuesto. El 16 de noviembre de 2007, el Código Penal explicitó la pena de uno a tres años de prisión a “quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer (…) Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”. Y penas de uno a dos años de prisión a “la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique”. Se castiga, incluso, el aborto terapéutico ─aquel que se realiza cuando la vida de la persona gestante o el feto corren peligro─, y no importan las edades ni las situaciones de abuso sexual.

Maryorit Guevara es periodista feminista y directora de La Lupa, el único medio crítico con perspectiva de género en Nicaragua: “Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron con acuerdos que se reformara la ley para penalizar el aborto, permitido en algunas circunstancias por más de 100 años en el país. Este pacto político favoreció al Frente Sandinista de Liberación Nacional para poder retornar al poder y congraciarse con la Iglesia. Sin embargo, vale mencionar que no tenemos casos, como en otros países de Centroamérica, de mujeres que hayan sido procesadas y condenadas por este supuesto delito”, dice esta periodista, que aclara que esto no significa que no se practiquen abortos, “sino que hay una gran clandestinidad en clínicas que no cuentan con las condiciones necesarias, y son situaciones que terminan atentando contra las vidas de las mujeres”.

Guevara pone el foco en otra de las consecuencias más dolorosas de los 14 años de penalización absoluta del aborto en Nicaragua: “La afectación más visible es el embarazo impuesto en niñas y adolescentes. Hasta 2020, al menos 1600 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres. Sin tener acceso a justicia a pesar de haber sufrido vejaciones. Esta es una de las mayores denuncias que se ha hecho desde el movimiento de mujeres organizadas nicaragüenses”.

Chile

La ley 21030 del año 2017 reguló la despenalización de la interrupción del embarazo en Chile bajo tres causales: si la mujer se encuentra en riesgo vital, si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, o si el embarazo fuera resultado de una violación ─siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación─. 

Izani Bruch, Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, señala los pasos dados cerca de la cordillera: “La ley de las tres causales no contempla las realidades de todas las mujeres, pero se perciben muchas resistencias desde sectores de la derecha, de parte de iglesias evangélicas, de la iglesia católica y de los movimientos pro-vida para generar cambios. Sin embargo, en el último debate presidencial, tres de los cinco candidatos en campaña plantearon estar de acuerdo con impulsar la ley de aborto legal, seguro y gratuito que demandan las mujeres y los feminismos chilenos”.

Cabe recordar que el estallido social que movilizó a Chile en octubre de 2019 abrió un proceso constituyente histórico que se orientó a la elaboración de una nueva Constitución. Por primera vez, entonces, existe la posibilidad de incorporar al catálogo de derechos fundamentales la salud, la salud sexual y reproductiva, y los derechos sexuales y reproductivos.

Uruguay

La ley 18.987 aprobó en 2012 la legalización del aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación, y los datos oficiales cuentan que son 75 mil las mujeres que en ocho años de servicios pasaron sus abortos por el sistema de salud.

Pero aunque fue punta de lanza en América del Sur, la norma uruguaya no sacó al aborto del Código Penal; y mantuvo como punibles a las mujeres que aborten o a quienes las ayuden a abortar por fuera de las condiciones definidas por la ley. Es decir: fuera de las 12 semanas de gestación, fuera de los servicios de salud y a las migrantes con menos de un año de residencia. Hasta las 14 semanas se permite interrumpir un embarazo solo en casos de violación, y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida.

“Esa no era la ley que queríamos ni que habíamos peleado como movimiento feminista, porque es restrictiva y extremadamente tutelante. Establece una serie de condiciones para llegar al aborto legal que son una falta de respeto a la capacidad ética de las mujeres de tomar nuestras propias decisiones. La ley uruguaya lo que hace es poner bajo control médico el cerciorarse que la mujer esté decidiendo por un aborto de manera informada y responsable, y la intencionalidad es que desista de abortar. Esto es grave en términos feministas y es un dolor enorme para nosotras”. 

Quien comparte el pesar es Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer Y Salud (MYSU), una organización para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay.

“A los seis meses, sin embargo, tuvimos que salir a defender esa ley que se había conseguido porque los opositores ─que hoy gobiernan el país─ constituyeron una Coordinadora Por la Vida para derogar la norma llamando a una consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana necesitaba el 25% de adhesión para habilitar un plebiscito derogatorio. Solo obtuvieron el 9%, y esto fue el gran éxito que tuvimos como movimiento social en términos de apoyo democrático a la lucha que habíamos llevado”.

Luis Lacalle Pou asumió en 2019 como presidente de Uruguay por el Partido Nacionalista. Previamente, como diputado, no apoyó ninguna de las leyes de la agenda de derechos: aborto legal, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, ley de jornada laboral del peón rural, ley para empleadas domésticas, ni la ley integral para personas trans. Y en campaña declaró que su gobierno seguiría una agenda “pro-vida”.

Así analiza Abracinskas el recorrido reciente: “Como movimiento feminista debemos estar alertas siempre. Saber que nada de lo que se consigue termina estando grabado a piedra. Por eso creo que entre las cosas que hicimos bien estuvo mantener la movilización social en torno al aborto. Que la gran movilización que hubo en Uruguay para conseguir la ley no se desvinculara. Porque conseguir la ley no es el final del camino sino entrar en una nueva fase, que requiere apropiarse del logro, garantizar los servicios, mantener exigibilidad ciudadana para que lo que se comprometió se cumpla y tratar de generar las condiciones para avanzar sobre lo logrado”.

Argentina

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, destaca la amalgama feminista de la región: “En América latina hay una marea verde muy grande, y nuestra ley ha generado un impacto altamente positivo. Tenemos muchos intercambios con distintos países de la región para favorecer la ampliación de derechos a partir de la experiencia argentina. Sobre todo porque nosotras logramos llegar a sancionar la ley con mucho apoyo de la red feminista latinoamericana”.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley en Argentina, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos ocho meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.

Algunos números que refleja el Informe de Implementación de la Ley 27.610 con fecha junio de 2021 son 22 intervenciones del equipo legal de la DNSSR por problemas relacionados con el acceso a IVE-ILE y con el acceso a anticoncepción durante la pandemia; 12.010 llamados durante el primer cuatrimestre de 2021 a la línea telefónica gratuita que brinda información a la población o 15.445 tratamientos de misoprostol distribuidos en el primer semestre 2021. 

Pero el trecho es largo y “en la cancha se ven los pingos” dice el dicho. Por eso, desde distintos espacios feministas festejan lo logrado mientras machacan con lo que falta.

Julieta Bazán es médica generalista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir: “Celebramos la ley que nos da un piso para seguir exigiendo que se cumplan las acciones necesarias para su implementación. Porque notamos que muchas provincias generan discursos contradictorios que dificultan el acceso al derecho y a información segura. Es una ley nacional y se necesita que todos los efectores tengan los medios para garantizarla. Asimismo notamos mucha heterogeneidad: en las ciudades más grandes hubo un aumento de la demanda y de tratamientos pero que son insuficientes. Las personas que recurrían a intervenciones clandestinas se animan hoy a acercarse al sistema de salud, pero no estamos pudiendo dar abasto con las respuestas. Faltan recursos, tanto en equipos de salud capacitados como en tratamientos”.

De punta a punta, América latina batalla contra el perejil. También contra las perchas, las agujas de tejer, las varas de mimbre y el yuyerío que, desde que el mundo es mundo, las mujeres usan para inducir abortos. Porque las mujeres siempre abortaron. Pero algunas, muchas, todavía mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina

Por Mariana Fernández Camacho

28 sep 2021

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Habitantes de Beita son dispersados con gas lacrimógeno, en el mejor de los casos, luego de incomodar a colonos israelíes y ahora a soldados que los sustituyen. Foto Afp

En el pueblo palestino de Beita, al norte de Cisjordania, una peculiar función de cine al aire libre se proyecta cada noche. Sentados en sillas de plástico y armados con punteros láser, linternas y altavoces, sus habitantes hacen ruido y proyectan luces hacia la colina vecina y hartar a los israelíes para que se marchen.

Desde mayo Beita quiere encarnar una nueva forma de resistencia que sea independiente de los partidos políticos ante la ocupación israelí.

"Aquí hay sólo una bandera: la de Palestina. No hay Fatah, Hamás o FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina). No hay líderes carismáticos. Intentamos hacer desde abajo lo que los dirigentes no logran hacer desde arriba", dice Said Hamayel, uno de los manifestantes.

La movilización de los 12 mil 500 habitantes de este pueblo ha tenido frutos: a principios de julio los colonos israelíes que habían instalado sus caravanas en la colina situada frente a Beita fueron remplazados por soldados.

El asentamiento de Eviatar, creado sin el visto bueno de las autoridades israelíes, fue desalojado en virtud de un acuerdo logrado entre colonos y gobierno, mientras éste decide sobre los derechos de propiedad de la colina, territorio palestino que Israel ocupa desde 1967.

Todas las colonias instaladas en los territorios palestinos son ilegales, de acuerdo con el derecho internacional. El gobierno israelí autoriza la instalación de buena parte de estos asentamientos, pero hay una pequeña parte, llamadas "colonias salvajes", que nacen sin ningún tipo de permiso de las autoridades, como fue el caso de Eviatar.

Una vez que los colonos se fueron, los habitantes de Beita hubieran podido abandonar la lucha, pero las protestas siguen con el fin de "volver locos" a los soldados que ahora patrullan la colina y garantizar que la colonia no vuelva nunca a ser reconstruida.

Las protestas han ocasionado enfrentamientos violentos entre palestinos y militares que no han dudado en responder abriendo fuego. Hamayel pagó un alto precio por esto: su hijo Mohamed. El chico de 15 años murió a mediados de junio tras recibir un disparo fatal. El ejército israelí explicó que abrió fuego contra los manifestantes "porque ponían en peligro" a las tropas.

"Los israelíes quieren cortar de raíz esta nueva forma de resistencia popular. Tienen miedo", asegura el hombre, reprochando a la Autoridad Palestina –el gobierno del presidente Mahmud Abas– de que "sólo haga declaraciones" contra la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este.

En 2007, después de que Hamás ganara las elecciones en la franja de Gaza y tomara las riendas de este enclave palestino, hubo graves enfrentamientos entre este movimiento islamista y el Fatah, de Abas. Desde entonces, Gaza y Cisjordania funcionan como dos entidades separadas.

Afp

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Héctor Béjar, excanciller de Perú: "Los grupos ultras del Congreso quieren la destitución de Pedro Castillo"

El exguerrillero y sociólogo cuenta los entretelones de su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores

Béjar está convencido de que su forzada renuncia le brinda espacio político a la derecha, pero no así en la calle. "Esto ha sido el comienzo de un golpe de Estado blando" afirma quien seguirá apoyando al gobierno de izquierda. 

 En diálogo con Página12, el primer canciller del gobierno de Pedro Castillo, el exguerrillero y sociólogo Héctor Béjar, que antes de cumplir tres semanas en el cargo tuvo que renunciar a pedido del gobierno por presiones de los militares, la derecha y los medios, habla sobre los entretelones y repercusiones de su salida, el rumbo que está tomando la gestión de Castillo y los riesgos para su estabilidad. Este martes, Béjar traspasó la conducción de las relaciones exteriores del país a su sucesor, el diplomático Oscar Maúrtua, quien ya ejerció el cargo en el gobierno neoliberal de Alejandro Toledo (2001-2006). En su discurso de despedida insistió en lo que había dicho cuando asumió la Cancillería: la necesidad de cambiar la política exterior peruana para apostar por la integración regional.

El excanciller revela que después que la Marina emitiera un airado comunicado atacándolo por haber dicho, en una pasada conferencia dada antes de ser ministro, que miembros de ese instituto armado iniciaron en los años setenta el terrorismo en el país -hubo atentados contra altos oficiales de la propia Marina que apoyaban al gobierno reformista de izquierda del general Juan Velasco y sabotaje con explosivos contra dos barcos pesqueros cubanos-, lo llamó el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, para comunicarle que el gobierno quería su renuncia. “Eso fue muy divertido porque Bellido estaba muy nervioso y no sabía explicar lo que quería decirme”, dice, riendo.

- La Marina amenazó denunciarlo judicialmente si no se rectifica y pide disculpas por sus afirmaciones de que ese instituto armado inició el terrorismo en el Perú. ¿Lo va a hacer?

- Claro que no. Lo que he hecho es acopiar más información. Lo que yo he dicho en una conferencia del año pasado de que, en 1974, antes que aparezca Sendero Luminoso en 1980, elementos de la Marina iniciaron el terrorismo en el Perú, es una verdad histórica.

- ¿En la guerra interna de los años ochenta y noventa hubo terrorismo de Estado?

- Claro que sí. El terrorismo de Estado fue terrible. Los Andes peruanos son una gran fosa común, hay miles de personas sepultadas. En el cuartel general del ejército, que aquí llamamos El Pentagonito, ubicado en un barrio residencial de Lima, hay hornos en los que se quemaron cuerpos. Son tan torpes que dejaron un dedo carbonizado, lo cual permitió comprobar que ahí se quemaban cadáveres.

- ¿Que el gobierno haya cedido a las presiones de la derecha y los militares para su salida de la Cancillería demuestra su debilidad y ha permitido que esos sectores ganen un importante espacio?

- Sí, absolutamente. Lo ocurrido ha sido una muestra de debilidad del gobierno ante el poder armado y un precedente muy peligroso. Aquí la derecha está formada por mafias comprometidas en diversos delitos que se cubren con una ideología de ultraderecha. Esos sectores han ganado muchísimo espacio político, pero en la calle no han ganado espacio. Esto ha sido el comienzo de un golpe de Estado blando. Los grupos ultras del Congreso lo que quieren es la destitución del presidente. La derecha puede sacar a Castillo en el Parlamento, otra cosa es que el Perú lo acepte.

- ¿La calle se levantaría si sacan a Castillo?

- Estos grupos de derecha están sumamente desprestigiados y me parece difícil que el país, más allá que la calle apoye o no al presidente Castillo, acepte un gobierno impuesto por estos grupos de delincuentes.

- ¿Por qué cree que la oposición de derecha al gobierno apuntó prioritariamente contra usted?

- A ellos les parece inaceptable que alguien que ha estado en la guerrilla esté en el gobierno. Les parecía que yo era el más peligroso del régimen, porque tengo una posición clara. En mi primer mensaje como canciller anuncié una política exterior independiente, soberana, eso es inaceptable para esos sectores.

- ¿Se forzó su salida para bloquear un cambio en la política exterior que priorice la integración regional?

- Sí. Ellos todavía viven la era Trump. La política exterior peruana ha obedecido a la política de Trump sin ninguna discusión. Trump ya no está, pero ellos siguen con esa política.

- ¿Cómo ve la política exterior peruana con el nuevo canciller Oscar Maúrtua?

- Es una interrogante. Espero que sean lo suficientemente valientes para no aceptar las sanciones contra Venezuela. Ojalá se tenga la decencia de no continuar la política hostil que ha habido contra ese país hermano. Por cortesía no quiero opinar sobre el nuevo canciller, pero tengo profundas dudas sobre la capacidad del gobierno de Castillo para mantener una política exterior digna.

- ¿Cuánta importancia le da Castillo a la política exterior, a la integración regional?

- Eso no está en su agenda prioritaria. Creo que eso lo tiene asumido de manera muy vaga, muy poco precisa.

- ¿El gobierno entregó su cabeza a la derecha para intentar bajar sus críticas pocos días antes que este jueves el gabinete ministerial se presente en el Congreso para pedir el voto de confianza?

- Sí. Quieren hacer méritos para que el Congreso, que está bajo la presión de un grupo de ultraderecha tipo Vox, los acepte. Desgraciadamente hay una tradición de un sector de la izquierda peruana de querer ser la izquierda que la derecha acepta. Creo que esa es la conducta que el gobierno está adoptando en este momento.

- ¿La estrategia de la derecha es centrar sus ataques contra el sector más de izquierda del gobierno?

- Sí, coincido con eso. La estrategia de estos grupos es primero hacer que el gobierno se desembarace de su izquierda más radical, cosa que ya el gobierno está haciendo, dividir al gobierno, que es una especie de alianza entre radicales y moderados, y cuando esa división esté establecida comenzar a atacar a los grupos moderados de la izquierda que están en el gabinete y sobre la base de este ataque chantajear a estos grupos moderados para que giren a la derecha. Si no logran eso, buscarán sacar al presidente Castillo.

- ¿Cómo ha visto al presidente Castillo y al gobierno desde adentro del Ejecutivo?

- Para ser franco, he visto un gobierno heterogéneo, débil, con una estatura menor que la necesaria. Y a un presidente sorprendido, que desconoce los mecanismos del poder estatal. Los grupos corruptos tienen iniciativa, mucho dinero y sí conocen el Estado. Hay una situación de desigualdad muy peligrosa para los intereses del pueblo y del país.

- ¿Siente desilusión por el rumbo que está tomando el gobierno?

- Más que desilusión, diría preocupación, y peor todavía, más que preocupación, casi tengo la convicción que el Perú se encamina a un gobierno de centro que es inviable, porque la corrupción es tan grande y el poder de estos grupos tan feroz que ni siquiera eso los va a satisfacer.

- ¿Cuál es la alternativa?

- Trazar una línea roja que no debe pasarse, que Castillo mantenga su alianza con los sectores más radicales y sobre la base de esa alianza proyectar una democracia real, con protagonismo de los sectores más pobres, a los que hay que darles poder.

- ¿Es viable un gobierno radical de Castillo con la derecha controlando el Congreso?

- Creo que sí, porque estos grupos de derecha son cobardes y cuando la gente se moviliza en la calle los matones corren. Se debe movilizar a la gente, pero no solo en mítines y manifestaciones, sino poniendo el poder en manos del pueblo, en los comités barriales que ya existen, darle poder a esa población. Esa enorme red de organización popular que hay en el Perú que está desarticulada, el gobierno debería articularla y transferirle poder y crear una nueva situación. Eso tiene que ser alrededor de los puntos que están en la primera agenda de sobrevivencia de la gente, que son trabajo, salud y educación.

- ¿Qué le dijo Castillo cuando le ofreció la Cancillería?

- Nunca antes había hablado con él. Me dijo que quería nombrarme canciller en homenaje a lo que represento. El homenaje no era a mí, sino a todos los que lucharon conmigo, sobre todo a ellos. Cómo iba a decir que no. No esperaba esa propuesta, vacilé unos quince segundos y acepté.

- ¿Cómo se siente ahora que ha tenido que dejar la Cancillería?

- Me siento muy bien, liberado. Seguiré escribiendo, dando conferencias. Seguiré tratando de colaborar con el gobierno porque esta es una oportunidad histórica que no debemos perder. Seré siempre un aliado del gobierno. Claro que si el gobierno se va al otro lado, entonces ya no seré su aliado. He recibido una enorme adhesión de miles de personas de toda América Latina, incluyendo muchos compañeros y compañeras de Argentina, por lo que estoy muy agradecido.

 

24/08/2021

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Las campeonas durante la ceremonia de premiación del BMX femenino en los Juegos Olímpicos 2020. — José Méndez / EFE

Las deportistas luchan en Tokio 2020 por unos juegos sin sexismo y con la mirada puesta en la igualdad de género.

 

El movimiento feminista está creciendo continuamente, haciéndose más visible, incordiando a quienes no quieren un cambio en el patriarcado. Esta lucha se ha internacionalizado y extendido a todas las áreas de la sociedad, entre ellas el deporte, y por ende los Juegos Olímpicos.

Las mujeres en el deporte han hecho historia, desde la primera vez que pudieron participar en las Olimpiadas de 1900 celebradas en París, hasta la inclusión de deportistas en 1928 en disciplinas como atletismo, esgrima, natación y gimnasia. Después de 121 años desde la participación de las féminas, los Juegos Olímpicos de Tokio cuentan con una participación femenina del 49%, rozando la paridad. 

 "Cada país tiene unas discriminaciones diferentes, pero la igualdad es una premisa que se busca conseguir en el deporte" expone Mar Mas, presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP). "El Comité Olímpico está haciendo mucho esfuerzo en conseguir la igualdad: competiciones mixtas, abanderados paritarios, incluso se rechaza a los países que lleven un equipo masculino, por ejemplo de baloncesto, y no uno femenino".

La marea morada ha renacido en la era de las redes sociales; sumando apoyos bajo una misma consigna, unas pocas palabras que se convertían en las abanderadas de toda una batalla. Un lema para luchar contra las agresiones sexuales y el acoso como fue el #MeToo o un grito frente al Ministerio de Justicia cuando se puso en duda el testimonio de la víctima de la ‘Manada: Yo sí te creo. Esta ola feminista que ha aparecido en los últimos años se ve reflejada en los Juegos Olímpicos.

Si las deportistas se visten con una prenda larga es un problema, pero si es más corta de lo habitual también

Hay una necesidad creciente de abordar todas las desigualdades, de hacerlo de una forma tajante. Sin preguntar. Por eso las jugadoras de balonmano playa no tuvieron miedo ante las penalizaciones por llevar un pantalón que no las sexualizara, por eso las gimnastas alemanas vistieron un mono entero para evitar que su disciplina fuera vista desde la mirada depredadora del sexismo. Y si se visten con una prenda larga es un problema, pero si es más corta de lo habitual también, como la crítica de una jueza de los Juegos Olímpicos a Olivia Breen, campeona paralímpica de salto de longitud, por usar un pantalón "demasiado corto". Mas sentencia que el comité olímpico "debe seguir avanzando" porque si no las Olimpiadas terminarán siendo simplemente "una gran inversión a nivel infraestructuras y un evento comunicativo, si las mujeres no estamos en igualdad de condiciones".

Nuevas generaciones de deportistas

"Ahora las patinadoras se están atreviendo a lanzarse, antes no se les entrenaba, no se les motivaba a intentarlo"

Las deportistas más jóvenes, aquellas que están en la adolescencia o su veintena, han crecido con la insurgente oleada feminista, es por ello que luchan por la igualdad en el deporte. Lucía del Prado Montero, excampeona de España Novice en patinaje artístico, explica como últimamente multitud de mujeres están realizando saltos que solo hacían los hombres: "Al principio se pensaba que las mujeres no podían hacerlos porque no tenían suficiente fuerza". Es el caso de Alexandra Trusova, la primera mujer en hacer un cuádruple axel en competición. "Ahora todas las patinadoras se están atreviendo a lanzarse y hacerlo, antes no se les entrenaba para ello, no se les motivaba a intentarlo".

El patinaje artístico, al igual que la gimnasia rítmica son dos deportes muy feminizados y donde el sexismo permanece todavía. Marta González, entrenadora de rítmica, ha notado a lo largo de su carrera esta diferenciación entre mujeres y hombres compitiendo en su disciplina: "Cuando yo entré a hacer rítmica había un chico más mayor en el equipo, era buenísimo, le teníamos como referente" -explica la gimnasta- "al crecer y competir en el equipo conjunto contra otros chicos aparecieron los comentarios sexistas".

El camino hacia la igualdad

"Hemos tenido problemas con las mujeres que están en estado de lactancia, no han podido entrar en los Juegos con su bebé"

Sin embargo, pese a esos esfuerzos todavía queda una larga retahíla de problemas que solucionar como las políticas de conciliación en el deporte. "Hemos tenido problemas con las mujeres que están en estado de lactancia -denuncia Mas- no han podido entrar en los Juegos con su bebé". Al igual que la maternidad, existe una desigualdad mucho más visible: la salarial. La presidenta de la AMDP recuerda que el dinero público debe garantizar la no discriminación de la ciudadanía y en el deporte no se cumple con las mujeres: "Estados Unidos abrió una batalla muy fuerte en el fútbol con el equal play, equal pay (mismo juego, mismo salario) ¿Por qué si entreno lo mismo, me lesiono lo mismo, juego lo mismo, por qué voy a cobrar mucho menos? Hay una Ley de Igualdad del año 2007 en España que a nadie se le ocurre aplicar, les interesa seguir ganando ese dinero y no perder sus privilegios. Es una cuestión política que ningún partido ha abordado".

La clave para conseguir la igualdad en el deporte la tiene Mas: "Todo eso pasa por tener una independencia económica, un Estado que regule y proteja esos derechos, y sobre todo, una ciudadanía en la que confiar para que cuando salga un titular machista hacia las mujeres deportistas, se condene. Las mujeres debemos de tener la mitad de dinero, la mitad de tiempo, la mitad de las infraestructuras. La mitad de todo porque somos la mitad de la población; y la mitad de todo es nuestro".

madrid

01/08/2021 13:42

Sara Pardo García@pardosarag

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La travesía zapatista desborda al movimiento antiglobalización

Propongo pensar la Travesía por la Vida que organiza el EZLN como la superación del movimiento antiglobalización que despegó en la década de 1990, recuperando las tradiciones de movilización internacionalista, pero, a su vez, superando algunas de las limitaciones que permitieron que fuera neutralizado.

A finales de la década de 1980 comenzaron a realizarse encuentros y concentraciones de los movimientos contra la globalización, en cada ocasión en que se producían cumbres del Banco Mundial, del FMI y otros organismos internacionales. En la década de 1990, nacieron coordinaciones internacionales, como Vía Campesina (1992) y la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras (ATTAC, en 1998). Ese año nacieron la Acción Global de los Pueblos contra el Libre Comercio y la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En 1999 se organizaron grandes manifestaciones en Seattle, donde más de 50 mil manifestantes consiguieron abortar la reunión de la OMC. En adelante, cada reunión del G-7 o de los diversos organismos internacionales se topó con una “contracumbre”, cuya máxima expresión se dio en Génova en 2001, donde el movimiento sufrió una brutal represión.

En 2001 se realizó el Primer Foro Social Mundial en Porto Alegre, que fue replicado durante años en diversas ciudades del mundo. Fueron encuentros de movimientos, ONG y partidos donde predominaron la heterogeneidad y la diversidad por abajo y una tendencia homogeneizadora en las instancias de coordinación.

Como señala un excelente trabajo de tres miembros de Ecologistas en Acción (Luis González Reyes, Tom Kucharz y Beatriz Sevilla), estos encuentros estuvieron “en la génesis del siguiente ciclo de luchas, que fue cualitativamente y cuantitativamente más importante: el movimiento indignado y de ocupación de plazas que eclosionó entre 2008 y 2011 en diferentes países”(https://bit.ly/2VaElvk).

El movimiento contra la globalización, nombre que prefieren al de “alterglobalizador” o “altermundialista”, porque la globalización capitalista es “la única existente”, no consiguió sostenerse en el tiempo, en gran medida porque buena parte de sus referentes, en particular después de la crisis de 2008, optaron por incrustarse en las instituciones, como sucedió con Syriza en Grecia, con Podemos en España y en los países latinoamericanos donde hubo gobiernos progresistas.

Así, las potentes luchas en América Latina, así como el 15-M en la península ibérica y la primavera árabe, se diluyeron entre las contraofensivas de las derechas y la esterilidad del juego parlamentario. Lo cierto es que aquellas coordinaciones y contracumbres, con que se respondía a las cumbres del sistema, desaparecieron del mapa político.

Por el contrario, los zapatistas que convocaron el Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, en 1996 en La Realidad, nunca dejaron de organizar reuniones internacionales en estos 25 años, incluyendo la Escuelita que fue mucho más que un encuentro: una convivencia para el aprendizaje entre los de abajo en las comunidades, municipios autónomos y caracoles.

Creo que la Travesía por la Vida es la superación de las experiencias que acabo de reseñar de forma brevísima e incompleta. Lo es por varias razones.

La primera, porque supera el concepto de “ciclo de movilización” o “ciclo de protesta”, concepto acuñado por el sociólogo Sidney Tarrow para explicar la acumulación de acciones en breve tiempo. Cuando finaliza un ciclo sobreviene la desorganización, la crisis del movimiento, su cooptación por el Estado o los partidos y las luchas decaen hasta casi desaparecer. Superar el ciclo implica la organización permanente, sin descanso, aunque la movilización no lo sea.

La segunda, consiste en ir más allá de la movilización reactiva contra gobiernos e instituciones, para presentarles demandas o impedir ciertas iniciativas. Se reacciona a la agenda del poder que, siendo necesaria e imprescindible para ponernos en movimiento, al no conseguir crear una agenda propia, nos deja como prisioneros de las iniciativas de arriba.

A mi modo de ver, esta es una de las mayores debilidades de los movimientos porque de ese modo no consiguen construir lo propio, lo que nos termina volviendo funcionales al sistema de dominación. El FMI y el Banco Mundial tienen su agenda, la van manejando a su modo y con sus tiempos, pero nosotros necesitamos nuestros tiempos y agendas para ser verdaderamente autónomos.

Por último, la Travesía por la Vida profundiza los modos anticapitalistas, contra el patriarcado y el colonialismo porque son encuentros entre los abajos, en los espacios cotidianos de quienes resisten, pagados por quienes luchan y no por ONG y gobiernos, para hablar de nuestras limitaciones y el modo de superarlas.

Quiero entender la travesía como un inmenso abrazo colectivo, para hacernos comunidades más fuertes, enfrentando juntas la tormenta.

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Una mujer afro-colombiana de 23 años en la primera línea. Antonio Cascio

Las mujeres y los pueblos indígenas son dos de los protagonistas de un levantamiento que ha sacudido la sociedad colombiana.

 

“Muchas mujeres están luchando, no solo por sus derechos, sino por los derechos de todos”, asegura Yomali Torres, activista afrocolombiana y una de las tantas que se han unido al paro nacional para demandar el fin del sistema neoliberal y patriarcal. 

Las mujeres colombianas han ejercido un papel protagonista en el actual ciclo de protestas, por una parte como organizadoras y por otra como víctimas. Actores nacionales e internacionales se han pronunciado en contra de los múltiples casos de violencia y abuso sexual reportados en todo el país. Estos hechos, sin embargo, no son exclusivos de la crisis que se vive actualmente. Tanto la policía, como las fuerzas armadas y los grupos ilegales han usado por décadas los cuerpos de las mujeres como armas de guerra. 

El paro nacional, que cumplió un mes el pasado 28 de mayo, se inició como rechazo a un plan de reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Dicha reforma afectaría desproporcionadamente a las clases medias y bajas, en medio de la crisis económica generada por la pandemia. 

A causa de la fuerte presión de los manifestantes, el presidente Iván Duque pidió al Congreso retirar la propuesta. No obstante, el descontento social de los colombianos va mucho más allá de esta singular reforma. Prueba fehaciente de esto son las continuas, incansables y escaladas manifestaciones que se siguen desarrollando en todo el país. 

A finales de 2019, Colombia presenció varias protestas multitudinarias donde participaron diversos sectores de la sociedad. Entre los principales puntos de inconformidad se encontraban las políticas económicas, sociales y del medio ambiente, la mala implantación de los acuerdos del tratado de paz, y el alto índice de líderes sociales asesinados. De acuerdo con el reporte de la Unidad de Investigación y Acusación, 904 líderes han sido asesinados entre diciembre de 2016 y abril de 2021. 

Violencia de género: un tema que nunca acaba

Históricamente, las mujeres han sido las más afectadas por el conflicto armado y las desigualdades sociales. La violencia y los abusos sexuales son utilizados para tomar control sobre los territorios y los recursos naturales de las comunidades. En el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un documento donde indicaba que el 52% de las mujeres desplazadas reportaban haber sufrido algún tipo de abuso físico y el 36% habían sido obligadas a tener relaciones sexuales con desconocidos. 

Actualmente y bajo un contexto de múltiples transgresiones de los derechos humanos —incluyendo ejecuciones extrajudiciales, personas desaparecidas, casos de tortura, detenciones arbitrarias y uso de armas de fuego—, la violencia de género sigue siendo desplegada en contra de la población. Según la Defensoría del Pueblo, se han reportado 106 casos de violencia de género, de los cuales 23 corresponden a actos de violencia sexual. 

Con consignas como “la revolución será feminista o no será”, “no parimos hijxs para la guerra”, y “aguante por ellas, por temor a ser violadas”, manifestantes han rechazado la violencia en contra de la mujer y las desigualdades de género. 

Uno de los casos que ha ocasionado mayor indignación, es el de Alison Meléndez, una joven de 17 años de Popayán que se suicidó después de ser arrestada por la policía. Antes de quitarse la vida escribió una declaración donde acusaba a cuatro miembros del escuadrón antidisturbios (ESMAD) de abuso sexual. La víctima publicó en sus redes sociales que la policía solo la dejó en libertad al darse cuenta de que era la hija de un agente de policía. 

Grupos feministas y sus demandas 

Las mujeres de todo el país han tomado las calles demandando igualdad en aspectos como la educación, el acceso a la salud y las condiciones laborales. Su presencia ha sido significativa en grupos de defensores de derechos humanos, participantes de la primera línea y como organizadoras dentro de las comunidades. Aunque la instigación ha sido visible en todos los frentes, el caso de los defensores de los derechos humanos —en su mayoría mujeres— sale a relucir. 

“Nosotros hemos recibido amenazas de muerte de parte del ESMAD. Nos dijeron que no nos querían vivos”, asegura Isabella Galvis, del colectivo de derechos humanos Waman Iware. “En el momento nosotros no tenemos garantías. Ellos están usando armas de fuego durante las protestas y esto es ilegal bajo la ley colombiana”, asegura. 

Organizaciones feministas, por su parte, han coordinado varias concentraciones en apoyo al paro y en rechazo a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. El 10 de mayo, una coalición de 173 grupos feministas presentaron una lista de propuestas, donde se incluía una negociación inclusiva donde participaran todos los grupos que han tomado parte en el paro nacional, la desmilitarización inmediata de las ciudades y los territorios y una renta básica universal priorizando a las mujeres afectadas por la pandemia. 

Vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia y las desiguales

Los grupos afrocolombianos e indígenas han sido afectados —directa o indirectamente— por el racismo durante las actuales protestas. Cali, donde se ha reportado el índice más alto de represión y muertos, es la ciudad con la mayor concentración de comunidades afrocolombianas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

Las desigualdades existentes en Cali se verían incrementadas con la ejecución de la reforma tributaría, de salud, pensión y laboral, afectando fuertemente a las comunidades afro e indígenas, y a las mujeres pertenecientes a esos grupos en particular. 

“Estamos aquí conmemorando el día de la afrocolombianidad. Queremos luchar por nuestros derechos y por un mejor futuro”, explica María Niza Obregón, afrocolombiana de 17 años que tomó parte en las manifestaciones. “Se trata de vivir, no de sobrevivir”, resume. 

La reforma de la salud —que fue archivada después de 20 días de protestas— es un claro ejemplo de cómo estos proyectos iban a aumentar las desigualdades existentes. Las regiones con mayor concentración de comunidades negras e indígenas tienen a su vez los sistemas de salud más deficientes del país, según la organización Así Vamos en Salud

Yomali Torres, de 26 años, participa en la organización por la paz y los derechos de los afrocolombianos Cococauca. Denuncia la falta de hospitales y especialistas en el territorio de la costa pacífica del Cauca, donde ella habita: “Aquí, si alguien tiene un dolor en el pecho, tiene que ser transferido a Cali o a Popayán. Si nosotros no nos morimos es gracias a la medicina ancestral”. 

Torres condena las violaciones a los derechos de las mujeres y de la población colombiana. “De una forma u otra, nosotros estamos tomando provecho del paro para demandar justicia para todas las mujeres que han sido violadas, golpeadas y desaparecidas”, dice. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, las mujeres indígenas y afrodescendientes han sido afectadas desproporcionadamente por la violencia derivada del conflicto. “De 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres”, según cifras publicadas por la organización. 

Como símbolo de indignación, el 7 de mayo la comunidad de Guapi, ubicada en la Costa Pacífica del Cauca, organizó un evento llamado “La última noche”. Con expresiones culturales y tradicionales, la comunidad conmemoró a aquellos que perdieron la vida luchando por los derechos de los afrocolombianos y del resto de la población. El evento estuvo acompañado por representaciones de tumbas y alabaos —cantos ancestrales para los muertos—. 

Del mismo modo, las comunidades indígenas han ejercido una presencia significativa en el paro nacional. El 5 de mayo, más de 1.500 miembros de la minga indígena se movilizaron hacia Cali en una caravana humanitaria. Durante su estadía distribuyeron alimentos a personas de bajos recursos y realizaron actividades de acompañamiento durante las manifestaciones. 

La minga, sin embargo, tuvo que retirarse antes de lo previsto al ser atacados con armas de fuego por individuos vestidos de civil. Las “familias ricas de Cali en unión con la policía (…) dispararon de manera indiscriminada” contra miembros de la guardia indígena, denunció Feliciano Valencia, senador y líder indígena. Actualmente, las comunidades permanecen en paro desde sus territorios y un grupo de ellos se encuentra apoyando los procesos en Bogotá. 

El fin del estallido social no parece estar cerca, a pesar del desabastecimiento en algunas partes del país. “Nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer por los bloqueos”, asegura Torres, de Cococauca. “Históricamente hemos aguantado hambre por más de 200 años. Para nosotros, esto no es un obstáculo”. 

Por Antonio Cascio / Natalia Torres Garzón

3 jun 2021 06:00

Publicado enColombia
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