China testeó su capacidad militar y espacial con un misil hipersónico

La prueba, que se llevó a cabo en agosto pero acaba de hacerse pública, mostró que China había logrado un progreso asombroso en armas hipersónicas. Con una velocidad de 7.344 kilómetros por hora, es decir seis veces más rápido que la velocidad del sonido, fue capaz de dar un giro completo sobre el ecuador en menos de dos horas.

 

China probó un misil hipersónico con capacidad nuclear en agosto que dio la vuelta al mundo antes de llegar a su objetivo final, demostrando una capacidad espacial avanzada que tomó por sorpresa a la inteligencia estadounidense.

El Ejército chino lanzó un cohete que transportaba un vehículo planeador hipersónico que voló a través del espacio de órbita baja antes de descender hacia su objetivo.

Si bien el misil falló su objetivo por aproximadamente 24 millas, la prueba mostró que China había logrado un progreso asombroso en armas hipersónicas y estaba mucho más avanzado de lo que pensaban los funcionarios estadounidenses.

Los misiles hipersónicos son parte de la más alta tecnología militar en desarrollo. Por definición, las armas hipersónicas son aquellas que superan la velocidad del sonido en su vuelo, es decir, 1.237 kilómetros por hora (a una temperatura de 20ºC), según explica James Acton, codirector del Programa de Política Nuclear del Carnegie Endowment for International Peace, un grupo de expertos con sede en Washington.

Entre las principales versiones del arma se encuentran los vehículos planeadores hipersónicos (HGV), que son enviados al espacio, alcanzan grandes alturas y luego regresan con trayectorias sin rumbo definido hacia el objetivo. Los misiles de crucero hipersónicos (HCM) son un tipo de proyectil que tiene un sistema de propulsión que rompe la barrera del sonido varias veces.

El Xingkong-2 ("Starry Sky-2" en traducción libre), es un avión hipersónico no tripulado que, según el gobierno chino, viajaba a 7.344 kilómetros por hora. Es decir, seis veces más rápido que la velocidad del sonido, capaz de dar un giro completo sobre el ecuador en menos de dos horas.

Estados Unidos, Rusia y China están desarrollando armas hipersónicas, incluidos vehículos planeadores que se lanzan al espacio en un cohete pero orbitan la Tierra por su propio impulso. Son más lentos que un misil balístico, pero tienen la ventaja de no seguir la trayectoria de la parábola fija de un misil balístico y son maniobrables, lo que los hace más difíciles de rastrear.

Taylor Fravel, un experto en política de armas nucleares de China que desconocía la prueba, dijo que un vehículo hipersónico armado con una ojiva nuclear podría ayudar a China a dejar obsoletos los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses diseñados para destruir los misiles balísticos. "Los vehículos planeadores hipersónicos (...) vuelan en trayectorias más bajas y pueden maniobrar en vuelo, lo que los hace difíciles de rastrear y destruir", dijo Fravel, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

La creciente preocupación por la capacidad nuclear de China se produce en el mismo momento en que Beijing continúa fortaleciendo sus fuerzas militares convencionales y participa en actividades militares cada vez más asertivas cerca de Taiwán. Mientras acelera los preparativos para dar un paso hacia la reunificación militar de Taiwán con China continental, Xi Jinping busca acumular suficientes armas nucleares para disuadir a Estados Unidos de intervenir en nombre del gobierno de Taipei.

Taiwán, como hemos venido señalando, es estratégico para Beijing, tanto por su capacidad para brindar acceso a las aguas profundas del Océano Pacífico (que China no tiene) como por su posesión de infraestructura tecnológica avanzada, siendo la sede de la empresa de producción de semiconductores de última generación más valiosa del mundo: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Desde su primera prueba atómica en 1964, China se ha adherido a una política de "disuasión mínima", prometiendo no adquirir más capacidad nuclear de la necesaria para tomar represalias contra un ataque y afirmando que nunca tomaría la iniciativa en el uso de armas nucleares. Como resultado, se cree que China tiene alrededor de 350 ojivas nucleares, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), una fracción de las 5.550 ojivas que posee el imperialismo estadounidense.

Pero los descubrimientos recientes han alterado las predicciones sobre el ritmo de construcción del arsenal nuclear de China. Con el imperialismo estadounidense acechando, la burocracia reaccionaria de Pekín, encabezada por Xi Jinping, colocó el programa nuclear en el primer plano de importancia para los ingenieros militares del Ejército Popular de Liberación. Desde junio, los expertos han descubierto más de 200 silos de misiles en construcción en los remotos desiertos occidentales de China., en las provincias de Xinjiang y Gansu. El campo de construcción de silos de misiles de 800 km² en Xinjiang es la expansión más significativa del arsenal nuclear chino hasta la fecha. Según los datos, China está construyendo 10 veces más silos para misiles balísticos intercontinentales (Misiles Balísticos Intercontinentales, en el acrónimo en inglés ICBM) de los que tiene actualmente en funcionamiento.

La revelación del lanzamiento hipersónico se produce cuando la administración Biden lleva a cabo la Revisión de la Postura Nuclear, una revisión de políticas y capacidades ordenada por el Congreso que ha generado una fractura dentro del establishment yanki entre los defensores del "control de armas" y aquellos que dicen que Estados Unidos debe hacer más para modernizar su arsenal nuclear ante China.

El Pentágono no comentó sobre el informe, pero expresó su preocupación por China. "Dejamos en claro nuestra preocupación por las capacidades militares que China sigue buscando, capacidades que solo aumentan las tensiones en la región y más allá", dijo John Kirby, un portavoz. "Esta es una de las razones por las que consideramos a China nuestro principal desafío en términos de ritmo".

La difusión del ejercicio hipersónico también responde a las amenazas regionales de Estados Unidos en Asia-Pacífico. En particular, el acuerdo AUKUS, que involucra a Estados Unidos, Reino Unido y Australia , que permitirá a este último acceder a la tecnología de los submarinos nucleares del Pentágono. El acuerdo AUKUS fue la primera medida del regreso de Biden al "Pivot hacia Asia", después de la fallida retirada militar de Afganistán y la consiguiente desconexión de Oriente Medio, algo que enfureció al gobierno chino, que lucha por la posesión del Mar del Sur de China.

La embajada china se negó a comentar sobre la prueba, pero el portavoz Liu Pengyu dijo, según el Financial Times, que China siempre había seguido una política militar de "naturaleza defensiva" y que su desarrollo militar no estaba dirigido a ningún país. "No tenemos una estrategia global y planes para operaciones militares como los tiene Estados Unidos. Y no estamos para nada interesados ​​en participar en una carrera armamentista con otros países", dijo Liu. "En contraste, Estados Unidos ha inventado en los últimos años excusas como ’la amenaza de China’ para justificar su expansión militar y el desarrollo de armas hipersónicas. Esto ha intensificado directamente la carrera armamentista en esta categoría y ha socavado seriamente la estabilidad estratégica global".

Este armamento del Ejército Popular de Liberación estaba siendo desarrollado por la Academia China de Aerodinámica Aeroespacial. CAAA es un instituto de investigación de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, la principal empresa estatal que fabrica sistemas de misiles y cohetes para el programa espacial chino.

La idea de un desarrollo pacífico de China, justificada por la formación diferenciada de su Estado, introvertido y no beligerante, desarrollada por autores como Giovanni Arrighi o, con una visión menos sofisticada y cruda, por grupos estalinistas, no son congruentes con tiempos de crisis, guerras y revoluciones, en los que las disputas interestatales pueden adquirir un carácter beligerante en nombre de la preeminencia capitalista.

El conflicto entre Estados Unidos y China se da en este momento, y su carrera nuclear responde a objetivos contrarios a los intereses de las masas. Un eventual resultado militarista solo puede traer consecuencias reaccionarias a los trabajadores en China y en todo el mundo, que son la única fuerza capaz, con un programa independiente, de detener nuevas atrocidades por parte de las potencias explotadoras.

Por André Barbieri@AcierAndy

Lunes 18 de octubre

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Presidente de Ecuador decreta estado de excepción para enfrentar delincuencia

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en todo el país, como una medida para enfrentar el incremento de la delincuencia en varias ciudades del país andino.

"De inmediato nuestras Fuerzas Armadas y Policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican", dijo Lasso en un mensaje difundido por la Secretaría de Comunicación a través de varios medios.

El presidente añadió que durante el estado de excepción se realizarán controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día y requisas de droga, entre otras acciones.

"Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen", dijo el presidente.

Como parte de esas acciones, el Gobierno planea crear una Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, "entidad que se dedicará a la protección exclusiva de los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que sean demandados por cumplir con su deber".

El presidente añadió que ningún miembro de las fuerzas del orden tendrá que endeudarse para defenderse ante la justicia, que debe intimidar al delincuente y no a la Policía.

El Gobierno también indultará a policías y militares que hayan sido injustamente condenados por cumplir con su labor.

"Juntos llevaremos la batalla al hampa, donde sea que se esconda", sentenció el Presidente.

El presidente añadió que ningún miembro de las fuerzas del orden tendrá que endeudarse para defenderse ante la justicia, que debe intimidar al delincuente y no a la Policía.

El anuncio de Lasso se da luego de que el domingo, en la ciudad costera de Guayaquil (oeste), un niño de 11 años murió durante un asalto en un restaurante de un centro comercial.

Los delincuentes amenazaban con pistolas a los comensales para obligarles a entregar sus pertenencias.

Según comentaron testigos a medios locales, el niño murió por el impacto de una bala perdida, tras producirse un enfrentamiento entre los asaltantes y un Policía que se encontraba en el local.

El mandatario dijo que si bien nadie podrá reparar la pérdida de esa vida, hay que implementar acciones para terminar con la violencia que arrebató la vida a ese niño y a muchos ecuatorianos.

Lasso afirmó que Ecuador dejó de ser un país de tránsito de drogas para ser también un país de consumo, lo que se refleja en la cantidad de crímenes, que tienen relación directa o indirecta, con ese delito, así como con actos de sicariato y diversas formas de violencia.

"Más del 70% de las muertes violentas que hoy ocurren en Guayas están relacionadas con el tráfico de drogas", aseguró el mandatario.

La violencia que viven varias ciudades ecuatorianas también se siente en las cárceles ecuatorianas, entre las que enfrentamientos de diversas bandas delincuenciales dejan en lo que va del año más de 230 muertes y decenas de heridos.

El gobierno y analistas locales atribuyen esa violencia a luchas entre bandas ligadas a cárteles internacionales del narcotráfico, que se disputan territorio y poder.

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Hervé Le Corre: “Para la policía, el fin siempre ha justificado los medios”

La violencia es el tema que más motiva al escritor Hervé Le Corre. Lo trabaja mediante novelas policiacas que le permiten explorar sus orígenes, desarrollo, manifestaciones y consecuencias. ‘Después de la guerra’ se sitúa en una ciudad de Burdeos que aún sufre la resaca de la Segunda Guerra Mundial transcurrida una década desde su conclusión.

 

@j_duran_r

18 oct 2021 06:00

Suena raro escucharlo en boca de un escritor y profesor de Literatura en la universidad, pero tiene cierto sentido. Las novelas no sirven de nada, dice Hervé Le Corre (Burdeos, 1955) al ser preguntado por la utilidad de la ficción literaria a la hora de desvelar y dejar al descubierto los mecanismos que permiten la perpetuación de la violencia, en todas sus variantes, por parte del poder. Él asume que su respuesta es pesimista y también duda de que la literatura pueda ser un instrumento efectivo para la toma de conciencia.

En las páginas de su novela Después de la guerra, traducida ahora por Reservoir Books en la serie Roja & Negra, Le Corre toma fotos de Burdeos en los años 50 para narrar una historia en la que la violencia y el poder se entrecruzan en la ciudad, la comisaría, la casa y el campo de batalla. La guerra es siempre la guerra, la policía siempre está del lado de quien manda y nunca se cuestiona sus métodos, afirma el autor para explicar que, en el fondo, su intención era escribir un relato universal, más allá de la concreción local y temporal en la que lo sitúa.

El comisario de la Policía Judicial de Burdeos Albert Darlac, un fascista violento dentro y fuera de su jornada de trabajo; Daniel, un joven aprendiz de mecánico llamado a filas contra su voluntad para combatir en Argelia; y André Vaillant, un enigmático motorista que persigue venganza, son los tres personajes que protagonizan Después de la guerra. Un trío de viejas masculinidades con el que Le Corre ejemplifica la destrucción física y mental ocasionada por el ejercicio de la violencia.

Después de la guerra se publica ahora en España. ¿Es raro volver a hablar de un libro publicado originalmente en 2014?
Sí, es raro (risas). Siguen siendo temas muy candentes para mí. Evocar el Holocausto, la ocupación alemana en Francia, mencionar la guerra de Argelia,... son temas históricos que me interesan, me apasionan, me cuestionan y me impresionan.

¿Hasta qué punto hablar de una obra, hacer entrevistas, comentar, es parte del trabajo del escritor, algo que completa lo que es el escribir?
Es una pregunta que siempre me hago. Tengo la impresión de que el libro debería bastarse a sí mismo y que quien lo lee debería satisfacerse del libro y configurar su propia opinión solo y exclusivamente a partir del contenido literario del libro. Sin embargo, vivimos en una sociedad mediatizada y un autor se siente un poco obligado, por los servicios de prensa, por los editores, a hacer lo que llamamos un servicio postventa, es decir, acompañar la salida del libro. Pero idealmente debería existir solo el libro y el autor debería mantenerse al margen. A veces es excesivo el tema de la promoción. Hay autores que hacen realmente giras de promoción que son una locura, con centenares de fechas en librerías, y a mí eso me parece excesivo.

¿Qué aporta a la lectura de un libro el hecho de que su autor ofrezca sus opiniones?
Lo que aporta es un intento de explicar sus intenciones en el momento en que empieza a escribir el libro, cuál era su proyecto literario, qué personajes tenía en mente,... Y poner todo esto en perspectiva con el resultado. Se pueden tener muy buenas ideas al inicio, pero la escritura puede modificarlo y acabar arrojando un resultado distinto. Entre el punto a, la concepción del libro, y el b, el resultado, puede haber diferencias. Las buenas intenciones no acaban en una buena novela.

¿Cómo ves hoy este libro, Después de la guerra?
Para mí es un libro importante. Trata de temas que me preocupan desde hace tiempo, temas históricos que siempre me han implicado. Convertirlo en una novela que espero sea coherente, interesante, con suficiente profundidad, que no sea caricaturesca,... Haber conseguido realmente hacer un buen libro encaja con lo que quiero hacer. No clasifico mis libros en un ranking, pero este fue importante para mí. En Francia funcionó muy bien.

En el libro hay una advertencia de que los personajes son producto de la imaginación del autor y que cualquier parecido con personas vivas o muertas es una coincidencia. ¿Por qué hay que seguir haciendo explícito esto, no es algo obvio?
No, no es evidente en absoluto. En Francia, como supongo que también en España, hay leyes que prohíben que se utilice a personas vivas en una ficción sin su consentimiento. El personaje del policía, concretamente, lo fabriqué a partir de ejemplos que existieron y como es un personaje que, en ciertos aspectos, se podría llegar a reconocer a la persona real, un policía de Burdeos en los años 50, preferí protegerme a nivel jurídico con esta advertencia.

Estos temas como la ocupación alemana, la colaboración con los nazis o la guerra de Argelia no están cerrados ni apagados en Francia. Conllevan polémica, confrontación, son temas complicados. Lo hemos visto estos días con una de las últimas decisiones del presidente francés que ha provocado polémica en Argelia.

¿No debería estar ya capacitada la sociedad para asumir que el marco de la novela es un marco de ficción?
Creo que no lo está. Muchos lectores buscan en una novela ecos directos de la realidad, buscan reconocer, no solo leer, elementos que podrían identificar, a los que podrían aferrarse. Hay muchos lectores que se enfrentan así a las novelas, a la ficción histórica. Las leen como un documento en el que hay que discernir lo que es verdad y lo que no lo es y también verificar si el autor no está contando tonterías.

¿Escribir ficción es recordar lo que nunca pasó?
Es inventar cosas que no han existido en realidad… (duda) Es inventar personajes que nunca han existido pero que, sin embargo, son composiciones realizadas a partir de la verdad. Cuando escribes una novela realista o naturalista, la realidad se impone. Y es a partir de esa realidad que yo fabrico la ficción. Es como un escultor que trabaja a partir de una masa, un metal, una piedra… La piedra está ahí, existirá siempre, pero es él quien la conforma a su manera, en función de lo que quiere contar. Se establece un compromiso entre el trabajo artístico y la realidad bruta.

¿Qué historia quisiste contar en Después de la guerra?
Diversas historias. La de un joven que se va a la guerra de Argelia sin querer ir y que, sin embargo, al final va a encontrar un gusto, entre comillas, un cierto bienestar con el uso de las armas porque se convierte en tirador de élite. También quería contar la historia de un superviviente de los campos de la muerte en Auschwitz. Y también contar cómo la policía francesa participó en la deportación de los resistentes. Diría que estos son los tres ejes narrativos, tres historias distintas que intento hacer converger porque hay vínculos de amistad, y por los hechos, entre los personajes. Es lo que he intentado hacer, que personajes de ficción entren en la realidad tal como la tengo en mente, y que en función de esa realidad actúen y reaccionen.

¿Hasta qué punto son historias universales, que podrían estar ambientadas en el presente y no a mediados de los años 50?
Espero realmente que este libro se pueda leer más allá de la historia que cuenta de forma estricta, más allá de su marco histórico estricto. Creo que puede ser universal en la medida en que la guerra es siempre la guerra, se vive de la misma manera, con los mismos excesos, con los mismos elementos de opresión y de represión. Aquí hablamos de una guerra de independencia en Argelia, una guerra de represión militar que llevan a cabo los franceses.

Es universal también en la medida en que la policía, diga lo que diga, siempre ha estado del lado del poder, del más fuerte, y nunca se ha cuestionado sus propios métodos. Para la policía, el fin siempre ha justificado los medios, cuando la policía está a las órdenes del poder. Y deportará a los judíos cuando se le pide que deporte judíos, matará argelinos sin problema cuando se manifiestan en octubre de 1961. Y hoy reprimirá radicalmente manifestaciones en Francia, o en cualquier lugar.

Por lo que respecta al Holocausto, nos damos cuenta de que pensábamos que esto no se repetiría, pero continúa: sigue habiendo campos de concentración, se mantiene la idea de deshumanizar mediante la represión,... El Holocausto no ha sido una lección, desde entonces ha habido grandes masacres, exterminios —estoy pensando en Ruanda, por ejemplo—, y me temo que seguirá habiendo.

¿Hasta qué punto la novela, como género literario, puede servir para desmontar esos engranajes que permiten la brutalidad policial, la brutalidad del poder?
Voy a dar una respuesta un tanto pesimista. Creo que las novelas no sirven de nada, francamente. Las novelas tienen un papel de civilización en la medida en que plantean preguntas a los lectores, más que aportar respuestas. Aportan preguntas y podemos esperar que el lector se acabe planteando las buenas preguntas y que por sí mismo llegue a fabricar las respuestas que ayudarán a un mejor equilibrio social, a una justicia social. Pero las novelas son muy limitadas. No tengo ni ejemplos que pueda darte de novelas que tengan una utilidad clara. Los miserables de Víctor Hugo fue considerada en su época un retrato fantástico de la población francesa en 1830, pero creo que la novela es algo íntimo, intelectualmente íntimo. Cada obra literaria es una pequeña piedra que se añade a la humanización de las personas, pero no creo que funcione con respecto a la toma de conciencia.

Hablando del contexto espacial y temporal de tus libros, Bajo las llamas (Reservoir Books, 2020), una novela posterior a Después de la guerra, está ambientada en la Comuna de París en 1871. ¿Es un decorado en esa novela?
No, no. La Comuna de París es un acontecimiento global, civil, la única guerra civil que ha conocido Francia. Quería imaginar esta historia que se desarrollaba durante la Comuna, no podría haber situado la novela en otro lugar o momento. Fueron aquellos 72 días en París. No me impido situar otras intrigas en otros lugares pero en este caso la historia era la propia Comuna. Tenía esa limitación de tiempo. Fue un momento muy interesante, sobre todo los últimos diez días cuando la Comuna fue derrotada pero la gente siguió luchando con valor y desesperanza.

¿Podrías contar lo que cuentas en las novelas utilizando otros géneros literarios más allá de la novela negra o la ficción histórica?
Sí. Utilizo el género policiaco porque me parece más fácil. Lo primero que me interesa es la violencia, cómo se exprime y se manifiesta bajo todas sus formas, también la violencia simbólica, la injusticia… La novela policiaca trata de esa violencia, sus orígenes, consecuencias, desarrollo, pero es verdad que tengo ganas de escribir una novela que no sea para nada policiaca sino polifónica, coral. Estoy pensando en Amores perros de Guillermo Arriaga, me encantaría trabajar en ese tipo de construcción. Ahora estoy escribiendo una especie de western, una historia de persecución y de venganza.

¿Has recibido propuestas para llevar al cine tus novelas?
Tengo una propuesta respecto al último libro publicado, Traverser la nuit, pero es difícil. Los productores no quieren dar mucho dinero, dudan, y con la epidemia el cine francés está pasando por momentos de dificultad. No sé si se concretará. Me encantaría haber visto Después de la guerra adaptada en una serie de televisión, creo que es una historia potente que se puede contar en capítulos. Pero creo que sería demasiado caro y ahora mismo lo que se quiere son películas baratas, con pocos personajes y actores muy conocidos que puedan garantizar una cierta rentabilidad.

Después de la guerra ganó varios premios en Francia. ¿Qué son los premios literarios, más allá de una parte más de ese engranaje promocional del que hablábamos antes?
Es algo que te complace, te satisface y muestra que igual no te has equivocado demasiado, que has trabajado bien. Respecto a la promoción del libro, no sirve mucho. Recibir un premio es realmente el placer que obtienes por ese reconocimiento, nada más.

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Trabajadores de Amazon y Google rechazan un contrato que vende "tecnología peligrosa" al Ejército israelí

Carta abierta de más de 400 empleados contra el Proyecto Nimbus

Ambas empresas se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente los datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina".

18 de octubre de 2021

Mientras hacen negocios millonarios, Amazon y Google preparan el terreno para que el gobierno israelí vigile con mayor precisión a los palestinos y los expulse de sus tierras. Así lo denunciaron más de 400 trabajadores de los gigantes tecnológicos en una carta abierta publicada en el diario The Guardian, un hecho que pasó casi inadvertido para la prensa internacional. Los firmantes, que no revelaron su identidad por temor a represalias, denuncian que bajo un contrato por alrededor de 1.200 millones de dólares llamado Proyecto Nimbus, Amazon y Google se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina": se trataría, en definitiva, de un proyecto que vende "tecnología peligrosa" al ejército israelí

La escalada de violencia en el conflicto entre israelíes y palestinos llegó de esta forma al corazón de Silicon Valley, revelando una división cada vez más profunda entre los empleados de Google y la cultura rígida de las empresas tecnológicas. La situación revela, además, que muchas veces no alcanza con un enorme poderío militar o una fuerte presencia en el terreno para triunfar en un conflicto armado: se hace cada vez más necesario tener una posición dominante en la llamada "guerra de los datos".

Los detalles del Proyecto Nimbus

"No podemos mirar hacia otro lado, ya que los productos que construimos se utilizan para negarle a los palestinos sus derechos básicos, obligar a los palestinos a abandonar sus hogares y atacar a los palestinos en la Franja de Gaza", declararon los trabajadores de Amazon y Google en la carta publicada en The Guardian. Agregan que el Proyecto Nimbus se firmó con el gobierno israelí "la misma semana en que el ejército israelí atacó a los palestinos en la Franja de Gaza, matando a casi 250 personas, entre ellas más de 60 niños". En ese momento, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que los bombardeos israelíes podrían constituir "crímenes de guerra".

El servicio provisto en la nube de datos favorecería la expansión de los asentamientos israelíes al trabajar codo a codo con la Autoridad de Tierras de Israel (ILA), la agencia gubernamental que administra y asigna las tierras estatales. Como denunciara en su momento Human Rights Watch, la ILA administra políticas territoriales "discriminatorias" que "fomentan el crecimiento y la expansión" de asentamientos predominantemente judíos, mientras acorralan a los palestinos en densos centros de población en "términos marcadamente desiguales".

El contrato del gobierno de Naftali Bennett para hacerse con los servicios de Google y Amazon es por siete años, con la opción de extenderlo por un total de 23. El Proyecto Nimbus prevé la instalación de seis centros de datos en Israel con una inversión de al menos cuatro millones de séquels israelíes (1.230 millones de dólares). Los datos en la nube serán procesados y se almacenarán dentro de las fronteras de Israel.

Los empleados que se manifestaron en el documento sostienen que las dos empresas de tecnología cerraron previamente contratos con instituciones estadounidenses como el Departamento de Defensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la policía. "Estos contratos son parte de un patrón perturbador de militarización, falta de transparencia y supervisión", señalan los denunciantes, quienes creen que el acuerdo con el gobierno israelí sigue esa misma línea.

"Cortar los contratos es la única opción ética"

Gabriel Schubiner, ingeniero de software de Google, condenó el contrato firmado con Israel en un artículo publicado en el sitio web de NBC News, exigiendo una respuesta inmediata a las autoridades de la compañía. "En 2019, Google canceló el Proyecto Dragonfly, un motor de búsqueda censurado en China, y se retiró del Proyecto Maven del Pentágono en 2018", recordó Schubiner. El primero recibió una lluvia de críticas por convertirse en una potencial herramienta de las autoridades chinas para censurar el contenido en Internet. Del segundo se sospechaba que podía ayudar al Pentágono a mejorar la precisión de sus ataques militares con drones.

"Los mismos principios deberían aplicarse a los contratos del Proyecto Nimbus y todos los contratos futuros basados ​​en sus consecuencias en el mundo real", remarcó Schubiner y agregó sin vueltas: "Dado que no tenemos la capacidad de garantizar que la tecnología que construimos no se utilice para cometer abusos contra los derechos humanos de los palestinos, cortar los contratos es la única opción ética que les queda a nuestras empresas".

Además de llamar a las empresas a que abandonen el proyecto y sus vínculos con las fuerzas de ocupación israelíes, los empleados de Google y Amazon convocaron "a los trabajadores del sector tecnológico y a la comunidad internacional para que se unan a nosotros en la construcción de un mundo en el que la tecnología promueva la seguridad y la dignidad para todos". Más adelante agregaron, apelando al más básico sentido común: "La tecnología debe usarse para unir a las personas, no para facilitar y afianzar la violencia y la segregación"

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Por abusos sexuales a menores, piden la renuncia de 120 obispos franceses

Es a partir del informe publicado hace días por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia donde certifican al menos 330 000 abusos sexuales y violaciones, así como el encubrimiento institucional de estos crímenes.

 

La Iglesia católica de Francia se ha convertido en la punta de iceberg de los escándalos de pedofilia que atraviesan desde hace años a la milenaria institución a nivel mundial. Tres importantes personalidades se manifestaron por la renuncia en conjunto de la cúpula eclesiástica de este país. Se trata de la teóloga Anne Soupa, la directora editorial del semanario Témoignage chretien, Christine Pedotti y del ex presidente de la asociación de víctimas “La Palabra Liberada”, François Devaux.

El informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase) publicado el 5 de octubre fue lapidario: 216 000 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual por religiosos desde el año 1950. El 32% de estos crímenes fueron violaciones. Y a esto se agregan crímenes similares cometidos por laicos vinculados a la Iglesia como directores de coros o líderes grupos de boy scouts, entre otros.

Así, las víctimas ascienden a 330 000 menores. Esto equivale a 12 niños abusados todos los días desde aquel año. En ese terrorífico contexto, el informe señala que la Iglesia encubrió a más de 3 000 pedófilos. Y hay que tener en cuenta que muchos abusadores ya murieron, con lo cual los números globales podrían ser mucho mayores.

El escándalo llega a tal nivel que incluso personalidades de la propia Iglesia salen a marcar distancia y pedir medidas concretas para salvar la institución. "Nunca sabremos el alcance de esta tragedia absoluta", señaló en tono crítico Véronique Margron, teóloga y presidenta de la Conferencia de religiosos y religiosas en Francia.
Pierre Vignon, sacerdote del departamento de Drôme y reconocido crítico de las prácticas criminales de miembros de la Iglesia, dijo por su parte que “una renuncia colectiva tendría sentido. Sería un gesto fuerte que impactaría en el público” y que “aunque no todos los obispos lo hayan cubierto, sería una forma de ser solidarios con sus antecesores, y de asumir colectivamente esta responsabilidad”.

Estos referentes son parte de lo que podríamos llamar el sector renovador o reformista de la Iglesia cuya principal figura es el papa Francisco, quien desde el Vaticano señaló que este tipo de hechos le causan “vergüenza”. Pero no hay que llamarse a engaño. Este ala de la Iglesia no difiere en lo esencial de la doctrina ultraconservadora y antiderechos que es la base ideológica de los abusadores pedófilos. Están en contra del elemental derecho democrático al aborto para las mujeres, incluso en casos de violación o del uso del preservativo, entre otras barbaridades oscurantistas propias del medioevo.

La realidad es que la Iglesia en su conjunto es responsable. Como señala el informe de la Ciase, "Los actos cometidos, caratulados como delitos de derecho común, han sido a menudo calificados por sus autores o por funcionarios eclesiásticos como simples ‘gestos inapropiados’, ‘desviación’, ‘torpeza’ o incluso ‘imprudencia’”. Simplemente indignante.

Pero hay más. Luego de conocerse el informe, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort, dijo que “la confesión se impone a los religiosos y el secreto es más fuerte que las leyes de la República; abre un espacio de libertad de expresión, que se hace ante Dios”. Por si no queda claro, para la Iglesia las normas confesionales están por encima de las leyes y los religiosos pueden guardar silencio (o sea ser cómplices) sobre las aberraciones que cometen sus pares.

El propio gobierno del derechista Emmanuel Macron tuvo que separarse de semejantes declaraciones que violan la propia legalidad del Estado capitalista. El 12 de octubre ante la Asamblea Nacional, el ministro de Interior, Gérald Darmanin, señaló: “Quiero reiterar aquí las leyes de la República: el secreto de la confesión se conoce desde hace casi doscientos años en nuestro derecho como secreto profesional al igual que los médicos o los abogados. Sin embargo, adolece de excepciones cuando se trata, en particular, de delitos cometidos contra niños menores de 15 años."

La Iglesia como institución tiene que pagar por esas prácticas aberrantes y en particular todos los responsables directos y sus cómplices con cárcel común. Como había señalado François Devaux, cuya asociación destapó escándalos de pederastia en la iglesia de Lyon en 2018, "Ustedes deben pagar por todos estos crímenes". Devaux también denunció que el papa Francisco "está ausente" ante esta realidad y que la iglesia francesa se escuda en "una estrategia fétida" de indemnizaciones a las víctimas.

Sábado 16 de octubre

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Raúl Zibechi. Fuentes: Rebelión [Imagen: colectivo Manifiesto; publicada en la revista La Tinta]

Entrevista al periodista Raúl Zibechi, coordinador del libro Las luchas del pueblo mapuche (Eds. Baladre y Zambra)

 

 “Hoy será un día histórico del actuar racista y terrorista del Estado chileno y del gobierno del criminal Sebastián Piñera”, manifestaba el pasado 12 de octubre la Comunidad Mapuche Autónoma del territorio de Temucuicui, en respuesta al “Estado de Excepción” de 15 días decretado por el presidente, que incrementa el uso de las Fuerzas Armadas. Asimismo se demuestra, según la declaración comunitaria “el rotundo fracaso del Estado” y “la falta de voluntad política”.

La explicación de los mecanismos de represión figuran, entre otros contenidos, en el libro colectivo Las luchas del pueblo mapuche, coordinado por el periodista e investigador Raúl Zibechi, y el antropólogo Edgars Martínez. Publicado por Coordinación Baladre e Iniciativas sociales Zambra, en la edición han colaborado Ecologistas en Acción, CGT y el Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ). Recientemente Baladre y Zambra han publicado ensayos de Zibechi como Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de colapso. La siguiente entrevista se realiza por correo electrónico.

-¿En qué consistió la denominada Pacificación de la Auraucanía, desplegada por el Estado chileno entre 1861 y 1883? ¿Qué consecuencias tuvo?

Fue una invasión militar al territorio mapuche cuya autonomía había sido reconocida incluso por la Corona española, porque nunca pudieron conquistarlos ni dominarlos. Cuando la independencia Chile era un pequeño país cuya burguesía comenzó a expandirse militarmente hacia el norte y el sur, atacando a los pueblos originarios.

En el caso de Wall Mapu, las consecuencias fueron desastrosas para el pueblo mapuche: perdieron la mayor parte de sus tierras, la población se redujo como consecuencia del genocidio y de la dispersión, se empobrecieron y fueron confinados en espacios acotados donde la sobrevivencia se hizo muy difícil.

-El libro comienza con una referencia al asesinato de Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018; la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema contra siete excarabineros por el crimen, en mayo de 2021; y la represión en la Comunidad de Temucuicui. ¿Qué trascendencia tuvo el asesinato del joven comunero?

El asesinato de Camilo fue el momento de mayor expansión del movimiento mapuche entre el pueblo chileno, mucho mayor que ante crímenes anteriores o ante las huelgas de hambre del bicentenario.

Miles de chilenos, de norte a sur, salieron a las calles, montaron barricadas, hicieron sonar cacerolas, en una muestra inédita de apoyo al pueblo mapuche. En Santiago, por ejemplo, durante 15 días hubo cortes de calles con quemas en varios barrios. La importancia de este apoyo al pueblo mapuche recién la comprendimos, por lo menos en mi caso, cuando en la revuelta de 2019 la bandera mapuche fue la que flameó en todas las manifestaciones, desplazando otras banderas, incluso la del Estado de Chile. 

-¿Consideras que la izquierda política y el movimiento social chileno han asumido las reivindicaciones de los pueblos originarios?

Para nada. En este mismo momento, con una Convención Constituyente presidida por una mujer mapuche y cuando estamos a semanas de las elecciones presidenciales, el gobierno decreta el estado de emergencia y envía soldados y tanques a Wall Mapu. La reacción de la izquierda es simbólica, cuando no debería ser otra que abandonar las instituciones que, de ese modo, se convierten en cómplices de la militarización de todo un pueblo.

Deberían darse hechos concretos, no sólo declaraciones. Para la izquierda hegemónica el tema mapuche es apenas un punto electoral, su población un posible caudal de votos, y poco más. Pero esto no sucede sólo en Chile, en toda la región latinoamericana las izquierdas no toman en serio a los pueblos originarios. Apoyar el nombramiento de una mujer mapuche al frente de la Convención Constituyente, no se condice con la pasividad ante la militarización.

-En los periódicos La Jornada y Desinformémonos has escrito sobre los riesgos para el movimiento mapuche que implica la Convención Constituyente. ¿Dónde está el peligro?

El principal peligro, como estamos viendo, es el vaciamiento del movimiento popular que se escora hacia las instituciones y abandona la calle y la organización autónoma. Lo hace porque cree que con una buena Constitución y un gobierno progresista, las cosas van a cambiar. Sin embargo, no quieren ver que las experiencias anteriores en la región nos enseñan que el modelo de despojo sigue en pie y se profundiza, que la militarización continúa, que la violencia contra los pueblos y contra las mujeres no se consigue frenar.

En suma, el peligro es el aislamiento de los pueblos y de las y los que luchan, por parte de gobiernos que apenas muestran un discurso –y sólo un discurso- diferente al de la derecha, sin cambios estructurales y con políticas sociales que no resuelven la pobreza sino la alivian durante un tiempo.

-El 12 de octubre el presidente Piñera decretó el Estado de Emergencia en el Wallmapu ¿Qué mecanismos de represión utiliza habitualmente el Estado de Chile contra las comunidades y organizaciones?

Desde la represión dura y pura hasta montajes judiciales para criminalizar a las comunidades rebeldes, pasando por el secuestro de personas, la invasión armada de los lof para intimidar y hacer retroceder la lucha. Además se arman civiles para atacar a las comunidades, usando toda la gama de medidas de contrainsurgencia. Se militariza Wall Mapu porque hay un crecimiento tremendo de las recuperaciones de tierras, que en un año se multiplicaron por cuatro o cinco, en un proceso imparable. Lo que está haciendo el Estado de Chile, es usar el terrorismo para seguir sometiendo a un pueblo que se levanta.

-¿Pueden citarse ejemplos de sectores económicos y empresas beneficiarias de la acumulación por desposesión en los territorios mapuche?

En particular, las grandes empresas forestales, grupos empresariales muy poderosos que hicieron su agosto durante la dictadura de Pinochet. Esas empresas invadieron el territorio mapuche con plantaciones de pinos, al punto que llegas a un lof y te encuentras con que las comunidades están apretadas entre pinos y no tienen tierra suficiente para vivir. Esas plantaciones desplazaron los árboles nativos, sobre explotan el agua y la tierra, y la madera es chipeada para explotarla al norte, en general a varios países de Asia.

A esto deben sumarse las grandes obras de infraestructura, en particular las hidroeléctricas, los monocultivos de salmones que contaminan el océano y ponen obstáculos a las comunidades de pesca.

-El libro colectivodedica un capítulo a la huelgas de hambre de los presos políticos, por ejemplo la llevada a término por el machi Celestino Córdova. ¿Por qué es importante esta forma de lucha?

Las huelgas de hambre han sido el modo de dar a conocer la resistencia de los presos mapuche, de visibilizar la criminalización y los montajes judiciales y de recabar solidaridad entre el propio pueblo mapuche, los otros pueblos originarios y los chilenos y chilenas de abajo. A mi modo de ver, las huelgas de hambre han sido fundamentales en este largo proceso de ruptura del cerco informativo, que finalmente se ha conseguido, porque el pueblo mapuche es un símbolo de dignidad y resistencia muy potentes en el sur de este continente.

-Por último, ¿consideras que existe alguna relación entre las resistencias zapatista y mapuche?

Lo que existe es una potente resonancia de las dignidades rebeldes. No se trata de si existen lazos orgánicos o relaciones políticas. Sabemos que el EZLN ha asumido la consigna mapuche “Marichiwew” (cien veces venceremos), y que entre organizaciones mapuche hay mucho interés por lo que sucede en Chiapas.

Pero lo más importante es la resonancia de dignidades, de rebeldías en resistencia, de la terca voluntad de seguir adelante pese a todas las represiones, sean de la derecha o de la izquierda, porque en Chile fue la progresista Bachelet una de las que aplicó la ley antiterrorista durante su gobierno, contra el pueblo mapuche.

 

 | 16/10/2021

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Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

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Las maniobras militares han llegado al borde del paroxismo por medio de ejercicios conjuntos de Estados Unidos con sus aliados en el mar del sur de China. En la imagen de 2017, fuerzas especiales de Taiwán durante un simulacro militar.Foto Afp

Arrecia la escalada militar del pacto de defensa Aukus (https://bit.ly/3FpuUe2) y China en la región más incandescente del planeta (https://bit.ly/3oLboCO): el volcánico estrecho de Taiwán –que separa de 180 km a la renegada isla secesionista de su madre patria–, donde se escenifica simultáneamente, de manera paradójica, una relativa distensión geoeconómica acoplada.

Las maniobras militares han llegado al borde del paroxismo con el anuncio simultáneo del pacto defensivo de Aukus y de ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos con sus "aliados" en el mar del sur de China.

Ya la revista globalista The Economist había colocado desde principios de mayo a Taiwán como "el lugar más peligroso del planeta" (https://bit.ly/3oKgbEz), mientras Kissinger alertaba a la “extinción termonuclear de la humanidad por una guerra fría de Estados Unidos contra China” (https://bit.ly/2YBy2Cz).

El teniente coronel retirado Daniel Davis comenta en la revista globalista británica The Guardian, íntima de George Soros, que "Estados Unidos debe evitar a todo precio una guerra con China por Taiwán" (https://bit.ly/2YEdaeu) y prevé que el "resultado más probable sería una derrota convencional" (sic) de Estados Unidos, pero que podría escalar fuera de control a un "intercambio nuclear" en el "peor caso". Davis aconseja que "Washington debe continuar abrazando la ambigüedad (sic) estratégica, pero en forma privada (¡megasic!) hacer saber a los líderes de Taiwán que no vamos a librar una guerra con China".

No faltan cabezas calientes, como el muy famoso coronel Lang, quien recomienda una "guerra nuclear preventiva" de Estados Unidos para aniquilar todo el arsenal nuclear de China (https://bit.ly/3iP4fh5).

The Wall Street Journal reveló la presencia desde hace un año de marines para entrenar al valetudinario ejército taiwanés (https://on.wsj.com/3Ane37T) –que sigue comprando armas masivamente sin ton ni son a Estados Unidos–, lo cual China define como una "invasión" (sic) a su integridad territorial bajo el concepto de "una sola China" que fue aceptada tácitamente por la dupla Nixon/Kissinger en 1973 y que luego fue formalizada por la dupla Carter/Brzezinski con el mandarín Deng Xiaoping en 1978.

La escalada llevó a que la CIA abriera un "Centro de Misiones para China", cuyo director William Burns considera la "amenaza geopolítica más importante a la que nos enfrentamos en el siglo XXI" (https://bit.ly/3amIL6u).

El ejército chino lanzó 155 incursiones aéreas en las cercanías de Taiwán, sumadas de maniobras de los submarinos de Beijing en las aguas compartidas. El mismo día (¡megasic!) se reunieron en Zurich durante seis horas (sic) el asesor de Seguridad Nacional, el israelí-estadunidense Jake Sullivan, y el ya célebre Yang Jiechi, el más alto funcionario de relaciones exteriores de China y miembro del politburó del Partido Comunista.

La trascendental reunión fue producto de la llamada telefónica del presidente Joe Biden a su homólogo el mandarín Xi Jinping, lo cual abrió la posibilidad de un encuentro entre ambos, sea por teleconferencia o de forma presencial (https://bit.ly/3Duh3Bg).

En forma impactante, el rotativo oficioso chino Global Times epitomiza que la reunión en Zúrich "puede brindar frutos".

En Zúrich abundó más la lingüística de "competición responsable", de "reacoplamiento" y hasta de cooperación, en lugar de "confrontación" y "desacoplamiento", en medio de la reciente liberación de la heroína china Meng Wanzhou, hija del mandamás de Huawei y encarcelada de manera injusta en Canadá por exigencia de la administración Trump.

Una cosa es segura: el encuentro de Zúrich fue más fructífero que la fallida reunión de Alaska (https://bit.ly/3uVZnM1), mientras, paradójicamente, en el rubro militar se ha estirado la liga al máximo sobre el devenir aleatorio de Taiwán.

¿Quién se quedará con los semiconductores de Taiwán? ¿Cuál será la postura de Rusia –que actualizó su política de disuasión nuclear el 2 de junio del año pasado (https://bit.ly/3iKI3EO)–, supuesta aliada de China, en el hipotético escenario de una "guerra preventiva nuclear" de Estados Unidos contra China?

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Miles de personas marcharon en Bruselas para presionar a líderes mundiales a poner en marcha acciones concretas que reduzcan las emisiones de carbono y frenen el calentamiento del planeta. Alrededor de 80 organizaciones participaron en la protesta, a tres semanas de la cumbre climática de la Organización de Naciones Unidas que se realizará en Glasgow, Escocia. Foto Afp. Agencias

Preocupación de que en la cumbre de Glasgowno se tomen las medidas pertinentes

Bruselas. Miles de personas marcharon ayer en Bruselas para presionar a los líderes mundiales a tomar medidas más audaces en la lucha contra el cambio climático en la cumbre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Glasgow que dará inicio este mes.

Unas 80 organizaciones participaron en la protesta, la cual buscaba ser el mayor acto de este tipo en la capital de la Unión Europea desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, que detuvo en seco las marchas semanales del movimiento climático.

Unas 25 mil personas, 50 mil de acuerdo con los convocantes, se sumaron a la Marcha por el Clima, que partió de la Estación del Norte para llegar al Parque del Cincuentenario, donde se han realizado conciertos y actos masivos. Ciclistas, familias y personas de la tercera edad marcharon por las calles de la ciudad exigiendo justicia climática con pancartas en inglés, francés y holandés. Una llevaba un oso polar de peluche en la cabeza.

"Estamos a la espera de medidas ambiciosas, unidas y coherentes", explicó el presidente de la Coalición por el Clima, Nicolas van Nuffel.

En dicha coalición participan 80 ONG, sindicatos, organizaciones juveniles y movimientos ciudadanos.

A los ambientalistas les preocupa que la 26 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, conocida como COP26, a celebrarse en Glasgow a partir del 31 de octubre, produzca políticas que no hagan lo suficiente para reducir las emisiones de carbono y frenar el calentamiento del planeta.

La multitud incluía una mezcla de personas con y sin cubrebocas. Con una de las tasas de vacunación más altas del mundo, Bélgica está comenzando a aliviar las restricciones por el Covid-19 y permite tales reuniones nuevamente.

El calentamiento global, causado por las actividades humanas, ya está provocando un agravamiento de los incendios, sequías, tormentas e inundaciones en todo el mundo, por lo que los activistas exigen limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius y lograr la neutralidad de CO2 para 2050.

Los compromisos actuales provocarían un aumento "catastrófico" de 2.7 grados Celsius, según estimaciones de la ONU, lejos del objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de temperatura por debajo de 2 grados , y si es posible 1.55.

En la ciudad china de Kunming, David Cooper, subsecretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica aseveró que la comunidad internacional debe invertir mucho más y aumentar la escala y la velocidad de sus promesas de proteger la naturaleza y prevenir la pérdida de especies.

La 15 reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, conocida como COP15 comenzará hoy en Kunming, con el objetivo de impulsar un ambicioso acuerdo para revertir décadas de destrucción del hábitat causada por la invasión humana y el cambio climático.

Cooper comentó en una sesión informativa que los ministros que asistían a las reuniones virtuales esta semana deben mostrar más ambición y dar una "dirección política clara" a los negociadores, que buscarán llegar a un acuerdo final en Kunming en mayo de 2022.

Los grupos ambientalistas dicen que no hay tiempo que perder en la protección de hábitats y la disminución de las tasas de extinción, en especial después de que los gobiernos no lograron completar ninguno de los objetivos de biodiversidad para 2020 acordados en Japón hace una década.

"Actualmente, la mayoría de los países gastan más fondos en subsidiar actividades que destruyen la biodiversidad de lo que gastan en conservarla, esto tendrá que cambiar", señaló Cooper.

La ONU quiere que los países se comprometan a proteger 30 por ciento de sus tierras para 2030, algo ya acordado por Estados Unidos y otras naciones. China aún no se ha comprometido, a pesar de implementar un sistema de "protección ecológica" que pone 25 por ciento de su territorio fuera del alcance de los desarrolladores.

La agencia oficial Xinhua describió la COP15 como un evento histórico organizado por China que tiene como fin negociar un consenso único de una década sobre la protección de la biodiversidad mundial, y que los países encuentren un terreno común para "construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra".

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La ingeniería jurídica de los Pandora Papers

Baker & McKenzie, el poderoso bufete de EE.UU. que figura en la megafiltración 

La historia del estudio de abogados con sede en 46 países que asesoró a empresas y particulares sospechados de evasión o con cuentas en paraísos fiscales.

 

Hay una teoría del eterno retorno en Nietzsche o del tiempo circular en Borges. La historia pareciera que nos devuelve siempre al mismo lugar. A hechos o personajes que se repiten. Christine Lagarde, la ex directora gerente del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) trabajó entre 1981 y 2005 en Baker & McKenzie, acaso el bufete de abogados más grande del mundo que aparece en unos 7.500 documentos de los Pandora Papers. El estudio que tiene presencia en 46 países y 4.700 letrados ayuda a multimillonarios y grandes empresas a eludir o evadir impuestos con una ingeniería legal y financiera a la medida del cliente. Lo explica el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) que difundió la última filtración de papeles a gran escala. 

La mujer a la que Mauricio Macri festejó cuando era presidente, no sólo asesoraba a compañías elusivas que operaban desde paraísos fiscales cuando se desempeñaba en el ámbito privado. También presidió los comités ejecutivo y estratégico de Baker & McKenzie y hasta fue consejera de su subsidiaria Law in Context con sede en las islas Bermudas, un territorio offshore dominado por la opacidad fiscal. 

Lagarde no fue una ejecutiva de ocasión en el bufete que comandó desde Europa. De su CV se desprende que estuvo en el staff casi un cuarto de siglo y ocupando cargos jerárquicos. Su relación comercial con los paraísos fiscales es una evidencia que se conoció en noviembre de 2019 apenas asumió en el BCE. Pero ahora toma más fuerza con la filtración de los Pandora Papers. La bisagra que la une a la banca offshore es Baker & McKenzie cuyos ingresos este año batieron un récord. Lo dice su propia página oficial: finalizó al 30 de junio de 2021 con 3,1 mil millones. “La primera vez que la firma ha cruzado la marca de los $ 3 mil millones. Los ingresos aumentaron un 7,8% en comparación con el año anterior y, junto con los costos cuidadosamente administrados, esto se tradujo en un crecimiento interanual de las ganancias del 36,7%”, señala.

Pilar de la economía offshore

El Consorcio Internacional de Periodistas define al estudio transnacional como “un arquitecto y un pilar de la economía sumergida, a menudo llamada offshore, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y del bolsillo del ciudadano de a pie”. Poco le importan a este bufete las asimetrías cada vez más pronunciadas entre ricos y pobres. Su presidente global Milton Cheng dijo a fines de septiembre: “En un contexto tan desafiante, lograr ingresos récord es un gran voto de confianza de nuestros clientes y un testimonio del arduo trabajo y la resiliencia de nuestra gente en todo el mundo”.

Creado en 1949, el estudio abrió su primera oficina offshore en Caracas, Venezuela. Corría 1955, Perón era derrocado en Argentina y Baker & McKenzie comenzaba su etapa de expansión internacional en esa década. El trabajo del ICIJ recuerda que en un artículo publicado en el Wisconsin Law Review dos años después, Russell Baker – uno de los fundadores del bufete - recomendaba “constituir sociedades en Venezuela y otros países que permitieran a los propietarios permanecer en el anonimato mediante el uso de lo que se conoce como acciones al portador. Las acciones al portador son certificados de acciones que no necesitan estar registrados a nombre de una persona o compañía concreta”. Baker y su socio John McKenzie lo hacían por las dificultades que existían en Estados Unidos para formar ese tipo de sociedades.

Hoy, con los Pandora Papers alimentando a los medios del mundo, el Consorcio de Periodistas denuncia en su página oficial que el estudio de abogados y todas sus delegaciones “se han beneficiado del trabajo realizado para personas vinculadas al fraude y la corrupción”. Y da algunos ejemplos: “la empresa ha trabajado para el oligarca ucraniano Igor Koloimosky, de quien las autoridades estadounidenses alegan que lavó 5.500 millones de dólares a través de una maraña de sociedades fantasma, que compran fábricas y propiedades comerciales en todo el corazón de Estados Unidos”.

Baker & McKenzie también asesoró a Jho Low, un financista malasio fugitivo que está acusado de un fraude internacional por más de $ 4.5 mil millones de dólares, conocido como 1MDB. El estudio de abogados se presenta en su página corporativa muy alejado de ese tipo de asesorados: “Somos ciudadanos del mundo y reconocemos que el estado de derecho es una base esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos. Donde el estado de derecho es fuerte, los líderes empresariales pueden sentirse optimistas acerca de invertir en el futuro”. 

El ICIJ no pudo conseguir la palabra de Cheng, el presidente hongkonés del poderoso bufete, pero en sus informes citó a un portavoz que respondió cómo Baker McKenzie se esfuerza por “garantizar que nuestros clientes cumplan tanto con la ley como con las mejores prácticas”. La web de la compañía explica que su política “se basa en principios de integridad, transparencia, profesionalismo y adhesión a los más altos estándares de ética”.

“Somos veraces y transparentes”, declama el bufete en su código de conducta empresarial. “No hacemos negocios con personajes de mala reputación”, se defienden. El Consorcio Internacional de Periodistas no piensa lo mismo: “Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el gigante con sede en Chicago”, publicaron citando al ICIJ, desde El País de España a la Agencia Pública en Brasil.

La influencia del bufete que tiene su sede central en Chicago es notable en los Pandora Papers. Los medios del mundo se encargaron de remarcarlo: “Entre el maremágnum de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker & McKenzie. El ICIJ descubrió que desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas registradas en paraísos fiscales”. Tampoco sorprende, como sostiene el Consorcio, que “más de 220 empleados de Baker & McKenzie en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado”.

Sociedades instrumentales

Para el ICIJ son demoledoras las evidencias de prácticas ilegítimas, fronterizas con la ilegalidad, en esta multinacional de servicios jurídicos: “Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, colaboró en crear un refugio fiscal neerlandés. Según documentos judiciales de Estados Unidos, sus abogados ayudaron a Facebook a redirigir miles de millones de dólares de beneficios a Irlanda, un país de baja tributación”.

Mencionado en más de 7.500 documentos de los Pandora Papers, mucho más que cualquier otro estudio de abogados de la competencia en Estados Unidos, Baker & McKenzie insistió en que las empresas o particulares que lo contratan no se apartan de las buenas prácticas. Pero aclaró – de acuerdo al ICIJ- que “en ocasiones nos encontramos con que los clientes realizan posteriormente actividades que no concuerdan con nuestra comprobación debida inicial, o salen a la luz nuevos hechos o sucesos que nos llevan a dejar de representarles”.

A buen entendedor, pocas palabras.

11 de octubre de 2021

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