El candidato a las elecciones en Colombia, Gustavo Petro, durante su entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

Fue guerrillero del M19 y años después, como uno de los senadores más críticos con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), puso al descubierto los vínculos de políticos conservadores con el paramilitarismo. Fue elegido alcalde de Bogotá en 2012, le destituyeron cuando intentó poner en marcha un proyecto de recogida de residuos y reciclaje, le boicotearon los poderosos empresarios que tenían el control del sector de las basuras en la capital, pero la justicia le dio la razón y le restituyeron sus derechos políticos en 2014. Ahora es el favorito a ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo y podría liderar, con el Pacto Histórico, el primer gobierno progresista de la historia de Colombia.

Gustavo Petro (Ciénaga de Oro, 1960) inició esta semana en España su campaña y lo hizo arropado por el exilio colombiano. En un acto multitudinario, en la sede madrileña del sindicato UGT, desfilaron madres de hijos asesinados, lideresas que han abandonado su país por amenazas, jóvenes que formaron la primera línea de lucha durante las protestas del pasado año en Cali (y que sabían que si seguían en su país iban a matarles), mujeres y hombres escapados de la pobreza y la persecución. Más de cinco millones de colombianos viven en el exterior, varios cientos llegaron a Madrid, muchos desde otras ciudades europeas y españolas, y una buena parte no pudo entrar al evento por las restricciones de aforo por la covid, pero no les importó. Le recibieron en la calle al grito: "Petro presidente". Allí le acompañaron políticos de los tres partidos que forman el Gobierno de España (PSOE, Izquierda Unida y Unidas Podemos). Antes había sido recibido por el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Felipe González y empresarios y banqueros con inversiones e intereses en Colombia.

Justo antes de partir a Bogotá, en una entrevista exclusiva con Público, Gustavo Petro afirmó que el proyecto uribista ha llegado a su fin, que ahora comienza la verdadera transición hacia la paz y la democracia en Colombia, y habló de sus prioridades: crisis climática, cambio de la matriz energética, de su ánimo para negociar con los grupos armados y de poner fin al narcotráfico; también lamentó las heridas de la guerra y anunció la transición hacia la democracia real.

Muchas zancadillas en un país donde siempre el poder ha estado en manos de conservadores y oligarquías. ¿Ha llegado el momento de que, por primera vez, la izquierda gobierne en Colombia?

Yo no divido la política entre derecha e izquierda, es difícil aplicar esos conceptos europeos en América Latina, la divido entre política de la vida y política de la muerte, y a Colombia la ha gobernado durante dos siglos, con muy breves interrupciones, una política de la muerte, una política de la exclusión social, por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo y una violencia casi perpetua. En esa medida, mi gobierno, al ganar las elecciones, sería el primero progresista de la historia republicana del país.

¿Y qué cambiará en Colombia?

Se disminuirá la desigualdad, habrá más justicia social y se construirá la paz. Si logramos una sociedad que permita derechos fundamentales, ese sería el verdadero acuerdo de paz, el pacto de la ciudadanía, no de los grupos armados. Un pacto no se puede establecer bajo la base de la exclusión, de la injusticia, un pacto se establece a través de la inclusión y la equidad.

¿Qué es el Pacto Histórico?

El Pacto Histórico es una coalición de fuerzas políticas y sociales, no solo de organizaciones que provienen de la izquierda, también liberales, de centro, de movimientos sociales, indígenas, feministas, ambientalistas. Si ganamos las elecciones, seremos también una forma de gobernar, vamos a gobernar a partir de la concertación y el diálogo, es la única manera de construir una paz grande de camino a unas reformas fundamentales, no para mantener un estatus quo. Un pacto que busque reformas en el terreno de la educación, la salud, los derechos en el terreno productivo.

¿Los acuerdos de paz con las FARC y el estallido social de 2021 han ayudado a unir a las fuerzas progresistas en Colombia?

Ha sido la crisis y el mal gobierno de (Iván) Duque lo que ha hundido completamente algo que era antes valorado: el proyecto uribista. Este proyecto es una especie de franquismo a la colombiana pero con elementos nuevos como la ideología neoliberal que mantiene esa herencia violenta, excluyente y antidemocrática. Ese proyecto hoy está en mínimos históricos de aceptación popular y se plasma en las políticas contra la pandemia. Si miras a Estados Unidos, Europa o el Sudeste Asiático, afectados por el mismo virus, allí se estableció una política socialdemócrata que ha permitido que no aumente la pobreza y que el empleo se mantuviera en niveles en los que se pudiera actuar. En Colombia se aplicó el neoliberalismo, se profundizó el modelo de antes del virus y produjo un crecimiento rápido y sustancial del hambre y de la pobreza. Las estadísticas oficiales muestran saltos de 20 puntos en niveles de pobreza, el hambre se convirtió en algo cotidiano, de ahí el aumento de la delincuencia que es consecuencia del hambre. La élite política y económica de Colombia se equivocó, cuando aumentaba el hambre, el gobierno propuso una reforma tributaria que elevaba el impuesto a la comida y estalló la movilización social que terminó siendo confrontada con asesinatos por el aparato público armado. En vez de proceder a un diálogo, el gobierno de Duque mató a los jóvenes.

La izquierda siempre ha sido perseguida y aniquilada en Colombia. ¿Teme por su vida?

"A las élites les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan para evitarlo y eso nos pone en riesgo"

No voy a mentir, sí hay riesgos y son altos en la medida que nos acercamos al poder, a gobernar; no hay más que mirar los trinos (tuits) de Uribe mientras yo desarrollaba mi agenda en España para darse cuenta cómo ascendía la histeria y la sinrazón. Es el desespero y el miedo que tiene que ver con una especie de culpabilidad por parte de la elite colombiana porque es promotora de grandes procesos de corrupción y de la quiebra de los derechos humanos, hasta el punto que podemos hablar de genocidio. Les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan por todas las vías -en Colombia se llama combinar todas las formas de lucha- para impedirlo y eso eleva el riesgo. De hecho la violencia está ascendiendo, el homicidio, la masacre, motivada por el narcotráfico pero también por la propia violencia política y el discurso estatal del odio; y esos son indicadores de riesgo. Lo cierto es que el país ha sido incapaz de resolver la conflictividad propia de toda sociedad con instrumentos pacíficos y ha recurrido permanentemente a la guerra, esa historia nos acompaña desde hace siglos y es el momento de frenarlo. Yo le llamo cambiar de era, es pasar de una era de violencia a una era de paz.

El precio es alto, decenas de integrantes de Colombia Humana, guerrilleros desmovilizados y líderes comunitarios han sido asesinados en los últimos años. ¿Merece la pena?

Sí, siempre merece la pena porque Colombia necesita la paz. El Pacto Histórico ha transformado la enorme burbuja de dolor en una enorme burbuja de esperanza, y estamos ante la posibilidad de construir una sociedad en paz, justa y democrática en el corto plazo.

Lo primero es ganar el 13 de marzo las primarias del Pacto Histórico, su principal rival es Francia Márquez, una mujer afrodescendiente. ¿Si usted lo consigue, Márquez será candidata a vicepresidenta?

Hay varios aspirantes a ser candidatos presidenciales del Pacto Histórico, entre ellos, dos mujeres muy valiosas: una que viene de la afrodescendencia; otra es indígena. La ciudadanía escogerá la candidatura oficial del gran cambio en Colombia y todas las fuerzas participarán del gobierno si ganamos las elecciones. Es una nueva forma de hacer política.

¿Y Francia Márquez?

La candidatura que quede segunda tiene opción preferencial, el acuerdo es que la vicepresidencia no sea un cargo simbólico. Si es Francia Márquez se abre esa posición a un mundo completamente excluido en Colombia, el de las negritudes. Hoy quienes gobiernan son los herederos de los esclavistas. En Colombia una mujer tiene siete veces más posibilidades de morir si es pobre y negra, en el caso de los niños afrodescendientes menores de un año se dispara hasta diez veces. Esta es una de las estadísticas de la política de la muerte más tristes y deprimentes. Si Francia se convierte en fórmula presidencial, porque podría ser al revés [sonríe], será la encargada de una enorme lucha contra la exclusión en términos de mujer, racismo, regiones y pobreza.

Ha habido algunas disputas en la elaboración de las listas al Congreso para las legislativas del 13 de marzo. ¿Cómo evitar una ruptura de la izquierda por desacuerdos internos?

Ha sido un proceso difícil, complejísimo, porque la tradición en Colombia es hacer campañas individuales (listas abiertas). Logré, y espero no equivocarme, que las agrupaciones del Pacto Histórico acordaran una lista cerrada, donde el orden determina quien entra al Congreso, quisimos así intercalar los géneros, que la mitad de curules sean mujeres, en el voto abierto eso no es posible. Es una conquista histórica, por eso se volvió más complejo el proceso. Le agregamos la ‘cremallera’, además del género decidimos que cada cinco renglones se incluyera en la lista un representante étnico para garantizar la diversidad. La bancada progresista será muy femenina y diversa. Obviamente quedaron heridas, individualidades que se sintieron excluidas, pero marcaremos un hito en la nueva política.

Si llega a la Presidencia, ¿cómo va a sacar adelante el programa del Pacto Histórico, teniendo en cuenta que cuando fue alcalde de Bogotá le destituyeron sin razones jurídicas ni constitucionales?

Yo planteé el reciclaje, ¡algo tan subversivo! [ríe con ironía], y por eso me destituyeron; simplemente porque los grandes operadores eran unos empresarios privados poderosos que terminaban su contrato con la Alcaldía. Yo no les quité el contrato, simplemente terminaba; y había una orden de la Corte Constitucional de incluir en el sistema a miles de recicladores que andaban con sus hijos durante las madrugadas en las calles, sobreviviendo, recogiendo residuos que dejaba la gente, y había que incluirles en el modelo de aseo, darles una remuneración y potenciar el reciclaje. El resultado fue que 65.000 niños dejaron de trabajar y esos empresarios, que se creyeron tenían un derecho perpetuo, sabotearon el proceso y yo terminé destituido. Gracias a la justicia internacional, y a la nacional de diversas maneras, logré restablecer mis derechos políticos porque a la postre lo que querían era inhabilitarme para, precisamente, no poder competir en las elecciones, ni disputar el poder.

¿Esta experiencia le servirá si llega a la Presidencia? Hay antecedentes en países vecinos, el mejor ejemplo es Brasil con la destitución de Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula da Silva.

He hablado con Felipe Gonzalez, aquí en Madrid, porque fue protagonista de un proceso en el que una sociedad pasa del fascismo a una democracia moderna, de cómo una fuerza policial y militar creada y criada en concepciones fascistas puede convertirse en una fuerza pública y aceptar el control civil. Esto es importante para Colombia, porque estamos en una transición democrática. Mi gobierno de cuatro años será de transiciones, de una economía extractivista basada en el petróleo y el carbón, hacia una economía productiva, agraria y agroindustrial. En el siglo XXI, esto significa una transición de la ignorancia al conocimiento, del autoritarismo a la democracia, desde la violencia a la paz, de una sociedad del machismo a una sociedad femenina. Pero harán falta varios gobiernos, con presidencias diferentes, parecido a lo que inició Chile. En cuatro años sí podremos hacer al menos la transición hacia la democracia, y no será fácil. Implica un gran cambio en el Congreso, si el ciudadano vota progresista a la Presidencia y corrupción al Congreso, lo de Brasil podría volver a ocurrir. También hay que modernizar la fuerza pública, ponerla en la escala del honor militar y policial que corresponde en el respeto a la ciudadanía y los derechos humanos.

La crisis climática es una de sus banderas políticas. ¿Cuál es su propuesta para atajar la explotación de recursos naturales y el uso de energías sucias?

Yo lo introduje en la Alcaldía de Bogotá cuando la expresión ‘cambio climático’ no se usaba en la prensa colombiana, aun sin comprender a fondo la discusión mundial que empezaba a librarse. Este es uno de los ejes ahora de Colombia Humana. Colombia depende desde hace 30 años de exportar carbón y petróleo, el otro sector de la exportación es la cocaína, y no son mundos separados, interactúan entre sí, se mueven como una gran masa de liquidez que hizo creer a la sociedad la ilusión de que se hizo rica. Esas burbujas han explotado y parte de la crisis actual tiene que ver con eso. No es sostenible que un país políticamente, éticamente y económicamente se sustente sobre el petróleo, el carbón y la cocaína. La transición consiste en salir de ahí hacia una economía agraria, agroindustrial, democratizar la producción e iniciar el balbuceante proceso de industrialización.

Pero sin reforma agraria y con la oposición de los empresarios y latifundistas será difícil. ¿Ve posible un acuerdo con esos sectores?

El narcotráfico hizo de la tierra fértil, cerca de 20 millones de hectáreas, su caja de ahorros, se apropió de ella, la compró en efectivo o la tomó de forma violenta, de ahí el desalojo de cinco millones de campesinos y pequeños y medianos empresarios, de ahí la destrucción del mundo agrario, hundido en la violencia y donde han proliferado ejércitos privados del narcotráfico y paramilitares. El narcotráfico está ligado a la destrucción de la economía productiva tanto rural como urbana. Una ciudad como Medellín permitió a un Pablo Escobar porque se destruyó su industria textilera. El narcotráfico creció en la medida que se profundizó el neoliberalismo con mucha ayuda de gobiernos extranjeros que no vieron esta evolución dañina. Hoy dependemos del petróleo, el carbón y la cocaína, y mi gobierno tiene que liberar a Colombia de ello. Dejaremos de firmar contratos de exploración petrolera desde el próximo 7 de agosto si ganamos las elecciones, eso nos da un margen de 12 años porque tenemos reservas para hacer la transición, para que la demanda interna de combustible sea reemplazada por energías limpias. En el corto plazo se puede sustituir petróleo, carbón y cocaína por turismo, tenemos la posibilidad de pasar de 4 a 15 millones de turistas al año, pero eso no se logra si no hay paz. Una serie de variables (acabar con la violencia, la paz, democratizar el país, aumentar la producción) permite las sinergias y eso es lo que nos va a permitir reducir el narcotráfico y desligarnos de una economía fósil.

Las fuerzas reaccionarias califican este discurso de castrochavista.

No tanto Castro, pero sí el proyecto de Chávez -parecido a proyectos del socialismo árabe- se sustentó en el petróleo. En cierta forma, el progresismo latinoamericano resultó afectado por el elevado precio de las reservas fósiles a causa de la demanda china desde la crisis de 2008. Un progresismo realmente sostenible y constructivo no puede afianzarse en los fósiles. Yo propongo lo contrario a lo que se hizo en Venezuela.

¿Cómo va a controlar a las bandas del narcotráfico, a la guerrilla del ELN, a las disidencias de las FARC?

Tengo un reto ambicioso y la realidad es que hay miles de hombres armados bajo diferentes agrupaciones todas ligadas al narcotráfico. Proponemos un desarme para lo que queda de la vieja insurgencia, un diálogo político rápido, y ahí incluyo al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las disidencias de las FARC, que se forjaron porque Duque saboteó el acuerdo de paz, y ese acuerdo debe cumplirse. El ELN puede dejar las armas en el corto plazo en medio de un proceso de profundización democrática. Pero las agrupaciones más ligadas al narcotráfico son más complejas, ahí no hablamos de un diálogo político, ahí tenemos que hablar de un diálogo judicial. Quiero plantear una opción: el desmantelamiento pacifico del narcotráfico, pero no soy ingenuo, sé de lo que estamos hablando, es un negocio que mueve miles de millones de dólares, y hoy se quedan más en México que en Colombia porque los cárteles mexicanos dominan más el escenario. A Colombia entran unos 15.000 millones de dólares, hoy por hoy es el mayor producto de exportación dada la caída del precio del petróleo. Esto es lo que deja el uribismo en Colombia después de 20 años. La base por la cual el narcotráfico se mantiene y crece es porque tiene poder político, y eso es control sobre la población, sobre tres grandes masas: campesinos-productores de hoja de coca, consumidores en general urbanos, del mundo y de Colombia, y la economía popular que no tiene crédito, también muy urbana, y acude al crédito usurero que la mafia entrega para lavar dólares. Si le quitas esas masas de población, le quitas poder al narcotráfico. Y hay políticas específicas que pueden lograr la democratización del crédito, incluida la banca pública. De eso he hablado en Madrid, de tú a tú, con banqueros muy poderosos españoles que operan en Colombia. El objetivo es democratizar el crédito, regular el consumo de estupefacientes, que es una experiencia mundial exitosa y que quita al consumidor del contacto directo con la mafia, y la reforma agraria para que el campesino tenga opciones distintas al cultivo de coca. Así le quitamos poder al narcotráfico y se puede abrir una vía de desmantelamiento pacifico a través de un sometimiento colectivo a la justicia. No digo que inmediatamente pero se podrían iniciar los procesos.

¿Colombia está preparada para vivir en paz?

En un anhelo, no hay mujer que no quiera vivir en paz, que no quiera que sus hijos no sean materia prima de una guerra, que sus amores acaben muertos en una esquina. Si sumamos todos los casos, eso implica una sociedad que está preparada para la paz.

madrid

12/01/2022 21:39 Actualizado: 13/01/2022 09:27

 

Publicado enColombia
Martes, 07 Diciembre 2021 06:00

Las batallas de Gustavo Petro

Las batallas de Gustavo Petro

A seis meses de las elecciones colombianas, Gustavo Petro es el candidato mejor posicionado en las encuestas. El líder de la izquierda cuenta con una extensa carrera marcada por su pasado guerrillero, por su rol como senador y por su paso por la Alcaldía de Bogotá. ¿Quién es y cómo piensa el hombre que podría liderar el primer gobierno progresista de Colombia?

 

Gustavo Petro Urrego es, sin dudas, uno de los líderes colombianos más controvertidos de la escena política. El actual candidato a presidente lleva la delantera en las encuestas a seis meses de las elecciones. Algunos lo definen por su ideario rebelde, por su inconformismo con el statu quo y por su actitud combativa. Para otros, eso mismo es motivo de temores y de críticas. El hombre que a los 17 años adhirió a la guerrilla del M-19 y que luego participó del proceso de desmovilización de la guerrilla, que fue alcalde de Bogotá y que ha tenido diversos pasos por el Parlamento, recibe tantos elogios como críticas. Si para unos es el representante de un posible cambio progresista, para otros es un producto de los vestigios del socialismo del siglo XXI de la Venezuela de Chávez. La derecha —que está fuertemente entronizada en la sociedad colombiana— lo acusa de «bolivariano» y de cómplice del autoritarismo de Daniel Ortega en Nicaragua.  

Hoy, tras años de batallas políticas, Petro se sitúa como uno de los favoritos en las encuestas presidenciales de 2022. El político de izquierda podría ser el sucesor del uribista Iván Duque.

La coyuntura actual

Este final de año será decisivo para la elaboración de las coaliciones que irán a consultas en marzo de 2022 para definir candidatos a la Presidencia y la consolidación de las listas al Congreso para asegurar la gobernabilidad al próximo mandatario. Si bien existen más de 50 precandidatos —incluyendo los de los partidos tradicionales Liberal y Conservador—, se vislumbran tres grandes fuerzas políticas en el centro del panorama político actual. Por un lado, se encuentra el partido de gobierno, el Centro Democrático, que tendría una alianza natural con la derechista Coalición de la Experiencia —liderada por el ex-ministro de Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry— y con el Partido Conservador. A través de un proceso de consulta interna a sus militantes, el Centro Democrático escogió a Óscar Iván Zuluaga como su candidato presidencial. Economista de formación, Zuluaga ya había sido candidato frente a Juan Manuel Santos en 2014. Si bien representa al ala menos radical del uribismo, promueve «ajustes» al Acuerdo de Paz, es crítico de la legalización de las drogas y no piensa reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela. Sin dudas, las banderas de Zuluaga se centrarán en el tema de la seguridad, el empleo y la lucha contra el enemigo del uribismo: la izquierda.  

En el centro del espectro político se sitúa la Coalición Centro Esperanza, liderada por el ex-alcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien irá a una consulta en marzo con figuras del liberalismo como Juan Manuel Galán, hijo del inmolado líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, el ex-ministro de Salud y Protección Social y rector de la Universidad de Los Andes Alejandro Gaviria y el ex-ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Esta coalición, que se ha caracterizado por la crítica de la corrupción, del clientelismo y de la vieja política, se ubica en el centro, pero cuenta con diversos progresistas. Además, hace gala de un discurso centrado en la «recuperación de los valores» y en la educación como baluarte de la paz, a la vez que presta especial atención al fortalecimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a encarar el gran problema de la inequidad en el acceso a la tierra. Su programa puede ser definido como pluralista y pragmático. Al tiempo que aspira a que Colombia reestablezca relaciones con Venezuela, apuesta por introducir una renta básica de ciudadanía y por políticas de vanguardia en lo que refiere a la regulación del consumo de drogas.

Las elecciones de 2022 serán, sin lugar a dudas, claves en la historia colombiana. El gobierno de Duque se enfrenta a una muy baja legitimidad. No se trata solo de que su popularidad haya mermado considerablemente según todos los sondeos, sino además de la incapacidad de su gobierno para afrontar los grandes problemas del país. Los resultados de la gestión frente a temas como la desigualdad, la pobreza y el desempleo son, ciertamente, muy dispares. Si bien el gobierno de Duque puede mostrar buenos resultados en términos de recuperación económica, el avance de los programas de vacunación y el apoyo a los inmigrantes venezolanos, sus políticas no lograron avanzar de manera decidida en el ámbito de la paz.  El sostenimiento del clientelismo, de la corrupción de las mafias políticas y de la defensa de los sectores del establishment es uno de los puntos que le achacan sus opositores. Juan Manuel Galán, de la Coalición Centro Esperanza, es uno de quienes más enfatizan este tipo de discurso. A él se suma la ex-ministra de Agricultura liberal Cecilia López, quien asegura que el gobierno ha hecho muy poco para reducir la pobreza en la cual están sumidas tres cuartas partes del país.

Lo cierto es que Duque ha tenido que enfrentar un proceso de gobierno complejo, caracterizado por un hecho inédito en Colombia: la explosión social que se extendió desde abril hasta octubre de este año. Convocada inicialmente como una protesta contra una reforma tributaria regresiva, la manifestación social tomó cuerpo y se apoderó de las calles de Colombia. La represión por parte de las fuerzas de seguridad le valió al oficialismo una fuerte condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertó de la situación en el país. A poco de desarrollarse, la cuestión de la reforma tributaria pasó a ser un tema más de la agenda: se sumaron críticas por el manejo de la pandemia de covid-19, fuertes quejas por la situación económica y social del país y planteos críticos respecto de la falta de cumplimiento del Acuerdo de Paz. Muchos de los asistentes —y sobre todo de las organizaciones convocantes al Paro General— llegaron a exigir incluso la renuncia del propio presidente, además del juicio a Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad. Las jornadas de protesta, que tuvieron su momento más alto a fines de abril y durante mayo, se extendieron con diversos paros convocados por las principales centrales de trabajadores del país. Esto evidenció que el de Duque es un gobierno seriamente debilitado al que parte de los sectores desfavorecidos y de la juventud le han dado la espalda.

En un contexto como este, el pesimismo y la desesperanza están presentes. Y no es para menos. La sociedad colombiana ve el derrotero político de un presidente que prometía trabajar con y para los jóvenes, mientras los indicadores sociales se vuelven cada vez menos alentadores. El desempleo y el difícil ascenso social abren cada vez más el camino al progresismo, tanto al representado por la Coalición Centro Esperanza como al expresado por la fuerza de izquierda liderada por Petro, el Pacto Histórico. Esta última ha ganado fuerza tras las protestas, ha convocado a buena parte de una ciudadanía identificada con el progresismo y con la izquierda, pero ha logrado también trascender —al menos parcialmente— sus apoyos históricos. A diferencia de otros tiempos, en los que solo un núcleo duro de izquierda apoyaba propuestas como las del Pacto Histórico, hoy hay diversos disidentes del Partido Liberal, una buena parte de los miembros del Partido Verde, de sectores desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de ciudadanas y ciudadanos independientes que no siempre se sentían interpelados por la política que apuestan por la candidatura de Petro. La búsqueda de un modelo más humanista, que reduzca la desigualdad y la pobreza, que preste especial atención a las cuestiones del ambiente y que aborde la necesidad de fortalecer la participación política, está ganando impulso.

Pero con el crecimiento en apoyos, también emergen los temores. Para las derechas, el discurso de ruptura con las elites y la posibilidad de que, de llegar al poder, Petro pueda imponer un cambio drástico de modelo, se han transformado en todo tipo de críticas y de alertas.

Ciertamente, al menos hasta hoy, es Petro quien parece encarar más cabalmente la posibilidad de un cambio y quien concita mayor cantidad de apoyos entre las fuerzas de oposición. Y es que, si bien existen diversos elementos progresistas en la Coalición Centro Esperanza, la indefinición del candidato del espacio centrista —recién se elegirá en marzo—, la ubican en desventaja frente al Pacto Histórico. Es Petro quien hoy atrae todas las miradas. Pero ¿quién es y de dónde viene el hombre del que todos hablan?

Una trayectoria

Gustavo Petro se formó en una familia politizada. Mientras que su padre era seguidor del líder conservador Laureano Gómez —admirador del dictador español Francisco Franco— y, acaso contradictoriamente, admirador del «Che» Guevara, su madre revindicaba al líder popular Jorge Eliécer Gaitán y era activista política en la Alianza Nacional Popular (ANAPO), el movimiento dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla que reivindicaba al Partido Conservador. En ese marco, y con una serie de lecturas políticas que lo marcarían desde pequeño —entre las que se destacaban Verne, Dostoievski y Rousseau—, Petro se acercó a la izquierda política, transitando desde posiciones del socialismo marxista hasta ideas basadas en la Teología de la Liberación y el «cristianismo liberador».

En 1977, siendo todavía menor de edad, ingresó en el M-19, organización guerrillera que reivindicaba el nacionalismo revolucionario y que se proponía desarrollar un «socialismo a la colombiana». En términos contextuales, el proceso guerrillero se vinculaba a un conjunto de fenómenos, entre los que se destacaban el fraude político contra la ANAPO (partido del que el M-19 se consideraba sucesor) y la instauración de una serie de políticas violentas desde el Estado. En tiempos en que parte de las izquierdas apostaban por la vía armada, el M-19 representó esa alternativa en la política colombiana. Viviendo vidas paralelas (la civil, en la Universidad, y la clandestina, en la guerrilla), Petro atravesó un periodo en el que no faltaron los pasos por la cárcel y la tortura. En ese marco, no eran pocos los que homologaban a Colombia con las dictaduras del Cono Sur: se aplicaban métodos represivos, de tortura y de desaparición de personas.

La llegada a la Presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986) abrió la puerta para las conversaciones de paz con los grupos guerrilleros. Pero en noviembre de 1985, el M-19 toma el Palacio de Justicia con el argumento de hacerle un juicio al presidente por haber traicionado la tregua del proceso de paz. Esta acción terminará en una tragedia con el asesinato de los magistrados, la muerte de guerrilleros y la desaparición de civiles. En su relato, Petro reconoce que el M-19 se equivocó y no se midió el peligro de exponer las vidas de los magistrados.

Con la firma de la paz en 1990 bajo el mandato del liberal Virgilio Barco (1986-1990), y posteriormente durante el gobierno del liberal César Gaviria (1990-1994), Petro ingresa en una nueva época. Un breve periodo en Bruselas como refugiado diplomático lo lleva a ampliar sus horizontes regresando a las aulas en la Universidad Católica de Lovaina. Según él mismo ha afirmado, su paso por Europa le permitió abrirse a un mundo cosmopolita y recoger nuevos ejes de acción política. La meta de lograr el difícil equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente es uno de ellos.

A su regreso a Colombia en 1997, inició una carrera en la vida pública en la izquierda con un paso destacado por el Senado. Allí se lo reconoció como una de las voces más prominentes por sus críticas a las políticas asociadas al sector financiero, por su posición sobre la especulación en la compra de tierras, su furibunda crítica del paramilitarismo en Antioquia y, sobre todo, por sus posicionamientos sobre la corrupción —que critica, además, dentro de su propio partido: el Polo Democrático—.

La llegada a la Alcaldía de Bogotá en 2012 marcó a fuego su carrera política. Petro accede a ella ese año, ya fuera del Polo Democrático y bajo una nueva organización de izquierda que se reivindica, a la vez, progresista, ecologista y socialdemócrata: Colombia Humana. Su paso por la Alcaldía fue problemático. Tras dos años de mandato, fue destituido de su cargo luego de que Miguel Gómez Martínez, representante bogotano de la derecha en la Cámara de Representantes, presentara una iniciativa para revocar su mandato. El uribista consiguió las firmas necesarias y, a fines de 2013, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años. La razón: un mal manejo de un conflicto vinculado a la recolección de basura. Las medidas cautelares de la CIDH y el apoyo popular dieron espacio para que los jueces sancionaran finalmente su reincorporación al cargo. 

El gobierno de Petro en la capital del país es, sin embargo, recordado por su impronta social. Su vocación de mezclar estratos sociales en distintas zonas (como sucede en algunas de las ciudades más cosmopolitas del mundo) no fue bien recibido por los más pudientes. Su política de seguridad urbana, sin embargo, dejó huella. Basado en un marco según el cual la seguridad no debe basarse en las políticas de represión policial, sino en un proceso de amplia construcción ciudadana, Petro encaró una batería de medidas entre las que se destacó la estrategia de desmovilización de las pandillas callejeras a través de planes de sustento y de trabajo. Alrededor de 10.000 jóvenes dejaron el robo y las prácticas delictivas, a la vez que accedieron al estudio a través de los programas de Colombia Humana en la ciudad de Bogotá. Asimismo, Petro desarrolló una serie de políticas sociales para las personas que vivían en la calle y se ocupó seriamente de las problemáticas de las trabajadoras sexuales de la ciudad. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza multidimensional en Bogotá arrojaba guarismos de 12%. Cuando Petro entregó la Alcaldía, aun en un proceso de destitución movilizado por la derecha, la cifra se había reducido a 4,7%.

Los temores y las críticas de la derecha

A tan solo seis meses de la campaña presidencial, Petro está punteando en las encuestas. No es, sin embargo, la primera vez que busca llegar al máximo cargo del Estado. Ya en 2010, se presentó como candidato por el Polo Democrático y obtuvo el tercer lugar, detrás del electo Juan Manuel Santos y del centrista Antanas Mockus. En 2018, y ya bajo el sello de Colombia Humana, consiguió el segundo lugar y se enfrentó en el balotaje con el uribista Duque. Tras este proceso, quedó claro que Petro era el candidato con más proyección en el espacio de la izquierda.

Al igual que en 2018, la actual campaña de Petro se ha nutrido de encuentros en las regiones con los sectores populares, los jóvenes, las mujeres y los líderes sociales. En una campaña que no parece dejar nada al azar, Petro intenta mostrarse como maestro en las redes sociales y en la plaza pública. Sin embargo, a diferencia de las campañas presidenciales precedentes, esta vez ha visitado regiones menos amigables. Entre ellas, se destaca Antioquia, el bastión del uribismo. Su reto es sostener los casi ocho millones de votos que obtuvo frente al candidato de la derecha y ganar en primera vuelta. Para ello precisa un amplio apoyo popular que supere a los propios simpatizantes del mundo progresista y del campo intelectual. Petro necesita el voto de los sectores disconformes con los partidos tradicionales.

Las críticas de la derecha y de sus alas más radicales se centran en varios puntos: el paso de Petro por una organización insurgente y su nexo con Venezuela, su discurso contra las elites tradicionales, su duelo con el ex-presidente Uribe. Finalmente, la derecha no deja de achacarle las dificultades que surgieron en su periodo al mando de la Alcaldía de Bogotá al querer implantar programas que iban en contra de las elites de la ciudad.

En un reciente debate de candidatos de derecha organizado por la revista Semana, el ex-ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry aseguraba que Petro «promueve el odio, el resentimiento y la división». Asimismo, juzgaba sus propuestas económicas de «dulzonas y peligrosas», aduciendo que Petro quiere acabar con la industria petrolera, un sustento fundamental para la economía de 18 departamentos. En verdad, diversas posturas del petrismo van de la mano con los acuerdos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima y se enmarcan en el tema de la transición ecológica. A su juicio, cesar la contratación de exploración petrolera constituye un mensaje necesario de cara a iniciar un proceso de transición.

Para Víctor G. Ricardo, ex-comisionado de Paz del gobierno conservador de Andrés Pastrana (1998-2002), la clave de Petro es «haber llegado a una población a la que le falta educación política y haber logrado convencerlos de que solo con la izquierda se pueden obtener las aspiraciones de los servicios públicos, la educación y la salud. Esto se puede evidenciar cuando fue alcalde, aunque la mayoría de la población del norte no se dio cuenta, redujo las tarifas básicas para los ciudadanos más pobres y también llevó adelante proyectos populistas en materia de recolección de basuras, mostrando que sus medidas beneficiarán económica y socialmente a las clases más necesitadas. Sin duda Colombia tiene una gran desinformación en el debate de las ideas políticas y justamente los partidos tradicionales dejaron los principios y los programas».

A estas voces se suma la de Federico Gutiérrez, ex-alcalde de Medellín. Según Gutiérrez, tras su militancia en el M-19 Petro tiene las manos manchadas de sangre y eso debería inhabilitarlo para ser presidente de Colombia. Se trata, por supuesto, de una afirmación delicada, pues Gutiérrez desconoce en sus declaraciones el proceso de desmovilización de la guerrilla, además de omitir el hecho de que el político de izquierdas jamás ha sido juzgado por un delito de lesa humanidad.

Como se ve, las críticas de la derecha están a la orden del día.

La opinión del centro y del progresismo

El ex-presidente liberal Ernesto Samper, ubicado en una posición centrista, también analiza la base de apoyos de Petro. Para el mandatario entre 1994 y 1998, estos van «desde los sectores que desde la izquierda se podrían llamar tradicionales y que han estado buscando un cambio de modelo económico en Colombia desde hace muchos años, hasta el ejército de personas decepcionadas con el presidente Duque por no haberse atrevido a continuar con la paz y tratar de seguir utilizando el modelo neoliberal para manejar la pandemia». En ese sentido, Samper define el petrismo como «una alternativa social, popular y democrática que surge de los Acuerdos de Paz en la medida en que puso fin a la combinación de formas de lucha. Antes del Acuerdo de Paz se tenía bloqueada cualquier expresión electoral de carácter progresista. El petrismo es también una salida al evidente fracaso del modelo neoliberal para manejar la crisis económica y social resultante de la pandemia».

Clara López, ex-candidata a vicepresidenta de Petro en 2010, está convencida de que «la gente reclama cambio y sabe quiénes lo pregonan para que todo siga igual y quienes tienen la voluntad política de hacer cambios de verdad. Ese pueblo consciente es el que apoya a Petro». López, de una dilatada trayectoria política y ex-ministra de Trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos, afirma que el progresismo «aboga por el pago de la deuda social, pretende que los grandes capitales paguen su parte en el sostenimiento del Estado que debe responder con sistemas de salud, educación y seguridad social que garanticen bienestar y productividad. A diferencia de la imposición del modelo neoliberal en Chile a sangre y fuego bajo la dictadura de Pinochet o de modelos sociales inviables al estilo de Venezuela, el progresismo es esencialmente realista, democrático e institucional». A la vez, puntualiza que «en el caso de Gustavo Petro, su progresismo suscribe la opción por los pobres y la defensa de la casa común. Sus decisiones de gobierno buscarán equilibrar las cargas en sociedades como las nuestras en que la concentración de riquezas, ingreso y poder ha llegado demasiado lejos».

En el escenario político actual, la posición de los desmovilizados de las FARC es la de apoyar a un candidato que apueste por una verdadera implementación del Acuerdo de Paz. La senadora Sandra Ramírez, compañera del comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Manuel Marulanda Vélez, considera que los cambios que se han dado en Colombia han sido en nombre del petrismo. «Es una fuerza poderosa que se manifiesta en las calles, en las plazas, en los mercados. La esperanza de la gente del común está representada en Petro. El petrismo ha venido subiendo poco a poco y expresa el cansancio de la gente que sigue viviendo en las mismas condiciones: injusticia, violencia por parte del Estado y extractivismo. El silencio de los fusiles permitió oír el estruendo de la corrupción, la tragedia ambiental y la enorme desigualdad socioeconómica».   

Las perspectivas

A lo largo de su vida, Petro militó en una organización guerrillera, combatió audazmente al ex-presidente Uribe —exponiendo las denuncias del paramilitarismo en Antioquia, el lado oscuro de los falsos positivos o las interceptaciones telefónicas— y jugó su capital político defendiendo a los más desfavorecidos de la sociedad, tanto desde el Parlamento como desde la Alcaldía de la capital del país. Para algunos, esto debería ser suficiente para que aterrice en la Casa de Nariño. Pero no todos están de acuerdo.

Su recorrido político está plagado de cambios que pueden inquietar a una parte de la sociedad colombiana. «El aumento de mi popularidad se tradujo en una opinión desfavorable. Mis debates me generaban reconocimiento porque eran estruendosos, pero no de apoyo», afirma en su reciente libro. Otra paradoja es la que concierne a las clases medias bogotanas que lograron salir de la pobreza mediante sus políticas. Según el propio Petro, esa clase media le dio la espalda a su proyecto, impidiendo que otros pudieran seguir su ascenso social al votar después a la derecha: «Esta nueva clase media es la que impide que el progresismo triunfe en Colombia».   

A poco más de seis meses de la primera vuelta, es difícil predecir un resultado y saber si se podrá alcanzar un acuerdo entre el petrismo y el centro. Pero algo es evidente: en solitario o con alianzas, Petro jugará un rol central en las próximas elecciones. Su discurso de vanguardia buscará llegar a la franja de indecisos y, sobre todo, conquistar a la clase media, insistiendo en la importancia de lo popular y en la necesidad de regenerar la política y luchar por el ambiente.  

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La victoria de Xiomara Castro en la Honduras de la «democracia oligárquica»

El triunfo de Xiomara Castro cambia el panorama político hondureño y abre un «giro a la izquierda» en la nación centroamericana. ¿Logrará Honduras quitarse de encima el peso del autoritarismo y la corrupción sobre los que descansaba el gobierno de Juan Orlando Hernández?

 

El domingo 28 de noviembre, los hondureños salieron a votar masivamente contra la continuidad del prolongado régimen autoritario de Juan Orlando Hernández. Los resultados preliminares de las elecciones generales perfilan a Xiomara Castro como la próxima presidenta de Honduras, con una ventaja de 20 puntos (53,61%) sobre el candidato oficialista Nasry Asfura (33,87%). La coalición de partidos que la acompaña tiene ante sí el desafío de cumplir con las expectativas de una ciudadanía esperanzada en encontrar soluciones a las crisis sociales y políticas que viene enfrentando el país. A la espera de la declaratoria final de los resultados, conviene examinar el proceso electoral y las principales fuerzas que lo condicionan, con el objetivo de discernir las características del sistema político y la situación social en que tendrá lugar la investidura de la candidata que reivindica el «socialismo democrático» en el corazón de Centroamérica.

Un país políticamente inestable

Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, se ha definido por una permanente inestabilidad política. Durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, la sucesión gubernamental se dirimió primordialmente a través de la guerra civil y, de tanto en tanto, por elecciones amañadas en las que se obstaculizaba el voto opositor. Luego de la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), el golpe de Estado fue la técnica de cambio de gobierno por excelencia, hasta que en 1981 —y por presiones externas— comenzó un periodo de alternancia democrática dominado por los partidos Liberal y Nacional. Esta forma de bipartidismo se vio bruscamente interrumpida por el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, lo que creó las condiciones para un reacomodamiento del tablero político a partir de 2012. Sin embargo, el Partido Nacional ganó las elecciones de 2009 y los comicios generales de 2013 y de 2017 que llevaron al Poder Ejecutivo al nacionalista Hernández, volviendo a poner en escena las «elecciones estilo Honduras». Diputado entre 1998 y 2014 y presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, Hernández fue el primer mandatario hondureño en lograr la reelección. Su padrino político fue el ex-presidente Porfirio Lobo (2010-2014), ahora relegado a una posición marginal y adversario suyo.

El régimen de Hernández, émulo confeso del viejo dictador Tiburcio Carías, ha significado un profundo retroceso para el país. Ha minado las bases del Estado de derecho y de la mutua vigilancia de los poderes. Se considera a sus titulares como hombres leales al presidente que, junto con el alto mando militar, forman parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que lo sostiene. Su gobierno ha enriquecido a sus aliados de la banca privada al otorgarles la administración de fondos públicos en forma de fideicomisos y les ha cedido el control de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Además, ha debilitado severamente la capacidad de maniobra de las empresas de servicios públicos, así como los sistemas de salud y educación. La pandemia también mostró claramente cómo se maneja el régimen del todavía presidente. Y es que las posibilidades de sobrevivir al covid-19 han estado ligadas a la capacidad de pagar los altos precios requeridos por el tratamiento, en un contexto en que el Partido Nacional ha puesto en cuestión los derechos laborales consagrados por el Código de Trabajo, al emitir una ley de trabajo por hora. Las cosas no terminan ahí. Bajo el gobierno de Hernández se ha aplicado una política de neto corte extractivista, con sus consabidas depredaciones de bosques, minería a cielo abierto y entrega de los bienes comunes como el agua. Con el aparato estatal bajo su control, Hernández ganó las elecciones de 2013 y de 2017, pero contaminado por una fuerte impopularidad.

Pese a todo, el clan de Hernández ha sabido beneficiarse y hegemonizar el sistema de negociaciones cupulares imperante en Honduras, respetando las «reglas del juego» al responder cuidadosamente «a los intereses de todas las elites prominentes», que son esencialmente las facciones mayoritarias de los sectores empresariales, de las Fuerzas Armadas y de las iglesias. La embajada estadounidense ha jugado un papel tutelar en ese sistema. El prolongado régimen de Hernández se ha desenvuelto en medio de una cultura política de acuerdos entre pares, en la cual juegan un rol fundamental los grandes pactos entre quienes se consideran caciques de los partidos políticos. 

La seducción populista 

Las elecciones del domingo marcan un cambio de rumbo de la política hondureña. Con los resultados de los que se dispone hasta este momento, Xiomara Castro ha triunfado en la contienda electoral. Perteneciente a una familia de hacendados y empresarios de la madera, vinculada históricamente al liberalismo, Castro lidera una coalición que ha sido la revelación de la campaña electoral. Sus críticas al gobierno de Hernández le granjearon parte del apoyo popular y la ubicaron en la primera línea política. Autoidentificada como una persona de izquierda, Castro afirmó que su lucha es por desarrollar en Honduras un modelo basado en el «socialismo democrático».

Xiomara Castro es esposa de Manuel Zelaya, el presidente depuesto por un golpe de Estado de 2009. Anteriormente miembro del Partido Liberal, Zelaya fue víctima de un golpe tras evidenciar un giro al estilo del «populismo refundador» sudamericano. Las críticas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, el acercamiento a Venezuela y al llamado bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y la tentativa de modificar la Constitución le atrajeron la enemistad de una parte de la elite tradicional. Cuando el golpe se consumó, su esposa saltó a la palestra y se ganó la simpatía de un sector de la ciudadanía hondureña. Cuando Zelaya fundó el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Castro se convirtió en la primera figura de la organización. En 2012, apenas un año después, Castro se lanzó como candidata presidencial, pero en 2013 quedó en segundo lugar, con 28,8% de los votos. Quiso volver a intentarlo en 2016, pero acabó abandonando la carrera en favor de Salvador Nasralla, líder de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y entonces el candidato mejor posicionado para enfrentar a Hernández. Nasralla perdió la elección por un escasísimo margen y denunció un «descomunal fraude electoral».

Castro volvió a lanzarse como candidata en enero de 2020. Con la venia de su marido, derrotó a sus tres oponentes internos dentro de LIBRE con el apoyo de seis sobre las nueve corrientes internas del partido, e inició el camino hacia la Presidencia. Su campaña estuvo centrada en la crítica de las leyes destinadas a sostener al juan-orlandismo, en la promesa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, en la crítica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) —a las que calificó como una entrega de la soberanía popular a empresas internacionales—, en el rechazo al «modelo neoliberal» y a la corrupción. Además de su promesa de vender el avión presidencial —al que consideró un lujo que el país no puede permitirse cuando buena parte de la población atraviesa severos problemas sociales—, afirmó que Honduras buscará relaciones con China, marcando así una agenda alejada del histórico «norteamericanismo» de la dirigencia política local. Castro prometió además terminar con el régimen de «narcodictadura» que, según su perspectiva, encarna Juan Orlando Hernández.

Su campaña también tuvo un eje de especial importancia: el que se refiere al rol de las mujeres. Castro se manifestó contra la violencia de género y el acoso sexual, pero ha sido ambivalente en relación con el aborto. Ha hecho declaraciones favorables cuando se trata de ciertas causales, pero también ha sostenido posiciones más ambiguas. La virtual presidenta electa ha sido duramente criticada por sus pasadas manifestaciones en favor del chavismo. Sus detractores la han acusado de querer implantar el comunismo en el país y de generar un clima de desconfianza en el mundo empresarial. Ella ha respondido que es una «socialista democrática» que busca una política que tenga a los seres humanos en el centro de las preocupaciones. Tras conocerse los resultados preliminares, que dejaron a Castro 20 puntos por encima de Nasry Asfura —quien obtuvo 33% de los votos— y de Yani Rosenthal, del Partido Liberal —quien consiguió 9%—, la futura presidenta del país sostuvo la importancia llamar a un diálogo con todos los sectores para la puesta en marcha de una democracia directa y participativa. El Ejecutivo adquiere, sin lugar a dudas, una nueva dirección.

Los partidos políticos y sus perspectivas

Las elecciones del domingo despertaron gran afluencia e interés gracias a los efectos que supone la salida de Hernández, en un país en que las tasas de abstención tradicionalmente se ubican en la mitad del censo electoral. El partidizado Consejo Nacional Electoral (CNE) registró una participación histórica de 68,09%, aun cuando las novedades son escasas: los actores en contienda cuentan con décadas de experiencia en el sistema político de negociaciones cupulares, colaborando en la construcción de una cultura de la ineficiencia y de la corrupción en la que la carrera política aparece ante todo como un medio para el enriquecimiento. El lenguaje político de los competidores se inscribe en la tradición personalista de las lealtades y vínculos partidarios en beneficio de prebendas y favoritismos clientelares.

Esta figura del Estado como «botín de los triunfadores» quedó nítidamente evidenciada en el trabajo de las instituciones judiciales estadounidenses. Frente a la debilidad de la justicia en Honduras, Estados Unidos ha extraditado y arrestado en su territorio a reconocidos políticos y gánsteres hondureños que violaron las leyes estadounidenses. En este contexto, la justicia de Estados Unidos sentenció a cadena perpetua en Nueva York el hermano del presidente y ex-diputado Antonio Hernández, a causa de su implicación en el tráfico de cocaína hacia ese país, en complicidad con el cártel de Los Cachiros, liderado por Devis Maradiaga, cuyas declaraciones fueron pieza clave en varios juicios. Maradiaga afirma haber colaborado con conocidos profesionales de la política local, lo que lo ha vuelto uno de los narcotraficantes más célebres del país. En marzo de 2021, reveló haber pagado sobornos por varios cientos de miles de dólares al presidente Hernández, a su vicepresidente Ricardo Álvarez y a los ex-presidentes Zelaya y Lobo.

El candidato del Partido Liberal, el banquero Yani Rosenthal, guardó prisión por tres años en una cárcel estadounidense por lavado de activos para Los Cachiros. Es hijo del banquero Jaime Rosenthal, quien fuera vicepresidente (1986-1990) y diputado  por el departamento industrial de Cortés (2002-2006). En su dilatada carrera política, Yani ocupó cargos de dirección en el Partido Liberal, fue ministro de la Presidencia (2006-2008) en el gobierno de Zelaya, diputado en el Congreso Nacional entre 2010 y 2014, y precandidato a la Presidencia en 2012. Ganó las primarias en 2021 pero no funge como dueño de partido. Los Rosenthal fueron propietarios del diario Tiempo, del Banco Continental y de Canal 11, un medio privilegiado para su campaña. Su emporio comenzó a decaer tras el escándalo internacional que lo vinculó con la banda de Maradiaga. La condición de ex-convicto le restó credibilidad a su intento de presentarse como «el centro» frente a una «derecha corrupta y una izquierda radical», tal como declaró en su campaña.

Por su parte, el candidato nacionalista Nasry Asfura era percibido como la continuación del régimen de Hernández. De haber ganado, se habría visto en la incómoda situación de tener que proteger al actual mandatario, quien es acusado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber recibido del Chapo Guzmán un aporte de un millón de dólares para financiar su candidatura en 2013. Para ese mismo propósito, los nacionalistas saquearon los fondos del Seguro Social y de la Secretaría de Agricultura. La candidatura de Asfura, quien ha sido incondicional al presidente, heredó el legado de un gobierno que es altamente corrupto y que está políticamente desgastado. Su principal activo fueron los recursos públicos y de la cooperación internacional que se manejan a través de la más importante estructura clientelar del Partido Nacional: el programa Vida Mejor. El Partido Nacional también dispone de abundantes recursos financieros obtenidos por el robo de fondos públicos durante la pandemia y de los onerosos préstamos aprobados por la mayoría mecánica con que disponen en el Congreso.

Castro tuvo, por su parte, otros condimentos que se agregan a los explicados anteriormente. En primer lugar, fue promovida por su marido, Manuel Zelaya, quien busca recuperar las riendas del Estado desde que fue expulsado por un golpe en 2009. La familia Zelaya formó parte de un grupo de ricos hacendados, históricos empresarios de la depredación del bosque, y es parte de la clase política que maneja el Estado desde la década de 1980. Por eso fue sorprendente su giro a la izquierda como presidente. Su larga trayectoria de militancia en el Partido Liberal y una década de «coordinación general» de LIBRE le permitió al matrimonio Castro-Zelaya acumular un capital político considerable, con el que juegan un papel decisivo en los vaivenes del sistema. Zelaya fue expulsado momentáneamente del juego político debido a sus proclamadas simpatías con el castrismo y el chavismo y a la tentativa de amañar a su favor la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y convocar a una «Consulta Popular de la Cuarta Urna» con pretensión hegemónica. Pero la forma de la asonada, mediante un golpe de Estado, marcó la política hondureña durante estos 12 años de autoritarismo.

Zelaya se reintegró el tablero gracias a los Acuerdos de Cartagena firmados en 2011 con el gobierno de Lobo. Frente a la aún inhabilitada figura de la reelección, decidió promover la candidatura de Castro en 2013 con el partido LIBRE, que es básicamente un desprendimiento del otrora poderoso Partido Liberal y que dispone de una pequeña ala de izquierda organizada. LIBRE le arrebató al liberalismo alrededor de la mitad de sus adherentes. El perfil carismático de Castro ha sido exitoso entre su militancia, aun cuando su presencia parece limitarse al periodo electoral y pese a que sus apariciones mediáticas son escasas. Ha sabido aprovechar la herencia simbólica y material de su esposo, evitando esta vez vociferar como en campañas anteriores que «votar por Xiomara es votar por Mel». Aunque todavía en 2016 Zelaya apostaba abiertamente por su retorno a la Presidencia, el malestar general que el Partido Nacional le imprimió a esta perspectiva lo ha convencido de que la mejor estrategia es evitarlo, reduciendo además las apariciones públicas con Castro.

Una campaña desesperada

El proceso electoral adquirió un giro inesperado el pasado 13 de octubre cuando, tras una reunión con el ex-presidente Zelaya, Salvador Nasralla anunció su afiliación a la fórmula presidencial de LIBRE en calidad de vicepresidente. Nasralla es el presentador de televisión más conocido del país y ha atraído la simpatía de los electores más jóvenes por su lucha abierta contra la corrupción del régimen actual. Obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2017 como candidato de LIBRE, luego de ser expulsado del Partido Anticorrupción con el que participó por primera vez en 2013. Desde el 12 de noviembre, la coalición la compone adicionalmente el ex-candidato del movimiento Honduras Humana, Milton Benítez, conductor del programa El perro amarillo, que ha ganado reputación por sus denuncias contra la corrupción y la banca.

La súbita suspensión de la enemistad que perduraba desde el comienzo de la «crisis poselectoral» de 2017 entre Nasralla y los Zelaya permitió que nasrallistas, indecisos e independientes se sumasen progresivamente a LIBRE, optando por el voto de castigo contra el régimen de Hernández. La coalición despierta expectativas al prometer desmontar el proyecto gubernamental desarrollado por el Partido Nacional, criticando sin ambages a su «pandilla de ladrones». Pese a la multiplicidad de identidades políticas que componen la coalición, su estrategia «populista» fue exitosa. En una muestra de desesperación, el Partido Nacional aceleró la entrega del «Bono de Vida Mejor del Bicentenario» decretado hace un mes, equivalente a 7.000 lempiras en efectivo por beneficiario (289 dólares), acudiendo descaradamente al mecanismo de compra de votos. En un país con un pasado anticomunista visceral, el Partido Nacional se ha servido de los elogios de Zelaya hacia el régimen cubano, al igual que hacia el venezolano y el nicaragüense, para intensificar una campaña anticomunista contra Xiomara Castro. Buscando afianzar su posición con las iglesias, los nacionalistas concentraron su campaña en buscar provecho de la postura un tanto ambigua de los Zelaya sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Asfura llegó a firmar un acuerdo «pro-vida» con la Confraternidad Evangélica de Honduras, orientando su discurso en la defensa de valores tradicionales. 

A pesar de las querellas de orden ideológico, Hernández mantuvo buenas relaciones con su vecino Daniel Ortega, y los principales líderes de la oposición nunca dejaron de acudir a las reuniones a puerta cerrada con el Partido Nacional. Poco después de una reciente reunión con Ortega en Managua, las autoridades hondureñas encarcelaron al candidato independiente y ex-capitán de las Fuerzas Armadas Santos Orellana, quien ganó notoriedad por denunciar el involucramiento de los militares en el narcotráfico. Si bien los niveles de represión política de Honduras no igualan los de Nicaragua, la situación es preocupante, con un aproximado de 26 militantes asesinados entre el 23 de diciembre de 2020 y el 25 de octubre de este año.

Lamentablemente, las elecciones no se focalizaron en contrastar alternativas para resolver estas y otras problemáticas urgentes que enfrenta el país. Por el contrario, buena parte de las campañas se basaron en la solicitud del «voto en plancha», en desprestigiar a las adversarias y los adversarios o, en el mejor de los casos, en proponer soluciones mágicas sustentadas en el cortoplacismo electoral. Para los grandes jefes de los partidos, sus clanes internos, sus fieles lugartenientes y quienes participan en sus redes clientelares —en particular, para los familiares y amigos de los candidatos—, lo esencial es ocupar un lugar en el sistema de negociaciones cupulares. Honduras es una suerte de democracia oligárquica.

Con todo, gran parte de la ciudadanía decidió ejercer su derecho al voto de manera pacífica. Aunque los caudillos tradicionales de los partidos políticos declararon ganadores a sus candidatos antes de tiempo, los competidores han respetado tácitamente los resultados. No se registraron mayores disturbios, protestas o conflictividad social similares a las conocidas en 2017. La calidad del espinoso avance democrático alcanzado está por verse en este país de tradiciones políticas autoritarias. ¿Los vencedores contemplarán reconstruir el Estado de derecho y la interdependencia de los poderes del Estado? Honduras requiere establecer una política social incluyente, que restaure los equilibrios sociales básicos que animaron la ola reformista que vivió el país desde la huelga de 1954 hasta el reformismo militar.

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:16

¿Ortega 'ad infinitum'?

Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, en una imagen tomada en marzo de 2019 en la residencia presidencial de Managua.- AFP

Daniel Ortega ha ganado las elecciones en Nicaragua. Si retrocediéramos en el tiempo, hasta 1990, ésta podría haber sido una excelente noticia para el país centroamericano. Pese a la guerra y el bloqueo impuesto por Washington, el Frente Sandinista de Liberación Nacional habría contado todavía con el apoyo mayoritario de su pueblo y se dispondría a seguir construyendo revolución. Ucronías aparte, de aquel sueño romántico solo quedan los colores rojinegros de la bandera del FSLN, ondeantes en Managua la pasada noche electoral. Como en 2016, Ortega, de 75 años, ha vencido en las urnas por una aplastante mayoría y enfila su cuarto mandato presidencial consecutivo junto a su fiel esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Para 2026, habrá gobernado en Nicaragua durante más de un cuarto de siglo. Y todo gracias a Dios, como diría la devota pareja presidencial.

El régimen autoritario impuesto por Daniel Ortega en Nicaragua no es comparable con aquella trituradora de vidas humanas que fue la dinastía de los Somoza. Quien vea similitudes, mira la realidad con lentes desenfocadas. Pero el FSLN de Carlos Fonseca no se alzó en armas contra Anastasio Somoza para que su movimiento político acabara en manos de una pareja de iluminados que, con tal de aferrarse al poder, ha sido capaz de pactar con dirigentes corruptos de derechas, las principales fortunas del país y el sector más reaccionario de la Iglesia.

Las elecciones del 7N dan cuenta de esos contubernios tramados por Ortega y Murillo. Según resultados preliminares, el FSLN habría obtenido alrededor del 75% de los votos, mientras el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se quedaría con cerca del 15%. Hace dos décadas, Ortega pactó con un dirigente de ese partido, Arnoldo Alemán (entonces presidente y más tarde condenado por corrupción), un reparto de las instituciones y el poder en Nicaragua. Ambas formaciones acaparan hoy el 90% de los votos. Con varios potenciales candidatos presidenciales en prisión o en el exilio, el resto de aspirantes que accedieron a presentarse a los comicios apenas se quedaría con un 10% de la tarta electoral. Son los denominados zancudos, acostumbrados a vivir del sistema a cambio de participar como comparsas.

Tras el pacto con Alemán, Ortega siguió mostrando su falta de escrúpulos. Antes de las elecciones de 2006 se acercó al cardenal Miguel Obando, quien lo había comparado con una víbora en sus homilías preelectorales. Y cinco años después, en 2011, nombró vicepresidente de su gobierno al derechista Jaime Morales Carazo, ex banquero y ex dirigente de la guerrilla de la Contra (la milicia financiada por Estados Unidos). Tras el triunfo de la revolución, en 1979, los sandinistas confiscaron la casa de Morales Carazo. Su nuevo inquilino fue un joven comandante: Daniel Ortega. La realpolitik puede con todo.

El apoyo popular con que ha contado Ortega en los últimos años no ha sido menor. Su regreso al poder en 2006, tras perder tres elecciones consecutivas, se produjo en un contexto regional muy favorable, con las materias primas por las nubes y el chavismo ejerciendo como locomotora ideológica y económica de sus aliados. Ortega apeló a su pragmatismo para favorecerse del maná bolivariano sin desdeñar las relaciones comerciales con Estados Unidos. La agenda social se plasmaba en el retorno a la gratuidad de la sanidad y la educación y el impulso de planes de acceso a la vivienda y de lucha contra la pobreza. Al mismo tiempo, el comandante coqueteaba con el neoliberalismo, seducía a los empresarios y abría las puertas a una pujante inversión extranjera. La revista Forbes llegó a hablar en 2014 del "milagro nicaragüense".

Ese respaldo popular y el idilio con los empresarios comenzó a quebrarse en abril de 2018. La aprobación de una reforma regresiva del sistema de seguridad social provocó una oleada de protestas estudiantiles que se saldaron con más de 300 muertos. La estabilidad pretendida por Ortega y Murillo se resquebrajaba. Desde entonces, la represión ha ido en aumento y en paralelo a un creciente rechazo del régimen por parte de la ciudadanía. Pese a todo, Ortega cuenta todavía con un buen número de seguidores, algo por debajo del 20% del electorado, según la consultora CID-Gallup. Pero ese sostén incondicional de muchos nicaragüenses que todavía lo ven como un líder revolucionario, no sería, sin embargo, suficiente para mantenerlo en el poder. El resultado provisional del 7N es engañoso. Según el Consejo Supremo Electoral, controlado por Ortega y Murillo, el domingo habría votado el 65% de los 4,5 millones de electores. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, fuera de la órbita oficialista, ha rebajado la participación al 18,5%. Sea como sea, los comicios estaban ya viciados de antemano por la detención de siete precandidatos presidenciales.

La oposición, en cualquier caso, no ha logrado articular una alternativa clara al orteguismo. Nicaragua, todavía en el furgón de cola del desarrollo económico en América Latina, no puede someterse a fórmulas neoliberales, tan aciagas para los países de la región durante décadas. Las sanciones económicas internacionales, como la que planea la administración de Joe Biden a través de la denominada Ley Renacer, solo perjudicarían a la población, nunca a sus dirigentes, como ha quedado patente con el histórico bloqueo a Cuba, verdadero anacronismo de la Guerra Fría, o las más recientes sanciones a Venezuela. Los gobiernos de Colombia y Chile también han reprimido con extrema dureza a aquellos que se manifestaban contra sus políticas en los últimos tiempos, y ni Estados Unidos ni la Unión Europea se han rasgado las vestiduras por ello, ni han exigido sanciones económicas contra Iván Duque o Sebastián Piñera, dos mandatarios también manchados de sangre.

Como en el caso de Venezuela, la única salida a la encrucijada nicaragüense es el diálogo. Algunos analistas vislumbran un giro en la acción política de Ortega, una vez amarrada la victoria y con otros cinco años de mandato por delante. El régimen relajaría la represión contra las voces disidentes (hay unos 150 presos políticos, según organismos de derechos humanos) e iniciaría un proceso de diálogo con algunos sectores de la oposición. Ivan Briscoe, del International Crisis Group, traslada a Público un posible escenario postelectoral: "Ortega es consciente de que necesitará buscar un nuevo pacto de gobernabilidad en su próximo mandato para hacer frente a los cuestionamientos internos y externos sobre su reelección. Probablemente, buscará la reanudación de un diálogo ‘a su medida’ que solo incluya a sectores complacientes, como ya lo anunció. El reto será persuadirlo a transformar este ejercicio en un proceso inclusivo y que apunte a una resolución negociada de la crisis política y humanitaria en la que el país está sumergido".

08/11/2021

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Imagen: Leandro Teysseire

La líder afrodescendiente es precandidata presidencial en Colombia por el Movimiento Soy Porque Somos

De luchar contra las multinacionales mineras que contaminan los territorios ancestrales a ganar el Premio Medioambiental Goldman, la dirigente de izquierda apuesta a una Colombia "digna, en paz, justa e igualitaria".

 

“Llegar a la presidencia de Colombia no es un fin, es un medio para seguir empujando las luchas”, afirma Francia Márquez Mina, que con su candidatura sacudió el tablero político de su país. Abogada, dirigente social y defensora del medioambiente, Márquez busca convertirse en la primera presidenta mujer y afrodescendiente en un país donde el racismo va desde lo más sutil hasta lo estructural. Desde las expresiones racistas hasta el despojo de territorios ancestrales. “El racismo estructural define las condiciones en las que la gente racializada debe vivir. Vemos como el modelo neoliberal y el capitalismo salvaje necesitan de esas formas de opresión para mantenerse”, explica en diálogo con Página/12.

 “Cuando a mí estos hombres blancos de élite me vienen a decir que no tengo los méritos para ser presidenta, pues que me digan ellos cuál es la experiencia que tienen. Su experiencia es de corrupción, su experiencia es de condenar a pueblos enteros a la muerte, a la guerra”, dice Márquez en una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, junto a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda.

"Tenemos todo por ganar"

“Nosotros no tenemos nada que perder porque ya nos han arrancado todo. Parte de ese todo es que nos siguen expropiando la condición humana. Tenemos todo por ganar y hay que hacer un camino”, remarca la precandidata a la presidencia de Colombia. Desde su niñez hasta la actualidad, la protección de su comunidad y el territorio ancestral llevaron a Márquez Mina a encabezar movilizaciones para exigirle una y otra vez al gobierno que frene el despojo de los pueblos afrodescendientes e indígenas.

“Certificaron que no éramos comunidad negra y por tanto no teníamos que ser consultados y yo me vi metida en la política”, cuenta la líder del Movimiento Soy Porque Somos en referencia a las circunstancias que la llevaron a la política. Porque “políticamente están definiendo que mi comunidad, que ha estado en un territorio desde 1636, tiene que ser desalojada para privilegiar a una empresa multinacional que llegó”, relata.

“Para privilegiar el desarrollo. Siempre nos han sacrificado por el desarrollo. En nombre del desarrollo esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. En el nombre del desarrollo nos han racializado y en el nombre del desarrollo el patriarcado ha hecho lo que quiere con nuestros cuerpos y con nuestros territorios. Ahí me tocó tomar partida”.

Disputar el poder

En 2014, Francia Márquez encabezó la Marcha de los Turbantes, Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales. Junto a más de 100 mujeres caminaron cerca de 300 kilómetros desde el corregimiento de la Toma en el Cauca hasta la capital Bogotá para exigirle al gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos que retirara los títulos mineros concedidos tras una violenta incursión en el territorio ancestral.

“Como mujeres negras dejamos a nuestros hijos al cuidado de otras personas para caminar, para parar la minería que estaba envenenando con mercurio el territorio. En un territorio donde tenemos niñas y niños con mercurio en la sangre. Con niveles de cinco partículas de mercurio en el cuerpo de niños que tienen 10 u 8 años”, recuerda la candidata.“Eso también es parte del exterminio físico, eso es parte del racismo ambiental. No en todos los lugares se envenenan esos territorios. El veneno se vierte en esos territorios racializados. Entonces ahí me di cuenta de que había que disputarse el poder, había que participar porque eso no iba a parar”.

Ese mismo año, Francia Márquez conoció a la líder indígena hondureña y defensora del medioambiente, Berta Cáceres, quien en 2016, un año después de haber recibido el Premio Medioambiental Goldman fue asesinada en su casa. En 2018, Márquez Mina ganó la misma distinción. “Para mí fue muy doloroso cuando la asesinaron. La lucha que ella hacía era la misma lucha que nosotros hacemos y terminaron asesinándola. No es fácil, pero asistimos a eso. Nuestras luchas siempre están trazadas por los riesgos y pues ahí nos ponemos de frente”, explica a Página/12. Márquez recordó las palabras de Cristina Bautista, gobernadora indígena asesinada en el departamento de Cauca. “Si callamos nos matan y si hablamos también, entonces hablamos porque no tenemos de otra”.

"Soy porque Somos"

En este sentido, la candidatura de Francia Márquez se enmarca en la necesidad de su pueblo. “Un pueblo que está cansado de que no lo dejen respirar, cansado de que le quiten sus sueños. Este es el sueño de los jóvenes que todos los días los asesinan y que justifican sus asesinatos llamándolos criminales,terroristas y vándalos”, dice la líder de Soy porque Somos en referencia a la muerte de jóvenes que se manifestaron durante el estallido social.

“Creo que Duque se ha empecinado en hacer trizas la paz y sostener una política de muerte que ha venido fomentando el uribismo hace 20 años, incidiendo incluso en la política exterior cuando deberíamos respetar la autonomía de cada estado”, afirma Márquez a este diario. “Aquí estamos resistiendo, pensando en cómo en esta apuesta por ganar las elecciones podemos confrontar este sistema de muerte y despojo hacia una Colombia digna, en paz, justa e igualitaria. Sobre todo una Colombia que reestablezca sus relaciones con todos los países de la región

4 de noviembre de 2021

Publicado enColombia
A días de elecciones, Nicaragua es una maquinaria represiva y dictatorial

El domingo 7 de noviembre son las elecciones generales en Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega se afina como una maquinaria represiva contra las personas defensoras de derechos humanos y la democracia.

Desde mayo de 2021 más de 150 personas han sido detenidas en un contexto represivo. Entre estas 39 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo 7 pre-candidatos presidenciales.

Igualmente, desde 2018, se han cerrado 50 organizaciones no gubernamentales y se viene aplicando un marco normativo represivo que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense.

Así lo denuncia el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Ambas instituciones advierten que el repertorio de leyes creado para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos y a los opositores políticos condena a Nicaragua a entrar a un régimen dictatorial.

El clima es de terror

Las organizaciones publicaron el miércoles 3 de noviembre el Informe “Las nuevas leyes de la represión” que detalla la nueva etapa iniciada el 20 de octubre de 2020 en la escalada represiva.

El nuevo periodo se caracteriza por la promulgación de leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Además, ponen bajo sospecha su financiamiento internacional, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo del crimen organizado y del terrorismo.

De esta manera, convierten el derecho a asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos o ciberdelitos.

Esas figuras creadas por el régimen de Ortega pueden terminar llevando a las personas a la cadena perpetua, por presuntamente promover el odio nacional.

Específicamente, son las leyes sobre “Agentes Extranjeros”, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley sobre Ciberdelitos y la Reforma Constitucional al artículo 37.

A ellas se agrega Ley contra el Lavado de Activos y la Ley 1060, que, entre otros términos, expande el término de detención de 48 horas a 90 días, sin las mínimas garantías del debido proceso.

El gobierno pretende instalar un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositoras, lo que intenta disuadir a la gente de defender los derechos humanos, atemorizar a quienes lo critican y someterlos al silencio.

Bajo este contexto, y a pocos días de las elecciones generales del 7 de noviembre, sin oposición democrática y con el trabajo y las voces de quienes defienden los derechos humanos acalladas, Nicaragua afianza un régimen totalitario.

El Observatorio y el CENIDH urgen a las autoridades nicaragüenses y a la comunidad internacional a tomar todas las medidas necesarias para reinstaurar el Estado de Derecho en Nicaragua y garantizar las libertades de expresión y asociación en el país.

El aparato judicial nicaragüense debe rescatar y dar primacía al principio de independencia de la justicia. Asimismo, las organizaciones exigen la liberación inmediata de las más de 150 personas detenidas en el marco de la represión y el fin de su criminalización y a la derogación de toda la normativa represiva.

Datos

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

La FIDH y la OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) es una organización de promoción y protección de los derechos humanos. Fue creada en 1990 y en diciembre de 2018, la Asamblea Nacional nicaraguense arbitrariamente le quitó su personería jurídica, allanó su sede y sus bienes.

El CENIDH es miembro de la FIDH y de la OMCT y apesar de la intimidación y represión en su contra, continúa trabajando por la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua.

4 noviembre 2021

Publicado originalmente en Servindi

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Baltodano denunció que el FMI, el Banco Mundial y el BCIE aún apoyan con recursos al régimen de Ortega, lo que le ha permitido sostenerse en el poder.  (Foto: Miriet Ábrego).

 

La activista refugiada en Costa Rica reconoció que no se vislumbra “un camino claro” para superar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

 

Con franqueza admite la incertidumbre sobre el futuro de su país. Sin embargo, a su manera y dentro de sus posibilidades, Mónica Baltodano participa con convicción desde la Articulación de Movimientos Sociales de la resistencia contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Baltodano no solo fue comandante guerrillera en el conflicto armado que culminó con el derrocamiento de Anastasio Somoza, sino que llegó a ser diputada bajo la bandera sandinista a finales de los años 90, cuando terminó de desencantarse con todo el proyecto político a raíz de los acuerdos a que Ortega llegó con el derechista Arnoldo Alemán.

En agosto de 2018, pocos meses después de la amplia insurrección que el régimen de Ortega aplacó de forma violenta, ofreció una entrevista a UNIVERSIDAD en la que analizó las estratagemas mediante las cuales Ortega ha buscado perpetuarse en el poder y la corrupción de los ideales sandinistas.

Ahora, tres años después, Baltodano se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, y de nuevo repasó la situación actual de su país, a pocas semanas de que el régimen lleve a cabo un proceso supuestamente electoral, de cara al cual desató una represión que ha llevado a la cárcel a personas activistas de la oposición, incluso candidatas a la Presidencia.

Hace tres años manifestó que “ese fervor de la sublevación fue resuelto por el orteguismo con un derramamiento de sangre que lejos de resolver políticamente su dilema ha significado la derrota estratégica de Ortega”. Desde entonces pareciera que más bien se ha consolidado en el poder.

—El orteguismo, como fuerza que intenta conseguir hegemonía, realmente fue derrotado. Lo que pasa es que a partir de la sublevación y de lo que aconteció posteriormente, se mantiene en el control del poder de forma absoluta exclusivamente por la fuerza de las armas y del control que él ejerce sobre las instituciones. Sin embargo, ha perdido completamente la posibilidad de tener mayoría dentro de la sociedad, y realmente hay un repudio de la mayoría. Por tanto, también sufrió una derrota desde el punto de vista de la opinión pública internacional.

En el plano internacional es muy generalizada esa opinión negativa, pero ¿debilita de alguna manera al régimen?

—La comunidad internacional no ha encontrado todavía la forma de ser eficaz contra el orteguismo. Organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y, particularmente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lo siguen apoyando con recursos para su funcionamiento y, sobre todo, para su estabilidad macroeconómica.

En ese sentido, la dictadura sigue funcionando con alguna eficiencia a nivel nacional y puede pagar a la policía, que ha incrementado en número, en armamento y en la capacidad de comunicaciones. No solamente en la policía, sino también en el ejército.

Como decía, él se sostiene con base en las armas, de tal manera que aún con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral (CSE) —que con una reforma a principios de año incrementó su control sobre las organizaciones políticas y, sobre todo, el proceso electoral— no pudo arriesgarse a realizar unas elecciones y tuvo que meter presos a todos los candidatos.

Eso demuestra que realmente su control del poder, el cual va a mantener a partir del 7 de noviembre con la supuesta reelección —que es como un atornillamiento en el poder a partir del fraude electoral, de la mentira y del engaño—, su prolongación en el gobierno va a ser de una gran fragilidad, porque con todo lo que ha pasado últimamente el repudio internacional es enorme y prácticamente él está prisionero dentro del territorio nacional; no puede salir a ningún lado con ninguna solvencia o seguridad, ni él ni su familia.

Menciona que el régimen se está sosteniendo básicamente con capital foráneo proveniente de organismos financieros, y está claro el papel de la policía. ¿Qué otros sectores de la sociedad nicaragüense apoyan al régimen en este momento?

– Hay sectores de la jerarquía evangélica que claramente han expresado su respaldo y han tratado de aprovechar las contradicciones con la iglesia católica para fortalecerse y recibir más apoyo institucional a través del presupuesto.

La conferencia episcopal mantuvo una postura sumamente crítica, han pasado, desde 2019, a una especie de observación bastante silenciosa, salvo algunos sacerdotes u obispos que mantienen una posición mucho más beligerante, como el obispo Álvarez en Matagalpa.

“Ortega se sostiene con base en las armas, de tal manera que aún con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral, no pudo arriesgarse a realizar elecciones y tuvo que meter presos a todos los candidatos”.

Lo mismo ha pasado con el gran capital, pues de tener una actitud beligerante dentro de la alianza cívica, pasó en la última etapa, como resultado de los propios golpes represivos, a un mutismo absoluto. Están preocupadísimos por sus negocios y por la estabilidad de sus ingresos. Es un silencio que no contribuye en nada. Por ejemplo, ante esta última oleada represiva no han dicho una sola palabra, a pesar de que dentro de los presos está quien fue su principal dirigente durante más de diez años, José Adán Aguerri, ni tampoco se han referido a las capturas de otros empresarios o líderes de la banca, como el gerente general del Banpro (Grupo Promérica), pero tampoco han dicho absolutamente nada frente al proceso electoral.

Hay un silencio resultante también de los niveles brutales de la represión, la gente calla y sectores que antes hablaban, callan por temor a que les invadan las propiedades, por temor a que les congelen cuentas bancarias, que es lo que está haciendo el régimen.

En estos últimos meses se ha desatado la represión contra posibles candidatos y cantidad de personas que han sido detenidas. ¿Cómo está la situación de las personas presas políticas?

—Después de la presión internacional y los acuerdos adoptados en el marco del diálogo nacional, se liberó a unos 700 presos políticos en junio de 2019. Después, empezó a practicar lo que se llama la puerta giratoria, es decir, capturan a cien, liberan 80, quedan 20. Luego otras 50 capturas, 40 liberados, quedan diez. De cada oleada de captura va quedando detenida una cantidad de prisioneros hasta completar para junio de este año más o menos unos 130 presos políticos. Habría que incluir a los de antes de 2018, los cuales son diez.

En esas fechas inició una brutal oleada en donde, como se sabe, ya hay más de 25 presos, la mayoría candidatos a la Presidencia, líderes nacionales de organizaciones y hasta héroes de la Revolución, el caso de Dora María Téllez y Hugo Torres.

La diferencia es que estuvieron detenidos 90 días solo en el proceso de investigación para poderles formular cargos, durante los cuales no tuvieron contacto ni con sus abogados, y estuvieron en condiciones carcelarias brutales de aislamiento. Ahora sabemos que también estuvieron con poca comida, algunos incluso sin ningún tipo de contacto con nadie en absoluto, como el caso de Dora María Téllez, sin poder tener ni una revista, un lápiz, ni un papel, en condiciones que se consideran desde el punto de vista de los acuerdos internacionales de derechos humanos como tortura, como la oscuridad o luz excesiva todo el día y la noche, que son formas de tortura más sofisticada.

Por otro lado, han incrementado de forma exponencial su relato de que todo es un plan del imperialismo norteamericano contra una revolución, que de revolución nada tiene, es un gobierno que no tiene absolutamente nada de revolucionario, de izquierda, pero utiliza ese discurso para engañar a unos cuantos que todavía quedan, que son las izquierdas conservadoras del mundo.

Recientemente en Costa Rica se dio un hecho muy grave, el atentado contra la vida del activista opositor Joao Maldonado. ¿Hay alguna duda de parte suya de que se trató de una acción del régimen?

– No puedo tener absoluta seguridad mientras no concluyan las investigaciones, que espero las autoridades de Costa Rica realicen de la manera más profunda posible. Pero estoy convencida de que la mano de los órganos represivos del régimen de Ortega puede llegar más allá de la frontera, en medio de los refugiados y de los migrantes no deben de faltar esos agentes que sabemos que andan por acá. Por eso, es importante para todos los refugiados mantener la prudencia, las medidas de seguridad y tener claro que la represión también puede llegar acá.

Obviamente sentimos de parte de la sociedad costarricense —y lo digo como recientemente acogida a solicitud de refugio—, la solidaridad de los distintos actores de Costa Rica y la posición del gobierno ha sido clara, tal como quedó establecida en el discurso del Presidente en Naciones Unidas.

¿Qué significa ese proceso electoral del 7 de noviembre para la resistencia nicaragüense en estas condiciones?

—Había sectores que apostaban por la participación, aún después de la reforma a la Ley Electoral que endureció las condiciones para la oposición y que ya auguraba que lo que iba a haber era una farsa. Sin embargo, el régimen con estas capturas prácticamente terminó de ilegalizar a todos los demás partidos, incluso aquellos dispuestos a participar y, de alguna manera, legitimarlo.

Los sectores de la Articulación de Movimientos Sociales apostamos a que la participación en esas condiciones era legitimar al régimen.

Lo que va a haber es un circo, una total farsa peor que lo que hacía Somoza, que por lo menos le dio a la oposición los acuerdos famosos de minorías congeladas. Esto que va a ocurrir ahora es peor que esas farsas electorales de Somoza.

Creo que el régimen está tratando de ganar tiempo, porque saben que ese circo no le va a dar ninguna legitimidad y que, por el contrario, va a permitir que toda la comunidad internacional pueda cerrar filas para rechazarlo como ilegítimo.

Sin embargo, creo que apuestan todavía al respaldo de Rusia y a que la política de “no meterse en nada” de China les dará algún oxígeno. Pero lo que va a haber el 7 de noviembre no llega ni siquiera a mascarada, es un total circo. Por eso, la Articulación de Movimientos Sociales ha hecho un llamado a la huelga electoral: que el 7 de noviembre la gente se quede en su casa, que sea evidente la no participación, el silencio en las calles y que solo sea la mínima fuerza que todavía le respalda la que concurra para que no quede duda; es decir, un paro electoral que paralice completamente la movilización ciudadana en las calles y que sea evidente el repudio de la ciudadanía a esa farsa.

Una vez que se dé esa “farsa electoral”, ¿cuál va a ser la manera de concretar que efectivamente ese apoyo internacional que sostiene el régimen deje de hacerlo?

—Tenemos que decir con toda franqueza que el diagnóstico de lo que está pasando no nos permite definir o afirmar con absoluta claridad cuál es el camino, qué es lo que va a pasar en Nicaragua o cómo va a salir el pueblo de esta dictadura.

En otras épocas de dictaduras sangrientas en América Latina teníamos claro el camino de la lucha armada. Sin embargo, ahora las puertas de la lucha armada han sido cerradas por la propia ciudadanía que dice “a nada nos condujo” un germen revolucionario del que terminó surgiendo un árbol podrido, como el de Ortega.

La sublevación popular requiere de la presencia de los líderes y la mayoría están presos o en el exilio, y todas las redes que habíamos logrado construir están afectadas por la represión.

Estamos absolutamente seguros de que tienen que venir oleadas de nuevas formas de resistencia que van a resultar de la propia creatividad popular y que vamos a lograr salir principalmente con el esfuerzo de los nicaragüenses, porque apostar a que la comunidad internacional nos va a resolver creo que realmente es una apuesta equivocada. Somos los propios nicaragüenses los que tenemos que resolver, claro con solidaridad internacional, con solidaridad moral, con apoyo de organizaciones internacionales, sí, exigiendo respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos.

Pero ¿qué salida a avizoro? Solo sé de las posibilidades que tiene la resistencia popular, que tiene que pasar a un periodo de acumular fuerzas para protagonizar nuevas sublevaciones, esta vez con un horizonte mucho más claro, con liderazgo mucho más definido para que no se desperdicie la energía popular como de alguna manera pasó en la sublevación de 2018, pero un camino así de claro no lo tenemos.

4 octubre 2021

Publicado enInternacional
La derecha peruana ya maniobra para destituir a Pedro Castillo

Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos de extrema derecha conspiran para una destitución del mandatario recurriendo a la ambigua figura de la “incapacidad moral” ; aún no cuentan con los votos. 

El maestro rural Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el cargo y la derecha ya maniobra para destituirlo de la presidencia. Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos de extrema derecha, como el partido fascista Renovación Popular, le han declarado una guerra abierta al recién estrenado gobierno de izquierda del sindicalista Castillo. Conspiran para una destitución del presidente recurriendo a la ambigua figura de la “incapacidad moral”, que da para deponerlo sin otro argumento que la fuerza de los votos. Ahora no tienen los dos tercios del Parlamento unicameral de 130 bancas para sacar al presidente, pero buscan generar un escenario de crisis que les permita sumar a otros grupos de derecha y de centroderecha para llegar a los votos que necesitan. Los medios hegemónicos le dan entusiasta cobertura a quienes promueven un golpe parlamentario. Errores iniciales del gobierno, como algunos cuestionados nombramientos, le ha dado armas a esa derecha golpista.

El nombramiento 

Castillo se ha abierto un flanco al nombrar como presidente del Consejo de Ministros al congresista del oficialista Perú Libre, Guido Bellido, cuestionado por la derecha, pero también por aliados del gobierno. Bellido es una figura que confronta y aleja posibles acuerdos que le permitan al gobierno ampliar su base de apoyo. Por el contrario, ha alejado a aliados iniciales. Ha tenido declaraciones homofóbicas y machistas, por lo que su designación no ha caído bien en los aliados progresistas del presidente. Ante las críticas, ha asegurado haber cambiado de opinión en estos temas y en un comunicado se comprometió a respaldar políticas de igualdad de género y de derechos para las minorías sexuales.

La derecha dispara contra Bellido por otras razones, y con otras intenciones. Con ese lenguaje macartista que exhibió en la campaña, y que ahora domina los medios, lo acusa de terrorista, por una investigación que le ha iniciado la fiscalía por supuesta apología al terrorismo -una cuestionada figura legal que condena las opiniones y se presta a abusos- por unas declaraciones consideradas por sus acusadores como “condescendientes” con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace más de dos décadas. Es una práctica común de la derecha peruana señalar como terrorista a quienes se identifican con la izquierda para buscar descalificarlos. Lanzan esa misma acusación contra otros miembros del gabinete. Ya se pide declarar la “incapacidad moral” del presidente y destituirlo por haber nombrado como ministros a supuestos “simpatizantes del terrorismo”. Esa es la estrategia golpista.

Sin luna de miel

“Ha sido un inicio del gobierno sin la luna de miel que se acostumbra dar a los nuevos gobiernos. Apenas llegado al gobierno, a Castillo no se le está dejando ni respirar. La derecha y los poderes fácticas, sobre todo la gran prensa, no aceptan el triunfo electoral de Castillo, no lo reconocen como presidente, y han formado una coalición para vacarlo (destituirlo). La derecha no quiere perder el gobierno, que siempre lo ha tenido. Y hay errores de saque del gobierno, como nombrar a Bellido. La situación es complicada, difícil”, le señaló a PáginaI12 el sociólogo Sinesio López, profesor de ciencias políticas de las universidades de San Marcos y Católica.

Bellido es muy cercano al fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, un marxista-leninista que ha atacado a la centroizquierda aliada de Castillo. Cerrón, que tiene una sentencia por corrupción por una pasada gestión como gobernador, es un factor que complica al gobierno. Es un blanco contra el que dispara la derecha para golpear a Castillo. El presidente se mueve entre las presiones de Cerrón por acumular poder y sus aliados progresistas ajenos a Perú Libre. El gabinete ministerial es expresión de esas tensiones internas.

“Bellido y Cerrón representan una estrategia de confrontar y de ir al choque, cuando la correlación de fuerzas en el Congreso no es favorable para el gobierno. Esa estrategia de ataque frontal, que supone medidas muy radicales y entrar al golpe, es equivocada. A esa estrategia se opone una de hacer grandes cambios sobre la base de formar una gran voluntad colectiva, una gran coalición basada en ciertos consensos. Este es uno de los países más conservadores de América Latina y es muy difícil que la izquierda sola pueda gobernar, tiene que armar alianzas y tener una apertura hacia el centro, pero desde la izquierda hacia el centro, no al revés, lo que le da un tono especial. El gobierno debe cambiar a Bellido y poner en su lugar a alguien de centroizquierda que convoque a sectores de centro, formar un gabinete que abra la posibilidad de ampliar la coalición de gobierno, lo que debilitaría la coalición para destituir a Castillo. Con Cerrón y Bellido se corta esa apertura desde la izquierda al centro y se apuesta a una izquierda radical. Eso lleva al aislamiento y a la derrota”, opina López. “Castillo no tiene experiencia política, pero es inteligente y creo va a terminar reubicándose bien. Ojalá tenga el tiempo para hacerlo”, agrega.

La complicidad de los grandes medios

Bellido debe pedir al Congreso, dominado por diversos grupos de derecha, un voto de confianza para el gabinete que encabeza. Si se lo niegan debe renunciar. La mayoría de legisladores no lo quieren, pero si niegan la confianza a dos gabinetes el presidente queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas. La derecha teme que, si sacan a Bellido, Castillo podría reemplazarlo por alguien que les genere un fuerte rechazo para forzar una segunda negativa al voto de confianza del gabinete y así poder disolver el Congreso. Por eso, podrían darle la confianza a Bellido, pero operar para boicotear al gobierno y buscar su caída. Al boicot, la desestabilización y el golpe es a lo que apuesta la extrema derecha, con la complicidad de los grandes medios.

De los 87 votos que el golpismo parlamentario requieren para destituir al presidente, tendrían 43; hay otros 36 de tres grupos de derecha opositores al gobierno y que exigen el cambio del gabinete ministerial, pero que, al menos por ahora, no se han sumado al abierto golpismo; y hay otros nueve parlamentarios del centro y la centroderecha que respaldaron a Castillo, pero ahora se han alejado del gobierno por discrepar con el gabinete. El golpismo espera sumar todos esos votos para tumbar al gobierno. El oficialismo tiene solo 42 bancas, 37 de Perú Libre y cinco de sus aliados de izquierda de Juntos por el Perú.

Más allá de críticas legítimas contra Bellido y algunos otros integrantes del gabinete, para la derecha que busca la destitución de Castillo eso es una excusa para atacar al presidente. Los golpistas de hoy son los mismos que no reconocieron la victoria electoral del profesor andino e intentaron impedir su llegada al poder alegando un inexistente fraude electoral. No pudieron evitar que asuma la presidencia, ahora buscan sacarlo del poder. Gritando “no al comunismo”, la derecha golpista se moviliza por las calles. No son marchas masivas, pero sí con gran cobertura en los medios.

Castillo se ha convertido en un líder popular que ha recogido y que expresa las esperanzas de cambio e inclusión. Los sectores históricamente marginados, desposeídos, se han identificado con el maestro rural y andino, a quien ven como uno de ellos, y han encontrado en él esa representación que nunca han tenido. Esa es la principal fuerza de Castillo para enfrentar las intenciones golpistas.

“El poder de Castillo está en los ciudadanos movilizados. Tiene que decirle a la población ‘no me dejan gobernar’ y movilizarla. Si moviliza al campo, a las provincias, a los barrios populares de Lima, entonces puede parar la intención de destituirlo. Para eso tiene que corregir el error en la formación del gabinete, cambiar a Bellido”, indica Sinesio López. 

Por Carlos Noriega

08/08/2021

Desde Lima

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Pedro Castillo, el humilde maestro rural que asume la Presidencia de Perú en el bicentenario de la independencia

Desde su independencia de la Corona española, de la que hoy se conmemoran 200 años, Perú no había sido gobernado por un hombre con una trayectoria tan humilde. Nacido en un pequeño poblado andino, educado en escuelas rurales y formado como maestro entre montañas antes de llegar al sindicalismo y la política, Pedro Castillo ha tomado las riendas del país sudamericano.

"Querido papito: te extraño mucho. Y todas las noches le ruego a diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre". La pequeña Alondra, hija menor del presidente electo del Perú, le dedica estas palabras a su padre, apenas unos días después de que dejara su humilde vivienda en el poblado de Puña, Cajamarca, para recorrer el país y hacer campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio. Aquellas inocentes palabras –registradas en el documental El profesor, de Álvaro Lasso- dibujan los sueños que han puesto millones de peruanos en el voto por este maestro de 51 años. Castillo nació en 1969, justo cuando el general Juan Velasco Alvarado, que había tomado el poder en un golpe de Estado, llevaba a cabo una reforma agraria que buscó acabar con el modelo feudal de control de la tierra heredado de la Colonia española.

El profesor es el documento audiovisual que más buscó acercarse y hacerle justicia al origen humilde y campesino de Castillo, y para ello recogió la voz de su esposa Lilia Paredes, sus padres, hijos y familia, además de compañeros de escuela, amigos y vecinos de Puña, localidad de apenas 400 habitantes y que apoyó la campaña presidencial de su hijo más célebre, frente al embate de los medios de comunicación y las élites limeñas, que lo vieron siempre como a un sospechoso extraño.

Castillo, tercero de nueve hermanos, con padres agricultores y analfabetos que respaldaron siempre el entusiasmo de su hijo por mejorar su educación, apareció por primera vez en los medios como líder de una huelga de maestros que se extendió entre junio y septiembre del 2017. Imperturbable y al grito de "¡La huelga no se vende, la huelga se defiende!", Castillo dirigió uno de sus primeros mítines en Lima, en agosto de ese año, frente a miles de maestros, en la emblemática Plaza de San Martín, demostrando las cualidades oratorias que ha hecho evidentes en esta campaña, a pesar de evitar entrevistas o cancelar con algunos periodistas conversaciones ya pactadas. "Hay que demostrarle al gobierno que éste es el momento para dignificar al maestro", aseguró aquel día, ante el aplauso de sus colegas.

Según el diario El Comercio (decano de la prensa sudamericana), más del 50% de docentes no acudieron a clases en algunas provincias de 18 regiones. En la huelga se exigían mejoras salariales, aumentar el presupuesto en educación y mejorar la enseñanza en zonas alejadas, como la suya; fue un intento de reducir las marcadas desigualdades entre la educación urbana y la rural. En medio de duras negociaciones, una parte de los peruanos empezó a verlo con resquemor.

Y no solo por exigir la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, la paralización de las clases que perjudicaba a más de un millón y medio de estudiantes –según declaró la entonces ministra de Educación, Marilú Martens-, o por la supuesta vinculación de algunos dirigentes de la marcha con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) –grupo que pide la excarcelación del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán-, sino porque Castillo y otros representantes de los sindicatos de maestros fueron recibidos en el Congreso por Héctor Becerril, uno de los más oscuros representantes del fujimorismo. La intención, al parecer, era solo perjudicar al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero tras ser destituido Kuczynski por el Congreso, los fujimoristas (con mayoría en el legislativo) no volvieron a prestar atención a las demandas de los maestros. No repararon, entonces, en que el monstruo que ellos avalaron les devoraría poco más de 40 meses después.

"A mí, de repente, por el lugar de mi procedencia, por el lugar de dónde vengo, me quieren mirar por encima del hombro. Que me miren así, que me ignoren, pero primero está mi país. Yo estoy aquí por el Perú", aseguró Castillo en Pregúntale al profe, otro trabajo audiovisual de Álvaro Lasso, en el que el originario de Puña, Tacabamba, responde a las preguntas sobre salud en pandemia, educación, trabajo o recursos naturales a los vecinos de una sencilla quinta de Comas, uno de los distritos más populosos de la capital peruana.

Una carrera como una lección

"Hay mucha gente que odia inexplicablemente a Castillo. Piensan que es Abimael Guzmán renacido", nos dice Álvaro Lasso, fundador de la editorial y librería Estruendomudo, quien viajó a Puña para conocer de cerca al entorno más cercano de Castillo. Sus palabras hacen referencia a la campaña de "terruqueo" emprendida por la ultraderecha que usa esa expresión para calificar de "terrorista" a cualquiera que aparente ser enemigo del establishment. Le pasó a Alejandro Toledo el año 2000, cuando la dictadura de Alberto Fujimori lo culpó del incendio y derrumbe del Banco de la Nación –que, más tarde se supo, fue responsabilidad del fujimorismo- y a Ollanta Humala, a quien finalmente la derecha domesticó, haciéndolo dejar de lado muchas de las promesas que lo llevaron a la presidencia en 2011, año en el que se produjo la primera derrota en una elección presidencial de Keiko Fujimori.

"Castillo siempre ha sido una persona luchadora –continúa Lasso-. Siempre se ha esforzado muchísimo por querer educarse. De niño, para ir al colegio, caminaba dos horas de ida y dos de vuelta. Cuando iba al instituto pedagógicoen Cutervo –pequeña ciudad ubicada en otra provincia cajamarquina-, donde estudió magisterio, caminaba ocho horas desde su pueblo hasta allí. Conocí a un amigo suyo, Julio Díaz, que caminaba con él. Su mamá les frotaba los pies con unas plantitas, como remedio natural para atenuar el dolor de los callos". En su ruta, Castillo conoció la realidad de otros caseríos como el suyo. Pequeños pueblos de montaña donde la belleza es tan impresionante como la pobreza. Zonas ganaderas y agrícolas ubicadas entre mesetas, quebradas y cerros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el departamento de Cajamarca se encuentran 16 de los 20 distritos más pobres de Perú. Muchos de estos lugares sufrieron el terrorismo en los años 80 y 90 del siglo pasado y, en medio de la ausencia del Estado, tuvieron que crear rondas campesinas para enfrentar la violencia. Castillo formó parte de ellas.

Según Lasso, uno de los pocos comunicadores que ha tenido la oportunidad de acercarse al círculo más cercano de Castillo –hermético para gran parte del periodismo limeño-, cuando era niño, el flamante presidente del Perú viajó con su padre a la selva para trabajar como agricultor y tener ingresos para comprarse el uniforme, los cuadernos o sus libros. "En su vida siempre hubo una relación entre esfuerzo y educación. Él no la ha recibido como quienes vivimos en las ciudades. Para nosotros, el uniforme escolar o el colegio aparecen nomás, pero a él le costó mucho sudor educarse".

Ya a mediados de los 90, en plena dictadura fujimorista, y a pesar de que había concluido su carrera de maestro en el pedagógico de Cutervo, la falta de trabajo lo llevó a Lima, donde no lo pasó mejor. Su primera experiencia laboral fue limpiando baños en un pequeño hostal del centro de la capital. Pedro Castillo caminaba extraviado por las calles y no entendía por qué no había oportunidades en una ciudad tan grande. A pesar de la dureza del trabajo, su empleador siempre lo trató con respeto y cariño. Curiosamente, era estudiante de Filosofía en la Universidad Católica, por lo que mantenía largas conversaciones con él sobre diversos temas, incluida la política. Aún hoy mantienen contacto y respeto. Luego, Castillo siguió trabajando de lo que pudo. Canillita, albañil o heladero, lo que le permitiera subsistir.

Para entender mejor el periplo que hizo Castillo entonces -y que repitió ahora para llegar al Palacio de Gobierno-, la distancia por tierra entre Lima y Chota (Cajamarca) es de más de 16 horas. De Chota a Tacabamba se necesitan tres horas más y de allí a Chugur –donde estudio secundaria- se suman dos horas de camino. De Chugur a Puña son 30 minutos adicionales y de allí a San Luis de Puña, el caserío en el que pasó su infancia, son 10 minutos. Sin apreciar el recorrido o el esfuerzo, su rival en estas elecciones, Keiko Fujimori, abrió su participación en el primer debate que tuvo lugar en Chota -a petición del propio Castillo- con la desafortunada frase: "He tenido que venir hasta aquí". Algunos debieron intuir que, desde aquel momento, perdió cualquier posibilidad de ganar en esa y otras zonas remotas del país.

El 'outsider' que nadie esperaba

"No más pobres en un país rico" ha sido su lema de campaña, coronado con la frase "palabra de maestro". Su experiencia como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), que lo hizo notorio por primera vez en la capital, no es, sin embargo, su primera experiencia política. Tras los difíciles años noventa, en 2002 postuló a la alcaldía del distrito de Anguía –en la provincia de Chota- por Perú Posible, la hoy extinta agrupación del entonces presidente Alejandro Toledo, un hombre con el que comparte origen humilde y trabajo desde niño, pero que nunca izó como bandera propia las necesidades de los más humildes, a diferencia de Castillo. Su paso por Harvard y su militancia en la derecha neoliberal, marcan distancia en sus rumbos.

Castillo planeaba formar un partido político integrado por profesores, pero la llegada de la pandemia frenó sus aspiraciones. Apareció entonces la posibilidad de sumarse a Perú Libre, partido fundado por el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Él es, precisamente, el talón de Aquiles de Castillo. Apartado de la elección por sus acusaciones de corrupción –que incluyen una sentencia por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, que le costó una sentencia de 4 años de prisión suspendida- y un marxista-leninista confeso, Cerrón diseñó el ideario original de su partido, en el que se aspiraba a una nueva Constitución, mayor presencia del Estado, renegociación de contratos con las empresas y nacionalización de sectores estratégicos, lo que causó alarma en una parte importante de la población y sirvió como argumento de ataque del fujimorismo y la ultraderecha. Castillo, sin embargo, preparó nuevos lineamientos, conocidos como el Plan Bicentenario, eso sí, haciendo también suya la propuesta de una nueva Constitución, para la cual se propone convocar un referéndum y posteriormente una Asamblea Constituyente. Cabe recordar que la vigente carta magna data de 1993, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La presencia de Cerrón, un político tan frontal como ególatra, es diariamente utilizada para atacar a Castillo. A pesar de que este aseguró que "El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado", sus constantes exabruptos vía Twitter, su presencia en reuniones cruciales o su reciente recibimiento al ex presidente boliviano Evo Morales, causan zozobra alrededor de Perú Libre. No son pocas, además, las voces que temen que un gobierno de izquierda convierta a Perú en una suerte de émulo de Cuba o Venezuela, cosa que Castillo ha negado en reiteradas oportunidades. Aunque es progresista en varios frentes, socialmente es un conservador que se opone a la legalización del aborto, la eutanasia, el enfoque de género en el currículum escolar y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, posiblemente, a causa de su fe cristiana.

En una victoria épica, contra viento y marea, Pedro Castillo dejó al fujimorismo fuera del gobierno. Este miércoles fue investido como presidente en el Congreso de la República, fiel a la costumbre chotana, con su típico atuendo andino. Independientemente de cómo vaya a ser su gestión, postales como esta marcan la historia y se instalan en el imaginario colectivo de una nación. Este jueves realizará otro acto simbólico sin precedentes: juramentará el cargo de presidente constitucional del Bicentenario en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, el lugar donde una heroica batalla sirvió para revalidar la independencia peruana, el 9 de diciembre de 1824. Lo hará, además, ante la presencia del rey Felipe VI de España y otros mandatarios.

No tan lejos queda ese diciembre de 2020, cuando el periodista Marco Sifuentes, uno de los pocos que ha logrado una extensa entrevista con él, le dijo, ante sus aspiraciones a llegar a una segunda vuelta: "Pero usted tiene 0,001% de apoyo en las encuestas, ¿Cómo va a hacer?"

Lo hizo contra todo pronóstico 200 años después de la independencia, en un Perú que sigue siendo una caja de sorpresas.

28/07/2021 18:57 Actualizado: 28/07/2021 22:27

Ricardo Hinojosa Lizárraga

Publicado enInternacional
Miércoles, 28 Julio 2021 06:31

Palabra de maestro

Pedro Castillo en un acto en Juliaca.. Imagen: Santiago Andrade

La campaña de Pedro Castillo desde adentro

Llegué a Lima un mes antes de la elección presidencial. Primera vez en Perú. Enseguida me sentí en familia: estaba San Martín por todos lados. Desde calles, plazas y monumentos me daba la bienvenida.

La maquinaria de marketing político de la derecha se desplegaba en toda la ciudad. Inmediatamente se me vino a la memoria Néstor advirtiéndonos que “Mauricio es Macri”, porque "Keiko" aparecía huérfana de apellido también.

De Pedro Castillo me impactó la emoción profunda que le causa hablar del dolor de su pueblo, que él conoce muy bien. Escuché a un hombre movido por profundas convicciones, sin especulación personal, con total consciencia de la magnitud de la responsabilidad histórica que estaba asumiendo. La fraternidad de las historias de militancia política hizo que el entendimiento sea inmediato.

En el primer acto al que asistí ese mismo día, en las afueras de Lima, vi a un pueblo alzando como símbolo un lápiz negro. Perú tiene uno de los índices de analfabetismo más altos de América del Sur, más aún entre las mujeres. 

Una mujer humilde, que portaba un enorme lápiz, me explicó: "Él es como nosotros, habla como nosotros, siente como nosotros". Me recordó a Cristina cuando decía, allá por el 2008, que nunca en la historia habíamos tenido en el continente tantos presidentes tan parecidos a sus pueblos.

Al grito de “¡Prensa mermelera!”, la gente repudiaba la presencia de periodistas del establishment mediático en los actos. Esa expresión de soberanía en la conciencia colectiva me sorprendió y me llenó de esperanza. Había, evidentemente, otras alfabetizaciones muy activas. La de la lectura crítica de la comunicación hegemónica era una.

“Palabra de maestro” era el lema que rubricaba las afirmaciones del candidato. Un maestro rural podría ser presidente de ese pueblo. Un hombre que de pibe caminaba dos horas para llegar a la escuela, a veces con vianda y otras no, buscando algo que no podía describir, con una fuerza inquebrantable.

Ya en el terreno de la comunicación, había tantas páginas en Facebook de Perú Libre, de Pedro, de las comunidades, que nadie sabía cuál era la oficial. Facebook es la red social de mayor uso en el país, como en todos nuestros países, pero en Perú duplica a Youtube y cuadruplica a Instagram.

La falta de recursos era un problema grave. La página oficial no transmitía en vivo hasta hacía poco, no habían tenido spots de TV en la primera vuelta, no tenían canción-shingle, no tenían un equipo oficial de comunicación digital, no tenían organizada la comunicación con la prensa, no tenían agenda diaria del candidato, no tenían big data ni estudios cuantitativos ni cualitativos propios…

A menos de un mes de la elección, todo eso se estaba gestando mientras se conformaban los equipos técnicos y se consolidaban las alianzas políticas.

¿Y qué era lo que sí tenían?

Tenían un proyecto político, un líder y un símbolo que despertaba una épica. Tenían, literalmente, miles de colectivos de militancia en todo el país haciendo comunicación política, tan caóticos como vitales, organizados en el territorio físico y en el digital. Tenían infinidad de canciones de campaña de los más diversos estilos musicales, que sonaban en actos, radios y redes. Tenían una identidad gráfica expresada en miles de formatos diferentes, apropiados y recreados por la gente, siempre en base al lápiz.

Tenían decenas de transmisiones simultáneas de los actos, tenían volantes caseros que circulaban por WhatsApp y pegados en los postes de luz para convocar a los actos. Tenían tantos hashtags como para volver imposible cualquier coordinación de campaña o no tenían ninguno, pero no dejaban de tomar la palabra.

Nos propusimos hacer un aporte a la organización de la sinergia de todas esas fortalezas dispersas para potenciar su comunicación.

Desde la vereda de enfrente el “anticomunismo”, con todas sus voces y canales al unísono, convencía a una empleada de maxiquiosco de que iban a venir las hordas izquierdistas-chavistas-guevaristas a expropiarle su “propiedad privada”, mientras Mario Vargas Llosa explicaba desde Europa que lo que estaba en juego era el sistema democrático y explicitaba su apoyo a la hija de Fujimori para salvaguardar la libertad de la prensa y la independencia de poderes…

La memoria que hace futuro

Mientras veíamos emerger las raíces identitarias que hermanaban al líder con su pueblo, tomábamos testimonios a sobrevivientes de las mutilaciones sufridas durante el gobierno de Fujimori padre, cuando les ligaron las trompas a trescientas mil mujeres sin avisarles, muchas veces sin anestesia, en el marco de un plan de “planificación familiar”.

Necesitábamos potenciar la sinergia entre esas fortalezas y trascender las cámaras de eco en las que nos escuchamos solo a nosotros mismos sin alcanzar a empatizar con los sectores más alejados de la política.

Hicimos muchas cosas en esas semanas de militancia e insomnio que son las campañas electorales de nuestro lado, pero elijo contar la que fue mi preferida, la que me traje enredada en el pecho para siempre.

"Préstale atención a la flor de retama, esos manojitos de florcitas amarillas que lleva la gente a las marchas. Remite a una de las historias más emblemáticas de la memoria colectiva de este pueblo", me dijo Manuel Robles, periodista de Prensa Latina durante 30 años, tipo sensible a las causas populares.

En 1969 el gobierno de Juan Velasco Alvarado decretó la eliminación de la gratuidad de la enseñanza. El rechazo creció en todo Perú, pero particularmente en Huanta, Ayacucho. Hubo una gran represión, más de veinte estudiantes y campesinos fueron asesinados. 

El 25 de junio, dos días después de la masacre en Huanta, Velasco Alvarado restableció la educación gratuita. El huayno "Flor de retama", del músico ayacuchano Ricardo Dolorier Urbano, homenajea a las y los mártires de la gratuidad de la educación en el Perú, especialmente a dos muchachas de las que el autor era profesor. 

Esta canción fue prohibida, pero el pueblo la guardó en su memoria por más de cincuenta años. Y ahora la estaban cantando nuevamente, cuando otro maestro tomaba la palabra para luchar por los derechos del pueblo. Hicimos un video con esa canción, que pronto se hizo viral. Nos iluminó la frase de César Vallejo: “Ya va a venir el día, ponte el alma”.

Quizá San Martín hubiera adherido a esa certidumbre mientras emprendía el Pacífico desde Chile. Quizá Perú nos lo haya dicho como promesa en su apoyo a nuestra lucha por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo que es seguro es que hoy es un día de victoria para este pueblo que eligió ese lápiz para reescribir su historia, que es la de toda la Patria Grande.

* María Fernanda Ruiz es docente y especialista en comunicación política, convergencia de medios y tecnologías de la comunicación para la soberanía de los pueblos. Integra la comisión de Comunicación del Instituto Patria y es una de las creadoras del colectivo Mueve América Latina.

 

Por María Fernanda Ruiz

27/07/2021

Publicado enInternacional
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