Castillo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres. . Imagen: AFP

Primer discurso como  presidente electo

La derecha derrotada afila las armas contra el gobierno que asumirá este miércoles y busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

 

 “El pueblo es el gobierno. Esta lucha no puede ser traicionada”, exclamó el presidente electo Pedro Castillo ante una entusiasta multitud en un mitin realizado la noche del viernes. Poco antes había recibido formalmente de las autoridades electorales sus credenciales como ganador de las elecciones y presidente electo. En la ceremonia oficial y en la manifestación popular, el profesor rural y dirigente sindical insistió en sus llamados “a la más amplia unidad”. A pesar de esas exhortaciones a la unidad, la derecha derrotada en las urnas afila las armas contra el gobierno de izquierda que asumirá este miércoles. Esa derecha radical y golpista busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

Desde el balcón de la plaza

Castillo habló a sus seguidores desde un balcón que da a la céntrica plaza San Martín, ubicada a pocas calles de Palacio de Gobierno y tradicional escenario de manifestaciones políticas y protestas sociales. Cuando apareció en el balcón se soltaron globos rojos y blancos, los colores patrios, se lanzaron fuegos artificiales y resonaron los aplausos y las consignas de apoyo al futuro gobierno de izquierda. Fue una noche de júbilo popular. El maestro y campesino que viene de una de las zonas andinas más pobres del país y que en unos días asumirá la presidencia del Perú, recordó su participación en las luchas gremiales en esa misma plaza, que esta vez lo recibía como presidente electo. “Yo aprendí a luchar en esta plaza del pueblo junto con ustedes, con los obreros y campesinos. El recuerdo más grato es la lucha con los maestros de todo el país. Gracias a la lucha tenemos ahora un proyecto político, una alternativa para el país”, comenzó su discurso, que como ya es costumbre fue breve. Duró diez minutos.

El presidente electo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres y excluidos han puesto en él y le pidió a la población que sea vigilante a su gestión. “Les pido ser vigilantes. Ustedes han sido vigilantes antes, durante y también lo serán después en este camino que hemos emprendido. No solo vengo a pedirles que sean vigilantes del gobierno, sino que sean integrantes del gobierno. Ustedes son el gobierno. El pueblo es el gobierno. Ayúdennos hermanos a encaminar este trabajo. Este es el trabajo del pueblo peruano. Esta es la lucha de ustedes. No traicionaremos al pueblo. Esta lucha no puede ser traicionada”. La multitud rompió en aplausos y gritos de respaldo.

Castillo convocó a los distintos sectores políticos y sociales a trabajar juntos: “Desde este espacio abrimos las puertas a los que no piensan como nosotros, a las otras fuerzas políticas. Hoy es el momento de unir los esfuerzos. Hago la convocatoria al pueblo peruano, a toda la clase política sin distinción, a los gremios, a los colegios profesionales, a los universitarios, a la clase obrera, al magisterio, a todo el pueblo peruano, para que hagamos el esfuerzo más inmediato en el marco de la más amplia unidad para terminar con estas brechas que tiene el pueblo peruano”.

En el Congreso

Mientras Castillo llama a la unidad, la derrotada Keiko Fujimori y sus aliados, donde la extrema derecha marca el rumbo, mantienen su discurso golpista que le niega legitimidad a la elección del nuevo presidente alegando sin pruebas un fraude electoral inexistente. Este lunes será un día clave en la confrontación entre el gobierno elegido democráticamente y la extrema derecha golpista. Se disputarán la conducción del Congreso unicameral de 130 bancas.

En un Parlamento fragmentado en diez bancadas no está claro lo que vaya a ocurrir este lunes. Hasta el sábado, ninguno de los dos bloques tenía los votos necesarios para hacerse con la presidencia del Legislativo. El bloque oficialista de izquierda tiene 42 votos: 37 del partido de gobierno Perú Libre y cinco de sus aliados de la coalición progresista Juntos por el Perú. Según diversas versiones, para la elección de la mesa directiva del Congreso ya habrían sumado otros nueve votos de agrupaciones de centro y centroderecha. El oficialismo no ha hecho público quién sería su candidato a presidir el Congreso. Del otro lado, el bloque de extrema derecha suma 43 votos: 24 del fujimorismo, 12 de los fascistas de Renovación Popular (RP) y siete de otra agrupación de derecha. Su candidato a presidir el Congreso es el almirante en retiro Jorge Montoya, de RP, que ha exigido anular las elecciones y ha pedido una intervención militar para evitar que Castillo asuma la presidencia.

Ambos bloques negocian contra la hora con tres bancadas que no se han definido para conseguir los votos que les faltan. Estas tres agrupaciones que suman 36 curules se mueven entre la centroderecha y la derecha. La izquierda la tiene complicada. En medio de esta disputa, la centroderechista Acción Popular, que tiene 16 legisladores, busca convertirse en una tercera alternativa y presidir ellos el Congreso.

Si la derecha golpista logra hacerse con la presidencia del Legislativo se abriría un complicado escenario para la estabilidad del gobierno Castillo. 

25/07/2021

Desde Lima

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Fujimorismo: enfermedad infantil del fascismo

A unos días de la proclamación del nuevo presidente de Perú –por primera vez en su historia un auténtico representante de las clases subalternas– hay algunas cuestiones que hay que intentar explicar si no se quiere que se vuelvan misterios.

Antes que todo, cómo es posible que más que 8 millones de electores –o sea casi la mitad de los votantes– hayan votado por una candidata tan desacreditada, tramposa y manifiestamente hambrienta de poder como Keiko Fujimori, cuyo único currículo político es ser la hija de un dictador que está purgando 25 años de cárcel por los graves crímenes que cometió.

A pesar de haber ordenado matanzas de civiles y campesinos, orquestado robos multimillonarios al patrimonio de la nación, reprimido o comprado a la oposición, infiltrado la magistratura, sujetado al ejército, rediseñado las instituciones a su antojo, Alberto Fujimori ha sabido crear una mitología alrededor de sí mismo, sobre todo gracias al trabajo incesante de una prensa mercenaria, que perdura aún hoy.

Esta narrativa chicha (o sea chayotera) celebra la victoria del estado sobre el terrorismo de Sendero Luminoso, el salvamento de la economía, desastrosa en el quinquenio de Alan García, la construcción de grandes obras y el interés hacia el Perú profundo.

Todos estos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos apoyándose en la realidad histórica: la derrota de Sendero Luminoso se debe a la actividad autónoma de la Dirección contra el Terrorismo (Dincote) y no a las directivas de Fujimori; la recuperación de la economía aconteció motu proprio y gracias al FMI luego de que la inflación rebasó 7000 por ciento, o sea los precios se duplicaban cada dos semanas; las grandes obras y las privatizaciones sirvieron sobre todo para enriquecer monstruosamente al dictador y a su círculo íntimo; el interés para las comunidades más remotas se reducía a unas limosnas –mayormente láminas y cemento– con fines ­clientelares.

La sobrevivencia de esta mitología es indicativa de cuánto el monopolio de la información –y a escala nacional 80 por ciento está en manos del Grupo El Comercio– puede dinamitar el pluralismo informativo y envenenar las consciencias. Que estos mismos grupos se yergan en paladines de la libertad de expresión e información a nivel internacional es algo realmente grotesco.

La campaña electoral de Keiko Fujimori, respaldada por la gran prensa y la mayoría de las televisoras, donde han sido invertidas sumas enormes, producto de lavado de dinero sin algún control, ha fracasado por la tercera vez: la primera contra Ollanta Humala en 2011, la segunda en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Lo irónico de la actual tercera derrota es que ha sido por el mismo, minúsculo porcentaje que la segunda: 0.24 por ciento, lo que ha enfadado la heredera del otrora poderoso shogun, truncando sus aspiraciones ­presidenciales.

La segunda derrota de Keiko, en 2016, le ha costado a Perú cinco años de parálisis política, un constante boicot al Ejecutivo, la remoción de tres presidentes y el descrédito y la extrema impopularidad del Congreso. Sin embargo, todo esto no podría explicarse como la pataleta de una mala perdedora que tiene subyugada la voluntad de la mitad de la nación, si no fuera que la Señora K, como la llamaban en jerga sus financiadores, es una especie de Juana de Arco de los corruptos –políticos y no– , los narcos, los poderes fácticos, los aspirantes golpistas, los mercenarios, lo que aquí se llama la derecha “bruta y achorada”y, last but not least, el gran capital, como se ve, en buena compañía.

Falta también considerar que al menos la mitad de los que han votado por ella –a pesar de saber que es imputada de asociación criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia con un pedido de 30 años de cárcel– lo han hecho "tapándose la nariz", considerándola un mal menor frente al candidato "con olor a pueblo", el maestro rural Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, financiada por sus futuros patrones, ha tenido la última astucia de abrazar el espantapájaros del anticomunismo, muy radicado en un país aún lastimado por las secuelas de una guerra civil, y de explotar los sentimientos racistas que atraviesan la sociedad peruana y determinan la férrea exclusión de la "raza cobriza"de los niveles más altos del poder.

Aun apelando a dos sentimientos negativos muy difundidos, la "eterna perdedora", como ha sido rebautizada por sus desertores, no ha logrado superar el rechazo a su entera dinastía. "¡Fujimori nunca más!" ha sido el grito recurrente en las manifestaciones de noviembre pasado, que en cinco días frustraron el intento golpista de Manuel Merino. Eran sobre todo jóvenes, que se han hecho llamar "la generación del Bicentenario" y que, justo en la conmemoración de los dos siglos de la Independencia, celebrarán la victoria de un verdadero candidato del pueblo, con gran disgusto de la oligarquía.

Sin embargo, la lucha continúa. A pesar de que muchos de los que la apoyaron, a partir del propio Vargas Llosa, se están retirando, Keiko espera apadrinar a los 8 millones de electores anti-Castillo para sacarlo de la presidencia en los próximos meses.

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 Una persona posa junto a una pancarta del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, en Lima. — Paolo Aguilar / EFE

Impugnaciones, denuncias de fraude sin pruebas, manifestaciones, amenazas, insultos, acoso, violencia contra funcionarios, periodistas y críticos. Así ha sido, y seguirá siendo, la guerra sucia del fujimorismo contra el recién proclamado presidente de Perú. El maestro rural de izquierdas tomará posesión el 28 de julio.

 

"Iremos a Palacio con el voto popular. Quiero que quede bien claro, que me escuche el señor Castillo, el señor Cerrón y el señor Sagasti. ¡Este partido recién empieza!". La voz de Keiko Fujimori retumbaba a través del sistema de sonido frente a algunos cientos de personas y dejaba claro que no aceptaba la derrota. La hija del dictador Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado por corrupción y violaciones de los derechos humanos, se dirigía así en el centro de Lima a sus seguidores el 10 de julio, más de un mes después de que tuviera lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y con el conteo oficial de votos concluido: el ganador era su contrincante, Pedro Castillo.

Solo el lawfare al que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, sometió a los organismos electorales, con petición de nulidades e impugnaciones de los votos –ninguna de las cuales prosperó– y acusaciones de fraude –sobre las que no presentó una sola prueba irrefutable–, pospuso la proclamación de Castillo más de lo debido, hasta este martes. Pero, en su realidad paralela, la candidata seguía comportándose como si aún estuviera en campaña y fuera posible su victoria.

"¡Vamos a defender la democracia en el Perú!", "¿Se van a rendir?", gritaba o preguntaba alternativamente a sus seguidores en aquella y otras movilizaciones. Mientras Keiko seguía con el micrófono en la mano, sus operadores políticos trabajaban contrarreloj para ensuciar –o evitar– la más que segura proclamación de Castillo. Recordemos que, tras conocerse los primeros resultados del conteo rápido, Keiko salió ya salió a denunciar irregularidades.

En ese escenario, Fujimori se remitió al manual de Goebbels y a su principio del método de contagio y reunió a varios adversarios en uno solo: Pedro Castillo, Vladimir Cerrón (el polémico líder del partido Perú Libre) y el presidente saliente,  Francisco Sagasti, tenían que convertirse, ante su público, en una suma, en un solo villano que representara el "fraude", el "comunismo" o la "dictadura", según fuera el caso.

Mientras tanto, en otro mundo paralelo al juego sucio del fujimorismo, ese mismo 10 julio, el Ministerio de Salud confirmaba que 194.249 peruanos habían fallecido de covid. Este país ha sido uno de los más afectados por la pandemia en el mundo.

El fujimorismo y sus malas artes

"La defensa de la democracia no termina con la promulgación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién empieza". Como si fuera un déjà vu de junio de 2016, cuando también perdió la carrera presidencial, esta nueva frase de Fujimori recordó al momento en el que una altiva Keiko aseguraba, de la boca para afuera, que aceptaba los resultados "democráticamente", pero mostraba una simbología opuesta: ella, de pie, con sus 73 congresistas detrás, mostrando al entonces presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, el poder que lo amenazaría desde ese mismo momento. "Esta defensa recién empieza" volvió a decir hace dos días, horas antes de la proclamación de Castillo, con una actitud de perdedora hostil.

Desde aquella declaración, hace ahora cinco años, Perú "pagó" no haber elegido presidenta a Keiko Fujimori con la mayor inestabilidad política de las dos últimas décadas. ¿Cómo le mostró su poder a PPK?: humilló y censuró ministros, obstruyó con alevosía las propuestas del Ejecutivo desde el Congreso y terminó sacándole del poder pese a que había ganado en las urnas. En 2016, el fujimorismo había obtenido la mayoría de los asientos en el Congreso.

El primero que derrotó a Keiko fue Ollanta Humala, en 2011. Curiosamente, los tres (Humala y Kuczynski –PPK–) comparten un rasgo común: enfrentan procesos judiciales por sus vínculos con Odebrecht, la constructora brasileña que pagó coimas a diestro y siniestro en Latinoamérica (también Keiko Fujimori está acusada de corrupción y se encuentra en libertad provisional). Pero la crisis de los últimos años queda latente en que, desde 2016, en Perú han juramentado cinco presidentes (PPK, Martín Vizcarra, Mercedes Aráoz, Manuel Merino y Francisco Sagasti), aunque solo los dos primeros y el último han sido considerados oficialmente jefes de Estado. Y, para colmo, llegó la covid y las protestas sociales, todo junto. Nadie sabe qué le espera a Perú en esta nueva revancha fujimorista.

La semana pasada, mientras Pedro Castillo seguía esperando que se hiciera oficial su victoria para iniciar la transición con el gobierno de Sagasti, el abogado de Fuerza Popular Julio César Castiglioni aseguró a la emisora RPP que tenía derecho a "seguir apelando", a pesar de que el número de votos en las actas impugnadas no fuera a cambiar los resultados finales. Preguntado sobre el perjuicio y la demora que eso estaba causando en la transición entre las distintas carteras ministeriales, Castiglioni respondió: "No es mi tema". La lectura que hicieron millones de peruanos fue que la grave crisis económica, la mortal pandemia y el proceso de vacunación no era, para el fujimorismo, "su tema".

Regresando al pasado siempre se encuentran paralelismos: En 2017, la excongresista fujimorista Yesenia Ponce aseguró que Keiko le había dicho, sobre la postergación de un proyecto de irrigación que beneficiaría a miles de pobladores de Ancash: "No me importa si se perjudican diez mil, cien mil personas, si favorece al Ejecutivo no va". Para el psicoanalista Jorge Bruce, la frase "No es mi tema" ha ingresado "sin lentitudes burocráticas a la historia universal de la infamia".

El acoso de los violentos

Como parte de su campaña por el "fraude", la candidata fujimorista y sus aliados organizaron diversas manifestaciones en el centro de Lima. La del miércoles 14 de julio mostró la peor cara de los grupos violentos que apoyan a Fuerza Popular y manejan su misma retórica. Los miembros de una de esas organizaciones ultraderechistas, que se hace llamar ‘La Resistencia’, realizan el saludo fascista, difunden fake news y atacan a fiscales, periodistas o funcionarios que consideran "enemigos", "caviares" o "comunistas" –aunque no lo sean– desde hace meses. Esta vez, las víctimas fueron tres periodistas, incluso de canales que le han otorgado una generosa cobertura a cada movimiento o declaración de Fujimori.

Ante la llegada de la policía montada al lugar de los disturbios, los grupos profujimoristas llegaron al extremo de azuzar para que se matara a los caballos. Otros grupos violentos intentaron acceder a la Plaza de Armas de Lima e, incluso, llegar hasta la sede de Gobierno. El objetivo, según el periodista Marco Sifuentes, era "tomar Palacio", en un intento de imitar a los seguidores de Donald Trump que tomaron el Capitolio de EEUU en enero pasado, cuando también alegaron, sin pruebas, un fraude contra el candidato republicano.

En el momento más tenso de la jornada del miércoles 14 de julio, los vehículos oficiales en los que viajaban, por un lado, el ministro de Salud, Óscar Ugarte y, por otro, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, fueron atacados por una turba con palos y piedras, y retenidos en una avenida por varios minutos. La noche del jueves 15, una cuenta de Twitter asociada a esos grupos radicales, "La resistencia Reporteros", publicó un video de una nueva escena de acoso contra el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, esta vez en la puerta de su domicilio. Unas 80 personas se plantaron allí a gritarle durante más de dos horas. Los insultos, que incluían ofensas contra su madre, iban desde "ladrón" hasta "terrorista".

El presidente saliente, Francisco Sagasti, condenó los ataques y anunció medidas. Justo acababa de rechazar intervenir en el pedido de convocar a una "auditoría internacional", tal y como le exigía el fujimorismo. "Estaría violando la Constitución (...), pedir una intervención de esta naturaleza no tiene ningún sentido", afirmó. Desde ese día, troles fujimoristas crean hashtags diarios en redes sociales atacando a Sagasti con términos como "genocida", a pesar de que cumplió una de sus misiones más importantes: cerrar contratos por más de 98 millones de vacunas hasta enero del 2022.

Si bien Keiko Fujimori rechazó los actos de violencia a través de un tuit, las reacciones a su pronunciamiento fueron, en su mayoría, negativas. Hay abundante material fotográfico que prueba la cercanía de ‘La Resistencia’ con el fujimorismo –además de con Renovación Popular, partido del ultraderechista Rafael López Aliaga– y, en sus arrebatos de violencia, el grupo maneja el mismo discurso de la candidata, con el "fraude", el "comunismo" y el "terruqueo" como mantras.

La Fiscalía ha anunciado que les abrirá investigación a los responsables de los ataques. Audios, afiches y cuentas de Twitter y Facebook llamando a la violencia prueban que se trató de una estrategia coordinada.

¿Qué le espera a Perú?

El viernes 16, fujimoristas y aliados dieron un manotazo de ahogado –y es de esperar que no sea el último–, al presentar en los instantes finales del plazo legal nuevas apelaciones para seguir postergando la proclamación de Castillo. El pasado lunes, a primera hora de la mañana, todas las solicitudes fujimoristas habían sido declaradas improcedentes de forma unánime por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras la proclamación, sus seguidores viralizaron el hashtag #CastilloPresidenteIlegitimo, a pesar de que la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y mandatarios de diversos países ya habían saludado la elección democrática del profesor de Cajamarca.

Tras las falsas denuncias de fraude, impugnaciones y otras argucias legales que incluyeron un gasto millonario, Keiko solo logró variar 205 votos en su diferencia con Castillo. Curiosamente –y según ha contado el programa independiente La Encerrona, del periodista Marco Sifuentes–, estos fueron 205 votos más, pero para él. Su ventaja ascendió, finalmente, a 44.263 votos sobre Fujimori. En definitiva, Fuerza Popular presentó más de 1.300 recursos legales y gastó  en ello alrededor de un millón de soles (más de 200.000 euros), según medio digital independiente Ojo Público.

Sin precedentes en la historia de Perú, ahora el presidente electo sólo tiene una semana –hasta el 28 de julio– para realizar la transición en los distintos departamentos y ministerios.

El capítulo de esta historia que acaba de concluir se llamaba suspenso. El que comienza hoy, con Castillo al mando, se llama incertidumbre. Y así entra Perú en una nueva era marcada por el bicentenario de la independencia, que se celebrará el mismo día en que Castillo será investido presidente

Lima

21/07/2021 22:12 Actualizado: 22/07/2021 10:03

Ricardo Hinojosa Lizárraga@
santoschilcano

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Perú: danza de nombres para el gabinete de Pedro Castillo

El presidente electo convocó a técnicos de todos los espacios sociales a formar parte de su gobierno

El maestro rural y sindicalista pasó la mayor parte de su primer día como presidente electo armando su gabinete ministerial.

 

 “La responsabilidad no es solo del gobierno, es de todos los peruanos”, dijo este martes el profesor Pedro Castillo en sus primeras declaraciones a la prensa luego de su proclamación como presidente electo en la noche del lunes. Pidió “tranquilidad” al “pueblo peruano” y “a los empresarios”. “Estamos haciendo una convocatoria a todos los técnicos y a las personas más comprometidas con el país. Estamos estructurando un equipo de trabajo. Todos los espacios sociales son bienvenidos, todos van a tener oportunidad”, señaló el presidente electo en breves declaraciones a la prensa. Destacó que en medio de la pandemia que tiene al Perú como el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo lo “más importante” es la salud. El maestro rural y sindicalista que la próxima semana asumirá la presidencia del país pasó la mayor parte de su primer día como presidente electo reunido con sus principales colaboradores terminando de armar su gabinete ministerial. Tuvo una reunión en el sindicato de trabajadores mineros.

Los reclamos sin fundamento de la derrotada Keiko Fujimori para buscar anular votos de Castillo para intentar voltear el resultado electoral fracasaron, pero han demorado semanas la proclamación del presidente electo, lo que afecta seriamente el proceso de transferencia de gobierno, que usualmente toma un mes o más y que en esta ocasión apenas tendrá ocho días. Esto complicará los inicios del nuevo gobierno. El presidente Francisco Sagasti llamó por teléfono a Castillo para felicitarlo e invitarlo a Palacio de Gobierno para ver los temas relacionados a la transferencia. “Tuvimos un diálogo muy cordial”, reveló Sagasti.

Desafíos

Castillo deberá enfrentar un escenario complicado. Asumirá en medio de una masiva campaña de la derecha para desacreditarlo y buscar restarle legitimidad a su triunfo. Deberá enfrentar las maniobras desestabilizadoras del fujimorismo y de sus aliados de la extrema derecha, que estas últimas semanas han venido buscando un golpe para evitar que asuma la presidencia. Quedan pocas dudas que la estrategia de esa derecha será boicotear al nuevo gobierno de izquierda para buscar su caída.

El primer reto de Castillo será hacerle frente a esas maniobras desestabilizadoras y golpistas y darle estabilidad a su gobierno. Algo que deberá hacer con un Congreso en el que no tiene mayoría y con una prensa hostil. Sus otros grandes retos para el inicio de su gestión serán la vacunación contra el coronavirus, que ya ha tomado buen ritmo, enfrentar una posible nueva ola de la pandemia con un sistema de salud precario que tendrá que mejorar aceleradamente y trabajar por una reactivación económica y la recuperación del empleo, muy afectados por la pandemia. Satisfacer las demandas de cambio y mejora de los sectores populares debe ser la principal tarea de su gobierno. Salud, educación y agricultura serán los sectores priorizados por su gestión, según ha anunciado Castillo.

Han circulado varios nombres para la jefatura del gabinete ministerial, entre ellos el de Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo. Quién ocupará este cargo sigue siendo una incógnita en medio del hermetismo sobre el tema en el equipo de Castillo.

Economía

Para el Ministerio de Economía se vocea como la primera opción al economista Pedro Francke, quien fue jefe del equipo económico de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, de la coalición progresista Juntos por el Perú. Francke se incorporó como asesor de Castillo para la segunda vuelta de las elecciones luego de un pacto entre Juntos por el Perú y Perú Libre, el partido por el que postuló Castillo. En estas últimas semanas se ha convertido en una de las personas más cercanas al presidente electo y ha venido reuniéndose con empresarios y representantes de organismos financieros. Ha descartado  estatizaciones, y ha anunciado que se renegociará con las transnacionales mineras para un aumento de impuestos.

Salud

Otra de las personas muy cercanas a Castillo en estas últimas semanas es el médico y excongresista Hernando Cevallos, considerado casi seguro próximo ministro de Salud, cargo clave en esta coyuntura. Cevallos, quien fue elegido legislador en 2016 por el izquierdista Frente Amplio, ha trabajo en la salud pública y ha sido dirigente sindical. Ha señalado que la prioridad del nuevo gobierno debe ser aumentar la inversión en salud y asegurar la vacunación de toda la población para fin de año.

Educación y diplomacia

En el Ministerio de Educación, un sector de especial interés para el profesor Castillo, asumiría el reconocido maestro Juan Cadillo, profesor, como Castillo, de una pequeña escuela primaria pública del interior del país. Por su labor docente, Cadillo ha recibido premios a nivel nacional e internacional. En 2017 fue elegido como uno de los 50 mejores profesores del mundo por The Global Teacher Prize.

Para Relaciones Exteriores suenan los nombres de los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth. Rodríguez Cuadros fue canciller en el gobierno de Alejandro Toledo. Forsyth fue hasta hace unas semanas embajador en Japón, antes lo fue en Estados Unidos. Es padre del excandidato presidencial George Forsyth, un exfutbolista que postuló en estas últimas elecciones al frente de una agrupación de centroderecha. Para el gobierno de Castillo la prioridad en la política exterior será la apuesta por la integración latinoamericana.

Por Carlos Noriega

20/07/2021

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Perú: la justicia electoral confirmó el triunfo de Pedro Castillo

Asumirá el 28 de julio, pese a las maniobras dilatorias del fujimorismo

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración.

a justicia electoral terminó de revisar y rechazó, por falta de sustento, todos los reclamos de la derechista Keiko Fujimori para anular votos del profesor Pedro Castillo, con lo que pretendía arrebatarle la victoria al candidato de la izquierda. De esta manera, después de una larga espera de más de un mes, quedó confirmado que el maestro rural y sindicalista que viene de una las zonas andinas más pobres del país será proclamado en esto días como presidente electo. Asumirá el cargo el 28 de julio. La derecha ha respondido con violencia en las calles y con una última maniobra para demorar la proclamación de Castillo, pero que no podrá impedirla.

Rechazadas todas sus demandas, el viernes los abogados fujimoristas presentaron nuevas apelaciones sobre un grupo de actas, alegando esta vez supuestos errores de conteo. El número total de votos de esas actas apeladas es significativamente menor a la ventaja de más de 44 mil votos que Castillo le sacó a Fujimori, con lo que cualquiera sea el destino de esas apelaciones, que los expertos estiman muy probablemente también sean rechazadas, no cambiará el resultado de las elecciones.

Por sus falsas denuncias de fraude electoral buscando anular mesas de votación en las zonas rurales donde Castillo ganó con amplitud, la fiscalía le ha iniciado a Fujimori una investigación por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio y falsa declaración. Con todo consumado, la derecha aglutinada alrededor de la actual jefa del clan Fujimori juega ahora la carta de deslegitimar al próximo gobierno y boicotear su gestión. Si no pueden evitar que asuma como presidente, intentarán sacarlo del poder. Desde la victoria de Castillo la derecha ha venido promoviendo un golpe para anular las elecciones. Confirmada en la última instancia electoral la victoria de la izquierda, el fujimorismo y sus aliados han pasado de la violencia verbal a la violencia en las calles.

Esta semana, enfurecidos fujimoristas, armados con palos, intentaron llegar a Palacio de Gobierno, en el centro de Lima, gritando insultos contra el presidente Francisco Sagasti, repitiendo las acusaciones lanzadas por Keiko contra el jefe de Estado acusándolo de haber tomado partido por Castillo. Las evidencias, sin embargo, demuestran la neutralidad del gobierno. La turba fujimorista descargó su furia contra los negocios de las calles cercanas. Un fotógrafo del diario La República, uno de los pocos medios que no han respaldado las pretensiones de la derecha de desconocer el triunfo de Castillo, fue arrojado al piso y golpeado por varios sujetos. En su frustración y desbocada ira, los fujimoristas la emprendieron contra todos, incluyendo periodistas de medios que han venido apoyando el falso discurso del fraude. Una reportera de televisión y su camarógrafo fueron rodeados, insultados y amenazados. Otra reportera fue atacada por la espalda por una mujer, que le cubrió la cabeza con una bandera y comenzó a jalonearla. La turba rodeó el automóvil del ministro de Salud, Oscar Ugarte, que iba a una reunión del Consejo de Ministros, y comenzó a zarandearlo y golpearlo con palos. Lo mismo le ocurrió a la ministra de Vivienda, Solange Fernández. Pasaron unos quince minutos hasta que la policía disolvió a los agresores y los ministros pudieran reanudar la macha para llegar a Palacio de Gobierno.

El grupo que desató la violencia se hace llamar “La Resistencia” y desde hace años ha venido actuando como fuerza de choque del fujimorismo. Ahora se han rebautizado como “La Insurgencia”. En el pasado han atacado al fiscal que ha investigado a Keiko y la ha acusado por lavado de dinero y organización criminal, y a periodistas críticos del fujimorismo. A los de “La Resistencia” les gusta tomarse fotos haciendo el saludo nazi. En los actos de violencia de esta semana algunos llevaban chalecos con el lema fascista “Dios, Patria, Familia” escrito en la espalda.

Keiko Fujimori pretendió desmarcarse de la violencia desatada por sus seguidores con un tuit en el que rechazó esas acciones, pero su larga relación con ese grupo extremista es inocultable. Sus discursos llamando a sus seguidores a movilizarse contra un supuesto fraude electoral que es inexistente y para “enfrentar el comunismo” han creado las condiciones para el estallido de esta violencia. Otro personaje cercano a las cabezas de este grupo violento, el excandidato presidencial de ultraderecha Rafael López Aliaga, conocido como “Porky”, ahora aliado de Keiko, incentiva permanentemente la violencia. “Muerte a Castillo”, “muerte al comunismo”, “comunistas malditos lárguense de aquí”, son algunas de las amenazas que el fascista López Aliaga vocifera en cada manifestación pública en respaldo a Keiko.

Lo ocurrido esta semana es el mayor estallido de violencia desde las elecciones y la negativa de la derecha a aceptar su derrota y sus llamados contra la legalidad democrática, pero no el único. Anteriormente, los extremistas de “La Resistencia” atacaron con palos a un grupo de simpatizantes de Castillo que hacían una vigía pacífica frente al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esperando la proclamación del presidente electo. Seguidores fujimoristas se han manifestado en repetidas ocasiones frente a los domicilios de los magistrados del JNE y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la encargada del conteo de votos, gritando amenazas si no favorecían los intereses fujimoristas. En las calles se han visto marchas con símbolos fascistas lanzando gritos de muerte contra todos los que no estén alineados con ellos. Son pequeñas, pero muy agresivas.

 En redes sociales abundan los mensajes racistas contra Castillo y sus electores, entre los que son mayoría los habitantes de las zonas rurales y sectores populares. “Lo que ha sucedido marca un quiebre. Respetamos las manifestaciones pacíficas, pero lo sucedido se pasa de la raya. No lo permitiremos”, señaló el presidente Sagasti, refiriéndose a los últimos actos de violencia.

De otro lado, este sábado miles volvieron a movilizarse pacíficamente por las calles de Lima y de otras ciudades en respaldo a Castillo. Exigen su pronta proclamación como presidente electo, que se había anunciado para esta semana, pero que últimas maniobras dilatorias ha retrasado unos días.     

17 de julio de 2021 

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Sábado, 17 Julio 2021 06:41

Inédita situación

Inédita situación

En una situación inédita desde que se proclamó independiente en 1991, la república ex soviética de Moldavia –que ostenta el tristemente célebre récord de ser el país más pobre de Europa– tendrá presidenta, gobierno y mayoría en el parlamento unicameral sin contrapesos de ningún tipo.

Las recientes legislativas así lo determinaron. El partido liberal Acción y Solidaridad de la presidenta Maia Sandu tendrá 63 de los 101 diputados del Congreso y podrá nombrar primer ministro y gabinete sin tener que negociar con otras fuerzas políticas ni, como pasaba casi siempre, verse obligado a repartir las cuotas de poder entre europeístas y pro rusos, al margen de quién ocupase la presidencia o la jefatura del gobierno nombrado por el parlamento, lo cual bloqueaba cualquier iniciativa de ley de unos y otros, mientras los clanes mafiosos –simbiosis de empresarios y funcionarios corruptos– saqueaban el país.

La coalición de socialistas y comunistas, que promueve mayor acercamiento con Rusia, será minoría con 32 escaños, y apenas seis ocupará el partido conservador Shor. Los llamados unionistas, que buscan la reunificación con Rumania, carecerán de representación parlamentaria al no sacar ni 2 por ciento del voto.

Las regiones separatistas de Transdniester y Gagauzia, que forman parte de Moldavia pero no reconocen el gobierno de Chisinau, votaron más por la coalición de socialistas y comunistas, sin poder influir en esta ocasión en equilibrar los resultados.

Sandu, quien se jugó su permanencia en el cargo al forzar el adelanto electoral para poner fin a la paralizante convivencia de proyectos de país antagónicos, obtuvo una victoria abrumadora para sacar adelante su propuesta de integración con la Unión Europea. Su meta es lograr el respaldo de 70 por ciento de la población y la más reciente encuesta sobre un hipotético referendo arrojó 57 por ciento en favor de solicitar el ingreso a la UE frente a 28 por ciento que prefiere la integración económica con Rusia.

Por lo pronto, la mayoría oficialista permitirá a Sandu gobernar cuatro años sin sobresaltos y, al mismo tiempo, es insuficiente para modificar la Constitución, eventualidad que sólo podrá llevar a la realidad sumando al menos los votos de cinco diputados de oposición, los que le faltan para alcanzar los dos tercios requeridos.

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El candidato presidencial Pedro Castillo en Lima, Perú, el lunes 7 de junio de 2021Guadalupe Pardo / AP

Quienes llaman a protestar afirman que en el Congreso y en la cárcel donde está Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, se preparan acciones para "desconocer la voluntad popular".

 

Este martes, varios sectores sociales y partidos políticos peruanos de izquierda convocan a un paro nacional para exigir la proclamación del candidato Pedro Castillo y rechazar lo que consideran un intento de golpe de Estado del fujimorismo, cuando se cumple un mes de la segunda vuelta electoral donde el dirigente sindical resultó en primer lugar. 

El Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad llamó, a través de su cuenta de Facebook, a realizar movilizaciones en todo el país. En estas acciones de calle se espera la participación de gremios, sindicatos, colectivos, asociaciones civiles y movimientos políticos, entre otros.

A pesar de que ya hay resultados oficiales de las elecciones, en las que Castillo obtuvo una ventaja de 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, aún no hay un presidente proclamado. Actualmente, varias instancias del Poder Electoral se encuentran analizando los expedientes con recursos presentados en su gran mayoría por la hija del expresidente Alberto Fujimori. Hasta ahora todos han sido descartados. 

¿Por qué ir a paro?

Si bien los simpatizantes de cada candidato han hecho manifestaciones principalmente en Lima, bastión electoral fujimorista, para pedir la proclamación del nuevo presidente, este llamado a paro no solo incluye a la capital. Castillo se alzó con la mayoría de votos en la región de los Andes, donde se desarrollan actividades mineras y agrícolas, y en el sur del país, donde está Cusco, el departamento con mayor pobreza del país, en el que arrasó y obtuvo más del 83 % de la votación.

En varios comunicados, el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad afirma que pide hacer esta movilización porque "el fujimorismo y sus aliados continúan sus intentos para perpetrar el golpe y desconocer la voluntad popular".

La estrategia que utilizaría la derecha, según quienes convocan a protestar, se basa en la próxima elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que quedaría conformado por personas "afines al fujimorismo" como parte de "un proceso de selección abiertamente cuestionado y apresurado", según el Frente.

El Parlamento peruano, cuya periodo culminaba el pasado junio, admitió una extensión extraordinaria de su legislatura hasta julio para aprobar varias reformas constitucionales "exprés" y cumplir con los pendientes del anterior Congreso, de mayoría fujimorista, que fue disuelto en 2019 por el expresidente Martín Vizcarra. Todo esto antes de que se instale el nuevo Legislativo (2021-2026), el próximo 27 de julio, un día antes de que tome posesión de su cargo el nuevo presidente.

"Golpe fujimontesinista"

En opinión de quienes respaldan a Castillo, de resultar electos los magistrados derechistas "captarían" al Tribunal Constitucional "para servir a sus intereses y consumar un golpe de Estado", al que han denominado "fujimontesinista", por la unión de los apellidos de Fujimori y Montesinos.

En días pasados, la Fiscalía de Perú anunció que investigaría una serie de audios donde Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, hablaba de conspirar y pagar sobornos millonarios para que la derechista fuera declarada como ganadora en las recientes elecciones.

"Se cocina un golpe de Estado desde la Base Naval [donde permanece detenido Montesinos por secuestro, homicidio, desaparición forzada, tráfico de armas y asociación ilícita] y el Congreso", afirmó el Frente.

Quienes convocan a una paralización de actividades aseguran también que "las estrategias del fujimorismo para salvar a su candidata han sido desmontadas por expertos y por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)", que han declarado infundadas toda las apelaciones presentadas por el equipo de la excongresista.

"El JNE debe resolver con máxima celeridad los recursos pendientes y proclamar inmediatamente al profesor Castillo como presidente", dice uno de los textos del Frente.

Keiko nuevamente en vilo

A pesar de que la derechista se ha valido de una estrategia poselectoral para maniobrar y retardar el nombramiento del nuevo mandatario, su camino no ha estado exento de reveses.

En esta oportunidad, una nueva investigación por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de su campaña presidencial de 2021 se abrió en su contra, según anunció José Domingo Pérez, fiscal del equipo de Lava Jato en Perú, tras la publicación de los audios de Montesinos. Se espera que estas "diligencias preliminares" se realicen durante 36 meses.

Según Pérez, el partido Fuerza Popular habría captado "activos de procedencia ilícita", por lo que incurriría en los delitos de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia.

En respuesta, Fujimori publicó una serie de trinos donde asevera que "Pérez lanza un nuevo show" con "afán de figuración" y que convoca a Montesinos "para asegurar difusión y cobertura". "Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo", agregó.

Ante esta nueva averiguación en su contra, informó que solicitará al Ministerio Público que excluya al fiscal del caso "para evitar que su evidente sesgo desvirtúe esta investigación".

Previamente, Pérez había pedido la revocatoria de las restricciones sobre Fujimori para imponerle prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos durante sus campañas de 2011 y 2016. Esta solicitud fue rechazada por un jurado peruano por considerarla infundada.

Publicado: 6 jul 2021 15:20 GMT

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Fujimori pidió una auditoría pero el gobierno rechazó su reclamo.. Imagen: AFP

La proclamación oficial de Pedro Castillo podrá hacerse antes del 15 de julio

Keiko Fujimori sumó un nuevo revés en su búsqueda por impugnar las elecciones en las que fue vencida por el maestro rural.

 

El gobierno de Perú rechazó la solicitud de la candidata derechista Keiko Fujimori para una auditoría internacional al ballotage que disputó el pasado seis de junio con el profesor rural Pedro Castillo. Además, este sábado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que estima que antes del 15 de julio podrá proclamar oficialmente al ganador de las elecciones y que asumirá la presidencia el próximo 28 de julio, fecha que coincide con el bicentenario peruano.

El ministro de Justicia, Eduardo Vega, rechazó el pedido realizado el pasado 28 de junio por la candidata derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al presidente peruano Francisco Sagasti, para que solicite una auditoría internacional de los comicios. "En virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado", señaló Vega en la respuesta a Fujimori. A su vez agregó que el poder ejecutivo y el presidente Sagasti “no pueden intervenir en un proceso electoral atendiendo un pedido de una de las fuerzas políticas participantes en la contienda electoral”.

"Las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones, que viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad formulados por las agrupaciones políticas", añadió en el oficio en referencia a las apelaciones de nulidad presentadas por el partido Fuerza Popular que impiden que se proclame oficialmente al ganador de los comicios celebrados hace casi un mes.

La candidata compartió la respuesta del gobierno peruano en sus redes sociales y afirmó que Sagasti "ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones". "Pudo pasar a la historia como un hombre justo que se la jugó por la democracia en beneficio de todos los peruanos, pero su respuesta nos demuestra que prefiere quedar registrado como un presidente por accidente", remarcó en alusión a la jefatura de Estado interina que ocupa desde noviembre pasado, cuando reemplazó a Manuel Merino que, a su vez, había sustituido a Martín Vizcarra en medio de una grave crisis política y social que afrontó Perú.

Desde el JNE informaron que antes del 15 de julio podrán anunciar al vencedor del ballotage. Según el vocero del jurado electoral, Luis Alberto Sánchez, se revisaron 27 de las 270 solicitudes elevandas al JNE. “Es una cantidad inusual, sin precedentes en los últimos procesos electorales", afirmó en la radio RPP Noticias. El 6 de junio se realizó la segunda vuelta presidencial entre Castillo y Fujimori. Doce días después, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar las actas. Según el cómputo oficial, Castillo venció a Fujimori por 44.058 votos. Sin embargo, Fujimori lanzó una batería de recursos de impugnación y pedidos de nulidad de actas con unos 200.000 votos en zonas donde su rival obtuvo una mayoría aplastante.

A pesar de que ningún organismo de observación electoral encontró indicios de fraude y que países e instituciones como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y EE.UU. expresaron su confianza en el sistema electoral peruano y coinciden en que el ballotage celebrado fue libre y limpio, Fujimori invocó un escenario similar al de Bolivia en 2019 y que terminó con el golpe de Estado a Evo Morales. "La solicitud que se hace al presidente es para que haga un llamado a expertos internacionales, como se realizó en Bolivia", afirmó la candidata de Fuerza Popular el pasado lunes.

Ni la OEA

Como parte de la batería de pedidos para impugnar las elecciones, esta semana Fujimori, hija del encarcelado exdictador, Alberto Fujimori, también tocó a las puertas de la Organización de Estados Americanos (OEA). La candidata envió una delegación a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para pedirle una auditoría internacional y obtener una salida al estilo del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Almagro no recibió a la comitiva conformada por los congresistas electos Hernando Guerra y Jorge Montoya, la excandidata presidencial Nidia Vílchez y el exministro Daniel Córdova.

Los emisarios de Fujimori solamente consiguieron una cita con un funcionario de nivel menor. Apenas lograron dejar una carta y la conferencia de prensa fue interrumpida cuando una socióloga peruana los acusó de “golpistas”. La OEA no formuló objeciones al proceso electoral peruano y, además, según analistas peruanos, entendió que este pedido de reunión no contempló los “carriles formales”, ya que no se trata de una delegación oficial del gobierno peruano. Además, los observadores electorales del organismo dijeron que los comicios peruanos fueron limpios, ya que no se observaron  irregularidades graves.

03 de julio de 2021

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Luis Arce, funcional al fujimorismo, renunció al JNE.

Renunció un miembro del Jurado Nacional Electoral

El fujimorismo y sus aliados ahora dicen que desconocen la legitimidad del organismo electoral y anunciaron que no respetarán su decisión si ésta no les favorece.

 

Desde Lima. La derecha ha pateado el tablero de la legalidad electoral y redobla su apuesta golpista que pretende anular las elecciones que perdió. Lo hizo después que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó a analizar este miércoles los pedidos de nulidad de votos presentados por la derrotada candidata Keiko Fujimori y rechazó todos los que examinó ese día. Anulando votos del ganador de las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo, el fujimorismo pretende voltear el resultado electoral y ganar en mesa lo que perdió en las urnas. Derrotados en los pedidos de nulidad de votos que comenzó a ver el JNE, el fujimorismo y sus aliados, que hasta el miércoles habían repetido una y otra vez que aceptarían lo que dictamine el organismo electoral, han salido a desconocer su legitimidad y anunciar que no respetarán su decisión si ésta no les favorece. Ahora exigen que intervenga la OEA con una auditoría. Derrotados, desesperados, esperan que el organismo que dirige Luis Almagro avale ahora su falsa narrativa de un fraude -lo que la propia misión de observadores de la OEA ya rechazó- y una salida golpista, como lo hizo en Bolivia.

El profesor rural y sindicalista Pedro Castillo derrotó a la hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori por poco más de 44 mil votos. Pasadas casi tres semanas, su victoria no puede ser proclamada oficialmente porque el fujimorismo ha pedido se anulen unos 200 mil votos de las zonas rurales donde Castillo ganó ampliamente. Todos esos pedidos de nulidad de votos fueron rechazados, por falta de sustento, en primera instancia por los jurados electorales locales. El fujimorismo apeló. El miércoles, el JNE rechazó, por tres votos contra uno, las primeras apelaciones que comenzó a ver ese día. Los otros pedidos de nulidad que faltan verse son similares a los ya rechazados, con la misma falta de evidencias que los sostengan, por lo que se espera también sean rechazados y se oficialice el triunfo de Castillo.

Renuncia

En ese escenario adverso para la derecha, el magistrado Luis Arce, uno de los cuatro miembros del JNE, el único que avaló las pretensiones fujimoristas, decidió intentar dinamitar al organismo electoral desde adentro y así tumbarse las elecciones. Renunció, generando una crisis que busca deslegitimar al ente electoral y boicotear la revisión de los pedidos de nulidad de votos que no favorecía al fujimorismo. Arce, que formaba parte del JNE como representante de la Junta de Fiscales Supremos, es un fiscal que tiene abierta una investigación por sus vínculos con una mafia judicial llamada “los cuellos blancos” que tiene nexos con el fujimorismo, y en el organismo electoral jugó para los intereses fujimoristas. El presidente del JNE, el juez supremo Jorge Luis Salas, rechazó las acusaciones de Arce de falta de imparcialidad, las que calificó como “agraviantes” y sin sustento.

La derecha, jugando en pared con Arce, utilizó esta renuncia para cuestionar la legitimidad de la autoridad electoral luego que sus primeros fallos no favorecieron a su derrotada candidata. Este jueves, congresistas electos y excongresistas de diversos grupos de derecha anunciaron que no reconocerán la decisión del JNE si proclama a Castillo como presidente. Fue una presentación con claro tinte golpista. En una nueva maniobra, ahora exigen al gobierno peruano que solicite a la OEA una auditoría de todo el proceso electoral. Señalan que sin esa auditoría no reconocerán al próximo gobierno. La misión de observadores de la OEA ya se pronunció defendiendo la legitimidad de las elecciones peruanas.

“El pedido de una auditoría de la OEA no tiene sustento, es pedirle que desautorice a su misión de observadores que ya ha emitido dos informes diciendo que las elecciones han sido limpias y democráticas. Un sector de la derecha peruana apunta a que la OEA avale aquí un golpe como hizo en Bolivia, pero creo que a estas alturas eso es muy difícil que ocurra”, le declaró a Página/12 el abogado Julio Arbizú, asesor legal de Pedro Castillo para enfrentar las demandas de nulidad de votos.

Además de la OEA, todas las otras misiones de observadores internacionales, incluyendo la de la Unión Europea, también se han pronunciado señalando que las elecciones fueron limpias y democráticas. Lo mismo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que ha calificado las elecciones peruanas que ganó el izquierdista Castillo de “libres” y “justas”, y como “un modelo de democracia en la región”, y ha felicitado a las autoridades electorales.

Piden ayuda

Keiko Fujimori y sus aliados, donde predomina una extrema derecha, convertidos en émulos de Donald Trump denunciando sin argumentos serios un fraude para pretender desconocer un resultado electoral desfavorable y recurriendo a maniobras de todo tipo para ensuciar el triunfo de su rival, se han quedado sin respaldo internacional, que en algún momento esperaban lograr con su falsa narrativa de que se enfrentan “a una amenaza comunista”. Desesperados, ahora buscan la ayuda de Almagro. Pero ningún organismo internacional ni gobierno toma en serio sus denuncias sin base de un supuesto fraude electoral. Sin embargo, tienen apoyo interno, entre el poder económico y lo grandes medios, que le hacen el juego a sus falsas denuncias de fraude y sus maniobras golpistas. Militares en retiro, congresistas electos y políticos aliados de Keiko se han pronunciado, con gran eco mediático, y se han movilizado en las calles, por una salida golpista que anule las elecciones que perdieron.

“El fujimorismo está tratando de copar todos los espacios para deslegitimar el proceso electoral, alentar discursos e intentonas golpistas, dilatar el proceso hasta volverlo inviable y se llegue al 28 de julio (día de la transmisión del mando presidencial) sin un presidente proclamado y ahí generar una situación de caos total que conduzca a anular el proceso electoral y convocar nuevas elecciones. Todos los escenarios a los que juegan son golpistas. El golpismo es el talante de siempre del fujimorismo y sus acólitos. Detrás de Keiko Fujimori hay una red de organizaciones criminales que tienen figuras políticas que las obedecen”, señaló Arbizú, quien ha sido procurador anticorrupción.

Keiko y sus aliados juraron primero que respetarían el conteo de votos, pero cuando éste le fue desfavorable lo desconocieron y pidieron anular votos de su rival. Lugo aseguraron que respetarían la decisión del Jurado Electoral que debería decidir sobre sus pedidos de anular votos de Castillo, pero ahora que el ente electoral ha comenzado a rechazarlos dicen que no aceptarán su decisión. Y ahora piden una auditoría de la OEA. 

Por Carlos Noriega

25 de junio de 2021

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¿Por qué vuelven las negociaciones en Venezuela?

Detrás de la aparente inmovilidad, varias cosas se mueven en Venezuela. En medio de la crisis, la desafección política alcanza al gobierno y a la oposición. Por eso ambos bloques, debilitados en diferente medida, tienen incentivos para iniciar nuevas negociaciones después de varios fracasos.

En Venezuela, se está preparando un nuevo e incierto proceso de negociación política entre el gobierno y la oposición. Para calibrar sus posibilidades de éxito, conviene preguntarse en primer lugar en qué se diferencia y en qué repite las experiencias anteriores. Es importante subrayar que la iniciativa ocurre en continuidad -al menos metodológica- con el esfuerzo emprendido en 2019 en Barbados bajo la facilitación de Noruega, cuyos expertos están involucrados desde hace varios meses en consultas a dos bandas. Ello indica que se retoma el proceso recuperando algunas bases en el campo de la creación de confianza, si no entre los actores, al menos en los mecanismos de construcción de la agenda y de reglas de funcionamiento.

Sin embargo, las condiciones políticas de 2019 y de 2021 son enteramente diferentes, y ello, en mi opinión, podría favorecer avances en una negociación de esta naturaleza siempre que los actores políticos identifiquen esas diferencias y ajusten sus demandas y estrategias.

Se parece, pero no es igual

Vista de un modo muy superficial, la situación venezolana pareciera resumirse en un estancamiento inercial en el que el gobierno de Nicolás Maduro resiste, impertérrito, en medio de la devastación de la vida cotidiana de millones de personas, mientras la oposición procura lidiar con sus propias contradicciones estratégicas. Pero tras esta apariencia de inmovilidad es posible identificar una serie de circunstancias que permiten entender por qué los actores políticos están hoy dispuestos a reiniciar un proceso de negociación que en el pasado fracasó una y otra vez.

Una de ellas afecta por igual a la oposición y al gobierno: llamémosla desafección generalizada hacia lo político. Es un lugar común señalar la despolitización que conllevan y provocan los regímenes autoritarios, reduciendo al ciudadano a la vida privada o a la mera supervivencia. Pero en el chavismo este efecto coexiste con su propia contradicción populista: en su sistema operativo hay una variable inevitable que es el metabolismo electoral, no solo en términos de la legitimación política, sino también como método de distribución de cuotas de poder entre las partes que componen ese archipiélago.

El mal resultado de las elecciones parlamentarias de 2020, con el oficialismo corriendo solo o mal acompañado por pequeños sectores desprendidos de la coalición opositora, es una señal de debilidad muy preocupante para la honra del «proyecto histórico» y, más pragmáticamente, para las bases de sustentación del propio poder. Esto lo vuelve más dependiente de alianzas con el sector militar y con socios no necesariamente muy confiables. Ciertamente, el gobierno se hizo del control total de la Asamblea Nacional, pero dejó al descubierto sus grietas internas.

Esto por supuesto no es ninguna novedad, atendiendo a los misérrimos niveles de popularidad que acompañan al gobierno desde hace años. Pero adquiere una significación estratégica distinta, y paradójica: la debilitada oposición ya no funciona como una amenaza capaz de unificar y cohesionar al bloque chavista. Maduro debe ahora atender a una infinidad de demandas contenidas, recomponer «el proyecto», ofrecer resultados y alcanzar una gobernabilidad que le exige concesiones para reconstruir la ruinosa condición del aparato del Estado. La función política de cohesiones y repartir cuotas de poder que cumple la corrupción sistémica cuesta ahora más que lo que beneficia al poder porque ha destruido las capacidades de gestión. Del mismo modo, la tolerancia hacia socios irregulares pero hasta hace poco útiles ha significado la pérdida de control territorial en zonas críticas del país y puso en evidencia limitaciones operacionales y de la cadena de mando de las fuerzas armadas.

Pero para la oposición las noticias son igual de malas: su capacidad de capitalizar el enorme descontento popular está reducida a mínimos históricos y ha perdido la iniciativa política en medio de una inercia estratégica. No es cuestión de recapitular aquí las condiciones y circunstancias que condujeron a este estado de cosas, pero se puede señalar que fue determinante la desaparición, a partir de 2016 y más agudamente a partir de la conformación del «gobierno interino» en 2019, de la instancia de conducción política unitaria que fue la Mesa de la Unidad Nacional, lo que impidió que las importantes divergencias en torno a las estrategias para impulsar el cambio político pudieran ser metabolizadas.

El fracaso de la visión dominante, que se fundamentaba en la tesis de la «máxima presión», apalancada por las sanciones estadounidenses, tanto a Venezuela como a funcionarios del gobierno, y por la diplomacia regional. Se suponía que todo esto provocaría rupturas horizontales (entre grupos del poder, especialmente en el sector militar) y/o rupturas verticales (movilizaciones populares). Pero no ocurrió nada de eso y se generaron fracturas en el campo opositor que fueron hábilmente aprovechadas por el régimen para tratar de legitimar las elecciones legislativas de diciembre de 2020 con una diminuta «nueva oposición», calificada de «moderada» en contraste con el «extremismo» de la oposición mayoritaria. Hasta ahora, los aproximadamente 20 diputados (contra los 253 del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) de esta coalición, que recientemente se ha rebautizado como Alianza Democrática, no han alterado el status quo en la nueva Asamblea Nacional.

Sin embargo la dinámica centrífuga no se limita a este grupo. En ocasión de la decisión de la mayoría de la oposición de no participar en las elecciones parlamentarias de 2020 comenzaron a producirse discretos movimientos dentro de cada uno de los partidos agrupados en torno al «gobierno interino» de Juan Guaidó (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, etc.) que presionaban por redefinir el rumbo estratégico hacia la reconstrucción de las condiciones para la participación electoral, considerando el horizonte inmediato de las elecciones regionales y municipales que deben realizarse en noviembre de 2021. Desde entonces, otros factores, como el liderazgo social y nuevas formaciones de activistas, irrumpen a su vez en la escena pública y acompañan lo que en realidad es una demanda de reconfiguración de la estrategia del cambio político que la dirigencia de estos partidos, junto con el «gobierno interino», lee y responde en una nueva propuesta bautizada «Acuerdo de Salvación Nacional».

La nueva teoría del cambio se fundamenta en una agenda de negociación con el chavismo en cuatro áreas: elecciones generales competitivas, ayuda humanitaria,  vacunación, garantías políticas para todos. Y junto a esto, el levantamiento progresivo de las sanciones según avances en los acuerdos.

Eppur si muove

Para calibrar las posibilidades de esta nueva negociación hay que completar el retrato anterior con dos elementos que en mi opinión podrían marcar el éxito o el fracaso del proceso: la activación de actores de la sociedad civil organizada en la escena política y las señales que el gobierno ha enviado en cuanto a su disposición a ceder parte de su control hegemónico sobre las instituciones.

En los últimos años, muchas organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado al abordaje de la emergencia humanitaria compleja que sufre el país. La acción humanitaria, que debe ocurrir bajo unas reglas internacionalmente aceptadas de neutralidad y universalidad, tiene en Venezuela unas características particulares por la naturaleza misma de la emergencia: su origen es eminentemente político, a diferencia de otros casos que han resultado de catástrofes naturales o conflictos armados.

Las políticas públicas y económicas oficiales han conllevado un agudo deterioro de los indicadores de calidad de vida desde al menos 2015. El trabajo local de las ONG humanitarias y de defensa de derechos humanos ha necesitado del desarrollo de habilidades de intermediación y micronegociación con el gobierno, y con los actores políticos en general. Y hoy, una serie de organizaciones busca potenciar sus capacidades de incidencia política en la búsqueda de una solución democrática y negociada que haga énfasis en la recuperación de las instituciones y de las reglas del juego político, a partir de consensos básicos sobre los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Fundamentalmente agrupados bajo la iniciativa del Foro Cívico -aunque no es la única, sí es la más visible-, ONG, sindicatos, organizaciones empresariales y gremiales, organizaciones juveniles y académicas, han construido algunos espacios de incidencia y de catalización que han movilizado a los sectores políticos y hecho avanzar propuestas concretas de acuerdos político-institucionales que abonan el terreno para alcanzar acuerdos políticos de alto nivel.

 La historia de las relaciones entre la sociedad civil y el ámbito político en Venezuela es sumamente complicada y no exenta, como en el resto de América Latina, de motivaciones corporativas. A la vez, la historia de estas relaciones bajo el chavismo ha sido particularmente difícil, pero no aún así se ha podido desarrollar una conciencia de autonomía de la acción, que no es neutral, puesto que los objetivos de democratización y reinstitucionalización son en sí mismos políticos, pero sí tienen claridad acerca del rol esencial que deben jugar los actores políticos para adelantar las soluciones negociadas.

 Por su parte, el gobierno de Maduro, empeñado en recuperar su capacidad de gobernar, comienza desde enero de 2020 a tomar riesgos, abriendo por ejemplo algunos espacios de interlocución y negociación con organizaciones civiles y algunos actores políticos. Estas interlocuciones no son las únicas señales emitidas desde el poder: se han venido implementando, en la práctica y sin mucho ruido, un conjunto de reformas en el plano económico y fiscal para mejorar los ingresos internos, se fue formalizando la dolarización de facto de la economía, se avanzó en proyecto de creación de zonas económicas especiales que tiene un fuerte aire de familia con la concepción china de «un país, dos sistemas», y otras concesiones inéditas como la autorización de la entrada del Programa Mundial de Alimentos al país, lo que implica reconocer la tragedia humanitaria que padece la población. Pero todo ello acontece, sin embargo, en un contexto en el que no cesan los gestos hostiles y represivos contra organizaciones y personas, y se exacerban la corrupción y la miseria general en medio de la pésima gestión de la pandemia.

 Hay varios espacios de «negociaciones sectoriales» que están activos, como las que el principal gremio empresarial, Fedecámaras, lleva adelante con una agenda de incidencia en las políticas económicas, o la posible creación de una instancia de coordinación humanitaria con organizaciones que aseguraría condiciones de respeto y apoyo del gobierno a las reglas de la acción humanitaria. Hay también avances en la recuperación del llamado diálogo tripartito (empresarios, sindicatos y gobierno) al que obligan los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual ha amenazado con procesos contra el gobierno de Maduro por sus graves violaciones al derecho al trabajo y al salario digno. Un caso menos prometedor es el de la Mesa Técnica para la vacunación, en la que participan expertos sanitarios, miembros del gobierno y representantes del «gobierno interino». En una lógica bastante previsible, el gobierno no ha renunciado hasta ahora a politizar el tema de la vacunación y lejos de acordar facilitaciones internacionales para el financiamiento y suministro de vacunas a través de la Mesa Técnica, ha preferido apelar a sus alegatos de que las sanciones financieras le impiden cumplir con su plan de vacunación, que por cierto no ha hecho público.

Sin embargo, el impacto más importante es el que puede tener la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) cuya composición, en la que participan expertos electorales y políticos postulados por las organizaciones civiles especializadas en el tema electoral, resultó menos desequilibrada que las versiones anteriores, y sobre todo, ocurrió siguiendo los procedimientos legales. Ello fue posible en virtud de negociaciones entre varios actores políticos, especialmente el ex-candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky, las organizaciones civiles y los operadores políticos del gobierno de Maduro, en lo que aun sigue siendo un espacio activo de negociación que serviría para que el nuevo CNE, aunque bajo control del chavismo, cumpla un programa de reformas que mejorarían sustancialmente las condiciones institucionales para las próximas elecciones, lo que serviría de incentivo para la participación electoral de los grandes partidos de la oposición.

Esto toca un asunto medular de la estrategia de la oposición agrupada en torno al «gobierno interino» que por ahora no ha dado respuesta ante su eventual participación en esas elecciones, ni queda claro entonces si propondrá las reformas electorales como parte de la agenda de la negociación facilitada por Noruega.

No cabe duda de que las concesiones del gobierno no provienen de una súbita conciencia democrática, sino de una apuesta a que oxigenar el camino electoral agudice las actuales contradicciones dentro del campo opositor con respecto a la participación o no en los comicios. No cabe dudar, tampoco, de que parte del impulso del gobierno hacia la promoción de negociaciones sectoriales simultáneas proviene de un cálculo que básicamente persigue quitarle oxígeno al liderazgo político opositor que no participe en ellas. Pero el hecho político es que se trata de oportunidades, de rendijas por las cuales se puede avanzar hacia acuerdos que prefiguren el juego político democrático que se aspira lograr, y en esa medida también suponen un riesgo, para el régimen, de reformas en cascada que precipiten la transformación del sistema.

El realineamiento internacional

Como un tercer conjunto de factores hay que considerar que las dinámicas geopolíticas han cambiado, obviamente, en especial a partir de la instalación del gobierno de Joe Biden con el vuelco geoestratégico que ello implica y su voluntad de favorecer una solución política sustentable para Venezuela. Pero para resumir el contexto internacional, se diría que el caso venezolano se ha vuelto tóxico, en especial en el hemisferio, como suelen decir los estadounidenses. No solamente con la situación migratoria, de por sí terrible para quienes emprenden el éxodo y para los países receptores, sino porque Venezuela termina siendo una variable de la ecuación política interna en muchos países que amplifica el conflicto político con la gramática de la polarización. Así como en algún momento hubo un alineamiento internacional con la tesis de que la crisis venezolana podía derivar en el cambio político en el corto plazo, la prioridad hoy parece ser tratar de evitar la cronificación del conflicto y acompañar una ruta creíble, realista, acordada y posiblemente larga para el rediseño democrático.

La clave: la construcción de la agenda

Todas estas circunstancias mueven a los actores a negociar, sin duda, y advierten que una nueva ronda de negociaciones puede conducir a nuevos resultados si se cumple una condición esencial: que el espacio de negociación no vuelva a ser, como en ocasiones anteriores, un dispositivo para la escenificación del conflicto, en el que los actores persiguen fortalecerse uno frente al otro, en lugar de construir un marco básico de reglas del juego político para dirimir el conflicto.

En efecto, lo ocurrido tanto en los encuentros de 2017-2018 como en los del ciclo de 2019 con la facilitación de Noruega fue algo así como la continuación de la guerra por otros medios: para cada parte, se trataba de «ganar» la negociación o al menos de no quedar debilitada en el proceso. La negociación pareció funcionar como una táctica más para posicionarse en el conflicto y no como un método para acordar la recomposición de las instituciones que a la postre, permitirían regularlo para inducir el proceso de democratización.

Así, el gobierno de Maduro se sentó en la mesa de negociación en 2019 con el objetivo de mejorar las condiciones para conservar el poder, mientras que la oposición perseguía el objetivo de procurar las condiciones para asegurar el cambio político. Entre la aspiración del gobierno de ganar estabilidad y la aspiración de la oposición de sustituir a Maduro mediante unas elecciones libres se podía vislumbrar una teórica zona de posible acuerdo: pactar las condiciones de unas elecciones presidenciales en las que ambas partes pudieran ser competitivas. Pero el problema es que para el gobierno de Maduro, ser competitivo significaba (y eso sigue siendo así) poder gobernar con capacidad financiera, es decir, asegurar el levantamiento de las sanciones y el acceso a la administración de activos de la República controlados, hasta hoy, por el «gobierno interino», así como para la oposición, ser competitiva significa el cumplimiento de una serie de condiciones institucionales y legales que aseguren no solo la pulcritud del proceso sino el reconocimiento y respeto de los resultados.

La verdad es que, en 2019, ninguna de las dos partes estaba en capacidad o tenía la voluntad política de garantizar las concesiones que implicaba este esquema. En particular, la cuestión de la intervención indirecta de la administración Trump al imponer nuevas sanciones al gobierno de Maduro mientras aún estaban en curso las conversaciones, a principios de agosto de 2019, fragilizó la capacidad negociadora de la oposición, dividiéndola, y radicalizó a su vez al gobierno en una posición de resistencia, lo que suspendió las tensiones en el campo chavista entre quienes favorecían y quienes rechazaban la negociación.

Hoy, algunas señales discursivas no lucen muy prometedoras: tanto en el campo chavista como en el opositor ha habido menciones públicas muy negativas acerca de lo que cada parte espera del nuevo proceso de negociación. Desde «salvar a Venezuela de la dictadura» hasta obligar a la oposición a reconocer la supremacía del chavismo y el levantamiento de las «sanciones criminales». Las narrativas que establecen a la mesa de negociación como campo de batalla siguen creando una atmósfera beligerante que no le ofrece al ciudadano común confianza en que la negociación puede ser la vía para reconstruir la democracia.

La experiencia acumulada en muchas negociaciones políticas ha permitido decantar unos principios o guías para conducir el proceso a buen término, pero solo voy a mencionar un par de aspectos que en este caso parecen muy necesarios.

En primer lugar, hay un elemento subjetivo que falta: el mutuo reconocimiento, aquello que precisamente está en el fondo del conflicto político histórico entre oposición y gobierno. En la mentalidad hegemónica del chavismo, la oposición no existe más que, en el mejor de los casos, en una posición ancilar, mientras que por su parte la oposición en sus diferentes configuraciones ha puesto en duda la legitimidad de victorias electorales del chavismo. En principio, la negociación misma debería ser una forma de mutuo reconocimiento de cada parte como un legítimo actor político, independientemente de sus cualidades morales o de la naturaleza de su objetivo estratégico.

En segundo lugar, las cuestiones de representatividad tanto de las partes negociadoras como de los contenidos de la agenda. Como he querido mostrar, las primeras ya no son las mismas que en 2019. Con la irrupción de otros actores que no están alineados con los miembros del gobierno o con el liderazgo formal de la oposición, que tienen una visión más orgánica de las demandas de la sociedad y que tienen capacidad de intermediación, con un compromiso con la democratización pero no con las agendas particulares de los actores políticos, se hace necesario incluir esta perspectiva en la mesa.

Pero esa presencia no tiene necesariamente que materializarse en el grupo de negociadores, aunque es frecuente la fórmula de los dos tracks (actores políticos y sociedad civil); es más bien en la confección de la agenda donde debe concentrarse la experiencia de esos agentes sociales que están o han estado catalizando procesos de negociación entre actores políticos. En el proceso facilitado por Noruega, el periodo de construcción de la agenda ha transcurrido bajo una regla de discreción y prudencia que no permite conocer su contenido, pero no sería productivo, en mi opinión, que negociaciones ya adelantadas o al menos prometedoras como las que tienen que ver con las condiciones electorales que dependen del CNE, volvieran a ponerse en la mesa de la negociación integral y terminaran atadas al cumplimiento de otros acuerdos más disputados. Más bien podría pensarse en un esquema de múltiples procesos simultáneos bajo una misma concepción estratégica, que sería la materia fundamental del acuerdo integral: la reconstrucción del sistema institucional de tal manera que, en el futuro inmediato, quien sea electo limpiamente para gobernar, lo haga dentro de los límites constitucionales, y quien quede en el lugar de la oposición, pueda ejercerla con todas las garantías y libertades.

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