El futuro gobierno alemán representará más de lo mismo

Los encuestadores alemanes pueden aparecer satisfechos. Las encuestas de intención de voto vaticinaron los resultados de la elección del pasado domingo con inusitada certeza. Toda una rareza en estos tiempos. Finalmente, el partido socialdemócrata (SPD), encabezado por Olaf Scholz, conquistó el primer lugarcon el 25,7 % de los votos, mientras que el partido demócrata cristiano (CDU), liderado por Armin Laschet, (foto) alcanzó el segundo lugar con el 24,1 % de los votos. En tercer y en cuarto lugar aparecieron el partido verde, con el 14,8 % de los votos, y el partido liberal (FDP), con el 11,5 % de los votos. 

Más allá de todo, los resultados del domingo representaron una catástrofe electoral para la CDU, la cual protagonizó su peor elección desde la posguerra. Por su parte, el SPD restableció parcialmente su caudal de votos tras haber alcanzado su mínimo histórico en la elección de 2017. Los verdes realizaron una muy buena elección, la mejor de su historia, y casi con seguridad participarán en el próximo gobierno. El partido ultraderechista (AFD) retrocedió del tercer al quinto lugar, pero su caudal de votos solo descendió levemente. Además, la AFD conquistó el primer lugar en Sajonia y Turingia, dos provincias del este fuertemente afectadas por la pobreza y la desigualdad.

Desde el anuncio de los resultados el domingo por la noche, las negociaciones entre los partidos para la formación del gobierno comenzaron a toda máquina. Por el momento, la “coalición semáforo” entre el SPD (rojo), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Scholz como canciller, aparece como la más probable. Sin embargo, la “coalición Jamaica” entre la CDU (negro), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Laschet como canciller, aún no aparece descartada del todo. Curiosamente, la negociación iniciada entre los verdes y los liberales, terceros y cuartos respectivamente, determinará al futuro canciller de Alemania.

En este contexto, ¿qué consecuencias generarán los resultados de la elección del domingo de cara al futuro? En Alemania el modelo de país no aparece en disputa. Las principales fuerzas políticas no presentan diferencias de fondo respecto a la orientación económica, política y social del país, sino que representan matices en el marco de un modelo de país impuesto por las clases dominantes. El hecho de que el candidato a canciller de la socialdemocracia participe en el gabinete de Merkel como ministro de Finanzas representa una muestra de la hegemonía del modelo de país imperante.

En este sentido el futuro gobierno, independientemente de su composición, estará caracterizado por la continuidad del rumbo neoliberal asumido por el gobierno de Merkel (CDU), como así también por el gobierno de su antecesor, Gerhard Schröder (SPD). Los matices aparecerán eventualmente en lo social, por iniciativa del SPD, y en lo medioambiental, por iniciativa de los verdes. En lo social, el SPD acometerá un aumento del salario mínimo, la flexibilización de los requisitos para la asistencia social y la expansión de las guarderías infantiles. En lo medioambiental, los verdes establecerán metas y plazos más estrictos para las emisiones de CO2, como así también un límite de velocidad de 130 km/h en las autopistas (actualmente sin velocidad máxima y por ende más contaminantes). 

Ninguna de estas reformas, evidentemente, determinará cambios de fondo en el modelo de país imperante en Alemania. Desafortunadamente, este modelo ya no representa como en el pasado una garantía de bienestar para las mayorías sino que, por el contrario, desde la irrupción del neoliberalismo en Alemania a finales de los años 1990s, genera una sociedad cada vez más desigual y menos incluyente. En este sentido el futuro gobierno alemán representará, más allá de su composición final, más de lo mismo.

29 de septiembre de 2021

Por Ezequiel Luis Bistoletti, profesor argentino en la Universidad Alice Salomon Berlin, en Alemania, y conductor del programa “Demoliendo mitos de la política”.

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El FMI y Lasso acuerdan la receta para Ecuador

Las políticas neoliberales del exbanquero

El plan económico incluye reducción del gasto, apertura económica y reforma impositiva. Si la Asamblea quiere frenarlo, el presidente ya dijo que irá por la consulta popular.

 

El FMI acaba de darle un nuevo respaldo a las políticas neoliberales de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció un principio de acuerdo con el organismo para la llegada de 1.500 millones de dólares hasta fin de año. Un monto más que necesario para un país con una crisis económica que estalló hace dos años, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Lasso habla de recomponer la economía ecuatoriana apelando al libreto neoliberal conocido: apertura de la economía, recorte del gasto público y reforma tributaria. Para llevarlo adelante deberá negociar con un Asamblea muy fragmentada, donde su partido apenas si suma una docena de bancas. Si no lo apoyan, ya dijo que apelará a la consulta popular. Y sabe que tiene las de ganar: viene llevando adelante una exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus.

Colchón de vacunas

El dinero que llegará desde el FMI forma parte de un acuerdo previo que el organismo había firmado con Moreno en 2020 por 6.500 millones de dólares. La llegada de nuevos desembolsos dependía del cumplimiento de las metas (y exigencias) que hizo el Fondo, algo que conocemos muy bien en Argentina. En ese sentido, Lasso fue claro durante una entrevista con la agencia EFE. “Nos pidieron aumentar la recaudación fiscal en un 0,7 por ciento del PBI a partir del 2022”, señaló el presidente. Esto a pesar de que el país viene mostrando mejoras en sus números, tras haber levantado gradualmente las restricciones por la pandemia: el FMI prevé que la economía se expandirá un 2,7 por ciento en 2021 y un 3,5 por ciento en 2022.

El panorama que plantean Fondo y gobierno se basa en lograr ingresos a partir de inversión extranjera. En este sentido, el gabinete de Lasso y la prensa afín pusieron como ejemplo exitoso de un mix entre público y privado, a la campaña de vacunación. La promesa del entonces candidato había sido “nueve millones de vacunas en los primeros 100 días”. El laboratorio estadounidense Pfizer perfilaba como vedette para lograr ese objetivo. Sin embargo, la realidad obligó a recalcular. El gobierno tocó la puerta de China y así logró la llegada de millones de vacunas Sinovac.

Lasso asumió el 24 de mayo. Hasta ese día se había vacunado con al menos una dosis a solo 1.400.000 personas. De allí en adelante, y especialmente desde junio de este año, la campaña de vacunación no paró de crecer. El gobierno alcanzó el objetivo que se había propuesto. Al día 11 de septiembre lleva aplicadas 12 millones de vacunas Sinovac, casi seis millones de Pfizer y dos millones de Astrazenca. La coordinación con el sector privado incluyó vacunar a los empleados, sus familias y aún a proveedores, dentro de las empresas; otorgar descuentos en productos a cambio de vacunas; y traslados gratuitos hasta los centros de salud; solo por citar algunos ejemplos.

Desregulación y apertura financiera

Pero cumplir con las metas del FMI y el plan con que Lasso llegó al poder, también tiene un costado menos luminoso. El presidente planteó la necesidad de una reforma tributaria y de reducir el gasto público. De la primera se sabe muy poco. El eslogan con el que salieron a darle impulso a esta iniciativa es un impuesto a los sectores más ricos del país. “Que el costo de la pandemia recaiga sobre aquellos que más tenemos en el Ecuador", sostuvo el mandatario. El tributo se focalizará en el cuatro por ciento de la población más pudiente. “El resto no va a sufrir ningún impacto en materia de impuestos, ni por incremento de tasas, ni por la creación de nuevos tributos", sostuvo Lasso. Lo demás detalles, siguen sin conocerse.

La otra pata, la reducción del gasto, tiene como bandera el impulso a la inversión privada. Para esto el exbanquero planteó un programa de desregulación y apertura comercial muy ambicioso. El primer paso lo dieron el 21 de junio pasado, cuando el embajador de Ecuador en Estados Unidos firmó el reingreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Para el sociólogo económico Andrés Chiriboga es un claro retroceso, ya que el país había logrado salir de este espacio en 2009. “Bajo este tipo de instancias regulatorias el Estado pierde siempre. En el mejor de los casos, no paga indemnizaciones, pero ganar, nunca. Lo que se busca con esto es inclinar la cancha a favor de los privados”, sostuvo el académico.

El ingreso al CIADI fue la antesala del otro gran objetivo del mandatario: ingresar a la Alianza del Pacífico, un bloque regional que componen Chile, Perú, Colombia y México. Para Pablo Iturralde, Director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), un grupo de estudio ligado al correísmo, estas medidas benefician al sector financiero. “Se impulsa una rama vinculada con el ingreso de divisas por agroexportación, el sector importador y petrolero, todos vinculados al mercado externo. Los campesinos, que venden puertas adentro, están siendo sofocados económicamente”, indicó el académico. En este sentido Chiriboga señaló que Lasso se está ganando un enemigo importante. “En la campaña había dicho que iba a dar créditos al agro, algo que no está cumpliendo. El gobierno no está tomando el camino de inyectar con recursos a la población”, sostuvo el sociólogo económico.

Un límite en la Asamblea

Una de las principales fuentes de recursos de Ecuador pasa por la exportación de petróleo. La pandemia representó una dura caída en este sentido. En 2019 las exportaciones llegaron a 8.680 millones de dólares, en tanto que en 2020 se retrajeron a 5.250 millones de dólares. Los números mostraron un alza durante el período enero/mayo de 2021: 3.450 millones de dólares. De la mano de esta recomposición, Lasso prometió duplicar la producción durante los próximos cuatro años, a partir de alianzas con privados. Para Chiriboga el plan pasa por privatizar la empresa estatal, Petroecuador. “A través de un decreto de liberación de capitales en las empresas públicas, prepara el terreno privatizarla”, indicó el académico.

La principal traba que tiene Lasso para avanzar con más medidas de este tipo está en la Asamblea. En la primera vuelta de las presidenciales de este año, que definían las bancas legislativas, su fuerza sacó tan solo el 19,7 por ciento de los votos, con lo que obtuvo 12 asambleístas. Las fuerzas que quedaron mejor paradas fueron el correísmo, que bajo el Frente UNES logró 49 bancas, y el partido indigenista Pachakutik, con 27. Este contexto obliga al exbanquero a mostrar su faz negociadora. Sin embargo ya adelantó que si el legislativo no aprueba sus proyectos avanzará por otro camino. “Si los asambleístas no son sensibles a la realidad del país, tendremos que ir a una consulta popular para que el pueblo dirima en las urnas su futuro", sostuvo el mandatario.

El plan ya está en marcha. Funcionarios del gobierno están proponiendo que una de las preguntas a la población sea si la dolarización debe o no incluirse en la Constitución del país. Para Iturralde esa pregunta funcionará como anzuelo para poner otras más polémicas, detrás de un “sí” que lo englobe todo. “Los únicos dos consensos que existen en Ecuador son el apoyo a la tricolor (la selección de fútbol) y a la dolarización. Van a preguntar una obviedad para poder lograr el respaldo en toda la consulta”, sostuvo el director del CDES. Lo cierto es que el viento de cola del exitoso plan de vacunación puede servirle de impulso. El apoyo político y económico del FMI, también. Quedará por verse como responde una oposición muy divida, otro elemento que puede jugar en favor de Lasso.

13 de septiembre de 2021

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Foto de archivo de Ariel Henry. — REUTERS

 

El nuevo Gobierno asumirá sus funciones en un plazo de ocho días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, firmó este sábado un acuerdo con los principales partidos de oposición para formar un Gobierno de unidad y una asamblea que redactará una nueva Constitución, antes de celebrar las elecciones.

El nuevo Gobierno asumirá sus funciones en un plazo de ocho días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones "a más tardar a finales de 2022, bajo el imperio de la nueva Constitución", según figura en el texto del acuerdo.

Henry presidirá el ejecutivo, que será "esencialmente no partidista" y estará integrado por personalidades escogidas con base en su "notoriedad". En este período transitorio, la acción del Gobierno será supervisada por una Autoridad de Control y Seguimiento, ente que estará formada por los 10 senadores que siguen en activo y por otros 23 miembros designados por universidades públicas, cámaras de comercio y varios colegios profesionales.

El acuerdo prevé también la creación de una asamblea nacional constituyente, formada por 33 miembros, nombrados por diversas instituciones y organismos de la sociedad civil, incluyendo representantes de grupos feministas, de la comunidad en la diáspora y de personas con discapacidades.

Esta asamblea tendrá en cuenta en sus trabajos el anteproyecto de Constitución presentado esta semana y que fue redactado por una comisión de expertos designada por el presidente Jovenel Moise, quien fue asesinado el pasado 7 de julio. Los constituyentes tendrán un plazo de tres meses para preparar el proyecto de carta magna, que será sometido a la ratificación del pueblo haitiano.

Una vez sea promulgada la nueva Constitución, se celebrarán elecciones, como máximo hasta finales del 2022, para que las nuevas autoridades asuman sus cargos a comienzos de 2023, agrega el texto del acuerdo. Haití se encuentra en estos momentos sin un presidente, por la muerte de Moise, y sin un Parlamento operativo desde comienzos de 2020, debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.

 11/09/2021 18:58 Actualizado: 11/09/2021 20:34

EFE

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Bukele saluda el 6 de junio después de una conferencia de prensa en San Salvador.JOSE CABEZAS / Reuters

A través de un fallo judicial de un órgano nombrado por él, el presidente de El Salvador apunta a reelegirse en 2024 y reaviva los temores de sus críticos

 

Unos meses después que el presidente Nayib Bukele comprometió la independencia de la justicia en El Salvador a golpe de giros autoritarios, la Sala de lo Constitucional que él instaló autorizó la noche de este viernes su reelección presidencial inmediata, cruzando una línea que los críticos del proyecto de Nuevas Ideas —el partido del mandatario— habían advertido con preocupación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño anunció este sábado que acatará la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de que se permita la inscripción para competir por una reelección presidencial con la única condición de que el presidente en funciones renuncie seis meses antes del mandato.

Así, Bukele apunta a reelegirse en 2024 usando un fallo judicial para consolidar su proyecto político, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua en 2011. La diferencia es que el mandatario sandinista alegó que la prohibición constitucional de la reelección “violaba sus derechos humanos” y la justicia de Bukele invocó al pueblo para “que decidan sin presiones o coacciones indebidas”.

Hasta ahora, y según la Constitución del país, los presidentes de El Salvador, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo para un periodo inmediato. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional instalada en mayo pasado por Bukele arrolló el artículo 152 de la Carta Magna que señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.

Aunque la reelección presidencial era algo que se barajaba en El Salvador, tomando en cuenta los zarpazos de Bukele a la justicia destituyendo a través de la Asamblea Nacional a magistrados y recientemente a un tercio de los jueces y fiscales, lo sorpresivo es la celeridad con que el mandatario afianza su proyecto político tildado como autoritario por sus detractores.

“La Sala de lo Constitucional de El Salvador —que Bukele cooptó en mayo de este año—acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. La democracia en El Salvador está al borde del abismo”, expresó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

04 sept 2021 - 19:36 CEST

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Viernes, 27 Agosto 2021 06:25

Instituciones depredadoras

Instituciones depredadoras

Aunque estamos habituados al papel devastador de los aparatos armados, legales e ilegales, contra los pueblos y sectores sociales, suele pasar desapercibido el carácter depredador de las instituciones estatales y de las organizaciones de arriba. En no pocas ocasiones, éstas desarticulan a las comunidades en resistencia de modo aún más duradero que la represión violenta.

Algo de esto sucede en el Chile de la revuelta y ahora de la Convención Constituyente. "Aún tenemos izquierda, ciudadanos", titula su último artículo Manuel Cabieses, veterano luchador y periodista, director de la publicación Punto Final hasta su cierre en 2018 y ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Con dolor y rabia alude a la "dispersión del pueblo" y la "desorientación ideológica", ya que sectores importantes de quienes lucharon en la revuelta lanzada en octubre de 2019, fueron subordinados "a la cultura excluyente de la oligarquía" (https://bit.ly/3j7jbrG

Destaca que los dos principales candidatos a la presidencia, Sebastián Sichel, por la derecha, y Gabriel Boric, p).or la izquierda, "son dos caras de la misma moneda", ya que ambos reciben la bendición de la Bolsa de Comercio "en demostración elocuente de confianza del capital financiero en el resultado de las próximas elecciones".

La Lista del Pueblo, que había conseguido 27 asientos en la Constituyente de los 155 en juego, siendo la agrupación que encarnaba a los movimientos nacidos en la revuelta, perdió un tercio de los constituyentes por las disputas internas de poder, maniobras y acuerdos secretos que resultan ser copia y calco de la vieja cultura política.

Una de las renunciantes, la constituyente Claudia Pérez, se alejó de la Lista de Pueblo "debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes" (https://bit.ly/3kc4vGW). Se refiere a la denuncia del Centro de Investigación Periodística (Ciper), de casos de corrupción comprobada en los gastos de campaña que llevaron a la expulsión de varios activistas (https://bit.ly/3808DUP).

Medios de izquierda e independientes, como El Clarín y El Ciudadano, están intentando analizar y comprender las razones de la crisis en esta agrupación que aparecía como la vocera natural de los movimientos populares.

Uno de ellos considera que el torrente inicial de la Constituyente se ha ido aquietando hasta convertirse en "un calmado cauce constitucional", en medio del cual aparecen "las maniobras y acuerdos políticos tras bambalinas entre los distintos grupos de convencionales" (https://bit.ly/3j77h0K).

La conclusión del periodista Guillermo Correa es que la energía de este sector se comenzó a volcar hacia las elecciones de noviembre, "en la idea de poder conquistar nuevos espacios de poder en la institucionalidad capitalista que rechazaban con energía y decisión en las calles, asambleas y territorios".

En efecto, el potente movimiento popular chileno se enfrascó primero en la elección de la Asamblea Constituyente, acudiendo a las urnas el 15 y 16 de mayo, pero de inmediato sus energías se volcaron hacia las presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre, que se superponen a la elaboración de una nueva Constitución.

En este proceso, que pretende trasladar la potencia de la calle a las instituciones estatales, se fueron dejando jirones de principios y de rebeldías, que terminaron por desfigurar y debilitar a las organizaciones de base. Peor aún, participando en las instituciones la vieja cultura política se renueva y vigoriza, encarnando en jóvenes y militantes de los sectores populares.

Es necesario aprender de los procesos en curso, ya que se repiten de país en país con notable precisión. El levantamiento de octubre en Ecuador fue tragado por la disputa electoral, situación que puede repetirse en Colombia con las elecciones de 2022, con el agravante de que fue la más profunda y dilatada revuelta de las varias que sacudieron el continente en los últimos años.

Un primer aprendizaje dice que no es posible participar en las instituciones estatales sin practicar la cultura política tradicional. Es profundamente equivocado pensar que, desde esos espacios, se pueda hacer algo diferente a lo ya establecido. Una y otra vez observamos que las mejores voluntades se estrellan en los muros institucionales.

El segundo aprendizaje es que el mayor error consiste en dispersar las organizaciones de base, que son las que generan los grandes eventos y las que pueden darle continuidad a los movimientos. Sin ellas quedan prisioneros de las dinámicas institucionales que los neutralizan.

En algún momento debemos asumir que es preferible crear lo nuevo, que dedicarnos a reformar lo existente. Que no es posible descolonizar el Estado, ni despatriarcalizar el patriarcado; ni democratizar las fuerzas armadas y el Poder Judicial, núcleos duros de las opresiones. Es lo que nos dice la experiencia de las últimas décadas.

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¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?

Las razones de las protestas en Cuba son muchas y en estos meses se han superpuesto una serie de crisis. La unificación monetaria coincidió con la crisis provocada por la pandemia, pero también con la llegada de Miguel Diaz-Canel a la presidencia, un líder sin la legitimidad de origen de los hermanos Castro. En esta crónica de la revista cubana El Toque se repasan los motivos del renovado descontento social que es el combustible de las movilizaciones.

 

El 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, se inició en el municipio de San Antonio de los Baños, en Cuba, una protesta social. En cuestión de horas, las llamas se extendieron a todo el territorio nacional.

Miles de personas salieron a las calles a reclamar libertad, cambios en Cuba, vacunas, el fin de las tiendas en moneda libremente convertible, la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel y mejoras en general de la situación del país. El gobierno los llamó «confundidos», «vándalos» e «irresponsables» y los acusó de responder a intereses externos, al tiempo que dio una «orden de combate» a los «revolucionarios» y a las fuerzas de seguridad para que salieran a confrontar las expresiones populares.

Estos hechos, inéditos por su proporción, son el resultado del agravamiento de las condiciones sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país. A continuación, repasamos varias de esas causas:

Emergencia sanitaria

La pandemia por COVID-19 en el país se ha agravado. Después de tener la enfermedad bajo relativo control, con números muy bajos para la región, y comenzar la vacunación en algunas zonas del país -como parte de estudios de intervención con los candidatos cubanos- se desató la ola más fuerte de contagios y muertes. Hasta el 12 de abril de 2021, a poco más de un año de pandemia en el país, habían fallecido 467 personas y se habían diagnosticado 87.385 casos. Solo tres meses después, el 12 de julio, la cifra alcanza los 1.579 fallecidos y 224.914 casos positivos (2,5 veces más).

La peor situación ocurre en la provincia de Matanzas donde, entre el 1 y el 10 de julio de 2021, fueron diagnosticados 16.447 casos. El gobernador de la provincia, Mario Sabines, dijo al inicio del aumento de contagios que contaban con una capacidad para casi 6.000 personas en centros de aislamiento, pero declaró que se requieren 3.000 camas más para cubrir las necesidades frente al elevado número de casos que presenta. En el resto de las provincias del país, sobre todo en la capital, los casos oscilan en cifras de tres dígitos. El aumento de las personas hospitalizadas, la carencia de insumos y medicinas, y el agotamiento progresivo de los recursos materiales y humanos disponibles han puesto al sistema de salud en una situación de crisis, aunque las autoridades gubernamentales la llaman «compleja».

A la falta de recursos para enfrentar el covid-19 se suman graves carestías en el llamado Cuadro Básico de Medicamentos, que ha supuesto hasta la reaparición de otras enfermedades como la escabiosis.

El Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba lo integran 619 productos: 351 para hospitales y 268 para farmacias. De ellos, 263 (42%) son importados y 356 (58 %) son nacionales: 350 producidos por BioCubaFarma, 5 por la industria alimentaria y 1 por el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. De los fabricados por BioCubaFarma, un promedio de 85 estuvo «en falta» durante 2020. A estos se suman los de importación, que tampoco han entrado al país en los últimos meses y que se usan, fundamentalmente, en la atención secundaria de salud. El ministro de Salud Pública José Ángel Portal reconoció que la situación con los medicamentos continuaba «tensa» y ofreció como alternativa la producción y el uso de la medicina natural y tradicional.

Ante el desabastecimiento en las farmacias, los cubanos han buscado otras vías para acceder a los medicamentos: grupos en redes sociales de donación e intercambio, comercialización en el mercado ilegal y encargos al extranjero. En medio de este panorama, usuarios cubanos en Twitter iniciaron la campaña #SOSMatanzas, a la que lograron sumar influencers y personalidades internacionales tan variadas como Mía Kalifha, Alejandro Sanz, Daddy Yanky, Paco León, Residente (Calle 13), entre otros. La movilización busca denunciar la situación de colapso y reclamar la creación de vías legales para el envío de ayuda humanitaria desde otros países por parte de la diáspora, en especial un corredor entre la comunidad cubana en Estados Unidos y el archipiélago que no sea gestionado por el Estado cubano, en el que no confían. El Gobierno cubano ha denunciado esta campaña por considerarla afín a intereses intervencionistas del gobierno norteamericano. Niega estar cerrado a la recepción de ayuda humanitaria, aunque siempre demanda que llegue «por los canales pertinentes».

Parte de la discusión pública desatada por la gravedad de la crisis sanitaria en los últimos días está vinculada a la convivencia de la población matancera con cientos de turistas rusos. Las fronteras del país continúan abiertas al turismo internacional, restringido a los principales polos turísticos; pero las autoridades aeronáuticas permiten muy pocas frecuencias de vuelo a los principales enclaves de la emigración cubana, desde donde llegan remesas y envíos que ayudan a paliar la crisis general.

El gobierno cubano, en particular el primer ministro Manuel Marrero, dijo en comparescencia televisiva que descartan a los turistas rusos como la causa de los contagios y que solo cerrarán el país ante una situación extrema. En los primeros seis meses del año han arribado 122.000 turistas, la cifra más alta antes de la pandemia fue de 4,2 millones.

A pesar de que el país es el primero en la región latinoamericana en desarrollar dos candidatos vacunales contra el covid-19 con una eficacia de más de 90 %, la vacunación también se ha demorado. Cuba apostó al desarrollo de sus propios candidatos vacunales y decidió no incorporarse al mecanismo internacional COVAX. Ello implicó que la aplicación de candidatos vacunales cubanos fuera hecha de manera experimental y con límites durante varios meses, hasta que recién el 9 de julio, uno de los dos candidatos, Abdala, obtuvo de la entidad reguladora nacional cubana el permiso de uso de emergencia.

Como parte de ensayos clínicos y estudios de intervención, hasta el 10 de junio 3.045.823 personas habían recibido al menos una dosis y 1.862.930 han completado el esquema de tres dosis de Abdala o de Soberana 02 más Soberana Plus. Sin embargo, esto se ha limitado a la provincias de La Habana, Matanzas, Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba, y al personal de salud.

Extender la vacunación fue uno de los reclamos escuchados durante las protestas.

Crisis económica

La precaria situación económica de un número cada vez más amplio de personas, la dolarización de la economía y el difícil acceso a alimentos y productos de primera necesidad -comercializados desde fines de 2019 en divisas extranjeras- han aumentado las desigualdades y es una de las principales fuentes de malestar.

La permanencia del bloqueo/embargo y de las medidas de la administración Trump que desmontaron el proceso de normalización iniciado por Barack Obama y Raúl Castro suenan de fondo en esta situación. Sanciones a empresas relacionadas con el consorcio GAESA, de las Fuerzas Armadas, condujeron al cierre de los servicios de Western Union en Cuba y un recorte drástico de las remesas; además de la prohibición de vuelos a todas las ciudades cubanas, con excepción de La Habana, y el cierre de los servicios consulares de la embajada estadounidense por los presuntos «ataques sónicos», son componentes de la crisis pero no la explican por sí solos.

En octubre de 2019 el gobierno cubano informó la posibilidad de comprar electrodomésticos, partes y piezas de autos y otras mercancías en monedas libremente convertibles. Lo que se anunció como una opción temporal, limitada a la comercialización de artículos de gama media y alta, no demoró en convertirse en norma.

En su argumentación, las autoridades aseguraban que una parte de las ganancias de las tiendas en moneda libremente convertirle se destinarían al desarrollo de la industria nacional, para ponerla en condiciones de satisfacer las necesidades del mercado doméstico y, en algún momento, exportar.

«Sería necesario vender una determinada cantidad de mercancía en moneda libremente convertible, para tener divisas y seguir ampliando este tipo de ventas; y porque parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras», dijo por entonces Díaz-Canel.

Un año y medio después los alimentos y principales productos de primera necesidad se encuentran, casi de manera exclusiva, en divisas extranjeras y aumenta el número de servicios que solo están disponibles en esta moneda. Aunque el cambio oficial de divisas en el país está fijo desde el 1 de enero de 2021 en 24 pesos cubanos (CUP) por dólar, no es posible comprar divisas por esa vía. El mercado informal se ha encargado entonces de suplir la demanda de divisas para poder comprar en las tiendas (todas estatales) o para salir al extranjero, lo mismo como emigrados que de viaje de compras. La tasa informal se ha vuelto la verdadera referencia de los valores del mercado.

La situación empeoró cuando el Banco Central de Cuba (BCC) anunció el 10 de junio de 2021 que diez días después suspendería de manera temporal los depósitos bancarios en efectivo de dólares estadounidenses. Según las autoridades, la medida se debía a los «obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país». Sin embargo, varios economistas apuntaron que la medida tenía la ventaja de recoger varios millones de dólares en efectivo circulante en el país de manera rápida, en un momento de álgida crisis de liquidez en los bancos cubanos, y justo en el momento en que Cuba llegaba a acuerdos con sus acreedores del Club de París para no incumplir compromisos de pago y entrar en default.

Un desordenado «ordenamiento económico»

La implementación de la nombrada Tarea Ordenamiento, destinada a suprimir la dualidad monetaria existente, ajustar tasas de cambio y escalas salariales, comenzó en enero de 2021, después de ser pospuesta durante años. El timing, sin embargo, no pudo ser menos halagüeño: transcurría el primer año de consecuencias económicas y sociales de la pandemia y se había iniciado un proceso de re-dolarización de la economía.

Junto a la unificación monetaria y cambiaria que eliminó al peso cubano convertible (CUC), una de las dos monedas cubanas circulante en el país, y las múltiples tasas de cambio, llegaron otras dos medidas anunciadas desde hacía años: la eliminación de subsidios y gratuidades y una transformación en los ingresos. El aumento de salarios y pensiones debía ajustar la pirámide invertida en el ingreso de los trabajadores con una mejor repartición de las riquezas según el trabajo de cada cual y con ella una mayor calidad de vida. Sin embargo, seis meses después de la implementación de estas reformas, la inflación ha consumido las ganancias del cambio salarial, no se detiene el aumento de precios en todos los sectores económicos, tanto estatales como privados. Muchas personas ahora ganan más, pero tienen menos capacidad adquisitiva.

La crisis es también social

Sin dinero para importar los alimentos que demanda el país, ante la precaria producción nacional, el gobierno ha llamado a incrementar las cosechas, con resultados apenas visibles. Conseguir comida sigue siendo uno de los más angustiosos dilemas del día a día.

La poca disponibilidad de productos -sin hablar de su falta de variedad y baja calidad para la nutrición- y sus altos precios, han hecho de este problema la principal preocupación de las familias, al punto que el Estado, desde 2007, lo ha considerado un tema de seguridad nacional que cada día se agrava más.

Otro tema que ha generado profunda irritación e incertidumbre entre los cubanos ha sido el regreso de los apagones. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitieron una nota oficial el 21 de junio sobre las afectaciones al servicio en el país.

Según el comunicado, esta situación es temporal y se debe a la conjunción de varias causas: las limitaciones tecnológicas en los bloques de generación térmica, las unidades que se encuentran en mantenimiento, averías ocurridas en las plantas y las limitaciones para la distribución de combustible a los grupos electrógenos. Un lenguaje burocrático para no decir que los bloques de generación están obsoletos y que no está entrando suficiente combustible a Cuba.

El resultado fue el regreso de «rotaciones» para afectar los distintos circuitos del país un tiempo máximo de 4 horas diarias -ampliada a 6 horas el 30 de junio- oficialmente. La realidad ha sido de apagones mucho más largos en varios territorios, en especial fuera de La Habana. En San Antonio de los Baños, donde comenzó la revuelta, los pobladores daban cuenta de apagones de 12 horas por varios días consecutivos. Tras la movilización popular, el gobierno prometió el fin de estos problemas en breve.

Las actuales circunstancias sociales rememoran los años del llamado Período Especial en los años años 90, cuando el país atravesaba una dura crisis económica tras la caída del bloque soviético. Para muchas cubanas y cubanos la situación ahora es igual o peor que entonces.

Activación ciudadana y fractura del monopolio ideológico

Las protestas recientes no son la primera expresión de inconformidad política de los últimos meses. Son las primeras de carácter popular y masivo; pero varios incidentes sirven de antecedentes a los sucesos de este 11 de julio.

Después de que las autoridades irrumpieran la noche del 26 de noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana Vieja, y desalojaran a quienes se habían declarado en huelga de hambre, sed o ambas en protesta ante la detención y el proceso judicial contra uno de sus miembros (el rapero Denis Solís), una veintena de jóvenes se encontró frente al Ministerio de Cultura para reclamar un diálogo con las máximas autoridades. El grupo y las demandas crecieron a lo largo del día hasta superar la cifra de 300 personas ahí presentes.

El 27 de noviembre de 2020 ocurrió algo inédito en la Cuba post-59. Por primera vez, un grupo diverso de personas autorganizadas, con diferentes demandas políticas, tomaron el espacio público y lograron presionar a una institución gubernamental: el Ministerio de Cultura.

En menos de una semana, las autoridades encontraron pretextos para impedir la mesa del diálogo y lanzar una campaña de deslegitimación del movimiento, al acusar a los participantes de responder a intereses externos. Comenzaría entonces un proceso que ha durado varios meses en los que las detenciones, los asesinatos de carácter y una campaña de descrédito en los medios de la propaganda oficial contra todo el que se relacionó con los eventos del 27N, serían noticia cada día.

Todas las propuestas de diálogo con la sociedad civil merecieron igual desinterés por parte del gobierno, enrocado en su postura de solo hablar con quienes estén «dentro de la Revolución».

Los constantes ataques y descalificaciones llevaron al grupo conocido como Articulación Plebeya a presentar un recurso de queja y petición firmada por más de 400 intelectuales para frenar los atentados contra la dignidad y el honor de las personas, los cuales se han vuelto prácticas habituales de las autoridades y medios de comunicación en el archipiélago.

Las tensiones volvieron a las afueras del Ministerio de Cultura el 27 de enero de 2021, cuando varios miembros del grupo autoconvocado en noviembre de 2020 demandaron ser escuchados otra vez y fueron agredidos físicamente por empleados estatales, encabezados por el ministro del ramo. En la mañana del 3 de febrero de 2021, varios artistas cubanos presentaron una petición al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para revocar a Alpidio Alonso de su cargo como diputado y ministro, lo cual como era de esperar fue desestimado.

Durante este tiempo también generó mucho impacto en la opinión pública virtual el caso de la joven periodista Karla María Pérez, quien fue dejada en un limbo legal por el gobierno cubano al prohibirle la entrada a Cuba y notificárselo en Panamá, mientras hacía tránsito desde Costa Rica, donde había terminado su estancia legal al concluir los estudios. Karla fue desterrada por su trabajo en medios digitales independientes, antes había sido expulsada de la universidad en Cuba por sus criterios políticos y por su membresía en una organización opositora.

La impunidad con la que actúan los representantes estatales y los voceros de campañas de desprestigio en los medios estatales ha generado diversos rechazos en los ciudadanos, algunos de los cuales han presentado quejas y denuncias ante la Fiscalía. Sin embargo, como ha quedado claro, a las instituciones que les corresponde velar por la «legalidad socialista», no les interesa investigar posibles delitos de sus compañeros, aunque ello implique incumplir con su mandato constitucional.

Son meses en los que han continuado las acciones represivas, enfocadas en acallar la insólita congregación que se logró el 27 de noviembre de 2020.

Ante las detenciones y la destrucción de sus obras de arte, el líder del MSI, Luis Manuel Otero Alcántara, anunció que se declaraba en huelga de hambre y sed el 25 de abril de 2021 y así se mantuvo hasta que un operativo policial lo llevó al hospital Calixto García.

El encierro de Otero Alcántara generó un acto de protesta pública en la calle Obispo el 30 de abril de 2021, que se saldó con 12 detenidos, acusados luego de resistencia y desacato y dejados algunos de ellos en prisión provisional. El 31 de mayo, 29 día después de su extracción, fue dado de alta. Durante ese tiempo solo pudieron tener acceso a él las personas que los cuerpos de seguridad que custodiaban la instalación hospitalaria determinaron, con varios días consecutivos en los que nada se supo de él.

También ha avanzado la estrategia de persecución judicial «quirúrgica» contra las figuras más «combativas» del 27N y la oposición política actual. A fines de abril de 2021, la artista Tania Bruguera fue acusada de instigación a delinquir luego de que escribiera un post en Facebook a raíz de una de las detenciones arbitrarias de las artistas y activistas Katherine Bisquet y Camila Ramírez Lobón. La lista de acusados ha seguido creciendo. Hamlet Lavastida, artista y miembro del grupo 27N, fue arrestado y puesto bajo investigación tras su llegada a Cuba el 21 de junio de 2021 proveniente de Alemania, donde concluyó una residencia artística en la galería Künstlerhaus Bethanien de Berlín.

Este enfrentamiento entre los artistas que protagonizaron el 27N ha estado en el foco de atención del país, aunque pareciera que se escucha más alto la campaña desinformativa estatal. La estrategia represiva ha incluido otra vez los actos de repudio contra disidentes u opositores; además de constantes escaramuzas públicas y «guerras de canciones»; como la protagonizada a partir del tema musical «Patria y Vida», respuesta directa a la tradicional consigna política «Patria o Muerte».

A pesar de todo el esfuerzo comunicacional por desacreditar las acciones disidentes la tensión no ha bajado en estos meses. Un intento de detener al rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo, cuando buscaba llegar a San Isidro, terminó con un enfrentamiento con la patrulla que buscaba llevárselo y la liberación del miembro del MSI por los ciudadanos.

Este caldo de cultivo muestra condiciones naturales para un estallido social. Aunque el gobierno cubano no reconoce su legitimidad y prefiere hablar de un «golpe blando continuado y orquestado desde Estados Unidos», tiene responsabilidad en la acumulación de las causas de la protesta. Lo raro es que no hubiesen ocurrido antes. Al final, no solo vacunas, comida o el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible se escuchaba en las consignas de los manifestantes. También sonó alto el grito de ¡Libertad!

Nota: este artículo fue originalmente publicado en la revista cubanaEl Toque.

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Martes, 29 Junio 2021 06:40

¿A dónde va Pedro Castillo?

Fotos: La República

El llamado público a respetar la Constitución de 1993 y el pedido al neoliberal Julio Velarde para que se mantenga como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, muestran el derrotero continuista en materia económica que cada día va asumiendo el ex dirigente magisterial y virtual presidente peruano Pedro Castillo.

 

En un mitin realizado el sábado 26 de junio en horas de la noche en la Plaza San Martin de la ciudad de Lima, Pedro Castillo, ganador de la segunda vuelta, dijo con mucho énfasis que: “Somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana y por eso estamos acá. Seremos respetuosos de esta Constitución y en ese contexto pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente y coherente frente al Banco Central de Reserva”. En esta intervención, el representante de Perú Libre aprovechó, una vez más, para desmarcarse del supuesto comunismo y pro chavismo que le endilgan sus opositores cercanos a Keiko Fujimori.

Más tarde, y para que no queden dudas, desde su Twitter personal Castillo volvió a afirmar que: “Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución”.

Recordemos que días atrás Pedro Franke, quien proviene del partido de Verónica Mendoza y es actualmente uno de los asesores económicos más influyentes en Pedro Castillo, ya había dicho en una entrevista publicada en el diario Gestión, que se pueden hacer cambios en el país, sin cambiar la constitución de 1993 e incluso menciono que no era necesario cambiar el capítulo económico, el cual - literalmente - condena al estado peruano al triste papel de subsidiario del capital.

Como se recuerda, este proceso de adaptación de Castillo y sus aliados a la institucionalidad vigente se inició en la segunda vuelta cuando, para hacerse digeribles ante los empresarios y la gran prensa, empezaron a bajarle la intensidad a sus cuestionamientos al modelo neoliberal. Ahora, y a raíz de la prolongación de la oficialización de la victoria de Castillo en el balotaje debido a las maniobras fujimoristas, esta tendencia se ha ido profundizando.

¿Quién es Julio Velarde?

Julio Velarde Flores es presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú BCRP, desde el año 2006, cuando fue nombrado por el ex presidente aprista Alan García Pérez como un gesto político dirigido a los grandes empresarios nacionales y extranjeros para demostrarles que su segundo gobierno no repetiría la experiencia económica “heterodoxa” de los años 1985-1990. Recordemos que Velarde ya se había desempeñado como director del BCRP durante los años 1990 a 1992 cuando gobernaba el país Alberto Fujimori y durante los años 2001 a 2003 cuando era presidente Alejandro Toledo.

Desde la dirección del Banco Central de Reserva, Julio Velarde siempre les ha dado estabilidad y seguridad a las AFPs para que puedan seguir con sus negocios a costa de los ahorros del pueblo trabajador y ha contribuido notablemente para la implementación de las políticas neoliberales manejando el tipo de cambio de acuerdo a los intereses de los grandes importadores y exportadores, esto ha golpeado duramente a los pequeños productores nacionales y ha limitado una diversificación productiva priorizando así el esquema primario exportador y dependiente de nuestra economía.

Por esa razón Velarde es considerado como un “gurú” de las finanzas por los banqueros, los grandes empresarios, los políticos de derecha y por los medios de comunicación al servicio del estatus quo. Por eso todos ellos aplaudieron su mantención al frente del Banco Central de Reserva durante toda la gestión del segundo gobierno aprista, así como durante toda la gestión de Ollanta Humala y durante los convulsionados y breves gobiernos de Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti. Para los empresarios neoliberales asentados en el Perú todo esto se puede resumir en la frase siguiente: “en el Perú todo puede cambiar, menos Velarde”.

Velarde proviene de las filas del conservador y derechista Partido Popular Cristiano PPC, actualmente liderado por Lourdes Flores Nano quien es una de las pocas defensoras y voceras públicas que le quedan ha Keiko Fujimori. Por su ortodoxia neoliberal, Julio Velarde ha recibido diversos premios y reconocimientos públicos como el de la revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times, que lo distinguió como Banquero Central del año a nivel global en 2015 y como Banquero Central de las Américas del Año 2020, lo cual pone en evidencia su estrecha relación con los organismos financieros internacionales al servicio de las políticas imperialistas. Por ello también fue nombrado como Presidente del Consejo Consultivo para las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) por dos años desde enero de 2018, Presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en el período 2018/2019, Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) entre 2007 y 2009 y Presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) desde 2004 hasta octubre de 2006.

“No más pobres en un país rico” ¿Con Velarde y con la Constitución del 93?

Como se recuerda, esta fue la frase que hizo popular Pedro Castillo durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones pasadas, para poner en evidencia la necesidad de cambios profundos que alteren la actual situación económica y social que se vive en el país. Por ello, miles de trabajadores y sectores populares, en su mayoría provenientes de las regiones más golpeadas por la crisis, votaron por el profesor cajamarquino a pesar de sus límites programáticos y políticos y de la grosera campaña macartista y racista que sectores de la derecha volcaron contra él.

Sin embargo, la posibilidad de llevar a la práctica esos cambios profundos está directamente relacionada a la posibilidad de acabar con las políticas de saqueo y recolonización imperialista que se vienen aplicando en el Perú en estos últimos 30 años a través de las políticas neoliberales, las cuales tienen su expresión jurídica en la Constitución Política de 1993 y se sostienen - a su vez - en reaseguros institucionales supuestamente autónomos como el Banco Central de Reserva o el Tribunal Constitucional que, como nos demuestran los hechos, no tienen nada de autónomos ya que solo han servido para preservar la reproducción de las ganancias de los grandes empresarios y banqueros en desmedro de las necesidades del pueblo trabajador y de las grandes mayorías.

No será pues, como dice ahora Pedro Castillo, “siendo respetuosos de esta constitución y sus instituciones” o “promoviendo las inversiones privadas y respetando la independencia y autonomía del BCRP” y la vigencia de personajes como Julio Velarde al frente de esta instancia, que se harán esos cambios tan sentidos por el grueso de los explotados y oprimidos. Todo lo contrario; para avanzar hacia ese horizonte de transformaciones profundas urge acabar, en primer lugar, con todo ese chaleco de fuerza institucional que los capitalistas, a través de los gobiernos de turno y los tecnócratas a su servicio, han ido edificando y legitimando para hacernos creer que a lo máximo que podemos apostar es a la “miseria de lo posible”.

Por eso, los trabajadores y los sectores populares que en primera y segunda vuelta votaron por Pedro Castillo esperando un cambio de fondo, no pueden arriar ahora sus banderas de lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como primer paso para acabar con todas esas instituciones que nos fueron impuestas para favorecer el saqueo nacional y la explotación laboral de millones de trabajadores y trabajadoras. Esto nos permitirá encarar de mejor manera la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y los sectores populares de ruptura con el capitalismo y el imperialismo.

Además de ello, la posibilidad de imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos permitirá también implementar un programa alternativo para encarar desde las perspectivas de los trabajadores y el pueblo pobre, la presente crisis, lo cual pasa necesariamente por afectar las ganancias de los grandes empresarios. Sin embargo, no podemos perder de vista que a esa Constituyente solo llegaremos con la movilización y la auto organización obrera y popular.

José RojasMilitante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Lunes 28 de junio | 12:10

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El Gobierno de Japón propone semana laboral de cuatro días para impulsar la economía y luchar contra el estrés

Propone la reducción de jornada para promover los cuidados, evitar suicidios y reactivar el consumo.

 

El problema del estrés en Japón es una de las principales preocupaciones de su gobierno y se le atribuye una de las tasas de suicidios por la presión laboral más altas del planeta. Incluso tiene un nombre: Karoshi, traducido por “muerte por trabajo”. Además, el país nipón tiene serios problemas en cuanto a los cuidados. Las largas jornadas laborales imposibilitan que muchas personas puedan formar una familia o cuidar de sus mayores. El Gobierno japonés ha encontrado en la jornada laboral de cuatro días un posible remedio para dichos problemas y ha empezado una campaña en la que pretende convencer a las empresas de abordar la reducción de jornada laboral.

En dicha campaña, el Gobierno argumenta que con dicha reducción de jornada las empresas también saldrán ganando al retener el personal que, sujetos a las largas jornadas laborales niponas, deciden dejar sus empleos para formar una familia. La misma campaña también invita a las personas empleadas a utilizar ese día libre para formarse y obtener nuevas aptitudes educativas y laborales.

Más tiempo libre, mejor para la economía. La reducción de jornada no es vista únicamente desde el punto de vista de salud mental. El Gobierno también pretende reactivar la economía con esta medida. Defienden que un día libre a la semana puede reactivar y favorecer el consumo y las actividades de ocio, impulsando una economía estancada y en crisis por la covid-19.

De momento, la gran incógnita sigue sin resolverse: ¿conllevará la reducción de jornada una reducción de salario? El Gobierno no ha entrado en detalles, pero según indica el medio Japan Today, los trabajadores han mostrado su preocupación a que la reducción de horas y días trabajados tenga una bajada proporcional en la nómina.

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Algunos de los estadunidenses más ricos, entre ellos Jeff Bezos (en la imagen), Michael Bloomberg y Elon Musk, pagaron muy poco o nada de impuestos federales de ingresos entre 2014 y 2018, según un análisis de la organización ProPublica.Foto Ap

La clase alta usa su increíble poder para dominar el sistema político y el proceso legislativo: Sanders

Nueva York., Si algo comprueba cómo "el sistema" está hecho para beneficiar a los más ricos, sólo se debe observar lo que todos saben: los acaudalados no pagan impuestos sobre sus fortunas personales, pero aún más escandaloso es que para lograrlo no cometen ningún delito, es perfectamente legal.

Y no es exageración. Algunos de los multimillonarios estadunidenses más ricos del planeta –como Jeff Bezos, de Amazon; Elon Musk, de Tesla; George Soros y Michael Bloomberg– literalmente pagaron cero impuestos federales durante varios de los pasados 15 años, aunque sus fortunas se dispararon.

Algunos de los que sí pagan, lo hacen a una tasa bajísima. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, declaró en 2013 que la tasa efectiva de impuestos que tenía que pagar era menor a la de su secretaria y llamó, junto con otros millonarios "responsables", a que los políticos incrementaran los impuestos sobre los ricos, o sea, era tan exagerada la fórmula en beneficio a los ricos, que hasta les dio pena (o fue una maniobra de relaciones públicas bien hecha).

La pandemia revela obscena desigualdad

Pero con la crisis vinculada a la pandemia revelando aún más la desigualdad económica como el factor más determinante de la vida estadunidense, hay un creciente debate y el inicio de un giro en la política nacional, incluyendo el tema tributario, para enfrentar el problema estructural que ha llevado a los más ricos a volverse infinitamente más ricos mientras todos los demás se han vuelto más pobres durante este año de emergencia de salud y económica.

Los 719 multimillonarios estadunidenses con fortunas superiores a mil millones de dólares han visto su riqueza colectiva incrementarse más de 1.6 billones de dólares –un aumento de 55 por ciento– desde que se detonó la pandemia en marzo de 2020, mientras millones perdieron sus empleos, sus hogares y sus ahorros (https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/ ).

Con ello, se ha detonado un movimiento para exigir que los ricos "paguen su parte", y el gobierno de Joe Biden y sus aliados legislativos están contemplando medidas para cambiar la política fiscal, parte de la fractura del consenso neoliberal de los pasados 40 años.

La semana pasada, una investigación de ProPublica reveló que los 25 multimillonarios más ricos del país pagaron una tasa efectiva de impuestos de 3.4 por ciento sobre sus ganancias entre 2014 y 2018, y algunos pagaron literalmente cero en varios años durante los últimos 15 años a pesar de enormes ganancias (https://www.jornada.com.mx/2021/06/ 10/economia/019n1eco ).

El economista Gabriel Zucman subrayó que lo más importante revelado por ProPublica es que los 25 estadunidenses más ricos pagaron colectivamente 0.17 por ciento de su riqueza en impuestos en 2018, mucho menos que la tasa efectiva sobre ingreso que pagó la clase media.

Desplome de las tasas de impuestos

Nada de esto es nuevo: la tasa efectiva de impuestos sobre ingresos personales llegó a 92 por ciento para los más ricos en los años cincuenta, pero desde entonces se ha desplomado, sobre todo con la inauguración de la era neoliberal con Ronald Reagan, hasta llegar a sólo 23 por ciento en 2018, por debajo de la tasa de 24.2 pagado por esa mitad más pobre del total de los hogares estadunidenses, según reportan los economistas destacados Emmanuel Saez y Gabriel Zucman.

Pero ni esa tasa se paga. Chuck Collins, director del programa sobre desigualdad del Institute for Policy Studies, señala que "la industria de defensa de riqueza" conformada por contadores, abogados especializados en impuestos y administradores de ricos se dedican a buscar cómo escaparse legalmente de una serie de obligaciones tributarías con todo tipo de maniobras, logrando incluso a llegar a cero en algunos casos.

“Los documentos del IRS (el servicio de impuestos internos) demuestran que los más ricos pueden –legalmente– pagar tributos sobre ingresos que son sólo una fracción minúscula de los cientos de millones, si no miles de millones, que crecen sus fortunas cada año”, concluye el reportaje de ProPublica.

Y eso es sin contar las empresas. Críticos señalan que más de 90 de las 500 empresas más grandes del país no pagaron impuestos federales de ingreso en 2018. Algunas como Amazon, Chevron y Delta –todas con miles de millones en ganancias– incluso recibieron cheques de rembolso por miles de millones del gobierno federal.

Además de pagar casi nada en impuestos, también hay una creciente evasión tributaria de los individuos de alto ingreso y empresas. "El gobierno federal está perdiendo por lo menos 600 mil millones de dólares anuales por evasión de impuestos, en su mayoría de los ricos y las corporaciones", afirmó Frank Clemente, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, una de casi 90 organizaciones que han exigido mayor aplicación de las leyes tributarias contra ricos y empresas (https://americansfortaxfairness.org ).

Algunos críticos señalan que en los hechos hay reglas tributarias diferentes para los ricos y para todos los demás. Los impuestos para la mayoría de gente trabajadora se pagan sobre salarios, pero para los ricos funciona de otra manera ya que la mayoría de sus ganancias se logran a través de valores bursátiles, empresas privadas, un mosaico de entidades y bienes raíces, todo lo cual se puede manipular mágicamente para efectos tributarios.

Pero durante los últimos años hay un creciente repudio público y ahora una amplia mayoría de los estadunidenses (59 por ciento) critica el que empresas y ricos no paguen su parte en impuestos, según un sondeo por Pew Research.

En este contexto político, Biden promueve una reforma fiscal que impone un sistema tributario que, como él resume, "recompensa el trabajo, no la riqueza", obligando a los ricos a pagar un tasa de 39.6 por ciento sobre ingresos generados por sus fortunas, incrementar la tasa de impuestos sobre empresas de 21 actual a 28 por ciento, y por separado, cerrar el mecanismo fiscal que permite que los ricos trasladen riqueza a sus herederos sin pagar impuestos por el incremento en su valor.

Líderes legislativos demócratas como los senadores Elizabeth Warren y Ron Wyden también están proponiendo nueva medidas para elevar impuestos sobre fortunas millonarias y herencias.

"Necesitamos un sistema de impuestos que exige que la clase multimillonaria empiece a pagar su parte justa de impuestos para reducir el nivel obsceno de desigualad de riqueza e ingreso en Estados Unidos", afirma el senador Bernie Sanders, presidente del Comité sobre el Presupuesto de la cámara alta. "Esto no sólo es asunto de justicia económica, es un tema que amenaza el tejido mismo de la democracia estadunidense porque la clase multimillonaria usa su increíble poder para dominar nuestro sistema político y el proceso legislativo. El resultado es un código de impuestos tramposo, regresivo y corrupto que ha beneficiado al uno por ciento más rico con billones en exenciones de impuestos", concluyó.

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El pueblo de Cuba, las crisis, y los modos de manejarlas. Veinte puntos en modo urgente

1- La década 1975-1985 fue la de mejor desempeño socioeconómico en Cuba —soporte de la URSS mediante—. Sobre esa historia los cubanos estaban parados para perder luego, en promedio, casi 20 libras per capita en los 1990. Los indicadores con los que Cuba llegó a los 1990, sobre pobreza y desigualdad, estaban entre los más bajos en la región. El liderazgo cubano de entonces, específicamente Fidel Castro, por mucho que no le guste a parte de la sociedad nacional cubana, jugó un papel decisivo en las formas de construir los consensos y lidiar con los disensos de entonces.

2- En 2021 muchas cosas han cambiado. Cuba no cuenta con nada parecido a aquel colchón social ni a aquellas estadísticas sobre desigualdad ni a aquella inserción internacional ni a las condiciones que hicieron posible aquel liderazgo. Cuba necesita hoy muchas novedades.

3- La actual es una crisis que cabalga sobre varias crisis previas y concomitantes:  crisis económica, crisis demográfica, crisis de cuidados, que se combinan con la crisis pandémica, las crisis internacionales —cada vez con periodos más cortos entre sí— y el agravamiento de la política estadunidense contra Cuba.

4- Existe también crisis de horizontes —que se observa muy clara en el potencial migratorio—, y crisis de confianza en espacios políticos e institucionales, que se sostienen, en medio de una convivencia difícil, con otros desarrollos institucionales exitosos como la política pública de producción y distribución de vacunas anticovid.

5- En los 1990 mantener la doble moneda fue crucial para evitar que aquella crisis social fuese aún más explosiva. Con los años, algo más de la mitad de la población llegó a recibir alguna cantidad de CUC. Una parte de ellos provenía de formas de pago y estimulación salarial. Otras, las más importantes, de remesas.

6- El “Ordenamiento” de 2021 ha eliminado el CUC, pero nadie en Cuba gana hoy de modo oficial divisa convertible. Contra la promesa oficial de mantener “bajo control” la dolarización, disponer hoy de alguna divisa es esencial para comer, usar jabón, o comprar una batidora para el hijo por nacer.

7- Desconozco una cifra confiable de quienes no reciben remesas en Cuba, pero es claro que estos son los afectados directamente por este tipo de medidas, amén de lo que les llegue luego por vía de redistribución —recurso que está experimentado sucesivos recortes, como las eliminaciones de subsidios.

8- Sin embargo, se saben algunas cosas: al menos 221 425 personas mayores viven solas en Cuba, y son mayoritariamente mujeres. El 82,3% de esos adultos mayores cuenta con ingresos que son consecuencia del trabajo o la jubilación, pero no tienen otra fuente de ingreso.  De los hogares cubanos, los que forman parejas sin hijos han crecido hasta 23,7%.

9- Se sabe también que por cada dólar de remesa que recibe una persona con color de piel negro, una de color blanco puede recibir hasta tres dólares, debido a la estructura histórica de la migración cubana.

10- La reciente medida sobre el dólar no va a crear la desigualdad en Cuba, pero la va a afianzar en un marco de ausencia de políticas que reconozcan de modo transparente los problemas crecientes asociados a la pobreza y la desigualdad.

11- Esas medidas están siendo tomadas sin intervenir de modo importante sobre el marco de respuestas individuales y familiares a la crisis que se han impuesto desde los 1990. En específico, descargan sobre las familias emigradas costos de la vida en Cuba —y ahora más, costos de transacciones financieras impuestas por el bloqueo— y, en el plano interno, “se comen” el aumento salarial decretado por el Ordenamiento.

12- A la vez, es consensuado que si bien la política oficial hacia la emigración ha experimentado avances, sigue siendo muy insuficiente. El texto de la nueva Constitución no menciona una sola vez la palabra migración, en un país que tiene a los balseros de los 90 y a los que cruzaron no hace mucho la selva del Darién, como marcas de fuego de su memoria nacional.

13- Las combinaciones de estas crisis se experimentan, además, en un ambiente político en el cual hay actores autointeresados en cerrar herméticamente la crítica frente a todo desempeño oficial. Con ello, hablan exclusivamente consigo mismos y suman exponencialmente problemas políticos a la crisis, como el acceso a derechos de participación y a la intervención en la deliberación pública. Son máquinas de producir enemigos, elefantes sobre las cristalerías de los complejos acuerdos sociales cubanos.

14- Por ese camino, ese sector político bloquea saberes y experiencias de vastas zonas sociales al etiquetarlas como “enemigas”. Han “programado” un algoritmo de la exclusión que impide la formación de consensos, obstaculiza respuestas colectivas, y mina la confianza social en la concertación de esfuerzos propios y en la capacidad de instituciones para dar respuestas públicas a problemas colectivos.

15-A la vez, la política estadunidense de bloqueo, que el año próximo cumplirá sesenta años, pica y se extiende. Es una trampa justificar cualquier comportamiento represivo del Estado cubano a través del bloqueo, pero relativizarlo es otra trampa. Justificarlo, más aún, es un crimen.  No abrirse a la consideración de todas las alternativas posibles para combatirlo es otro crimen. Cualquier alternativa patriótica cubana tiene que tener en la condena incondicional del bloqueo un núcleo de sus convicciones.

16- La experiencia histórica cubana muestra maneras de manejar las crisis. En 1898 casi la mitad de La Habana vendía melcochas a centavo, pues solo sobraba el azúcar. En esas condiciones, el independentismo cubano, a través de una enorme lucha de masas pudo derrotar la línea anexionista de la facción “jingoísta” de la política estadunidense y de sus aliados en Cuba. Tras la crisis de 1929, que impactó en Cuba como en ningún otro país de la región, hubo olas de suicidios en la Isla. En esas condiciones, el pueblo cubano dio la “batalla por la Constituyente” de 1940, y consiguió la legislación social más profunda de la historia nacional hasta entonces.

17- En 1958 el producto Interno Bruto por habitante de Cuba ocupaba el tercer lugar de la región, superado solo por Venezuela y Uruguay. Sin embargo, la politización de la desigualdad existente, y el régimen dictatorial de Batista, hizo intolerable la situación. En ese contexto, vecinos de Santa Clara derrumbaron paredes de sus propias casas para evitar el paso de tropas batistianas durante la batalla en esa ciudad, y el pueblo cubano construyó un enorme arco ideológico de oposición al tirano. Tras la Revolución, las situaciones de crisis se manejaron apelando a soluciones colectivas. La crisis de octubre puso a cargo de las baterías antiaéreas a muchachos de toda Cuba, cuyos testimonios de hoy no dicen que fueron forzados a hacerlo. La crisis de los 90 experimentó, al menos hasta 1996, un ambiente de apertura relativa de los debates sobre las alternativas cubanas, como hicieron espacios como el Centro de Estudios de América, y como hizo la promesa, y en bastante medida la realidad, de vivir de modo parejo la crisis.

18- Toda esa historia contiene lecciones lo mismo para quienes pretenden llamar “mercenaria” a cuanto crítica se ejerza en Cuba y apuestan por resolver por vía policial toda disidencia, como para los que naturalizan la injerencia estadunidense sobre la nación.

19- Las respuestas colectivas, las articulaciones sociales, la elaboración inclusiva de lo que se considera como el pueblo cubano, la defensa de nociones democráticas de la soberanía nacional, la ampliación de los espacios de discusión sobre las alternativas posibles, fueron el sustrato democrático de las soluciones a esas crisis.

20- Una lección clave, en resumen, parece ser que gestionar la crisis ampliando derechos, tanto políticos, como sociales, es el camino mas firme para las soluciones del futuro.

Por Julio César Guanche

19/06/2021

Julio César Guanche

Historiador y jurista cubano. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

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