Presidente de Ecuador decreta estado de excepción para enfrentar delincuencia

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en todo el país, como una medida para enfrentar el incremento de la delincuencia en varias ciudades del país andino.

"De inmediato nuestras Fuerzas Armadas y Policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican", dijo Lasso en un mensaje difundido por la Secretaría de Comunicación a través de varios medios.

El presidente añadió que durante el estado de excepción se realizarán controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día y requisas de droga, entre otras acciones.

"Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen", dijo el presidente.

Como parte de esas acciones, el Gobierno planea crear una Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, "entidad que se dedicará a la protección exclusiva de los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que sean demandados por cumplir con su deber".

El presidente añadió que ningún miembro de las fuerzas del orden tendrá que endeudarse para defenderse ante la justicia, que debe intimidar al delincuente y no a la Policía.

El Gobierno también indultará a policías y militares que hayan sido injustamente condenados por cumplir con su labor.

"Juntos llevaremos la batalla al hampa, donde sea que se esconda", sentenció el Presidente.

El presidente añadió que ningún miembro de las fuerzas del orden tendrá que endeudarse para defenderse ante la justicia, que debe intimidar al delincuente y no a la Policía.

El anuncio de Lasso se da luego de que el domingo, en la ciudad costera de Guayaquil (oeste), un niño de 11 años murió durante un asalto en un restaurante de un centro comercial.

Los delincuentes amenazaban con pistolas a los comensales para obligarles a entregar sus pertenencias.

Según comentaron testigos a medios locales, el niño murió por el impacto de una bala perdida, tras producirse un enfrentamiento entre los asaltantes y un Policía que se encontraba en el local.

El mandatario dijo que si bien nadie podrá reparar la pérdida de esa vida, hay que implementar acciones para terminar con la violencia que arrebató la vida a ese niño y a muchos ecuatorianos.

Lasso afirmó que Ecuador dejó de ser un país de tránsito de drogas para ser también un país de consumo, lo que se refleja en la cantidad de crímenes, que tienen relación directa o indirecta, con ese delito, así como con actos de sicariato y diversas formas de violencia.

"Más del 70% de las muertes violentas que hoy ocurren en Guayas están relacionadas con el tráfico de drogas", aseguró el mandatario.

La violencia que viven varias ciudades ecuatorianas también se siente en las cárceles ecuatorianas, entre las que enfrentamientos de diversas bandas delincuenciales dejan en lo que va del año más de 230 muertes y decenas de heridos.

El gobierno y analistas locales atribuyen esa violencia a luchas entre bandas ligadas a cárteles internacionales del narcotráfico, que se disputan territorio y poder.

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Masiva manifestación en Chile a dos años del estallido contra la desigualdad

Por la mañana, un grupo de estudiantes y trabajadores de la salud saltaron los molinetes del Metro de Santiago reeditando el hecho que marcó el comienzo de las protestas en 2019.

 

Con una masiva manifestación en Santiago que reunió a miles de personas, Chile recordó este lunes el segundo aniversario del histórico estallido de 2019, una conmemoración que coincidió con el inicio de la redacción de la nueva Constitución. La presidenta de la Convención Constituyente, la mapuche Elisa Loncón, dio inicio al proceso en el que empezará el debate de fondo de la nueva Carta Magna, uno de los reclamos centrales de la ola de protestas que sacudió a Chile dos años atrás.

"El único camino es el ejemplo de octubre"

Al son de "Chile despertó", un clamor que se popularizó hace dos años, y en la céntrica Plaza Italia de Santiago, el 18 de octubre transcurrió en general en un ambiente festivo. Ante un despliegue de cinco mil carabineros, las multitudes protestaron contra el gobierno y clamaron por un modelo socioeconómico más justo y por la liberación de los manifestantes que llevan meses detenidos.

Por la mañana, un grupo de estudiantes y trabajadores de la salud saltaron los molinetes del Metro de Santiago, reeditando uno de los hechos que marcó el comienzo del estallido, inicialmente motivado por un aumento del precio del boleto del subte, pero que luego creció a una exigencia de cambios políticos y sociales más profundos.

Casi al mismo tiempo estudiantes de secundaria se colgaron de una pasarela próxima al edificio Costanera Center, el mayor rascacielos de Sudamérica, para desplegar una pancarta con el mensaje: "El único camino es el ejemplo de octubre". Si bien la mayoría de las manifestaciones en la capital chilena transcurrieron de forma pacífica, por la tarde y noche se registraron algunos disturbios que incluyeron barricadas, vehículos quemados e intentos de saqueo.

Un pequeño grupo de manifestantes intentó ingresar sin éxito a las inmediaciones del céntrico exCongreso nacional, donde trabaja la Convención Constituyente que, tras tres meses discutiendo su reglamento y otras cuestiones técnicas, arrancó la redacción de la nueva Carta Magna. "Por primera vez los pueblos de Chile nos hemos sentado en una mesa plural a discutir y pensar en un país donde la dignidad se hará costumbre", señaló la académica de etnia mapuche Elisa Loncón, presidenta del órgano. 

Enterrar la Constitución de Pinochet

La Convención Constituyente, formada por 155 miembros, es la primera paritaria del mundo y cuenta con una gran presencia de ciudadanos independientes y ajenos a la política partidaria. La nueva Constitución, que deberá estar lista en un máximo de un año y debe ser ratificada en un plebiscito de salida, podría servir para dejar atrás la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y de marcado corte neoliberal.

Un importante sector de la sociedad chilena le achaca a este texto las grandes desigualdades del país y la privatización de servicios básicos como las pensiones, el agua o la salud, algunas de las reivindicaciones clave de las manifestaciones. Durante los últimos años se registraron una treintena de muertes y miles de heridos que decantaron en reiterados señalamientos hacia las fuerzas de seguridad por una excesiva represión y violaciones a los derechos humanos.

El aniversario del estallido social llega en medio de la campaña para los comicios presidenciales del 21 de noviembre. La desaprobación del mandatario saliente alcanza al 68 por ciento, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, y la oposición en conjunto presentó la semana pasada al Congreso una acusación constitucional contra Piñera que puede conducir a su destitución.

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Hervé Le Corre: “Para la policía, el fin siempre ha justificado los medios”

La violencia es el tema que más motiva al escritor Hervé Le Corre. Lo trabaja mediante novelas policiacas que le permiten explorar sus orígenes, desarrollo, manifestaciones y consecuencias. ‘Después de la guerra’ se sitúa en una ciudad de Burdeos que aún sufre la resaca de la Segunda Guerra Mundial transcurrida una década desde su conclusión.

 

@j_duran_r

18 oct 2021 06:00

Suena raro escucharlo en boca de un escritor y profesor de Literatura en la universidad, pero tiene cierto sentido. Las novelas no sirven de nada, dice Hervé Le Corre (Burdeos, 1955) al ser preguntado por la utilidad de la ficción literaria a la hora de desvelar y dejar al descubierto los mecanismos que permiten la perpetuación de la violencia, en todas sus variantes, por parte del poder. Él asume que su respuesta es pesimista y también duda de que la literatura pueda ser un instrumento efectivo para la toma de conciencia.

En las páginas de su novela Después de la guerra, traducida ahora por Reservoir Books en la serie Roja & Negra, Le Corre toma fotos de Burdeos en los años 50 para narrar una historia en la que la violencia y el poder se entrecruzan en la ciudad, la comisaría, la casa y el campo de batalla. La guerra es siempre la guerra, la policía siempre está del lado de quien manda y nunca se cuestiona sus métodos, afirma el autor para explicar que, en el fondo, su intención era escribir un relato universal, más allá de la concreción local y temporal en la que lo sitúa.

El comisario de la Policía Judicial de Burdeos Albert Darlac, un fascista violento dentro y fuera de su jornada de trabajo; Daniel, un joven aprendiz de mecánico llamado a filas contra su voluntad para combatir en Argelia; y André Vaillant, un enigmático motorista que persigue venganza, son los tres personajes que protagonizan Después de la guerra. Un trío de viejas masculinidades con el que Le Corre ejemplifica la destrucción física y mental ocasionada por el ejercicio de la violencia.

Después de la guerra se publica ahora en España. ¿Es raro volver a hablar de un libro publicado originalmente en 2014?
Sí, es raro (risas). Siguen siendo temas muy candentes para mí. Evocar el Holocausto, la ocupación alemana en Francia, mencionar la guerra de Argelia,... son temas históricos que me interesan, me apasionan, me cuestionan y me impresionan.

¿Hasta qué punto hablar de una obra, hacer entrevistas, comentar, es parte del trabajo del escritor, algo que completa lo que es el escribir?
Es una pregunta que siempre me hago. Tengo la impresión de que el libro debería bastarse a sí mismo y que quien lo lee debería satisfacerse del libro y configurar su propia opinión solo y exclusivamente a partir del contenido literario del libro. Sin embargo, vivimos en una sociedad mediatizada y un autor se siente un poco obligado, por los servicios de prensa, por los editores, a hacer lo que llamamos un servicio postventa, es decir, acompañar la salida del libro. Pero idealmente debería existir solo el libro y el autor debería mantenerse al margen. A veces es excesivo el tema de la promoción. Hay autores que hacen realmente giras de promoción que son una locura, con centenares de fechas en librerías, y a mí eso me parece excesivo.

¿Qué aporta a la lectura de un libro el hecho de que su autor ofrezca sus opiniones?
Lo que aporta es un intento de explicar sus intenciones en el momento en que empieza a escribir el libro, cuál era su proyecto literario, qué personajes tenía en mente,... Y poner todo esto en perspectiva con el resultado. Se pueden tener muy buenas ideas al inicio, pero la escritura puede modificarlo y acabar arrojando un resultado distinto. Entre el punto a, la concepción del libro, y el b, el resultado, puede haber diferencias. Las buenas intenciones no acaban en una buena novela.

¿Cómo ves hoy este libro, Después de la guerra?
Para mí es un libro importante. Trata de temas que me preocupan desde hace tiempo, temas históricos que siempre me han implicado. Convertirlo en una novela que espero sea coherente, interesante, con suficiente profundidad, que no sea caricaturesca,... Haber conseguido realmente hacer un buen libro encaja con lo que quiero hacer. No clasifico mis libros en un ranking, pero este fue importante para mí. En Francia funcionó muy bien.

En el libro hay una advertencia de que los personajes son producto de la imaginación del autor y que cualquier parecido con personas vivas o muertas es una coincidencia. ¿Por qué hay que seguir haciendo explícito esto, no es algo obvio?
No, no es evidente en absoluto. En Francia, como supongo que también en España, hay leyes que prohíben que se utilice a personas vivas en una ficción sin su consentimiento. El personaje del policía, concretamente, lo fabriqué a partir de ejemplos que existieron y como es un personaje que, en ciertos aspectos, se podría llegar a reconocer a la persona real, un policía de Burdeos en los años 50, preferí protegerme a nivel jurídico con esta advertencia.

Estos temas como la ocupación alemana, la colaboración con los nazis o la guerra de Argelia no están cerrados ni apagados en Francia. Conllevan polémica, confrontación, son temas complicados. Lo hemos visto estos días con una de las últimas decisiones del presidente francés que ha provocado polémica en Argelia.

¿No debería estar ya capacitada la sociedad para asumir que el marco de la novela es un marco de ficción?
Creo que no lo está. Muchos lectores buscan en una novela ecos directos de la realidad, buscan reconocer, no solo leer, elementos que podrían identificar, a los que podrían aferrarse. Hay muchos lectores que se enfrentan así a las novelas, a la ficción histórica. Las leen como un documento en el que hay que discernir lo que es verdad y lo que no lo es y también verificar si el autor no está contando tonterías.

¿Escribir ficción es recordar lo que nunca pasó?
Es inventar cosas que no han existido en realidad… (duda) Es inventar personajes que nunca han existido pero que, sin embargo, son composiciones realizadas a partir de la verdad. Cuando escribes una novela realista o naturalista, la realidad se impone. Y es a partir de esa realidad que yo fabrico la ficción. Es como un escultor que trabaja a partir de una masa, un metal, una piedra… La piedra está ahí, existirá siempre, pero es él quien la conforma a su manera, en función de lo que quiere contar. Se establece un compromiso entre el trabajo artístico y la realidad bruta.

¿Qué historia quisiste contar en Después de la guerra?
Diversas historias. La de un joven que se va a la guerra de Argelia sin querer ir y que, sin embargo, al final va a encontrar un gusto, entre comillas, un cierto bienestar con el uso de las armas porque se convierte en tirador de élite. También quería contar la historia de un superviviente de los campos de la muerte en Auschwitz. Y también contar cómo la policía francesa participó en la deportación de los resistentes. Diría que estos son los tres ejes narrativos, tres historias distintas que intento hacer converger porque hay vínculos de amistad, y por los hechos, entre los personajes. Es lo que he intentado hacer, que personajes de ficción entren en la realidad tal como la tengo en mente, y que en función de esa realidad actúen y reaccionen.

¿Hasta qué punto son historias universales, que podrían estar ambientadas en el presente y no a mediados de los años 50?
Espero realmente que este libro se pueda leer más allá de la historia que cuenta de forma estricta, más allá de su marco histórico estricto. Creo que puede ser universal en la medida en que la guerra es siempre la guerra, se vive de la misma manera, con los mismos excesos, con los mismos elementos de opresión y de represión. Aquí hablamos de una guerra de independencia en Argelia, una guerra de represión militar que llevan a cabo los franceses.

Es universal también en la medida en que la policía, diga lo que diga, siempre ha estado del lado del poder, del más fuerte, y nunca se ha cuestionado sus propios métodos. Para la policía, el fin siempre ha justificado los medios, cuando la policía está a las órdenes del poder. Y deportará a los judíos cuando se le pide que deporte judíos, matará argelinos sin problema cuando se manifiestan en octubre de 1961. Y hoy reprimirá radicalmente manifestaciones en Francia, o en cualquier lugar.

Por lo que respecta al Holocausto, nos damos cuenta de que pensábamos que esto no se repetiría, pero continúa: sigue habiendo campos de concentración, se mantiene la idea de deshumanizar mediante la represión,... El Holocausto no ha sido una lección, desde entonces ha habido grandes masacres, exterminios —estoy pensando en Ruanda, por ejemplo—, y me temo que seguirá habiendo.

¿Hasta qué punto la novela, como género literario, puede servir para desmontar esos engranajes que permiten la brutalidad policial, la brutalidad del poder?
Voy a dar una respuesta un tanto pesimista. Creo que las novelas no sirven de nada, francamente. Las novelas tienen un papel de civilización en la medida en que plantean preguntas a los lectores, más que aportar respuestas. Aportan preguntas y podemos esperar que el lector se acabe planteando las buenas preguntas y que por sí mismo llegue a fabricar las respuestas que ayudarán a un mejor equilibrio social, a una justicia social. Pero las novelas son muy limitadas. No tengo ni ejemplos que pueda darte de novelas que tengan una utilidad clara. Los miserables de Víctor Hugo fue considerada en su época un retrato fantástico de la población francesa en 1830, pero creo que la novela es algo íntimo, intelectualmente íntimo. Cada obra literaria es una pequeña piedra que se añade a la humanización de las personas, pero no creo que funcione con respecto a la toma de conciencia.

Hablando del contexto espacial y temporal de tus libros, Bajo las llamas (Reservoir Books, 2020), una novela posterior a Después de la guerra, está ambientada en la Comuna de París en 1871. ¿Es un decorado en esa novela?
No, no. La Comuna de París es un acontecimiento global, civil, la única guerra civil que ha conocido Francia. Quería imaginar esta historia que se desarrollaba durante la Comuna, no podría haber situado la novela en otro lugar o momento. Fueron aquellos 72 días en París. No me impido situar otras intrigas en otros lugares pero en este caso la historia era la propia Comuna. Tenía esa limitación de tiempo. Fue un momento muy interesante, sobre todo los últimos diez días cuando la Comuna fue derrotada pero la gente siguió luchando con valor y desesperanza.

¿Podrías contar lo que cuentas en las novelas utilizando otros géneros literarios más allá de la novela negra o la ficción histórica?
Sí. Utilizo el género policiaco porque me parece más fácil. Lo primero que me interesa es la violencia, cómo se exprime y se manifiesta bajo todas sus formas, también la violencia simbólica, la injusticia… La novela policiaca trata de esa violencia, sus orígenes, consecuencias, desarrollo, pero es verdad que tengo ganas de escribir una novela que no sea para nada policiaca sino polifónica, coral. Estoy pensando en Amores perros de Guillermo Arriaga, me encantaría trabajar en ese tipo de construcción. Ahora estoy escribiendo una especie de western, una historia de persecución y de venganza.

¿Has recibido propuestas para llevar al cine tus novelas?
Tengo una propuesta respecto al último libro publicado, Traverser la nuit, pero es difícil. Los productores no quieren dar mucho dinero, dudan, y con la epidemia el cine francés está pasando por momentos de dificultad. No sé si se concretará. Me encantaría haber visto Después de la guerra adaptada en una serie de televisión, creo que es una historia potente que se puede contar en capítulos. Pero creo que sería demasiado caro y ahora mismo lo que se quiere son películas baratas, con pocos personajes y actores muy conocidos que puedan garantizar una cierta rentabilidad.

Después de la guerra ganó varios premios en Francia. ¿Qué son los premios literarios, más allá de una parte más de ese engranaje promocional del que hablábamos antes?
Es algo que te complace, te satisface y muestra que igual no te has equivocado demasiado, que has trabajado bien. Respecto a la promoción del libro, no sirve mucho. Recibir un premio es realmente el placer que obtienes por ese reconocimiento, nada más.

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Spencer Tunick se une al rescate del Mar Muerto

Unas 300 personas desnudas, pintadas de blanco, participaron en el proyecto del fotógrafo estadunidense en una zona desértica cerca del lago salado, en Arad, Israel. La reducción paulatina del Mar Muerto se ha agravado debido a que este último país y Jordania han usado el agua para la agricultura o como bebida, a lo que se agrega la acelerada evaporación por el cambio climático. Dijo que usó ese tono en los modelos para evocar la historia bíblica de la esposa de Lot, quien se convirtió en estatua de sal. Foto Afp. Agencias

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Pedro Castillo ve dividida su base de apoyo en solo tres meses.

Perú Libre se pasó a la oposición 

Sus dirigentes dicen sentirse desplazados luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de “derechizarse”. Sin embargo los nombramientos no condicen necesariamente con esa definición. La nueva primera ministra tiene una larga trayectoria en la izquierda y en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres.

 

Ruptura en el gobierno de Pedro Castillo. Menos de tres meses después que el profesor rural y dirigente sindical de izquierda asumiera la presidencia, el partido que lo llevó al poder, Perú Libre (PL), le ha quitado su respaldo. Sus principales dirigentes dicen sentirse desplazados del gobierno luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de “derechizarse”, afirmación que no refleja la composición progresista del nuevo gabinete ministerial. Esto ocurre cuando Castillo es acosado por una derecha golpista que desde el Congreso opositor busca destituirlo. Esta ruptura ha sido promovida por el secretario general de PL, partido que se define como marxista-leninista, Vladimir Cerrón, que con los cambios ministeriales ha perdido la importante influencia que tenía en el Ejecutivo. La derecha celebra la división en el oficialismo.

En Cerrón

El quiebre entre Castillo y PL se ha dado luego que el presidente decidió cambiar el gabinete ministerial que encabezaba el congresista y dirigente de PL Guido Bellido, muy cercano a Cerrón. Bellido intentó imponer una línea partidaria definida por Cerrón que en no pocas ocasiones colisionó públicamente con el presidente, quitándole autoridad, y con otros ministros, y desarrolló una permanente confrontación, con la oposición que controla el Congreso pero también con otros miembros del gobierno. La extrema derecha encabezada por el fujimorismo supo explotar eso para atacar la presidencia de Castillo y armar una coalición golpista. En ese escenario, Castillo decidió reemplazar a Bellido por una exlegisladora de izquierda que no milita en PL, Mirtha Vásquez, quien ha sido presidenta del Congreso y tiene un estilo dialogante que la diferencia notoriamente de Bellido. El cambio ha sido aplaudido por sectores de la izquierda y la derecha, pero gatilló la furia de Cerrón y su dirigencia partidaria.

El nuevo gabinete deberá pedir el voto de confianza al Congreso, donde el gobierno es minoría y ahora se debilita más con esta ruptura. Sin embargo, no toda la bancada oficialista -37 legisladores sobre un total de 130 en el Parlamento unicameral- apoya la decisión de la dirigencia partidaria de romper con el gobierno y negarle el voto de confianza al gabinete. Todavía no se tiene claro la magnitud de la ruptura encabezada por Cerrón. La extrema derecha -que suma 43 votos- sigue en sus posturas golpistas, pero la derecha más moderada ha abierto la puerta para darle el voto de confianza al nuevo gabinete, aunque todavía no anuncia una decisión.

Un giro ¿al centroderechismo?

En un comunicado, PL ha anunciado que no le dará el voto de confianza al nuevo gabinete por representar “un giro político hacia el centroderechismo”. Sin embargo, la primera ministra Mirtha Vásquez está lejos de expresar esa supuesta derechización. Vásquez tiene una larga trayectoria en la izquierda, activista en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, feminista y ambientalista, ha sido abogada de campesinos enfrentados al abuso de poderosas transnacionales mineras. La dirigencia de PL ha amenazado con expulsar del partido a la vicepresidenta Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y a la legisladora Betsy Chávez, titular de Trabajo, las dos militantes de PL en el gabinete, por integrar el equipo ministerial al que Cerrón ha decidido declararle la guerra. Boluarte y Chávez expresan una línea partidaria crítica con Cerrón.

El nuevo gabinete que Cerrón llama de derecha ha reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde el gobierno de la derecha empresarial de Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018), activo promotor del fracasado Grupo de Lima. Esta decisión ha molestado a la derecha y a los grandes medios, que promueven un estado de guerra permanente contra el régimen de Nicolás Maduro y presionan al gobierno en esa dirección. El nuevo gabinete ha marcado posición en el tema, lejos de la derecha

Los resultados de la ruptura 

“La ruptura de Cerrón con el gobierno es un error, exagera cuando habla de derechización del gobierno. Esta decisión no se explica solamente por la ambición de Cerrón por tener poder, como dice la derecha. Hay una serie de factores. Cerrón es una persona con un pensamiento radical, un marxista-leninista ortodoxo y dogmático, detrás de esta ruptura hay una ideología radical que tiende al sectarismo. La postura de Cerrón y PL también expresa la bronca de las provincias contra Lima. Una posibilidad es que con esta ruptura Cerrón quede aislado, pero la otra es que se fortalezca en provincias”, le señaló a Página/12 el sociólogo Alberto Adrianzén.

Sobre las consecuencias de esta ruptura en el gobierno, Adrianzén señala: “De un lado Castillo se debilita perdiendo votos de PL en el Congreso, pero al mismo tiempo el cambio de gabinete es positivo para el gobierno y abre un espacio para la posibilidad de bajar tensiones y aminorar la polarización, y para modificar la relación con un sector de la oposición, el de la derecha más moderada y buscar nuevos aires. Es difícil decir ahora si con esto Castillo gana o pierde más”. 

 

16 de octubre de 2021

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Marine Le Pen en Cavallion, sudeste de Francia.. Imagen: AFP

La crisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2022

La dilución de la “conciencia de clase”, así como los fenómenos que la precipitaron, introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas no supieron interpretar. Las clases conectadas votan a la socialdemocracia.

 Si se cumplen los anticipos del oráculo electoral, por segunda vez consecutiva no habrá un candidato de la izquierda o de la derecha liberal conservadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2022. En 2017 el duelo final lo disputaron el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen. 2022 parece configurarse con esa tendencia que se repite desde hace varios años en todos los sondeos de opinión. 

La única variante sería que el polemista de extrema derechaEric Zemmour oficialice su candidatura y, en consecuencia, supere en votos a Le Pen. En cualquier caso, la derecha heredera del general Charles de Gaulle, reagrupada luego en torno al ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) y más tarde refundada por el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy (2007-2012) no despega en los sondeos. En cuanto a la izquierda, sea de origen socialista con la candidatura de la Intendenta de Paris Anne Hidalgo, la del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) o los ecologistas, está predestinada a observar de lejos la disputa presidencial

Sus déficits son plurales, pero el más importante sigue siendo la deuda popular de las candidaturas progresistas. El socialismo francés, Mélenchon, los comunistas y los trotskistas han perdido desde hace mucho tiempo el voto obrero y popular. Todos los intentos por recuperar lo que fueron sus bastiones electorales se esfumaron en las urnas de la extrema derecha. Elección tras elección los trabajadores y las clases más modestas votan por el partido fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie. Sin ese voto no hay ni presidencia ni segunda vuelta.

Desindustrialización

La batalla previa entre la izquierda y la extrema derecha se sitúa hoy en la reconquista de ese voto sin el cual ninguna esperanza es posible. La victoria del actual presidente estadounidense Joe Biden, gracias a que los demócratas reconquistaron parte del voto obrero en el norte, señaló un camino posible. Sin embargo, para el conjunto de la izquierda francesa, los estudios de opinión revelan cuán profunda es la distancia entre estos partidos y el voto obrero. Las clases populares han dejado huérfana a la izquierda.

En la elección presidencial de 2017, 39 por ciento del voto obrero se dirigió a las urnas de Marine Le Pen, el 25 votó por Mélenchon, el 6 por el socialista Benoít Hamon y el 4 por las dos opciones trotskistas (Lucha Obrera y el NPA). El electorado popular suma un total del 20 por ciento del cuerpo de votantes y es, por consiguiente, un aporte sustancial para configurar una victoria. 

El socialismo es para los diplomados

La dilución de la llamada “conciencia de clase” así como los fenómenos que la precipitaron introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas, sobre todo los socialistas, no supieron interpretar. La desindustrialización de Francia (desaparición de grandes industrias, de la minería, la deslocalización de la industria automotriz) y la regresión de las redes sindicales tornaron audible la retórica de una izquierda cuyo mensaje se orientó más a seducir a las clases con diplomas, urbanas y conectadas que al electorado popular. El socialismo francés es percibido como un partido reservado a los jóvenes de las ciudades, que circulan en bicicleta, trabajan con las nuevas tecnologías y están a salvo de las inclemencias de la pobreza, la exclusión y los trabajos rudos. 

Los valores comunes que aunaban a la izquierda se disiparon de su raíz. La diputada del partido Francia Insumisa Clémentine Autain constata que “el electorado obrero se desestructuró y la ultraderecha aprovechó la ocasión para agarrarlo”. En un amplio estudio sobre el voto de ultraderecha, el director del polo opinión y estrategias de la encuestadora IFOP anota que todo ocurre “como si el partido lepenista hubiera capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación cultural de quienes tienen menos diplomas”. 

Los ecologistas, a su vez, sufren de otras carencias fundamentales: no cuentan con vínculos en los medios populares y sus propuestas constituyen una espantapájaros para quienes aún trabajan en las industrias y están muy lejos de percibir el sentido de frases como la “transición ecológica”.

Fractura

1995 y 2002 constituyen las dos fechas a partir de las cuales el voto popular cambia de orientación. En 1995,  Jean-Marie Le Pen (entonces líder del partido de ultraderecha Frente Nacional) irrumpió en el territorio reservado a los socialistas y comunistas y, siete años más tarde, en la elección presidencial de 2002, Le Pen le ganó al candidato socialista y Primer Ministro Lionel Jospin y terminó disputando la segunda vuelta ante Jacques Chirac. La propia mutación de los socialistas en una suerte de social democracia liberal europeísta y partidaria de la globalización acabó por instaurar un muro que la izquierda jamás pudo derribar. 

Sin candidatos con arraigo popular y con un discurso pegado a los manuales liberales, el socialismo francés consumó la ruptura. Las dos únicas figuras genuinamente populares que quedan en el paisaje son las de Mélenchon y Marine Le Pen. La izquierda de la transformación social, de la solidaridad, de la justicia social perdió su mensaje y, con él, sus electores. Pierre Jouvet (Partido Socialista) reconoce que “los medios populares se sienten abandonados. El discurso de la izquierda, demasiado concentrado en las metrópolis, no respondió a la crisis. El electorado obrero o la clase media consideró que no tomábamos en cuenta sus preocupaciones cotidianas”. 

La imposibilidad de la unidad

El pugilato por la candidatura presidencial de la izquierda también empaña el horizonte. Los sondeos muestran de forma regular que una candidatura única de la izquierda tendría más posibilidades de convertirse en una fuerza verosímil. Sin embargo, entre socialistas, izquierda radical y los verdes no ha habido ni hay un clima que favorezca la designación de una sola figura. Por fuera de los partidos un movimiento ciudadano (primaria popular) propone reunir en una sola figura las candidaturas de la izquierda, pero la iniciativa no ha prosperado. En suma, la elección presidencial se acerca y la utopía de la unión de la izquierda se aleja. 

El electorado popular está del otro lado de la verja y la izquierda hace muy poco para reconectar con él. El voto de las clases populares que, en los años 60, 70 y 80, escribió las mejores páginas del Partido Comunista francés cambió de vereda. Los estudios de opinión más recientes indican que de cada diez votantes de las clases populares más de 4 votarán en 2022 por la ultraderecha (45 por ciento). 

El economista Thomas Piketty codirigió este año un amplio estudio sobre los comportamientos electorales en unas 50 democracias ("Clivages politiques et inégalités sociales"). El Autor de "El Capital en el Siglo XXI" y "Capital e Ideología" escribe en esa obra que “para comprender el ascenso del populismo es preciso analizar el ascenso del elitismo”. Es decir, cuanto más elitista aparece un partido, o sea, liberal, más se aleja del electorado popular, el cual, a su vez, se reconoce en la ultraderecha y su retórica arraigada en la identidad. La oposición clásica entre “partidos socialdemócratas y conservadores parecía eterna, pero se esfumó”, escribe Piketty. El economista francés resalta también que “la izquierda y la ecología política se convirtieron en partidos de letrados. Ambos se ven favorecidos por las clases con más diplomas”. 

En un libro ya famoso ("The road to somewhere") David Goodhart describió la fractura que atraviesa la mayoría de las democracias liberales entre una elite integrada y movediza (los anywhere) y las poblaciones más arraigadas en sus valores y territorios (los somewhere). Los primeros ganaron con la globalización, los segundos, menos conectados y capacitados, perdieron. Los anywhere y los somewhere son también protagonistas de los trastornos electorales que conducen a que los obreros voten a la ultraderecha y las clases conectadas a la socialdemocracia. La izquierda no tiene aún la formula para reconquistar ese voto del pueblo. Todo apunta a que 2022 se jugará de nuevo entre la opción liberal de Macron y la ultraderecha francesa cuyo renacimiento en los años 80 se apoyó en el voto obrero que las izquierdas perdieron por los caminos del somewhere.

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17 de octubre de 2021

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Los horizontes autonomistas del movimiento mapuche

La elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención Constitucional chilena es el emergente de un largo proceso de organización y lucha de la población mapuche, que mediante diferentes estrategias, más gradualistas o más radicales, fue posicionando la cuestión de la autonomía y, más recientemente, del Estado plurinacional. Esta dinámica política constituyó una suerte de «otra transición» dentro de la Transición posdictadura.

 

Las nuevas problemáticas identitarias

Un momento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento mapuche: alrededor de las 15:20 horas del 4 de julio de 2021. Concluida la segunda ronda electoral para escoger la mesa directiva de la Convención Constitucional, la mayoría del cónclave votó a favor de Elisa Loncon para conducir, en una primera etapa, la redacción de una nueva Carta Magna para Chile. Loncon proviene de una familia vinculada a los movimientos que impulsaron las «recuperaciones de tierras» durante la Reforma Agraria en las décadas de 1960 y 1970, aunque su historia se vincula al ñidolongko Loncomil, quien resistió a las fuerzas militares de Ejército de Chile en la ribera del río Malleco junto con Kilapan, hijo de Mañilwenü, en 1860. Este episodio histórico fue denominado por la historiografía «Ocupación de la Araucanía»1

En su discurso del 4 de julio, Loncon propuso una ruta como horizonte para conformar un nuevo tipo de república que incluya la interculturalidad. La presidenta de la Convención señaló: «mandarles un saludo a los niños que nos están escuchando: se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución»2.

En paralelo, desde principios de 2021, el movimiento mapuche partidario de la autodeterminación, encabezado por la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (cam), Resistencia Mapuche Lafkenche (rml), Resistencia Mapuche Malleco (rmm) y Weichán Auka Mapu [Lucha del Territorio Rebelde], impulsó una oleada de «recuperaciones de tierras», que incluyó el uso de la violencia política contra maquinarias y camiones forestales, y también el incendio de casas de agricultores y cabañas de turismo. Bajo los marcos ideológicos desarrollados por la cam, que promueve el «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», el movimiento favorable a la autodeterminación hizo uso de la violencia en el marco de lo que consideran sabotajes al capitalismo. 

Los movimientos gradualistas y rupturistas han contribuido a la acumulación de fuerzas para la «liberación nacional» del pueblo mapuche. Este último concepto, incorporado en la década de 1990 por la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas las Tierras] –aunque debatido en la década anterior entre los jóvenes de la organización Ad Mapu–, creció dentro del movimiento, aunque solo se tornó hegemónica con la creación en 1998 de la cam. La cam fue un catalizador de nuevas ideas que en el plano teórico fueron debatidas por el partido mapuche Wallmapuwen y su equipo de intelectuales en la primera década del nuevo milenio3

Desde nuestro punto de vista, fue como consecuencia de la acción colectiva de la cam, más específicamente de sus estrategias de «recuperaciones de tierras» y edificación del «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», que incluye formas de acción directa como la quema de camiones y de maquinaria forestal –«símbolos del capitalismo forestal»–, que el concepto de «liberación nacional» se fue volviendo hegemónico en la discusión en el seno del pueblo mapuche. Sin embargo, en los últimos dos años, algunos hechos de violencia sobre civiles y detenciones de miembros del pueblo mapuche derivaron en hechos delictivos, que fueron criticados por los miembros del propio sector rupturista del movimiento. 

Al movimiento mapuche se unió una corriente autonomista «desde abajo», que transitó de las «recuperaciones de tierras» a las del territorio como ejercicio de poder4. Coincidió con la hegemonía del modelo neoliberal en América Latina, propiciado por dictaduras militares y gobiernos democráticos entre las décadas de 1980 y 1990. El historiador, antropólogo y sociólogo José Bengoa ha llamado este proceso «emergencia indígena en América Latina», debido a la irrupción de las identidades de los pueblos originarios, lo que favoreció la expansión de un movimiento «panindigenista» basado en una «reinvención» de la cuestión indígena que combina urbanidad y ruralidad5.

La gran revuelta indígena en América Latina transformó la situación política de los pueblos originarios y ha insertado la disputa por la historia como fundamento de sus horizontes políticos. Se trata de una suerte de «invención de la tradición» como la que han desarrollado todos los movimientos que se plantean en el marco de la reconstrucción de una nación. En el caso de la cam, lo vemos en la revalorización del weichafe [guerrero] como elemento protagónico en el movimiento rupturista, así como en la del papel de las autoridades tradicionales6

Estas últimas hacen alusión a los conductores y conductoras del pueblo mapuche: longko (cabeza jefe de una comunidad), werken (vocero), machi (autoridad sanadora). Cada comunidad tiene un longko, y el conjunto de las comunidades conforma el Wallmapu, el conjunto de la nación mapuche7. En este marco, se ha producido también una descolonización de nombres y apellidos: los nuevos nacimientos reciben nombres en mapuzungun. Esta es una muestra de lo que se conoce como «orgullo de ser mapuche», resultado del accionar del movimiento, que ha incrementado la pertenencia étnica en los últimos años8. Para los mapuche, a todos los seres y espacios de la naturaleza se les asigna un alma que armoniza con el resto de las vidas existentes en Wallmapu. Según Elicura Chihuailaf: «nuestra existencia se afirma en dos grandes normas que regulan a la gente entre sí y a la gente con el medio natural que lo rodea. Son los conceptos de Nor y Az». El primero refiere a las pautas de la relación que debe tener la gente con la naturaleza y sus componentes, mientras que el segundo apunta al reconocimiento y la determinación del origen biológico y familiar de cada mapuche. Esto último permite articular la relación de cada familia con su lugar de origen, cimiento de los Lof, que luego del proceso de reducción territorial derivaron en lo que la Ley Indígena de 1993 catalogó como «comunidades».

A efectos de comprender los recientes debates internos del pueblo mapuche, es necesario distinguir las comunidades tradicionales, que derivaron de los títulos de merced post-Ocupación de la Araucanía, de las nuevas comunidades creadas al amparo de la Ley Indígena 19.253 de 1993, que permite la asociación de personas mapuche que se postulan para la compra de tierras no exclusivamente en sus territorios originarios, lo que ha sido fuente de nuevas controversias en el seno del pueblo mapuche. Por un lado, se «recuperan» tierras, pero por el otro, se rompen las normativas del equilibrio sobre la base del Az Mapu (sistema jurídico mapuche), al insertar a personas mapuche provenientes de otras identidades territoriales en territorios a los que no pertenecen desde perspectivas cosmológicas9. Esto ya había sucedido, sobre todo durante la Ocupación de la Araucanía, cuando ciertas familias tomaron la decisión de relocalizarse debido a la violencia estatal10.

La reciente elección de la Convención Constitucional demostró la fuerza del voto mapuche en sus territorios. Sin embargo, la misma elección –parafraseando al dirigente Adolfo Millabur, quien señaló que «mapuche vota por mapuche»– demostró que es muy relevante la fuerza de los mapuche que no viven en Wallmapu, sino que habitan en las grandes ciudades fuera del territorio mapuche. Así, las cifras de población mapuche que vive fuera de Wallmapu han llevado al movimiento a pensar sobre su realidad y sus formas de construcción política. De esta forma, un sector comenzó a reflexionar sobre la plurinacionalidad o la autonomía regional como un camino plausible para desarrollar los derechos colectivos en una perspectiva de autodeterminación11. Pero también se planteó la posibilidad de un retorno al país mapuche para construir el control territorial. Con esto último creemos que se relaciona el reciente asesinato del miembro de la cam Pablo Marchant en un enfrentamiento con Carabineros de Chile durante una «recuperación de tierras» en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco12.

Los debates sobre la autodeterminación

La autonomía ha dejado de ser una moda o un reclamo aislado para los pueblos indígenas. Para Miguel González y Aracely Burguete Cal y Mayor, este concepto debe ser visto como polisémico; proponen pensar en «las autonomías» como una imagen multicolor, con variables de contenidos y significados culturalmente construidos. Este paradigma, comprendido como parte de los procesos de descolonización, puede ser planteado en el marco de una imagen más amplia: la de los derechos humanos.

Puestas en debate en la Declaración de Barbados de 1971 y luego en la legislación del Régimen de Autonomía Regional de Nicaragua con la Revolución Sandinista, las autonomías permitieron avanzar en la discusión sobre los nuevos derechos que portan los pueblos indígenas. Así, desde la década de 1980, las dirigencias fueron creando marcos políticos, jurídicos y simbólicos para avanzar hacia la libre determinación13.

Los mapuche, no ajenos a estos debates, decidieron avanzar hacia un proyecto de «carácter histórico» –como llamaron a la autodeterminación–. En palabras de José Mariman, estos nuevos postulados difieren de la reivindicación de la tierra del siglo xx; no obstante, las experiencias de las comunidades que refuerzan la concepción de autonomía fueron las «recuperaciones de tierras» bajo las reformas agrarias y los asentamientos. Para Mariman, el concepto de «autonomía» no es homogéneo, trasluce un debate interno en la «sociedad política» mapuche, que nos habla de la existencia de un discurso que pone el énfasis en lo etnocultural o en las tradiciones cuando se imagina un futuro para los mapuche14.

Ahora bien, ¿qué se entiende por autodeterminación? En 1983, en la Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche convocada por Ad Mapu, se señaló: «la Ocupación significó la interrupción del proceso de desarrollo de nuestro pueblo y el arrinconamiento de nuestra población en reducciones indígenas». En los puntos siguientes, la Asamblea se pronuncia a favor de la «autonomía y autodeterminación de nuestro pueblo en cuanto a que debemos ser gestores y protagonistas de nuestro propio proceso de desarrollo» y concluye sosteniendo los deseos de «participar en la redacción de una nueva Constitución Política que resguarde y garantice nuestros derechos y patrimonio cultural de acuerdo con nuestra identidad étnica»15. En 1985, en la revista Nütram –órgano ideológico de Ad Mapu–, se plantea: «un mapuche sin tierra no es un mapuche».

Años después, en una conversación con Ana Llao, dirigente de Ad Mapu, ella recordaba cómo se fue planteando la necesidad de una nueva Constitución que reconociera a los mapuche como sujetos de derechos16. La presión en el interior de Ad Mapu por hacer cumplir los compromisos del candidato a la Presidencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, como el reconocimiento constitucional, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la creación de una normativa de protección y fomento de la identidad, buscó concretar un compromiso de la oposición a la dictadura, en el marco de una oleada democratizadora a escala global17.

La Ley Indígena de 1993, no exenta de visiones coloniales, diseñó políticas de afirmación que permitieron un desarrollo de la población mapuche sobre la base de la inserción educativa, el apoyo económico a estudiantes, el fomento de las artes y la inserción en el sistema educativo sobre la base de políticas de afirmación identitaria. A casi 20 años de esa ley, es factible pensar que los nuevos desafíos asociados a la politización de la identidad se relacionan con dos nuevas realidades: el auge del movimiento autonomista y las políticas de afirmación. Ambos, suscritos a un modelo económico que se constituye en la desigualdad y la diferencia, han terminado por crear un marco político en el que los miembros con pertenencia étnica son incorporados bajo el neoliberalismo sin ser sujetos de derechos y con dificultades de insertarse en un modelo que se basa en la desigualdad. Esto último potenció el movimiento extrainstitucional, que fue logrando, en los primeros siete años de la transición democrática, mayor peso político18. Desde 1990, con la fundación de Aukiñ Wallmapu Ngulam, la autodeterminación continuó afirmándose como horizonte político para el pueblo mapuche. Esto puede ser visto como la «otra transición» a la democracia, ya que Aukiñ Wallmapu Ngulam reforzó la perspectiva de que fuesen las comunidades las que sustentan el proceso político mapuche y que sus liderazgos tradicionales encabezaran el proyecto de «liberación nacional» mapuche.

Desde esa perspectiva, impulsaron nuevas «recuperaciones de tierras», lo que provocó conflictos con los gobiernos de la Concertación. A su vez, los procesos de «descolonización ideológica» llevaron a los militantes a forjar alianzas con comunidades situadas en Argentina, para fortalecer y ampliar el horizonte por la autonomía y la reconstrucción de Wallmapu. Para los miembros de la organización, la reconstrucción nacional del pueblo mapuche debía ser impulsada a ambos lados de la cordillera ya que esta, antes de que se establecieran las fronteras nacionales, era el centro del antiguo país mapuche. No fue extraño que, hacia el quinto centenario de la conquista de América, el movimiento mapuche lograra desarrollar un movimiento que articulaba a distintas comunidades, autoridades tradicionales y una fuerte movilización por la tierra junto con la creación de un arsenal político e ideológico, y que esto concluyera en la gestación de un movimiento autonomista. En esa línea, en octubre de 1992, la organización presentaría la bandera de la nación mapuche: la Wenüfoye19, que se vio flamear en todo el país durante la última ola de protestas.

La articulación de lo internacional y lo nacional derivó en la discusión de lo que se denominó Estatuto de Autonomía Mapuche. Sostenida en los antiguos territorios del Lof Kallfükura en Argentina, la discusión versó en torno de la definición de la Nación Mapuche desde un punto de vista histórico, normativo, institucional, territorial y cultural. Se propició inscribir el Estatuto bajo las legislaciones internacionales que el Estado debería adoptar para que los mapuche pudiesen ejercer sus derechos colectivos. Todo ello, bajo «el ejercicio concreto del derecho a la libre determinación»20.

Estos avances políticos e ideológicos no fueron comprendidos por los gobernantes de la Concertación, que continuaron desconociendo los derechos colectivos del pueblo mapuche. La fundación de la cam fue producto del proceso de radicalización mapuche. Bajo el influjo de la insurrección zapatista en México y la experiencia de algunos de sus miembros en organizaciones armadas de la izquierda chilena, la violencia política comenzó a ser ejercida y teorizada como un aspecto del proceso de autodeterminación.

Entre sus principales aportes, la cam introdujo la perspectiva de la «descolonización ideológica». En ese ámbito, la ocupación de los territorios y el control de estos mediante lo que llama acción directa quiebra inexorablemente la institucionalidad que se desea imponer.

Las discusiones sobre la autodeterminación fueron cada vez más importantes en el seno de la comunidad política del pueblo mapuche, que continuaba construyendo elementos para forjar una subjetividad militante que el Estado nacional no tomaba en cuenta ni tampoco intentaba encauzar a través de reformas políticas. Al contrario, se inició una política de criminalización que significó abrir un espiral de violencia que no se ha detenido y que inclusive ha roto la confianza hacia cualquier intento de institucionalizar el conflicto mapuche. Lo que es más grave: un sector del movimiento autonomista no cree en los procesos de reformas constitucionales o que sea posible avanzar en los derechos colectivos a partir de la reconfiguración del Estado. La expresión de esto ha sido el reciente viaje de una comitiva de la comunidad Ignacio Queipul en Ercilla para cuestionar a los constituyentes mapuche electos por no representar los derechos colectivos, bajo la idea de que la participación mapuche en la Convención Constitucional es irresponsable e inconsecuente con la historia y el futuro del pueblo mapuche.

En paralelo, se inició una política de criminalización de los activistas de la cam, quienes fueron enjuiciados usando normativas de excepción, como la Ley por Conductas Terroristas. Esto determinó el paso de la organización a la clandestinidad, así como procesamientos por asociación ilícita terrorista. Esto último se aceleró luego de que entre 2001 y 2004 se sumaran a la cam comunidades Wenteche que combatieron a los agricultores incendiando sus casas. En ese marco, comenzó un proceso de clandestinidad de los miembros de la organización y un conflicto esencialmente político fue entregado a la fuerza pública. Es viable plantear que, en ese escenario, el multiculturalismo como respuesta al ascenso del movimiento mapuche tomó protagonismo.

Los debates sobre la plurinacionalidad

En 1996, el joven mapuche de la provincia de Arauco Adolfo Millabur Ñancul fue elegido alcalde por la comuna de Tirúa. Para ese entonces, era miembro de la Coordinadora Territorial Lafkenche y del hogar de estudiantes Pegun Dugu. Los lafkenche (gente del mar) comenzaron a idear un movimiento en defensa del mar y sus seres vivos y a pensar en formas de recuperar la tierra y crear un movimiento de reivindicación política ante el contexto de emergencia indígena, así como de la influencia de Aukiñ Wallmapu Ngulam.

La provincia de Arauco fue una de las comunas que vivieron la experiencia de la reforma agraria y la violación de los derechos humanos contra quienes participaron de ella. Además, por ser sede de yacimientos de carbón importantes para el país, la formación de una clase trabajadora con conciencia en esas tierras fue un hecho que contribuyó a la politización. Todas estas variables contribuyeron a la conciencia política de jóvenes que además reflexionaron sobre el ser mapuche. 

La organización se caracterizaba por recuperar a las autoridades tradicionales como las conductoras del proceso político, aunque alejándose de una estructura vertical. «No somos un ejército –señalaba Millabur en 1999–, no andamos detrás de una sola persona, no tenemos una estructura única». Ese mismo año los lafkenche realizaron una cabalgata multitudinaria hacia Concepción para dar a conocer sus puntos de vista críticos, sobre todo frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, y señalar su vinculación política con el mar. La relación entre geografía y política reforzó en los lafkenche la noción de pensar una solución económica y política en un sentido pluriétnico. Ello debería ir acompañado de una relación armoniosa con la naturaleza y el manejo de los recursos de los espacios marítimos del territorio mapuche, ya que este no era un aspecto productivo, sino la piedra angular sobre la que se «construye la base de la identidad» de los lafkenche y, por ende, de la organización21.

Críticos del capitalismo, los lafkenche comenzaron a dotar de una perspectiva latinoamericana a sus formas de reflexión política. En 2002, un encuentro internacional en Lleu-Lleu, provincia de Arauco, los fue acercando a los debates en torno de la plurinacionalidad como vía para avanzar hacia los derechos colectivos. Al año siguiente, realizaron encuentros a escala nacional, lo que les permitió una vinculación a lo largo del país con gente mapuche que les permitió consolidar una fuerza política. En 2004, en Trawa Trawa se desarrollaron los primeros debates para formular un Proyecto de Ley de Protección del Espacio Costero haciendo uso del Convenio 169 de la oit para tales efectos. La ley, que se comprometía en la protección de la biodiversidad, se aprobó en 2007 y se promulgó al año siguiente.

En 2006, la Identidad Territorial Lafkenche (itl) realizó en Valdivia su primer congreso, que resolvió continuar luchando por formular una nueva Constitución. Cuatro años después, en el marco del triunfo de Evo Morales en Bolivia y del giro hacia la construcción de un Estado plurinacional en ese país, reafirmó su compromiso de redactar y discutir una Constitución vía Asamblea Constituyente. En 2012, tomó la decisión de construir un poder constituyente para una nueva Constitución agregando como horizonte el Itrofill Mongen [todas las vidas] para lograr un Küme Mongen [vivir en armonía y reciprocidad con todos los seres]. En este crucial debate, teniendo en consideración los ejemplos de Ecuador y Bolivia, que habían redactado para ese entonces constituciones que reconocían los derechos de la naturaleza, la autonomía y la plurinacionalidad como un nuevo marco de Estado, la itl señala en 2013 que su propósito político sería la plurinacionalidad e interculturalidad. 

En su iv Congreso en Hornopirén, en 2014, la itl plantea que todos los acuerdos evidencian la necesidad de fundamentar los derechos colectivos (autodeterminación) en la redacción de una nueva Constitución. Dos años después, se establece la necesidad de forjar alianzas con otros actores involucrados en la protección del mar y defender las normativas consolidadas por el movimiento mapuche hasta el año 2018. Un año después, se produjo el estallido social, y ante la crisis de legitimidad de la República, los mapuche llegaron con una propuesta: la construcción de un Estado plurinacional.

Para Rosa Catrileo, que es en la actualidad convencional constituyente, la plurinacionalidad es un reconocimiento más bien constitucional. De realizarse, plantea que esa declaración debe estar basada en un Estatuto de Garantía de Derechos. ¿Cuáles? «Primero reconocer al pueblo mapuche y a los pueblos originarios como sujeto de derecho, no como objeto de derecho, sujeto de derecho es que sean titulares, son titulares y lo otro es qué derecho; bueno, partamos por el básico: tierra y territorio… esa es la principal preocupación. Luego de ello materializar los derechos políticos, la autodeterminación con miras a la autonomía»22. En ese mismo sentido se suscriben las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, para quien la autodeterminación continúa siendo uno de los ejes fundamentales del pueblo mapuche. No obstante, ve la plurinacionalidad como un punto intermedio para dialogar con los no indígenas, ya que desde su óptica, va a costar preparar a Chile para la plurinacionalidad, porque todas las constituciones fueron en función del Chile único, una sola nación, aun cuando existe tanta diferencia y diversidad. Eso habría calado hondo en la identidad chilena, pero también los chilenos han dicho «¡basta!» con el estallido social, lo que para la presidenta de la Convención significa que hay una decisión del pueblo de querer cambiar y hacer las cosas de otro modo. Para lograrlo, se necesita forjar «una cultura diferente» y para ello se deben introducir en el debate los conceptos plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de la Madre Tierra, derechos sociales, derechos humanos fundamentales, verdad histórica.

Conclusión: ¿un camino a la domesticación de los derechos colectivos?

El 11 de agosto de 2021, la constituyente Rosa Catrileo, como parte de la subcomisión de Estructura y Funcionamiento, eliminó del Reglamento de la Convención la frase «República de Chile». Los sectores más conservadores de la Convención expresaron su molestia y sostuvieron que se debilitaba la legitimidad del proceso por ese hecho. Catrileo explicó a los críticos que aquello era justamente lo que se iba a debatir. En su óptica, «Chile es un Estado plurinacional. Los pueblos están hablando, es momento de refundar la historia con muchas banderas y derechos». Y agregó: «Este es un cambio de paradigma, que queremos [que] quede de manifiesto en la nueva Constitución y en la Convención, que es que aquí habemos diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado». Al siguiente día, reforzó su convicción: «la República de Chile para los mapuche ha sido bien invasora, no nos ha reconocido (...) y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estados». 

Al siguiente día, la abogada Amaya Álvez profundizó sobre la controversia que había generado la reacción de los sectores más conservadores de la Convención y del país. En sus palabras: «sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional (…) y una manera de apoyar la reivindicación histórica que hacían los escaños reservados». Álvez comparte que Chile se encuentra ante un cambio de paradigma: «hablar de los pueblos de Chile con la idea de una república para Chile» no le parece contradictorio23.

Las transformaciones que están llevando adelante los constituyentes mapuche ¿son la puerta para el multiculturalismo neoliberal? ¿Permitirán la consolidación de los derechos colectivos? ¿Es la violencia política el «verdadero camino» a la conquista de los derechos colectivos del pueblo mapuche? El último estudio de opinión pública del ciir daba a conocer que 88% de los encuestados compartía que la naturaleza fuese sujeta de derecho, 81% era favorable al derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios, 72% al reconocimiento de la jurisdicción indígena y 62% al reconocimiento de la libre determinación y autonomía24.

Ante las críticas que emanaron de los mapuche de la comunidad Ignacio Queipul luego de llegar a las afueras de la Convención Constitucional, solicitando ser recibidos por el vicepresidente y desconociendo la autoridad de Elisa Loncon, en una conferencia de prensa dada por los convencionales, Adolfo Millabur planteó comprender las diferencias y levantó su mano derecha:

si miran esta mano es un solo órgano pero tiene cinco partes. Un pueblo también tiene derecho a tener diferencias, pero cada parte de las diferencias cumple un rol. Ellos vinieron legítimamente a presentar su diferencia, la escuchamos, estábamos disponibles para conversar, pero no como ellos querían por las normas sanitarias, son públicas las diferencias como mapuche. Nosotros los que estamos aquí creemos que este camino de la Convención es un paso para dar una solución que todos los mapuche conscientes queremos. Ellos vienen a reclamar el territorio, nosotros también queremos lo mismo. Ellos quieren reclamar por justicia y nosotros también queremos lo mismo. La diferencia que tenemos es que creemos que por este camino institucional a través de la Convención podemos avanzar en cambiar las cosas duras de nuestro pueblo. Esa es nuestra apuesta.25

La otra fuerza del movimiento mapuche continúa en la práctica del control territorial. Las «recuperaciones de tierras» han aumentado en los últimos meses. Desde la tumba de Marchant, en un predio en recuperación, Llaitul proclamó: «la única vía posible para la liberación nacional mapuche es el weychan [lucha o guerra] y la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en Wallmapu. Agregó que la participación mapuche en la Convención, como una supuesta oportunidad para refundar el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial»26

¿Qué camino es el correcto? ¿Cuál es el válido? Los constituyentes mapuche tienen hoy la legitimidad de las urnas. Si bien el número de quienes sufragaron a favor de los convencionales fue de 282.219, equivalente a 22,81% de un total de 1.239.395 habilitados para sufragar, es un número de adhesión importante para un movimiento que no confía en la institucionalidad debido a la forma de operar del Estado en las últimas décadas. Esto tiene relación, desde mi perspectiva, con la desafección hacia la democracia, que ha venido creciendo en los últimos años, y con el contexto pandémico, que hizo que muchas personas prefirieran restarse del momento político.

A modo de cierre, como me planteó Aracely Burguete Cal y Mayor en un diálogo que sostuvimos hace unos meses, es importante considerar que los pueblos originarios no buscamos un nuevo trato, sino derechos, y como tales deben quedar expresados en la nueva Constitución, «porque luego cuando uno ya los ve en el papel se hacen más pequeñitos, porque uno siempre siembra dinosaurios y al final cosecha hormigas. Entonces hay que tratar de sembrar dinosaurios aun cuando la tierra tiemble»27.

  • 1.
  1. Pairican: Toqui. Guerra y tradición en el siglo xx, Pehuen / CIIR, Santiago de Chile, 2020. Un estudio clásico sobre el tema es el de José Bengoa: Historia mapuche del siglo XIX, LOM, Santiago de Chile, 2000.
  • 2.

El discurso está disponible en www.mapuexpress.org/2021/07/05/video-discurso-inaugural-de-elisa-loncon-como-presidenta-de-la-convencion-constituyente/.

  • 3.
  1. Pairican: «Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990-1994)» en Sudhistoria No 4, 2012; Víctor Tricot y Germán Bidegain: «En busca de la representación política: el partido mapuche Wallmapuwen en Chile» en Estudios Sociológicos vol. 38 No 113, 5-8/2020.
  • 4.

Es relevante en estas reflexiones políticas el texto de Aracely Burguete Cal y Mayor: «Autonomía: la emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina» en Miguel González, A. Burguete Cal y Pablo Ortiz-T. (coords.): La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina, Flacso Ecuador / GTZ / IWGIA / CIESAS / UNICH, Quito, 2010.

  • 5.

José Bengoa: La emergencia indígena en América Latina, FCE, Santiago de Chile, 2000.

  • 6.
  1. Pairican: «Weuwaiñ. La invención de la tradición en la rebelión del movimiento mapuche (1990-2010)» en Enrique Antileo Baeza, Luis Cárcamo-Huechante, Margarita Calfío Montalva y Herson Huinca-Piutrin (eds.): Violencias coloniales en Wajmapu, Ediciones CHM, Temuco, 2015; Eric Hobsbawm y Terence Ranger: La invención de la tradición, Crítica, Barcelona, 2013. Sobre el concepto de «weichafe», v. Héctor Llaitul y Jorge Arrate: Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política, Ceibo, Santiago de Chile, 2012.
  • 7.

El pueblo mapuche está dividido en identidades territoriales: Lafkenche (gente del mar), Nagche (gente de tierras bajas), Wenteche (gente de tierras cercanas a las nives), Pewenche (gente de la cordillera) y Williche (gente situada al sur del río Cautín).

  • 8.
  1. Pairican: Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013, Pehuén, Santiago de Chile, 2014. Para mayores detalles, v. el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales llevado a cabo por el ciir. Entre sus distintas mediciones, da cuenta del apoyo de la sociedad chilena a las reivindicaciones de los pueblos originarios y el crecimiento de la autoidentificación indígena. V. «Estudio UC: los chilenos apoyan cada vez más las demandas indígenas» en www.elri.cl.
  • 9.

Elicura Chihuailaf: Recado confidencial a los chilenos, LOM, Santiago de Chile, 1999. V. tb. José Quidel: «La noción mapuche de che (persona)», tesis de doctorado, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Estadual de Campinas, 2020.

  • 10.
  1. Florencia Mallon: La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004.
  • 11.

Claudia Zapata y Elena Oliva: «La Segunda Reunión de Barbados y el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: horizontes compartidos entre indígenas y afrodescendientes en América Latina» en Revista de Humanidades No 39, 1-6/2019.

  • 12.
  1. Pairican: «La tumba de Pablo Marchant y la evolución de la Coordinadora Arauco-Malleco» en CNN Chile, 23/6/2021.
  • 13.
  1. Zapata y E. Oliva: ob. cit.
  • 14.
  1. Mariman: Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI, LOM, Santiago de Chile, 2012, p. 24.
  • 15.

Ad Mapu: «Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche (Resoluciones)» en Civilización, 2/1983.

  • 16.
  1. Pairican: «Ana Llao: ‘Nosotros vemos la concepción de la vida como un bien común para todos’», entrevista en AAVV: 18 de Octubre: primer borrador. Reflexiones desde abajo para pensar nuestro mañana, Quimantú, Santiago de Chile, 2020.
  • 17.

Rafael Otano: Nueva crónica de la transición, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006.

  • 18.
  1. Pairican y Rolando Álvarez: «La Nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009)» en Izquierdas No 10, 8-9/2011.
  • 19.

En relación con la discusión sobre la creación de la bandera, v. «Nación mapuche reafirma su identidad» en Aukiñ, 8-9/1992, p. 3.

  • 20.

«Primer Estatuto de Autonomía» en Aukiñ No 25, 10/1995.

  • 21.
  1. Pairican: «La vía política hacia la autonomía. Una comprensión del discurso y práctica de la Identidad Territorial Lafkenche en torno a la Plurinacionalidad, 1997-2020», inédito.
  • 22.

Libertad Pinto: «Rosa Catrileo, constituyente mapuche: ‘Tierra y territorio son la principal preocupación que vamos a llevar a la Convención’» en The Clinic, 18/6/2021.

  • 23.

«Sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional» en El Mercurio, 14/8/2021.

  • 24.

CIIR: «Estudio de opinión pública: pueblos originarios y nueva Constitución», 25/8/2021, disponible en www.ciir.cl.

  • 25.

Conferencia de prensa de los constituyentes mapuche, 7/9/2021.

  • 26.

«CAM califica como ‘acto de sometimiento’ presencia de mapuche en la Convención» en El Mercurio, 16/7/2021.

  • 27.
  1. Pairican: «Aracely Burguete Cal y Mayor y los pueblos originarios: ‘El derecho madre es el de la libre determinación’», entrevista en The Clinic, 9/7/2021.
Publicado enInternacional
Viernes, 15 Octubre 2021 05:34

Con 5 dólares al mes

Centro de La Habana, Cuba, en 2021 XINHUA, JOAQUÍN HERNÁNDEZ

Cuba tras las cuarentenas

 

Veinticuatro años atrás, cuando Yotuel Romero subió al avión que lo llevaría a París para convertirse en un popular cantante de música urbana, el salario mínimo en Cuba equivalía a algo más de 5 dólares mensuales. Desde entonces, esa frontera subió hasta los casi 30 dólares en que informalmente puede canjearse el ingreso mínimo actual.

Para Yotuel Romero, pareciera que el tiempo se detuvo el día en que salió de la isla. En su nuevo rol de concursante del programa televisivo Masterchef Celebrity España, hace un par de semanas aseguró que los 5 euros de marras siguen siendo el pago mínimo para sus compatriotas, quienes deben «estirarlos como un chicle» para sobrevivir.

Por las mismas fechas de su declaración, La Habana decretaba la vuelta a la «normalidad» luego del pico pandémico del verano. Desde la noche de reapertura, las redes sociales se llenaron de fotos con los nuevos precios de los bares y los restaurantes: en promedio, las cervezas nacionales se valuaron entre 1 y 2 euros; las importadas, hasta en 3, y un menú personal sin grandes lujos, en alrededor de 15 euros. Aun así, la norma fueron los locales llenos de público, y con los días ha crecido el reclamo de que la veda sea levantada también para las discotecas y se permitan los viajes entre provincias, sobre todo, a balnearios como el de Varadero.

Este lunes la «flexibilización» se extendió a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), que ampliaron sus horarios hasta la noche y eliminaron en buena medida las restricciones sanitarias respecto al número de clientes que podían atender. «Habrá que ver cuánto les duran las mercancías con tanta gente queriendo comprar», ironizó alguien en la sección de comentarios de la noticia, en la página web de la mayor cadena estatal de tiendas.

Ni siquiera en La Habana, que goza de un estatus privilegiado, las tiendas MLC alcanzan a satisfacer la demanda. Las horas de espera afuera de esos establecimientos o intentando comprar en sus ineficientes plataformas virtuales hace tiempo se volvieron parte de la vida cotidiana, al igual que sus precios, superiores a los de cualquiera de los países vecinos.

«Aun así, el cubano “inventa” y busca dinero. ¡Vaya usted a saber cómo!», bromeó Ariel, un albañil que confirmaba su turno en la lista de espera para neveras de una tienda MLC. Tres o cuatro veces por mes, cuando llegan los equipos, el listado se activa y decenas de sus inscriptos reciben un aviso para que acudan a comprarlos, a precios que raramente caen por debajo de los 500 MLC (cada MLC equivale a 1 dólar). De no haber sido por la pandemia, aseguró Ariel, hace tiempo habría adquirido la heladera y aires acondicionados para su habitación y la de sus hijas, entre otros artículos. «La covid vino a complicarlo todo. Desde junio no trabajo por falta de cemento. Hasta tuve que dejar a medias una piscina que estaba construyéndole a un cubanoamericano que se repatrió. Ojalá, y como dicen, con la reapertura las cosas mejoren», dijo.

LO QUE CAMBIÓ CON LA CRISIS, LO QUE NO

En junio de 2018, Yotuel y sus compañeros del grupo de rap Orishas se reencontraron para una gira generosamente pagada por el Ministerio de Cultura cubano. El rapero mantenía una relación fluida con las autoridades de la isla y se beneficiaba de ser el rostro de Cuba Ron SA, la corporación nacional de bebidas alcohólicas. Una de sus composiciones musicales era el tema de las campañas organizadas por el Ministerio de Turismo. Por entonces, la economía local todavía no se había resentido a causa de las sanciones dictadas por Donald Trump: el turismo alcanzaba ese año su récord histórico de 4,7 millones de veraneantes extranjeros, las misiones médicas reportaban ingresos desde países como Bolivia y Brasil, y Western Union hacía frente a un crecimiento sostenido de las remesas familiares.

Tres años después, Yotuel es el abanderado de la oposición al gobierno de La Habana. A finales de julio, viajó de Madrid a Washington para reunirse con Joe Biden y pedirle que no aflojara la presión sobre la isla y, mediando setiembre, celebró la nominación de su canción «Patria y vida» a mejor del año en los premios Grammy Latinos como un reconocimiento «a quienes luchan contra la dictadura». De los esperanzadores datos económicos de otros tiempos apenas queda el recuerdo: la caída del 11 por ciento del producto bruto interno con que cerró 2020 probablemente será superada por la contracción de este calendario, mientras que la reforma monetaria hasta ahora solo ha contribuido a acelerar la inflación.

La crisis tiene matices, sin embargo. A los profesionales que venden sus servicios a clientes extranjeros y cobran en dólares o monedas virtuales la devaluación del peso cubano (CUP) decretada en enero les multiplicó sus ingresos; también a las «mulas», que entran al país con los más diversos artículos para revender, y a los emigrados, que envían remesas a sus familiares o invierten en negocios dentro de la isla. Entre estos, se cuenta el actual cliente de Ariel, el albañil. Después de muchos años viviendo en Estados Unidos, con su ciudadanía estadounidense y una pensión, decidió repatriarse a Cuba. El último año y medio lo dedicó a reformar una casa que había adquirido, con el objetivo de transformarla en un hostal para extranjeros. «Mil dólares no son nada en Estados Unidos, pero en Cuba si se tiene ese dinero todos los meses, se vive a cuerpo de rey», reflexionó Ariel.

En la otra cara de la moneda se encuentran miles de ancianos que viven solos, madres solteras al frente de familias numerosas y discapacitados sin formación profesional. En setiembre, durante una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció implícitamente la urgencia de «llegarles con trabajo social y ayudas». Pero entre el discurso oficial y las acciones prácticas se interpone el obstáculo tremendo de la crisis financiera. El programa demográfico, por ejemplo, lleva más de un año virtualmente suspendido; el grueso del presupuesto destinado a nuevos centros de reproducción asistida debió reorientarse a hacer frente a la covid-19, y la construcción de viviendas ha caído a sus mínimos en lo que va del siglo.

Las prioridades económicas del gobierno tampoco contribuyen a un cambio de circunstancias, al menos no en el corto plazo. En mayo, generó polémica un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el uso por sectores de los fondos públicos de inversión. Siguiendo una lógica difícil de comprender en tiempos de pandemia, durante 2020 y el primer trimestre de 2021 la mitad de ese dinero se empleó en hoteles, centros recreativos y sus infraestructuras conexas. «Se invirtió [en turismo] 3,5 veces más que en la industria, 7,5 veces más que en la agricultura y la ganadería, y 72 veces más que en la ciencia y la innovación tecnológica», tuiteó el economista Pedro Monreal, asesor de la Unesco en su sede de París. De la prioridad otorgada por las autoridades a la industria del ocio da cuenta la designación de Manuel Marrero como primer ministro, en diciembre de 2019. Al momento de ocupar ese cargo, restablecido por la nueva Constitución, Marrero no era considerado siquiera un candidato, pues al prestigio y la experiencia de otros apenas podía contraponer el hecho de haber ocupado desde 2004 la titularidad del Ministerio de Turismo.

REFORMA CON LIMITACIONES

El 29 de setiembre fueron aprobadas las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Cuba en más de 50 años, 32 de ellas de propiedad privada.

Su creación es la consecuencia más mediática del paquete de normas legislativas que a finales de agosto promulgaron el Consejo de Estado y varios ministerios para permitir a los negocios cuentapropistas adquirir personalidad jurídica y crecer hasta el centenar de empleados. A la par, se eliminó la moratoria que cuatro años atrás había sido impuesta a la inscripción de nuevas cooperativas no agropecuarias. La liberalidad gubernamental no llegó, sin embargo, al punto de levantar la veda al cuentapropismo profesional.

El 16 de abril, durante el octavo congreso del Partido Comunista, Raúl Castro tronó contra quienes «demandan el ejercicio privado de algunas profesiones mientras que a los demás no se les permite»: «Pareciera que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan […] el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista». Se trataba de una respuesta a las recogidas de firmas organizadas por arquitectos, ingenieros y otros graduados universitarios en reclamo de poder inscribir sus estudios y compañías, que, sobre todo en La Habana, llevan años funcionando en la alegalidad.

Unos 600 de ellos enviaron una carta al primer ministro criticando la existencia del «Listado de actividades prohibidas», un pliego de 124 ítems que el Estado reserva como de su exclusiva competencia. Siguiendo los precedentes de China y Vietnam, en él se incluyen ocupaciones como el periodismo y la abogacía o relacionadas con la defensa (la fabricación de explosivos, por ejemplo), pero también otras que mucho tiempo atrás fueron liberalizadas por Beijing y Hanói.

«Es triste que tantos jóvenes tengan que emigrar por no encontrar perspectivas de realización profesional y se sientan excluidos de un país donde sí hacen falta», lamentó la semana pasada Jorge Véliz, uno de los arquitectos firmantes de la carta.

Encontrar acomodo a los miles de graduados que cada año egresan de sus universidades es un reto para el gobierno. Aunque formalmente todos tienen empleo, la mayoría de las plazas en entidades estatales suelen tener honorarios que no alcanzan para satisfacer necesidades básicas. «Aquí, ni los barrenderos viven de su salario», señaló un ingeniero informático, que aprovecha la conexión a Internet de su centro de trabajo estatal para programar para distintos clientes del exterior. Otros jóvenes aplican a becas que les permitan emigrar o cuelgan el título y se dedican a ocupaciones más productivas desde el punto de vista económico.

Una reforma de la legislación para empresas públicas, que ha venido promulgándose por etapas durante el último año, pretende cambiar ese orden de cosas. Pero en el camino se ha topado con obstáculos como la existencia del MLC, luego de dos décadas de dualidad monetaria (peso cubano y peso convertible) que terminaron por distorsionar todos los ámbitos de la contabilidad.

Las sanciones estadounidenses, primero, y los errores de las autoridades y el efecto de la covid-19, luego, se coaligaron para que en muchos casos el salario real disminuyera a consecuencia de la reforma. Si a finales de 2020 el cambio informal del euro rondaba los 30 CUP (prácticamente igual a la tasa oficial), desde entonces la moneda comunitaria siguió una parábola creciente, hasta su cotización actual de 85 CUP. El efecto de esa fluctuación se hace más sensible debido a que el euro y, en menor medida, el dólar constituyen las referencias para el MLC y, por tanto, para buena parte del mercado de bienes y servicios.

Con todo, no faltan quienes consideran que lo peor de la crisis pandémica pudiera estar pasando y que, con una hipotética recuperación del turismo, el gobierno tendría a su favor una mano ganadora. Analistas como Monreal estiman que solo en nuevas mipymes unos 15 mil negocios se sumarían a la trama empresarial de la isla de ahora a finales de 2022, generando miles de millones de CUP en impuestos y cubriendo algunos de los frentes más descuidados por el empresariado estatal, como los servicios. Una marcha nacional opositora convocada para el 20 de noviembre –cinco días después de la reapertura de fronteras– apuesta por mantener el estado de convulsión social antes de que la enésima recuperación económica vuelva a comprarle tiempo al gobierno.

Por lo pronto, la vitalidad de la «flexibilización» habanera ha dejado en entredicho los pronósticos pesimistas que llegaban desde Miami. Los ingresos de los cubanos de la isla siguen estando por debajo de los de otros países del continente, pero inexplicablemente a muchos no parece faltarles dinero para celebrar como si no hubiera un mañana.

Amaury Valdiviadesde Camagüey 
7 octubre, 2021

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El Nobel de Economía: la “revolución de la credibilidad”

Para quienes preocupa que los economistas se hayan formado crecientemente en una disciplina en la que tienen poca importancia las evidencias en la construcción del conocimiento económico, la concesión del Nobel de Economía este año es relevante. Se ha premiado a David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens reconociendo una manera de producir conocimiento económico que se liga con intervenciones económicas del Estado para resolver problemas relevantes. Este reconocimiento es una refutación directa de los métodos de la economía convencional y, en consecuencia, de muchas de las leyes económicas que pretendidamente ha establecido el pensamiento económico dominante. Refutación que resulta de “experimentos controlados”, es decir, de estudios basados en información real que permite comparar resultados de cambios en políticas en grupos diferentes.

En el famoso artículo publicado en 1994 en la American Economic Review, Card y Kruger presentaron evidencia que demostraba el efecto de la elevación del salario mínimo sobre el nivel de empleo y los precios. Sus conclusiones refutaron la afirmación de la economía convencional que señalaba que incrementar el salario mínimo conduciría a reducir el nivel de empleo. En ese estudio analizaron información de 410 empresas de comida rápida en Nueva Jersey y Pensilvania siguiendo el aumento al salario mínimo de 4.25 a 5.05 dólares la hora en Nueva Jersey. Compararon lo ocurrido en ese estado y en Pensilvania, donde no hubo incremento salarial, antes y después de ese aumento sobre empleo, salarios y precios.

La revolución de la credibilidad cuestionó la idea de que era posible aislar los efectos de cambios en ciertas políticas a través de sofisticados modelos estadísticos que controlaban matemáticamente otros factores: el supuesto de permaneciendo todo lo demás constante, el ceteris paribus. Este método produce resultados correctos solamente cuando se aceptan los supuestos, es decir, cuando se acepta que el que no cambien las otras cosas es razonable y pertinente. Supuestos que, además, están sostenidos por la propia teoría que se pretende demostrar.

Pese a esta evidente debilidad metodológica, los resultados de las investigaciones econométricas se convirtieron en leyes económicas y, a partir de ello, sirvieron para refutar intervenciones gubernamentales que se proponían reducir la evidente desigualdad en el reparto de los ingresos producidos. El salario podía aumentar sólo en la medida en la que el “factor trabajo” incrementara su productividad. Si los aumentos salariales resultaban de decisiones políticas del gobierno, entonces la teoría económica se usaba para señalar que eso significaría reducciones del nivel de empleo y aumentos de precios y que, en consecuencia, era inconveniente la intervención estatal.

Desde los años 90 del siglo pasado, diversos economistas condujeron estudios que se sostenían en la fuerza del análisis de situaciones reales con información recabada directamente tanto entre empresas como con trabajadores para variables analizadas comparativamente. Se trata de procedimientos muy cercanos a los realizados en experimentos controlados. Este es el importante aporte de Card que junto con Kruger condujo estudios cuyos resultados cuestionaban las leyes económicas establecidas.

El banco central sueco, que otorga el Nobel de Economía, expresó en su razonamiento para otorgarlo a estos economistas “que los experimentos naturales son una rica fuente de conocimiento que ha resultado en un gran beneficio para el conjunto de la sociedad”. En realidad, el aporte va mucho más lejos. Demostraron que la teoría económica se equivocaba al afirmar que todo aumento salarial que no siguiera aumentos en la productividad reduciría el nivel de empleo y elevaría los precios. Pero demostraron algo todavía más importante: que decisiones políticas que aumentaban los salarios mínimos con el fin de reducir la excesiva concentración del ingreso no afectaban negativamente variables fundamentales, como el nivel de empleo y la inflación. Demostraron que era posible, y conveniente, que los poderes públicos intervinieran en los mercados, ya que la “mano invisible” no generaba bienestar, sino concentración del ingreso.

Los economistas galardonados con el Nobel 2021, impulsores de esta revolución de la credibilidad en el análisis económico, con sus aportes impulsan también políticas económicas que se proponen resolver problemas sociales centrales: mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de aumentos salariales, ayuda a desempleados, apoyo a migrantes y otras. Cuestiones que conforman una agenda progresista, que claramente demanda una economía y unos economistas formados en la convicción de que en las ciencias sociales el análisis empírico es sustento del conocimiento científico

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El Premio Nobel de Física, "espaldarazo" al estudio de los sistemas complejos: expertos de la UNAM

El Premio Nobel de Física 2021 otorgado al científico japonés Syukuro Manabe, al alemán Klaus Hasselmann y al italiano Giorgio Parisi, muestra que ya existe un consenso mundial acerca de la importancia de la ciencia detrás del calentamiento global, además de que es un "espaldarazo" muy relevante para todo el campo de sistemas complejos, afirmaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los especialistas, integrantes del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física, ofrecieron una conferencia a distancia. Gerardo García Naumis expuso que a pesar de que hay políticos y personas como Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, que opinan que no existe el calentamiento global debido a sus causas humanas, el Comité del Nobel consideró que hay un consenso mundial entre científicos para reconocer su existencia.

"Ahí están los resultados científicos, ahí están las predicciones", destacó García Naumis. Al mismo tiempo, insistió en que, pese a ello, "parece que la gente que toma las decisiones no lo comprende". Indicó que los efectos del calentamiento global ya se están observando y, aunque es necesario que se tome "muy serio esto a nivel político y económico", a veces se anteponen otras prioridades.

Además, sostuvo, lo anterior se relaciona con una crisis energética. "Al mismo tiempo, vemos que, por un lado tenemos la paradoja de que los combustibles fósiles son no renovables y, por el otro, emitimos todas estas concentraciones de gases invernadero mediante ellos".

Los especialistas García Naumis, Denis Pierre Boyer y José Luis Mateos Trigos resaltaron que en México hay grupos muy relevantes que trabajan en las áreas que se reconocieron con el Premio Nobel de Física, como el Departamento de Sistemas Complejos, " un parteaguas y uno de los pioneros" a escala nacional e internacional, el Centro de las Ciencias de la Complejidad y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

Al respecto, Mateos Trigos señaló que si bien esa casa de estudios "va por buen camino", es importante "tener más apoyo para este gran campo que tiene que ver no sólo con el clima, sino con la salud, las pandemias".

El Premio Nobel de Física 2021 se otorgó a Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann por el modelado físico del clima que permite predecir de forma confiable el calentamiento global, y a Giorgio Parisi por descubrir la interacción del caos y las fluctuaciones en los sistemas físicos.

 

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