Miércoles, 30 Septiembre 2020 05:42

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

La organización Prisoners Defenders presentó desde 2019, y amplió en agosto pasado, una denuncia ante la ONU y la Corte Penal Internacional contra el gobierno cubano por violar los derechos humanos de los médicos que envía en misiones de asistencia sanitaria a decenas de países. Aunque no hubo tiempo de incluir el caso de la misión que ayudó a combatir la pandemia de coronavirus en México, la agrupación humanitaria afirma que también aquí ocurrieron tales violaciones por la “negligencia” del gobierno de López Obrador. 

MADRID (Proceso).- Los integrantes de la misión internacional de médicos cubanos que ayudó a México a enfrentar la pandemia del coronavirus sufrieron la misma situación de “esclavitud, persecución y actos inhumanos” que padecen otras misiones cubanas de profesionales de la salud alrededor del mundo, denuncia Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders.

Esta organización europea obtuvo testimonios y documentación de muchos de los 585 médicos que componían la misión que estuvo en México entre abril y julio pasados, los cuales evidencian las políticas represivas que les impone el régimen cubano.

“Hemos obtenido la documentación y los testimonios de la misión de México. Hubo varias deserciones, conocemos la circunstancia y también les digo que esos testimonios están esperando”, explica en rueda de prensa virtual el martes 22 para anunciar que su organización amplió el 24 de agosto la denuncia que presentó en 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el gobierno de Cuba.

Esas pruebas de México, sin embargo, no están incluidas en el proceso de ampliación penal denominado “622 Cuban doctors vs. Cuban Government”, que incluye el testimonio de 622 profesionales de la medicina cubanos en otros 29 ­países.

“No hay ninguno de los testimonios en esta querella de los que participaron en la brigada de México, porque no nos dio tiempo de incluirlos. Aunque son exactamente las mismas circunstancias tan terribles que se han vivido en otros países y que están en la ampliación de la demanda”, dice.

“En México”, prosigue, “se dio una circunstancia particularmente dolorosa y es que el gobierno mexicano gastó aproximadamente 10 mil 700 dólares por médico en los tres meses, pero los médicos recibieron solamente 220 dólares al mes”, ya que el resto lo retuvo el régimen cubano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó en abril pasado sobre el acuerdo con Cuba para esa misión de apoyo al sistema de salud mexicano para enfrentar la pandemia. La presencia de esta brigada se extendió hasta julio. Su arribo a México no estuvo exento de controversia, porque la mayoría eran médicos generales, no epidemiólogos, denunciaron los colegios de médicos en México.

Larrondo explica que “algunos de ellos lograron escapar. Es una desgracia hablar con ese verbo, escapar, pero es la realidad. Pero debo aclarar una cosa: que AMLO conociera o no conociera estas circunstancias, yo no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí me atrevo a decir es que lo debería conocer, porque si una brigada médica (cubana) entra en su país, todas las estructuras médicas y de controles institucionales tienen que actuar.

“Y en ese sentido, si (el presidente) no lo conoce, tiene un problema de negligencia, y si lo conoce, pues ya es más grave. Lo que sí es que en varios estamentos del gobierno mexicano sí hubo una negligencia que ha permitido que se vuelva a reproducir esa situación. Es una negligencia que tampoco quiero atribuir al propio AMLO, y por eso estamos haciendo un llamado para que las naciones eviten esa negligencia”, enfatiza.

Explica que ese llamado es porque más de 50 mil profesionales de la salud cubanos cada año sufren la confiscación de 85% de sus salarios en el exterior, con unos beneficios anuales de 8 mil 500 millones de dólares, tres veces los ingresos que Cuba recibe por el turismo.

En la actualidad hay entre 5 y 10 mil profesionales de la medicina cubanos imposibilitados de volver a su país para reunirse con sus familias porque, al haber desertado, se les considera “traidores a la patria” y se les impide regresar a la isla al menos durante ocho años, sostiene Larrondo.

La acusación

El 8 de mayo de 2019, Prisoners Defenders denunció las misiones médicas de Cuba por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos ante la ONU y la CPI, con base en hallazgos publicados en 2010, cuando el British Medical Journal publicó las condiciones de esclavitud de la misión en Portugal, denunciadas por el Colegio de Médicos de este país.

Otro antecedente fue del Estudio Periódico Universal de Cuba, publicado en 2018 por la ONU, en el que se documentan los mecanismos coercitivos que se imponen a estas misiones.

En respuesta a la denuncia de la organización, la ONU emitió el 6 de noviembre una Carta de Comunicación Acusatoria por esclavitud y trabajos forzados a Cuba. Posteriormente, el 16 de julio de este año, Human Right Foundation liberó un informe que califica esas misiones como “esclavitud moderna” y describe otros hechos perturbadores.

El 23 de julio Human Rights Watch emitió otro informe que destapa la restrictiva legislación oficial que Cuba aplica a dichas misiones.

La ampliación de la denuncia desglosa pormenores de este entramado legal y también presenta pruebas de que estas prácticas han hecho que 50% de la balanza exterior de Cuba provenga de la retención de los sueldos de esas misiones, lo que representa tres veces el turismo por medio de la apropiación de una media de 85% de los salarios de los profesionales cubanos que pagan los países receptores.

Destaca el caso de países que hacen importantes aportaciones económicas, como Noruega, que subvenciona a Cuba en la misión de Haití; Luxemburgo, que paga la totalidad de la misión en Cabo Verde, o Portugal, que paga la misión de Guinea Bissau a través de fondos de la Unión Europea.

Prisoners Defenders critica que, aparte de la subvención para esas misiones, no hay control o evaluación de las condiciones de los profesionales.

La lista de esas misiones que analiza la organización abarca 29 países, ocho en África más Arabia Saudita y 14 Estados latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Entre las pruebas aportadas está la flagrante violación de los derechos humanos de esos trabajadores, a los que el gobierno cubano les impide portar su pasaporte o su título académico.

Entre los convenios presentados en la denuncia destaca el firmado con Guatemala, que impide trabajar a cualquier médico cubano que se haya desligado de cualquier misión cubana, durante o después de la vigencia del acuerdo en territorio guatemalteco. Pero también la legislación cubana los coloca bajo duras restricciones en su vida económica, personal, social, íntima –no se pueden vincular con una pareja del país al que asisten– e incluso marital de esos trabajadores.

“Traidores a la patria”

Prisoners Defenders sostiene que los trabajadores de las misiones que desertan viven una separación forzosa de sus hijos, provocando una ruptura del círculo familiar. Hasta ahora tiene documentado que hay entre 5 mil y 10 mil padres cubanos que sufren esta separación de hasta ocho años; sin embargo, esta circunstancia la han enfrentado más de 40 mil familias cubanas.

El código penal cubano impone una pena de ocho años de prisión para el funcionario o empleado destinado a una misión en el extranjero que la abandone o que la cumpla pero que no vuelva a la isla. Pero cuando no pueden ejecutar la pena, el Consejo de Estado los cataloga como “traidor a la patria” e “indeseable” por al menos ocho años prorrogables. La legislación migratoria define a los indeseables como “inadmisibles”, lo que supone el impedimento para entrar al país y a sus familiares para poder salir, sostiene la denuncia, a la que este medio tuvo acceso.

Es el caso de Manoreys Rojas, licenciado en traumatología y ortopedia, que formó parte de la misión en Ecuador entre julio de 2014 y noviembre de 2015, tras de lo cual se desligó de la misma y no regresó a la isla. Fue considerado “traidor a la patria” y no se le permite la entrada a pesar de los múltiples esfuerzos que ha hecho.

En febrero de 2018 Rojas viajó a la isla de forma apresurada al ser informado que su hija había intentado suicidarse. “Viajé a La Habana, pero en el aeropuerto me aislaron durante 10 horas y no me permitieron entrar por haber abandonado la misión ni me permitieron hacer una llamada telefónica ni tener contacto con mi familia”, dice en su relato.

Contó que el diagnóstico de su hija es que sufre un transtorno de la personalidad histriónica, derivado de la ausencia parental. “Yo no estoy ausente de la vida de mis hijos y mis padres por voluntad propia, sino porque no me permiten que los visite ni que ellos salgan”, señala.

Cuando Rojas viajó a Ecuador lo mandaron como profesional en un programa de rehabilitación para el cual no estaba preparado, “pero era la única vía de escape de Cuba y de tener una salida económica”.

Al igual que 75% de los profesionales incluidos en la ampliación de la demanda, a este médico lo enviaron antes del viaje a tomar un curso del Partido Comunista para reforzar los principios de la revolución. “También nos piden que hagamos trabajo político en los países a donde vamos. Por ejemplo, a mi misión se nos exigía apoyar al gobierno de Rafael Correa”. En el caso de Venezuela, según otros testimonios, incluso los instruyen a tomar las armas en apoyo al gobierno bolivariano en caso necesario.

Desde que abandonó la misión ha gestionado dos visas humanitarias para reunirse con sus familiares, pero se las han negado sin mayor explicación.

El gobierno cubano, dice, “ha amenazado a mi madre porque yo sigo denunciando mi situación y presiono a través de las redes sociales”. Asegura que el gobierno de la isla obligó a la doctora que atiende a su hija a “mentir en el resumen del historial clínico que se presentó para solicitar la visa humanitaria”.

El caso de Leonel Rodríguez, profesor universitario y médico internista, está entre los 622 testimonios que incluye la ampliación de la denuncia. Él estuvo en Guatemala entre 2010 y 2012, y posteriormente en Ecuador entre 2015 y 2018.

Relató que, llegando a la misión, el gobierno le confiscó su pasaporte como al resto de la delegación, “lo que nos significaba muchas dificultades para la movilidad, incluso en el sitio donde vivíamos.

“El convenio entre Cuba y Guatemala”, dice, “estaba diseñado para recibir un pago de 11 mil quetzales, de los cuales nosotros sólo recibíamos 3 mil, pero de éstos nos quitaban otros mil 340 y solamente nos dejaban mil 660 para sostenernos. En Ecuador fue igual, el convenio pagaba 3 mil 800 dólares y nosotros sólo recibíamos 800. Y si había alguna eventualidad para volver a la isla, lo teníamos que pagar de nuestro bolsillo”, describe.

Relata que el régimen cubano incluye “a miembros de la Seguridad del Estado en las misiones como si fueran profesionales de la salud, que van para controlar a los integrantes de la delegación. Nos teníamos que encerrar a las seis de la tarde. Y entre los compañeros vigilándose unos a otros, estábamos obligados a informar de cualquier actividad sospechosa de otros compañeros, so pena de ser sancionados nosotros mismos”.

Rodríguez explica lo mismo que describe la denuncia: que por la legislación cubana están obligados a expresar su “repudio” contra quienes se saltan las normas. Describe la incomodidad de que “a quien violara lo que estaba establecido, se le tenía que hacer un repudio abierta y públicamente, a veces a amigos, y todo mundo tenía que hacerlo con el dolor del alma; era por fuerza, si no, había represalias”.

Al igual que Rojas y la mayoría de los enviados, afirma que se les obliga a llevar a cabo actividades de proselitismo político a favor de Cuba y de los gobiernos de países amigos, como Venezuela.

“Yo deserté porque había sido muy crítico con el manejo de la misión, en especial con la alteración de estadísticas –tema que se repite en los testimonios–. Yo lo critiqué mucho, me oponía y me amenazaban con regresarme a Cuba, recibía agresiones verbales”, describió el médico internista, quien desde entonces está separado de sus cuatro hijos, incluida la menor de 16 años, con retraso mental y a quien le afecta mucho la ausencia paterna.

Por Alejandro Gutiérrez 29 septiembre, 2020

Reportaje publicado en el número 2291 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de septiembre de 2020.

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Salario Cero: El "valor" del Salario mínimo, Bono Alimentación y Pensión es esquivalente a 0.88$ mensuales

29 de septiembre de 2020.- El salario mínimo en Venezuela, establecido en Bs 400.000 llega al valor de cero literalmente. El equivalente de esta cantidad  es de 0,88 dólares mensuales, según la cotización de la moneda estadounidense para este 29 de septiembre.

Muchas han sido las voces que se levantan en contra de este duro golpe que ha recibido la clase trabajadora en Venezuela, en la que millones de empleados públicos se encuentran literalmente despedidos de manera indirecta y que se expresan en las redes sociales.

"La desaparición del salario es la destrucción del trabajo como hecho social, lo que ocasiona a la par de la miseria y el hambre, la desestructuración de la sociedad toda. Por eso en los hospitales el déficit de enfermeras, en las escuelas y liceos el déficit de docentes y así en cada institución se puede notar las consecuencias del despido indirecto y masivo de los trabajadores de la administración pública nacional", así lo manifiesta Zuleika Matamoros en su cuenta twitter. Matamoros es integrante de la organización política Marea Socialista quienes an introducido un recurso de amparo ante el TSJ exigiendo el cumplimiento del Art. 91 de la Constitución de la  República Bolivarina de Venezuela.

Artículo 91 "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento".

Así, los bonos de alimentación y el "valor" de la pensión es de esta suma que no cubre tan siquiera 1Kg de harina de maiz. Lo que ha traido como consecuencia el exponencial empobrecimiento de la población. Ante el silencio de las centrales obreras, las redes sociales han servido de medios de difusión del descontento ante tal situación.

"Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano en 1 mes,si la gente, el pueblo se queja o protesta salen los ultra borregos a decir que: 1.-  Esos son escuálidos 2.-  Es que estamos bloqueados 3.-  Están dividiendo 4.-  No dicen nada. ¡Bueno todos a luchar por nuestro salario!" Así lo expresó Jesús Superlano quien se indentifica en la red social twitter como Diputado del estado Lara, revolucionario, contra el reformismo y la burguesía revolucionaria.

"Todo trabajador merece una justa remuneración para poder cubrir sus gastos y los de su núcleo familiar, y eso lo dice la Constitución en su Art.91, el salario debe cubrir la Canasta Básica Familiar"  Expresó Whirmelis Villalobos quien es periodista egresada de la LUZ

Solo basta revisar un poco el twitter para enterarse de la opinión de trabajadores que se an visto en la obligación de emigrar hacia otras actividades económicas de la mermada economía informal para poder darle alimento a sus familias.

Mientras el valor del salario mínimo en Venezuela es de 0,88 dólares para este 29 de septiembre. El valor de la Canasta Alimentaria para el mes de agosto, según CENDA es equivalente a 177 dólares. Mientras que CENDAS FVM ubica la Canasta Alimentaria para el mismo periodo en 270$. El valor de la Canasta Básica se calcula al doble del valor de la Canasta Alimentaria.


Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano un 1 mes, si la gente, el pueblo se queja, o protesta salen ls ultra borregos a decir que:

1 Esos son escuálido

2 Es que estamos bloqueados

3 Están dividiendo

4 No dicen nada

Bueno todos a luchar por nuestro salario

Por: Aporrea | Martes, 29/09/2020 09:25 AM

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"Sé tu propio jefe y define y planifica tu horario", anuncia Amazon su trabajo de repartidor. Pero Carolina cuenta que luego el exceso de repartidores hace que "cazar" un "bloque" (un conjunto de paquetes para entregar) te lleva a estar "todo el día pegada al móvil" EFE

Javier, Carolina y Luis trabajaron para Facebook, Amazon y Uber. Son tres historias de escasos derechos laborales en el seno de algunos de los mayores gigantes de internet. Porque lo nuevo no es necesariamente novedoso y la precariedad ya estaba inventada; la tecnología solo la enmascara

 

La tecnología atraviesa cada vez más nuestras vidas. Pedimos comida, compramos regalos, escuchamos música e incluso ligamos a través de una pantalla. Miles de empresas hacen negocio prestando esas facilidades y se han convertido en enormes corporaciones que despliegan en todo el mundo sus plataformas a través de Internet. Detrás, o más bien en lo bajo de estos gigantes tecnológicos, siguen trabajando personas que quedan invisibilizadas por la facilidad del clic.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido del peligro de crear "jornaleros digitales", con prácticas laborales más propias del siglo XIX, pero bien empaquetadas con un envoltorio de modernidad. España está a la vanguardia en la expansión del trabajo en plataformas digitales, como el país con más trabajadores (18%) y donde más se incrementaron de 2017 a 2018, según un reciente estudio para la Comisión Europea. Pero, ¿cómo trabajan los obreros de los algoritmos? Javier, Carolina y Luis nos cuentan sus experiencias en tres de las mayores multinacionales tecnológicas: Facebook, Amazon y Uber.

"700 euros al mes" para los moderadores de Facebook

Sus ojos son la barrera para que no circulen violaciones, asesinatos y otros abusos en la red social con más usuarios del mundo, Facebook. Ven esas imágenes para que 2.500 millones de usuarios no tengan que hacerlo. Son los moderadores de contenido del gigante creado por Mark Zuckerberg, que analizan cuáles incumplen las normas para ser mostrados en Facebook. Un total de 15.000 personas con la mirada clavada en un ordenador. "Cobraba 700 euros netos al mes por ocho horas de trabajo en Varsovia. La meta era revisar unos 500 perfiles al día", cuenta Javier, un exmoderador subcontratado a través de Accenture.

El cargo suena "muy cool", dice con ironía el trabajador, que pide no revelar su nombre real. "Data analist. Tuvimos dos semanas de formación pagadas, no nos exigían titulación", relata Javier sobre lo vivido en la oficina de la capital polaca. Fuentes de Facebook explican que los moderadores están repartidos "en más de 20 sitios en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Polonia, España y Portugal". En los últimos años están invirtiendo además en "inteligencia artificial", para que sean algoritmos y no personas los que detecten estos contenidos dañinos.

Con un total de 35 minutos de reposo en toda la jornada, "evidentemente comía ante la pantalla del ordenador", sostiene Javier. Frente a sus ojos, un chorreo constante de vídeos, fotos, perfiles y comentarios sobre los que los moderadores deben decidir en unos 30 segundos: si eliminan el contenido o ignoran la denuncia. Ser lento o equivocarse impide cobrar el plus de objetivos, que solo reciben con "un 98% de calidad" en su trabajo. El sistema "es muy precario, se necesitaría más gente para poder decidir con más tiempo", lamenta el antiguo trabajador. El contenido puede tratarse de insultos y perfiles suplantados, pero también otros de gran impacto psicológico. "Ves mucha mierda. Porno, violencia… Cosas brutales. Nadie aguantaba más de dos años".

Accenture ponía a disposición de los empleados una psicóloga en su oficina. El apoyo psicológico es un requisito que exige Facebook "para asegurar el bienestar" de estos trabajadores, sostienen en la red social. "Yo nunca fui, no me inspiraba confianza. Había trabajado con los marines de EE UU y creía que era una chivata, que quería ver quién estaba desmotivado, si criticabas al jefe… Había compañeros que veían cosas muy fuertes, sobre todo en el mercado árabe, que sí iban", explica Javier.

El secretismo y las severas medidas de control marcaban el día a día del moderador en Varsovia. "Estaba prohibido hasta sacar el móvil del bolsillo. En cada equipo, había un topo que informaba a los superiores. Teníamos cámaras y una tarjeta de acceso que utilizabas todo el rato. Para ir de mi escritorio a la cocina tenía que pasarla, para ir al baño e incluso para llamar al ascensor". Todas las persianas estaban completamente bajadas para que no se pudiera ver nada desde el exterior. "En el contrato firmas confidencialidad por dos años, no puedes decir en lo que trabajas ni a tu familia. Pareces un espía de la CIA", bromea Javier.

Aunque con 700 euros al mes podía vivir por su cuenta en Polonia, Javier confronta el modesto salario de la plantilla encargada de esta función de control clave para Facebook con los beneficios millonarios de la red social. En 2019, ganó casi 17.100 millones de euros. En Facebook afirman que trabajan "en estrecha colaboración" con sus socios "para asegurarnos de que proporcionen el pago y las prestaciones que lideran la industria". En Accenture se limitan a decir que ofrecen "una remuneración competitiva" en todos los mercados. "Yo lo peor que vi son personas decapitadas y un señor mayor violando a un niño", recuerda Javier. "Piensas: a lo mejor tendrían que pagar más por ver esta mierda".

Pegada al teléfono para "cazar" repartos de Amazon

Viernes tarde. Llega la "cacería". Carolina, como en plena competición, no se separa del móvil. Refresca una y otra vez la aplicación de Amazon Flex hasta que, por fin, "caza un reservado", lo que llaman un "bloque" de trabajo garantizado la semana siguiente repartiendo paquetes para el gigante del comercio electrónico. "Ya pillar un bloque a estas alturas es muy complicado. Somos muchas personas para la cantidad de bloques que hay. Ahora casi solo trabajamos lo que nos ofrecen los viernes", explica esta venezolana que, como tantos otros compatriotas, vino a España a rehacer su vida.

La retórica del anuncio parece atractiva. "Sé tu propio jefe y define y planifica tu horario", se publicita Amazon Flex. El horario flexible y la facilidad para comenzar a trabajar fue lo que llevó a Carolina a repartir paquetes con su coche. Solo tenía que hacerse autónoma, descargarse la aplicación de la compañía y subir ahí los documentos que pide la multinacional, como el alta en la Seguridad Social y un certificado de ausencia de antecedentes penales. "Lo hice todo por Internet, nunca me vi con ninguna persona de Amazon", cuenta.

Una vez Amazon valida la cuenta, estos repartidores autónomos ya pueden recoger en sus estaciones las cajas de cartón con la famosa sonrisa. La multinacional no facilita información sobre el número de personas que reparten de este modo. Fuentes de Amazon se limitan a circunscribirlo a "un pequeño porcentaje de autónomos que colaboran con nosotros". Por su experiencia, Carolina sostiene que autónomos hay muchos, pero no tantas horas de trabajo: "Antes era más fácil, yo hacía el máximo de seis bloques de cuatro horas a la semana. Ahora con suerte hago tres bloques".

Carolina agradece "no tener jefe y no estar esclavizada a un horario fijo". Los limitados ingresos que genera y la incertidumbre continua de si conseguirá repartos la abocan sin embargo a estar "todo el día pegada al móvil intentando cazar horas". Al final, reconoce, "yo misma acabo trabajando más horas". Con un calendario laboral de "lunes a lunes", Carolina reparte por su cuenta para Amazon Flex, a través de la empresa Paack, que también tiene asignados envíos de la multinacional estadounidense, y con Deliveroo por las noches y los fines de semana.

"Ahora puedo hacer unos 700 euros quincenales, trabajando todo el día con todas las aplicaciones", explica Carolina. De ahí tiene que restar la gasolina, el pago de la cuota de autónomos y otros gastos. Amazon cerró 2019 con un aumento de sus beneficios del 15%, hasta los 10.678 millones de euros. "El tema es que Amazon no te garantiza el trabajo. Si lo hiciera, sería genial", dice la venezolana, que tiene que cortar ya la conversación. Va a repartir a primera hora para Paack y luego ha logrado pescar un bloque en Amazon Flex de cinco y media a nueve y media. "De ahí me voy a repartir con Deliveroo, Llegaré... a las once y media de la noche", calcula. "Hay que buscarse la vida".

El precario "salvavidas" de trabajar sin papeles en Uber

"Mal que bien Uber ha sido una ayuda para nosotros, los emigrantes que llegamos a España". Luis trabaja como repartidor de Uber Eats, la plataforma de comida a domicilio de la multinacional estadounidense Uber. Durante meses lo hizo pese a no tener permiso de trabajo. Llegó como turista, pidió asilo y obtuvo la famosa tarjeta roja que se concede a los solicitantes de protección internacional mientras la Administración resuelve sus expedientes. El documento les permite residir en España, pero durante seis meses no pueden trabajar, algo muy criticado por organizaciones humanitarias. "De algo tenemos que vivir", destaca el repartidor.

"Amigos venezolanos me hablaron de Uber". Luis no sabe cómo funciona el sistema, pero sí que hay "un vacío" por el que los migrantes sin papeles pueden repartir para la multinacional. A veces funciona de manera informal entre los repartidores, mediante el préstamo de sus licencias. "Cuando llegó mi primo al principio le dejé la mía de Uber", cuenta.

En otras ocasiones, existe un sistema más sofisticado. "Hay dueños de flotas en Uber con las que puedes repartir sin estar dado de alta. El responsable de la flota no te pide papeles, trabajas como una extensión de su cuenta y luego le pagas un porcentaje pequeño de lo que ganas", cuenta Luis.

Uber Eats asegura en su web que exige a los repartidores su identificación, el alta a la Seguridad Social como autónomos e, incluso, según el territorio, el certificado de antecedentes penales. eldiario.es ha preguntado a la multinacional sobre los repartidores sin papeles dentro de la plataforma, pero la compañía no ha respondido. Uber irá a juicio en Madrid este año tras una investigación de la Inspección de Trabajo que detectó a decenas de trabajadores sin permiso de trabajo y que concluyó que los mensajeros eran falsos autónomos.

Luis trabaja "de lunes a lunes" y saca unos "500 euros semanales" a los que tiene que descontar la cuota de autónomos, gasolina e impuestos. "Pensaba en un autónomo e imaginaba a un empresario, pero no eres un empresario cuando llega el trimestre y quieres salir corriendo porque no te llega", dice riendo. Pese a las duras condiciones, "Uber ha sido una ayuda, no sé qué habríamos hecho todas estas personas sin este trabajo", resuelve el venezolano. "La necesidad de uno es trabajar".

Lo nuevo no es necesariamente novedoso, vino a decir un abogado laboralista en un juicio contra la multinacional Deliveroo respecto al empleo en las empresas y plataformas digitales. La explotación laboral, falta de seguridad de los trabajadores, los bajos salarios y los falsos autónomos existían antes y lo hacen ahora, pero la tecnología permite a veces camuflar el rastro de los responsables.

Carolina dice que no tiene jefes, pero varios días ha cargado más paquetes de Amazon de los que le gustaría en su coche. "Es que, si no lo hacía, los supervisores me querían abrir una incidencia y a la tercera no puedes repartir más. No puedo permitírmelo, necesito el trabajo".

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Vendedor ambulante de gasolina en la ciudad de Maracaibo. VENEZUELA AFP, LUIS BRAVO

Venezuela, el otrora emporio petrolero, se ha convertido en el país con la población más pobre de América del Sur. Para millones de personas, la vida cotidiana es un drama que apenas deja espacio o fuerza para temas que, como la política, aparecen como sofisticados y distantes.

 

Natalia es trabajadora doméstica, Hilario es fontanero y Gladys es empleada en un salón de belleza. De las 14 millones de personas que trabajan en Venezuela, ellos son parte del 58 por ciento que labora en el sector informal de la economía: en cada jornada deben «resolver el día», y la cuarentena por la pandemia de covid-19, impuesta desde marzo, no ha hecho sino agravar penurias y preocupaciones que venían de antes.

«Hay que salir a resolver. Si no trabajo, no como, y si no nos mata el virus, nos mata el hambre», dijo a Brecha el cincuentón Hilario, en tono grave, como si acabara de inventar la frase, repetida como un mantra en incontables realidades de los países del Sur. Es el sostén principal de una familia de nueve miembros, con tres generaciones entre madre, tío, esposa, cuñada, hijos y ahijado.

SALARIO

La familia vive en las afueras de Caracas y se sostiene con el ingreso de Hilario, empleado en una ferretería por el equivalente a seis dólares mensuales, sus extras como fontanero (unos diez o 12 dólares cada fin de semana, si aparecen trabajos) y la esporádica venta de limones y huevos de algunas gallinas que mantienen las mujeres de la casa.

El salario mínimo oficial en Venezuela equivale, al despuntar de agosto, a 1,50 dólares mensuales, más un aporte estatal por alimentos de otro 1,50. Con tres dólares se puede comprar un quilo de carne o de queso, o tres quilos de harina de maíz, o un cartón con 30 huevos, o medio quilo de café… Obviamente, ya ningún trabajador se conforma con ese sueldo, pero la mayoría no gana mucho más: es la base de la escala salarial en la administración pública (un maestro y una enfermera pueden llegar a ganar tres o cuatro salarios mínimos) y el monto mensual que se entrega a los pensionados.

Esos números pueden contrastarse con el costo de la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas, que en junio alcanzó un valor de 200 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, una oficina de asuntos laborales que hace esa medición mensual desde hace más de una década. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que al cierre de 2019 un tercio de la población de Venezuela –9,3 de sus 28 millones de habitantes– estaba en situación de inseguridad alimentaria y necesitaba asistencia.

COMIDA

Natalia tiene 44 años, dos hijos y dos hijas, de entre 12 y 22 años. Los padres de los muchachos –uno mecánico, otro albañil, ambos ya separados de ella– se fueron a Colombia y Ecuador. Ella hace trabajo doméstico a destajo. Antes de la covid-19, laboraba para cuatro familias distintas, en diferentes días, por una paga equivalente a entre dos y tres dólares diarios, más la comida. Ahora, con el temor de sus clientes al contagio, sólo dos casas la llaman, con menos frecuencia. Dos de sus expatrones la ayudan con algo de efectivo y alimentos.

Es beneficiaria de un programa de bonos con el que el gobierno auxilia a familias pobres, generalmente equivalente al ingreso mínimo mensual. También lo es de la bolsa de alimentos (harina, pasta, arroz, azúcar, aceite, granos, a veces pollo o leche en polvo) que el gobierno vende a las clases populares con un 80 o un 90 por ciento de subsidio. Recibe esa bolsa, llamada Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), cada 30 o 45 días y consume el contenido en diez o 12 días.

«Tengo miedo de que pasen semanas y meses, y esto siga, sin poder conseguir comida; de que mis hijos se desesperen y den algún mal paso; de que alguno se enferme con ese virus. No tenemos ningún seguro, los hospitales públicos no sirven, no podemos comprar medicinas, mi hijo menor no tiene zapatos…», nos dijo.

En la casa de Natalia se come carne, de segunda, una vez a la semana o cada 15 días. Los huevos son la principal proteína. La arepa (un bollo de maíz, emblema nacional) con margarina, plátanos fritos, pasta y algo de queso o granos con arroz es lo más usual. La Federación de Ganaderos señala que el consumo de carne per cápita en Venezuela era de 20 quilos al año en la década pasada y ahora se ha reducido a ocho.

AGUA

Natalia alquila una casita a medio construir en un barrio de viviendas informales, muchas insalubres, en la ladera de un cerro en el noroeste de Caracas. Tiene tubería para el agua, pero el líquido llega unas pocas horas… al mes. Sus hijos varones bajan y suben por la ladera varias veces por semana para llenar unos bidones en alguna casa afortunada, la que ese día haya recibido el servicio en el vecindario.

Según datos oficiales y del Programa Mundial de Alimentos, el 96 por ciento de la población venezolana tendría acceso al agua potable. Pero una coalición de ONG ambientalistas se dirigió al organismo a fines de 2018 para pedirle una rectificación: hay tuberías, pero el estado calamitoso de los acueductos, las plantas de tratamiento y los sistemas de distribución, y los cortes de electricidad, que impiden bombear el agua, hacen que el servicio corriente llegue sólo al 18 por ciento de los hogares.

LUZ

Gladys atiende un salón de belleza en Maracaibo, la calurosa capital petrolera de Occidente. Con la cuarentena casi no llegan clientas, y a menudo un apagón impide prestar el servicio. Ya casi no tiene ingresos. En su familia –de padres ancianos, un hermano que trabaja en la contaduría y una hermana que es madre soltera de dos pequeñuelos–, hacen malabares con la bolsa CLAP, los bonos y las pensiones, y en ese clima tórrido lidian con los cortes de agua y los apagones súbitos, que funden electrodomésticos, dañan la comida del refrigerador e inutilizan los ventiladores, lo que los obliga a dormir al ras del suelo para soportar el calor. Contó: «Manifestamos muchas veces. Votamos en favor de la oposición, pero eso no ha dado resultado: las autoridades son sordas, la política no resuelve estos problemas. Lo que queda es encomendarnos a la Chinita», como coloquialmente llaman a la virgen de Chiquinquirá, patrona regional del rito católico.

Venezuela tiene una infraestructura eléctrica con una capacidad nominal para generar 34 mil megavatios hora, la mitad de ellos en la gran represa hidroeléctrica de Guri, en el sureste, y una demanda estimada entre 18 mil y 20 mil megavatios hora. Con el desplome de la economía y la cuarentena, la demanda efectiva es de menos de 12 mil, pero aun así no se cubre, dada la inutilización de plantas y redes, deterioradas al cabo de años sin inversión, sin mantenimiento y con corruptelas en las compras y la gestión.

REMESAS

Alfredo Infante, sacerdote jesuita, es párroco de La Vega, una populosa barriada obrera en el suroeste de Caracas. Contó a Brecha: «El año pasado una cantidad importante de personas, hasta de las más humildes del barrio, lograron resistir el impacto de la hiperinflación e incluso comenzaron a independizarse de la CLAP, gracias a las remesas que recibían de los familiares que han emigrado. Esa ventaja se ha caído con las cuarentenas y ahora, con grupos comunitarios, debemos buscar alimentos para auxiliar a las familias que literalmente casi no tienen qué comer».

La proyección oficial del censo de 2011 arrojaba para Venezuela una población de 32,2 millones de habitantes, pero en la actualidad debe de rondar los 28 millones. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la migración y los refugiados calculan un éxodo de 5,1 millones de personas, sobre todo en los últimos cinco años, con la mayoría de sus integrantes en los estratos económicos bajos y con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile como principales países de acogida, más gente de clase media que fue a Estados Unidos y Europa.

En 2019 casi un tercio de quienes se quedaron manejó algún ingreso en dólares, dijo a Brecha el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. Las remesas de centenares de miles de migrantes –unos 90 dólares mensuales enviados a sus familias– inyectaron al país unos 3.500 millones de dólares, un flujo que ahora se ha desplomado, en el marco de la crisis global económica y sanitaria.

Un resultado de este fenómeno es que en la actualidad Caracas y otras ciudades muestran burbujas de abundancia, con bodegones que ofrecen alimentos y otros productos importados –después de que en 2018 comenzó a desmantelarse el draconiano control de cambios que rigió durante los 15 años previos–. Pero a esos productos sólo accede una minoría muy reducida que dispone de las divisas para comprarlos y aún soportando la hiperinflación que se desató en 2017.

La inflación en Venezuela fue del 862 por ciento en 2017, del 130.060 por ciento en 2018, del 2.585 por ciento en 2019 (7.980 por ciento en alimentos) –según el estatal Banco Central– y del 508 por ciento en el primer semestre de 2020 –según la comisión económica del Parlamento–. En ese contexto, ni siquiera tener un puñado de dólares –aún con la apreciación constante de la divisa– permite a los más pobres adquirir los productos esenciales.

COMBUSTIBLES

Por el humilde barrio La Peña, en la ciudad de Barquisimeto, nudo carretero y de la agroindustria en el centro-oeste, la semana pasada transitaba un camión cargado con troncos y escombros de desecho. Un piquete de pobladores lo detuvo. El conductor accedió a que los vecinos tomasen los maderos, en medio de algarabía, entre burlas, risas y el grito irónico: «¡Llegó el gas, llegó el gas!». Llevaban semanas sin conseguir cilindros de gas para cocinar y sencillamente alimentaban sus fogones con leña. En algunos edificios residenciales de ciudades de provincia, las parrillas originalmente dispuestas en áreas comunes para hacer asados familiares los fines de semana ahora se usan para cocinar –con leña, por turnos– la comida cotidiana. Venezuela es el quinto país del mundo con mayores reservas de gas y a mediados de la década pasada acarició la idea de tender un gasoducto hasta el Río de la Plata.

La gasolina es un dolor de cabeza, está severamente racionada, en algunos expendios se vende a 50 centavos de dólar el litro y en otros, subsidiada, a 2,5 centavos. Las colas para surtir el parque automotor –reducido de cuatro a 2,5 millones de autos– duran horas en Caracas y días en expendios de provincia. Las refinerías venezolanas, con capacidad nominal para procesar 1,3 millones de barriles (de 159 litros) por día, destilan sólo unos pocos cientos de miles, y el país se abasteció parcialmente en las últimas semanas con importaciones desde Irán (véase en este número la nota «Un cóctel imprevisible», de Ociel Alí López). Pesan las sanciones impuestas por Estados Unidos a los negocios de la estatal Petróleos de Venezuela. Los policías y los militares que vigilan las estaciones de servicio son objeto de denuncias de corruptelas y arbitrariedades, y arrestan a quienes fotografíen o filmen las colas para comprar combustible, incluidos los periodistas.

SEGURIDAD, SALUD…

Hay más problemas en la cotidianidad, como el transporte público, la tramitación de documentos, la recolección de basura, la criminalidad y la inseguridad personal. Infante, que palpa este asunto en la peligrosa barriada donde oficia, expuso que las pequeñas bandas de delincuentes del pasado, «especializados» (ladrones en las puertas de bancos o comercios, carteristas, secuestradores, pequeños distribuidores de drogas), han sido reemplazadas por megabandas que controlan o tratan de controlar, con decenas de integrantes bien armados y ramificaciones en las cárceles, porciones de territorio donde actúan con soltura, dominan a la población y hasta imparten una especie de justicia privada.

La salud era un tema ya antes de la pandemia. Entre quienes migraron hay más de 30 mil profesionales de la salud, según sus gremios. Organizaciones de médicos conducen encuestas en las que se señala que en los principales hospitales no sólo fallan los equipos y faltan insumos y medicamentos esenciales, sino que tienen servicios intermitentes de agua y electricidad. Abundan las historias de pacientes que deben llevar productos como guantes, gasas, algodón, alcohol y hasta jabón y desinfectante para ser atendidos en los hospitales públicos. Y, fulminados los seguros debido a la hiperinflación, en las clínicas privadas los precios son sencillamente prohibitivos.

POBREZA

El panorama general es de pobreza. Una encuesta anual de tres universidades sobre las condiciones de vida, con cuestionarios respondidos por 9.900 hogares, concluyó que Venezuela ya es el país más pobre de América del Sur. Los parámetros de la existencia cotidiana la asemejan a algunos países del África subsahariana.

Si se atiende el criterio de ingresos que pauta el Banco Mundial, que ubica en la pobreza a los habitantes con menos de 5,50 dólares diarios y en la pobreza extrema a los de menos de 1,90 dólares, el 94 por ciento de la población de Venezuela está en la pobreza general y el 76 por ciento en la pobreza extrema. Si, en cambio, se considera la «pobreza multidimensional», que combina ingreso, acceso a servicios públicos, empleo, vivienda y calidad de vida, en 2019 la pobreza alcanzó al 64,8 por ciento de los 6,5 millones de hogares, un salto de más de 24 puntos con respecto al 39,3 por ciento de hogares pobres encontrados en 2014.

El descontento y la conflictividad social están a flor de piel, pero no hay un puente con la acción política. «Reducidas sus condiciones de vida, la gente protesta, pero, a la vez, desarrolla estrategias de supervivencia para resolver su vida diaria y en eso se le van todas las energías. El ejercicio ciudadano de los derechos políticos sucede en las sociedades que tienen un mínimo piso que permite pensar en la política. En Venezuela la supervivencia comporta un gasto de energía muy grande, aunque la situación se mantenga como una bomba de tiempo», opinó Infante.

REPRESIÓN

El 3 de agosto, el activista deportivo Deivis Pacheco grabó y difundió en las redes sociales un video que muestra a bomberos empujando su camión en la ciudad de Valera (centro-oeste), porque el vehículo, debido a la generalizada escasez, se quedó sin gasolina. Por ello fue detenido y está en libertad condicional desde el 5 de agosto, pero quedó procesado con base en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, que integran sólo oficialistas.

El 13 de julio, con base en la misma ley, fue detenido el profesor universitario Nicmer Evans, quien en 2014 rompió con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora lidera el grupo izquierdista Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Evans conduce, además, el portal de información y opinión Punto de Corte, con duras críticas al manejo de las políticas gubernamentales en el marco de la pandemia.

Si acciones como estas se desarrollan en el campo de la expresión y la opinión, en el de la vida en las calles y los barrios la situación es mucho más áspera y letal. Un informe que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, presentó en julio de este año dio cuenta de que las fuerzas policiales abatieron a 1.324 personas en operaciones de seguridad durante los primeros cinco meses de 2020, principalmente mediante las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, seguidas de la Policía judicial y la militarizada Guardia Nacional.

«Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja y el gobierno no ha manejado la epidemia como una emergencia sanitaria ni como una oportunidad para apreciar deficiencias en las políticas públicas y emprender las rectificaciones necesarias, a fin de construir un sentimiento de comunidad nacional. En su lugar, prevalece el fin político de controlar la sociedad», comentó a Brecha el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, surgida a finales del siglo XX de la mano de exiliados de las dictaduras del Cono Sur. Según Uzcátegui: «Estamos a tiempo de producir las rectificaciones necesarias, y, aunque el panorama es sombrío, se trata de situaciones impredecibles. La historia de América Latina muestra que los pueblos siempre encuentran la manera de saltar los diques».

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
7 agosto, 2020

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Desterrados en París: un drama sin fin para los inmigrantes

El impacto económico de la pandemia obligará a más personas a desplazarse

 Desde que se reabrieron las fronteras hace algunas semanas, inmigrantes de Somalia. Afganistán, Libia, entre otros, llegaron a la capital francesa para terminar amontonados, en su mayoría, en un suburbio del que acaban de ser desalojados. 

 

Desde París

 La primera vez se asustó y se sintió agredido, la segunda salió corriendo, la tercera y cuarta trató de recuperar sus cosas y la quinta, es decir, ayer, dejó que todo ocurriera sin intervenir. Salió de la carpa, fue hasta el bus de la policía y miró desde allí “todo ese absurdo y esa injusticia que nos seguía cortando el camino”. Idil vivió este 29 de julio su quinta evacuación por la fuerza desde que llegó a Francia proveniente de Somalia. Junto a otros 2.000 inmigrantes oriundos de Sudán, Somalia, Tchad, Etiopía o Afganistán Idil se había instalado en uno de los campamentos improvisados que los inmigrantes van montando en la periferia Norte de París hasta que la policía los desaloja y trata de reubicarlos en hoteles y gimnasios de la zona. La víspera, el Prefecto de París, Didier Lallement, les había dado un plazo de “12 horas para abandonar el lugar”. La mayoría se quedaron y a la seis de la mañana el operativo comenzó a orillas del canal Saint-Denis, en la localidad de Aubervilliers

La situación era doblemente nociva: para los mismos inmigrantes expuestos ahora al calor y la insalubridad, y para las autoridades, interpeladas pos los vecinos debido a la suciedad y las peleas entre comunidades distintas. ”De todas formas, no sabemos ni siquiera a dónde vamos a ir a parar. Lo más esencial es que alguien nos ayude porque ya no podemos más”, cuenta Saidi, un afgano con unos cuántos meses de residencia en la calles, primero en París, luego en las afueras. La evacuación es tensa. Hay mucha gente, muchos niños en las carpas, muchos policías y militantes de las asociaciones de protección al migrante (France Terre d'Asile, Solidarité Migrants Wilson), muchos gritos y nervios y miedo e incomunicación. Un destierro sobre muchos otros destierros. Cada respiración es una bocanada de tragedia. De un lado están los buses para los hombres solos, del otro el reservado a las familias. Michel, una militante de la asociación Utopía 56 que asiste a la evacuación, anticipa la crueldad del futuro:” volverán aquí u a otro lugar. Ni ellos tienen donde ir, ni el Estado la responsabilidad y la voluntad de asumir la situación. La gran mayoría de la gente que está aquí regresará a la calle dentro de un tiempo. Es un ciclo infernal”. Michel y otros militantes de France Terre d’Asile y Solidarité Migrants Wilson se apresuran para recuperar los utensilios y las carpas. Hay más de seiscientas (representan unos 10.000 euros) y, en un par de meses cuando llegue el invierno, salvarán unas cuantas idas.

Los inmigrantes son personas muy pobres, perseguidas en sus países, torturadas también, que saltaron al Mediterráneo en un barco cualquiera desde las costas de Libia y se salvaron porque un navío humanitario las rescató. Otros, como en el caso de los afganos, emprendieron un terrorífico viaje a través de Irán, Turquía y Grecia hasta llegar a Francia. Las cosas son ahora peor que antes. La pandemia no arregló el mundo, al contrario. Robert (France Terre d’Asile), desliza una frase que hiere como un latigazo por su carga de lúcida veracidad: "esta gente está más allá de la posibilidad de que algo cambie para ella, incluso si en un mes el liberalismo o las bolsas se vienen abajo. No son ni pobres ni ricos, ni víctimas de la desigualdad de los sistemas. Son las voces del otro lado de la fractura provocada por la improvisación occidental. Siempre los dejarán solos”. Ningún barco humanitario opera ya a lo largo de las costas de Libia para socorrer a los migrantes. Los últimos dos, el Ocean-Viking y el Sea-Watch, fueron, una vez más, víctimas del ardor perverso de los guarda costas italianos. Desde que se reabrieron las fronteras hace algunas semanas, los inmigrantes, sin embargo, continúan llegando para terminar amontonados, en su mayoría, en este un suburbio del que acaban de ser desalojados. 

Las cifras son imparables: durante los dos meses del confinamiento, en las orillas del canal Saint-Denis había unas 200 personas, luego, dos meses después del fin del encierro, ya sumaban 2.300. Su viaje no empieza por mar sino por tierra, a menudo en la frontera entre Irán y Turquía o en la misma Grecia a través de la no menos terrorífica “ruta de los Balcanes” (Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia, Hungría). Desde allí zanjan todos los peligros que un ser humano pueda imaginar con tal de llegar a un país europeo seguro: los traficantes de personas, las autoridades turcas, las cárceles de Turquía, los robos, las violaciones, las agresiones, la corrupción de los policías de Albania, de Grecia, Croacia, Serbia o Hungría (les roban su dinero, sus pasaportes y sus teléfonos), las denuncias, los malos tratos o la persecución. 

Osmane, un somalí con más de cinco años de residencia en Francia, espera tranquilo sentado en el bus. Cuenta que “los nuevos, los que llegaron hace dos meses, me dan un poco de pena. ¡Han hecho tanto, sufrido tanto para llegar hasta aquí !. Y mirá, mirá lo que les espera”. Osmane es el tango del migrante, la historia que, sin,- que sea contada, se refleja en la absorbente soledad de las miradas: en su caso huyó de Somalia para escapar de las milicias chabab, llegó a Francia, obtuvo los papeles, trabaja, pero nadie le alquila una casa, sea porque no le alcanza “sea porque no entiendo”, dice señalando a un hombre joven, conocido por todos debido a la adversidad de su historia. Es Chenar Gull Nasairi, el afgano. Pasó tres años en Alemania hasta que le negaron el asilo político. Se desplazó a Francia donde, este año, también se le negó el asilo. Aunque Gull Nasairi asegura que en Afganistán los talibanes le pusieron precio a su vida, la Corte Nacional del derecho de asilo no cree ni en su historia, ni en que sea afgano. Ya va por su tercer intento de suicidio. Hay otros ejemplos como él: les rechazan el asilo en Gran Bretaña, en Austria, en Alemania, en Francia y van así, con el correr de los años, probando de un país a otro.

Luis Barda, miembro de Médicos del Mundo, advierte que los flujos serán más importantes porque quienes estaban bloqueados por la pandemia y el cierre de las fronteras “ahora vuelven a los caminos”. Ismail y Faycal son hijos de ese flujo. Estos dos afganos estuvieron bloqueados en Serbia un par de meses y llevan apenas tres semanas en Francia. Recién ahora empiezan a entender que lo peor está por venir. Faycal cuenta con cierta desesperanza: "obtener una cita con la OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) para presentar un pedido de asilo es imposible”. Y hasta que no lo obtenga tampoco tendrá un estatuto, o sea, ayuda mínima. Por eso terminó a orillas del canal Saint-Denis. ”Fue una sorpresa. Después de todo lo que viví y ahora esto, la calle, las carpas, la policía, los periodistas, no sé, no sé…”. 

El traqueteo y el ruido mundial que destapó la covid-19 silenció sus voces, pero su drama continúa siendo como un fino chorro de agua helada que cae sobre el rostro de mundo. Jagan Chapagain, Secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja, anticipa que “el desastre económico de la pandemia y sus efectos devastadores obligarán a muchas personas a desplazarse más allá de sus fronteras. Muchos inmigrantes sentirán que, pese a los riesgos, atravesar el mar será más seguro que permanecer en sus países porque habrá, también, la posibilidad de una vacuna contra el virus”. El canal Saint-Denis recupera su fisionomía. Pero en este paseo al que vuelven los ciclistas ha quedado como un dolor cautivo, una tensión latente. Dentro de unos meses regresarán los inmigrantes, aquí o un poco más al Norte. Volverá la policía, las asociaciones, la palabra y la indiferencia. Ellos están en la frontera de todas las fronteras. Ese lugar donde se acepta la fatalidad sin hacer demasiado para detenerla.

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La Cepal aseguró que el coronavirus podría dejar a casi el 40 por ciento de Latinoamérica en la pobreza

El informe estima que el número de personas en esta situación se incrementará en 45,4 millones en 2020

 

El 37,3 por ciento de toda la población latinoamericana podría verse en situación de pobreza en 2020 debido al impacto de la pandemia del coronavirus, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado este miércoles.

El informe, titulado ‘Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones’, estima que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, por lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones este año.

Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5 por ciento del total de la población.

El documento, presentado por la secretaria ejecutiva del organismo de Naciones Unidas, Alicia Bárcena, plantea que la caída en la actividad económica es de tal magnitud que llevará a que, al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en 2010. Esto significa que habrá un retroceso de diez años en los niveles de ingreso por habitante.

“Se prevé ahora un aumento también mayor del desempleo, que a su vez provocará un deterioro importante en los niveles de pobreza y desigualdad”, dijo Bárcena.

En concreto, se espera que la tasa de desempleo regional se ubique alrededor del 13,5 por ciento a final de 2020, lo que representa una revisión al alza de dos puntos porcentuales de la estimación presentada en abril y un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019, un 8,1 por ciento.

Con la nueva estimación, el número de desempleados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel de 2019, cuando se situó en 26,1 millones de desempleados.

El trabajo destaca que estas cifras son "significativamente" mayores que las observadas durante la crisis financiera mundial, cuando la tasa de desempleo se incrementó del 6,7 por ciento en 2008 al 7,3 por ciento en 2009, es decir, 0,6 puntos.

MEDIDAS

El informe de CEPAL reconoce que los países de la región han anunciado grandes paquetes de medidas fiscales para hacer frente a la emergencia sanitaria y mitigar sus efectos sociales y económicos.

Así, las acciones de los bancos centrales de la región han estado encaminadas no solo a atenuar los efectos de la crisis y sentar las bases para una eventual reactivación, sino también a la preservación de la estabilidad macrofinanciera de las economías.

"Los países de la región han anunciado medidas muy importantes, en la medida que se extiende el confinamiento se requieren esfuerzos adicionales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares", ha señalado Bárcena.

No obstante, ha recordado que CEPAL ha propuesto la implementación de un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social y varias iniciativas de apoyo a empresas y trabajadores en riesgo, entre otras medidas.

"Para la implementación de cualquiera de estas líneas de acción es necesario fortalecer el rol de las instituciones financieras internacionales de forma que puedan apoyar mejor a los países", ha concluido Bárcena, que también ha aludido a la necesidad de la cooperación internacional en este sentido.

(Con información de Europa Press)

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El capitalismo acomoda sus peones ante la crisis sistémica y del trabajo

A pesar de las medidas extraordinarias adoptadas en todo el mundo, con frecuencia de una forma que no tiene precedentes, la crisis de la Covid-19 ha repercutido de forma muy adversa en los mercados laborales y obligará a los encargados de la formulación de políticas a afrontar retos políticos de gran alcance.

Un reciente Informe el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que los resultados que se logren en el mercado laboral en el resto de 2020, y en años sucesivos, dependerán de las decisiones que adopten, así como de la evolución de la pandemia en el futuro, y podrían repercutir en el mundo del trabajo a largo plazo.

No todos los países deberán afrontar la misma situación. La gravedad de las dificultades que deban subsanar y los instrumentos y recursos que puedan utilizar al respecto variarán sustancialmente. No obstante, la mayoría de los países tendrán que hacer frente a una serie de dificultades fundamentales, como la armonización de las intervenciones políticas en los planos sanitario, económico y social, a fin de lograr resultados satisfactorios sostenibles para los mercados laborales.

Desde el comienzo de la pandemia ha sido necesario prioriza medidas de contención y erradicación de la propagación del virus y, pese a que ello ha redundado en costos económicos y sociales sustanciales, constituye una condición previa necesaria para impulsar una recuperación sostenible.

Por otro lado, se pide cada vez más a los encargados de la formulación de políticas que establezcan claramente un calendario para la reapertura de los lugares de trabajo y los protocolos sanitarios que deben observarse a tal efecto, y que determinen si se seguirá brindando apoyo a las empresas y a los trabajadores que no pueden retomar su actividad habitual.

La adopción de ese tipo de decisiones es compleja, habida cuenta de los costos que conllevan para los sectores público y privado la prolongación de las restricciones, la inquietud asociada a intervenciones prematuras susceptibles de propiciar una segunda fase de la pandemia y la presión cada vez mayor de la opinión pública.

Por otro lado, la aplicación y el mantenimiento de las intervenciones políticas a la escala necesaria, habida cuenta de que los recursos son cada vez más insuficientes.

El reconocimiento general de la obligación de adoptar «todas las medidas necesarias» para mantener la actividad económica, el empleo, la actividad empresarial y los ingresos a lo largo de la pandemia ha llevado a los gobiernos a fijar objetivos fiscales y monetarios de antemano.

Muchos países tendrán que afrontar un elevado nivel de deuda externa y aplicar medidas políticas monetarias muy restrictivas, aun si la pandemia remitiera en los próximos meses.

Pero los efectos adversos en los mercados de trabajo y la compleja coyuntura económica a escala mundial que se prevé a largo plazo subrayan la necesidad de seguir aplicando políticas que fomenten la recuperación, si bien ello tendrá lugar en condiciones fiscales y monetarias sin precedentes.

Una consolidación fiscal anticipada, como la que siguió a la crisis financiera de 2008-2009, podría conllevar el riesgo de desestabilización de los mercados laborales, ya menoscabados por la covid 19.

La pandemia ha puesto de manifiesto amplias deficiencias y desigualdades en el mundo del trabajo, y las ha acentuado. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal, que se encontraban en una situación muy desfavorable antes de que comenzara la crisis, han padecido algunas de sus peores consecuencias.

Por otro lado, ha aumentado la concienciación pública sobre la labor, a menudo compleja e infravalorada, de determinados grupos, en particular los trabajadores de los sectores sanitario y de atención social y los servicios de limpieza, así como los trabajadores domésticos, cuya labor ha sido y sigue siendo primordial para superar la pandemia.

Obviamnte, si no se hace hincapié de forma explícita en la mejora de la situación de los grupos más desfavorecidos y vulnerables, los procesos de recuperación podrían agravar las actuales situaciones de injusticia.

Además, la OIT exhortó al mantenimiento de la solidaridad y del apoyo internacionales, en particular con respecto a los países emergentes y en desarrollo, ya que la respuesta general a la crisis mundial de la Covid-19 se ha caracterizado por una cooperación internacional deficiente: la gran cantidad de recursos utilizados por los países de ingresos elevados para hacer frente a la pandemia no ha estado al alcance de otros países.

Ello ha incidido ampliamente en la capacidad de los países en desarrollo y emergentes para proteger a sus ciudadanos y afrontar la pandemia, lo que a su vez condicionará la evolución de la situación en todos los países en el futuro.

La retórica sobre la necesidad de aplicar medidas de respuesta a escala mundial frente a la crisis de la Covid 19 debe sustituirse por acciones específicas que permitan brindar asistencia a los países que gocen de menor espacio fiscal, en particular mediante la adopción de medidas multilaterales encaminadas a facilitar la financiación y el pago de deuda.

Los debates estériles, una absurdidad dialéctica

Es obvio que la preocupación de la OIT, por advertir sobre las consecuencias nefastas de una determinada realidad no es nuevo. Pero son lo que son, recomendaciones. En realidad el debate se sitúa en otro escenario, entre los partidarios del capitalismo que atribuyen la crisis a la mala gestión de banqueros, gobiernos, empresas, o el Covid 19 el cual piensan superar, a cualquier costo y por el otro los opuestos al capitalismo, que vinculan la crisis a su existencia misma.

El sistema capitalista es caótico, y en su seno conlleva una crisis tras otra, que a su vez sólo aparece a los ojos comunes en el instante en que la gran burguesía empieza a hallar dificultades de rentabilidad y por consecuencia se ahonda la contracara natural de la inmensa riqueza que se genera en el sistema, que en el fondo no es otra que las hambrunas, miserias, precariedad y violencia desquiciante.

El mencionado funeral del capitalismo no puede ser otra cosa que el fin de una época, puesto que lo fracasado no es un orden de desarrollo económico o social sino el fin del desarrollo de un orden conocido. Por ello, toda respuesta o sugerencia a la situación por venir al interior del sistema adquiere caracteres absurdos. Encubrir la crisis, y hacerla ver como un episodio externo al sistema es un éxito de los economistas de la burguesía.

Entre sus defensores hay quienes piensan que es la última de las crisis cíclicas del moderno sistema de explotación, que acabará venciéndola y que incluso lo fortalecerá, no obstante, su extrema gravedad, como en 1929, con una refundación del capitalismo para salvarlo de su sepultura.

Otros sostienen que es la crisis integral y final de ese sistema y que el único modo de salir de ella es establecer el modo de producción, no capitalista de desarrollo. Una visión optimista de quienes piensan que este hundimiento del sistema , este fracaso sistémico, acabará con el capitalismo como por arte de magia: se haría pedazos no tanto por una presión subversiva o revolucionaria sino como resultado de la fractura de su propio organismo.

La crisis del capitalismo es integral por abarcar las crisis financiera, la real cíclica, la energética, la del sector alimentario, la ecológica, la de la agresiva política exterior imperialista, la ideológica, la moral, de gobernabilidad, la del consumismo desenfrenado, la de su conomía política, que mezcla neoliberalismo y recetas de Keynes, antes desechadas. Desde que estas crisis se hicieron una sola, querer examinarlas por separado es el más grave error.

El sistema está diseñado para la acumulación de capital, no para la satisfacción de las necesidades de quienes trabajan. La ganancia es el único motor de la actividad económica, por ello al burgués con virus o sin él, le es indiferente invertir en medicinas, drogas o tráfico de seres humanos; es un negocio como cualquier otro.

El proceso de competencia va ahogando a millones de empresas, concentrando y centralizando la producción para aprovechar economías a escala. Esa es la única forma de fructificar los recursos técnicos para aumentar los beneficios, abaratar los salarios e incrementar la tasa de ganancia.

La realidad nos muestra que a medida que se desarrolla el sistema, agudiza todas sus contradicciones y se muestra más reaccionario y salvaje.

El empleo, especie en vías de extinción en el mundo de las promesas

Antes de la pandemia, la comunidad internacional ya se había comprometido a realizar transformaciones de gran alcance en los procesos de desarrollo a escala mundial. Y también en el mundo del trabajo, a través de la adopción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y la Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo, respectivamente.

Mientras tanto, la realidad, nos enseña que los trabajadores son echados a la calle por millones, las empresas quiebran por miles, la inflación se dispara y hace imposible la subsistencia. La burguesía con sus órganos propagandísticos se dedica a explicitar subidas y bajadas de la bolsa de valores, lo que muestra la imbecilidad y mistificación ilimitada de ese «análisis».

Tras la superación de la pandemia, en el mundo habrá un mayor nivel de desempleo, desigualdad, pobreza, deuda y frustración política. Ante ello, no queda más que develar la gravedad de la crisis, porqué nos afecta profundamente, entender que no existen salidas capitalistas a la misma.

Y que tampoco hay retorno a la socialdemocracia populista, para salvar un sistema que hace aguas en las crisis ecológicas, energéticas, éticas, alimenticia, cultural, que juntas se arrullan en el cuadro sistémico de la crisis.

Pero por más que le pese a los organismos internacionales plenos de buenas intenciones, no es ni será la burguesía -clase social portadora de la acción de valorización del capital- la que, en su dinámica de acumulación y reproducción de riquezas, favorezca la apertura y creación de espacios.

Por el contrario, frente a las demandas de las clases más oprimidas siempre se ha respondido con violencia y represión. La paradoja es que sin horizonte revolucionario, ¿quien detiene la marcha del capitalismo?.

Por Eduardo Camín | 16/07/2020 |

Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: http://estrategia.la/2020/07/15/el-capitalismo-acomoda-sus-peones-ante-la-crisis-sistemica-y-del-trabajo/

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Olla popular en Perú.   ________________________________________ Imagen: EFE

"El virus, como el terrorismo, no respeta fronteras" afirma Antonio Guterres

Entre 83 millones y 132 millones de personas se agregarán en 2020 a las que ya sufrían el hambre: será consecuencia de la recesión económica provocada por la pandemia. 

 

Desde Roma. Naciones Unidas estima que a causa de la covid 19, el hambre aumentará de modo alarmante en el mundo, agregando un mínimo de 83 millones y un máximo de 132 millones, a los 690 millones de personas que ya padecían hambre en el mundo en 2019, según un informe difundido este lunes.

En el mundo se habla sobre todo de las consecuencias económicas del coronavirus, centrando las preocupaciones en el gran nivel de desocupación generado (la Organización Internacional del Trabajo calcula la pérdida de unos 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo), en la alarmante pobreza y el hambre. Pero el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inaugurar el 6 de julio en la ONU de Nueva York la Semana contra el Terrorismo, mencionó además la posibilidad de que las debilidades del sistema que han salido a relucir con la pandemia, puedan ser aprovechadas por “formas nuevas de terrorismo” como ataques cibernéticos, bioterrorismo y mal uso de las tecnologías. “Como el virus, el terrorismo no respeta fronteras”, dijo Guterres, señalado que “afecta a todas las naciones y sólo puede vencerse colectivamente”.

Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, el estudio realizado por distintas instituciones de Naciones Unidas difundido este lunes, los 690 millones de hambrientos de 2019 significan un aumento de 10 millones respecto a 2018. El informe fue difundido pocos días después de que el secretario Guterres presentara el 9 de julio otro documento sobre el impacto del covid-19 en América Latina y el Caribe, aconsejando a los gobiernos a tomar ciertas medidas para la recuperación de la crisis, reduciendo la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Aunque la ONU reconoce que todavía es un poco temprano para establecer los efectos reales de las cuarentenas en los distintos países y de las otras medidas de contención aplicadas, estima sin embargo que los 83/132 millones que se agregarán en 2020 a los que ya sufrían el hambre, serán el efecto de la recesión económica provocada por el coronavirus. Estos datos hacen cada vez más difícil conseguir el objetivo de “Cero Hambre en 2030” que se había propuesto la ONU, dice el informe elaborado entre otros por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Alimentario mundial (PAM) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), las tres con sede en Roma, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Asia es el continente con más desnutridos (381 millones), seguido por África (250 millones) y América Latina y Caribe (48 millones), dijo el informe ONU. Es necesario aclarar que Asia es el continente con más población (más de 4.600 millones según estimaciones para el 2020), seguido por África (unos 1.300 millones). América Latina y Caribe en torno a los 650 millones de habitantes pero eso no la salva de la pobreza y el hambre. El mayor porcentaje de desnutridos en proporción a la población está en Africa (19,1%), seguido de Asia (8,3%) y América Latina (7,4%), precisó el informe ONU. Si se continúa con esta tendencia, en 2030, África será el lugar donde se encontrará más de la mitad de las personas que sufren hambre en el mundo, añadió.

“La pandemia intensificó la vulnerabilidad y las deficiencias del sistema alimentario mundial”, afectando las actividades productivas, la distribución y el consumo de alimentos. Por eso el estudio llamó a todos los gobiernos a incorporar el tema nutrición en sus políticas agrícolas, tratando de disminuir los costos de la producción, transporte y distribución y apoyando a los productores pequeños y locales para cultivar y vender más alimentos nutritivos, asegurando su acceso a los mercados. La idea es dar prioridad además a la nutrición de los niños, fomentando cambios en la educación y en los medios de comunicación, a fin de favorecerla, pero también facilitar el acceso a dietas saludables que podrán ser diferentes de un país a otro.

En cuanto a América Latina y el Caribe en particular, el documento difundido por la ONU el 9 de julio destacó que la región se ha transformado en un punto de acceso de la pandemia donde los más vulnerables sectores de la población son una vez más los más afectados y mencionando en este sentido a las mujeres, los ancianos, los indígenas, los africano-descendientes, los migrantes y refugiados, entre otros.

“Para Latinoamérica y el Caribe la comunidad internacional debe proveer liquidez (dinero efectivo), asistencia financiera y aliviar sus deudas”, subrayó Guterres al presentar el documento sobre Latinoamérica. “En una región donde las desigualdades se han hecho insostenibles, es necesario desarrollar un sistema de asistencia social accesible a todos”, creando además un sistemas de impuestos equitativo, promoviendo trabajos decentes y reforzando los mecanismos de protección social, fomentando, entre otras cosas, la participación masiva de las mujeres en la vida pública y económica. “Junto podemos superar esta crisis y construir una sociedad sostenible para todos”, concluyó el secretario general de Naciones Unidas.

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América Latina pierde el equivalente a 47 millones de empleos por el coronavirus

La OIT empeora en solo un mes las previsiones sobre el efecto de la pandemia en el mundo del trabajo

 

Los efectos de la pandemia sobre el mundo del trabajo son devastadores. La Organización Mundial del Trabajo (OIT), dependiente de la ONU, ha actualizado este martes a la baja sus previsiones más pesimistas. El coronavirus ha destruido durante el segundo trimestre del año el equivalente a 400 millones de puestos laborales en todo el mundo, 95 millones más que en la anterior estimación, publicada el 27 de mayo. América Latina ha sido la región más golpeada, con 47 millones de puestos de tiempo completo perdidos. “Las nuevas cifras reflejan el agravamiento de la situación en numerosas regiones durante las últimas semanas, sobre todo en las economías en desarrollo”, advierte la OIT.

El informe, titulado Observatorio de la OIT: COVID-19 y el mundo del trabajo, calcula los estragos de la pandemia en horas laborales perdidas: entre mayo y julio, disminuyeron 14% en todo el mundo. Para obtener el equivalente en puestos, la OIT divide el total de horas por las 48 horas de una jornada semanal estándar. América Latina perdió 20,5% de sus horas, seis puntos más que el promedio mundial. Si se suman Estados Unidos y Canadá, el porcentaje disminuye a 18,3%, pero aún así la bajada en América supera a la de Europa y Asia Central (13,9 por ciento, equivalentes a 45 millones de empleos), Asia y el Pacífico (13,5 por ciento), Estados Árabes (13,2 por ciento) y África (12,1 por ciento). “Se trata de la mayor pérdida de horas de trabajo en las principales regiones geográficas y de la mayor revisión al alza al respecto desde que se publicó la cuarta edición del Observatorio de la OIT”, dice el informe sobre el total americano.

La OIT advierte que el 93% de los trabajadores vive en países con restricciones a la actividad económica y laboral muy altos. Y dice que las medidas que se tomen para remediar el problema moldearán el futuro del mundo del trabajo “más allá de 2030”. “Si bien los países se encuentran en fases diversas de la pandemia y es mucho lo que se ha hecho, debemos redoblar nuestros esfuerzos si queremos salir de esta crisis mejor que cuando comenzó”, dijo Guy Ryder, director general de la OIT. El informe servirá de punto de partida para las discusiones que la OIT espera para la semana próxima, en su Cumbre Mundial. “Espero que los gobiernos, los trabajadores y los empleadores aprovechen esta oportunidad para presentar y escuchar ideas innovadoras”, dijo Ryder.

Escenarios para el segundo semestre

La OIT calcula tres escenarios posibles para lo que resta del año, según sus previsiones sean de base, pesimistas u optimistas. Todo dependerá del desarrollo de la pandemia y las decisiones de los gobiernos para enfrentarla.

En un escenario de base, donde se levanten las restricciones laborales y la actividad se recupere lentamente, las horas trabajadas caerán 4,9% con respecto al último trimestre de 2019, o el equivalente a 140 millones de empleos de tiempo completo.

El escenario pesimista supone una segunda ola de la pandemia y la vuelta de las restricciones. En ese caso, las horas perdidas supondrían el 11,9%, o 340 millones de empleos. La visión optimista prevé una rápida recuperación económica, con 1,2% menos de horas trabajadas (34 millones de empleos).

Golpe a las mujeres

El informe tiene un destacado sobre el mundo laboral de las mujeres, a las que considera más expuestas a los efectos negativos de la pandemia. Tanto, que la OIT teme que por efecto del coronavirus “algunos de los modestos progresos en materia de igualdad de género alcanzados en las últimas décadas se pierdan y que las desigualdades de género relacionadas con el trabajo se agudicen”.

“El grave impacto de la covid-19 sobre las mujeres está relacionado con su sobre representación en algunos de los sectores económicos más afectados por la crisis, tales como la hostelería, la restauración, el comercio y la industria manufacturera”, dice el informe. Según los cálculos de la OIT, 510 millones de mujeres empleadas en el mundo (el 40% del total) “trabajan en los cuatro sectores más afectados, frente al 36,6% de los hombres”.

Las mujeres predominan, además, en el frente de batalla contra la pandemia, porque son mayoría en los puestos de asistencia sanitaria y los servicios sociales. “Es allí donde corren mayores riesgos de perder su ingreso, de infección y de transmisión, y es menos probable que tengan protección social”, concluye el informe.

Por Federico Rivas Molina

Buenos Aires - 30 jun 2020 - 23:04 COT

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La economía post-covid puede tener más robots, menos puestos de trabajo y vigilancia intensificada

El emergente paradigma capitalista post-pandemia se basa en una digitalización y aplicación de las tecnologías de la llamada cuarta revolución industrial. El ascenso de la economía digital supone una fusión de Silicon Valley con el capital financiero transnacional y el complejo militar-industrial-securitario.

 

Estimulado por la pandemia de coronavirus, el capitalismo global está al borde de una nueva ronda de reestructuración a nivel mundial basándose en una digitalización mucho mayor de toda la economía y sociedad global. Esta reestructuración empezó tras la Gran Recesión de 2008 pero las condiciones sociales y económicas cambiantes propiciadas por la pandemia acelerarán enormemente el proceso. Probablemente aumentará la concentración del capital a nivel mundial y empeorará la desigualdad social. Habilitados por las aplicaciones digitales, los grupos dominantes ─a menos que sean obligados a cambiar de rumbo por la presión de masas desde abajo─ recurrirán al aumento del Estado policial global para contener los próximos levantamientos sociales.

El emergente paradigma capitalista post-pandemia se basa en una digitalización y aplicación de las tecnologías de la así llamada cuarta revolución industrial. Esta nueva ola de desarrollo tecnológico es posibilitada por una tecnología de la información más avanzada. Lideradas por la inteligencia artificial (IA) y la recogida, procesamiento y análisis de inmensas cantidades de datos (big data), las tecnologías emergentes incluyen el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la nano y biotecnología, el Internet de las Cosas (IdC), la computación cuántica y en la nube, la impresión 3D, nuevas formas de almacenamiento de energía y vehículos autónomos, entre otras.

La tecnología informática y de la información (CIT, por sus siglas en inglés), introducidas en primer lugar en los 80, proporcionaron la base original para la globalización. Permitió a la emergente clase capitalista transnacional, o TCC; coordinar y sincronizar la producción global y por lo tanto poner en práctica un sistema productivo y financiero globalmente integrado al que todos los países se han incorporado. Igual que la introducción original de la CIT e internet a finales del siglo XX transformaron profundamente el capitalismo mundial, esta segunda generación de tecnologías digitales está llevando ahora a una nueva ronda de reestructuración a nivel mundial que promete tener un nuevo impacto transformador en las estructuras de la economía, sociedad y política globales.

Si la primera generación de la globalización capitalista de los 80 supuso la creación de un sistema productivo y financiero integrado globalmente, la nueva ola de la digitalización y el ascenso de las plataformas han facilitado desde 2008 una transnacionalización muy rápida de los servicios digitales. Para 2017, los servicios suponían alrededor del 70% del producto bruto global e incluían comunicaciones, informática, tecnología digital y de plataforma, e-commerce, servicios financieros, trabajo profesional y técnico, y una serie de otros productos no tangibles como películas y música.

Es difícil subestimar lo rápida y extensa que es la reestructuración digital actual de la economía y sociedad globales. Según los datos de Naciones Unidas, la “economía del compartir” ─esto es, la actividad mediada por plataformas─ crecerá desde 14.000 millones de dólares en 2014 a 335.000 millones para 2025. Los envíos mundiales de impresoras 3D crecieron más del doble en 2016, hasta más de 450.000, y se esperaba que alcanzaran los 6,7 millones para finales de 2020. Se estima que el valor global del e-commerce alcanzó los 29 billones de dólares en 2017, lo que equivale al 36% del PIB global de ese año. Las exportaciones de servicios de entrega digital supusieron en 2018 2,9 billones, o el 50% de las exportaciones de servicios globales. Para 2019, el tráfico global en internet era 66 veces el volumen de todo el tráfico global en internet en 2005, mientras que el tráfico global de Protocolo de Internet (IP), un proxy para flujos de datos, creció de cerca de cien gigabytes (GB) al día en 1992 a más de 45.000 GB al segundo en 2017. Y sin embargo el mundo sólo está en los primeros días de la economía dirigida por los datos; para 2022, se estima que el tráfico global de IP alcance los 150.700 GB al segundo, alimentado por cada vez más gente que llegue a internet por primera vez y por la expansión del internet de las cosas.

La pandemia de coronavirus ha puesto de relieve lo central que se han vuelto los servicios digitales para la economía global. Pero más que destacar este detalle, se puede esperar que la pandemia y sus consecuencias, en la medida que aceleran la reestructuración digital, dé lugar a una enorme expansión de servicios digitales sin mano de obra o con ésta reducida, incluyendo todo tipo de nuevos acuerdos de teletrabajo, entrega con drones, comercio sin efectivo, finanzas digitalizadas (o fintech), seguimiento y otras formas de vigilancia, servicios médicos y legales automatizados, y enseñanza remota que incluya instrucción pregrabada. La pandemia ha aumentado los esfuerzos de las gigantescas empresas tecnológicas y sus agentes políticos para convertir cada vez más áreas de la economía hacia estos nuevos ámbitos digitales.

Las gigantescas empresas tecnológicas han florecido durante el contagio, volviéndose esenciales sus servicios digitales para la economía de la pandemia, a medida que cientos de millones de trabajadores a nivel mundial pasaban al trabajo a distancia desde casa o mediante plataformas potenciadas, o se vinculaban al trabajo de servicios gestionado digitalmente, y a medida que los servicios presenciales eran sustituidos por servicios digitales a distancia. La economía global post-pandemia supondrá una aplicación rápida y expansiva de la digitalización a cada aspecto de la sociedad global, incluidas la guerra y la represión.

 

Tecnología, finanzas y complejo industrial-militar

 

La digitalización ha sido impulsada por la crisis capitalista. El coronavirus no fue sino la chispa que encendió la combustión de una economía global que nunca se recuperó del colapso financiero de 2008 y ha estado tambaleándose al borde una nueva crisis desde entonces. Pero las causas estructurales subyacentes de la debacle de 2008, lejos de estar resueltas, se han gravado firmemente. La especulación financiera frenética, la deuda insostenible, el saqueo de las finanzas públicas, el stock tecnológico excesivo, y la acumulación militarizada organizada por el Estado han mantenido a la economía global balbuceando en años recientes frente al estancamiento crónico y ocultado su inestabilidad. (La acumulación militarizada se refiere a la acumulación de capital ─es decir, la obtención de beneficios, mediante sistemas de guerra cada vez más expansivos, el control social y la represión transnacional).

Hay tres tipos de crisis capitalistas. El primer tipo es cíclico, o el ciclo de negocios, que supone desaceleraciones o recesiones económicas aproximadamente una vez por década. Hubo recesiones a principios de los 80, a principios de los 90 y con el cambio de siglo. El segundo tipo es estructural y aparece una vez cada 40 o 50 años, y el tercero es sistémico, al que me referiré a modo de conclusión. Se llaman crisis estructurales o de reestructuración, porque su resolución supone la reestructuración del sistema capitalista. La crisis de reestructuración de la Gran Depresión de los años 30 se resolvió mediante el ascenso de un nuevo tipo de capitalismo basado en la redistribución y la intervención estatal para regular el mercado, y llevó a los sistemas de bienestar social del siglo XX. La siguiente crisis estructural golpeó en los 70 y llevó a la globalización y el ascenso de una TCC desde los 80 en adelante.

Una nueva crisis de reestructuración comenzó con el colapso financiero de 2008. Liderando el camino en esta reestructuración estaban las gigantescas empresas tecnológicas ─entre ellas Microsoft, Apple, Amazon, Tencent, Alibaba, Facebook y Google, y a las cuales ahora se añaden Zoom y otras empresas propulsadas por la pandemia─. Estas empresas han experimentado un crecimiento asombroso durante la última década. Apple y Microsoft registraron una increíble capitalización de mercado de 1,4 billones cada una en 2020, seguidas por Amazon con 1,04 billones, Alphabet (la empresa madre de Google) con 1,03 billones de dólares, Samsung con 983.000 millones de dólares, Facebook con 604 billones, y Alibaba y Tencent con alrededor de 600 y 500.000 millones, respectivamente. Para dar una idea de lo rápido que estos mastodontes han crecido, la capitalización bursátil de Google pasó de menos de 200.000 millones de dólares a finales de 2008 a más de un billón a principios de 2020, o un aumento del 500%. Mientras tanto, en sólo dos años, de 2015 a 2017, el valor combinado de todas las empresas de plataforma con una capitalización bursátil de más de cien millones saltó un 67%, hasta más de siete billones.

Un puñado de compañías tecnológicas con sede en EEUU que generan, extraen y procesan datos han absorbido enormes cantidades de efectivo de inversores transnacionales de todo el mundo que, desesperados por nuevas oportunidades de inversión, han vertido miles de millones de dólares en los gigantes tecnológicos y de plataforma como salida para su capital acumulado excedente. La inversión anual en TIC saltó de 17.000 millones de dólares en 1970, hasta 65.000 millones en 1980, después a 175.000 millones en 1990, 465.000 millones en 2000, y 654.000 millones en 2016, y después llegó a un máximo de 800.000 millones en 2019. A medida que los capitalistas invierten estos miles de millones, las casas bancarias y de inversión globales de todo el globo se entrelazan con el capital tecnológico, como hacen negocios de todo el mundo que se están moviendo hacia la computación en nube y la IA. Para la segunda década del siglo, la economía global pasó a estar caracterizada sobre todo por los procesos gemelos de digitalización y financiarización.

El ascenso de la economía digital supone una fusión de Silicon Valley con el capital financiero transnacional y el complejo militar-industrial-securitario, dando auge a un nuevo bloque de capital que parece estar en el mismo centro del paradigma post-pandemia emergente. Este nuevo bloque se hará incluso más poderoso que lo que se estaba volviendo antes de la emergencia sanitaria, impulsando una nueva e inmensa centralización y concentración del capital a escala global. Al frente de este bloque, los mastodontes tecnológicos son entidades financieras mayores que la mayoría de los países del mundo y son capaces de ejercer una enorme influencia sobre los Estados capitalistas. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exhibió esta emergente relación capital-Estado cuando, a principios de mayo, nombró a tres billonarios tecnológicos ─Eric Schmidt, de Google; el ex CEO de Microsoft, Bill Gates; y Michael Bloomberg─ para encabezar una comisión de análisis para presentar planes para externalizar escuelas públicas, hospitales, policía y otros servicios públicos a empresas tecnológicas privadas. Tales “asociaciones público-privadas” privatizan para el capital tradicionales funciones del Estado a la vez que convierten los fondos públicos en subsidios corporativos.

La tercera pata en este bloque triangular del capital es el complejo militar-industrial-securitario. Cuando la industria tecnológica emergía en los 90, fue unida al complejo militar-industrial-securitario y el Estado policial global. Durante los años, por ejemplo, Google ha suministrado tecnología de mapas utilizada por el Ejército de EE UU en Iraq, albergado datos para la CIA, indexado las inmensas bases de datos de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional, construido robots militares, lanzado un satélite espía junto al Pentágono y alquilado su plataforma de computación en la nube para ayudar a los departamentos de policía a “predecir” el crimen. Amazon, Facebook, Microsoft y otros gigantes tecnológicos están entrelazados a fondo con el complejo militar-industrial y de seguridad. El ascenso de la economía digital desdibuja las fronteras entre sectores militares y civiles de la economía y une a las empresas financieras, militar-industriales y tecnológicas alrededor de un proceso combinado de especulación financiera y acumulación militarizada.

A nivel mundial, los gastos totales en defensa crecieron un 50% de 2006 a 2015, de 1,4 billones a 2,03 billones, aunque esta cifra no tiene en cuenta los presupuestos secretos, las operaciones de contingencia y el gasto en “seguridad nacional”. Para 2018, las empresas militares privadas empleaban alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo, mientras que otros 20 millones de personas trabajaban en la seguridad privada. Los nuevos sistemas de guerra, control social y represión son conducidos por la tecnología digital. El mercado para nuevos sistemas de control social hechos posibles por la tecnología digital llega a los cientos de miles de millones. Se esperaba que el mercado global de biométrica, por ejemplo, saltara de su valor de 15.000 millones de dólares en 2015 a los 35.000 millones para 2020.

 

Producción sin mano de obra y humanidad excedente

 

Las crisis proporcionan al capital transnacional la oportunidad de restaurar los niveles de beneficios al forzar una mayor productividad con menos trabajadores. La primera ola de TIC en las últimas décadas del siglo XX desató el crecimiento explosivo en la productividad y las capacidades productivas, mientras que las nuevas tecnologías digitales prometen multiplicar por mucho tales capacidades. Específicamente, la digitalización aumenta enormemente lo que los economistas políticos radicales, siguiendo a Marx, identifican como la composición orgánica del capital, lo que significa que la porción del capital fijo en forma de maquinaria y tecnología tiende a incrementar el capital relativo al variable en forma de mano de obra.

En términos profanos, la digitalización acelera en gran medida el proceso en el que la maquinaria y la tecnología sustituyen a la mano de obra, expandiendo así las filas de aquellos a los que se convierte en excedentes y marginados. Un informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica descubrió que cada robot introducido en un local da como resultado la pérdida de tres a 5,6 puestos de trabajo. En 1990, los tres mayores productores de coches en Detroit tenían una capitalización bursátil de 36.000 millones de dólares y 1,2 millones de empleados. En 2014, las tres mayores compañías de Silicon Valley, con una capitalización bursátil de más de un billón de dólares, tenían sólo 137.000 empleados. Este aumento en la composición orgánica del capital agrava la sobreacumulación y la polarización social, que ha alcanzado niveles sin precedentes a nivel mundial. Como ahora es bien conocido, sólo el 1% de la humanidad controla más de la mitad de la riqueza mundial y el 20% controla el 94,5% de esa riqueza, mientras que el restante 80% tiene que arreglárselas con sólo el 5,5%.


 Los defensores del capitalismo global afirman que la economía digital traerá puestos de trabajo de alta cualificación y remuneración y resolverá problemas de polarización social y estancamiento. Sin embargo, muchos de los así llamados trabajadores cognitivos y gig workers afrontan bajos salarios, tareas aburridas y repetitivas y precariedad. A medida que el “big data” captura datos sobre ocupaciones basadas en el conocimiento en los centros de trabajo y en el mercado y luego lo convierte en algoritmos, esta mano de obra podría ser sustituida por IA, vehículos autónomos y las demás tecnologías de la cuarta revolución industrial. La producción dirigida digitalmente busca conseguir en última instancia lo que Nike Corporation define como “extraer la mano de obra del producto”. La última fase de este proceso, aunque todavía lejana, es la producción sin mano de obra.

Un informe de Naciones Unidas de 2017 estimaba que decenas, si no cientos, de millones de puestos de trabajo desaparecerían en los años siguientes como resultado de la digitalización. Como ejemplo, el informe estimaba que más del 85% de los trabajadores del comercio en Indonesia y Filipinas estaban en riesgo. El informe también decía que la difusión de las plataformas de trabajo online acelerarían una “caída de las condiciones de trabajo con una precariedad en aumento”. Una serie de informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) documentaban estas condiciones. Un estudio de 1998 reveló que ya a finales del siglo XX alrededor de un tercio de la mano de obra global estaba subempleada o desempleada. La OIT informó más tarde, en 2011, de que 1.530 millones de trabajadores de todo el mundo estaban en acuerdos de empleo “vulnerables”, que representaban más del 50% de la mano de obra global. Siete años después, en 2019, concluyó que una mayoría de los 3.500 millones de trabajadores en el mundo “experimentaban una falta de bienestar material, seguridad económica, oportunidades de igualdad o posibilidades de desarrollo humano”.

Incluso antes de que golpeara la pandemia, la automatización se estaba extendiendo de la industria y las finanzas a todas las ramas de los servicios, incluso a la comida rápida y la agricultura. Se espera que eventualmente sustituya a buena parte del trabajo profesional tal como el de los abogados, analistas financieros, médicos, periodistas, contables, aseguradores y bibliotecarios. Las tecnologías impulsadas por la IA están en este momento siendo más ampliamente adoptadas a nivel mundial como resultado de las condiciones generadas por el contagio. La pandemia permite a la clase capitalista transnacional presionar masivamente a favor de la reestructuración capitalista que no podía conseguir previamente debido a la resistencia a la toma del poder digital.

Con la digitalización aumentada provocada por la pandemia, habrá decenas o incluso cientos de millones de personas que perdieron sus puestos de trabajo pero no serán reabsorbidas en la fuerza de trabajo ya que la tecnología toma el control de sus antiguas tareas. Un estudio de la Universidad de Chicago estimaba que el 42% de los despidos de la pandemia en Estados Unidos resultarían en permanentes pérdidas de empleo. Además, las grandes corporaciones controlarán millones de pequeños negocios obligados a entrar en bancarrota. Los capitalistas utilizarán este desempleo masivo como palanca para intensificar la explotación de aquellos con trabajo, para aumentar la disciplina sobre la clase trabajadora global y para empujar a la mano de obra excedente hacia una mayor marginalidad.

 

Los próximos levantamientos

 

Las cuarentenas de la pandemia sirvieron como ensayos para cómo la digitalización puede permitir a los grupos dominantes reestructurar el espacio y ejercitar un mayor control sobre el movimiento de la mano de obra. Los gobiernos del mundo decretaron estados de emergencia y reprimieron violentamente a aquellos que violaron las órdenes de quedarse en casa. Puede que las cuarentenas hayan sido necesarias desde la perspectiva de la emergencia sanitaria. Pero mostraron cómo la clase capitalista transnacional y los Estados capitalistas pueden controlar con más fuerza la distribución del poder del trabajo, especialmente del trabajo excedente, controlando el movimiento y encerrando el trabajo en el ciberespacio y por lo tanto haciéndolo desagregado y aislado. A medida que las nuevas tecnologías digitales expanden el proletariado cognitivo y las filas de trabajadores en la gig economy, también permiten una vigilancia y control estrictos de este proletariado mediante el ciberespacio.

Los Estados capitalistas se enfrentan a crecientes crisis de legitimación tras décadas de penuria y deterioro social forjadas por el neoliberalismo, agravadas ahora por la incapacidad de estos Estados para gestionar la emergencia sanitaria y el colapso económico. La pandemia dejará a su paso más desigualdad, conflicto, militarismo y autoritarismo a medida que el levantamiento social y la lucha civil aumentan. A medida que la pandemia agrava la crisis estructural, los grupos dominantes recurrirán a la expansión del Estado policial global para contener el descontento de masas desde abajo. Mucho antes del contagio, los agentes de este emergente Estado policial global habían estado desarrollando nuevas modalidades de trabajo policial y represión posibilitados por las aplicaciones de la digitalización y las tecnologías de la cuarta revolución industrial.

Desde 2008 ha habido una rápida polarización política en la sociedad global entre una extrema derecha insurgente y una izquierda insurgente. Esta crisis está animando a fuerzas de extrema derecha y neofascistas que han surgido en muchos países del mundo y buscarán ahora capitalizar políticamente la catástrofe sanitaria. Pero también está generando luchas populares desde abajo, como hemos visto en una ola de huelgas y protestas en todo el mundo. Las crisis capitalistas son momentos de intenso conflicto social y de clase. Dependiendo de cómo se desarrollen estas luchas, las crisis estructurales pueden expandirse hacia el tercer tipo de crisis, una sistémica, que significa que la crisis se debe resolver más allá del sistema socioeconómico –en este caso, el capitalismo.

Que una crisis estructural se convierta en una sistémica depende de una serie de factores políticos y subjetivos que no se pueden predecir de antemano. Lo que está claro es que las luchas populares masivas contra las depredaciones del capitalismo global se unirán ahora a aquellas relacionadas con las repercusiones de la emergencia sanitaria. A medida que el mundo sale de la pandemia, será rehecho, para mejor o para peor. Está en marcha la batalla por el mundo post-pandemia.

Por William I. Robinson

Truthout

Traducido por Eduardo Pérez

30 jun 2020 09:02

Artículo original: Post-Covid economy may have more robots, fewer jobs and intensified surveillance. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez. Copyright: Truthout, publicado con su permiso.

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