Lunes, 06 Diciembre 2021 06:13

Desarme

El diputado federal republicano Thomas Massie difundió una foto con su familia que decía: Feliz Navidad y la posdata: Santa, por favor, envíanos municiones, dos días después de que un adolescente de 15 años asesinó a cuatro compañeros en una preparatoria en Michigan. Estados Unidos es el mayor fabricante y vendedor de armas de fuego en el mundo.Foto tomada de Twitter

Dos días después de que un adolescente de 15 años asesinó a cuatro de sus compañeros e hirió a otros siete en una preparatoria en Michigan, con una pistola semiautomática que recién le habían comprado sus padres de regalo, el diputado federal republicano Thomas Massie difundió un mensaje: una foto de él y sus seis familiares frente a un árbol navideño, todos armados con rifles de alto poder, sonriendo, y con el mensaje "Feliz Navidad" y la posdata: "Santa: por favor, envíanos municiones" (https://twitter.com/RepThomasMassie/ status/1467197523127422979/photo/1).

Un dia antes, la oficina del sheriff de El Paso envió su propia tarjeta navideña con una imagen de Santaclós en la oficina del sheriff solicitando su permiso para portar un arma de fuego oculta. El mensaje informaba que esa oficina ya había otorgado 49 mil 750 permisos para portar armas ocultas. (https://twitter.com/EPCSheriff/status/ 1466845021995421698/photo/1). Esto, en la misma ciudad que en agosto había marcado el aniversario de uno de los tiroteos masivos más grandes en la historia reciente por un joven que viajo ahí con el propósito explícito de matar a "invasores" mexicanos.

"¿El propósito es atormentar a familias cuyos hijos han sido asesinados, o a comunidades como la mía, cuyos habitantes han sido masacrados?", preguntó la diputada federal Veronica Escobar, de El Paso, en referencia a la foto difundida por el diputado Massie.

El número total de muertos por violencia de armas de fuego en Estados Unidos en el año en curso es ya de 41 mil 574 (incluyendo más de 22 mil suicidios). La cifra de tiroteos masivos –aquellos en donde hay más de cuatro víctimas (muertos o heridos)– ahora incluido el de Michigan, la semana pasada, suman hasta la fecha 654. (https://www.gunviolencearchive.org). La cantidad de incidentes con armas en escuelas en Estados Unidos en lo que va del 2021 es de 144, con 26 muertes y 86 heridos. En promedio, cada día más de 100 personas mueren y 200 son heridas por balas. (https://everytownresearch.org).

En Estados Unidos circulan más de 400 millones de armas de fuego en manos privadas, suficiente para armar a cada habitante de este país. Se calcula que cerca de 40 por ciento de los hogares estadunidenses tienen armas.

Una vez más queda en el aire la pregunta: ¿cómo es posible que estos eventos espantosos se hayan "normalizado" hasta el punto donde los políticos –o varios de ellos– y amplios sectores de esta sociedad no se sienten obligados a hacer lo necesario para evitar que se repitan incesantemente estas escenas? Pero si no sucedió con Columbine en 1999 (desafortunadamente sigue más que vigente el famoso documental de Michael Moore sobre el tema, aunque fue estrenado hace casi 20 años (https://michaelmoore.com/movies/bowling-for-columbine/) y no sucedió nada después la tragedia espantosa de la primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, cuando perecieron 20 niños, como cientos más de estos eventos cada año, ¿qué se puede esperar ahora, mas que la próxima tragedia en cualquier momento y en cualquier parte del país?

"Cada día tenemos miedo de que vayamos a recibir un disparo. Cada día que vamos a la escuela. Cada día que nos subimos a un autobús o un tren. Cada día que vamos al parque. Cada día que estamos vivos. Tenemos miedo de recibir un disparo", reiteran los activistas jóvenes de March for Our Lives que fue organizado por víctimas de tiroteos en escuelas (https://marchforourlives.com).

Estados Unidos es el mayor fabricante y vendedor de armas de fuego en el mundo, y es a la vez, el número uno en violencia de armas de fuego entre los países desarrollados; la tasa de muerte por armas es 25 veces más alta que otros países desarrollados. También es el país que más emplea su fuerza militar contra otros países. Todos saben a estas alturas (y hablando de mensajes navideños, incluido Jesucristo) que la violencia propaga más violencia.

Por lo tanto, es obvio que urge desarmar a Estados Unidos por su propio bien, y por el de todos a su alrededor.

The Beatles. Happiness is a warm gun. https://www.youtube.com/watch?v=vdvnOH060Qg

Steve Earle. The Devil’s Right Hand. https://open.spotify.com/track/3Cu0o5CEIvLBBFIbFIBviE?si=2f4031b010d541ff

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Un maniquí en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) que se celebró en IFEMA, Madrid, el pasado 3 de noviembre de 2021. — Marta Fernández / EUROPA PRESS

Un informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) establece que las ventas de material militar por parte de las 100 compañías más importantes ascendieron a 531.000 millones de dólares en 2020. Navantia está entre ellas.

La crisis mundial desatada por la pandemia no ha podido con el negocio armamentístico, que ha demostrado su capacidad de seguir facturando inmensas cantidades de dinero incluso en una recesión económica planetaria. Así se desprende del informe que acaba de dar a conocer el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) con datos de 2020, otro año de grandes beneficios para la industria militar mundial.  

Según consta en el dossier elaborado por este prestigioso centro de investigación, "las ventas de armas y servicios militares de las 100 empresas más importantes ascendieron a 531.000 millones de dólares en 2020, lo que supone un aumento del 1,3% en términos reales en comparación con el año anterior". 

En esa línea, señala que 2020 fue el sexto año consecutivo de crecimiento de las ventas de armas de las denominadas "Top 100". "Las ventas de armas aumentaron incluso cuando la economía mundial se contrajo un 3,1% durante el primer año de la pandemia", remarca el organismo en su informe.

Alexandra Marksteiner, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI, sostiene que "los gigantes de la industria se vieron protegidos en gran medida por la demanda sostenida de bienes y servicios militares por parte de los gobiernos".

"En gran parte del mundo, el gasto militar creció y algunos gobiernos incluso aceleraron los pagos a la industria armamentística para mitigar el impacto de la crisis de la covid-19", afirmó. 

En cualquier caso, el documento destaca que "operar en el mercado militar no garantiza la inmunidad a los efectos de la pandemia". Por ejemplo, el fabricante de armas francés Thales "atribuyó una caída en las ventas de armas del 5,8% a
las interrupciones inducidas por el cierre en la primavera de 2020". "Algunas empresas también informaron de interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en las entregas", añade.

En cuanto al ranking de las 100 principales compañías de este sector, el informe señala que Estados Unidos "fue de nuevo el país con más empresas clasificadas en la lista Top 100". En conjunto, las ventas de armas de las 41 empresas estadounidenses ascendieron a 285.000 millones de dólares –un aumento del 1,9% en comparación con 2019– y representaron el 54% de las ventas totales de armas de ese listado. "Desde 2018, las cinco primeras empresas del ranking tienen su sede en Estados Unidos", subraya el SIPRI.

Por su parte, las empresas chinas representaron el 13% del total de las ventas de armas en 2020, "por detrás de las compañías estadounidenses y por delante de las del Reino Unido, las terceras más importantes".

Entre otros datos, el informe señala que Navantia es la única compañía española que figura en el ranking de los 100 grandes vendedores de equipamiento militar. El astillero español ha logrado consolidarse en ese sector al calor de los negocios alcanzados con el régimen de Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas. De acuerdo al listado del SIPRI, se ubica actualmente en el puesto 84 del Top 100.

El estudio indica que "las 26 empresas armamentísticas europeas de la Top 100 representaron en conjunto el 21% del total de las ventas de armas, con 109.000 millones de dólares", mientras que las siete empresas británicas registraron unas ventas de armas de 37.500 millones de dólares en 2020, un 6,2% más que en 2019.

Las ventas de de BAE Systems –la única empresa europea que se ubica entre los 10 principales operadores– aumentaron un 6,6% hasta los 24.00 0millones de dólares. Asimismo "las ventas de armas de las seis empresas francesas que figuran en la lista de las Top 100 cayeron en su conjunto un 7,7%", afirma Lucie Béraud-Sudreau, directora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI.

06/12/2021 00:10

Por Danilo Albin@Danialri

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En su reciente libro, el economicista Ray Dalio mezcla un conocimiento de aficionado a la historia con teoremas y ciclos geoeconómicos y geoestratégicos. En la imagen, el Capitolio, en Washington, el viernes pasado al amanecer. cFoto Ap

Existe abundante casuística sobre la probable nueva "guerra civil en Estados Unidos". Acaba de aparecer el bombástico libro El cambiante orden mundial (https://amzn.to/3DqEKtQ) del multimillonario Ray Dalio (RD), formado en Harvard y ex mandamás de una de las mayores empresas especulativas de “fondos de cobertura de riesgos ( hedge funds) Bridgewater” (https://www.bridgewater.com).

Bridgewater es una de las máximas firmas de hedge funds en el mundo, mientras RD fue colocado en 2020 como el multimillonario núm. 79 más rico del planeta.

A sus 72 años, a RD le ha dado por escribir libros con los que pontifica a diestra y siniestra. En su reciente obra alardea su expertise economicista mezclado de un conocimiento de aficionado de la historia, con teoremas y ciclos geoeconómicos y geoestratégicos que lo llevan a deducir la nada halagüeña prospectiva y perspectiva de Estados Unidos (https://bit.ly/31yAH1D).

Enuncia que existe un mínimo de 30 por ciento de probabilidad –"un riesgo peligrosamente elevado"– de que ocurra una guerra civil en los próximos 10 años, ya que Estados Unidos ha perdido su otrora legendario equilibrio interno de contrapesos (checks and balances) que lo han llevado a una extrema polarización que puede desembocar en su ingobernabilidad.

Abusa de los "ciclos" de toda índole y opera una forzada analogía con las tempestades y sus graduaciones que lo llevan a proclamar que Estados Unidos se encuentra en la "fuerza 5" de preguerra civil que constituye la "fuerza 6".

Mediante sus juegos de malabarismo economicista salpicados de procaz historicismo aborda seis (sic) etapas del ciclo "orden/desorden" interno que desembocan en la guerra civil.

Las pésimas condiciones financieras y la fractura tanto política como de su sociedad colocan a Estados Unidos en la etapa 5 de preguerra civil cuando la elección presidencial reciente sigue siendo puesta en tela de juicio por la mayoría de los supuestos perdedores republicanos, lo cual ha fracturado el "orden interno", lo que "señala claramente (sic) el riesgo importante de un cambio revolucionario (sic) con todo el desorden que lo acompaña".

El abordaje del especulador financierista me rememora la teoría de los "sistemas complejos" que oscilan con el binomio orden/desorden.

En el sistema de RD no caben los "fractales" (condensación de "orden" dentro del desorden imperante) y recurre a una ineluctable secuencia irreversible de sus tempestuosos ciclos huracanados.

En forma perturbadora, exhibe varios estudios sobre el maniqueísmo exageradamente emotivo que ha distanciado a los dos partidos demócrata (20 por ciento) y republicano (15 por ciento) que con su elevado porcentaje anhelan la eliminación/liquidación del otro cuando la otrora admirable Constitución de Estados Unidos puede imprimir un mayor trauma psicológico en caso de que "sea efectivamente abandonada".

Propone la existencia de un "gran ciclo" clásico con sus oscilaciones: 1) periodos pacíficos y prósperos de gran creatividad y productividad que elevan mucho los estándares de vida y 2) depresión, revolución y periodos de guerra cuando existen muchas batallas sobre la riqueza y el poder, y mucha destrucción de riqueza y vida.

Comenta que existen "tres fuerzas mayúsculas": 1) La deuda de largo plazo y el ciclo de los mercados de capital. En 2021,"más de 16 millones de millones de dólares tenían tasas negativas de interés", mientras "inusuales inmensas cantidades de nueva deuda adicional serán necesarias de ser vendidas para financiar los déficits". 2) "El orden interno (sic) y el ciclo caótico". 3) "El orden externo (sic) y el ciclo caótico" cuando "Estados Unidos ya encontró una verdadera potencia rival": China.

Más allá de la controvertida mezcla de 500 años de historia "occidentaloide", con el determinismo econometrista de sus "hallazgos" de aficionado historicista, la verdadera originalidad del megaespeculador financierista RD radica en que pontifica desde las entrañas más lúcidas del establishment que lo prohijó con su empresa Bridgewater, íntimamente imbricada a los bancos centrales del globalismo neoliberal.

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La CCEEU pide garantías al Estado para el ejercicio de la defensa de DDHH de Alberto Yepes Palacio

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU),  plataforma que aglutina a 285 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los reiterados actos de inteligencia ilegal y espionaje de las que ha venido siendo objeto en los últimos meses la sede de la CCEEU, y en especial, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Alberto Yepes Palacio, por desconocidos, pero, al parecer, también por la propia Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP.

Hechos

El día 30 de noviembre, entre las 11.00 y 11.10 de la mañana, un dispositivo de control remoto, tipo drone, se situó cerca de una ventana de la oficina de la CCEEU donde funciona el Observatorio de Derechos Humanos y dio varias vueltas alrededor de la sede. Luego de unos minutos el drone se alejó al detectar que estaba siendo filmado por uno de los escoltas que pudo observarlo y grabarlo con su celular desde el primer piso del edificio.

El 30 de septiembre, el defensor, Alberto Yepes y un escolta que lo acompañaba fueron sorprendidos por la presencia de un teléfono celular oculto en el vehículo de protección asignado por la UNP. El artefacto se detectó por el sonido de su timbre producto de una llamada entrante a las 8:40 am, la cual, inicialmente no pudo ser localizada. Posteriormente, se verificó que el teléfono estaba en un lugar oculto del vehículo y vinculado, mediante el bluetooth, al panel del radio en el cual aparecía un mensaje de llamada entrante, junto a un número de teléfono móvil, que al ser contestado se comprobó que correspondía a una llamada equivocada de una persona que averiguaba por una entidad para una convocatoria de un cargo laboral.

El dispositivo oculto, al parecer tiene la capacidad de registrar conversaciones, al operar como micrófono abierto desde el momento en que se enciende el vehículo, por lo que su instalación subrepticia y no autorizada, evidencia que vehículos, herramientas tecnológicas y funciones de protección a cargo de la UNP se estarían utilizando para facilitar el  acceso ilegal a las comunicaciones y el monitoreo de todas las relaciones y actividades cotidianas de los beneficiarios, en este caso, del defensor Alberto Yepes, vulnerando el derecho a la privacidad, pero también constituye una grave violación de las garantías para el ejercicio de la defensa de los defensores de derechos humanos por parte de la UNP, entidad responsable de la protección de su vida e integridad personal.

El día 25 de octubre se hizo el descubrimiento de otro dispositivo de transmisión de datos nominado como GSM/PILLAR B con un Código QR, el cual estaba oculto en el vehículo de protección tras una tapa, en el lugar del copiloto, y junto a los pies, en el lugar donde habitualmente viaja el coordinador del Observatorio.  Al realizar la consulta en internet, este aparato se asocia a un sistema de red pública terrestre móvil para la transmisión del servicio de GSM. Aunque la inspección de técnicos del CTI pudieron dictaminar que corresponde a un dispositivo de localización remota GPS y que es un aparato diferente al teléfono que funciona dentro del carro, cumple también funciones invasivas de la intimidad de las cuales el usuario protegido no había sido informado.

El día 27 de octubre pasado a las 10 am, cuando una funcionaria de la CCEEU llegó a la sede, observó que una mujer de cabello castaño y gafas oscuras tomaba fotos al edificio, dirigiendo intencionalmente la cámara hacia el piso tercero donde se ubica la oficina.  A la 1 de la tarde de ese mismo día, un funcionario de una institución vecina observó también a un hombre de contextura gruesa y baja estatura que, igualmente estaba tomando fotografías desde la acera a la sede de la CCEEU. Para ese día se tenia programado la realización de una reunión de las organizaciones de la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales que tenia como objetivo preparar la reunión que se desarrollaría ese mismo día a las 5.00 pm con el Fiscal de la Corte Penal Internacional.

El 28 de octubre, 5 técnicos enviados por el CTI realizaron una inspección al vehículo constando que el dispositivo encontrado en el lugar del copiloto podría corresponder a un localizador GPS, y que además había un dispositivo telefónico que contenía una sim card que se comunica con dependencias de la concesionaria. Sin embargo, no se pudo confirmar si el dispositivo que permanece oculto y con el que se ha monitoreado las comunicaciones al interior del vehículo, es el mismo teléfono que la concesionaria confirmó en llamada a los técnicos que tiene habilitado dentro del vehículo, puesto que los técnicos no tenían la autorización para proceder a identificar la ubicación del dispositivo secreto. En todo caso, esta situación nunca fue informada y menos autorizada por el beneficiario del esquema de protección.

Todas estas actividades de espionaje, control e intimidación evidencian que las actividades de persecución y acoso contra el defensor Alberto Yepes, y que llevaron a que en el 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgara medidas cautelares, no han cesado ni se han investigado, a pesar que la JEP también profirió medidas cautelares en favor del beneficiario y de otros 14 abogados/as y defensores de derechos humanos que participan en los casos que implican a mandos militares en el Caso 003 por ejecuciones extrajudiciales, para poner fin a las presuntas actividades ilegales de inteligencia, consistentes en actos de perforación, vigilancia, seguimientos, hostigamientos y revisión de información pública en redes sociales.

Ante los hechos denunciados, que evidencian un patrón persistente de conductas de espionaje, acoso e intimidación a la labor de la CCEEU y de Alberto Yepes, en su calidad de coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, solicitamos al presidente de la República, y a las autoridades y organismos de seguridad e inteligencia poner fin a las actividades clandestinas e ilegales denunciadas y solicitadas reiteradamente por la CIDH y por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Pedimos a la fiscalía general de la Nación investigaciones prontas y eficaces de los responsables de ordenar y llevar a cabo estas prácticas ilegales. Pedimos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos acompañar la rendición de cuentas por los resultados de estas investigaciones y exigir al Estado colombiano información sobre el avance y efectividad de la mismas, sanciones a los responsables y medidas para poner fin a estas prácticas de persecución y espionaje, así como medidas concretas para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos que realiza la CCEEU, su Observatorio de Derechos Humanos y garantías para la labor de su Coordinador.

 

 Mesa Ejecutiva

COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS

Teléfono:  310 2688027

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Excombatientes de las FARC participan hoy en una movilización conmemorativa por los cinco años de la firma del acuerdo de paz, en Medellín (Colombia). — Luis Eduardo Noriega / EFE

El Escuadrón Móvil Antidisturbios tiene a sus espaldas cientos de heridos oculares con traumas "irreversibles" y la ciudadanía colombiana opina que no se pueden "acostumbrar a que el Estado violente de manera indiscriminada".

Colombia y su gente siguen al pie del cañón en la lucha contra el Gobierno de Iván Duque. Las movilizaciones y protestas continúan, así como la represión por parte del Ejecutivo y la especial reacción por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que ha dejado a cientos de personas heridas con traumas oculares. 

Amnistía Internacional, que ha denunciado esta represión por parte del Gobierno, ha documentado, por el momento, 12 de casos de violencia policial que han tenido como resultado "traumas oculares irreversibles". Algunos de estos tuvieron lugar en las marchas de años anteriores, pero durante 2021 ya se han dado ocho casos. 

La organización, que ha analizado más de 300 piezas audiovisuales (que van desde el 28 de abril al 20 de octubre), ha concluido que los agentes del ESMAD "violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes".

Además, en su informe, Amnistía Internacional detalla que las víctimas de trauma ocular se encuentran con "múltiples barreras" con las que lidiar para recibir "atención especializada en salud y atención psicosocial". Asimismo, muchas de ellas han visto dificultado su acceso a un "trabajo digno" o a una educación en igualdad de condiciones. 

No se trata de "hechos fortuitos"

Las víctimas, en este sentido, narran que sus heridas no son "hechos fortuitos", sino que más bien al contrario y, desde el observatorio de violencia policial de Temblores, Grita, su coordinador ha lanzado el siguiente mensaje: "La violencia policial no puede seguir siendo parte de nuestra cotidianidad". Y opina que no se pueden "acostumbrar a que el Estado violente de manera indiscriminada a la ciudadanía, ni mucho menos que lesione a quienes ejercen su derecho a la protesta". 

El informe, además, aporta casos específicos de algunas de las personas que han sufrido este tipo de represión estatal, como Leidy, que perdió el ojo en uno de estos ataques; o testimonios del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), desde donde ayudan a personas como Leidy. 

"Estamos convencidos de la necesidad de seguir visibilizando las formas como la fuerza pública no solo no garantiza los derechos de los ciudadanos, sino que los vulnera deliberadamente", explica la directora de PAIIS, Juliana Bustamante, que ha concluido que "las lesiones oculares se presentan como un castigo a las víctimas por ejercer su legítimo derecho a la protesta, que queda impreso en sus caras y en sus vidas". 

26/11/2021 16:12


Rusia today

Un miembro de las fuerzas de seguridad apunta su arma durante una protesta antigubernamental en Bogotá. 30 de abril de 2021Foto: Luisa González / Reuters

"Tiros a la vista": el informe que documenta las agresiones oculares en Colombia durante el paro nacional contra Iván Duque

Publicado: 26 nov 2021 19:13 GMT

Organizaciones exigen al Gobierno que cumpla las recomendaciones de la CIDH.

El pasado 28 de abril, Leidy Cadena, una estudiante de Ciencia Política, se manifestaba junto con su novio y amigos en el centro de Bogotá, durante la primera jornada del Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque que se extendió por semanas, cuando se dio cuenta de que varios agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se les acercaban.

"Simplemente grité 'ya vámonos' y acto seguido siento mi rostro súper caliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy muy angustiada", recuerda Leidy. El rostro le sangraba, gritaba de dolor, pero los agentes jamás la ayudaron.

La joven perdió un ojo en el ataque. Es una de las más de 100 víctimas de las represiones en las que las fuerzas de Seguridad atacaron directamente a los ojos de los manifestantes, una modalidad que ya se había intensificado en Chile durante las protestas de 2019.

Así lo relata el informe "Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del Paro Nacional", que este viernes presentaron la organización Temblores y Amnistía Internacional, junto a la Universidad de los Andes, y que denuncia la violencia institucional de las fuerzas represivas de Colombia contra la protesta social.

Leidy considera que fue un acto de violencia basada en género, porque sus demás compañeros salieron ilesos. Desde entonces ha tenido que relatar lo ocurrido en al menos 10 entrevistas, lo que la ha revictimizado. A ello se suman las redes sociales y un ataque con pólvora en la puerta de su casa. Las amenazas la obligaron a dejar el país junto con su madre y su pareja.

"Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz", advierte la estudiante en un informe que detalla 12 casos de violencia policial que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles. Cuatro de ellos ocurrieron en años anteriores y ocho el marco del Paro Nacional de 2021, en las ciudades de Bogotá, Popayán, Florencia, Medellín y Manizales.

"El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del ESMAD desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales", señala.

Reclamos

El reporte advierte que estas historias solamente son una muestra de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de manifestaciones sociales.

"Este patrón no es novedoso y hace parte de una historia de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas sociales de más de 20 años en Colombia", explica un documento que también recuerda que, debido a la gravedad de las denuncias durante el Paro Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo en junio de 2021.

"En su informe, la CIDH destacó que recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza con armas potencialmente letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom", precisa.

La información disponible revela que las agresiones directas a los ojos han aumentado. El Sistema de Información de Agresiones Oculares a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad, registró 12 lesiones oculares en el marco de protestas entre el 10 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, lo que implica un ataque cada 3,6 días.

En comparación con estos datos, la plataforma GRITA de Temblores registró que del 28 de abril al 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares, es decir, una cada 0,81 días. Con respecto al perfil de las víctimas, 90 son varones, en su mayoría estudiantes de entre 18 y 22 años.

De las 103 personas agredidas este año, 14 perdieron el ojo y 14 la vista total; nueve sufrieron pérdida parcial y seis más heridas oculares sin pérdida de vista, en tanto que 60 quedaron sin un trauma identificado.  

"Ligada a las afectaciones físicas y mentales, las víctimas dan cuenta de las múltiples barreras que enfrentan para el goce efectivo de sus derechos a la salud, a la movilidad, a la educación y al trabajo, entre otros", señala el informe que, además, recomienda a las autoridades nacionales cumplir sin demora las recomendaciones formuladas por la CIDH para asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público esté sometido a un protocolo estricto y público para prevenir afectaciones a la integridad y a la salud de manifestantes.

"Asimismo, se insta a las autoridades a cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa", añade al sumarse al llamado de organizaciones sociales nacionales e internacionales para reformar a la Policía Nacional y, en particular, al ESMAD.

Alejandro Rodríguez Pabón, coordinador de la plataforma GRITA en la ONG Temblores, aseguró en una entrevista a RT que Iván Duque solo respondió con silencio a su solicitud de dialogar sobre la violencia policial en el país.


Sputnik mundo

El dilema de sobrevivir a las protestas en Colombia… a cambio de la vista

Por Paula Carrillo

BOGOTÁ (Sputnik) — Gareth Sella, Faber Carvajal y Daniel Jaimes son tres jóvenes colombianos que comparten la suerte de haber sobrevivido al abuso policial en las protestas este año, aunque con un alto precio: la vista.

Sella, cineasta de 25 años, fue el primero de ellos. Cuando le arrebataron la vista del ojo izquierdo, no había empezado el llamado Paro Nacional, como se conocen las más fuertes protestas que haya enfrentado el Gobierno de Iván Duque, y que tuvieron lugar del 28 de abril hasta mediados de año.

No eran tan frecuentes entonces los disparos a la cara. Después, durante las manifestaciones, la práctica se volvería común: al menos un centenar de personas dejó de ver con algún ojo, según el informe "Tiros a la vista", de las ONG Temblores y Amnistía Internacional; y la Universidad de Los Andes.

"Salí con la Primera Línea 'Escudos Azules'. El día anterior, la policía había sacado una alerta tachándonos como un grupo radical y violento. Entonces, me dispararon al ojo", afirma este joven en entrevista con la Agencia Sputnik.

"Ya nos íbamos. Yo estaba viendo de frente a los antidisturbios porque si no, disparan a la cabeza por detrás, como le pasó a Dylan Cruz", asegura, al recordar al joven de 18 años que murió, también en el centro de la capital colombiana, por un objeto contundente lanzado por un uniformado hace dos años.

Sella tenía los elementos que usa la llamada Primera Línea, como se autodenominan manifestantes que, con escudos de lata, cascos de construcción, gafas de plástico y guantes, se ubican al frente de los uniformados.

Según ellos, para proteger la protesta de los abusos. Según las autoridades, para vandalizarla.

Sin embargo, se quitó las gafas porque se le empañaban y "llegó una ráfaga de 'marcadoras'", como llama a las balas de goma.

"En dos minutos, todo se fue al carajo", confiesa.

De pelo largo, acompañado por uno de sus tres perros y con gafas de sol, asiste, con otros compañeros de tragedia, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, para acompañar la presentación del informe mencionado anteriormente.

Un acordeón

Tres meses después de Sella, y de otros casos más de lesiones oculares, le llegó el turno a Jaimes, en el sur de Bogotá.

Era 1 de mayo, y él ya estaba en el "tropel", como se conoce en Colombia al enfrentamiento entre manifestantes (que usualmente lanzan piedras y en ocasiones, bombas molotov), y policía (con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y demás).

"Al frente mío estaba ubicado un agente del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Me disparó directamente al rostro, y me causó múltiples fracturas", cuenta este joven de 20 años, que incorporó a su vestuario un parche negro para cubrir la lesión.

Una cicatriz le atraviesa la cara. Sigue hablando pausadamente.

"Me disparó en la zona derecha de la nariz. Me causó pérdida de pómulos, de dientes. Parecía un acordeón", revela este aprendiz de tatuador, que perdió la confianza en la policía.

Amenazado

Dos meses después, otro joven de 20 años se despedía de su ojo izquierdo al otro lado del país. Concretamente, en Popayán (suroeste), epicentro de violentas manifestaciones, junto con Cali y Bogotá.

"Yo estaba grabando, documentando todo lo que estaba sucediendo en Popayán (para publicarlo en redes sociales). Ya agentes del Esmad me habían dicho que me iban a sacar los ojos, que me iban a matar", relató Faber Carvajal, quien también incorporó un parche de color piel a su atuendo.

"Ese día, 7 de julio, yo estaba en la mitad de la confrontación, al lado de la tanqueta (del Esmad). Me asomo por un lado y no veo a nadie. Voy por el otro y hasta ahí me acuerdo", reconoce.

Aunque en el resto del país ya disminuía el estallido social, esta ciudad, capital del departamento del Cauca (suroeste), se encendía aún más: la joven Alison Meléndez se había suicidado luego de denunciar una violación múltiple por parte de agentes.

"Los ahorros que tenía para la universidad me los tuve que gastar todos" en tratamientos, continúa Carvajal.

Su autoconfianza se fue también con el ojo izquierdo.

"Yo no salía de mi casa ni de mi habitación. Antes era una persona que me expresaba muy bien, pero ahora me da miedo hablar. No puedo sostener la mirada. Es complejo", agrega.

La lesión ocular era, sin embargo, una primera advertencia. Luego siguieron las amenazas de muerte, por lo que tuvo que dejar su ciudad natal para salvar, por lo menos, su vida.

De acuerdo con el reporte de Derechos Humanos, la mayoría de casos se ha presentado en Bogotá (54,37%), seguido por el departamento de Valle del Cauca (11,65%) y Cauca (7,77%),

El perfil de las víctimas es, en su mayoría, hombres de entre 18 y 22 años, usualmente estudiantes y de bajos recursos.

Según Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, la diferencia entre el número de lesiones oculares en el marco de protestas ocurridas en Colombia respecto a Chile (donde también fueron frecuentes), es que allí hubo "más personas con lesiones oculares, pero menos asesinados".

En Colombia, por el contrario, estas organizaciones documentaron 103 personas que perdieron la vista, pero más de 40 homicidios en las manifestaciones, presuntamente a manos de la fuerza pública.

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Hoja de coca sembrada en el municipio de Tibú, vereda Km 25 (Colombia). — Oriol Daviu

Las consecuencias de estos incumplimientos se ven traducidas en asesinatos y amenazas a defensores de los derechos humanos, en la proliferación de actores armados en los territorios abandonados por la exguerrilla y en un aumento de los cultivos de hoja de coca.

En el Catatumbo, las dinámicas de violencia responden a la presencia de actores armados, al ser fronterizo con Venezuela, conforma un corredor de la droga. Se trata de una región rica en recursos naturales (carbón, petróleo, coltán, esmeraldas, agua...), donde también destaca el monocultivo de palma africana y alberga el oleoducto Caño Limón-Coveñas.

En total, fueron 99.097 familias productoras de coca, de las más de 200.000, las que se inscribieron al PNIS en todo el país. "Muchas no llegaron a tiempo porque el registro cerró antes de que se pudieran apuntar", destaca Quintero. El incumplimiento a estas familias y la proliferación de los grupos armados vinculados al narcotráfico ha conllevado durante estos años un aumento de la coca en todo el país.

Según UNODC, la producción potencial de coca ha  aumentado en un 8% en 2020 en zonas donde múltiples actores compiten porcontrolar los territorios donde se cultiva la hoja de coca y se procesa la pasta básica. Así lo recalca también un informe de International Crisis Group , que menciona a otra de las guerrillas presentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que "se ha expandido considerablemente", así como a las organizaciones herederas del paramilitarismo y disidencias de las FARC-EP.

En el Catatumbo están estos grupos y también tiene presencia un reducto de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizada en 1991. El informe de la UNODC destaca la influencia de cárteles mexicanos, como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con incidencia directa sobre la siembra y la salida de la pasta básica hacia los mercados internacionales.

Asimismo advierte de que las comunidades no están seguras de cuáles son los grupos armados presentes. "Antes del Acuerdo sabíamos quiénes eran nuestros enemigos. Nos cuidábamos del Ejército, de los paramilitares que entraban asesinando, quemándonos nuestros caseríos y desplazando al campesinado. Hoy en día nos toca saber bien qué decimos, con quién discutimos y a quién le exigimos los respetos y los acuerdos comunitarios", explica Irene Ramírez, presidenta de la Asociación del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización que se encuentra en otra de las regiones afectadas por los cultivos de uso ilícito, el Magdalena Medio, al nororiente del país.

Desde la firma del acuerdo, han sido asesinadas más de 1.200 lideresas y líderes sociales y cerca de 300 exguerrilleros han sido asesinados, todos ellos  trabajaban en pro de los acuerdos de paz, muchos en lo relativo a la sustitución de cultivos. "Convencimos al campesinado para arrancar las matas y ahora el Gobierno no cumple, ¿cómo no vamos a recibir amenazas?", explica Dairo Alberto Vallejo, exguerrillero y coordinador del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio en el Catatumbo, uno de las 24 zonas habilitadas para la reincorporación de las y los exguerrilleros.

"El Gobierno trata de resolver el problema del narcotráfico desde un enfoque de guerra y estigmatización del campesinado. Hasta Barak Obama dijo que no servía la guerra contra el narcotráfico. Y el Acuerdo de Paz habla sobre políticas de reconstrucción económica de los territorios, de soluciones para las familias y de políticas concertadas de sustitución", expresa Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La erradicación forzada y la persecución al campesinado

"Estamos luchando para que se cumpla el cuarto punto de los Acuerdos de la Habana. El campesinado tiene la voluntad de sustituir los cultivos de coca, pero con garantías, porque no es arrancar por arrancar y dejar a la gente aguantando hambre", afirma María Carvajal, lideresa de Ascamcat.

"Cuando conocimos los Acuerdos nos ilusionamos", reconoce Carvajal. "Pensamos que iba a ser un éxito, que de verdad el Gobierno quería sustituir la coca. Soñamos con las cooperativas y la comercialización de los productos. Por eso le explicamos a la comunidad que se acogiera a la sustitución voluntaria, que vivir de la coca nos traía problemas. Y si la gente hoy en día ha vuelto a sembrar coca es porque el Gobierno la ha obligado. Porque, ¿qué más hace? Si se siembra yuca, no da para vivir. Si se siembra cacao, no hay carreteras para sacar la producción".

Carvajal ha liderado, entre otros procesos, la sustitución voluntaria y ahora ve, no solo como el Gobierno no cumple, sino como desde 2019, y especialmente durante la pandemia de la covid-19, envía al Ejército para llevar a cabo operativos de erradicación forzada que crean enfrentamientos con la comunidad. En uno de estos enfrentamientos fue asesinado Alejandro Carvajal, su sobrino.

"A Alejando Carvajal le disparó un soldado cuando estabahablando por teléfono y también asesinaron a Emérito Buendía alegando que tenía un palo. Un palo contra un fusil", resalta Quintero, quien denunció durante su intervención como invitada de las XIX Jornadas de la Mesa Catalana por Colombia en Barcelona, que desde el 26 de octubre el Ejército ha llegado a varias veredas del municipio de Tibú para erradicar de manera forzada. "Cuando entran los operativos militares la comunidad, obviamente, reacciona exigiendo el cumplimiento del Acuerdo si quieren arrancar las plantas de coca, organizándose en asentamientos humanitarios para no dejar pasar a los soldados".

 Quintero cuenta cómo en uno de estos operativos la comunidad llamó a Ascamcat para que mediara en materia de derechos humanos con el Ejército, pero cuando Elizabeth Pabón, presidenta de Ascamcat y Jhunior Maldonado, líder de la organización, llegan al lugar el general al mando les acusa de secuestrar a 180 militares. "Ni siquiera las FARC-EP, cuando estaban alzadas en armas, logró retener a tantos militares con sus fusiles. Esta es una estrategia para desprestigiar a la organización y hacernos pagar por la firme defensa del Acuerdo de Paz", dice Quintero.

Además de las erradicaciones y las persecuciones, este año el Gobierno de Duque pretende reactivar la aspersión con glifosato, pese a la oposición de la ONU y que este herbicida fue prohibido en 2015. Como concluye Carvajal: "También nos asusta la fumigación con glifosato porque ya hemos vivido esa experiencia y eso envenena la tierra; no solamente la coca, sino todos los cultivos, las aguas, los animales, la fauna y los seres humanos".

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24 noviembre 2021 6 de noviembre de 2021, Iraq, Bagdad: un hombre sostiene un cartel del primer ministro iraquí Mustafa Al-Kadhimi, en el que se lee "Se busca criminal" durante un acto de duelo frente a una de las puertas de la Zona Verde de Bagdad.- Ameer Al Mohammedaw / DPA

Una cosa es colocar bombas en los mercados, bodas y funerales, matando a los de siempre, y otra bien distinta es un atentado contra el primer ministro: el 7 de noviembre tres drones aparecieron en el cielo de la protegidísima Zona Verde, que alberga ministerios y embajadas (incluida la de EEUU, de 40 hectáreas, la más grande del mundo), para atacar el domicilio del presidente Mustafa al-Kazemi. Dos de los objetos voladores fueron explotados por la defensa estadounidense antes de caer y el tercero impactó en el edificio.

Dos días antes, la policía había disparado a miles de manifestantes hartos de la kakistocracia, de una corrupción institucional, de cortes en la electricidad y el agua, del desempleo de la mitad de los jóvenes y, en general, de un régimen dictatorial, incompetente y sectario. Entre los indignados estaban cientos de votantes de la "Alianza Fatah" y la "Brigada Hezbolá", ambos chiitas pro ayatolá Ali Jamenei (mal llamados proiraníes, ya que el Gran ayatolá Sistaní de Irak también es de origen iraní), que protestaban contra el fraude en las elecciones parlamentarias, celebradas el 10 de octubre, con ocho meses de anticipación, que paradójicamente iba a sacar al país de la profunda crisis política en la que está atrapado. Los dirigentes iraquíes, además de dar prioridad a sus propios intereses personales, partidistas, étnicos y religiosos, están al servicio de los estados extranjeros -EEUU e Irán (que cohabitan en el poder político), Arabia Saudí, Turquía, Israel, Francia (¿qué hacía Emmanuel Macron en la cumbre "regional" celebrada en Bagdad este 28 de agosto?), entre otros- y les queda nulo tiempo para atender a la población.

El partido derechista, pan-arabista y de fe chiita de Sayyrun, del clérigo Moqatada al Sadar, ganó las elecciones obteniendo 73 de los 329 escaños, y los grupos chiitas patrocinados por Irán sufrieron un duro golpe: Fatah cayó de 48 escaños a 17, por lo que acusaron al gobierno también chiita de Kazemi (¡éste, fiel a EEUU!) de manipular los resultados electorales, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU lo daba por buenos. Según el sistema electoral iraquí, la formación que obtenga más escaños formará el gobierno, o sea el clérigo Al-Sadr será primer ministro.

En este contexto, aparecen varias teorías sobre la autoría del atentado por parte de los seguidores de Jameneí:

- Ha sido Israel: pretende empujar al gobierno de Kazemi a perseguir las milicias armadas de al-Hashd al-Shabi (Fuerzas de Movilización Popular) patrocinadas por Irán, y provocar la interrupción en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el acuerdo nuclear.

- Ha ido un plan diseñado por EEUU: busca pretextos para destruir  estas milicias antes de que se hagan fuertes, como el Hizbulá libanés, o quizás ha vuelto a hacer del "bombero pirómano" para justificar la permanencia de las tropas. Aunque eso sí que parece  ingenuo: EEUU no ha sacado a sus hombres armados de Japón y Alemania a pesar de que han pasado 75 años desde su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Washington cuenta con 12 bases militares y decenas de miles de mercenarios (hoy "contratistas" de compañías como Academi, G4s, Triple Canopy, DynCorp, entre otras); ¡no se irán de Irak, el corazón de Oriente Próximo!

Y argumentan que: 1) es sospechoso que los drones hayan podido entrar en la Zona Verde; 2) en el momento del ataque, Kazemi no estuviera en el palacio; 3) si sus milicias hubieran querido matar al mandatario -afirman-, lo hubieran hecho "de una manera más simple y barata", y 4) puede tratarse de un "autoatentado" de Kazemi para desviar a la opinión pública de las masivas protestas contra el fraude electoral, y también recibir, en sus momentos más bajos, la solidaridad y el apoyo de los líderes de otros países, condenando a sus adversarios.

Mientras, el gobierno lo considera una "incitación a la insurgencia" y un intento por desestabilizar el país. Al-Sadr, que como primer ministro también es el comandante jefe de las fuerzas armadas, ya ha pedido la disolución de estas milicias, algo que no podrá hacer sin el riesgo de provocar un enfrentamiento con Irán. EEUU, por su parte, lo ha calificado como un "acto terrorista" y se ha abstenido de acusar a Teherán.

La situación es comparable con el Líbano del 2005, cuando asesinaron al primer ministro Rafiq Hariri, que causó el fin de la poca estabilidad que presentaba aquel pequeño país.

La guerra del 2003 de EEUU, que tuvo lugar a base de "7 mentiras al servicio de 10 objetivos", fue una guerra de Israel (que ahora tiene bajo su lupa a Irán), promovida por el lobby sionista de EEUU y los Neoconservadores judíos de la administración Bush. EEUU invadió Irak "para garantizar la seguridad de Israel" y "todos" lo saben, dijo el senador Ernest Hollings. Claro: el subsecretario de Defensa, Richard Perle; el presidente de la Junta de Política de Defensa, Douglas Feith, y el asistente especial del Subsecretario de Estado de Control de Armas, David Wurmser, eran algunos de los judíos NeoCon que organizaron la destrucción de Irak. Hoy, también es Israel quien presiona a EEUU para atacar a Irán, por sus inexistentes armas nucleares y porque el suelo iraquí es uno de los escenario de esta guerra.

Fin del sistema político del 2003

Nunca ha habido tantas divisiones en el seno de la política iraquí. La estructura establecida por EEUU, en el que el presidente debe ser sunnita-kurdo y el primer ministro chiita-árabe (copiada de la formula "religiosa" del colonialismo francés para el Líbano), nunca funcionó, pero ahora por un nuevo motivo:

En octubre de 2019, los seguidores del Gran Ayatolá Sisitani (adversario de los ayatolás Jomeini y Jamenei, a los que acusa de traicionar el fundamento del chiismo por no participar en el poder político) forzaron la dimisión del gobierno de Adel Abdel Mahdi, próximo Teherán, después de la muerte de 550 manifestantes. Hoy también están dispuestos a enfrentarse a los iraquíes pro-Jameneistas, que afirman no reconocer los resultados de las elecciones, y debido a que el gobierno no está dispuesto a convocar nuevos comicios, el choque que se espera es brutal.

Hasta hoy, el conflicto interno se presentaba (falsamente) como árabe-kurdo y chiita-sunnita, y no entre una minoría que está saqueando los recursos del país y millones de trabajadores que comen solo una vez al día. Ahora las divisiones pasan por las entrañas de cada integrante que, para más inri, está armado:

El conflicto entre el gobierno de la Región Autónoma Kurda y su propia población -que le acusa de dictatorial, corrupción, clientelismo e ineficacia- ha provocado la migración de decenas de miles de los kurdos. De hecho, la mayoría de los 7000 migrantes atrapados entre Polonia y Bielorrusia eran kurdos iraquíes, que habían vendido todos sus bienes para viajar a Alemania, y que ahora son deportados con una peligrosa decepción, orgullo herido y los bolsillos totalmente vacíos.

También los sunnitas están fragmentados entre la versión de la Hermandad Musulmana, el wahabismo o las cofradías sufíes. En medio de tanto despropósito se encuentran millones de iraquíes laicos que luchan para que su país sea soberano y progresista.

EEUU ha unido el destino de Irán e Irak

En 1978, en plena Guerra Fría y la revolución iraní, EEUU llegó a la conclusión de que ningún dictador títere como el Sha es capaz de garantizar los intereses de la superpotencia en un país estratégico, por lo que éstos deberían ser divididos en mini-Estados o simplemente convertidos en "fallidos". Por lo que decidió contener el desarrollo de las dos potencias regionales Irak e Irán, en lo político, económico, social y militar, a beneficio de Israel, el único estado "leal" a Washington. Para ello, movió varias fichas:

  1. Sustituir a la monarquía capitalista y dictatorial de Pahlavi por la teocracia capitalista totalitaria de Jomeini. Alcanzó un acuerdo con él tras las negociaciones del Guadalupe, debido a una virtud compartida: el anticomunismo, la misma que con el español Francisco Franco. No debe sorprender que forme parte de las verdades incómodas que, el objetivo del ataque del islam político y organizaciones como ISIS o Al Qaeda sean los propios países musulmanes y su gente, que no Israel y sus intereses.
  2. Organizar tres golpes de Estado en los países vecinos de Irán, con el fin de contener su "efecto mariposa":
  3. a) Pakistán, septiembre de 1978. El general islamista Zia-ul-Haq, uno de los padrinos del "yihadismo afgano" y también el asesino del presidente Zulfiqar Ali Bhutto.
  4. b) Irak, julio de 1979. Sadam Husein derriba el gobierno "amigo de la URSS" de Ahmed Hassan al-Bakr y de paso paraliza el proceso de la unificación de Irak y Siria, para acercarse a Egipto y Jordania.
  5. c) Turquía, septiembre de 1980. El general Kenan Evren establece la dictadura más férrea de la historia del país.
  6. Provocar la guerra entre Irak e Irán (1980-1988) para que se aniquilen mutuamente, con armas llegadas de todo el mundo. Israel venderá a Jomeini, desde el Realpolitik, neumáticos para los aviones de combate F-4 Phantom y sistemas de misiles, a cambio de que el ayatolá autorizase la inmigración de cerca de ochenta mil judíos iraníes (los Parsim) a Israel y EEUU, entre otras transacciones. Al convertirse aquella larga carnicería en una tentación de mercado de armas, el presidente Reagan lanzó la Operación Staunch "Firmeza" en 1983, amonestando a Tel Aviv por vender armas estadounidenses a Teherán. Mientras, el mismo año, Sadam invitó a Jomeini a visitar Irak y firmar la paz, pero será el ayatolá quien verá en el mar de sangre que corría sobre ambas tierras "una bendición Divina" para establecer un califato mohametano en el Irán del siglo XX y la conquista de Jerusalén cruzando Irak. Tres años después del fin de aquella guerra en 1988, EEUU liderará la devastación total del exhausto y martirizado Irak en la "Guerra del Golfo Pérsico", para rematarlo en 2003. Desde entonces ha convertido a Irak en la principal estación del Pentágono y de la CIA en Oriente Próximo (con 12 bases militares: Abu Ghraib, Falujah, Grizzly, Jadhimiya, Nineve, etc.), vigilando Turquía, Irán y Arabia Saudí, dominando el Golfo Pérsico, al que la prensa pro-estadounidense ha eliminado este milenario nombre, llamándole el "Golfo", caso único en el mundo.

Irak está listo para una guerra "civil"

Así, el principal conflicto de la zona, que fue el árabe-israelí, se convirtió primero en palestino-israelí y después sunnita-chiita.

En 2003, EEUU instaló un régimen chiita en Irak y creó un ejército basado en unidades étnico-religiosas. En 2005, encargó a un tal John Negroponte, el rey de los criminales de guerra (de Vietnam, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc.) y uno de los principales instigadores de la ocupación de Irak, como embajador en Bagdad, para que formase a los Escuadrones de la Muerte chiita y sunnita (utilizando sus experiencias en América Latina) en hacer desaparecer a los activista de la resistencia e iraquizar la guerra. Luego, Obama enviará a Robert Ford a Bagdad para que continuase con la misión de demoler el Estado iraquí y dejarque Al Qaeda e Isis controlasen Irak. Un vez cumplida, en 2011 Ford se encargará de la Embajada de EEUU en el siguiente país árabe a destruir: Siria. Nada más pisar el suelo de este país empiezan a estallar los coches bomba. No por casualidad, dos años después, Ford será responsable de la sede diplomática de EEUU en El Cairo: respaldará a la Hermandad Musulmana, con el fin de abortar la Primavera Árabe egipcia, establecer otro califato islámico (como en Irán) y así recomponer un nuevo Oriente Próximo a la medida de los intereses de Washington, este enemigo del secularismo y el progreso social.

Ahora, todos los actores implicados están armados y representan intereses irreconciliables de los Estados que les patrocinan: empieza el proceso de la desintegración no sólo política, sino territorial de Irak, aunque algunos proponen que para evitarlo habría que colocar en el poder a un "hombre fuerte" a la imagen del general egipcio Abdel Fattah: entonces, ¿por qué EEUU mató a Saddam Husein, que para muchos iraquíes ha pasado de ser un déspota a un mártir, y ante tales villanos en Bagdad, a un héroe? La economía de EEUU necesita sangre en sus venas y la industria armamentística está impaciente por proporcionársela tras cuatro años de sequía impuestos por Donald Trump.

No hay dolorómetro capaz de medir el sufrimiento de los iraquíes, que no parece tener fin.

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Lunes, 22 Noviembre 2021 06:15

Noticiero en blues

El reverendo Jesse Jackson (al centro), marchó el fin de semana con cientos de personas en Federal Plaza, Chicago, en protesta por la absolución de Kyle Rittenhouse, de 18 años, en Kenosha, Wisconsin. El liberado mató a dos personas e hirió a otra durante una manifestación contra la brutalidad policial el año pasado.Foto Ap

El blues no sólo lamenta qué tan mal está la cosa, sino que a la vez es un grito rebelde, un carcajeo ante lo peor, rehusando, con ritmo y furia, que eso logre derrotarnos.

Reportar la última semana es como el inicio de una canción de blues:. “le dicen el lunes tormentoso, pero el martes está igual de mal, y, Dios, el miércoles es aún peor…”

Aquí sólo algunos acontecimientos, entre tantos:

Un joven blanco fue absuelto por un jurado de asesinar a dos manifestantesantirracistas blancos y herir a un tercero con un rifle de alto poder AR-15 adquirido de manera ilegal, aceptando así que fue un acto de "autodefensa". El veredicto fue festejado por ultraconservadores –entre ellos fanáticos cristianos y neonazis– en todo el país y varios legisladores derechistas le ofrecieron chamba al acusado, mientras para otros envió un mensaje escalofriante, como comentó un observador: "esto abre la temporada de cacería contra manifestantes progresistas".

Más de 100 mil estadunidenses murieron de sobredosis de drogas entre abril de 2020 y y abril de 2021, cifra anual sin precedente.

Republicanos en varios estados están forjando un sistema de manipular elecciones para asegurar mantener su poder, suprimir el voto opositor y hasta anular elecciones con resultados no aceptables (para ellos).

En el aeropuerto de Atlanta cundió el pánico después de la descarga accidental de una pistola; en el estado de Georgia hay una ley conocida como "armas en todas partes" que permiten portar armas cargadas en cualquier lugar, incluyendo aeropuertos.

Más estadunidenses dicen que no desean tener hijos, contribuyendo al desplome de la tasa de natalidad que acompañó a la pandemia, y entre los nuevos factores está el temor ante el cambio climático y sus consecuencias para el futuro inmediato; o sea, para los niños.

Bueno, y los ricos también tienen quejas: aparentemente hay una escasez de yates, mansiones, relojes y aviones privados de lujo entre el sector conocido como individuos de “valor neto ultraelevado (con más de 50 millones de dólares), segmento que fue el más beneficiado durante la pandemia.

Pero durante esos mismos días también hubo noticias que marcan triunfos de justicia, dignidad y resistencia; la otra parte del blues.

La cámara baja aprobó la mayor inversión en programas de bienestar social y apoyo a los más necesitados en más de medio siglo, después de promulgarse la mayor inversión en infraestructura en décadas; todo marcando intentos por sepultar el neoliberalismo (aunque su destino final ahora está en manos del Senado).

Y gracias a años de organización y lucha de migrantes y sus defensores dentro de ese paquete legislativo, la cámara baja adoptó la mayor iniciativa de reforma migratoria en 35 años (https://www.jornada.com.mx/2021/11/ 20/mundo/023n2mun]).

Y gracias también a la lucha incesante de ambientalistas, indígenas y jóvenes, en esa misma iniciativa se incluye la mayor inversión pública en frenar el cambio climático en la historia del país.

La ola de acciones laborales que llegó a su máximo nivel en octubre con más de 22 mil trabajadores estallando en huelga, continúa con miles de trabajadores de Kellogg, más de 3 mil estudiantes que laboran como trabajadores académicos en la Universidad de Columbia, a trabajadores siderúrgicos y mineros en varios puntos del país en huelga y otros incluyendo periodistas agremiados en una sección del New York Times autorizando huelgas, mientras otros han concluido en triunfos como el de los más de 10 mil trabajadores de John Deere, y los 30 mil trabajadores de salud en California (mapa de huelgas actuales: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hE1nDR-Ff_sVgOS67IteJSxGZlvqIP3k&ll= 34.35833140861114%2C-102.63857702467465&z=4).

Fue aniversario, el 19 de noviembre de 2015, de la ejecución del organizador anarco-sindicalista Joe Hill por autoridades estadunidenses, quien pidió a sus camaradas: "no pierdan el tiempo en luto, organicen".

T-Bone Walker. Stormy Monday. https://www.youtube.com/watch?v=VAPDJheC0Jk

Tom Morello/Grandson. Hold the line. https://www.youtube.com/watch?v=61gHyyGZyXU

Paul Robeson canta a mineros ingleses https://twitter.com/i/status/1115582378980839426

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Policías sacan un cadáver por el techo de la Penitenciaría del Litoral, Ecuador, 13 de noviembre de 2021 AP

"Esto se ha transformado en algo llamado 'necropolítica', esta capacidad para administrar a través del poder quién vive o quién muere, y al final quienes mueren son las personas más empobrecidas", denuncian defensores de derechos humanos.

El pasado viernes, cerca de las 18:30 horas —según un parte policial— se registró un nuevo motín en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o 'La Peni', en la provincia de Guayas, en la región Costa de Ecuador.

Esta nueva masacre dejó un saldo de 62 reos muertos y más de 40 heridos. En principio, la Fiscalía General del Estado había informado sobre 68 asesinados, pero luego aclaró que la cifra informada previamente se debió "al estado de las piezas anatómicas halladas en la Penitenciaría", puesto que muchos privados de libertad fueron mutilados e incinerados.

Por el número de víctimas fatales, esta última masacre se convierte en el tercer motín carcelario más sangriento del año en Ecuador. En primer lugar está el ocurrido el 28 de septiembre, también en 'La Peni', con un saldo de 119 asesinados. Antes, el 23 de febrero murieron 79 reos en enfrentamientos simultáneos en varias cárceles ecuatorianas; siendo este el segundo motín con más asesinatos.

Estos tres motines no han sido los únicos. El 21 de julio, hubo amotinamientos en dos centros de privación de libertad, con un saldo de 27 reclusos muertos; el pasado 1 de noviembre otros tres reos fallecieron en nuevos enfrentamientos, y uno más el fin de semana siguiente.

Según un conteo no oficial que llevan los medios de comunicación locales, en 2021 han muerto al menos 321 privados de libertad en diferentes motines en el país.

Siete horas de exterminio

De acuerdo con la Alianza contra las Prisiones, integrada por varias organizaciones de derechos humanos, el último motín se extendió por más de siete horas, hasta la madrugada del sábado 13 de noviembre.

"Siete horas pasaron entre el primer pedido de auxilio por parte de las personas encarceladas y la orden gubernamental de intervenir en la Penitenciaría del Litoral", dice un comunicado de la alianza.

Para la agrupación, en ese lapso de "inacción estatal", el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte, "en comisión por omisión", a estos internos, "en un país donde la pena capital está proscrita".

Además, la Alianza señaló que "mientras las siete horas de exterminio carcelario transcurrían lentamente para los internos, varios representantes del Gobierno y de la derecha ecuatoriana se encontraban en un evento del cuerpo diplomático militar de los EE.UU., celebrando el aniversario de los marines". En esa celebración, que se hizo en Guayaquil, participaron el presidente Lasso y el ministro de Defensa, Luis Hernández.

Las víctimas fatales de la masacre

De acuerdo con datos a los que tuvo acceso Plan V, 34 de los reos asesinados tenían sentencia, 10 cumplían prisión preventiva y de otros siete no se tenía datos al respecto. Pero, además, por el tipo de delitos, 18 de ellos eran procesados por tráfico de drogas, no todos con el tránsito a gran escala de las sustancias; otras 10 personas por robo, tres por delincuencia organizada, tres por asesinato, dos por asociación ilícita, dos por tenencia de armas y una por abuso de confianza.

En la masacre fue asesinada Hellen Brigittte Maldonado Maldonado, una mujer trans recluida en este centro de privación de libertad para hombres. Según informa la Red Comunitaria Trans del Ecuador, ella llevaba 14 meses en prisión, cumpliendo una condena de 30 meses, por posesión de estupefacientes para "consumo".

Otra de las víctimas fue Víctor Enrique Guaillas Gutama, un campesino, defensor del agua y de los páramos, confirmó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Fue sentenciado por presunto "sabotaje" a cinco años de prisión en octubre de 2020, tras ser detenido en el contexto de las protestas de octubre de 2019. Sin embargo, dice la organización, "no tenía sentencia firme, esperaba la audiencia de apelación el próximo 4 de enero de 2022".

En la masacre también murió John Campuzano Triviño, quien fue contador de la empresa Ecuagran S.A, demandada por la Superintendencia de Compañías por falsedad de información bursátil. Su hija Jomaira Campuzano, a través de Twitter, contó que fue detenido el 1 de septiembre, tras un allanamiento a su domicilio y estaba bajo "prisión preventiva" por 90 días para investigaciones.

Del enfrentamiento entre bandas al terrorismo

La versión que ha manejado el Gobierno, al igual que la administración anterior de Lenín Moreno, es la existencia de un enfrentamiento entre bandas rivales, que se disputan el control de los recintos carcelarios del país.

Las riñas de este año habrían comenzado tras el homicidio de Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', quien era el líder de Los Choneros y fue asesinado el 28 de diciembre de 2020 por un sicario. Su banda mantenía el control al interior de las prisiones y tras su muerte, el resto de las pandillas han buscado tomar ese liderazgo.

Sobre el reciente motín, la comandante general de la Policía, Tannya Varela, explicó que se desató en un pabellón en particular de 'La Peni', el 2, porque las bandas dirimen el liderazgo de ese sector luego de que un cabecilla saliera en libertad hace unos días.

Aunque la versión de la reyerta entre bandas es la más sostenida, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, lanzó otra. En una entrevista en Teleamazonas, el pasado lunes 15 de noviembre, el funcionario dijo que "las evidencias parecen señalar otra cosa" sobre el objetivo de la masacre.

"Uno puede pensar que el objetivo real era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación, que produzca un estado de conmoción social muy fuerte, como se ha producido, y, al mismo tiempo, acusar al Gobierno de ser el responsable de esta masacre", expuso Jijón.

"Necropolítica" y ausencia estatal

La Alianza contra la Prisiones señala que la dimensión de las masacres carcelarias ecuatorianas "no puede reducirse al fenómeno del crimen organizado y la narrativa de la guerra entre bandas".

"Esto se ha transformado en algo llamado 'necropolítica', esta capacidad para administrar a través del poder quién vive o quién muere, y al final quienes mueren son las personas más empobrecidas" dentro de las prisiones, así como otros grupos vulnerables como migrantes, gente con discapacidad, mujeres trans, señala Fernando Bastías, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

De igual manera opina el abogado Roberth López, coordinador jurídico de la Fundación Dignidad, quien comenta que "lo que se vive actualmente en el Ecuador es la consecuencia del abandono estatal, de una inobservancia de las obligaciones finales que tiene el Estado con respecto a un grupo de atención prioritaria, reconocido constitucionalmente [artículo 35 de la Constitución], como son las personas privadas de libertad", explica.

El jurista añade que este abandono estatal se extiende a la sociedad en su conjunto y es "génesis" de la situación actual. "El Gobierno ecuatoriano desconoce estructuralmente el porqué existe el delito", dice, al mismo tiempo que insiste en que "no se puede reducir o minimizar el entendimiento de la actual crisis que vive el Ecuador, alejado de los márgenes de exclusión que se tienen en este país".

Bastías menciona que desde el Estado ha fallado la política criminal y la social, ya que no hay claridad sobre "qué se está haciendo para crear mejores condiciones de vida a la población".

Del mismo modo, considera que el Gobierno tiene un discurso para "responsabilizar a terceros", que se contradice con la realidad, ya que si bien existen esos grupos en los recintos penitenciarios, esas dinámicas violentas ocurren "por la permisibilidad del Estado" y "la falta de participación que ha tenido de la vida carcelaria".

Las condiciones en las cárceles

En octubre reciente, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional, el entonces director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Bolívar Garzón, informó que el hacinamiento en las prisiones de Ecuador llega al 26,57 %. Para entonces, según señaló, habían 38.186 privados de libertad y la capacidad del sistema carcelario en el país es para 30.196 reos.

Otro dato que reveló Garzón es que del total de presos, 22.297 tienen sentencia y 14.803 están sin condena, una cifra cercana al 40 % de la población penitenciaria.

Bastías señala que los prisioneros están "en condiciones inhumanas", en materia de salud, alimentación, con tratos crueles y sometidos a voluntades de bandas criminales. Agrega que, aunque existen programas para la rehabilitación social, estos se dan "en una menor medida" y "no tienen ningún tipo de eficacia", lo que se evidencia en los indicadores que señalan que ocho de cada 10 personas que han salido de la prisión vuelven a delinquir.

López añade que, además, para que un preso pueda participar de esos programas o espacios de rehabilitación, "tiene que pagar a quien lidere el pabellón" y "eso es lo que no se dice en el discurso oficial".

Esto concuerda con un informe elaborado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, que detectó al menos 47 anomalías en cárceles de Guayaquil, entre ellas que los pabellones están controlados por las organizaciones criminales, incluyendo presos con las llaves; no funcionan las cámaras de seguridad, escáneres y sensores; que los reos pueden conectarse a redes de internet porque no sirven los inhibidores de señal; que los funcionarios no cuentan con garantías, seguro de vida ni similares; y que se desconoce bajo qué criterio es repartida la comida que se entrega en la puerta de los pabellones, entre otras anomalías.

Aumento de la población carcelaria

Otro de los puntos que se han tratado en esta crisis que atraviesa el sistema carcelario de Ecuador es el aumento de la población carcelaria, que provoca el hacinamiento. Esto, de acuerdo con los defensores de derechos humanos, se ha relacionado con el abuso de la prisión preventiva y la criminalización de conductas que no deberían ser penadas.

"La administración de justicia también tiene una responsabilidad directa con respecto a lo que ocurre en la cárcel", sostiene Bastías, quien alega que la Fiscalía, "de forma arbitraria, solicita la prisión preventiva cuando tiene capacidad para también poder tener medidas sustitutivas".

La versión de López al respecto es mucho más preocupante. Este abogado opina que podría existir "una dinámica de reclutamiento criminal" para "aumentar los números activos de personas que forman parte de las bandas", en un entramado en el que participarían "jueces cómplices" de esas organizaciones que, "en el marco de un acuerdo mafioso", terminan "mandando pobres a las cárceles para que sean finalmente reclutados".

Crisis arrastrada desde 2019

La crisis carcelaria en Ecuador se evidencia desde 2019. Ese año, según el recuento de los medios, murieron en estos recintos 35 personas, 20 más que el año previo. En 2020, la cifra de asesinatos en las prisiones aumentó a 51 y ya este año sobrepasan las 300.

En un conversatorio con la prensa, en octubre pasado, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, dijo que una de las cuestiones que minaron la situación de las cárceles tuvo que ver con la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto, durante la administración de Moreno, puesto que desde entonces "la institucionalidad no está clara" y la división de funciones entre la secretaría que dirige y el SNAI, dificultó los procesos administrativos.

"El ministerio tenía articulado un entendimiento de los derechos humanos frente al manejo de las cárceles, bien o mal, con sus falencias, pero existía de manera articulada. ¿Hoy qué tenemos? Por un lado, una Secretaría de Derechos Humanos que no sirve para un carajo y tenemos por otro lado el SNAI, que al final nunca buscan esa articulación", argumenta López.

En 2020, luego que Moreno declarara por dos años consecutivos dos estados de excepción para enfrentar la crisis carcelaria, la Corte Constitucional (CC) instó al Gobierno a presentar un Plan de Acción para el sistema penitenciario.

El SNAI presentó el plan, sin embargo, la CC se pronunció al respecto y dijo que "las instituciones responsables [de ejecutarlo] no cuentan con las condiciones mínimas para realizar una gestión organizada, eficiente y sostenible que brinde soluciones estructurales", por lo que consideró el proyecto como "otra medida insuficiente frente a las obligaciones estatales". 

Asimismo, verificó que "no existe una política pública con un enfoque en derechos humanos y la aplicación de sus principios transversales, que aborde al Sistema Nacional de Rehabilitación Social".

El reciente acuerdo nacional

Ante toda esta crisis que se ha generado, el presidente Lasso anunció el lunes el establecimiento de un Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, con representantes de todas las funciones del Estado.

El acuerdo incluye, entre otras cosas:

  • Un proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.
  • El envío de un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional.
  • Beneficios penitenciarios para reos, como la prelibertad, rebajas de penas o la libertad controlada; e indultos a presos con enfermedades catastróficas.
  • La coordinación de la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, de forma indefinida.

 

Publicado: 18 nov 2021

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. Imagen: AFP

Las prisiones ecuatorianas se han convertido en los lugares más inseguros del planeta, en espacios físicos donde de forma sistemática y masiva se reproduce la práctica de machacar la sustancia humana.

Una saga de horror y muerte que deja en suspenso el derecho a la vida de cada interno que allí sobrevive. Las cárceles son instituciones totales -como diría Foucault- devenidas en mataderos.

Los familiares de las personas descuartizadas son receptoras de un sugestivo relato. Más allá de la sensibilidad contenida en una condolencia colectiva, el gobierno intenta explicar cada matanza en la emergencia del narcotráfico, la disputa por el territorio y las riñas entre bandas, sin descartar teorías conspiracionistas de última hora que insinúan en móviles políticos como el sabotaje y terrorismo; un extraño empalme discursivo que aparece en tiempos donde también se debaten los Papeles de Pandora para incomodidad del régimen. Sin embargo, las muertes son explicadas desde una peligrosa base moral. Si bien se distingue el pasado judicial de los asesinados, se olvida que todos ellos merecen justicia sin importar lo que hicieron. Las personas masacradas quedan entonces atrapadas en el dilema del “bien” y del “mal”, en una guerra entre presos-delincuentes que ahora no diferencia vinculación a bandas, estado de la causa procesal o nimiedad del delito cometido. 

Mientras el Presidente Guillermo Lasso llamaba a cerrar filas contra un enemigo en común, el narcotráfico, se ensamblaron otros relatos. A pocos días de producirse la nueva matanza del 13 de noviembre, la Asamblea Nacional emitió un informe que destaca en las necesidades del sistema penitenciario como problema de Estado, claro está, bajo una sutil mirada que en retrospectiva alcanza curiosamente al gobierno de Rafael Correa. Asimismo, y tras permitir cada estado de excepción, la complaciente Corte Constitucional conminó en marzo al entonces gobierno de Lenín Moreno a preocuparse del estado de las prisiones, aunque sin declarar el estado de cosas inconstitucional como lo hiciera su equivalente en Colombia. Después de la nueva masacre, hasta la propia Fiscalía General del Estado habría de pronunciarse contra el abuso de la prisión preventiva.

A los relatos sobre el incumplimiento de los estándares internacionales para las personas privadas de la libertad se suman las voces de expertos, académicos y opinólogos de coyuntura. La mayoría de sus análisis subrayan en las deficiencias del Estado para la provisión de recursos humanos y económicos, así como la denuncia sobre las deplorables condiciones del encarcelamiento. Bajo una babilónica gama de propuestas multicausales coexisten iniciativas para militarizar y privatizar las cárceles, contratar más policías, construir regímenes de “cárcel dura”, solicitar cooperación internacional, fortalecer la inteligencia, flexibilizar el porte de armas, inmunizar la actuación de policía, reformar las leyes, humanizar las cárceles, indultar y reducir el hacinamiento, desburocratizar los trámites para la pre-libertad, aumentar más jueces penitenciarios, insistir en el uso de la prisión preventiva como ultima ratio; en fin, un conjunto de ideas donde la “mano dura” y la “mano blanda” se yuxtaponen y colaboran.

Todos estos relatos construyen la realidad de los familiares. Pero aunque cada matanza produzca una conmoción nacional, no existe una causa en común. Las explicaciones, informes o análisis se extravían del camino o razón que los motiva. No se discute en sí sobre las masacres en cuanto al esclarecimiento de la verdad, es decir, los pormenores que llevaron a quienes iban a ser descuartizados el 13 de noviembre a llamar y chatear desesperadamente a sus familiares pidiendo que sean rescatados. A pesar que sus madres y hermanos -muchos de ellos apostados en el portón de la Penitenciería del Litoral de Guayaquil- imploraron por auxilio durante varias horas, ningún policía o militar interrumpió el curso causal de la masacre. Los detenidos esperaron que caigan las paredes de su pabellón; sus mensajes transcriben no sólo desgarradoras despedidas, sino también una especial forma de impunidad. 

Los familiares de las personas masacradas no merecen recibir el relato de la “mala suerte” o del “destino”. Tampoco la irresponsable versión estadofallista de que las cárceles están controladas por las bandas criminales locales, pues nada de lo ocurrido allí tiene que ver con la existencia de un orden racional alguno sino con el ascenso violento de un poder brutal. La Fiscalía del Ecuador deberá investigar y acusar a quienes actuaron y participaron en estas masacres al interior de las cárceles -paradójicamente mientras es liberado por beneficios penitenciarios uno de sus líderes-. Pero también deberá investigar a quienes no brindaron auxilio teniendo la obligación legal de hacerlo, en especial para descifrar la existencia o no de posibles y complejos entramados de connivencia. 

A diferencia de las matanzas del Lurigancho y El Frontón (Perú, 1986) o del Carandirú (Brasil, 1992), las perpetradas en suelo ecuatoriano no vienen precisamente de la mano directa de policías o militares. A simple vista, la sangre habría sólo de salpicar a los miembros de las organizaciones o bandas que, de forma manifiesta, se muestran como criminales. Y, porque además, una ligera lectura o primer plano de la definición jurídica del Ecuador impide subsumir el execrable crimen internacional de ejecución extrajudicial, dado que quienes obraron para matar son extraños a la calidad burocrática como agente de seguridad pública, ni tampoco habrían recibido fácticamente el mandato para ejecutarlos en su nombre. 

Lo que olvidan quienes desean invocar el estricto principio de legalidad ecuatoriano es que la definición de la ejecución extrajudicial es producto de la doctrina y jurisprudencia internacional. Es decir, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cifrado de su definición jurídica no se ha clausurado, sigue siendo un constructo. De ahí las diferencias entre ejecuciones sumarias o masivas, motivadas o no por razones políticas, con aquiescencia, tolerancia u omisión deliberada como formas de dolo o intencionalidad. Su impronta está en la memoria del “gatillo fácil” y las técnicas de “limpieza social”, pero también en la serie de matanzas producidas en las prisiones latinoamericanas, lugares donde el Estado está en posición de garante de la vida e integridad de las personas que en nombre de sus leyes fueron privadas de la libertad. Por ello, cualquier muerte ilícita producida en las prisiones demanda la aplicación del Protocolo de Minnesota.

En la otrora “isla de paz” del Ecuador han sido masacradas cerca de trescientas personas en lo que va del 2021. Las masacres muestran la crudeza del crimen organizado mediante formas jamás vistas en su vida republicana. También la parsimonia de un Estado que desprotegió a sus ciudadanos al no acudir inmediatamente al llamado de quienes fueron asesinados en sus propias prisiones. Ningún relato es fundamental mientras no haya respuestas. No sólo para satisfacer la sed de verdad de los familiares de las víctimas, sino para que la sociedad ecuatoriana sepa que está conviviendo o no en un Estado de Derecho. Si no se investiga en profundidad cada masacre sus víctimas habrían muerto dos veces: primero por sus victimarios y luego por la impunidad. 

 

Por Jorge Vicente Paladines | 19/11/2021

*Profesor de la Universidad Central del Ecuador

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