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La policía texana acordonó la zona e informó de la detención de tres personas. Foto Ap

San Antonio., Al menos 46 personas fueron encontradas muertas ayer dentro de un tráiler en una carretera en Texas, informó el Departamento de Bomberos de San Antonio en uno de los episodios más mortíferos de tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó de "tragedia" la muerte por asfixia de los migrantes y ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias. Informó que el cónsul se dirigía al lugar.

"Aún no conocemos nacionalidades", tuiteó Ebrard, aunque después detalló que al menos dos son guatemaltecos.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente Joe Biden de la tragedia. "Estas muertes son responsabilidad de Biden, son el resultado de su mortal política de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley", tuiteó.

El acalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo a periodistas: "La difícil situación de los migrantes que buscan refugio es siempre una crisis humanitaria. Pero esta noche nos enfrentamos a una horrible tragedia humana".

El jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, declaró a periodistas: "en este momento hemos procesado 46 cuerpos".

Indicó que 16 personas –12 adultos y cuatro niños– fueron trasladadas al hospital vivas y conscientes.

"Los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de insolación, agotamiento por el calor y sin señales de agua en el vehículo. Era un camión refrigerado, pero no había evidencias de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando", añadió.

Los oficiales dijeron que tres personas fueron detenidas. Un funcionario del departamento de bomberos detalló que no había niños entre los muertos.

Más temprano, la policía comenzó a buscar al conductor del tráiler que aparentemente abandonó a las afueras de San Antonio.

Las altas temperaturas en el área de San Antonio, a 250 kilómetros de la frontera con México, llegaron ayer hasta los 39 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El vehículo fue encontrado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, en un área remota al suroeste de la ciudad texana, en una carretera cercana a la autopista I-35, que llega directo a la frontera con México.

El Departamento de Seguridad Nacional se hará cargo de la pesquisa, que se investiga como un intento de contrabando de migrantes, indicó el jefe de policía de San Antonio, William McManus.

En los últimos meses se ha registrado un número récord de cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Diez migrantes fallecieron en 2017 después de quedar atrapados en un camión que estaba estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003 fueron hallados 19 migrantes dentro de un camión bajo intensas temperaturas al sureste de la misma ciudad.

Manifestantes rodean el edificio de la Asamblea mientras esperan el juicio político a Lasso. . Imagen: EFE

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, derogó ayer el estado de excepción en las seis provincias donde se han registrado protestas indígenas contra su gobierno desde hace ya 13 días, horas después de que funcionarios de su gobierno hablaron en un primer acercamiento con el líder indígena Leonidas Iza, en momentos en que la Asamblea Nacional avanzó en una sesión maratónica en la que se debate la posible destitución del mandatario.

Mediante el decreto ejecutivo 461, firmado por Lasso y difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se dispuso la terminación del estado de excepción que ordenó días después del inicio de las protestas ante la "grave conmoción interna" en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde se han acentuado las movilizaciones de los grupos indígenas.

"El gobierno nacional ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz, en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades", se informó en un comunicado.

La Asamblea Nacional inició una sesión extraordinaria para tratar, a pedido de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), la destitución de Lasso, quien antier denunció un intento de golpe de Estado en su contra supuestamente impulsado por Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Antes de abrir el debate virtual entre los legisladores, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, informó al pleno sobre la eventual conformación de una comisión que viabilice el diálogo entre el gobierno y la mayor organización indígena del país y ponga fin a un paro nacional que cumple su decimotercer día.

La reunión se llevó a cabo en la iglesia Basílica del Voto Nacional, ubicada en el casco colonial de Quito, a la que acudió Iza acompañado por otros dirigentes indígenas, así como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el canciller, Juan Carlos Holguín, y otros funcionarios del régimen, informó Saquicela en declaraciones a la prensa.

“No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la Conaie… de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo”, aseguró Saquicela, y ratificó que "de parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente".

El titular del Legislativo indicó que se trata de "un avance", pues "hemos pedido que se bajen las tensiones, que se bajen los enfrentamientos mientras se da este diálogo y se encuentra una solución".

Amanda Yépez, del colectivo Geografía Crítica, alertó que hay "agresiones graves del Estado" contra los manifestantes, registradas el pasado día 14, mientras Viviana Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos, informó que "existen 68 incidentes de violación de derechos humanos: 123 detenciones, 166 personas heridas y cinco fallecidas, en el contexto de la represión".

El mandatario no compareció

Lasso fue convocado para presentar su defensa, pero no asistió. En su lugar acudió Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, quien leyó una carta a nombre del mandatario en la que afirmó: "no hay pruebas del incumplimiento del programa ofrecido en campaña y su nexo con la crisis política y conmoción interna", como acusó la Unes.

Sin embargo, reconoció "que el país actualmente enfrenta problemas que deben ser solventados".

Al iniciarse el debate entre legisladores, Patricia Núñez, de la Unes, firmó la carta para iniciar el proceso de "muerte cruzada", mecanismo en el que se destituye a la presidencia y se disuelve la Asamblea Nacional. Al recordar a las víctimas del paro nacional, aseguró que hay un uso excesivo de la fuerza en las protestas.

Marlon Cadena, jefe de la bancada de Izquierda Democrática, rechazó el vandalismo y la represión que han marcado el paro, negó compromisos con el gobierno, pero enfatizó que no respaldarán la destitución del presidente.

Por parte del Partido Social Cristiano, el congresista Esteban Torres se congratuló del diálogo iniciado entre el gobierno y la Conaie e indicó que su partido no votará la destitución del mandatario porque eso no resuelve los problemas estructurales del país.

Hasta el cierre de esta edición sólo habían intervenido 15 asambleístas de 135.

Luego del debate, la Asamblea Nacional tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 legisladores.

De ser aprobada, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero el mando del gobierno, y el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de siete días, convocaría a elecciones presidenciales y legislativas.

Corredores humanitarios

En la mañana, Iza indicó en la Universidad Central que abrirán vías como "corredores humanitarios" para permitir el ingreso de alimentos a Quito y reiteró que el paro continúa.

"No venimos a dejar regando la sangre de los hermanos aquí, venimos con una propuesta", agregó Iza en la concentración de manifestantes, a quienes señaló que sólo cuando haya sido contestada, concluirá el paro.

Entre los 10 puntos que reclama la organización constan la reducción de los precios de los combustibles y subsidios a campesinos.

El dirigente dijo que no llegaron a la capital a cometer "vandalismo" y pidió pacificar el país para no enfrentarse entre hermanos; sin embargo, calificó como un "ataque brutal de violencia" el operativo con el que fueron desalojados el viernes de la Casa de la Cultura donde celebraban una asamblea popular y a la cual dijo retornarían para efectuar una minga y limpiarla, al igual que en los lugares donde son acogidos.

En las inmediaciones del parque El Arbolito, la tarde de ayer manifestantes se expresaron en medio de danzas, bailes y silbidos. Un importante contingente militar y policial permanece en el lugar, sin que hasta el momento haya habido enfrentamientos.

En la mañana cientos de mujeres organizaron un ritual en el norte de la capital y luego marcharon contra el gobierno. Algunas indígenas iban con los ojos pintados con franjas rojas y portaban plantas medicinales.

"Toda la canasta básica está muy cara y nuestros productos del campo (...) no valen nada", declaró Miguel Taday, un productor de papa de la sureña Chimborazo, a unos 200 kilómetros de Quito.

La Conaie participó en revueltas sociales que derrocaron a los presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). En 2019 encabezó más de una semana de protestas contra el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), que dejaron 11 muertos.

Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis política. El gobierno asegura que reducir los precios del combustible costaría al Estado más de mil millones de dólares al año en subsidios.

Las últimas dos noches Quito ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes con bombas molotov, cohetes pirotécnicos, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

La rebelión indígena deja seis civiles muertos y un centenar de heridos en 13 días, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Las autoridades registraron más de 180 lesionados entre militares y policías y prometieron reprimir más enérgicamente las manifestaciones.

Una de las marchas contra el fallo de la Corte, en Portland. . Imagen: AFP

Una de las más multitudinarias fue la de Washington. La interrupción del embarazo ya es ilegal en nueve jurisdicciones.

 

La Policía de Phoenix, Arizona, dispersó con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes que se había concentrado durante la noche del viernes frente al parlamento estatal para protestar contra el controvertido fallo de la Corte Suprema que anuló los efectos de la sentencia de 1973 en favor del aborto.

Luego de la represión, las autoridades policiales emitieron un comunicado en el que reconocieron haber utilizado gas lacrimógeno, aunque aclararon que se vieron forzados a hacerlo luego de que varios protestantes "intentaran romper el cristal" de los grandes ventanales del parlamento.

Según un video publicado en Twitter por la senadora estatal republicana Michelle Ugenti-Rita, decenas de personas estaban fuera del edificio y algunas de ellas golpeaban con fuerza los vidrios, mientras los agentes les advertían que retrocedieran. Los incidentes derivaron en el uso de gas lacrimógeno y en la interrupción de la sesión

La senadora estatal republicana Kelly Townsend denunció en la red social que los manifestantes estaban manteniendo a los legisladores como "rehenes" dentro del edificio del Senado. "Se puede oler el gas lacrimógeno y los niños de uno de los miembros (del parlamento) están en su oficina llorando de miedo", se quejó.

La policía aseguró que los manifestantes atacaron algunos de los monumentos de la plaza frente al parlamento local, por lo que se volvió a usar gas lacrimógeno para detenerlos.

En el caso de Arizona, ya hay clínicas que han dejado de practicar abortos por miedo a enfrentarse a consecuencias penales. Esos centros de salud temen una ley de 1901, proclamada 11 años antes de que Arizona fuera un estado, y que establece que cualquiera que facilite un aborto puede ser sentenciado a entre dos y cinco años de prisión.

Algunos republicanos de Arizona argumentan que esa ley ha entrado en vigor automáticamente tras el fallo del Tribunal Supremo, aunque los demócratas difieren. Además, existe en el estado otra ley que prohíbe el aborto a las 15 semanas de gestación y que está previsto que entre en vigor en septiembre.

Las protestas contra el fallo que anuló la sentencia Roe vs. Wade se han sucedido por todo el país. Una de las más multitudinarias fue la de Washington, donde centenares de personas se concentraron durante horas frente al edificio de la Corte al grito de "¡Mi cuerpo, mi decisión!" o "¡Abortemos el Tribunal!".

Consignas similares se escucharon en decenas de ciudades. Algunas manifestaciones fueron organizadas por grupos como Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en Estados Unidos; pero otras surgieron de manera espontánea.

Las protestas fueron especialmente numerosas lugares como Nueva York, donde miles de personas se concentraron en el Washington Square Park, una céntrica plaza que tradicionalmente acoge mítines políticos y manifestaciones.

En Los Ángeles, los manifestantes bloquearon el tráfico del centro de la ciudad, mientras que en Filadelfia miles se concentraron frente al emblemático Ayuntamiento y en Austin Texas, hubo una protesta frente a la corte federal. Otros cientos de personas salieron a la calle en Atlanta, Georgia, en dos manifestaciones diferentes que se unieron a los pies del parlamento estatal.

Por otro lado, en Cedar Rapids, dos personas resultaron heridas al ser atropelladas por un coche durante una protesta. En un comunicado, el alcalde de esa ciudad, Tiffany O'Donnell, dijo que la policía estaba investigando el suceso.

El aborto ya es ilegal en nueve estados: Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. Todos ellos habían aprobado con anterioridad leyes destinadas a prohibir el aborto y que entraron en vigor tan pronto como se hizo pública la decisión del Tribunal Supremo.

Planned Parenthood estima que 26 estados acabarán prohibiendo el derecho al aborto, en cuestión de días, semanas o meses.


El día después de cuando el aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos

Miles de personas, la mayoría mujeres, se concentran en el parque Washington Square de Nueva York. Han venido a quejarse y a gritar, porque oficialmente el aborto ya no es un derecho constitucional en Estados Unidos.

Marta Campabadal Graus

@MartaCampabadal

El Salto

26 jun 2022

Son las seis de la tarde del primer viernes de verano. Washington Square Park, el parque de Nueva York que ejerce de punto de encuentro de jóvenes, tatuadores, vendedores de marihuana y estudiantes con latas de cerveza, tiene hoy un aspecto muy diferente. Miles de personas, la mayoría mujeres, ocupan la plaza. Han venido a quejarse y a gritar, porque desde hoy oficialmente el aborto no es un derecho constitucional en los Estados Unidos.

El viernes 24 de junio, la Corte Suprema hacía público el fallo sobre el procedimiento judicial Dobbs vs Jackson Women's Health Organization, la anulación de Roe v. Wade, el caso que hace más de 50 años convirtió el aborto en una práctica legal en los Estados Unidos.

Las últimas cifras disponibles del Instituto Guttmacher, ​una organización sin ánimo de lucro que promueve la salud reproductiva son de 2020 y dicen que en ese año se practicaron 930.160 abortos en todo el país, frente a 916.460 en 2019. Cabe señalar que las cifras reportadas incluyen solo los abortos inducidos legales realizados por clínicas, hospitales o consultorios médicos, o que hacen uso de píldoras abortivas dispensadas en establecimientos certificados como clínicas o consultorios médicos. No tienen en cuenta el uso de píldoras abortivas que se obtuvieron fuera de los entornos clínicos.

Son días convulsos en el alto tribunal. Esta misma semana publicaban la resolución por la cual las armas son permitidas en la calle, para defensa propia, en estados como Nueva York, un “oasis” de las armas. El Tribunal, que espera a la última semana de trabajo antes de verano para publicar sus resoluciones más controvertidas, ha hecho pública la decisión de desproteger el aborto esta semana, aunque era ya un secreto a voces. El fallo fue “filtrado” y publicado el pasado 3 de mayo por el medio Politico, que sigue de cerca la vida gubernamental del país.

El think tankPew Research Center determinó en su última encuesta que el 61 % de los adultos estadounidenses dice que el aborto debería ser legal todo o la mayor parte del tiempo, mientras que el 37 % dice que debería ser ilegal todo o la mayor parte del tiempo.

Carol Sanger, profesora de derecho de Columbia University, especializada en derechos reproductivos, apunta que “esta es la primera vez en la historia moderna, y tal vez incluso en toda la historia de los Estados Unidos, que se anula un precedente establecido para rescindir los derechos de las personas”. La profesora añade que “los conservadores han estado esperando mucho tiempo, 50 años, para tener suficientes jueces de su ideología para que puedan salirse con la suya. Y se opusieron y odiaron a Roe V. Wade desde 1973. Así que este es su momento”.

De hecho, uno de los miembros más controvertidos, el juez Clarence Thomas ya ha dicho que el Tribunal Supremo “debería reconsiderar la contracepción, y las leyes sobre matrimonios del mismo sexo”.

“En 2015 tuve un aborto. Sin él, probablemente no me habría graduado de la universidad, y no estaría donde estoy hoy. Estoy muy triste y enfadada”, dice Annelise Eden en un tuit. Eden acaba de graduarse con matrícula de honor de un máster de periodista de la Universidad de Columbia.

La escritora Tiffany D. Jackson compartía en Twitter un pensamiento que también se palpaba en las protestas: “Vivimos en un país que nos obliga a parir pero que no tiene baja por maternidad obligatoria ni atención médica universal”.

Amanda Paige, una joven de Florida que vive y trabaja en el mundo editorial en Nueva York, reaccionó rápidamente ante la resolución del tribunal y publicó en sus redes el siguiente mensaje. “Hola, si conoces a alguien que necesite un lugar donde quedarse en el estado de Nueva York para abortar, puedo encargarme de darle una habitación, transporte y comida. Vivo en una ciudad pequeña a una hora de la ciudad de Nueva York. No me importa si casi no te conozco, o si no te conozco de nada. Puedes contar conmigo”.

Carol Sanger dice que “la gente con menos recursos necesitará ayuda de fuentes privadas, o posiblemente de sus empleadores”. De hecho ya hay varias empresas, como Amazon, Apple o Bumble, que han anunciado ayudas económicas y laborales a sus trabajadoras para poder abortar si así lo desean.

Símbolos como los pañuelos verdes —inspirado por la marea verde, la lucha de las proabortistas argentinas—, los pantalones blancos con manchas rojas y muchos carteles con mensajes claros. “My body, my choice” (Mi cuerpo, mi decisión), “Abortion is a human right” (Abortar es un derecho humano), y “Being pro life is regulating guns, no women’s bodies” (Protejer la vida es regular armas, no el cuerpo de las mujeres).

La manifestación de Nueva York y de la mayoría de ciudades del país fue organizada por Rise Up for Abortion Rights. Merle Hoffman es una de sus fundadoras y lleva vinculada al movimiento desde que en los años 80 empezó a colaborar con la clínica Choice’s Womens Medical Center del barrio de Queens, al este de la ciudad de Nueva York, que atiende en una variedad de servicios alrededor de la reproducción a más de 34.000 pacientes al año. “Ya no podemos ver al Tribunal Supremo como el Olimpo y a las personas que lo integran como dioses. Creo que la credibilidad de la corte se está perdiendo”.

Ryan Bess Winnick, vecina de Brooklyn de 34 años, lleva escrito en su camiseta “My body, my f* choice” (My cuerpo, mi jodida decisión). Desde Washington Square Park cuenta cómo tomará acción, participando en una asociación que llama a ciudadanos registrados como demócratas o independientes de los estados con empate, para que vayan a votar. “Cuando lo leí por la mañana en las redes y en medios, me sentí muy triste. Esto es muy trágico. Pero justo después mi reacción ha sido de enfurecimiento, y por eso estoy aquí”. Bess Winnick añade que “esto es solo el principio de un ataque a los derechos fundamentales”.

El revocamiento de Roe v. Wade no significa que a partir de ahora sea ilegal abortar en los Estados Unidos, pero ya no es un derecho universal y, por lo tanto, su regularización dependerá de cada estado. Los más liberales como Nueva York o California, ya han anunciado que van a blindar el derecho al aborto, y no solo eso, sino que van a poner facilidades a mujeres de otros estados que quieran abortar.

Hasta 26 estados tienen leyes que restringen o prohíben el aborto y que han entrado en vigencia o lo harán en los próximos días. Aun así, lo más probable que la demanda de abortos no cambie. Un análisis del NYT determinó que con la anulación de Roe, la distancia media de viaje para realizar el procedimiento aumentaría de 56 a 450 kilómetros. Lo que significa que los estados, incluidos Kansas, California e Illinois, verán sus clínicas inundadas con pacientes de otros estados. Illinois espera que su número de pacientes aumente entre dos y cinco veces, según ha calculado Bloomberg.

En las últimas semanas, también ha habido acción política proabortista. Y es que anticipando que muchos estados restringirán el acceso al aborto, los políticos en algunos estados con leyes de aborto permisivas como Nueva York, California y Oregón, han aprobado nuevas instancias para proteger y blindar aún más el derecho al aborto y esperan que más mujeres de estados con menos acceso al aborto viajen a sus estados para abortar.

Helmi Henkin es una joven activista que vive en Sant Louis, Missouri, uno de los estados que ha anunciado que prohibirá el aborto. Henkin empezó su activismo en 2016, como acompañante de mujeres que querían abortar en Tuscaloosa, donde hay una de las únicas tres clínicas de aborto de Alabama. Ahora se decida al activismo digital. “Me hice famosa en Twitter porque durante años si veía una noticia sobre algo relacionado con el aborto, respondía con un listado de lugares donde las personas podían donar para promocionar el aborto”. Luego lo convirtió en un documento, que hace aproximadametne un mes Squarespace le pidió si podía convertir en un sitio web que pudiera mantener gratis para siempre. Así que ahora es un sitio web, un documento creciente y vivo.

Las respuestas vienen también de organizaciones seculares que están reaccionando rápido. Nori Rost salió del armario en 1978. Tenía 16 años y vivía en el estado de Kansas, conversador y muy rural. Ahora es la presidenta de la New York Ethical Society, una alternativa secular a la religión, que se basa en la ética y los valores. “Aunque estemos en retroceso, la diferencia entre antes de Roe v. Wade y ahora es que las mujeres no recibían la atención médica adecuada y además estaban solas y avergonzadas en el proceso”. Rost explica que tras la decisión del tribunal, quiere crear una red entre las diferentes sociedades culturales e iglesias unitarias universales, para que las mujeres que están en estados que han perdido su acceso al aborto puedan acceder a fondos y ayudar con el viaje y la vivienda, y venir a un estado que lo permita como Nueva York.

En este sentido, Carol Sanger cree justamente que “si algo puede salir de esto, es una mayor solidaridad en temas reproductivos, porque tendremos que empezar de nuevo y volver a la década de 1950. Es increíble”. Sanger pone palabras a lo que ya se ha ido viendo en los últimos años. “Creo que Estados Unidos ha perdido estatus como líder en el mundo en muchos temas. Y creo que eso comenzó con Trump”.

Por su parte, Hoffman opina que “la libertad nunca es gratis y siempre hay que estar alerta, porque nada está escrito en piedra y nos han quitado el único lugar donde las mujeres tienen el poder de vida y muerte. Ahora vivimos en un estado de esclavitud”.

Imagen: EFE

Luego de que el gobierno anunciara el cierre de una fundición en Valparaíso por contaminación

La Federación de Trabajadores del Cobre advirtió que si "tocan a un trabajador o una trabajadora" por expresar el "legítimo descontento a través de las herramientas del movimiento sindical, esta movilización se radicalizará".

 

Los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de Chile iniciaron este miércoles un paro indefinido con el objetivo de revertir la decisión del directorio de la firma, la más importante del sector en el mundo, de cerrar la fundición Ventanas en la región de Valparaíso. Dicho cierre, anunciado el viernes pasado por el gobierno de Gabriel Boric, se realiza luego de reiterados episodios de contaminación ambiental, que afectaron a la población de las localidades de Quintero y Puchuncaví.

Cerca de 50 mil trabajadores representados en distintos sindicatos en el país empezaron a manifestarse contra esta decisión, en una protesta que incluye cortes intermitentes de tránsito en los accesos a las diferentes plantas. La ministra y vocera del gobierno, Camila Vallejo, planteó que el Ejecutivo mantendrá el diálogo con los trabajadores de Codelco, aún en paro, y enfatizó a la prensa que no se puede "poner en riesgo la salud de los niños de las comunidades".

"Nuestro compromiso con terminar con las zonas de sacrificio tiene que empezar a cumplirse y esto no es contradictorio con las demandas de las y los trabajadores”, agregó Vallejo. Sin embargo, mediante un comunicado, los trabajadores indicaron que el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y el gobierno "tienen una desconexión absoluta con el desarrollo estratégico de la empresa más importante del país que pertenece a todos los chilenos y chilenas".

Previo al inicio de la medida de fuerza, la Federación de Trabajadores del Cobre advirtió a las autoridades de Codelco y del gobierno que si "tocan a un trabajador o una trabajadora" por expresar el "legítimo descontento a través de las herramientas del movimiento sindical, esta movilización se radicalizará".

En medio del paro, el ministro de Hacienda Mario Marcel anunció la firma de un plan de reinversión que contempla la inyección del 30 por ciento en promedio de las utilidades correspondientes a cuatro años y busca evitar que los operarios de la fundición Ventanas pierdan sus puestos de trabajo. Codelco es una empresa del Estado de Chile cuyas reservas representan un seis por ciento de las reservas globales de cobre.

Miembros de las fuerzas armadas bloquean el acceso a la carretera E35 para una marcha de protesta de cientos de indígenas de la provincia de Cotopaxi.- EUROPA PRESS

Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la baja del precio de los combustibles. Las movilizaciones dejan hasta el momento un muerto y 61 heridos.

Miles de indígenas bloquearon este martes las principales calles de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en el noveno día de protestas, mientras las Fuerzas Armadas prometieron defender la democracia contra lo que consideran una "grave amenaza". Convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles y los productos de primera necesidad. Lasso aceptó este martes sentarse a dialogar con representantes de Conaie, por lo que se espera una respuesta del movimiento indígena. Las protestas dejan hasta el momento un muerto y 61 manifestantes heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Represión y estado de excepción

"Bajen las armas, somos pueblos de paz", exclamaban algunos de los más de cinco mil indígenas que llegaron el lunes en caravana a Quito. Un grupo numeroso que chocó con la policía salió de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito. 

Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.

La Fiscalía denunció que su sede central fue atacada, y que puso "a buen recaudo la información sensible de los casos que lleva adelante", al tiempo que también hizo "un llamado público a la paz y el respeto a la ley". La Conaie, que lidera las protestas a las que se plegaron más de 50 organizaciones, rechazó lo sucedido y aseguró que quienes cometieron el ataque no forman parte de las organizaciones indígenas.

En otros puntos de la ciudad también hubo varios cortes de calles que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios "hasta que las condiciones en las vías sean favorables".

Los motivos de este paro, por tiempo indefinido, son los precios elevados de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, los altos precios de los combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agricultor y la privatización de empresas públicas, entre otros.

"A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas (insumos y abonos) y nuestros productos no suben nada", dijo Tito Zamora, un indígena de la aldea de Sigchos en Cotopaxi. Zamora explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.

La reacción del gobierno

El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo este martes que la democracia está en "serio riesgo", horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento indígena. "Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes", aseguró Lara, escoltado por la plana mayor del Ejército.

El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes el diálogo propuesto por la Conaie y aseguró que aguarda una respuesta. El mandatario de derecha indicó que "desde su mejor predisposición" y la de su gabinete, está dispuesto a participar en un proceso de diálogo "franco y respetuoso" entre la Conaie y el resto de las organizaciones de la sociedad civil "que deseen sumarse al proceso" y poder así "buscar soluciones a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas".

Alerta de Amnistía Internacional

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió al presidente Lasso que la represión policial de las protestas "está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019".  El informe de AI sostiene que durante la represión a las protestas de 2019, "organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad".

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, urgió al presidente Lasso a "cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica" y solicitó que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. "El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia", indicó Guevara Rosas.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil. El mismo colectivo de derechos humanos ecuatoriano había denunciado el lunes la primera muerte en medio de la protesta, que se produjo cuando un contingente policial trató de detener a un grupo de manifestantes que buscaba ingresar a Quito procedente de la norteña provincia de Imbabura.


 El estallido social recorre Ecuador: un pueblo en pie frente al neoliberalismo autoritario del banquero presidente

Adoración Guamán, profesora de derecho en la Universitat de València

Virgilio Hernández, Parlamentario Andino

Diario Público

21/06/2022

América Latina vive un momento de cambio trascendental. La reciente victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia se suma a la llegada de Gabriel Boric al gobierno chileno y puede ser el preludio del triunfo de Lula en Brasil que confirmaría el giro regional de corte progresista y la evidencia del declive de la agenda neoliberal.

Los estallidos sociales que han sacudido la región desde el año 2019 han influido de manera decisiva en el impulso de los cambios antedichos. Los levantamientos populares del momento pre-pandemia enfrentaron la estrategia autoritaria y represiva de gobiernos como el de Duque, Piñera o Moreno, cuya única estrategia posible para imponer los ajustes económicos brutales fue la represivo-autoritaria. En algunos escenarios, como Colombia o Chile aquellas protestas tuvieron la capacidad de reconfigurar alianzas político-sociales y estructuras político-partidistas, articulándose sujetos capaces de disputar el poder y ganar procesos electorales no sólo frente a la derecha clásica sino frente a las expresiones de las nuevas extremas derechas.

Pero no todo han sido victorias en la región y mientras celebramos el triunfo del vivir sabroso en Colombia, una nueva oleada de violencia institucional y de autoritarismo azota a un país que se ha convertido en la representación regional de la captura corporativa. La República del Ecuador, primero en manos de Lenin Moreno (entregado a la voluntad de Estados Unidos y de los intereses de del capital trasnacional) y ahora gobernado por un cártel bancario personalizado en Guillermo Lasso, se encuentra sumido en una deriva de represión, desinstitucionalización y vulneración de derechos humanos que se recrudece día a día.

El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondomonetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliar las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer.

En el momento presente, la situación se ha vuelto insostenible para las mayorías sociales que asisten a un aumento acelerado de los precios de los productos de la canasta básica, del transporte y de los productos para la producción. Los paralelismos con el Paro Nacional de octubre de 2019 frente al gobierno de Moreno son cuantiosos y merece la pena recordar lo sucedido en aquel momento, cuando el primer ajuste duro en cumplimiento del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional trajo consigo la adopción de una serie de medidas económico-sociales con un fuerte impacto sobre a la amplia mayoría población ecuatoriana. El detonante definitivo de aquella protesta social fue la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente desde hace 40 años. Aquellos doce días que paralizaron el país y en los que se contabilizaron centenares de heridos, más de una decena de fallecidos, miles de detenidos y una intensa persecución política, se cerraron en falso, con una dura mesa de diálogo entre el gobierno y distintos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador donde se llegaron a acuerdos posteriormente incumplidos por Moreno.

El nuevo ciclo de movilizaciones que sacuden Ecuador se asienta de nuevo en el rechazo al modelo neoliberal, ahora aplicado, agravado y perfeccionado por el gobierno de Lasso. En esta ocasión la CONAIE ha planteado un decálogo claro de reivindicaciones cuyo primer punto es la congelación de los precios de los combustibles y la focalización de subsidios para sectores vulnerables. Además, entre las exigencias del movimiento indígena se encuentra la moratoria de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y la condonación para pequeños y medianos productores; los precios justos en los productos del campo, el subsidio agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio (cabe recordar que la Constitución del Ecuador todavía prohíbe la firma de tratados con sistema de arbitraje inversor-Estado, algo que el gobierno parece desconocer); la generación de empleo, la regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicación y organización de la clase trabajadora; la moratoria a la expansión de la frontera extractiva petrolera y minera y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos; la prohibición de la privatización de sectores estratégicos; las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad; la garantía del acceso a la educación superior y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud. Finalmente, en el listado se incluye como pieza clave la cuestión de la seguridad, tema que ha protagonizado el último año en un país asolado por el aumento de la violencia de manera general, con índices de criminalidad similares a las que se registraban hace 20 años y que se expresa con particular virulencia en las cárceles, donde han sido asesinadas en estos últimos 12 meses más de 350 personas y que afecta particularmente a jóvenes racializados.

Ante la falta de voluntad de acuerdo del gobierno y la situación insostenible de las mayorías sociales, el 13 de junio comenzó la protesta, convocada por diversas organizaciones (CONAIE, FENOCIN; FEINE; entre otras) que llamaron a un Paro Nacional para reivindicar el decálogo mencionado. El paro inició con el cierre de vías en 12 de las 24 provincias del país y la respuesta del gobierno fue tan desmedida como ilegal y torpe, con la detención del Presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acusado de paralización de servicios públicos en un proceso plagado de irregularidades, sin orden judicial, sin el proceso debido, sin defensa técnica inmediata y sin información en Kichwa. Además, para su traslado se organizó un impresionante operativo policial y militar, deteniéndolo en una base aérea. Finalmente, tras su puesta a disposición judicial, se le dejó en libertad con la obligación presentarse en fiscalía dos veces por semana, prohibición de salir del país y audiencia fijada para el 4 de julio, para ser juzgado a través de un proceso directo, que junta todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia en la que podría ser sentenciado y encarcelado. La indefensión y la violación del debido proceso son evidentes y han sido resaltadas por diversos juristas del país.

La detención de Leónidas Iza aceleró el estallido. El hastío, descontento, cansancio y sufrimiento popular se combinaron con la indignación y el sentimiento de agravio por la utilización ilegal del aparato judicial contra el líder indígena, como ocurrió en el 2019 contra determinados líderes de la Revolución Ciudadana. Tras su liberación, Leonidas Iza afirmó que la CONAIE se mantendría movilizada hasta que el Gobierno diera respuestas concretas a sus 10 puntos de demandas.

Una vez más, el libreto típico de la represión se ha puesto en funcionamiento, como un guion bien engrasado. El primer paso fue la deslegitimación de la movilización en los medios de comunicación, aliados de manera mayoritaria con el gobierno, que difundieron las fake news provenientes del jefe de los servicios de Inteligencia y del Ministro del Interior que afirman una supuesta financiación de las protestas por grupos políticos ligados al crimen transnacional con voluntad de desestabilizar al gobierno. Además, y de nuevo, el mantra de que "la culpa es de Correa" volvía a airearse aun cuando el líder de la Revolución Ciudadana, acosado por la estrategia de Lawfare desde hace años, lleva ya un lustro fuera de país y tiene asilo político en Bélgica. Tal y como ocurrió en el paro del 2019, el gobierno no ha dudado en utilizar las noticias falsas para involucrar en una supuesta confabulación golpista a las pocas instituciones gobernadas por la oposición, como la prefectura de la provincia de Pichincha a cuyo frente está la lideresa Paola Pabón. No podemos olvidar que la Prefecta fue igualmente víctima de una persecución política que la llevó a pasar meses en prisión preventiva acusada infundadamente de rebelión por el gobierno de Lenín Moreno y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas a su favor. Con Lasso, y a pesar de prometer un "gobierno del encuentro", continúa y se agrava la estrategia represiva y el Lawfare, que combina, como antaño, la utilización ilegítima del aparato judicial, la fiscalía, la policía y los medios de comunicación.

En paralelo y para facilitar las estrategias de represión de la protesta, se ha recurrido a una herramienta clásica: la declaración del Estado de Excepción. En esta ocasión, se adoptó un primer decreto, el 455, cuyo texto prohíbe no sólo la libertad de movimiento a determinadas horas del día sino que limita el derecho de reunión y asociación y, de forma inaudita, restringe los servicios de telecomunicaciones fija, móvil e internet, autoriza el uso de la fuerza letal para reprimir las movilizaciones y permite detenciones y allanamientos, sin orden de juez. Además, el texto decretó al Distrito Metropolitano de Quito como "Zona de Seguridad" a cargo de las Fuerzas Armadas, encargadas de "mantener el orden" de manera "complementaria" a la Policía Nacional. Para bochorno nacional y ante la indignación por lo extralimitado del texto, el gobierno difundió la noticia de que este Decreto (firmado por el presidente) era un "borrador". A continuación, se promulgó otra versión del texto, donde solo se eliminó la restricción de las telecomunicaciones y la autorización para el uso de armas letales.

La reacción de las fuerzas de oposición representadas en la Asamblea Nacional, fundamentalmente la Revolución Ciudadana (la bancada de UNES) y una parte de Pachakutik (escindido entre aquellos que apoyan a la CONAIE de Leónidas Iza y los que decidieron apoyar al gobierno) se han unido para debatir la pertinencia y proporcionalidad de este Decreto del Estado de Excepción. Ante la inminente alianza para derogar el texto, el lunes 20 de junio el Gobierno decidió eliminarlo de manera unilateral, para impedir su debate por parte del órgano legislativo, obturando una vez más los cauces de debate necesarios en situaciones de en normalidad democrática. Al mismo tiempo, Lasso expidió un nuevo decreto, el 459, en el que amplía el estado de excepción a las provincias de la Sierra Central y a la de Pastaza, en la Amazonía. La Asamblea tendrá la oportunidad de derogarlo, pero debe esperar ser notificada oficialmente. Es especialmente destacable la rotundidad de la bancada de UNES que emitió un comunicado con exigencias claras en materia social, económica y de derechos fundamentales. Además, la bancada de la Revolución Ciudadana cierra el comunicado señalando la posibilidad de una "muerte cruzada", que según el modelo institucional ecuatoriano permite la destitución del Presidente y abre la puerta a la convocatoria de elecciones.

Ajena a esta maraña de normas y actuaciones políticas, la Policía no tardó en hacer un uso abusivo de la fuerza amparándose en el extralimitado paraguas del Estado de Excepción para allanar el pasado domingo la Casa de la Cultura de Quito. Las razones de la ocupación policial de la Casa de la Cultura son evidentes. Allí se refugiaron los manifestantes en el paro de 2019 y en momentos anteriores, siendo el lugar emblemático de concentración de las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Con esta actuación el Gobierno trata de impedir que se repitan los episodios de solidaridad y apoyo popular de la población de Quito al movimiento indígena y a las personas que protestan. Muchas voces relevantes dentro del progresismo ecuatoriano han señalado que esta ocupación es un parteaguas, una muestra de autoritarismo que no se veía en el país desde los años 60 del siglo pasado. Mientras esto ocurre, y mientras escribimos estas páginas, las protestas se siguen sucediendo, con episodios de represión cada vez más violentos. Se reportan heridos, incluso fallecidos, las universidades abren sus puertas como espacio humanitario para las comunidades que llegan desde otras provincias, se suceden los comunicados de alerta y protesta. Incluso la Directora para las Américas de Amnistía Internacional ha señalado en un comunicado que la organización pide "al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse".

La situación se agrava y una vez más vemos a Ecuador, como vimos a Chile o a Colombia, sacudido por un estallido social que evidencia la incompatibilidad entre el momento actual del neoliberalismo y la democracia. El momento autoritario, como señala el profesor Ramírez, se vuelve inevitable para conseguir imponer a las mayorías sociales un ajuste incompatible con la vida. Ante las protestas, la activación del aparato brutalmente represor, combinado con la destrucción de la imagen de toda disidencia que pasa a ser "enemigo del Estado" y la utilización del poder judicial y policial ya son herramientas del libreto que lleva años reproduciéndose en América Latina.

Las enseñanzas de otros países marcan un camino por el que se debe transitar para que el estallido sea la chispa que permita la acumulación de fuerzas con capacidad para generar alianzas, complicidades y diálogos capaces de traducirse en una victoria electoral de lo popular con capacidad transformadora. Son muchas las disonancias en el pasado entre las y los que ahora luchan contra un banquero que preside un gobierno dispuesto a acabar de saquear por completo al país, pero son más las causas comunes, los anhelos, las sintonías y las esperanzas que unen a las que hoy recorren las calles del Ecuador exigiendo un vivir bien, un vivir sabroso, una vida digna y una esperanza para el país.

Los Estados gastan un 10% del PIB global en hacer del mundo un lugar más violento

El Índice de la Paz Global mide un año más el grado de militarización de 163 países, que abarcan al 99,7% de la población, y dictamina que el mundo es más inseguro que en 2021.

“El mundo está en guerra. Hace unos años se me ocurrió decir que estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedazos. Para mí, hoy se ha declarado la tercera guerra mundial”. Así hablaba ayer, 14 de junio, el papa Francisco en un encuentro con fieles de la Compañía de Jesús. Hoy, un informe le da la razón. El Índice de la Paz Global (IPG) mide la paz en tres ámbitos: la “seguridad” de las sociedades, su grado de militarización y la existencia de conflictos internos o externos. Para ello, se evalúan 23 indicadores que van desde el grado de suicidios, el gasto militar hasta las manifestaciones violentas. 

Por decimocuarto año consecutivo, el nivel de paz en el mundo ha descendido. Sudán del Sur, Rusia, Yemen Afganistán y Siria marcan el top de países con menos paz, mientras que hay pocas novedades entre los países menos violentos.

Islandia sigue siendo el país que encabeza el ranking de la paz. Entre los diez primeros países, siete son europeos. Portugal se mantiene como el sexto país con menos violencia, España está en el 29º lugar, aunque asciende tres puestos en la anterior clasificación como consecuencia del momento político en el que se ha entrado en Catalunya.

En el informe destaca el impacto económico de la violencia en la economía mundial. El impacto de la violencia es el equivalente al 10% del producto mundial bruto o, lo que es lo mismo, 2.117 dólares por persona van destinados a alimentar la maquinaria de violencia. El incremento del año pasado, dicen los autores del IPG, fue de 1,3 billones de dólares (trillones, según la nomenclatura estadounidense), esto es de un 12,4% con respecto al año pasado. Por el contrario, el gasto en mantenimiento y fomento de la paz representa un 0,5% del gasto militar. 

Los indicadores que permiten estimar el precio de la violencia son de tres tipos. Los costes directos incluyen las consecuencias sobre salud, justicia o seguridad; los costes indirectos calculan la bajada de productividad causada por la violencia y los efectos físicos y psicológicos de la exposición a la violencia, el efecto multiplicador es el último de los indicadores evalúa que el dinero destinado a armamento o a los tratamientos sanitarios por accidentes y ataques con armas detrae recursos de la salud, la inversión empresarial, la educación o las infraestructuras.

La guerra de Ucrania y el incremento de la capacidad de la OTAN requerido por Estados Unidos para cumplir sus objetivos ha influido en el aumento de presupuestos militares en Europa, pero no ha sido una excepción a la regla: solo 29 países redujeron el gasto militar en 2021, mientras que 132 lo aumentaron. El aumento el pasado año ha sido de un 18,8% sobre el gasto de 2020. Está previsto que, de cumplirse el compromiso de los países de la OTAN de aumentar el gasto militar el 2%, el conjunto del gasto militar mundial se incrementará un 7%.

El impacto también se mide por el aumento del número de personas desplazadas y refugiados, así como las pérdidas en términos de Producto Interior Bruto que acarrean los conflictos. Ese impacto ha sido estimado en 559.300 millones de dólares, y ha crecido un 27% en un año. El 80% de la economía de Siria o el 41% de la de Sudán del Sur está lastrada por la guerra. El coste económico de la violencia en los diez países de la parte baja de la clasificación es del 34%. 

Algún dato positivo

Hay, sin embargo, reducciones positivas según el IPG, como la del número de soldados en el mundo, que ha bajado de 460 soldados por cada cien mil habitantes —los que había en 2008— a 389 en 2022. Asimismo, el porcentaje del PIB destinado a gasto militar cayó en América del Sur y Central, donde se produjo un descenso de el 18% y el 15%, respectivamente.

En la otra orilla, Estados Unidos ha seguido una dinámica de deterioro de la tranquilidad ininterrumpida desde 2008. El informe reporta un aumento del terrorismo —con casos como el de la escuela de Uvalde aun en la retina— y de la inestabilidad política. EE UU es el país que encabeza las exportaciones mundiales de armas: 30 de cada cien armas que se venden en el mundo proceden de ese país. En 2021 solo hubo 16 países en todo el planeta que no importaron armamento.

Cepal, crisis acumulativa y casi 100 millones de pobres extremos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que la desaceleración económica, la mayor inflación y la lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales aumentarán la pobreza, la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria en la región en 2022.

El informe titulado Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?, subraya que 7,8 millones de personas se sumarían a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo en la región. La incidencia de la pobreza regional alcanzaría un 33,7% (1,6 puntos porcentuales más que el valor proyectado para 2021), mientras que la pobreza extrema alcanzaría un 14,9% (1,1 puntos porcentuales más que en 2021).

Por ello señala que en lo inmediato es necesario sostener el bienestar de los sectores más pobres y reafirma que la seguridad alimentaria debe ser una prioridad, para lo cualo no se debe restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes pues hacerlo aceleraría la inflación y dañaría a los más pobres.

Añade la Cepal que se deben considerar acciones como mantener o aumentar los subsidios a alimentos, implementar acuerdos de contención de precios de la canasta básica con productores y cadenas de comercialización, y reducir o eliminar aranceles a la importación de granos y otros productos básicos.

El nuevo informe especial de la Cepal analiza los impactos económicos y sociales de la guerra en Ucrania en la región, el contexto externo de incertidumbre, inflación (en especial de alimentos y energía) y desaceleración de la actividad económica y el comercio, y entrega recomendaciones a sus países sobre cómo enfrentarlos.

El estudio indica que, después de la expansión económica observada en 2021 (6,3% de crecimiento del PIB regional), la región alcanzará en 2022 un crecimiento anual promedio de 1,8% y tiende a regresar al lento patrón de crecimiento de 2014-2019 (solo 0,3% promedio anual, con la consiguiente caída del PIB por habitante).

Los avances en la vacunación, las menores restricciones a la movilidad y la reapertura de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación laboral, en especial de la femenina, que ha sido la más afectada pues las mujeres salieron en mayor proporción del mercado laboral durante la pandemia.

La acción conjunta de una mayor participación laboral y un bajo ritmo de crecimiento, y por lo tanto de la creación de empleos, llevaría a un aumento en la tasa de desocupación en 2022, afirma el informe del organismo de Naciones Unidas.

Las economías de América Latina y el Caribe comenzaron a experimentar un incremento de la tasa de inflación en 2021. Mientras al cierre de 2021, la inflación anual de la región alcanzó un 6,6%, esa tasa aumentó a 8,1% en abril de 2022, al tiempo que muchos bancos centrales anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año, agrega el documento, presentado en una conferencia de prensa por el Secretario Ejecutivo Interino de la Comisión, Mario Cimoli.

El informe resalta que la presente coyuntura no debe ser vista como un fenómeno aislado pues sus efectos se combinan con los causados por más de un decenio de crisis acumuladas: la crisis financiera internacional, las tensiones económicas entre Estados Unidos y China, y la pandemia.

Teniendo en cuenta los efectos del lento crecimiento y la aceleración de la inflación, la Cepal prevé que la pobreza y la pobreza extrema se elevarán por sobre los niveles estimados para 2021, lo que refleja el fuerte aumento de los precios de los alimentos. Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia e implican otro retroceso en la lucha contra la pobreza, recalca el informe.

Añade que los mayores precios de las materias primas, el aumento de los costos de transporte y las perturbaciones en las cadenas internacionales de suministro impactarán las exportaciones de bienes de la región.

En diciembre de 2021, la Cepal proyectaba un aumento del 10% del valor de las exportaciones regionales de bienes y del 9% del valor de las importaciones. Pero el alza de los precios de varios de los principales productos que la región comercializa eleva la proyección para 2022 a una expansión del 23% tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Para responder a la coyuntura y dinamizar un crecimiento sostenible e inclusivo se requerirán políticas fiscales y monetarias procrecimiento señala la Cepal, que propone seguir utilizando la política fiscal como elemento central de la política de desarrollo, lo que requiere fortalecer los ingresos públicos para ampliar el espacio fiscal.

Señala que es necesario reducir la evasión, reorientar gastos tributarios y fortalecer la progresividad de la estructura tributaria. Para contener las presiones inflacionarias, fundamentalmente impulsadas por factores de oferta, es necesario que la política monetaria utilice el más amplio espectro de herramientas disponibles.

Ello requiere combinar el uso de la tasa de política monetaria con instrumentos macro prudenciales y cambiarios, a fin de enfrentar la inflación minimizando los efectos negativos sobre el crecimiento y la inversión.

A mediano plazo, son necesarias políticas agrícolas e industriales que fortalezcan el apoyo a la producción agropecuaria, así como aumentar la eficiencia en el uso de fertilizantes, priorizando los biofertilizantes. La política industrial es clave para reducir la dependencia de la importación de fertilizantes en el mediano plazo, añade el informe.

En materia de seguridad energética Cepal asegura que es imprescindible avanzar en las fuentes renovables y en la integración energética regional. En la coyuntura, son necesarios mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles; así como subsidios focalizados y temporales a los grupos de población más vulnerables y a los sectores productivos orientados al mercado interno, recalca el informe.

Cimoli concluyó que “América Latina y el Caribe enfrenta nuevos escenarios geopolíticos. La ruptura de la globalización puede llevar a diferentes configuraciones regionales que determinarán sus políticas con base en objetivos de soberanía en defensa, energía, alimentos y sectores industriales clave, desde los de más alta tecnología hasta algunos de insumos de amplio uso, como los fertilizantes”, indicó.

“Ante la regionalización de la economía mundial, la región no puede continuar actuando de manera fragmentada. Es necesario aumentar el papel de la articulación regional en las respuestas a la crisis: formular e implementar respuestas de América Latina y el Caribe en su conjunto o de sus bloques de integración”, concluyó el alto directivo de Cepal.

11/06/2022

Por Rodolfo Koé. Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Colombia: Duque es condenado a cinco días de arresto domiciliario por no proteger un parque nacional

El Tribunal Superior de Ibagué entiende que el mandatario no atendió un fallo de la Corte

De acuerdo con la sentencia, el gobierno colombiano no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en el parque Los Nevados, ubicado en el Eje Cafetero.

El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente colombiano, Iván Duque, por incumplir una orden judicial para proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados. La sanción obedece al desacato a una orden que había emitido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declaró como sujeto de derechos al parque natural ubicado en la región del Eje Cafetero.

De acuerdo con la sentencia publicada por medios locales este sábado, el gobierno que encabeza Duque no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en ese parque nacional. La orden judicial ordena "imponer como sanción medida de arresto domiciliario por cinco días", para cuyo cumplimiento se encargará el director de la policía colombiana o el superior que atienda las funciones en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo.

El alto tribunal también ordenó que se imponga una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes al jefe de Estado colombiano "a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como cumplida". En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio a las autoridades nacionales, departamentales y locales un plazo perentorio de un año para poner en marcha un plan conjunto para la recuperación, mantenimiento, manejo y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados, al que consideró como sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente.

La reacción de Duque

"Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están, pero aparte de eso la decisión no solamente es inconstitucional, no está en firme, es un abierto prevaricato", aseguró Duque desde la caribeña ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. 

El mandatario de derecha explicó que su gobierno acata las decisiones judiciales porque con sus funcionarios han ido "trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de Los Nevados". Pidió además a la Procuraduría que actúe para que "quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política sin soporte jurídico".

El parque natural está conformado por cinco picos nevados: el Ruiz, el Tolima, el Cisne, el Santa Isabel y el Quindío y abarca terrenos de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, en el centro del país. Alberga ecosistemas de páramos y bosques altoandinos, que se caracterizan por la presencia de tres volcanes nevados que lo visibilizan en toda la ecorregión del Eje Cafetero.

Martes, 24 Mayo 2022 06:06

Desde 1945, el mayor desafío

Desde 1945, el mayor desafío

Advertencia del FMI por la fragmentación geoeconómica

"La economía mundial quizás esté confrontando el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial", advierten en un texto la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto a Gita Gopinath, número dos del organismo, y Ceyla Pazarbasioglu,  directora del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del Fondo.

"La invasión rusa de Ucrania se ha sumado a la pandemia de la Covid-19. El encarecimiento de los alimentos y de la energía impone un lastre pesado a los hogares en todo el mundo. El endurecimiento de las condiciones financieras está ejerciendo más presión sobre los países, las empresas y las familias fuertemente endeudadas. Países y empresas por igual están revaluando las cadenas mundiales de suministro en medio de los persistentes trastornos. Si a esto se suman el marcado aumento de la volatilidad en los mercados financieros y la continua amenaza del cambio climático, lo que tenemos ante nosotros es una posible confluencia de calamidades", advierten las economistas.

Ante este escenario, dice el texto, la fragmentación geoeconómica, cuyo punto culmine es la guerra en Ucrania, es un gran obstáculo porque imposibilita la coordinación. La tendencia a la desintegración, admite el FMI, se explica porque a la par de la integración desde finales de los '70 "las desigualdades en cuanto a ingreso, riqueza y oportunidades han seguido empeorando. Hay gente que ha ido quedando rezagada a medida que las industrias han ido evolucionando en medio de la competencia mundial. Y a los gobiernos les ha sido difícil ayudarlas".

"Las tensiones relativas al comercio, las normas tecnológicas y la seguridad han venido agudizándose por muchos años, y eso ha ido socavando el crecimiento y también la confianza en el actual sistema económico mundial", prosiguen.

Ante la posibilidad de que la fragmentación económica global siga en ascenso, el Fondo pide reducir barreras comerciales "para aliviar la escasez y bajar los precios de los alimentos y otros productos", lo cual parece difícil en un contexto en donde justamente viene ocurriendo lo contrario, es decir, un aumento del proteccionismo.

Además, el FMI advierte que "dado que alrededor de 60 por ciento de los países de bajo ingreso tienen importantes vulnerabilidades de deuda, algunos tendrán que reestructurarla. Si no hay una cooperación firme para aliviar esas cargas, tanto esos países como sus acreedores saldrán perdiendo. Es por esta razón que se debe aprobar sin demora el Marco Común del Grupo de los Veinte para el tratamiento de la deuda".

Lunes, 23 Mayo 2022 05:52

¿Se está cayendo el sistema?

Protesta estudiantil realizada la semana pasada en Nueva York contra la posible anulación de la ley que garantiza el derecho al aborto en Estados Unidos. Cuando las mayorías desean derecho a la salud (incluida la interrupción del embarazo), educación, vivienda, salarios dignos, respeto a las libertades civiles y una reforma migratoria, y la cúpula sencillamente no cumple, o no responde, difícilmente se puede hablar de que en un país existe un sistema democrático.Foto Afp

 Cuando el país más poderoso y rico del mundo, con la economía más grande y las fuerzas militares más potentes, anuncia que enfrenta una grave emergencia en la que el comandante en jefe invoca la Ley de Producción de Defensa (que otorga poderes de emergencia para obligar la fabricación de productos esenciales) y anuncia la Operación Vuela Fórmula con el fin de usar aviones federales para obtener productos en el extranjero, uno supone que es un problema existencial. Pero cuando resulta que todo esto es porque de repente hay una carencia de fórmula para bebés, es señal de que algo anda muy mal.

Cuando se revela que la esposa de Clarence Thomas, uno de los nueve integrantes de la Suprema Corte, participó directamente en los esfuerzos para fomentar un golpe de Estado e intentar anular el voto presidencial, y su marido pretende que puede ser "imparcial" al evaluar casos relacionados al proceso electoral, es otra señal de que algo está muy mal.

Que los multimillonarios ejercen su enorme poder financiero para definir elecciones, y sus gastos millonarios en campañas electorales son oficialmente consideradas como "libertad de expresión", fue calificado por el ex presidente Jimmy Carter, desde hace siete años, como un Estados Unidos convertido en "una oligarquía con soborno político ilimitado", y las cosas se han deteriorado desde entonces. El ex secretario del Trabajo y profesor de políticas públicas en la Universidad de California Robert Reich afirmó recientemente que Estados Unidos se presenta como el faro de la democracia en contraste con las autocracias de China y Rusia, "pero la democracia estadunidense está en peligro de sucumbir al mismo tipo de economías oligárquicas y nacionalismo racista que prospera en ambos esos poderes".

A la vez, mientras el presidente y su secretario de Estado y los líderes legislativos insisten en que son los guardianes del derecho internacional y como jueces supranacionales advierten que los responsables de cometer crímenes de guerra serán obligados a rendir cuentas, el subconsciente de la cúpula política estadunidense los traiciona en maneras que hubieran divertido a Freud. El miércoles pasado el ex presidente George W. Bush, en un discurso en su centro presidencial en Dallas, declaró que "fue la decisión de un hombre lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal a Irak", y de inmediato corrigió, y dijo que se estaba refiriendo a Putin y su invasión a Ucrania pero, con risitas, después dijo, casi susurrando, “Irak también, de todas maneras…” antes de continuar. Su ex secretaria de Estado Condoleezza Rice ya había afirmado en una entrevista a finales de febrero, en referencia a Rusia, que la invasión de una nación soberana es un crimen de guerra, sin titubear ni corregir, mostrando su increíble incapacidad, como el resto de la cúpula estadunidense, de reconocer su hipocresía.

Cuando una invitación de la Casa Blanca a mandatarios en América Latina y el Caribe ya no obliga a todos a presentarse en la fiesta para la foto hemisférica con el estadunidense al centro, algo ha cambiado en su patio trasero (aunque diga muy amablemente que ya lo considera como jardín al frente de su mansión), otra señal aún no percibida por ellos de que no les va bien.

Cuando las mayorías desean derechos a la salud (incluido el aborto), educación, vivienda, salarios dignos, respeto a las libertades civiles y una reforma migratoria, y la cúpula sencillamente no cumple, o no responde, ¿eso se puede llamar un sistema democrático?

Vale preguntar ante todo esto si tal vez Estados Unidos no debería ser invitado a la próxima Cumbre de las Américas hasta que resuelva sus tendencias autocráticas, logre garantizar el sufragio efectivo y hacer que los responsables de minar derechos y libertades civiles y de cometer crímenes de guerra sean enjuiciados y rindan cuentas tanto a su propio pueblo como a la comunidad internacional.

Hay muchas señales de que a Estados Unidos se le está cayendo el sistema.

Stevie Wonder, Blowin’ in the Wind. https://www.youtube.com/watch?v=y8q1I9f1l4U

Rising Appalachia. Resilient. https://www.youtube.com/watch?v=tx17RvPMaQ8

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