La ONU condena el asesinato de dos adolescentes venezolanos en Colombia

Eran migrantes y fueron baleados después de haber sido señalados de robar en un almacén

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

 

La ONU y autoridades colombianas investigan el asesinato de dos adolescentes venezolanos de 12 y 18 años, que fueron baleados luego de haber sido señalados de robar un almacén en una violenta región cocalera del noreste del país, según diversas fuentes divulgadas este lunes.

En videos y fotos difundidas en redes sociales, se ve a los adolescentes con aire afligido, las manos atadas hacia adelante con cinta adhesiva mientras una persona fuera de cámara los acusa de "ladroncitos".

"Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras", dice la voz anónima.

Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados más tarde en una zona rural, aparentemente baleados y con las manos todavía amarradas.

Un cartón con la palabra "ladrones" escrita a mano reposaba sobre el cuerpo del más pequeño, tirado bocabajo con una mochila roja.

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

Los comerciantes los ataron, pero luego "fueron arrebatados (...) por un grupo armado ilegal que se los llevó con un destino desconocido donde luego aparecieron muertos", agregó Marthey en entrevista con Blu Radio.

Según el defensor, los jóvenes eran migrantes que huyeron de la crisis económica de Venezuela.

El coronel de la policía, Carlos Martínez, responsabilizó a las disidencias de la exguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y aseguró que se adelantan pesquisas para esclarecer el crimen.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el homicidio del menor de 12 años y pidió a las autoridades "investigar estos hechos".

El convulso municipio de Tibú concentra la mayor cantidad de narcocultivos de Colombia con más de 19.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, según la ONU.

Disidentes de la otrora guerrilla de las FARC, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcos de origen paramilitar se disputan el territorio a sangre y fuego para controlar el negocio de la coca.

Organizaciones no gubernamentales como la internacional Human Rights Watch han denunciado que miles de migrantes venezolanos llegan a la región por el precario control de los pasos fronterizos y terminan atrapados en el conflicto armado colombiano.

12 de octubre de 2021

Publicado enColombia
Sábado, 03 Julio 2021 07:34

Bases

Bases

El reciente incidente de un buque de guerra británico en el mar Negro, que a juicio de Rusia se adentró en sus aguas territoriales y se retiró sólo después de que la flota rusa lanzó salvas de advertencia, confirma que la presencia militar de cualquier Estado lejos de sus fronteras no hace más seguro el mundo, obedece a una estrategia de expansionismo y aumenta el riesgo de estallido accidental de un conflicto de gran magnitud entre potencias nucleares.

 En este sentido, y sobre todo después de que Estados Unidos anunció su retirada de Afganistán, los países ex soviéticos de Asia central son cortejados para que acepten albergar tropas extranjeras.

Dos de los países colindantes con la región, Rusia –que tiene tres bases en Tayikistán y Kirguistán– y China (que no tiene ninguna, pero sí crecientes inversiones), se oponen a las bases militares de otros y apuestan a garantizar la seguridad de sus fronteras por medio de los mecanismos multilaterales, la OCS y la OTSC.

Estados Unidos, con más de 800 bases repartidas por todo el mundo, sondea reinstalar tropas en los países de la región, mientras un miembro de la OTAN, Turquía, que ya posee presencia militar en la zona del Caspio y el Cáucaso del sur a través de Azerbaiyán, se ofreció a proteger de eventuales ataques talibanes a los vecinos postsoviéticos de Afganistán, por ahora incrementando la cooperación castrense y la preparación de efectivos.

Ante la falta de avances para un arreglo político en el sur del país eslavo, Ucrania considera la posibilidad de establecer bases extranjeras, aunque ello lo prohíbe la Constitución y la obtención de plena membresía en la OTAN puede llevarle a Kiev años.

Quizás es sólo un amago para desbloquear las negociaciones, pero la Corte Constitucional va a estudiar si la prohibición se refiere también a “acuerdos bilaterales de cooperación” con un solo país “aliado”, aunque ello cruzaría una de las líneas rojas que marcó Rusia.

A todo esto, el Kremlin cerró la semana mandando a la Cámara de Diputados para ratificar el acuerdo para instalar una base naval en Sudán, en el mar Rojo, que sería, después de Siria, el segundo país fuera del espacio postsoviético donde tiene presencia militar, mientras sigue negociando las condiciones para construir bases en Egipto, Eritrea, Madagascar y Mozambique.

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Entre el coronavirus y la violencia: así viven los indígenas en Colombia

Los indígenas nasa y awa en Colombia hacen frente a la pandemia desde la autogestión de la salud propia y la sabiduría ancestral en medio de un conflicto armado que les sigue asesinando en pleno confinamiento.

 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) asegura que 382.266 familias indígenas colombianas estarían en riesgo de contagio por la covid-19. Hasta ahora, el virus afecta a 33 comunidades nativas del total de 103 pueblos indígenas que existen en este país con 906 personas indígenas contagiadas y 29 fallecidos. Preocupan especialmente los que habitan en zonas fronterizas como los 21.000 awa, un pueblo declarado en vías de extinción física y cultural que viven mayoritariamente agrupados en 32 resguardos en la región de Nariño, vecina de Ecuador, en el Pacífico. El temor de los awa al coronavirus es enorme. No presentan ningún caso, pero en Nariño si hay ya más de 400 positivos. "Debemos impedir que el virus llegue a nuestros territorios y nos extermine porque aquí hay muchas enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión y tuberculosis", dice Rider Pai, Consejero Mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA).

Para evitarlo, los awa activaron su propio plan de contingencia, conscientes que poco pueden esperar del Estado, sin presencia institucional en su territorio y con un sistema sanitario público desmantelado. Como otras organizaciones indígenas, se declararon en confinamiento, establecieron puestos de control de entrada al territorio y recomendaron el lavado de manos. "Nuestro pueblo es binacional, repartido entre Ecuador y Colombia, pero es difícil establecer un control fronterizo y tener un albergue para poner en cuarentena a los que vienen de la parte ecuatoriana. Nuestros guardias indígenas están además muy expuestos porque no tenemos tapabocas ni geles desinfectantes", explica Claudia Jimena Pai, de la UNIPA.

Para los awa, la salud es un estado de equilibrio espiritual en las relaciones de las personas con el territorio y la naturaleza que se alteró cuando las colonizaciones les trajeron enfermedades, la tala y quema de árboles hizo desaparecer sus plantas medicinales, la minería ilegal contaminó sus fuentes hídricas, los cultivos de coca dañaron sus suelos y con la coca llegaron los actores armados y la guerra. La enfermedad, según sus médicos tradicionales, es consecuencia de toda esa desarmonía a la que hacen frente con rituales y plantas a las que atribuyen efectos curativos. "Los mayores nos dicen que cuando vino el sarampión, la rubeola o la tosferina fue difícil, pero ellos cavaron cuevas y pudieron sobrevivir en la selva, usaron plantas y salvaguardaron los sitios sagrados, que por eso nosotros estamos aquí todavía. Sin embargo, nuestras prácticas ancestrales han ido quedando a un lado cuando empezó la explotación de madera y los cultivos de coca. Ahora, queremos revitalizar la medicina propia", dice Claudia Jimena Pai.

En medio de la desarmonía, los awa llevan tiempo resistiendo a otra pandemia, la de la violencia. Pese a los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el conflicto armado aquí se reconfiguró y en las últimas semanas está teniendo connotaciones preocupantes. Los catorce grupos armados que se disputan el territorio han establecido toque de queda y cercos a la zona amenazando con matar a quien crean que esté contagiado. También el ejército colombiano intensificó las erradicaciones de cultivos de coca y hace presencia sin tomar medidas de seguridad, lo que pone en riesgo de contagio a la población. "Hace más de un mes que están erradicando y eso traerá más hambruna a la gente que cultiva por necesidad. Y las muertes no cesan. En cuarentena hemos tenido tres asesinatos", lamenta Rider Pai.

 

Salud propia y defensa de la vida

 

Limitando con Nariño, en la cordillera central andina del suroccidente de Colombia, está el Norte de la región del Cauca. Aquí habitan los nasa, seguramente el pueblo indígena más organizado y con más capacidad de resistencia de todos los de Colombia. Los resguardos que conforman la Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) suman unas 115.000 personas y llevan ya varias semanas tratando de evitar que la pandemia entre en sus territorios.

Los nasa nunca llaman al coronavirus por su nombre porque entienden que así lo atraerían mucho más. Lo llaman Wee Wala, la desarmonía, y para evitar que se propague reforzaron la vigilancia de entrada a sus resguardos. Instalaron 97 puestos de control en carreteras y caminos. Allí desplegaron a 1.400 de sus guardias indígenas, un contingente pacífico de hombres y mujeres que con la ayuda de un bastón de mando se encargan de ejercer la vigilancia territorial. Junto a ellos, hay también personal sanitario del Tejido de Salud nasa. "Hemos hecho un trabajo preventivo cerrando el territorio con todo un despliegue de fumigación a los vehículos, sahumerios con plantas medicinales e información a comuneros y comuneras sobre qué precauciones deben tomar", explica Gloria Amparo Yonda, enfermera salubrista nasa y coordinadora del Tejido de Salud.

Y es que los nasa cuentan con una institución de salud propia, la IPS-ACIN Cxhab Wala Kiwe, que brinda atención médica a las comunidades con un enfoque intercultural que combina la medicina indígena y la alternativa con la medicina occidental. "El sistema tiene en cuenta a nuestros sabedores ancestrales, médicos tradicionales, parteras, sobanderos y curanderos en todas sus ramas. Contamos con personal de salud comunitario, incluidos indígenas formados en la medicina occidental pero que conocen nuestra cosmovisión. Tenemos además una planta de medicamentos naturales para tratar desarmonías comunes como Infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales y dolores en general", explica Yonda. Aunque siguen las recomendaciones oficiales y no tienen ningún caso de contagio, consideran de vital importancia continuar utilizando plantas medicinales a través de saumerios y realizar rituales de fortalecimiento espiritual para ahuyentar la desarmonía en el territorio.

Con todo, reconocen sus limitaciones y la imposibilidad de atender enfermedades de gran complejidad por ser una red de salud primaria. "En el caso de la pandemia necesitamos tapabocas, guantes, gel antibacterial, termómetros, batas desechables, camas, sillas de ruedas... Estamos solicitando apoyo y solidaridad porque el Estado no está haciendo nada", expone Gloria Yonda. En caso de gravedad dependen de hospitales que se encuentran alejados y de un sistema de salud estatal con muchas falencias.

El coronavirus tampoco ha doblegado la curva de la violencia en el Cauca. En plena cuarentena se han incrementado los asesinatos de líderes indígenas en todo el país, especialmente en esta región con 40 muertes violentas. "No tenemos ningún muerto por we wala, pero sí muchos muertos por seguir defendiendo nuestras luchas como pueblos indígenas. Vivimos una arremetida de los grupos al margen de la ley contra nuestros proyectos de vida y nos enfrentamos a la fuerza pública que en plena pandemia ha querido desalojarnos de las tierras que hemos recuperado. Mientras nosotros pensamos en armonizar el territorio para que la wee wala no llegue, ellos están pensando en seguir acabando con nuestra organización indígena y nuestros líderes", lamenta Yonda.

Y es que los grupos armados están aprovechando las restricciones de la pandemia para expandir su presencia. En el caso del Cauca son diferentes disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional (ELN) y pequeñas estructuras paramilitares vinculadas al llamado Clan del Golfo las que se disputan el control de la marihuana y la coca, y las rutas para sacar la droga hacia el Pacífico. Todos están en guerra abierta contra los nasa, decididos a tratar de sacar los cultivos ilícitos de sus territorios.

La situación en Colombia preocupa a organizaciones que desde España trabajan por este país. La Taula Catalana per Colòmbia, el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (ADPI) o varios Programas de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos han denunciado el recrudecimiento del conflicto armado en plena crisis humanitaria. Solicitan con carácter urgente una respuesta nacional e internacional, y señalan que uno de los colectivos más azotados por esta violencia es el del centenar de pueblos originarios en Colombia. Organizaciones como la ADPI y el Colectivo Maloka han impulsado una campaña de solidaridad internacional con la intención de apoyar los procesos de salud autogestionados de los awa y los nasa.

20/06/2020 08:53

Javier Sulé

@javiersule

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Un hombre camina frente a un vehículo quemado tras un ataque el 5 de enero de 2019 en Fortaleza (Brasil). EFE

Tres bandas diferentes de narcotraficantes se han unido para llevar a cabo más de 150 ataques como represalia por una propuesta para acabar con la separación de los miembros de las diferentes bandas en las prisiones brasileñas


El episodio de violencia es uno de los primeros desafíos al nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que llegó al poder con propuestas de línea dura contra el crimen

 

Carlos Robério y sus colegas sabían que un ataque sobre el minibús de su cooperativa, radicada en Fortaleza, al noreste de Brasil, era solo cuestión de tiempo. En las últimas noches, miembros de pandillas ya habían destrozado uno de sus vehículos y habían incendiado decenas de autobuses urbanos.


Cuando finalmente llegó el ataque, Robério no pudo hacer mucho más que quedarse mirando las cámaras de vigilancia mientras un grupo de jóvenes bañaba con gasolina uno de sus puestos y le prendía fuego. "Estaba desesperado", cuenta Robério. "Es nuestra propiedad y así es como nos ganamos la vida y apoyamos a nuestras familias".


Las autoridades en el estado de Ceará se han visto superadas por un episodio de violencia que ya cumple más de una semana y que ha sido especialmente intenso en la capital, Fortaleza, una región metropolitana donde viven 4 millones de personas.


Las fuerzas de seguridad señalan que tres bandas diferentes de narcotraficantes se han unido para llevar a cabo más de 150 ataques como represalia por una propuesta para acabar con la separación de los miembros de las diferentes bandas en las prisiones brasileñas.


Se han incendiado autobuses, camiones de correos y coches. Comisarías, edificios del Ayuntamiento y bancos han sido atacados con cócteles molotov y explosivos. El domingo, los pandilleros hicieron explotar una central telefónica dejando 12 ciudades sin servicio de telefonía. Otras explosiones han dañado un paso elevado de autopista y un puente.


El episodio de violencia es uno de los primeros desafíos del nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que llegó al poder con sus propuestas de línea dura contra el crimen, entre las que se incluyen tomas militares de ciudades brasileñas y tácticas de seguridad consistentes en disparar a matar.


Hasta ahora, no ha habido muertos, pero el estallido de violencia ha paralizado Fortaleza: autobuses y taxis han interrumpido sus servicios, las tiendas han cerrado durante días y muchos residentes atemorizados se niegan a salir de casa.


Unos 500 miembros de la Guardia Nacional han sido desplegados en la región. Camilo Santana, gobernador del estado de Ceará, señaló el lunes que las autoridades han efectuado 148 detenciones relacionadas con los disturbios. Al menos 20 presos sospechosos de ordenar los actos de violencia han sido transferidos de prisiones estatales a federales.


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A pesar del caos, el Gobierno ha afirmado que no dará marcha atrás en su plan de combatir las actividades de las bandas en las prisiones.


Fortaleza y otras ciudades al noreste de Brasil han sufrido un aumento de los homicidios en los últimos años, a medida que las bandas más infames del país, Primeiro Comando da Capital (PCC) de Sao Paulo, y Comando Vermelho, de Río de Janeiro, empezaron a invadir la región, la cual se disputan con los Guardiões do Estado, radicados en Fortaleza, y con Família do Norte, del estado de Amazonas.


El PCC y el Comando Vermelho están atrapados en una dura batalla por el control del tráfico de drogas en Brasil y la ciudad de Fortaleza es percibida como un premio estratégico porque es el puerto grande más cercano a Europa y África.


"Solíamos ver este tipo de salvajismo únicamente en Río de Janeiro a través de la televisión. Las cosas solían estar tranquilas aquí", cuenta Robério, que añade que el caos le ha llevado a querer adquirir un arma."Es un absoluto caos y me siento como si estuviera en medio del océano sin un bote salvavidas", señala.


Bolsonaro se aprovechó de tales sentimientos durante las elecciones y propuso facilitar la adquisición de armamento y premiar a la policía por llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas de seguridad de Brasil ya son violentas y en 2017 mataron a 5.000 personas, una media de 14 muertos al día.


"Bolsonaro promovió una retórica bélica durante su campaña que no solucionará el problema de Brasil con la violencia", señala Renato Sergio de Lima, presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública.


De Lima cuenta que Bolsonaro y muchos políticos antes que él tienden a proponer más violencia en lugar de estrategias más efectivas como invertir en mejorar las capacidades de inteligencia para las investigaciones policiales y reformar el actual sistema de prisiones.


El presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública cita la propuesta del ministro de Justicia, Sergio Moro, de investigar el blanqueo de capitales de las bandas para asfixiarlas económicamente, pero señala que las propuestas duras de Bolsonaro hacen de ciudades violentas como Fortaleza una "bomba de relojería". "Realmente son la policía y las instituciones locales las que tienen que apagar las llamas de estas propuestas bélicas de los políticos", añade.

Por Anna Jean Kaiser - Río de Janeiro
10/01/2019 - 20:22h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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