Quiénes son responsables de las crisis climáticas

Global Carbon Project acaba de publicar un informe sobre la contribución que cada país ha hecho a la producción de emisiones de CO2 en el mundo desde hace 170 años, una de las mayores causas de la crisis climática que padece hoy el mundo. El trabajo, que se dio a conocer en el New York Times el 13 de noviembre último, muestra claramente que una minoría muy reducida de la población mundial -un 12% que vive en 23 países, la mayoría de los cuales están a los dos lados del Atlántico Norte- ha producido la mitad de todas las emisiones de CO2 en el mundo. Estados Unidos ha producido un 24% del total, seguido por Alemania (5,5%), Gran Bretaña (4,4%), Francia (2,3%), Italia (1,5%), España (casi el 1%)… Y Japón ha producido un 3,9% y Australia un 1,1%.

La otra mitad de CO2 emitida desde hace 170 años la han producido países (150) hoy de renta media o baja (terminología que  utiliza el informe), en los que vive la gran mayoría de la población mundial. Entre ellos destaca China, que ha producido durante tal período el 13,9% de todas las emisiones seguida de Rusia (6,8%), India (3,2%), Sudáfrica (1,3%), México (1,2%), Irán (1,1%), Corea del Sur (1,1%), Brasil (1%), y así una larga lista de países.

Una minoría ha sido la mayor causante de producción de CO2

De tales datos se deriva que un número reducido de países (Estados Unidos y Europa, predominantemente la Europa Occidental), donde vive una minoría de la población mundial, ha estado emitiendo gran cantidad de CO2 en la atmósfera causante de la crisis climática de hoy, que se ha ido generando a lo largo de todo este largo periodo, siendo Estados Unidos el mayor emisor global.

El segundo dato de gran interés de este trabajo es la evolución de tales emisiones durante aquel periodo. Un análisis de tal evolución muestra que ha sido primordialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando aumentó la emisión de CO2 de una manera rápida y sustancial por parte de países, no solo ricos, sino también de los países considerados hoy de renta media y pobre. Entre estos últimos, destaca China, que es hoy el país mayor emisor de CO2, seguido de la India (aunque Estados Unidos continúa siendo uno de los países con mayor producción). Tal crecimiento en los países de renta baja, siguiendo el modelo de desarrollo industrial que caracterizó a los países ricos de hoy, contribuyó de una manera muy marcada al aumento de producción de CO2 a nivel mundial. La enorme crisis climática de hoy, que amenaza lo que se considera "la supervivencia humana", se basa en esa realidad. De continuar esta vía, los años de sobrevivencia están contados. De ahí que se haya extendido en amplios sectores conservadores y liberales la percepción de que la causa de la crisis climática es el deseo de los países pobres de alcanzar el nivel de desarrollo de los países ricos, siguiendo su ejemplo. El eslogan "a mayor riqueza, mayor producción de CO2" parece ser la explicación de las raíces del problema climático.

¿Hay otra manera de salir de la pobreza?

De ahí deriva el pánico que comienza a extenderse entre sectores de opinión importantes en países ricos, el deseo de romper con la pobreza de la mayoría de la población mundial puede significar el fin de la humanidad, incluyendo de los países ricos. Raramente esta percepción se presenta con tal crudeza, pero con mayor sutileza este mensaje se ha promovido por algunos voceros de los estamentos conservadores en los países ricos en la reunión de Glasgow. El error de tal postura es que asume que hay solo una manera para dejar de ser pobre, cuando hay evidencias de que no es así. Y este es uno de los temas más importantes que existen hoy en día y del cual apenas se habla en los mayores medios de comunicación. Constantemente se debate acerca de las distintas fuentes de energía existentes que son nocivas a la supervivencia de la humanidad. Pero como siempre ocurre, se intenta centrar el debate en formas de energía (como si fuera un problema técnico) sin tocar el tema clave: es el contexto político lo que determina que un tipo de energía u otro sea el que acabe empleándose. La despolitización de lo que es fundamentalmente político es característico del discurso internacional sobre la causa y solución de la crisis climática.

El modelo liberal de desarrollo (y los que lo apoyan y llevan a cabo) es responsable de la aceleración de la crisis climática

Existe amplia evidencia que el modelo liberal, que ha dominado la actividad económica en gran parte del mundo, y que ha causado el enorme crecimiento de las desigualdades entre países y dentro de cada país, con gran concentración de la riqueza y de la propiedad de los medios de producción y distribución ha sido una de las mayores causas de las consecuencias negativas del crecimiento económico y del rápido deterioro de la situación climática del mundo.

Y es precisamente en el país donde este modelo ha tenido mayor desarrollo, Estados Unidos, dónde hoy hay mayor cuestionamiento de su permanencia. Esta realidad muestra el gran error de aquellos autores, promotores de tal modelo liberal como Fukuyama , que consideraron que la victoria de Estados Unidos en La Guerra Fría (Cold War) determinaba ya la continuidad de tal modelo para siempre, habiendo supuestamente probado su superioridad sobre cualquier otro modelo poniendo así fin a la historia (el título de su libro) pues el objetivo se había ya conseguido. Era el único posible. Pero la realidad ha mostrado que hay muchos otros modelos y que el liberal hoy está siendo cuestionado incluso donde estaba mas fuerte, EEUU. El presidente de tal país está intentando recuperar de nuevo el New Deal del Presidente Roosvelt, con una gran inversión pública en las áreas ambientales y climáticas (el Green New Deal) y en las áreas sociales (el Social New Deal), favoreciendo el empoderamiento de las clases populares y muy en particular de la clase trabajadora, reforzando a los sindicatos. Predeciblemente, grandes sectores de la patronal de las empresas energéticas no renovables (petróleo, gas y carbón) así como de empresas en áreas sociales, como la industria farmacéutica (que se opone a la regulación publica del precio de los fármacos y acceso a las vacunas y medicamentos necesarios para controlar la pandemia, y muy en particular, en países de renta baja eliminando sus patentes) además empresas financieras gestoras de compañías de seguros sanitarios afectados por las reformas propuestas por la administración Biden, entre muchos otros poderes fácticos a los cuales hay que añadir la oposición de las personas que ingresan más de US$ 400,000 al año al aumento de sus impuestos así como el incremento de impuestos de sociedades de las grandes empresas transnacionales están hoy movilizándose con gran hostilidad hacia las autoridades federales para parar tales cambios. Tal oposición que aparece también dentro del sectores importantes del Partido Demócrata, sobre todo del Senado, muy influenciado por tales grupos de poder que se resisten a debilitar al modelo liberal.

La urgencia y la importancia de cambiar el modelo económico dando mayor importancia al sector público y al bien común

Hoy a nivel mundial el problema climático, al cual hay que añadir la gran crisis social acentuada por la pandemia, requiere un cambio radical del quehacer económico, con la activa participación de las autoridades públicas que deben ponerse al servicio de las necesidades de la mayoría de las poblaciones a fin de anteponer el bien común sobre los intereses de acumulación de rentas y propiedad que ha alcanzado un nivel obsceno además de ser injusto y sumamente ineficaz e ineficiente. Como bien indicaba Mariana Mazzucato, a raíz de la reunión de Glasgow "The right institutions for the climate transition" Social Policy (noviembre 22, 2021) es imposible que el deterioro de la situación climática del mundo se pueda alcanzar sin un cambio muy profundo del rol de las autoridades públicas en priorizar el bien común aplicando políticas públicas claramente intervencionistas para revertir el deterioro que está ocurriendo en el bienestar de las clases populares relacionando el tema social con el tema climático y viceversa. Esta relación es esencial para conseguir la movilización de la ciudadanía para presionar por las políticas de cambio, lo cual está ya ocurriendo en varios países.

Decía recientemente Thomas Piketty, que hay en muchas partes del mundo situaciones semejantes a la que existía en Francia antes de que ocurriera la Revolución Francesa, cuando aparecieron unos movimientos de protesta inesperados frente al excesivo poder de la nobleza. Hoy la nobleza son las grandes empresas energéticas contaminantes, las empresas agrícolas que destruyen instrumentos de protección, las empresas financieras que especulan absorbiendo recursos que deberían tener objetivos sociales,  las empresas farmacéuticas que impiden el acceso a las vacunas y muchas otras que están afectando el acceso a los recursos y que ejercen una enorme influencia sobre los Estados y sobre los organismos internacionales. Y es ahí donde las movilizaciones en contra de los que se oponen al cambio están creando una dinámica que también cuestiona la distribución de poder dentro de los Estados,  pero para que ello ocurra es muy importante que el Green New Deal esté diseñado no solo para lo que se define como "salvar la humanidad", sino también para mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población y no solo para volver a la llamada normalidad, que significa la continuación de un modelo económico liberal  que perpetúe las enormes injusticias y desigualdades que tal modelo ha causado. La evidencia de ello es clara y contundente.

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El clima, la energía y el mito de la transición

El enfoque hegemónico en las políticas de energía a escala global impide el desarrollo de alternativas efectivas de respuesta a la emergencia climática y la satisfacción de necesidades sociales. Lejos de representar una simple falta de ambición o la ausencia de voluntad política de algunos gobiernos, el fracaso cada vez más alarmante del enfoque neoliberal es una consecuencia estructural de un modelo político y económico que concibe a la energía como una mera mercancía y fuente de ganancias privadas. Este enfoque está orientado primordialmente a garantizar beneficios al capital. A pesar de la evidencia empírica acumulada en diversas regiones del mundo y el creciente reconocimiento de sus impactos negativos, la política dominante sigue estando centrada en el mercado como principio rector de los sistemas y recursos energéticos.

El modelo basado en la satisfacción de demandas de ganancias mercantiles a un número reducido de empresas privadas es incompatible con el suministro de energía para asegurar el bienestar social. Al mismo tiempo, el modelo neoliberal bloquea los esfuerzos para limitar el consumo de energía y reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Entender, debatir y generar alternativas viables para salir de este atolladero debería ser prioritario para todas las personas y organizaciones preocupadas por el presente y el futuro del clima y sus ya muy obvios efectos en los territorios y sectores sociales más vulnerables.

El mito de la transición energética

La publicación del más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha puesto de manifiesto –una vez más– la necesidad urgente de soluciones reales a la emergencia climática. El informe demuestra que la extinción de múltiples especies, la expansión de epidemias, la sucesión de olas de calor insoportable, el colapso de ecosistemas terrestres y marinos y el aumento del número de ciudades amenazadas por la subida de los mares, entre muchos otros impactos climáticos devastadores, se están acelerando y pasarían a ser realidades cotidianas antes de que un niño nacido hoy alcance su tercera década de vida (IPCC, 2021).

La dramática señal de alerta lanzada por el IPCC en las semanas previas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), a realizarse en Glasgow en noviembre de este año, no debería sorprender a nadie, ya que los cambios globales en la producción y el uso de la energía que necesitamos con urgencia para reducir las emisiones no se están concretando. En la actualidad, más del 80% de la demanda mundial de energía primaria es cubierta por combustibles fósiles (IEA y CCFI, 2021), mientras que las fuentes eólica y solar representan apenas el 10% de la electricidad mundial generada (Jones et al., 2020). A pesar de los repetidos discursos sobre el declive de los combustibles fósiles, la generación basada en la quema de carbón no se ha reducido de forma visible y en algunos países incluso ha aumentado. En 2020, los esfuerzos mundiales por desmantelar las usinas termoeléctricas se vieron compensados por la puesta en marcha de nuevas centrales de carbón en China, lo que supuso un aumento global del parque mundial de carbón equivalente a 12,5 GW (Global Energy Monitor, 2021).

En el contexto de la pandemia de la covid-19, algunos expertos en temas de clima y energía han argumentado que la contracción de la actividad económica marca un punto de inflexión en la tendencia. De hecho, la demanda mundial de energía se redujo casi un 4% en 2020, mientras que las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía disminuyeron un 5,8%, el mayor descenso anual registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de estos cambios a corto plazo, la pandemia no ha provocado ningún cambio significativo a largo plazo: se prevé que las emisiones mundiales de C02 relacionadas con la energía crezcan un 4,8% en 2021, con un aumento del 4,6% en la demanda mundial de energía, a ser cubierta primariamente por combustibles fósiles (IEA, 2021). A finales de 2020, la demanda de electricidad ya había registrado un nivel superior al de diciembre de 2019, con un 3,5% de aumento en la demanda mundial de carbón en relación al mismo periodo de 2019 (IEA, 2021).

Estos indicadores demuestran que la transición energética necesaria para cumplir con los objetivos acordados por los Estados firmantes del Acuerdo de París en el año 2015 está muy lejos de materializarse. De hecho, la mayoría de las principales economías del mundo no han registrado avances que les permitan afirmar que están en camino de cumplir con los compromisos asumidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) para la reducción de emisiones acordados en la Cumbre del Clima de París. La razón de este grave fracaso es la prevalencia del dogma neoliberal en las políticas del clima y de la energía. El paradigma dominante es el enfoque del palo y la zanahoria que, por un lado, intenta desincentivar el uso de combustibles fósiles mediante el establecimiento de mercados del carbono, mientras que, por otro lado, promueve la inversión en energías renovables y otras estrategias para reducir emisiones mediante subsidios y contratos muy favorables a los intereses de los inversores privados. Tanto el palo como la zanahoria están profundamente por la lógica de acumulación capitalista. En este marco, el rol de los Estados se reduce a salvaguardar la rentabilidad de los actores privados, en lugar de abordar los retos sociales o ambientales de forma directa.

Los resultados de este enfoque han sido desastrosos y todo indica que de no haber una reversión radical de la tendencia, la situación seguirá empeorando. Los mercados del carbono nunca llegaron a funcionar de la forma prevista: más de 15 años después del establecimiento del primer Sistema de Comercio de Emisiones, en la Unión Europea, la inmensa mayoría de las emisiones mundiales (84%) sigue sin tener precio alguno, y la parte de las emisiones con un precio lo suficientemente alto como para ser potencialmente eficaz sigue siendo muy inferior al 1% (World Bank, 2020). Al mismo tiempo, aunque las energías renovables se han expandido, su crecimiento ha sido inferior a la creciente demanda de electricidad. Mientras que el sistema eléctrico mundial se ha expandido en los últimos años a un ritmo anual de casi 300 GW, la capacidad de las renovables ha crecido a un ritmo muy inferior, por lo que la Agencia Internacional de Energías Renovables ha señalado en junio de este año que “las tendencias recientes [de las emisiones] muestran que la brecha entre donde estamos y donde deberíamos estar no disminuye, sino que se amplía. Vamos en la dirección equivocada y debemos cambiar el rumbo ahora” (IRENA, 2021: 4).

Las políticas de energía neoliberales han bloqueado la transición. Además del fracaso de la estrategia de fijación de precios del carbono como mecanismo para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, la apuesta por el mercado para la promoción de las renovables ha permitido que unos pocos inversores con aversión al riesgo comercial hayan ganado mucho dinero. La expansión inicial de las renovables fue dependiente de subsidios, pero ante el aumento de los costes para los consumidores, las políticas de mercado pasaron a priorizar las llamadas subastas de capacidad, en las que a la oferta ganadora se le asegura un acuerdo de compra de energía que puede durar entre 15 y 20 años. Bajo este sistema, la caída de los costos de generación ha afectado la rentabilidad de las renovables, que se vuelven menos atractivas para inversores que buscan rendimientos satisfactorios. Esta tendencia ha provocado un déficit de inversión, que está impidiendo aún más la descarbonización de sectores clave de la economía.

Por otra parte, ni la excesiva confianza en el prosumismo (que elimina la distinción entre consumidor y productor de energía, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y mecanismos institucionales para habilitar la conexión de consumidores residenciales o comerciales a la red con el fin de vender la energía solar o eólica excedente) ni la prevista disrupción del mercado, a ser causada por generación distribuida, han satisfecho las expectativas iniciales, como se aprecia hoy en la Unión Europea y en otras partes del mundo donde se han eliminado las subvenciones y se han alterado las normas que rigen el mercado de la energía eléctrica. El enfoque hegemónico tampoco ha logrado abordar de forma efectiva los problemas asociados a la prevista espiral de la muerte de las grandes empresas eléctricas, de la misma manera que ha sido incapaz de anticiparse a los serios desafíos técnicos asociados a la instalación de fuentes renovables a gran escala, con retos que todavía no se han resuelto en países donde la energía eólica y la solar ya representan una porción significativa del suministro eléctrico.

La comunidad científica mundial ha estado planteando durante décadas que para minimizar el riesgo de impactos aterradores previstos en el más reciente informe del IPCC es imprescindible limitar las emisiones de GEI, de las que casi tres cuartas partes proceden de la producción y el consumo de la energía. También se ha reconocido desde hace tiempo que la rápida descarbonización de la generación de electricidad y de otros componentes del sector energético, así como de otros segmentos de la economía que consumen mucha energía –especialmente el transporte, la industria y los edificios–, es una condición ineludible para evitar los peores escenarios de futuro. A pesar de que la magnitud del reto ya ha sido reconocida, la política climática dominante ha fracasado por completo a la hora de dar una respuesta adecuada. Anclados en el optimismo delirante o en posturas negacionistas, diversos analistas, activistas ambientales, ejecutivos de grandes empresas y líderes políticos de diversas corrientes ideológicas han estado repitiendo durante más de una década la simplista idea de que la transición energética es inevitable, que ya está en marcha o que, incluso, se está acelerando. Estas afirmaciones no solo contradicen datos objetivos, sino que la mayoría de las voces que difunden esta idea siguen apostando a un modelo de propiedad y de gestión de la energía que imposibilita la transición energética que ellos pregonan.

No ha habido una transición energética, sino una simple expansión de la producción y el uso de la energía

La convergencia de las demandas de los sectores económicos dominantes con los intereses de las élites políticas es evidente en la defensa de la propiedad privada de la energía, incluyendo a gran parte de quienes proponen una transición energética centrada en fuentes renovables o limpias. En este sentido, tanto el discurso como las estrategias mercantiles de muchas empresas se han actualizado para hacerlas más compatibles con la creciente preocupación de amplios sectores sociales ante la emergencia climática. La creciente ansiedad de la población es percibida, desde una perspectiva mercantil, como una oportunidad económica estratégica para el enriquecimiento de sectores empresariales activos en la promoción de una economía verde facilitada por cambios en el marco normativo o institucional a distintas escalas.

En este contexto, no ha habido una transición energética, sino una simple expansión de la producción y el uso de la energía. Impulsadas por generosas subvenciones públicas o por contratos a largo plazo sin riesgo comercial y garantizados por los gobiernos, las fuentes renovables de generación de energía han experimentado un impresionante crecimiento en los últimos años (al menos si se consideran de forma aislada). No obstante, en el mismo período, la demanda global de energía ha superado con creces el crecimiento de las fuentes bajas en carbono. Como resultado, todas las formas de energía han crecido de forma paralela, sin que haya habido un desplazamiento significativo de los combustibles fósiles por parte de las renovables. A pesar de medidas gubernamentales muy publicitadas y de titulares de prensa excesivamente optimistas sobre la supuesta transición, la demanda global de energía creció más de un 20% en la década pasada, y tres cuartas partes de esa nueva demanda se cubrieron con la quema de carbón, gas y petróleo. Como resultado, las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando (IEA, 2019).

El imperativo del crecimiento permanente, que constituye la razón de ser del sistema de acumulación capitalista, determina que los compromisos y planes para controlar o reducir las emisiones de GEI sean altamente inverosímiles, si no imposibles. La idea de que las economías industrializadas podrían –mediante una modernización ecológica– desvincular el crecimiento económico de las emisiones ha sido desacreditada. Algunos estados afirman haber avanzado en esa dirección gracias a las medidas impulsadas por sus gobiernos, pero en realidad muchos de los avances más visibles son el resultado de la deslocalización de las emisiones hacia otros países. En el año 2018, en el marco de la presentación de un informe que constataba niveles récord en las emisiones mundiales de CO2, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, afirmó: “Traigo muy malas noticias: las cifras me desesperan” (Simon, 2018).

Por otra parte, dado que el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla, la incorporación de energía renovable variable a las redes eléctricas a una escala significativa implica formidables desafíos técnicos que el enfoque dominante centrado en el mercado no ha logrado superar. La expansión de las energías renovables tampoco ha sido capaz de crear las condiciones para reducir las emisiones de carbono en la industria, en el transporte y en otros sectores esenciales de la economía contemporánea. En el transporte predominan las asociaciones público-privadas (APP), pero este enfoque no ha frenado seriamente las emisiones relacionadas con este sector. En el sector de la construcción tampoco existe una estrategia viable –y mucho menos global– para la conservación de la energía a gran escala, en parte porque no existe un modelo empresarial viable para ganar dinero con la reducción del consumo de energía.

En resumen, el libre mercado, la privatización y el control del mercado de la energía por un grupo cada vez más reducido de empresas transnacionales han demostrado ser incapaces de llevar a cabo la transición energética que el mundo necesita con urgencia. Como ha sido demostrado en el marco de la respuesta mundial a la pandemia, abordar problemas globales complejos en plazos cortos exige la planificación y la coordinación de los gobiernos. Es necesario un cambio de paradigma para la propiedad y la gestión públicas del sector energético, incluyendo la democratización de las actuales empresas públicas de la energía.

La alternativa pública

El fracaso continuo y cada día más obvio de la política energética dominante para generar cambios a la velocidad y en la escala del cambio necesario para abordar la crisis climática debe ser reconocido como una verdadera emergencia política y reafirmar la urgente necesidad de un enfoque radicalmente diferente. Como alternativa a la perspectiva hegemónica basada en el lucro es preciso vigorizar la propiedad pública y democrática de los sistemas y recursos energéticos.

Además de ser menos costosa, la energía pública desmercantilizada facilita la transferencia de tecnologías y capacidades basadas en prioridades sociales antes que en beneficios privados. También permite la ampliación y optimización de los sistemas públicos de transporte, así como la implementación de programas de eficiencia y rendimiento energético en los edificios, además de habilitar más opciones para la descarbonización de la infraestructura industrial.

En síntesis, la alternativa pública significa la recuperación integral de la generación, transmisión, distribución y gestión de la energía. En contextos donde las políticas de privatización han sido más agresivas es necesario que las empresas de energía que han sido privatizadas vuelvan a ser de propiedad y control públicos. En otros contextos, donde la propiedad de las empresas ha permanecido en manos del Estado pero con una gestión orientada por los principios de la gobernanza corporativa de mercado, es necesaria la descorporativización o la desmercantilización de estas empresas, de modo que pasen a operar con una lógica de eficiencia social no restringida a las demandas neoliberales de rentabilidad puramente comercial, y estén orientadas por una concepción de la energía como un bien público y centradas en las necesidades sociales.

La alternativa pública significa la recuperación integral de la generación, transmisión, distribución y gestión de la energía

Desde esta perspectiva, el rol del Estado vuelve a ser esencial. En las últimas dos décadas, en muchos países del mundo (particularmente en Europa occidental) las cooperativas y otras experiencias de energía comunitaria se han expandido de forma significativa, generando nuevas esperanzas en torno a una transición energética a escala mundial anclada en proyectos descentralizados e iniciativas lideradas por la propia ciudadanía. Desafortunadamente, el optimismo inicial ha sido un tanto excesivo (Sweeney y Treat, 2020). En diversos países, los esfuerzos locales y de base comunitaria se han visto gravemente afectados por la supresión de las subvenciones y mecanismos de conexión a la red del tipo tarifas de alimentación (feed-in tariff). Este cambio ha provocado un fuerte descenso del número de nuevas iniciativas locales y dificultades para la supervivencia de las cooperativas en el nuevo mercado de la energía. Los proyectos comunitarios deben competir con los intereses del gran capital (incluidas las grandes empresas de energía eólica y fotovoltaica) tanto por apoyo político (subsidios) como por cuotas de mercado.

La revitalización de la propiedad pública debe ir acompañada de un claro cambio en la concepción de la energía como un bien público. Las empresas de energía que han sido privatizadas, corporativizadas o mercantilizadas no solo deben ser recuperadas, sino que también deben ser democratizadas y pasar a operar con otras modalidades de gestión. Asimismo, al igual que el proyecto neoliberal incluyó como un componente esencial la creación de nuevas agencias reguladoras (supuestamente independientes) para asegurar la competencia entre distintas empresas, la recuperación de la propiedad pública requerirá nuevas instituciones que garanticen que los servicios públicos recuperados funcionen de forma transparente, bajo control social y promoviendo la cooperación y la participación pública a distintos niveles.

La alternativa pública también significa la eliminación progresiva de los llamados mercados eléctricos competitivos

La alternativa pública también significa la eliminación progresiva de los llamados mercados eléctricos competitivos, tanto mayoristas como minoristas. En realidad, muchos Estados (sobre todo en el Sur global) han ignorado las directivas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los bancos regionales de desarrollo orientadas a la creación de mercados eléctricos, de la misma manera que han ignorado las instrucciones o presiones para establecer esquemas de comercio de emisiones. El desmantelamiento de los mercados eléctricos ofrece oportunidades para desmercantilizar la electricidad; también es necesario eliminar otras formas de privatización encubierta, como los llamados acuerdos de compra de energía (power purchase agreements, PPA), con contratos a dos o tres décadas con rentabilidad asegurada por el Estado y sin riesgo empresarial para los inversores privados.

La desmercantilización también abre nuevas posibilidades para un enfoque auténticamente integrado y bien planificado de la transición energética. La preocupación por la cuota de mercado ya no determinaría el comportamiento de las empresas de generación o distribución de la energía y, por tanto, evitaría o disminuiría las tensiones entre los prosumidores, las cooperativas de energía y las empresas estatales que se observan en la actualidad en diversos países del mundo. En el marco de un sistema público e integrado, en lugar de proporcionar oportunidades para que unas pocas empresas aumenten sus ganancias a expensas de la sociedad en su conjunto, la eficacia de la generación distribuida podría ser reevaluada sobre la base de criterios sociales y ecológicos y a largo plazo.

Una vez recuperadas y democratizadas, las empresas públicas de energía contarían con más capacidades (o menos restricciones) para ampliar sus operaciones de manera que puedan contribuir de manera más efectiva a la descarbonización no solo de la matriz energética, sino también del transporte, la industria, la agricultura y otros sectores que actualmente dependen de los combustibles fósiles.

Daniel Chavez es coordinador de Políticas Públicas del Transnational Institute, con sede en Ámsterdam. Sean Sweeney es coordinador de Trade Unions for Energy Democracy, con sede en la City University de Nueva York

Por Daniel Chavez, Sean Sweeney | 29/11/2021

 

Referencias

Global Energy Monitor (2021) “Boom and Bust 2021: Tracking the Global Coal Plant Pipeline”. San Francisco: Global Energy Monitor.

IEA (2019) Global Energy & CO2 Status Report. París: International Energy Agency (IEA).

IEA (2021) IEA (2019). Global Energy Review 2021. París: International Energy Agency (IEA).

IEA y CCFI (2021) Energy Investing: Exploring Risk and Return in the Capital Markets. París: International Energy Agency (IEA) y Centre for Climate Finance & Investment (CCFI).

IPCC (2021) Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.

IRENA (2021) World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency (IRENA).

Simon, Frédéric (2018) “Bad news and ‘despair’: Global carbon emissions to hit new record in 2018, IEA says”. Euractive.com (18 de octubre): https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/bad-news-and-despair-global-carbon-emissions-to-hit-new-record-in-2018-iea-says/.

Sweeney, Seab y Treat, John (2020) The Rise and Fall of ‘Community Energy’ in Europe. Nueva York: Trade Unions for Energy Democracy (TUED).

World Bank (2020) State and Trends of Carbon Pricing 2020. Washington, DC: World Bank.

Fuente: https://vientosur.info/el-clima-la-energia-y-el-mito-de-la-transicion/

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Sábado, 20 Noviembre 2021 07:12

Tres grados para el incendio

Tres grados para el incendio

La falta de decisiones para detener el calentamiento global en la recién finalizada COP26 (reunión de ONU sobre el clima) conlleva que la temperatura global aumentará en promedio tres grados centígrados en este siglo, sobre la media preindustrial. Quizá suene poco, pero es un escenario catastrófico. Con el aumento de 1.1 °C que ya vivimos, hay decenas de miles de migrantes climáticos, incendios e inundaciones devastadoras, alteración de corrientes oceánicas y otros graves impactos. Aún así, en lugar de acciones reales, la COP26 avanzó en retóricas engañosas y de alto riesgo.

El hilo rojo con que los grandes contaminadores nos quieren hacer creer que están haciendo algo para enfrentar la crisis es el concepto "cero neto". Se refiere a que en lugar de reducciones reales de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), se puede seguir aumentando las emisiones si se las "compensa" con medidas tecnológicas o de mercado. Sin cambios reales, plantea hacer sumas y restas que resultarían en cero emisiones "netas" (https://tinyurl.com/ypsyfmhm).

Más de mil 500 empresas trasnacionales, incluidas las mayores petroleras y automotoras, las empresas de agronegocios y alimentarias, las mayores financieras y gestoras de activos, las gigantes tecnológicas han anunciado que alcanzarán "cero emisiones netas" entre 2040 y 2060. Esta lógica se basa en tres pilares: las llamadas "soluciones climáticas basadas en la naturaleza", que incluyen desde megaplantaciones y monocultivos a la apropiación, conversión y/o redefinición de todo tipo de áreas naturales y agrícolas como áreas prioritarias de captura de carbono; una serie de técnicas de geoingeniería (que aún no existen) desplegadas a gran escala para captar carbono o reflejar la luz solar para bajar la temperatura; nuevos mercados de carbono para comerciar créditos de carbono en suelos agrícolas, mares y humedales, junto a "compensaciones" por contaminación y destrucción del clima y la biodiversidad.

Cada pilar conlleva serios problemas. La suma de promesas realizadas planea usar más tierras y bosques de los que hay disponibles en el planeta, por lo que no funciona para enfrentar la crisis climática, pero alienta una ola global de acaparamientos y desplazamiento de comunidades de sus territorios (https://tinyurl.com/53y57kpj). Como no será suficiente, muchos de los mismos actores impulsan también peligrosas nuevas tecnologías para "aumentar la capacidad de la naturaleza" para absorber carbono (por ejemplo manipulación genética de cultivos, árboles, microbios del suelo) y para captar carbono de la atmósfera con geoingeniería.

Es muy preocupante que Estados Unidos y China, los dos mayores emisores de GEI globales, en su declaración conjunta a la COP26 incluyen la cooperación para "el despliegue y aplicación de tecnologías como la captura, uso y almacenamiento de carbono y la captura directa de aire (CCUS y DAC por sus siglas en inglés)" (https://tinyurl.com/9rd3w49h).

Son propuestas de geoingeniería que demandan enormes cantidades de energía, agua y ocupación de tierras, por lo que tomadas en su ciclo completo producen más GEI que los que dicen "capturar". La captura directa de aire se hace con grandes ventiladores que filtran aire y separan el CO₂ con solventes tóxicos. Este se podría volver a usar en combustibles u otros productos, o inyectarlo en fondos geológicos terrestres o marinos, como pozos petroleros (https://tinyurl.com/253hapnv). Más de 85 por ciento de los proyectos de captura y almacenamiento de carbono planean inyectar ese CO₂ para extraer reservas profundas de petróleo a las que antes no podían acceder, lo que resulta en mayor extracción y emisiones. Con otros usos, o emiten más gases de los que dicen capturar o sólo posponen por un corto tiempo volver a emitir los GEI.

Ambos procesos requieren nueva infraestructura, materiales, transportes y conllevan riesgos de contaminación tóxica: el CO₂ concentrado y líquido es tóxico para la vida humana, animal y vegetal, los solventes son tóxicos, etcétera. La alta demanda de energía resulta en el uso de más combustibles fósiles o de energía nuclear "altamente riesgosa y con desechos radioactivos que persisten miles de años" o en competencia por el uso de energías renovables que no existen en cantidad suficiente y son necesarias para actividades que eviten las emisiones existentes, no para contrarrestar nuevas (https://tinyurl.com/3dsx7578).

Además de riesgosas, son tecnologías que no existen o apenas están desarrolladas a escala. No está demostrada su eficiencia ni su viabilidad ecológica, económica o social. Es significativo que los principales inversores de ambas tecnologías son grandes petroleras, automotrices y mineras como Chevron, Exxon, Occidental, BHP Billiton, Shell, Total y Volkswagen, que esperan así justificar la explotación petrolera y recibir más subsidios públicos y nuevas ganancias en mercados de carbono, al clasificarlas como tecnologías climáticas (https://tinyurl.com/2djxf94v).

El concepto "cero emisiones netas" es una trampa letal, una coartada para que los contaminadores del clima y el ambiente no cambien nada y hagan nuevos negocios. Malgasta el poco tiempo que tenemos para enfrentar realmente la crisis climática. Por ello más de 700 organizaciones lanzaron en la COP26 un llamado global que exige a los gobiernos abandonar esa estafa y apoyar las soluciones reales, que sí existen. https://www.realsolutions-not-netzero.org/home

* investigadora del Grupo ETC

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Jueves, 18 Noviembre 2021 06:15

La triple estafa de Glasgow

La triple estafa de Glasgow

Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado su intención de despojar a 1.500 millones de personas, de otras regiones del mundo, de sus correspondientes cupos de emisiones 2021 – 2100. Una estafa cuyo valor comercial, a precios actuales, supera los 4 billones de dólares, 4 millones de millones.

Su anuncio es también una burla a lo acordado en Glasgow. Es un sabotaje anunciado a toda posibilidad de limitar el aumento de temperatura a 1,5°C.

Biden se presentó en Glasgow después de coordinar posiciones con el G7 y con el G20. Cuando reclamó su liderazgo mundial ante el reto del calentamiento global, ya la estrategia había sido acordada. Anunció entonces su compromiso con limitar el aumento de temperatura a 1,5°C. Para dar ejemplo, se compromete con emisiones netas cero para el 2050.

Uno a uno, los jefes de Estado y de Gobierno de Europa, incluyendo sus  reyes, reinas y príncipes, repitieron en coro: emisiones netas cero para el 2050.

China y Rusia asumieron el mismo compromiso, para el 2060. India para el 2070. Todos los medios de comunicación, al unísono, se lanzaron contra China y Rusia, por su irresponsabilidad. A India la insultaron. La misma acusación se difundió rápidamente por las redes. Son los malos.

En el caso de Estados Unidos, emisiones netas cero para el 2050 es un anuncio de su intención de emitir al menos 75 giga-toneladas netas de CO2 durante el período 2021-2050.

Biden y Kerry repitieron reiteradamente en Glasgow: follow the science, hagamos las cosas de acuerdo con la ciencia. Lo predican, pero no lo practican.

Una de las conclusiones más resaltantes del reciente informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC AR6 2021, es que para limitar el aumento de temperatura a 1,5°C, con al menos un 67% de probabilidad, es necesario limitar las emisiones globales a 400 giga-toneladas durante el período 2021-2100.

Si todas las personas tienen el mismo derecho, como tanto se pregona, el presupuesto de emisiones debe distribuirse entre la humanidad en partes iguales, todos iguales en derechos sobre un bien común: la capacidad de la atmósfera de albergar moléculas de CO2. El presupuesto de emisiones debe distribuirse entre los países en proporción con su población.

A Estados Unidos le corresponden así 17 gigatoneladas. Implica emisiones netas cero para el 2027 a más tardar.

El escenario que proponen Biden y Kerry, emisiones netas cero para el 2050, es una muestra de  irresponsabilidad internacional. Estados Unidos pretende auto adjudicarse 75 giga-toneladas, 58 giga-toneladas por encima del presupuesto que le corresponde, despojando a 1.116 millones de personas, de otras regiones del mundo, de sus correspondientes cupos de emisiones. Una estafa valorada en 3 billones de dólares a precios actuales, utilizando como precio de referencia el de la Unión Europea (US$ 50/ton CO2).

Es además una burla a la COP 26. Estados Unidos reclama para sí 75 giga-toneladas del presupuesto disponible de emisiones, el 19% del total. Pero su población es de apenas el 4% de la población mundial. Sólo le corresponden 17 giga-toneladas.

Estados Unidos reclama para sí 4,4 veces lo que efectivamente le corresponde. Si todos seguimos su iluminado ejemplo, llegaríamos a finales de siglo con un aumento de temperatura de al menos 3°C. Demuestra, una vez más, su desprecio por la preocupación internacional por la amenaza del calentamiento global y sus consecuencias, tal y como lo hizo Bush cuando se retiró arbitrariamente del Protocolo de Kioto en el 2001, y como lo hizo Trump cuando se retiró del Acuerdo de París en el 2017.

La Unión Europea de los 27 y el Reino Unido compiten con Estados Unidos en hipocresía. Pomposamente anuncian su objetivo: emisiones netas cero para el 2050. Reclaman para sí 50 giga-toneladas del presupuesto disponible de emisiones, el 12,5% del total, aunque su población es de apenas el 6,7% del total mundial. De esta manera, y siguiendo fielmente a Estados Unidos, la Unión Europea 28 pretende despojar a 447 millones de personas, de otras partes del mundo, de sus correspondientes cupos de emisiones. Una estafa valorada en 1,15 billones de dólares a precios actuales.

Biden y sus cómplices europeos también acordaron evadir cualquier referencia a las responsabilidades acumuladas en la gestación de la crisis climática actual.

Los países industrializados, con el 17% de la población mundial, son responsables por el 70% del calentamiento global acumulado entre 1900 y el 2020. Es entonces razonable que también contribuyan con el 70% de los costos para superar esta amenaza planetaria.

En su obsesión con China, los medios norteamericanos y europeos no cesan de señalarla como el gran irresponsable, el que emite más CO2, el que más contribuye al calentamiento global. Cuando en realidad, la contribución al calentamiento global acumulada hasta la fecha sólo por Estados Unidos supera la de China, India, África y América Latina juntos. Lo mismo ocurre con la contribución de la Unión Europea. Cuando se toma en consideración la población de cada pais, la comparación es vergonzosa.

Janet Yellen voló sobre Glasgow y develó la tercera estafa. Yellen tiene un doctorado en economía de la Universidad de Yale. Presidió la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, durante la administración Trump. Ahora es secretaria del tesoro,  equivalente a un ministro de economía. Declaró que el costo de la reconstrucción energética mundial, necesaria para alcanzar el objetivo de 1,5°C, se estima en 150 billones de dólares en los próximos 30 años, un promedio de 5 billones por año, 50 billones en los primeros 10 años. 

Más de la mitad de esta inversión corresponde a países en desarrollo, unos 3 billones por año durante 30 años consecutivos.

Sin embargo, mientras Yellen hacía su anuncio, en la COP 26 los países industrializados continuaban resistiéndose a cumplir con su compromiso, de hace 12 años, de aportar una limosna: 0,1 billón. Mientras los países en desarrollo competían por alguna parte de esa limosna.

Entretanto, continuamos en la senda del suicidio, hacia un aumento de temperatura de 2°C para el 2050 y 4°C para el 2100. La última vez que el promedio global estaba 2°C sobre el de la época preindustrial, fue en el período interglaciar Emiense, hace 125.000 años. El nivel del mar se encontraba entonces siete (7) metros sobre el que conocemos.

La última vez que la temperatura promedio se encontraba 4°C sobre el de la época preindustrial, el nivel del mar se encontraba 24 metros sobre el actual.

2°C es el límite entre lo peligroso y lo catastrófico. Hacia allá vamos, en apenas 30 años. Lo demás son promesas, todas incumplidas.

Glasgow ha sido una farsa. Una peligrosa decepción, especialmente para la juventud. Una explosiva traición a sus intereses. Una burla a toda la humanidad.

Ha servido también como escenario para perpetrar una gigantesca estafa.

No podemos, no debemos seguir permitiendo que políticos ineptos sigan fracasando, poniendo en creciente riesgo a toda la humanidad. Han fracasado durante 50 años, desde que en 1972 se acordó por primera vez atender esta emergencia en el seno de la ONU. Han transcurrido 30 años desde que se firmó el Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,  en la Conferencia de Naciones Unidas para Ambiente y Desarrollo (UNCED) de 1992. Entre tanto, la amenaza se ha agigantado, alcanzando proporciones devastadoras.

La humanidad entera espera resultados creíbles, consistentes, verificables. Ahora. No farsas y estafas como las señaladas. Ni más promesas falsas.

Por Julio César Centeno | 18/11/2021

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Jueves, 18 Noviembre 2021 06:04

Clima y economía verde militar

Clima y economía verde militar

Uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta son las fuerzas armadas, especialmente las de Estados Unidos. No obstante, sus emisiones no son tomadas en cuenta en las negociaciones de cambio climático. Por ejemplo, el proyecto Cost of War de la Universidad de Brown estimó que entre 2001 y 2017, las fuerzas militares de ese país emitieron 1200 millones de toneladas de dióxido de carbono, la tercera parte fuera del país y en guerras como las de Iraq y Afganistán. Esto es equivalente a las emisiones anuales de 257 millones de autos, más del doble de todos los autos que circulan en Estados Unidos.

El Pentágono es además el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles del planeta. Un grupo de científicos que han estado colaborando en investigación sobre los impactos ambientales y climáticos del militarismo denunciaron en el marco de la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima (COP26) realizada este noviembre, que el Pentágono es responsable de causar más emisiones GEI que 140 países juntos, incluyendo a países industrializados como Suecia, Dinamarca y Portugal. Pese a ello, las emisiones GEI provenientes de las actividades militares no son tema en la agenda de negociaciones y ni siquiera se reportan como tales. Esto debido a que el ejército de Estados Unidos se opuso temprana y activamente a cualquier análisis o informe sobre éstas. En 1997, en las discusiones que llevaron a crear el Protocolo de Kyoto sobre control de emisiones de gases de efecto invernadero, Estados Unidos obstaculizó firmemente que se reportara sobre las emisiones GEI militares alegando razones estratégicas y de seguridad, que logró imponer al resto de la comunidad internacional. En 2015, con la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático, se incluyó por primera vez que las emisiones militares debían ser reportadas pero solo en forma voluntaria, por lo que en la mayoría de los casos no sucede y ello no tiene consecuencias. Aún así, investigadores independientes estiman que las actividades militares globales son responsables de entre el 5 y 6 por ciento de todos los gases que causan el caos climático, más que lo emitido globalmente por todos los aviones y barcos comerciales combinados. La principal fuente de emisiones GEI militares conocidas proviene de los combustibles usados en sus aviones, barcos y vehículos terrestres, pero hay que sumar las emisiones del vasto complejo militar industrial, por lo que aún ese porcentaje es probablemente muy bajo.

Ante esta opacidad, una colaboración de centros de investigación presentó en actividades paralelas a la COP26 el mapa interactivo https://militaryemissions.org/, que muestra la información disponible sobre emisiones GEI de los países con mayor gasto militar a nivel global. De América Latina incluyen Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, pero en todos los casos la información de emisiones relacionadas a lo militar no existe, no se reporta o no está desagregada.

El Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs publicó en 2021 dos importantes informes sobre el impacto medioambiental y climático del militarismo. El informe Militarismo y crisis medioambiental. Una reflexión necesaria coordinado por Pere Brunet y Chloé Meulewaeter con investigadoras e investigadores del Centro Delàs, analiza de qué manera el militarismo es una de las causas relevantes del calentamiento global y los daños ecológicos en el planeta. Pone sobre la mesa datos de impactos ambientales y climáticos y plantea su vínculo con la violencia que genera el militarismo y la amenaza que representa el uso creciente de la fuerza militar para imponer un modelo económico capitalista, extractivista y depredador de comunidades y ambiente, así como para reprimir las resistencias de quienes se oponen a éste.

Entre los 23 principales países exportadores de armas (97,8% de ese comercio bélico) que tienen el 35,48% de la población mundial, concentran el 82% del gasto militar global y son responsables de dos terceras partes de las emisiones mundiales de GEI (67,1 %). Esos mismos países acogen a los 50 mayores agentes económicos que a su vez controlan 63,000 corporaciones transnacionales en todo el planeta, que son las que se benefician del enfoque militar-represivo que protege sus intereses.

El segundo informe Crisis climática, fuerzas armadas y paz medioambientalresume “La seguridad militarizada tiene un papel esencial en el empeoramiento constante de la crisis ambiental a nivel planetario que consiste en proteger a todos los agentes de poder no democráticos (corporaciones transnacionales extractivas, grandes entidades financieras, industria militar), para beneficio y lucro de sus minorías dirigentes, rompiendo equilibrios sociales y eco-planetarios. Una protección de los pocos que deja al margen a las grandes mayorías de población, a través de la llamada seguridad nacional. Una protección que es esencial, porque sin ella, el sistema depredador de recursos que amenazando el planeta y su sistema biológico, no podría existir (…) Los esquemas de seguridad nacional, bajo el pretexto de preservar los “intereses nacionales”, en realidad lo que realmente protegen son los intereses económicos de determinadas élites de grandes corporaciones, junto con los intereses lucrativos de aquellos que mueven los hilos del complejo militar-industrial”.

A las emisiones militares por uso de combustibles fósiles, se suman los impactos por los restos tóxicos y destrucción de hábitats que se producen a lo largo del ciclo del conflicto, que contaminan tierra, aguas y atmósfera, con efectos que en general duran largos períodos de tiempo con graves impactos en la vida humana y la salud de ecosistemas, flora y fauna, incluidos sobre los sistemas agrícolas, pastoriles y forestales que son sustento de muchas comunidades.

El tema es grave y no es nuevo, pero ante las crecientes e innegables evidencias de la crisis climática y las catástrofes que conlleva, y sobre todo, por las protestas de diversos movimientos y más evidencias de investigación, existe una creciente presión para reconocer el alto impacto climático del militarismo. Incluso en la propia COP26, se nombró -pero no se tomó ninguna acción- que debe ser revisado el tema de los reportes de sus emisiones en la COP27, algo que en sí mismo no cambiaría la situación, pero aún así es resistido.

No obstante, los altos mandos militares ya han comenzado una perversa tarea de recuperación de imagen. El 2 de noviembre, al comienzo de la COP26, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg declaró “Necesitamos encontrar un camino para reconciliar que las fuerzas armadas sean fuertes y efectivas con que sean verdes y amigables con el ambiente.”

Como no podía ser de otra manera, también desde la OTAN se refieren a que las fuerzas armadas deben ir a “cero emisiones netas”, no reales. Justamente, porque este paquete de tecnologías y mercados de carbono, les permite continuar sus actividades y aumentar el lucro de los intereses que protegen.

17 noviembre 2021

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 "Alto al crimen climático", clama un manifestante en las inmediaciones de la sede de la COP26, encuentro que concluye este fin de semana.Foto Afp

Esas empresas cuentan con la delegación más numerosa

 

Las negociaciones para las conclusiones finales de la Cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático de Glasgow (COP26) están bloqueadas y la mayoría de las organizaciones ecologistas e indígenas señalan a un principal responsable: la industria de los combustibles fósiles, que paradójicamente cuenta con la delegación más numerosa de todas, hasta 503 representantes. De nuevo los escollos están en el calendario de la reducción o anulación de este tipo de combustibles altamente contaminantes en las economías del planeta y, también, en la forma en que se financiará la transición energética de los países en desarrollo. Todos auguran un fin de semana de intensas negociaciones.

La COP26 finalizó, oficialmente, ayer a las seis de la tarde (hora británica) y no había ni de lejos un acuerdo para las conclusiones finales, por lo que la reunión continuará hoy. Mientras, los negociadores, que son en su mayoría representantes de los gobiernos y de la iniciativa privada vinculada a la "economía verde", se reunían a puerta cerrada. En las calles, afuera de la sede de la cumbre, se registraban expresiones de malestar, de hartazgo ante lo que la activista sueca Greta Thunberg calificó como "bla, bla, bla..."

Dos imágenes resumen muy bien esta sensación de la sociedad civil presente en Glasgow: una, la de un grupo de activistas de la organización Extinction Rebellion, que se bañaron en pintura roja en el interior de la COP26 para "dar una representación visual de toda la gente que ha muerto por la crisis climática, pero sobre todo de la gente que va a morir en el futuro por la inacción y la pasividad de los responsables de la COP26".

La otra imagen es el lamento y la decepción de la joven que dio el discurso más emotivo en la sesión inaugural, Anita Soina, de Kenia, quien intentó apelar al "corazón" de los poderosos para evitar el desastre. Después de dos semanas en Glasgow, vuelve a su patria con una constatación: "Regreso a mi país donde millones de personas están sufriendo los efectos negativos del cambio climático. Y les diré que fui a la COP26 y pedí a los poderosos que abrieran su corazón, pero ninguno de ellos sintió su dolor".

El presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, apeló a los representantes de las 197 delegaciones a que "estén a la altura de la ocasión" para cerrar un acuerdo "ambicioso" y que recoja las reivindicaciones centrales para alcanzar el gran objetivo sobre el que se congregó la cumbre: evitar que el calentamiento del planeta supere 1.5 grados a final de siglo. Y en luchar por la superación gradual de la industria del carbón y los combustibles fósiles en las economías del mundo, sobre todo en las regiones y países más contaminantes, que son a su vez algunas de las más ricas: China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, India, Australia, Arabia Saudita y Brasil.

Pero las negociaciones están en un punto muerto, sobre todo por la enorme influencia de los representantes de la industria de los combustibles fósiles, que tienen a su vez la delegación más numerosa de todas, de 503 personas, superior incluso a la de Brasil, que es la mayor por países, con 479 miembros. Estos delegados presionan a favor de los intereses de las industrias del petróleo y el gas, y ahora, según señalan otras delegaciones y representantes de la sociedad civil, son los principales responsables de que no haya acuerdo, ya que intentan prolongar lo más posible la vida de la industria que representan.

Se encienden las alarmas

El último borrador del texto final de la COP26 se filtró por la mañana y fue precisamente lo que encendió las alarmas de la sociedad civil, ya que se incluían acuerdos "insuficientes" sobre combustibles fósiles. Catherine Abreu, directora ejecutiva de Destination Zero, explicó: "intentar detener el cambio climático sin mencionar la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles es como intentar detener la pandemia sin mencionar el virus Covid-19. Por eso no entendemos esta situación, creada sobre todo por los delegados de la industria contaminante".

La activista Kumi Naidoo, presente en Glasgow, también explicó que "no es sorprendente que estemos viendo una conversación en quiebra en la COP26, dado que la industria de combustibles fósiles es la delegación más grande. Es como organizar una conferencia de Alcohólicos Anónimos e invitar a la industria del alcohol a ser el mayor contribuyente. Llamémoslo como es. Los subsidios a los combustibles fósiles son impuestos. Impuestos que estamos invirtiendo en nuestros hijos y la muerte de sus hijos. No podemos seguir jugando al póquer político con nuestro futuro".

Jean Su, director del Programa de Justicia Energética del Centro para la Diversidad Biológica, señaló por su parte que, "sorprendentemente, (en) la COP26 es la primera vez que se mencionan los combustibles fósiles en el texto de un acuerdo de negociaciones climáticas globales. Eso muestra que la marea se está volviendo contra las compañías de petróleo, gas y carbón que, a sabiendas, causaron la crisis climática y bloquearon las soluciones. Pero nuestros líderes, especialmente el presidente Joe Biden, deben actuar más rápido para remplazar el petróleo, el gas y el carbón con energía renovable. No hay forma de evitar una catástrofe climática, sin limitar su causa raíz, que son los combustibles fósiles".

Carroll Muffett, presidente y director ejecutivo del Center for International Environmental Law, explicó: "una decisión apresurada sobre el artículo 6 plagada de reglas débiles, traspaso, doble conteo y ninguna protección para los derechos humanos, socavará la ambición, hará un agujero del tamaño de Exxon Valdez en cualquier progreso hacia una eliminación gradual de combustibles fósiles y dañará a las personas. Y el último borrador propuesto abre la puerta a una caja de Pandora de soluciones falsas como la captura de carbono, que bloqueará nueva infraestructura fósil, acelerará la emergencia climática y pondrá los derechos humanos y las vidas humanas en mayor riesgo en todas partes".

Alex Rafalowicz, director de la plataforma Tratado de Combustibles Fósiles, añadió: “el lenguaje en el borrador del texto sobre combustibles fósiles se ha debilitado severamente. Ahora la reducción del carbón es sólo para fuentes ‘incesantes’ y la eliminación de subsidios para combustibles fósiles se restringe a ‘fuentes ineficientes’. Estos calificativos socavan completamente la intención”.

Mientras, Cansin Leylim, directora asociada de 350.org, explicó: "el borrador del acuerdo no nos encamina a mantener las temperaturas por debajo de 1.5 grados centígrados y no apoya a los menos responsables y más vulnerables a la crisis climática. A menos que estas conversaciones terminen comprometiéndose firmemente a eliminar de manera gradual todos los combustibles fósiles, poner fin al financiamiento de los fósiles y aprovechar la financiación climática necesaria para apoyar una transición global justa, esas líneas rojas se cruzarán. Esto significa que la COP debe comprometerse con reducciones de emisiones reales y mensurables, no vagas emisiones netas cero en 2050 o más adelante".

Joseph Siklu, líder indígena de Guerreros del Clima del Pacífico, remató con un mensaje: "los que luchan por dentro y los que luchan por fuera son parte de un mismo movimiento: siempre hemos estado en la COP con un pie adentro y otro afuera. Este podría haber sido un acuerdo mucho peor y los intensos esfuerzos de los movimientos indígenas, feministas, sindicales y de justicia climática han impedido que los grandes contaminadores manipulen por completo la agenda de la COP. Pero aún queda un largo camino por recorrer, el trabajo apenas comienza"

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Boris Johnson, en el discurso inaugural de la COP26.

La presidencia de la COP26 intenta sacar adelante un consenso para la aprobación de un texto que ha vuelto a ser descafeinado en la última versión entregada hoy, 12 de noviembre.

 

12 nov 2021 17:53

Escepticismo en la penúltima jornada de la COP26 de Glasgow. Pese a que la presidencia de la cumbre sigue tratando de que haya un acuerdo final, la principal noticia es que sigue sin haber acuerdo. El borrador entregado este mediodía por la presidencia de Alok Sharma no ha resuelto las dudas ni dentro ni fuera de la cumbre oficial.

Aunque se trata de pequeños matices, la revisión que el último borrador ha hecho sobre el texto anterior ha seguido rebajando el contenido de la propuesta de conclusiones. Del llamamiento a la “eliminación progresiva de la energía del carbón y de los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles”, que suponía un hito en cuanto es la primera vez que se mencionaba esta posibilidad en las 26 cumbre sobre cambio climático, ha sido sustituida por una mención más vaga en un párrafo genérico sobre tecnología, obviando las advertencias científicas de que el 80% de los combustibles fósiles deben permanecer bajo el subsuelo para conseguir el objetivo marcado en la Cumbre de París, señalan desde Ecologistas en Acción. 

Irene Rubiera, delegada de esta organización en la COP26, cree que esta rebaja del texto permite que los responsables de la situación actual sigan funcionando como hasta ahora. La presión de países productores de petróleo como Arabia Saudí y Rusia ha sido fundamental para esta rebaja del contenido sobre el borrador anterior.

Oficialmente, la cumbre tendría que haber llegado a un consenso hoy a las 18h. El texto final debe ser aprobado por los 200 delegados de los países en Glasgow, pero el redactado, las correcciones y los añadidos se están produciendo a lo largo de toda la tarde.

La Alianza por la Solidaridad-ActionAid se suma a una lectura crítica del último borrador antes de la hora límite. Esta plataforma destaca como “inadmisible” que los cien mil millones de dólares del llamado Fondo Verde para el Clima que en 2020 debían ser destinados a la mitigación y adaptación al cambio climático, no sólo no se hayan conseguido en la fecha prevista, “sino que se aplazan”. Las organizaciones ecologistas exigen que se ponga fecha de inicio a un Fondo Verde para el Clima que fue aprobado en 2009 pero que aun no se ha puesto en marcha.

Tampoco hay garantías, y también se presiona para que entre en el texto final, para el avance de los Fondos para las pérdidas y los daños, destinados a cubrir los efectos inmediatos de los fenómenos asociados al cambio climático, tales como las sequías o las tormentas DANA.

Sí está previsto que el texto actualice el mantra de la reducción necesaria de 2ºC de aumento de la temperatura a 1,5 grados para mitigar los efectos del calentamiento global. Ecologistas en Acción subraya que la posición oficial de la cumbre debe incluir una revisión de los compromisos de reducción, adaptación y financiación de cada país que se produzca al menos cada cinco años para conseguir ese objetivo de que la temperatura de la tierra “solo” suba 1,5 grados en el corto plazo.

 El propio borrador especifica que el compromiso internacional de reducción de emisiones de dióxido de carbono dista mucho del objetivo de que en 2030 se hayan reducido un 45% las emisiones respecto al año de referencia de 2010. Un informe de la plataforma científica Climate Action Tracker ha detallado que, con los objetivos marcados en Glasgow, las emisiones globales de efecto invernadero en 2030 seguirán siendo aproximadamente el doble de lo necesario para conseguir el límite de 1,5º.

Como en otras ocasiones, las organizaciones sociales y ecologistas temen que la COP26 solo sea útil para lanzar de nuevo una patada a seguir hacia siguientes cumbres y no adquirir compromisos vinculantes. 

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:25

Gracias

Pequeños partidarios de la joven ambientalista sueca Greta Thunberg gritan mientras ésta subía al podio para hablar durante una manifestación en Glasgow, Escocia, ciudad sede de la cumbre del clima COP26.Foto Ap

“La generosidad real hacia el futuro reside en dar todo al presente”, escribió Albert Camus.

Por ello, habría que dar las gracias al magnífico coro de jóvenes de todas las esquinas del mundo que se juntaron para expresar su amor a esta tierra y con ello para todos nosotros, al marchar por las calles de Glasgow y varias otras ciudades para denunciar el "bla bla bla" de casi toda la cúpula política y económica mundial y por su invitación a rescatar nuestro futuro colectivo.

Las palabras, gritos, coros, baile y canto de jóvenes de África, Asia, América Latina, América del Norte, Australia, Medio Oriente, en alianza con representantes indígenas, en la llamada COP26 en Glasgow son lo único que ofrece esperanza después de una semana de discursos de mandatarios y de las delegaciones oficiales de la mayoría de los países del mundo (todo reportado con excelencia en estas páginas por nuestro corresponsal Armando G. Tejeda).

Pero tal vez lo más notable es que el mensaje de los jóvenes activistas de los países del sur no sólo ha sido escuchado por sus contrapartes del norte, sino que ya fue integrado a la narrativa común de que esta crisis existencial del cambio climático es resultado del modelo económico neocolonialista que fomenta la desigualdad, la explotación, el colonialismo y "la muerte de la naturaleza". O sea, ofrecen un análisis sistemico y hasta antimperialista; algo más sofisticado que lo que se atreven a declarar las cúpulas mundiales.

Nadie puede pretender que no están enterados de las consecuencias mortales del continuo uso de los hidrocarburos. Tampoco pueden negar que Estados Unidos es el líder acumulativo en emisiones de los contaminantes que nutren el calentamiento global, y que junto con los otros países industrializados debe asumir el costo para cualquier transición ecológica necesaria en las naciones del sur. Pero muchos políticos demuestran su gran talento al reconocer todo eso y, a la vez, rehusar aceptar responsabilidad mientras emiten sus grandes proclamaciones aparentemente pensando que están convenciendo a su público.

Ante ello, sólo se puede concluir que los niños y jóvenes en la calles de Glasgow y otras ciudades que rechazan todo ese "bla bla bla" son los verdaderos adultos en este debate, y los que están demostrando, como afirmó Greta Thunberg, "cómo se ve el liderazgo real" ante esta crisis.

Con razón políticos de todo tipo buscan descalificar a estos jóvenes –"no saben de lo que están hablando"– y hasta se burlan de ellos. Generan sospechas de que son unos inocentes manipulados por adultos malévolos afirmando que "no se mueven solos". Nada tan lamentable y en esencia reaccionario ver y escuchar a progresistas en varios países sumarse a estos argumentos.

"¿Por qué debo estar en la escuela si ustedes me han robado el futuro?", preguntan jóvenes en sus pancartas, y en respuesta a aquellos "adultos" que les dicen que deberían de estar en la escuela y no en las calles y dejar estos problema para los expertos y los políticos.

El consenso científico claro y contundente es que proceder con la explotación y uso de los hidrocarburos, continuar con las mismas industrias extractivas, con los modelos agroindustriales llevan al suicidio colectivo de la humanidad y otros seres vivientes. Punto.

Casi todo ciudadano medio consciente en el mundo ya lo sabe, y cada día los medios y los periodistas (entre los cuales soy cómplice) reportan cada vez más historias de desastres naturales, y nuevos informes e investigaciones que no sólo comprueban que las cosas están muy mal, sino que pronostican que las cosas serán cada vez peor. ¿Qué hacer ante el diluvio de tanta noticia literalmente fatal?

Pues, mínimo, dar las gracias a los jóvenes, y, aún mejor, aceptar su generosa invitación para cambiar el curso de esta historia. Dar las gracias por lo mejor y lo más noble que puede hacer la juventud: rechazar el curso actual de esta historia al invitarnos a un futuro diferente.

Leonard Cohen (a cinco años de su fallecimiento). Everybody Knows. https://www.youtube.com/watch?v=xu8u9ZbCJgQ

Leonard Cohen. Ain’t no cure for love. https://www.youtube.com/watch?v=F24VqlFBvrU

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Aún resta una semana de negociaciones climáticas

Jóvenes, pueblos indígenas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y más, muchos más, están marchando este sábado por las calles de Glasgow, en Escocia, al cierre de la primera semana de la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio Climático o COP26

“No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver la crisis con los mismos métodos que nos metieron en ella en primer lugar”, dijo la activista juvenil Greta Thunberg ayer, luego de una marcha organizada por Fridays For Future en esta ciudad. Frente a unas 25.000 personas, la joven activista acusó: “La COP se ha convertido en un evento de relaciones públicas, en el que los líderes pronuncian discursos bonitos, y anuncian compromisos y objetivos extravagantes, mientras que detrás de las cortinas los gobiernos de los países del Norte Global siguen negándose a tomar ninguna medida drástica sobre el clima”.

Sus palabras resuenan en los pasillos de una COP que, efectivamente, esta semana fue escenario de grandes anuncios y promesas por parte de los Jefes de Estado de muchos países. Entre ellos, los Estados Unidos, India y el anfitrión, el Reino Unido, y, del lado de América Latina están Argentina, Colombia y Costa Rica, entre otros. La ausente presencia de los presidentes de China, Rusia y Brasil, tres de los grandes contaminadores e impulsores de la crisis climática a nivel global, no pasó desapercibida, al punto que el propio Joe Biden, mandatario estadounidense, apuntó que fue “un gran error” de su parte no ir.

Tal fue el nivel de anuncios que se presentaron en los primeros días de esta Cumbre del Clima, que, opinan algunos observadores, existe el riesgo de que se pierda de vista cuán efectiva o no está siendo esta reunión para resolver los temas que están en la agenda de los negociadores. En estas palabras lo expresó Mohamed Adow, director del think tank sobre energía y clima Power Shift Africa: “La COP26 corre el riesgo de ahogar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en un bombardeo de anuncios. Estos pueden generar titulares, pero evaluar su verdadero valor es enormemente difícil, especialmente en la velocidad de una reunión de la COP. Son un caramelo para la vista, pero el subidón de azúcar que proporcionan son calorías vacías”.

Lo que sí

Entre las promesas que se hicieron en estos días, se destacan el Acuerdo sobre los Bosques y el Uso de la Tierra que se propone frenar la deforestación a nivel planetario para 2030; y el Compromiso Mundial sobre el Metano, que busca reducir las emisiones globales de este gas de efecto invernadero (el segundo más preocupante después del dióxido de carbono) en al menos un 30% para 2030, versus 2020, lo que —calculan los científicos— podría eliminar 0,2°C de calentamiento para 2050. 

Quizás aún más contundente, por las repercusiones económicas que plantea, es el acuerdo sellado por 190 países, regiones y organizaciones para eliminar progresivamente la energía a carbón, no construir nuevas centrales eléctricas alimentadas por este combustible fósil y cerrar las existentes. Importante aquí: entre los firmantes se incluyen países con una significativa capacidad energética a carbón, como Canadá, Chile, Alemania, Italia, España y Vietnam.

“Estos países quieren eliminar el carbón. La lista también incluye a los financieros, lo que subraya que el dinero inteligente está en la energía limpia, no en el carbón”, afirma Dave Jones, Global Lead del think tank Ember. “Hasta ahora, la historia del carbón desde París se ha centrado en cómo detener la construcción de nuevas centrales eléctricas. Este anuncio mueve los postes de la ambición de ‘no al carbón nuevo’ a ‘eliminar el carbón’ por completo.”

A ello se suma que, pocas horas después, más de 20 países —entre ellos, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá e Italia— definieron frenar el financiamiento público internacional a los combustibles fósiles en 2022, para dar prioridad a las energías limpias. ¿El impacto de esta decisión? Dependiendo de la lista final de firmantes (se publicarán los próximos días), el desplazamiento directo de al menos US$18.000 millones al año de los fósiles a las renovables, algo que puede darle a las transiciones energéticas hacia economías descarbonizadas el impulso que necesita.  

Financiamiento: ¿el dinero está o no está?

Ahora bien, resta ver cómo todos estos anuncios y promesas se traducirán en acciones. De momento, no parecen estar ayudando a destrabar los puntos contenciosos de la negociación que deberían definirse antes de que esta COP termine. Pasados los discursos de los Jefes de Estado, comenzó el trabajo fino. Esto es, la tarea técnica de ir limpiando los textos y buscando compromisos para avanzar con los temas más complicados de la agenda.

Entre ellos se incluye el financiamiento. En 2009, en la COP15 de Copenhague (Dinamarca), los países desarrollados se comprometieron a aportar US$100.000 millones anuales entre 2020 y 2025 para ayudar a los países en desarrollo y más vulnerables en sus estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese mismo marco, también acordaron trazar un plan para elevar la vara a partir de 2025. Pero, el dinero no está. Se estima que se movilizaron casi US$80.000 millones en 2019. Y los países desarrollados no están pudiendo demostrar que honrarán el compromiso en 2021, ni cómo lo cumplirán en los próximos años.

Poco es lo que se avanzó sobre este tema en los primeros días de esta cumbre y los presidentes se fueron sin haber hecho anuncios rimbombantes de cuánto aportarán al Fondo Verde del Clima. Sigue sin haber un plan claro de cómo se honrará este compromiso, que por muchos es visto como un prerrequisito para el éxito de esta COP26 y algo crucial no sólo para aumentar la ambición climática global, sino también para construir confianza entre los países. Lo dijo Sonam P Wangdi, presidente del grupo LCD (los países menos desarrollados), antes de que empezara la COP: “En Glasgow, comenzaremos a negociar un nuevo objetivo financiero colectivo, que debemos acordar antes de 2025. Pero, ¿cómo pueden los países desarrollados fomentar nuestra confianza antes de estas conversaciones cruciales cuando sus actuales promesas de financiación siguen sin cumplirse? No habrá acuerdo en la COP26 sin un acuerdo financiero”. 

“Los US$100.000 millones que se prometieron a los países en desarrollo para apoyar la adaptación y la mitigación no se han proporcionado y aquí estamos, 12 años después, esperando que la financiación se materialice. Será necesario que la Presidencia británica haga un gran esfuerzo si queremos salir de Glasgow con algún acuerdo real, aparte de la serie de declaraciones que dan bombo y platillo, pero que se quedan en nada”, señala Adow. Y agrega: “Tienen que dar garantías a los países vulnerables de que la financiación va a llegar; aumentar la parte de la financiación de la adaptación para dar apoyo a los países pobres que sufren los impactos del cambio climático; y para esas cuestiones tan olvidadas de Pérdidas y Daños tenemos que movilizar alguna financiación, seria para poder dar apoyo a las comunidades”.

Artículo 6: ¿reglas claras o green washing?

Otro de los puntos difíciles de la agenda de esta COP26 es el Artículo 6, el único del Acuerdo de París que queda por reglamentar (ya son varias las cumbres que han ido y venido sin poder dar punto final a esta discusión). Se trata de los mecanismos de cooperación internacional, de mercado y no mercado, para que los países puedan comercializar reducciones de emisiones de carbono y fortalecer sus metas climáticas.

¿Por qué cuesta tanto resolverlo? Desacuerdos sobre distintos temas técnicos están en el camino, con posiciones que —parecen— irreconciliables entre los países. Entre ellos, cómo evitar la doble contabilidad de las emisiones (esto es, uno reduce sus emisiones, pero las vende, entonces, ¿en qué inventario se incluye esa reducción?), si se transferirán o no al nuevo esquema créditos previos que surgen del Protocolo de Kioto, y si se debe asignar un porcentaje de los ingresos para financiar la adaptación a las medidas climáticas. 

Al cerrar la COP25 (en Madrid, España, en diciembre de 2019), había tres textos de trabajo y no mucha idea de cómo continuar. Las reuniones previas a esta COP26, no mostraron muchos avances en la materia. En esta primera semana, sin embargo, algo lentamente comenzó a gestarse y los tres textos se consolidaron en uno. Todavía no está claro si se llegará al final de esta reunión con un Artículo 6 consensuado, pero lo que sí que es mucho lo que está en juego: la creación de un reglamento sólido es esencial, ya que sus normas influirán en la gobernanza de los mercados internacionales de carbono. Esto es, podría destrabar financiamientos adicionales y reducir los costos de bajar las emisiones.

En cambio, normas más débiles podrían darles buenas excusas a los países para no reducir sus emisiones. Algunos observadores incluso creen que esto podría socavar la solidaridad entre los países o peor aún, menoscabar el Acuerdo de París. Por este motivo, afirman desde el think tank londinense Chatham House, llegar a un mal acuerdo “podría ser peor que no llegar a ningún acuerdo”.

Lo que no 

Más allá de los anuncios y los progresos (o falta de…) en las negociaciones, lo que está en boca de todos en los pasillos de esta COP —que había sido anunciada por el Gobierno británico como “la más inclusiva de la historia”— son los problemas para el acceso y la participación.

Para entrar al centro de convenciones deben hacerse colas (en las que la distancia social escasea y el uso de tapabocas no es reforzado) de hasta dos horas. Hay una única entrada y unas 10.000 personas deben atravesarla cada día. Las cuentas no cierran. Sumado a ello, la Presidencia de la COP26, ejercida por Reino Unido, limitó el número de observadores (la sociedad civil) que puede estar presente en las salas de negociación, un elemento fundacional de estas conversaciones y clave para garantizar la transparencia de los procesos. 

Esta fue la razón por la que, el lunes pasado, la coalición de ONGs Climate Action Network Internacional (CAN) le otorgó el tradicional premio “Fósil del Día” a la Presidencia de esta COP y a la CMNUCC.

“El espíritu de inclusión ha puesto de manifiesto lo que mejor saben hacer los británicos, el arte de hacer cola, durante horas en algunos casos. Las personas que han invertido tiempo y recursos para viajar a Glasgow han esperado pacientemente sólo para descubrir que ‘no hay sitio en la posada’ para la sociedad civil y se les ha dicho que ‘se unan a los eventos de forma online’, para luego descubrir que estaban desconectados. Podríamos habernos quedado en casa, aunque nos habríamos perdido el clima”, dijo la organización en un comunicado.

“La sociedad civil debe ser tratada como un socio con igualdad de acceso: todos tenemos el mismo objetivo de evitar el colapso climático. Tienes dos semanas para dirigir un proceso de negociación exitoso y cultivar un entorno de negociación productivo en un momento de importancia crítica. Están avisados: ¡estamos observando y no vamos a hacer cola!”.

| 08/11/2021

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Ojo al Clima forma parte. Licencia Creative Commons con mención del autor/es.

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La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, durante la conferencia sobre el clima COP26 de Glasgow. — Emily Macinnes / EFE/EPA

Más de 400 entidades firman en la COP26 una alianza para alcanzar a mitad de siglo cero emisiones netas. Esto quiere decir que no dejarán de invertir en combustibles fósiles, sino que tratarán de encontrar un equilibrio entre el CO2 que recortan con sus actividades financieras y el CO2 que emiten.

 

Las grandes entidades financieras han avanzado un nuevo compromiso económico para alcanzar la descarbonización de sus inversiones en 2050. En el marco de la Cumbre del Clima, más de 450 firmas bancarias han anunciado que destinarán 130 billones de dólares (112 billones de euros) en las próximas tres décadas a actividades que contribuyan a descarbonizar la economía y reducir sus emisiones de CO2. De esta forma, las compañías pretenden llegar a mediados de siglo cumpliendo el objetivo de cero emisiones netas en sus finanzas. Sin embargo, el convenio está marcado por dudas y falta de transparencia, según han denunciado los grupos ecologistas.

El anuncio se enmarca dentro de la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (GFANZ), que reúne a instituciones financieras que representan un tercio del capital invertible a nivel mundial. Se trata de un grupo que aglutina a firmas de 45 países del mundo que fue creado en abril de 2021, cuando un grupo de entidades anunciaron que movilizarían 70 billones de dólares en los próximos treinta años para llegar a las cero emisiones netas. Ahora, amplían el fondo con 60 billones adicionales, tras una conferencia en la que han participado Mark Carney, copresidente de GFANZ, y Michael R. Bloomberg, enviado especial de la ONU sobre soluciones climáticas.

Este pacto financiero llega cargado de pomposidad pero con poca sustancia y muchas dudas. Más allá de la cuantiosa cifra billonaria, las entidades de la GFANZ sólo han dado un paso más para alinearse dentro de la campaña Race to Zero de la ONU, con la que las empresas se comprometen a cumplir con el Acuerdo de París, algo que ni siquiera los Estados que rubricaron el acuerdo están cumpliendo al cien por cien. El primer problema de este anuncio es la falta de mecanismos de control sobre los bancos, pues se trata de un convenio para descarbonizar sus inversiones que no es vinculante, es decir, depende de la buena voluntad de las empresas para movilizar sus inversiones hacia la economía verde.

El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha alertado de los problemas derivados de la falta de herramientas para fiscalizar los compromisos no estatales de reducción de emisiones. "Hay un déficit de credibilidad y un exceso de confusión sobre las reducciones de emisiones y los objetivos de cero neto, con diferentes significados y diferentes métricas", dijo en la inauguración de la COP26.

El acuerdo, además, deja de lado la necesidad de reducir las emisiones de alcance 3, es decir, el CO2 y resto de gases de efecto invernadero que se generan de manera indirecta en la cadena de valor de la compañía, como el transporte, las inversiones o los servicios contratados. Según un informe reciente de Reclaim Finance, en las inversiones en combustibles fósiles este tipo de emisiones representan el 88% del total, por lo que se estaría dejando de actuar sobre el grueso del problema. 

De hecho, el compromiso habla de movilizar 130 billones hacia economías limpias, pero no pone normas ni objetivos concretos para reducir los flujos de dinero destinados a financiar actividades relacionadas con gas, petróleo o carbón.

"Más de 130 billones de dólares y ni una sola norma que impida que se invierta un solo dólar en la expansión del sector de los combustibles fósiles", expone Lucie Pinson, directora ejecutiva de Reclaim Finance, una ONG francesa que investiga el impacto que tiene la Banca en la crisis climática. "El sector financiero está dispuesto a hincharse con compromisos en lugar de promulgar los recortes concretos en la financiación del petróleo, el gas y el carbón que realmente necesitamos".

La quimera del cero-neto

La alianza GFANZ basa su programa de descarbonización financiera en una reducción cero-neto. Este término quiere decir que la empresa o Estado no erradica al 100% sus emisiones de CO2, sino que encuentra un equilibrio entre los gases que emite a la atmósfera y las emisiones que elimina o recorta a través de tecnología o inversiones. Es decir, no implica que se dejen de quemar combustibles fósiles tal y como ha pedido el IPCC en su último informe, en el que exigía que el petróleo, el gas y el carbón se queden para siempre bajo tierra.

Bancos como JP Morgan han aumentado un 141% las inversiones en combustibles fósiles en cinco años

Una investigación reciente del Transnational Institute (TNI) desentraña cómo las grandes corporaciones están empleando el vocabulario cero-neto para seguir basando su economía en los combustibles fósiles sin la reprimenda –y con el apoyo– de los organismos internacionales. Esta publicación pone el foco sobre algunos de los bancos fundadores de la alianza y sus inversiones contaminantes. Por ejemplo, el francés BNP Paribas incrementó un 40% la financiación a combustibles fósiles en 2020. JP Morgan Chase, por su parte, ha incrementado un 141% las inversiones de este tipo desde 2016, año en el que los países ratificaron el Acuerdo de París. TNI, además, analiza las probabilidades de que haya un giro radical, pero se encuentra con que no hay ningún objetivo específico en la publicación de las metas de 2030 presentadas por los bancos adscritos a esta alianza cero-neto.

Por otra parte, el anuncio arroja dudas sobre la forma en la que las empresas lograran equilibrar la balanza entre lo que emiten y lo que recortan para alcanzar en 2050 el cero-neto. La inversión en reforestación para crear bosques que actúen como sumideros de carbono natural es una de las opciones más habituales. De hecho, algunas compañías ya anunciaron el martes que dejarán de financiar actividades que fomenten la deforestación. La otra, las tecnologías de Captura Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés). Se trata de obras de ingeniería de alto coste y, por el momento, con escasa incidencia. Hace meses, Climática  publicaba un análisis cobre el impacto real de estas infraestructuras en la lucha climática y detallaba que una planta era capaz de absorber en un año todo el CO2 que la humanidad emite durante 3,71 segundos. 

03/11/2021 21:34

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