La revisión de los planes ordenamiento territorial: procesos que no avanzan

 

El presente artículo tiene como objetivo hacer una corta reflexión de por qué no avanzan los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, después de 20 años de adopción e implementación.

El POT es uno de los instrumentos de planeación más importante del nivel nacional ya que define “…un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas… que desarrolla aspectos socioeconómicos y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” (1). Estos planes deben ser liderados en su formulación por los municipios que cuentan con autonomía política, fiscal y administrativa (2), en sus manos está orientar el futuro de su terruño (3) y brindar la calidad de vida que necesitan sus habitantes. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (4) les ordena que además de los planes de desarrollo deberán contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales que están recogidos en la Ley 388 de 1997 (5).


La mencionada Ley (6) constituye la génesis que abrió paso a la formulación de la primera generación de POT en el país. Esta norma actualizó y armonizó las disposiciones de la Ley 9 de 1989 con la Constitución Política de 1991 y recogió principios relacionados con la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Ahora bien, el tipo de plan que se debe adoptar se determina de acuerdo con la población de cada municipio. Conforme con la Ley 388 de 1997 se puede formular un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para municipios con más de 100.000 habitantes; un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes; y un Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT) para municipios con menos de 30.000 habitantes. De los cuales el Programa POT Modernos en el año 2016 identificó que no están vigentes 33 POT, 134 PBOT y 718 EOT (7) estos presentaban escasos instrumentos de gestión y financiación del suelo, inversiones en infraestructura que no correspondían a las dinámicas de crecimiento de las ciudades y deficiente participación ciudadana.

La mayoría de estos planes se debían revisar y ajustar por vencimiento de las vigencias de corto, mediano y largo plazo; por Modificación Excepcional de norma urbanística;
por razones de excepcional interés público o de fuerza mayor o caso fortuito; o 
para habilitar suelo para desarrollar proyectos de vivienda en el período constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez (8).

Pues bien, de los 1.122 municipios de Colombia, en la actualidad, el 81% de estos 886 cuentan con planes de ordenamiento territorial que superaron su vigencia y requieren actualización (9), según el análisis de la información disponible en las páginas web de los municipios y distritos adelantado por la Federación Colombiana de Municipios, se estableció que en el periodo comprendido entre 2012 a 2019, 494 municipios han adelantado procesos orientados a la contratación que permitan adelantar la revisión de los planes de ordenamiento; sin embargo, se evidenció que solo 150 de ellos han logrado finalizar con la adopción del proceso de revisión respectivo (10).

Entonces siendo los POT la carta de navegación de los municipios que orienta la organización del territorio en el corto, mediano y largo plazo y además armoniza la inversión con los planes de desarrollo ¿por qué no avanzan en sus respectivos procesos de revisión?

Mucho de estos procesos adelantados por el Programa POT Moderno dirigidos por el DNP a través de tres operadores, no lograron su finalización por falta de armonización entre la formulación y la realidad de los municipios sobre los cuales se orientó un proceso de formulación externa, algunos de estos terminó siendo una réplica de planes en serie sin verdaderos estudios de riesgos, sin escenarios de cambio climático, sin una proyección clara de la población y sin participación de los actores en el territorio, sumado a un desinterés de algunos entes territoriales que no alcanzaron a entender el alcance y la oportunidad que les ofrecía este proceso.

En otro tanto, los municipios se han gastado importantes recursos en actualización de expedientes, estudios de riesgos descontextualizados de los temas de cambio climático, en estudios de seguimiento y evaluación, en identificación de las normas urbanísticas que se deben actualizar conforme a las ordenes judiciales que se van acumulando, pero que no logran culminar.

A su vez, se siguen presentando problemas con los procesos de participación que terminan siendo cuestionados como el caso de Fusagasugá y Bogotá. A esto se suma las decisiones políticas que coinciden con dinámicas electorales como es el caso de Bogotá en el 2019 y en peligro de que vuelva a suceder lo mismo en el 2021.

Mientras tanto los municipios y distritos continuaran con planes de ordenamiento desactualizados siendo esta situación aprovechada por urbanistas, constructores e inversionistas que no paran sus negocios, los cuales se siguen sirviendo de la debilidad de la norma, de la baja capacidad institucional y de los pocos instrumentos de control ante el vacío de verdaderos instrumentos de planificación.

 

1 El concepto de ordenamiento del territorio municipal y distrital lo define el artículo 5 de la Ley 388 de 1997.
2 Artículo 311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994
3 Con base en: J. Carrizosa Umaña concepto utilizado en donde define que, en la historia de nuestras regiones y su gente, a través del tiempo van construyendo vivideros o “terruños” Colombia Compleja (2014) Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
4 Ley 152 de 1994: por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
5 Artículo 9 de la Ley 388 como: “…el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”. 
6 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 
7 https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/presentaciones/lanzamiento%20territorios%20modernos.pdf
8 Decreto 1077 de 2015
9 CONPES 8870 de 2016
10 Considerando del Decreto 1232 de 2020 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

*Abogada integrante del grupo de investigación Procesos Urbanos Hábitat e Informalidad de la Universidad Nacional de Colombia.

 

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Publicado enEdición Nº286
Legisladores peruanos presentan pedido de destitución contra presidente Castillo

Un grupo de legisladores peruanos presentó un pedido de vacancia (destitución) contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por una supuesta incapacidad moral permanente para ejercer el cargo.

"Los congresistas de la República que suscriben (...) proponemos la siguiente moción de orden del día por la cual formulamos pedido de vacancia del señor José Pedro Castillo Terrones en el cargo de presidente de la República por la causal de permanente incapacidad moral", se indica en el documento dirigido a la Mesa Directiva del parlamento y que se filtró en medios locales.

Días atrás, la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País (derecha), anunció un pedido de destitución contra el mandatario; sin embargo, para presentarlo formalmente se requerían las firmas de al menos 26 representantes, según el reglamento del Congreso.

El pedido presentado es apoyado por 28 congresistas de las bancadas derechistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, partido liderado por quien fuera la contendiente de Castillo en las últimas elecciones, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En el documento se indica, citando al fallecido legislador Enrique Chirinos Soto, que "la incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo, no tiene nada que ver con asuntos de Gobierno y Estado, que no son asuntos secretos sino públicos", alegando que el presidente busca "beneficio propio o de amigos por el cargo que ocupa".

En días anteriores, legisladores derechistas han manifestado diversas razones para pedir la destitución por incapacidad moral del presidente que llegó al cargo por el partido Perú Libre (izquierda) y que asumió el poder el 28 de julio pasado.

Estas razones van desde el anuncio del cierre de minas en el sur del país, el haber sostenido presuntas reuniones secretas en la sede del Ejecutivo, hasta la supuesta injerencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), en la política local.

La presentación de este pedido sería un primer paso para una eventual destitución de Castillo, pues se requiere el voto a favor de 52 congresistas para admitirlo a debate en el pleno, y luego 87 votos para aprobarlo y que se haga efectiva la salida del jefe de Estado.

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Mujeres se manifiestan frente a la Corte Constitucional de Colombia en apoyo a la despenalización del aborto. Bogotá, 18 de noviembre de 2021.Foto: Luisa Gonzalez

Un empate en la discusión sobre el impedimento de uno de los 9 magistrados que deberá decidir sobre la constitucionalidad de la norma ha provocado que se dilate el proceso.

El debate en Colombia por la despenalización total del aborto —más allá de las tres causales—, sobre el cual la Corte Constitucional esperaba tomar una determinación de fondo este jueves, continúa sin ser resuelto. Antes de centrarse en el asunto jurídico, la Sala Plena debía decidir esta jornada si mantener o separar de la discusión a uno de los nueve magistrados encargados de emitir el fallo, pero la votación quedó empatada.

Con cuatro votos a favor y cuatro en contra, el desempate ha quedado ahora en manos del conjuez Hernando Yepes Arcila, que deberá decidir si el magistrado Alejandro Linares seguirá siendo parte de la coyuntural discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Su decisión podría demorar una semana o dos, según fuentes cercanas a la Corte Constitucional, citadas por El Espectador.

La discusión alrededor de Linares se produjo luego de una recusación presentada a la Sala Plena por la abogada Ana María Idárraga en el marco de unas declaraciones del magistrado a Semana TV el pasado 11 de noviembre, sobre las cuales lo acusa de manifestar públicamente su posición frente al tema del aborto. En el marco de esa entrevista y del recurso en su contra, el propio Linares se declaró impedido esta semana para participar en el debate y dejó en manos de sus colegas evaluar si aceptan su impedimento o no. 

La postura del jurista no es un secreto para la opinión pública. Ya antes había dejado plasmado su apoyo a eliminar el delito porque ha votado a favor de la despenalización en ocasiones anteriores. De este modo, su salida representaría una baja sensible para las fuerzas que se han inclinado hacia la despenalización total. Por ahora se prevé que, además de Linares, José Fernando Reyes, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo voten a favor, y en contra, Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Diana Fajardo.

El 19 de noviembre era la fecha límite para efectuar la votación sobre una de las dos ponencias —la del juez Antonio José Lizarazo— que estudia la Corte Constitucional, que piden eliminar el delito del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, la toma de una decisión se dilatará a raíz del caso Linares. La segunda ponencia a evaluar —la del magistrado Alberto Rojas Ríos— tiene plazo para ser debatida hasta enero del 2022.

Desde que la Corte Constitucional inició el debate, a mediados de octubre, organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones en las calles y campañas en las redes sociales para tratar de influir en la decisión. Desde el 2006, el aborto fue despenalizado en Colombia si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto.

Sin embargo, el artículo 122 del Código Penal sigue estableciendo penas de 16 a 54 meses de prisión para las mujeres que interrumpan de manera voluntaria sus embarazos sin ajustarse a las tres causales, y a quien le ayude a concretarlo.

Publicado: 19 nov 2021

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Las menores de edad son las más perseguidas por el delito de aborto en Colombia

 La Corte decidirá esta semana si despenaliza la interrupción del embarazo, que llevó ante la justicia a más 5.700 mujeres entre 2006 y 2019

 

El 10 de julio de 2020 el mundo seguía paralizado por la pandemia de coronavirus. En un pequeño pueblo de Santander, en el oriente de Colombia, una adolescente de 15 años quedaba marcada por el sistema judicial: “homicidio en grado de aborto”. Meses antes, una mañana de enero, la menor fue hallada en el baño de su casa sangrando, después de tomar un medicamento abortivo. Estaba embaraza de siete meses. El relato, detallado en un expediente judicial al que ha tenido acceso este diario, dice que la Policía las trasladó a ella y al bebé a una clínica; que la joven jamás le contó a su familia que estaba embarazada por temor a su reacción; que el bebé falleció y que ella aceptó los cargos.

Ni la Fiscalía, ni la Defensora de Familia ni el juez se preocuparon por el estado de salud de la menor, tampoco por si se encontraba dentro de las tres causales permitidas para abortar en Colombia desde 2006: si había sido abusada, si el embarazo había puesto en riesgo su vida o tenía alguna malformación. En su lugar, el fiscal alegó que no le importaba si llevaba “un día, una semana, siete u ocho meses (de embarazo)”, y regañó a los padres: “Lo que más extraña es ver lo que hizo una hija de un matrimonio católico”, les dijo.

En Colombia, el Código Penal ordena penas de entre 16 y 54 meses a las mujeres que aborten, pero las menores tienen un régimen especial. La adolescente fue condenada a libertad asistida y a recibir tratamiento psicológico y terapéutico para “orientar al menor a controlar sus impulsos sexuales”.

No se trata de un caso aislado. A comienzos de 2016, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, otra menor sentía que el mundo le caía encima. Tenía un retraso. “Estaba estudiando y la situación económica en mi casa era muy precaria”, dijo ante un juzgado, en el que narró que empezó a investigar cómo interrumpir su embarazo de seis semanas “sin tanto riesgo”. “Mientras averiguaba, di con una página de internet y los contacté. Quien me respondió me dijo que enviara 80.000 pesos (21 dólares). Cuando confirmaron mi giro, me enviaron las pastillas con un domiciliario y me dieron las indicaciones”, contó la adolescente de 17 años. Tras dos días con cólicos y sangrado decidió acudir a una clínica. Allí determinaron que tenía un aborto retenido y, al ver que era menor de edad, llamaron a la Policía.

Una historia similar a la de otra joven de 17 años, que acudió al hospital con complicaciones y fue denunciada por una enfermera, o a la de una de 15 que, tras un año de agotador proceso judicial, aceptó los cargos. Los ingredientes que se unen en casi todas las historias de menores judicializadas por abortar son similares. Datos sacados de internet de fiabilidad dudosa, vendedores de pastillas, falta de información que pone en riesgo sus vidas, patrulleros que interrogan, médicos o enfermeras que las denuncian, defensores de familia, fiscales o jueces que las obligan a largos procesos judiciales.

De acuerdo con un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer y de la Universidad de los Andes, las menores de edad son más perseguidas y sancionadas por el delito de aborto que las mujeres de otros rangos de edad. De acuerdo con el estudio La criminalización del aborto en Colombia, de las 355 sentencias condenatorias contra mujeres entre 2006 y 2019 en el país, 81 corresponden a menores de 14 a 17 años. “El 12,5% de los casos perseguidos (5.737 investigaciones por aborto) involucran a mujeres menores de edad, el 25% de las finalmente condenadas (estrictamente se usa la expresión sancionadas) son menores”, asegura el documento.

Para el movimiento feminista Causa Justa, que agrupa a casi 100 organizaciones de mujeres, la eliminación del delito de aborto en el Código Penal que estos días estudia la Corte Constitucional permitiría que adolescentes como estas tuvieran información segura en clínicas legales que no pusieran en riesgo sus vidas.

Desde el punto de vista de la salud se podrían evitar muertes maternas, afirma la ginecobstetra Laura Gil, del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que llevó el caso ante la Corte para que elimine el delito. “En estos doce años de despenalización parcial teníamos la Ley para evitar 500 muertes maternas y las barreras lo impidieron. Con la eliminación del delito disminuiríamos muchísimo los abortos inseguros”, dice.

Desde el ámbito legal, también se evitarían costosos procesos que no contribuyen a evitar o disuadir a las mujeres del aborto, como explica Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “Hay un uso excesivo del derecho penal en relación con el aborto y está demostrado que el delito no es eficaz ni ha servido para proteger la gestación”.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 16 nov 2021 - 02:22 CET

Publicado enColombia
Lunes, 15 Noviembre 2021 06:05

SOS otra vez

Varios de los autores intelectuales del asalto al Capitolio instigado por Donald Trump se han rehusado a cooperar con la investigación del Congreso sobre lo ocurrido aquel 6 de enero. Uno de ellos, Steve Bannon (en imagen de archivo), ex jefe de estrategia del magnate, fue acusado formalmente de desacato el pasado viernes por negarse a comparecer ante los legisladores.Foto Afp

“Nunca antes ha sido tan impredecible nuestro futuro, nunca hemos dependido tanto de fuerzas políticas que no pueden ser confiadas en seguir las reglas del sentido común y el autointerés; fuerzas que parecen pura locura”. Hannah Arendt (citada por su discípula Samantha Rose Hill, como comentario sobre los tiempos que vivimos en Estados Unidos).

Cada vez es más difícil explicar que el país que se proclama como el faro democrático del mundo (el mismo cuyo gobierno suele juzgar casi todos los días a otros pueblos por sus supuestas fallas democráticas, y al mismo tiempo rehusa aceptar su pasado histórico de intervenciones e invasiones antidemocráticas por todo el mundo) ahora está dispuesto a poner en jaque a su propia versión de democracia. El proyecto neofascista que llegó al poder con Trump no ha sido derrotado.

Eso a pesar de que el ex presidente y su gente están bajo investigación por promover nada menos que una intentona de golpe de Estado, algo sin precedente en este país. Pero lo ocurrido el 6 de enero con el asalto al Capitolio instigado por Trump no acabó ahí, sino que esa insurrección, en parte armada, continúa hoy día. De hecho, varios de los autores intelectuales de ese asalto están rehusando cooperar con la investigación oficial del Congreso sobre lo ocurrido ese día. El 12 de noviembre, uno de ellos, Steve Bannon, fue acusado formalmente de desacato a la orden de comparecer ante el Congreso, pero todo indica que usará eso para sus fines políticos.

Día tras día Trump y sus aliados no han dejado de proclamar que la elección presidencial fue "robada" (algo que la mayoría de los republicanos opinan) y el ex presidente convoca a todo "patriota real" a sumarse a su movimiento para "salvar a Estados Unidos de Biden" y de "la izquierda radical".

En mítines y reuniones hay cada vez más amenazas de violencia –algo nutrido durante cuatro años por Trump– contra demócratas, inmigrantes, minorías y todo opositor. Se habla de resistencia armada a la "tiranía" de las autoridades que se atreven a ordenar el uso de cubrebocas y promueven vacunas. Hay amenazas de muerte contra integrantes de juntas escolares y han duplicado las amenazas de violencia contra legisladores federales progresistas. Algunos asesores de seguridad ahora recomiendan a legisladores no realizar actos públicos. Por otro lado, un segmento significativo de republicanos consideran que podría ser necesaria una "guerra civil"; casi tres de cada 10 de los que creen que la elección fue "robada" opinan que la "violencia podría ser justificada para salvar a nuestro país".

O sea, para Trump y sus seguidores el 6 de enero no marcó el fin de la presidencia de su líder, sino el comienzo de una reconquista –casi a cualquier costo– del poder en este país.

Hay una ofensiva para, efectivamente, minar el derecho al voto de las minorías, legislaturas estatales bajo control republicano están redibujando distritos electorales para garantizar sus mayorías, y hay esfuerzos encabezados por republicanos para prohibir ciertos conceptos y libros –sobre raza, identidad sexual, historia y más– en las escuelas públicas en estados como Texas (donde un legislador ya elaboró una lista de 850 libros) y Wisconsin.

Otros, como el ex asesor de seguridad nacional de Trump, general Michael Flynn, están abogando por tener una sola religión en Estados Unidos (la cristiana).

Mucho de esto brota de los escombros de 40 años del modelo neoliberal estadunidense, y los políticos derechistas han sido muy hábiles en generar divisiones entre los más afectados a través de viejas maniobras racistas, xenofóbicas y antimigrantes y, con ello, una vez más, los jodidos perciben como sus enemigos a los aún más jodidos.

El futuro de esta democracia ahora depende cada vez más de las fuerzas democratizadoras de este país –los defensores de los derechos civiles y sociales, sobre todo los jóvenes y los migrantes que han sido las vanguardias de las luchas por la justicia a lo largo de la historia de Estados Unidos– y sus aliados en el mundo.

Marc Ribot & Tom Waits. Bella Ciao. https://www.youtube.com/watch?v=n_pWpW4JlrM&list=PLJ7QPuvv 91JtXvNGLwJdQMIUqHlEn-gV7

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Foto: Carlos Jasso/File Photo / Reuters

El alto funcionario aseguró, sin embargo, que la fase de examen preliminar por parte de la CPI estuvo llena de irregularidades y podría tildarse de "debilidad jurídica extrema".

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, calificó este jueves de "victoria para las instituciones democráticas venezolanas" el memorando de entendimiento firmado con la Corte Penal Internacional (CPI). El funcionario precisó que la investigación impulsada por ese organismo es una oportunidad que puede abrir las puertas para un acercamiento positivo entre la CPI y la justicia venezolana, a fin de garantizar un procedimiento justo para el país.

No obstante, aseguró Saab que la fase de examen preliminar por parte de esa corte estuvo llena de irregularidades, ya que el país no fue informado previamente sobre las denuncias en su contra, que nunca se presentaron ante ningún organismo nacional y fueron realizadas de manera anónima, sin expediente ni sustento. Todo eso, dijo, podría calificarse como de "una debilidad jurídica extrema".

"Esta visita [del actual fiscal de la CPI, Karim Khan] rompe un silencio largo y al mismo tiempo diría yo ruidoso, porque el silencio era tendencioso en pro de una acción unilateral de la anterior fiscal, Fatou Bensouda, quien nunca nos respondió un solo informe de los ocho documentos, más de 3.000 páginas, entregados a su despacho", aseguró Saab en declaraciones a RT. 

Asimismo, informó que durante su gestión, 196 efectivos de los cuerpos de seguridad venezolanos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo implicaciones en asesinatos ocurridos durante las protestas violentas del año 2017, que son el centro de las actuales acusaciones contra Venezuela ante el tribunal internacional. Según precisó, solo 19 % de los casos de violencia durante esas protestas son atribuibles a las autoridades del país.

"Fue una acción insurreccional, que lamentablemente ocurrió y que no excusamos para nada. Yo no excuso que por ese hecho se hayan cometido, por ejemplo, abusos, excesos policiales, violaciones a los derechos humanos, pero el contexto es ese. No podemos decir que fue en época de paz, no: lamentablemente, fue en medio de un embrión de guerra civil, durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2017", afirmó Saab. A todo ello agregó que Venezuela tiene a mano toda la información, precisa y lista, para agilizar la investigación, y que luego de esto la imagen del Estado venezolano saldrá fortalecida.

Publicado: 5 nov 2021

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El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el acto celebrado en el Palacio de Miraflores. — Prensa Miraflores / EFE

El fiscal del tribunal y el presidente venezolano firman un documento conjunto en el Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro se compromete a cooperar con el proceso.

 

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha decidido abrir una investigación en Venezuela por presuntas violaciones de derechos humanos. Khan ha firmado un acuerdo de colaboración con Nicolás Maduro, con el que el presidente venezolano ha mostrado su compromiso para cooperar en el proceso.

El anuncio de la investigación se hizo mediante un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde se realizó la firma del memorando de entendimiento. Maduro aseguró que no comparte la decisión, pero al mismo tiempo evidenció que la respeta. El documento recoge que Venezuela "interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación". "Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin", defiende el Gobierno.

"Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesa y tiene Venezuela, de las divisiones geopolíticas que existen", pero "nosotros no somos políticos, nos guían principios de legalidad y el Estado de derecho", remarcó, por su parte, Khan.

El fiscal de la CPI dio por concluido el examen preliminar iniciado en 2018 por supuestos abusos que habrían cometido las fuerzas de seguridad venezolanas durante las protestas contra el Gobierno de 2017 y contra algunos políticos encarcelados. El documento firmado por Khan y Maduro destaca que en la primera fase del proceso "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, "adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad".

También "establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal" en Venezuela. Además, han optado por "esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales". Finalmente, acordaron "trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo", recoge la agencia EFE.

04/11/2021 09:03

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Impulsa G-20 impuesto global de 15% para detener la evasión fiscal

 

"Este gravamen pondrá fin a la perjudicial carrera a la baja en el tributo a empresas": Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro de EU

 

Roma. Los líderes de las 20 economías más grandes del mundo (G-20) apoyaron ayer la introducción de un impuesto mundial de 15 por ciento –impulsado por Estados Unidos– sobre los beneficios de las multinacionales que busca acabar con los paraísos fiscales. Además, prometieron más vacunas contra el Covid-19 para países pobres y enviaron señales sobre la lucha contra el cambio climático un día antes de la COP26 en Glasgow, que comienza este domingo.

En vigor, a partir de 2023

El objetivo de este acuerdo es activar en 2023 la nueva arquitectura fiscal para garantizar que las multinacionales contribuyan de forma equitativa y evitar que las grandes corporaciones transfieran ganancias a través de las fronteras para evadir impuestos. Con ello se busca salvaguardar los ingresos fiscales y ofrecer estabilidad a las compañías.

Uno de los principales objetivos de esta medida es evitar que las trasnacionales, como Apple y Bristol Myers Squibb, protejan sus ganancias en paraísos fiscales, donde las tasas impositivas son bajas y las corporaciones a menudo mantienen poca actividad fiscal más allá del territorio en el que están instaladas sus sedes oficiales.

"La comunidad internacional, gracias a este acuerdo, respalda a las personas logrando que las empresas contribuyan de forma justa", aseguró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a sus pares del G-20 congregados en Roma.

Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro, celebró en un comunicado que las potencias hayan aprobado "un acuerdo histórico sobre las nuevas reglas fiscales internacionales, incluyendo un impuesto mínimo mundial que pondrá fin a la perjudicial carrera a la baja en el impuesto de sociedades".

Hasta el momento, éste es el único anuncio de la cumbre, según el borrador de conclusiones, y se espera que se apruebe formalmente este domingo durante el cierre de actividades. La idea es que tras la activación, el país sede de una empresa elevaría sus impuestos a 15 por ciento si sus ganancias se vieran beneficiadas con tasas inferiores en otro país.

En la economía digital y global actual, los beneficios pueden provenir de intangibles como los derechos de autor y las marcas registradas, los cuales pueden trasferirse fácilmente a países que aplican impuestos cercanos a cero para atraer ingresos que de otro modo no tendrían.

Uno de los aspectos cruciales es si el Congreso estadunidense aprobará una ley que cumpla con la norma, ya que la nación de Norteamérica es sede de 28 por ciento de las 2 mil multinacionales más grandes del mundo.

Estados Unidos había buscado una reforma con una tasa impositiva corporativa mínima de 21 por ciento, pero una tasa de 15 por ciento lograda por la administración de Biden aún representa una victoria.

El respaldo a este pacto fiscal se dio después de que 136 países, incluidos los ministros de Finanzas y Economía del G-20, dieron su visto bueno a inicios de octubre con el apoyo y la regulación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Los líderes mantuvieron su primera cumbre presencial después de dos años tras el inicio de la pandemia con contundentes llamados. El grupo respaldó ampliamente los pedidos para extender el alivio de la deuda a los países empobrecidos y se comprometieron a vacunar contra el Covid-19 a 70 por ciento de la población mundial para mediados de 2022.

No pudieron llegar a un acuerdo sobre un mecanismo de financiamiento separado, propuesto por Estados Unidos e Indonesia, pero afirmaron que el grupo de trabajo exploraría opciones para movilizar fondos para impulsar la preparación, la prevención y la respuesta ante una pandemia.

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, instó al inaugurar la sesión a acelerar la entrega de vacunas contra el virus a los países pobres, al calificar de "moralmente inaceptable" la enorme diferencia de inoculación global. Reclamó que sólo 3 por ciento de las personas en los países más pobres del mundo han sido vacunados, mientras 70 por ciento en los países ricos han recibido al menos una dosis.

"Estas diferencias son moralmente inaceptables y socavan la recuperación (económica) mundial", agregó el ex jefe del Banco Central Europeo, para quien los retos planteados por la pandemia deben afrontarse "colectivamente".

Varios de los miembros, como Canadá y Gran Bretaña, anunciaron donaciones masivas de vacunas contra el virus a las naciones más pobres. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, quienes participaron de manera remota, abogaron en la cumbre por el reconocimiento internacional de sus biológicos contra el virus.

Hoy, discusión sobre cambio climático

Italia, como anfitrión, puso la salud y la economía en la parte superior de la agenda del primer día de la reunión, y las discusiones climáticas más difíciles están programadas para este domingo.

Se espera que el G-20 logre compromisos clave de los países que representan 80 por ciento de la economía global –responsables de casi la misma cantidad de las emisiones globales de dióxido de carbono en el planeta– antes de la 26 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26).

El hecho de que los líderes mundiales no se comprometan a abordar la emergencia climática en la cumbre podría provocar "eventos geopolíticos muy difíciles", incluida la migración masiva y la competencia mundial por alimentos y agua, dijo el primer ministro británico, Boris Johnson.

A primera hora de la mañana, la policía intervino para eliminar un bloqueo formado por aproximadamente medio centenar de manifestantes a favor del medioambiente de la avenida Cristóforo Colombo, al sentarse en mitad de la calzada al grito de "Si no hay cambios, bloquearemos la ciudad", informó el diario italiano Il Messaggero.

Con el lema de "Alto a patentes, la vacuna es un derecho global, y sin fines de lucro sobre la pandemia", cientos de activistas continuaron con sus protestas cerca de la zona de seguridad de la cumbre.

António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió que la COP26 podría fracasar por los todavía tibios compromisos de los grandes contaminadores y desafió a los líderes del G-20 a superar los "peligrosos niveles de desconfianza" entre ellos y hacia las naciones en desarrollo.

"Que quede claro: existe un gran riesgo de que Glasgow no cumpla lo prometido", dijo Guterres en conferencia de prensa en Roma, y apuntó que los compromisos actuales "siguen condenando al mundo a un calamitoso incremento de 2.7 grados" a la temperatura del planeta.

Un reporte medioambiental reciente de la ONU concluyó que los anuncios realizados por docenas de países para alcanzar la "neutralidad" de emisiones en 2050 podrían, si se aplican por completo, limitar el alza de la temperatura global a 2.2 grados Celsius. Está cerca, aunque todavía por encima, del objetivo marcado en el Acuerdo del Clima de París de limitarlo a 2 grados Celsius con respecto a la época preindustrial.

Reveses al legado de Trump

Durante la cumbre del G-20, representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania expresaron su "viva y creciente preocupación" por el incumplimiento del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear con Irán, al que instaron a "cambiar de rumbo".

Estos países, junto a China y Rusia, alcanzaron en 2015 un histórico acuerdo para limitar el alcance del programa nuclear de Irán para evitar que se dote de la bomba atómica, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Sin embargo, Estados Unidos, entonces presidido por Donald Trump, abandonó el pacto en 2018.

Martin Griffiths, jefe humanitario de la ONU, instó a los líderes de la cumbre a preocuparse "por Afganistán, porque su economía está colapsando y la mitad de su población corre el riesgo de sufrir hambruna antes de que llegue el invierno".

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Estados Unidos vuelve a insistir con la extradición de Julian Assange

La justicia británica está examinando la solicitud de Estados Unidos de revocar la decisión de una jueza de primera instancia de rechazar la extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje. Washington lo acusa de 17 cargos de espionaje que suman una pena posible de 175 años de prisión. El fundador de WikiLeaks es señalado por divulgar cientos de miles de documentos confidenciales de militares y diplomáticos estadounidenses.


El abogado de Estados Unidos en el caso contra Assange, James Lewis, alegó que la jueza Vanessa Baraitser se equivocó al fallar que Assange podría suicidarse debido a sus opresivas condiciones de detención y al estrés de tantos años de persecución.

En enero, Baraitser rechazo la demanda de extradición de Washington argumentando que existía riesgo de que Assange se suicidara debido a sus opresivas condiciones de detención y al estrés de tantos años de persecución.El fundador de WikiLeaks es considerado por sus seguidores como una víctima de ataques contra la libertad de expresión. Assange estuvo recluido durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres, en 2019 fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en Belmarsh.

Por su parte, Lewis dijo que el gobierno de Estados Unidos prometió que Assange, de 50 años, no será mantenido en una prisión de máxima seguridad ni en condiciones de aislamiento antes de ser juzgado. Además, aseguró que si es condenado podría cumplir su sentencia en su natal Australia.

En respuesta, el abogado Edward Fitzgerald, el defensor de Assange, dijo en un escrito que Australia todavía no aceptó recibir a Assange en caso de que sea condenado en Estados Unidos. En caso de que aceptara, el proceso legal en EE.UU. podría alargarse una década, "durante la cual el señor Assange permanecerá detenido en un aislamiento extremo", argumentó Fitzgerald que acusó a Lewis de intentar “minimizar la severidad del trastorno mental y el riesgo de suicidio del señor Assange".

Libertad de expresión

Afuera del tribunal, ubicado en el centro de Londres, se congregaron decenas de seguidores del fundador de WikiLeaks. Los manifestantes pedían por la libertad de Assange al tiempo que calificaron de “juicio político” el proceso judicial en su contra.

Se esperaba que Assange compareciera por videoconferencia, pero Fitzgerald dijo que su cliente había recibido una alta dosis de medicación y no se sentía bien para participar del procedimiento. Más tarde, en una pantalla de video en la sala se lo vio conectarse por momentos para seguir la audiencia.

La pareja de Assange, Stella Moris, manifestó su preocupación por la salud de su compañero. “Lo vi el sábado. Está muy flaco”, afirmó. La audiencia se extenderá hasta el jueves aunque los jueces que la presiden, entre ellos el jefe de la judicatura del Reino Unido, Lord Ian Burnett, no tienen previsto dar su veredicto hasta dentro de varias semanas. La parte que pierda esta audiencia puede apelar la decisión ante la Corte Suprema del Reino Unido. Los cargos contra Assange contemplan una pena máxima de 175 años. Según Lewis "la condena más larga jamás impuesta por estos mismo delitos es de 63 meses".

Una década de persecución

Tras siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, Assange fue detenido en abril de 2019 cuando el entonces presidente ecuatoriano, Lenin Moreno revocó el asilo político y la ciudadanía otorgada por su predecesor, Rafael Correa. El fundador de WikiLeaks se había recluido en la embajada mientras estaba con libertad bajo fianza. Assange temía ser extraditado a Estados Unidos o Suecia, que lo requería por violación, cargos que fueron abandonados desde entonces.


Su libertad es reclamada por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La directora de campañas internacionales de RSF, Rebecca Vincent, aseguró que en el último año se intensificó la atención mundial sobre el caso, aunque se subestima la gravedad de la situación desde el punto de vista de la libertad de prensa, según consigna el diario británico The Guardian.

"El hecho de que se haya llegado tan lejos tiene un efecto escalofriante en la información sobre seguridad nacional en todo el mundo. Sigue habiendo una tendencia entre algunos a compartimentar esto, o a tomar una posición particular basada en opiniones personales sobre Julian Assange, pero si Estados Unidos tiene éxito en asegurar su extradición, entonces el precedente que podría establecer para cualquier organización de medios de comunicación no puede ser exagerado".

A mediados de octubre instaron al fiscal general de Estados Unidos a abandonar las medidas contra Assange. El proceso en su contra fue lanzado durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), mientras que en la administración de Barack Obama (con Biden como vicepresidente) la justicia norteamericana había renunciado a actuar contra el fundador de WikiLeaks. Actualmente la Casa Blanca no modificó la postura endurecida durante el gobierno de Trump.

27 de octubre de 2021

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Brasil: una comisión del Senado aprobó el informe que acusa a Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad

La comisión parlamentaria acusadora había investigado la gestión del gobierno frente a la pandemia de covid-19

El documento, producto de seis meses de investigación, fue aprobado por mayoría entre los once miembros de la comisión y será remitido a la Fiscalía, la Corte Suprema y la Corte de la Haya.

 

Con siete votos a favor y cuatro en contra, los senadores que integran la comisión que investigó la gestión del gobierno brasileño frente a la covid-19 aprobaron el informe final que acusa al presidente Jair Bolsonaro de "crímenes contra la humanidad". El documento, resultado de seis meses de investigaciones, será ahora remitido a la Fiscalía, la Corte Suprema y hasta la Corte Penal Internacional de La Haya, quienes deberán evaluar si aceptan las denuncias e instauran los procesos correspondientes. Durante una tensa audiencia en el Senado, el mandatario llegó a ser calificado como un "serial killer" (asesino serial).

Además de imputarle crímenes contra la humanidad, el documento acusa al líder de ultraderecha de otros ocho gravísimos delitos y denuncia por diversas irregularidades a otras 77 personas, entre quienes se encuentran los tres hijos del mandatario y algunos de sus principales ministros y exministros. Incluso fueron denunciadas dos empresas. En el caso de Bolsonaro, los otros cargos son epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricato, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público. La comisión también había acusado a Bolsonaro de genocidio de pueblos originarios pero el cargo fue retirado antes de la votación del pleno del Senado.

Las acusaciones abarcan desde la imposición en la salud pública de remedios sin eficacia comprobada contra la covid-19 que conformaron un llamado "tratamiento precoz" basado en la dudosa cloroquina, hasta serias sospechas de corrupción en la negociación de vacunas. También se acusa a Bolsonaro de difundir "masiva información falsa" sobre las vacunas, lo cual se vio reforzado con unas polémicas declaraciones dadas por Bolsonaro el jueves pasado, cuando insinuó que quienes se inmunicen contra el coronavirus corren riesgo de contraer sida.

Serial killer

La responsabilidad de la pandemia "es de mucha gente, hay muchos acusados, pero es principalmente del presidente, ese serial killer que tiene obsesión por la muerte", declaró el senador Renan Calheiros a la prensa antes del inicio de la sesión. El informe, que incluye testimonios conmovedores y revelaciones impactantes como el uso de pacientes como "cobayas humanas" para probar medicamentos ineficaces contra el coronavirus o el "deliberado atraso en la compra de vacunas", será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos.

Junto a Bolsonaro también fueron denunciados sus tres hijos: el senador Flavio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro. Además se presentaron cargos contra el actual ministro de Salud, Marcelo Queiroga, y su predecesor, el general Eduardo Pazuello.

La defensa del clan Bolsonaro

El hijo del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, dijo que el informe del Senado es jurídicamente débil. "La intención de algunos senadores de la comisión investigadora es causar el máximo desgaste al presidente", aseguró. Su padre viajó al amazónico estado de Roraima para visitar a refugiados venezolanos que viven en Brasil y alertó sobre "el peligro del comunismo". A la misma hora de la sesión de la comisión, Bolsonaro participó de una misa en un templo evangélico.

Durante la audiencia de este martes, el senador oficialista Luiz Carlos Heinze realizó una defensa a ultranza de la prescripción de la hidroxicloroquina a pacientes con coronavirus fundamentada en "cientos" de estudios científicos"Le preparé un regalo, senador", le avisó Calheiros a Heinze al anunciar que era, hasta ese momento de la tarde, el imputado número 81. Heinze fue acusado de divulgar "informaciones falsas" sobre la covid-19. Luego de una rápida votación, los senadores de la comisión decidieron eliminar el nombre del parlamentario de la lista de imputados. 

En otro tramo de la sesión, el senador Eduardo Braga solicitó la inclusión del gobernador de Amazonas, Wilson Lima, y del exsecretario de Salud de ese estado, Marcellus Campelo. En un comunicado, Lima sostuvo que la sugerencia de imputar su nombre "tiene plena motivación político-electoral de cara a las elecciones de 2022". Lima fue acusado por posibles fraudes en el manejo de la pandemia en su estado, que fue centro del horror mundial en enero, cuando los pacientes se morían en sus camas por falta de oxígeno

La cúpula y los médicos de la prepaga Prevent Senior de San Pablo también fueron imputados ante la justicia común por haber realizado "experimentos" con pacientes con remedios como cloroquina, defendida por Bolsonaro y la ultraderecha como forma de generar una inmunidad de rebaño sin necesidad de una cuarentena.

Es la primera vez que el Congreso brasileño acusa a un presidente de delitos contra la humanidad. Bolsonaro será acusado pero los cargos chocarán contra el fiscal general Augusto Aras, un aliado del presidente que ha cajoneado varias de las acusaciones. Su oficina dijo en las últimas horas que el informe será revisado cuidadosamente tan pronto como se reciba.

En sus conclusiones, el informe recoge la decisión de crear, en la sede del propio Senado, un memorial en recuerdo de los fallecidos por coronavirus en Brasil. El último minuto de la comisión parlamentaria, luego de cerca de cien horas de audiencias, fue de silencio en memoria a las víctimas. 

27 de octubre de 2021

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