Luis Arce deroga la ley antilavado que motivó paros y protestas en Bolivia

El presidente argumentó que "el país no quiere más zozobra e incertidumbre"

La dirigencia de derecha, encabezada por Luis Fernando Camacho, se atribuyó una victoria y confirmó su intención de continuar con la medida de fuerza pese al anuncio.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la derogación de la ley antilavado que motivó un paro, marchas y bloqueos en algunas regiones del país por parte de gremios y comités cívicos y confió en que desde el lunes la situación se normalice. En una conferencia de prensa desde la sede de gobierno, el presidente dio a conocer la decisión porque "el país no quiere más zozobra e incertidumbre innecesariamente". La dirigencia de derecha que está detrás del paro, encabezada por Luis Fernando Camacho, se atribuyó una victoria y confirmó su intención de continuar con la medida de fuerza pese al anuncio.

"Escuchando las demandas del pueblo boliviano, las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de, primero, allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía", dijo Arce. El gobierno boliviano mantuvo el sábado un diálogo con algunos sectores con el fin de desarticular las movilizaciones iniciadas el lunes por comerciantes informales, transportistas, comités cívicos y plataformas ciudadanas contra la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

Según Arce, los transportistas y comerciantes informales que cumplieron la huelga "se han visto perjudicados en sus ingresos" y sostuvo que el Ejecutivo tiene que velar por que la economía continúe recuperándose. "Lo que ha pasado está generando miedo, zozobra e incertidumbre innecesariamente en el país producto de que hay sectores que tienen otros intereses más allá de los que marcan las necesidades e inquietudes de los sectores sociales", insistió.

"Movilización permanente"

Al participar este domingo de un multitudinario evento en la localidad altiplánica de Peñas para conmemorar los 240 años de la muerte de Tupac Katari, quien lideró las rebeliones indígenas contra la colonia española, Arce le pidió a la militancia del MAS una "movilización permanente" contra el "enemigo". El mandatario destacó a Katari como un "estratega" que "sabía cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo ir al ataque y cuándo ir a la defensiva", algo que han "heredado" y siguen aplicando porque "la  "resistencia indígena continúa y no es en vano".

Por su parte el expresidente Evo Morales respaldó la decisión del gobierno: "Saludamos la decisión de nuestro hermano presidente de abrogar la Ley 1386 junto a las organizaciones sociales que son la base del Proceso de Cambio", escribió Morales en Twitter. "Nuestra política es gobernar obedeciendo al pueblo y proteger la vida y la economía ante los aprestos golpistas", agregó Morales, quien fue derrocado en un golpe de Estado en 2019, se exilió en Argentina y retornó a Bolivia tras la asunción de Arce en 2020.

La derecha festeja y pide mantener el paro

En el otro extremo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó en redes sociales que la "lucha de unidad ha comenzado a dar sus frutos" pero no ha terminado, por lo que pidió a los movilizados en esa región mantener "los puntos de bloqueo". Este sector se reunirá con otros movilizados en las próximas horas para analizar el anuncio presidencial y tomar nuevas definiciones.

En tanto el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, uno de los principales impulsores del golpe contra Morales, se atribuyó un triunfo por la derogación de la ley. "Luis Arce quiso camuflar su derrota y dijo que "decidió" abrogar la ley 1386. Falso, no decidió nada, lo hizo porque el pueblo movilizado lo exigió. No tenía opción. Fin del comunicado", señaló por Twitter.

La resistida ley, aprobada en agosto, establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo "podrá ser ajustada por el Ejecutivo (...) mediante decreto". Esto fue lo que particularmente generó inquietud en la oposición, que temía que fuera usada como herramienta de persecución política.

A lo largo de la semana se registraron violentos enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos afines al oficialismo que intentaban disipar las protestas dejando un centenar de detenidos, varios heridos y un muerto en circunstancias aún confusas. Los principales disturbios ocurrieron en los departamentos de Santa Cruz y Potosí, en el sudoeste del país, pero se vieron manifestaciones en todo el territorio.

Valoración del gobierno

El paro se inició el lunes pasado y coincidió con el primer año de gobierno de Luis Arce. Según se desprende de una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el 55 por ciento de la población boliviana valora positivamente la gestión del Ejecutivo. La cifra fue aún más alta cuando se preguntó por la gestión de la pandemia (76 por ciento) y por la política social (62 por ciento). La imagen del presidente Arce también tiene una valoración positiva elevada, en torno al 47 por ciento, por encima de la mayoría de los presidentes en la región de acuerdo a los sondeos que habitualmente realiza Celag.

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Viernes, 22 Octubre 2021 06:04

Que la tortilla se vuelva

Trabajadores de John Deere realizan una huelga con piquete, el 14 de octubre, en las instalaciones de la empresa en East Moline, Illinois AFP, GETTY IMAGES, SCOTT OLSON

La pandemia y el teletrabajo recordaron a millones de estadounidenses que la vida es frágil y la familia importa. La reactivación impulsada por el Estado, que sigue engordando las ganancias empresariales, se ha topado con una creciente militancia gremial y con demandas de sueldos más altos y mejoras en la calidad de vida.

 

SI EL MAÍZ CRECE DESPAREJO…

La pandemia tuvo un impacto grueso en el mercado laboral estadounidense: el índice de desempleo, que hasta enero de 2020 se había mantenido alrededor del 3,5 por ciento, saltó al 14 por ciento en abril. Los pedidos de subsidio por desempleo, con un promedio semanal de 205 mil trámites a comienzos de ese año, se remontaron a 6,8 millones en la última semana de marzo. Decenas de millones de personas perdieron su empleo o registraron una poda sustancial en sus ingresos por la reducción de las horas de trabajo.

El efecto no fue parejo: los trabajadores en sectores en que fue posible el recurso del teletrabajo continuaron laburando, pero otros muchos –en sectores como los restaurantes y los hoteles– quedaron desempleados. Para otro segmento, el de los llamados «trabajadores esenciales» –las cosechas, el transporte, el cuidado de niños, enfermos y ancianos–, el panorama fue sombrío: quedarse en casa sin sueldo o concurrir a trabajar y exponerse a la pandemia.

Los programas de estímulo por 1,9 billones de dólares, aprobados de manera rápida por el Congreso y promulgados de forma expedita por el presidente Donald Trump, reanudaron la actividad económica. El arribo de las vacunas contra la covid-19 y otro generoso estímulo de 1,2 billones de dólares promulgado por el presidente Joe Biden han contribuido a esa reactivación. El índice de desempleo ha bajado al 4,8 por ciento en setiembre de este año y, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, la cifra semanal de solicitudes del seguro de paro se ha ubicado por debajo de las 300 mil.

Como suele suceder, las noticias que son medianamente buenas para muchos son mucho mejores para otros pocos. En el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia causó una caída del 9,1 por ciento en el PBI de Estados Unidos, las ganancias de las empresas sumaron 17,4 billones de dólares. En el segundo trimestre de 2021, cuando el PBI creció 12,2 por ciento, sumaron 24,4 billones de dólares. Un aumento del 40 por ciento. El índice del mercado de valores (Stock Market Index), que muestra el entusiasmo o el pánico en el casino financiero, tenía en julio de 2020 una marca de 26.400 puntos. Esta semana el optimismo ronda por encima de los 35.381 puntos. Un aumento del 34 por ciento.

Mientras tanto, y con una tasa anual de inflación del 5,4 por ciento, los sueldos reales de todos los trabajadores en el sector privado (medidos en dólares constantes de 1982-1984) bajaron de 394,62 a 391,62 dólares por semana.

NO ES SOLO CUESTIÓN DE DINERO

La pandemia tuvo otro efecto en el mercado laboral, previsible desde hace un par de décadas y demorado solo por el enfoque anticuado en la administración empresarial de los llamados «recursos humanos». La propagación del teletrabajo ha demostrado, primero que nada, que sí es posible mantener la actividad de negocios, escuelas y universidades sin la concentración de empleados y estudiantes en oficinas, fábricas y aulas. Desde el punto de vista empresarial, esto es una promesa de reducción de gastos fijos, como el alquiler de espacios, la electricidad y los seguros.

Para los millones de trabajadores que han continuado sus labores desde casa, la revelación ha sido aún más importante: existe la vida afuera del horario. Librarse de las dos horas diarias de transporte hacia y desde el sitio de trabajo significa dos horas más de vida familiar, el ahorro de dinero en el cuidado de los niños, una dieta más sana con comidas hogareñas. Y, sobre todo, una administración diferente del tiempo: en lugar de ocho horas de confinamiento en una oficina de las que quizás solo dos o tres se ocupan en alguna labor, ahora puede haber tiempo para ejercicio, para escuchar música, para leer o –sin que se note– para echarse una siesta hasta que la tarea siguiente sea asignada.

Con la recuperación del tiempo personal, millones de personas empleadas a tiempo completo o parcial, o desempleadas, encontraron el tiempo y las circunstancias para tomar cursos por Internet y adquirir certificados profesionales, o han emprendido pequeños negocios propios. Y las empresas, especialmente las que mejor se adaptaron al teletrabajo, encuentran ahora la resistencia de sus empleados a retornar a las oficinas y fábricas, a las escuelas y universidades. Una renuencia combinada con las precauciones para evitar nuevos brotes de la pandemia.

En pocos meses, millones de estadounidenses descubrieron aquello de que hay que trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar. Hay instructores de yoga, de canto, de reparación de motores que se han hecho clientelas vía Zoom, y alumnos que por Zoom exploran el canto, practican yoga o se entretienen reparando una motocicleta. La aritmética es sencilla: una instructora de guitarra o de cocina uruguaya, un instructor de ajedrez o fotografía puede cobrar, digamos, 25 dólares por clase. Si consigue tan solo cuatro alumnos por día y trabaja desde su casa y apenas cuatro horas diarias, de lunes a viernes, logrará un ingreso superior al sueldo real. El teletrabajo tiene sus propias complicaciones: el uso de espacio para oficina en un apartamento o casa familiar, la interferencia de los niños, la pereza de cambiar del pijama a una vestimenta formal. Y también el peligro de la disponibilidad ilimitada: por Internet el empleador puede encargar tareas a cualquier hora del día o de la noche, lo que crea una forma nueva de compromiso laboral.

La fuerza combinada de la reactivación económica impulsada con dinero estatal y el teletrabajo y sus beneficios forman parte del fenómeno por el cual, ahora, en Estados Unidos hay una escasez tremenda de mano de obra. Las empresas no pueden encontrar gente dispuesta a emplearse a menos que las condiciones de trabajo sean más flexibles, con más tiempo para la familia o el gusto personal.

A LA HUELGA, COMPAÑERAS

En agosto unos 4,3 millones de trabajadores, esto es, el 2,9 por ciento de la fuerza laboral, abandonaron sus empleos, la cifra más alta de dimisiones desde que se registra este dato. Eso significa 242 mil renunciantes más que en julio, como reflejo de que más y más empleados reclaman sueldos más altos, mejores condiciones de trabajo, incluidas más vacaciones, licencia por maternidad o paternidad y horarios flexibles.

En agosto, al acentuarse la escasez de mano de obra dispuesta a emplearse, había unos 10,4 millones de ofertas de empleo en puestos vacantes en casi todas las industrias. En julio había 11,1 millones. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. Gran Bretaña encara una escasez de pilotos, al tiempo que se reanudan los vuelos normales, debido a que cientos de tripulantes de aerolíneas se jubilaron o cambiaron de carrera durante la pandemia, y otros muchos requieren instrucción. Expertos en el área de la aviación comercial calculan que esa industria tendrá una escasez de unos 34 mil pilotos hacia 2025.

«Es la época de oro para los trabajadores estadounidenses», según Joe Brusuelas, economista jefe en la firma contable y de asesoramiento RSM. «El trabajador estadounidense sabe que ahora tiene poder en la negociación, que puede obtener un sueldo razonable y tener influencia en la conformación de las condiciones laborales. Esto es lo que ocurre después de las guerras o depresiones grandes. Es difícil percibirlo cuando uno está en medio del proceso, pero hemos tenido un shock que ha generado cambios inesperados en la población», ha afirmado Brusuelas a la CNN.

Los sindicatos en Estados Unidos han estado perdiendo influencia por décadas, y la afiliación de trabajadores ha bajado del 18 por ciento de los trabajadores en 1985 al 10 por ciento actual. Paradójicamente, el 68 por ciento de los estadounidenses tiene una opinión positiva de los sindicatos, el nivel más alto de confianza desde 1965, según una encuesta de Gallup. La simpatía por los gremios sube al 78 por ciento entre la gente más joven, con edades entre 18 y 29 años.

Y hasta esta semana ya más de 100 mil trabajadores en diferentes industrias han aprobado la autorización para que los sindicatos que los representan declaren la huelga si no hay progreso en las negociaciones de los respectivos convenios colectivos. La semana pasada 10 mil trabajadores de la firma John Deere entraron en huelga, y una medida similar en el área de producciones de Hollywood se evitó pocas horas antes del plazo, cuando se llegó a un acuerdo con unos 60 mil trabajadores. Unos 1.400 empleados de la firma Kellogg, que produce cereales para el desayuno y otros alimentos, se declararon en huelga el 5 de octubre en las plantas de Michigan, Nebraska, Pensilvania y Tennessee, en repudio a la oferta de contrato presentada por la patronal, que incluye recortes en el seguro médico, las jubilaciones y las vacaciones.

Más allá de los trabajadores en los sectores privado y público que tienen representación sindical, un aspecto notable del mercado laboral en 2021 es que hay millones de trabajadores, en áreas sin sindicatos, que se rehúsan a retornar a sus empleos. «Somos testigos de la “Gran Huelga de 2021”, y la componen mayormente millones de trabajadores no organizados y en áreas de empleo de bajos sueldos», afirmó esta semana el periódico financiero The Street. «Muchos de los nueve millones de trabajadores que no han retornado a trabajar están, de hecho, en huelga para obtener algo mejor.»

De acuerdo con la Facultad de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad Cornell, este año ha habido huelgas contra 178 empresas. Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales, que solo lleva el registro de las huelgas mayores, ha documentado 12, en las que participaron más de mil empleados. «Las huelgas son una señal, sin duda, de que los empleadores ignoran a los trabajadores en perjuicio propio», dijo esta semana a The Washington Post Elizabeth Shuler, la primera mujer al frente de la central sindical AFL-CIO. «La pandemia dejó al desnudo nuestro sistema de desigualdades, y los trabajadores se rehúsan a volver a empleos míseros que ponen en riesgo su salud. Esta ola de huelgas inspirará a más y más trabajadores para que se planten firmes y digan “merecemos algo mejor”», agregó.

Por Jorge A. Bañalesdesde Washington 
21 octubre, 2021

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Calles vacías por el paro en la maltratada nación caribeña.. Imagen: AFP

La banda armada que secuestró a 17 misioneros estadounidenses y canadienses en Haití pidió un rescate de un millón de dólares por cada una de las personas captivas, según informó el ministro de Justicia, Litz Quitel. Mientras que en el país caribeño, especialmente en Puerto Príncipe, las calles amanecieron casi vacías por segundo día consecutivo debido a una huelga promovida por organizaciones patronales y sector transportista en reclamo por la inseguridad, raptos y asesinatos tras el reciente secuestro. Cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital.

"La banda haitiana que secuestró a un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses está pidiendo 1 millón por cada uno para su liberación, un total de 17 millones de dólares", aseguró Quitel, que luego indicó que los secuestradores exigen habitualmente grandes sumas que luego son rebajadas durante las negociaciones.

El ministro de Justicia subrayó que el FBI y la policía de Haití están en contacto con los secuestradores, y que las negociaciones podrían durar días o semanas. "Estamos intentando lograr su liberación sin pagar un rescate. Esta es la primera vía de acción. Seamos honestos: Cuando les demos ese dinero, ese dinero será usado para (comprar) más armas y municiones”, afirmó Quitel.

El ministro además señaló que su equipo no participa en las negociaciones. "No tengo los datos específicos, no quiero interferir con quien está negociando y los secuestradores. Cada caso es diferente", dijo al diario The Washington Post.

Quitel añadió que las autoridades del país buscan llegar a un desenlace similar al del secuestro en abril pasado de un grupo de sacerdotes y monjas católicos por parte de la misma banda, 400 Mawozo. En esa negociación los cinco curas, dos monjas y tres de sus familiares fueron liberados a finales del mismo mes con el pago de rescate únicamente por dos de los sacerdotes, aseguró el ministro de Justicia.

En abril, 10 personas, entre ellos dos religiosos franceses, estuvieron secuestrados 20 días por la banda 400 Mawozo en la misma región situada entre Puerto Príncipe y la frontera con República Dominicana. Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Puerto Príncipe, afirmó que la banda 400 Mawozo estuvo detrás de cerca del 80 por ciento de los secuestros del tercer trimestre de 2021, según consigna el matutino estadounidense.

Según indicó Quitel, las 17 personas están siendo retenidas en una casa justo afuera de Croix-des-Bouquets, donde lsos misioneros fueron secuestrados cuando viajaban en autobus al este de Puerto Príncipe. La zona está controlada por la banda 400 Mawozo.

Por su parte, Estados Unidos reiteró que no negociará con quien secuestra a sus ciudadanos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que Washington mantiene su política de no negociar con secuestradores remarcó que el objetivo continúa siendo "traerles a casa". En el grupo de víctimas figuran cinco niños, el menor de ellos de ocho meses y otros de 3, 6, 14 y 15 años.

La Policía Montada de Canadá confirmó este martes que está trabajando con las fuerzas policiales de Haití y Estados Unidos en el caso de los misioneros secuestrados. En una declaración a los medios, la policía canadiense señaló que "está tomando muy en serio esta situación y está colaborando con las autoridades policiales de Haití y Estados Unidos en este incidente". Por otra parte, afirmaron que no harán más comentarios sobre investigaciones en marcha en otros países.

En tanto la cancillería canadiense señaló que está recabando más información junto a las autoridades locales y Christian Aid Ministries tras conocerse el secuestro de los misioneros. Las autoridades canadienses no han revelado la identidad del ciudadano de ese país que hace parte del grupo de rehenes.

Reclaman acción al gobierno

En las calles de la capital haitiana habían unos pocos vendedores ambulantes. Sólo algunos grandes mercados abrieron las puertas, pero la mayoría de las escuelas, instituciones financieras y de la administración pública se adhirieron a la huelga.

El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití, Mehu Changeux, explica que el paro reclama la acción del Gobierno para combatir a las pandillas y critica una supuesta campaña de las autoridades para ahogar las demandas de la población. "Les decimos que no es el dinero lo que hace que los conductores y los ciudadanos se queden en casa, es la convicción", tuiteó el sindicalista.

Sin embargo, cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital, y en algunas zonas se experimentaba una reactivación del transporte colectivo, mientras que en otros departamentos más alejados de la capital los sectores no acataron la huelga, precisaron medios locales.

20 de octubre de 2021

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De izquierda a derecha: Jorge Alberto Parra y Carlos Trujillo, ver entrevista completa: “Ex-trabajadores General Motors, Colmotores: Memorias de una década en lucha”

Ver cotidianamente una carpa en la acera de un barrio de clase media de Bogotá, al frente de la Embajada de los Estados Unidos, puede ser algo inusitado para las personas, pero podrían asombrarse aún más de saber que hace 10 años fue instalada ahí y que allí se han concentrado los sueños, luchas, propuestas, frustraciones, rabias, alegrías, rebeldías y dignidades de un grupo de trabajadores que a lo largo de esos años han exigido sus derechos laborales, a salud y seguridad social, ligados a que se reconozca que las enfermedades que adquirieron fueron producto de su trabajo.

 

El martes 2 de agosto de 2011, un grupo de trabajadores de la empresa automotriz General Motors Colmotores, decidió emprender una acción colectiva arriesgada: colocar una carpa al frente de la entrada a la Embajada de Estados Unidos para denunciar su situación laboral y de salud.

La realidad no daba para menos: todos estaban afectados por un conjunto de patologías adquiridas producto de su labor en la empresa automotriz General Motors Colmotores, pero no reconocidas así por la patronal. Patologías traducidas en incapacidades permanentes, que a la postre llevaron a la cancelación de su contrato laboral, quedando sin las indispensables protecciones laborales, económicas y de salud y por ello en unas condiciones de alta vulnerabilidad al no contar con salud, ni trabajo, imposible de conseguir de nuevo por sus incapacidades y por esta vía, perder sus viviendas y terminar desestructurándose sus familias.

Estaban ante una problemática que requería salidas efectivas y colectivas, e inicialmente la respuesta la dieron 63 trabajadores, que se dieron una identidad a través de Asotrecol (Asociación de trabajadores enfermos de Colmotores), organización desde la cual han impulsado múltiples acciones durante estos años de resistencia.

Jorge Parra, uno de los dirigentes de Asotrecol, expresa muy bien lo que les sucedió en su salud: “Nosotros trabajamos en las áreas de soldadura, mecánica, ensamble, y pintura con jornadas laborales de más 10 horas diarias. Trabajando durante 6 días la semana, con equipo y tecnología que no garantizaba una seguridad ocupacional mínima y con constante exigencia patronal para garantizar y superar las metas de producción. Estos factores sumados prácticamente garantizaban una epidemia laboral de enfermedades incapacitantes en pocos años: hernias discales, túnel de carpo, bursitis y manguito rotador en hombros se hicieron comunes”.

Por su lado una abogada que en un momento dado estuvo apoyando a trabajadores enfermos de Colmotores a establecer demandas jurídicas, expresa: “La empresa tiende a expulsar a los trabajadores enfermos a manera tanto de retaliación como forma de eximirse de la responsabilidad de sus enfermedades […] los despidos masivos y sin justa causa son una de las estrategias que usa la empresa para atacar y desmoralizar a los trabajadores”.

Entre el conjunto de acciones colectivas que emprendieron los trabajadores de Asotrecol en los primeros meses en la carpa, incluyeron enterramientos, huelgas de hambre cociéndose los labios y crucifixiones. Tal tipo de acciones reflejó el nivel de desespero en que se encontraban, buscando ser escuchados y atendidos en sus demandas. Al comienzo los medios masivos de comunicación los visibilizaron, producto del manejo amarillista de los conflictos, después los olvidaron; igual que el conjunto de actores involucrados y responsables en este conflicto que han mantenido un margen conveniente a lo largo de esta década.

Internacionalización de la problemática

El acto de colocar la carpa al frente de la embajada sin duda fue osado, pero completamente estratégico. Partió de entender que el conflicto debía ganar un escenario internacional al ser General Motors Colmotores una empresa norteamericana y que, por lo tanto, era competencia del gobierno de los Estados Unidos involucrarse en la resolución de esta problemática, mucho más tras haberle inyectado una suma grande de dineros públicos para su salvamento.

De otro lado, por que estos trabajadores enmarcaron su conflicto en el Tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, y el plan de acción laboral que integró y por el cual los dos gobiernos se obligaban a respetar los derechos laborales en sus países. Con esto se presionó para que Estados Unidos interviniera en este conflicto y contribuyera a su solución.

Esta internacionalización trajo a la postre un hecho fundamental que ha sido el soporte y la razón de que la carpa y la acción de Asotrecol se haya sostenido estos diez años. Se configuró una red de solidaridad internacional, principalmente en Estados Unidos, pero que luego apareció en países de Europa y África. Cada vez que se ha intentado expulsarlos de la carpa, esta red ha presionado al gobierno de los Estados Unidos y al de Colombia, evitando que la acción se consuma.

Indolencia de los actores responsables para resolver el conflicto


En la concreción de su labor Asotrecol ha denunciado su caso ante instancias nacionales e internacionales. A nivel nacional han denunciado ante el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Igualmente, Asotrecol presentó su caso ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos –Cetcoit 1–, la cual no tuvo mayores efectos.

En el escenario internacional han logrado audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, además de realizar un proceso para que su caso fuera presentado a la OIT en Ginebra, Suiza, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual no prosperó.

En esas condiciones, luego de diez años de lucha y de su estadía en una carpa, no alcanzan ningún tipo de resolución a la situación y demandas de los extrabajadores de Colmotores, lo cual expresa la indolencia, negligencia e indiferencia de los actores involucrados en este conflicto.

La empresa, por su parte, ha buscado todo el tiempo quitarse la responsabilidad que le concierne y en los momentos que ha propuesto soluciones han encontrado el rechazo de los trabajadores de Asotrecol por considerarlas exiguas.

A su vez, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL– involucradas en el conflicto, no han reconocido el origen laboral de las patologías sufridas por los trabajadores, por lo cual sus derechos de salud y seguridad social no han sido garantizados. Tratados los casos en las juntas de calificación de invalidez regional y nacional, tampoco se ha logrado el reconocimiento del origen laboral de las patologías.

Como si fuera extraño, el Ministerio de Trabajo ha mostrado su constante falta de autoridad estatal laboral, por lo cual en estos diez años ha permanecido al margen del conflicto incumpliendo su deber para dirimir este ya largo conflicto laboral. Como hijas de igual familia, las instituciones del Ministerio Público han mostrado su baja capacidad de incidir en conflictos de este tipo.

En paralelo, el gobierno de los Estados Unidos, que en un momento dado atendió la situación de los trabajadores
–convocando a la empresa para hablar del tema–, con el paso del tiempo se desentendió de la situación.

Por su parte el movimiento sindical, en particular las centrales de trabajadores, que aunque no son actores responsables de esta situación y en algunos momentos han expresado su solidaridad con el caso, realmente han actuado muy poco o nada para presionar una negociación que permita se resuelva este conflicto.

Extensa problemática de salud en el trabajo


Simbólicamente esta carpa representa la lucha y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras en el país que padecen igual situación: enfermarse producto de su trabajo, desconocidos en sus derechos y sin trabajo, quedando en una situación enorme de vulnerabilidad de salud y social.

Una realidad que allí donde sucede y logra cohesión, se traduce en organización y resitencia. La configuración de estas asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo se registra en el país desde el 2006. Hasta 2019 son 19 asociaciones las conformadas (ver tabla), las cuales cubren principalmente a trabajadores y extrabajadores vinculados con los sectores económicos minero-energético, agro-alimentario, automotriz, construcción, tabacalero, manufacturero, mantenimiento, hotelero, seguridad y de la salud; su presencia se registra en un número importantes de regiones del país.

Trabajo e incapacidad laboral, dolencias crónicas, invalidez y afines, una problemática que se explica en gran medida porque en el país existe una debilidad importante en las políticas y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, lo que lleva a que se sigan produciendo altas cifras de accidentalidad, enfermedad y muerte de origen laboral. También porque se dan procesos de subregistro de los casos al no documentarse y subdiagnósticos al no pensarse clínicamente que muchas de las patologías que sufren las personas son a causa del trabajo, ejemplo contundente de ello son los cánceres que en el país no se registran en su origen laboral. Y a esto se suma el encubrimiento de los casos por parte de las empresas, la pretensión de las ARL de no reconocer el origen laboral de estos hechos, la falta de eficacia en la labor de las juntas de calificación de invalidez y el muy débil papel de inspección, vigilancia y control que ejerce el Ministerio de Trabajo, entidad que es la autoridad estatal en materia laboral y de riesgos profesionales.

 

 

Logros y enseñanzas de una década de lucha


Jorge y Carlos, quienes son los que más han estado al frente de la dinámica de la carpa a lo largo de los diez años transcurridos, hablan con tranquilidad, con fuerza argumentativa y con la sabiduría apartada por esta experiencia que ha curtido sus vidas.

Jorge dice, “lo más importante que debe considerar un trabajador es ser consciente de que tiene que defender sus derechos, es tal vez lo más importante que nosotros podemos decir después de diez años de lucha”.

Entre los alcances que destacan de lo liderado por Asotrecol está que la empresa, producto de sus acciones colectivas, se vio forzada a darle un tratamiento distinto a los trabajadores que se han enfermado, teniendo que gestionar procesos de rehabilitación y de reubicación, sin poder despedirlos. De manra adicional, interpretan que con su lucha también presionaron para que Colmotores hiciera inversiones tecnológicas con un enfoque ergonómico para prevenir las enfermedades entre sus trabajadores.

Otro alcance que reconocen fruto de su acción es la constitución de Asotrecol en referente para que otros trabajadores enfermos producto de su trabajo cotidiano tomasen como ejemplo su proceso de lucha y resistencia, razón por lo cual han sido buscados para pedirles orientaciones para sus casos, tanto por trabajadores de Colmotores, como de otras empresas de diversas regiones del país.

Tal como lo menciona Carlos Trujillo: “dentro de la empresa se ha generado la conciencia que tienen que defender sus derechos y muchos de ellos han llegado aquí, a pedir una asesoría y un acompañamiento en el proceso de ellos y eso es lo que de una u otra forma trata de hacer Asotrecol”.

Sin duda, una lucha de tantos años genera un proceso de decrecimiento y agotamiento, dado lo prolongado de la acción, pero no por eso la demerita, ni le quita sus propósitos, que para el caso de Asotrecol continúan siendo férreos y dignamente sostenidos por sus miembros.

Como gran enseñanza de su lucha, Jorge dice de forma recia en la conversación sostenido en la carpa: “realmente lo que vemos con nuestro caso particular es que si nosotros no hubiésemos tenido la convicción completa de defender nuestros derechos como la hemos tenido durante todo este tiempo, no hubiese servido de nada esto, porque esto es difícil”.

Y remata diciendo: “Nadie más va a venir a luchar por nosotros. El problema es nuestro, nosotros tenemos que tomarlo y enfrentarlo”.

Acá esta la gran enseñanza, sentada en las bases de la dignidad y resistencia del movimiento obrero, que recoge las experiencias internacionales y que recuerda la acción de los obreros italianos que a finales de los 60 y comienzos de los 70 del siglo XX defendieron y extendieron la idea que el actor protagónico en la defensa de la salud en el trabajo son los propios trabajadores y trabajadoras. Sin duda esta idea ha recorrido el mundo y se ha hecho presente con enorme dignidad y valentía en el escenario de esta carpa de la resistencia.

 

* Este artículo se apoya en la investigación doctoral en salud pública realizada por el autor, denominada “Luchas obreras por la salud en Colombia. El caso de las Asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo”, Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77727
** Profesor Universidad Nacional de Colombia
1 Organismo del Ministerio del Trabajo encargado de atender los conflictos relacionados con la liberta sindical regulados por los convenios ratificados por Colombia de la OIT.

 

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Publicado enEdición Nº283
De izquierda a derecha: Jorge Alberto Parra y Carlos Trujillo, ver entrevista completa: “Ex-trabajadores General Motors, Colmotores: Memorias de una década en lucha”

Ver cotidianamente una carpa en la acera de un barrio de clase media de Bogotá, al frente de la Embajada de los Estados Unidos, puede ser algo inusitado para las personas, pero podrían asombrarse aún más de saber que hace 10 años fue instalada ahí y que allí se han concentrado los sueños, luchas, propuestas, frustraciones, rabias, alegrías, rebeldías y dignidades de un grupo de trabajadores que a lo largo de esos años han exigido sus derechos laborales, a salud y seguridad social, ligados a que se reconozca que las enfermedades que adquirieron fueron producto de su trabajo.

 

El martes 2 de agosto de 2011, un grupo de trabajadores de la empresa automotriz General Motors Colmotores, decidió emprender una acción colectiva arriesgada: colocar una carpa al frente de la entrada a la Embajada de Estados Unidos para denunciar su situación laboral y de salud.

La realidad no daba para menos: todos estaban afectados por un conjunto de patologías adquiridas producto de su labor en la empresa automotriz General Motors Colmotores, pero no reconocidas así por la patronal. Patologías traducidas en incapacidades permanentes, que a la postre llevaron a la cancelación de su contrato laboral, quedando sin las indispensables protecciones laborales, económicas y de salud y por ello en unas condiciones de alta vulnerabilidad al no contar con salud, ni trabajo, imposible de conseguir de nuevo por sus incapacidades y por esta vía, perder sus viviendas y terminar desestructurándose sus familias.

Estaban ante una problemática que requería salidas efectivas y colectivas, e inicialmente la respuesta la dieron 63 trabajadores, que se dieron una identidad a través de Asotrecol (Asociación de trabajadores enfermos de Colmotores), organización desde la cual han impulsado múltiples acciones durante estos años de resistencia.

Jorge Parra, uno de los dirigentes de Asotrecol, expresa muy bien lo que les sucedió en su salud: “Nosotros trabajamos en las áreas de soldadura, mecánica, ensamble, y pintura con jornadas laborales de más 10 horas diarias. Trabajando durante 6 días la semana, con equipo y tecnología que no garantizaba una seguridad ocupacional mínima y con constante exigencia patronal para garantizar y superar las metas de producción. Estos factores sumados prácticamente garantizaban una epidemia laboral de enfermedades incapacitantes en pocos años: hernias discales, túnel de carpo, bursitis y manguito rotador en hombros se hicieron comunes”.

Por su lado una abogada que en un momento dado estuvo apoyando a trabajadores enfermos de Colmotores a establecer demandas jurídicas, expresa: “La empresa tiende a expulsar a los trabajadores enfermos a manera tanto de retaliación como forma de eximirse de la responsabilidad de sus enfermedades […] los despidos masivos y sin justa causa son una de las estrategias que usa la empresa para atacar y desmoralizar a los trabajadores”.

Entre el conjunto de acciones colectivas que emprendieron los trabajadores de Asotrecol en los primeros meses en la carpa, incluyeron enterramientos, huelgas de hambre cociéndose los labios y crucifixiones. Tal tipo de acciones reflejó el nivel de desespero en que se encontraban, buscando ser escuchados y atendidos en sus demandas. Al comienzo los medios masivos de comunicación los visibilizaron, producto del manejo amarillista de los conflictos, después los olvidaron; igual que el conjunto de actores involucrados y responsables en este conflicto que han mantenido un margen conveniente a lo largo de esta década.

Internacionalización de la problemática

El acto de colocar la carpa al frente de la embajada sin duda fue osado, pero completamente estratégico. Partió de entender que el conflicto debía ganar un escenario internacional al ser General Motors Colmotores una empresa norteamericana y que, por lo tanto, era competencia del gobierno de los Estados Unidos involucrarse en la resolución de esta problemática, mucho más tras haberle inyectado una suma grande de dineros públicos para su salvamento.

De otro lado, por que estos trabajadores enmarcaron su conflicto en el Tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, y el plan de acción laboral que integró y por el cual los dos gobiernos se obligaban a respetar los derechos laborales en sus países. Con esto se presionó para que Estados Unidos interviniera en este conflicto y contribuyera a su solución.

Esta internacionalización trajo a la postre un hecho fundamental que ha sido el soporte y la razón de que la carpa y la acción de Asotrecol se haya sostenido estos diez años. Se configuró una red de solidaridad internacional, principalmente en Estados Unidos, pero que luego apareció en países de Europa y África. Cada vez que se ha intentado expulsarlos de la carpa, esta red ha presionado al gobierno de los Estados Unidos y al de Colombia, evitando que la acción se consuma.

Indolencia de los actores responsables para resolver el conflicto


En la concreción de su labor Asotrecol ha denunciado su caso ante instancias nacionales e internacionales. A nivel nacional han denunciado ante el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Igualmente, Asotrecol presentó su caso ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos –Cetcoit 1–, la cual no tuvo mayores efectos.

En el escenario internacional han logrado audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, además de realizar un proceso para que su caso fuera presentado a la OIT en Ginebra, Suiza, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual no prosperó.

En esas condiciones, luego de diez años de lucha y de su estadía en una carpa, no alcanzan ningún tipo de resolución a la situación y demandas de los extrabajadores de Colmotores, lo cual expresa la indolencia, negligencia e indiferencia de los actores involucrados en este conflicto.

La empresa, por su parte, ha buscado todo el tiempo quitarse la responsabilidad que le concierne y en los momentos que ha propuesto soluciones han encontrado el rechazo de los trabajadores de Asotrecol por considerarlas exiguas.

A su vez, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL– involucradas en el conflicto, no han reconocido el origen laboral de las patologías sufridas por los trabajadores, por lo cual sus derechos de salud y seguridad social no han sido garantizados. Tratados los casos en las juntas de calificación de invalidez regional y nacional, tampoco se ha logrado el reconocimiento del origen laboral de las patologías.

Como si fuera extraño, el Ministerio de Trabajo ha mostrado su constante falta de autoridad estatal laboral, por lo cual en estos diez años ha permanecido al margen del conflicto incumpliendo su deber para dirimir este ya largo conflicto laboral. Como hijas de igual familia, las instituciones del Ministerio Público han mostrado su baja capacidad de incidir en conflictos de este tipo.

En paralelo, el gobierno de los Estados Unidos, que en un momento dado atendió la situación de los trabajadores
–convocando a la empresa para hablar del tema–, con el paso del tiempo se desentendió de la situación.

Por su parte el movimiento sindical, en particular las centrales de trabajadores, que aunque no son actores responsables de esta situación y en algunos momentos han expresado su solidaridad con el caso, realmente han actuado muy poco o nada para presionar una negociación que permita se resuelva este conflicto.

Extensa problemática de salud en el trabajo


Simbólicamente esta carpa representa la lucha y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras en el país que padecen igual situación: enfermarse producto de su trabajo, desconocidos en sus derechos y sin trabajo, quedando en una situación enorme de vulnerabilidad de salud y social.

Una realidad que allí donde sucede y logra cohesión, se traduce en organización y resitencia. La configuración de estas asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo se registra en el país desde el 2006. Hasta 2019 son 19 asociaciones las conformadas (ver tabla), las cuales cubren principalmente a trabajadores y extrabajadores vinculados con los sectores económicos minero-energético, agro-alimentario, automotriz, construcción, tabacalero, manufacturero, mantenimiento, hotelero, seguridad y de la salud; su presencia se registra en un número importantes de regiones del país.

Trabajo e incapacidad laboral, dolencias crónicas, invalidez y afines, una problemática que se explica en gran medida porque en el país existe una debilidad importante en las políticas y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, lo que lleva a que se sigan produciendo altas cifras de accidentalidad, enfermedad y muerte de origen laboral. También porque se dan procesos de subregistro de los casos al no documentarse y subdiagnósticos al no pensarse clínicamente que muchas de las patologías que sufren las personas son a causa del trabajo, ejemplo contundente de ello son los cánceres que en el país no se registran en su origen laboral. Y a esto se suma el encubrimiento de los casos por parte de las empresas, la pretensión de las ARL de no reconocer el origen laboral de estos hechos, la falta de eficacia en la labor de las juntas de calificación de invalidez y el muy débil papel de inspección, vigilancia y control que ejerce el Ministerio de Trabajo, entidad que es la autoridad estatal en materia laboral y de riesgos profesionales.

 

 

Logros y enseñanzas de una década de lucha


Jorge y Carlos, quienes son los que más han estado al frente de la dinámica de la carpa a lo largo de los diez años transcurridos, hablan con tranquilidad, con fuerza argumentativa y con la sabiduría apartada por esta experiencia que ha curtido sus vidas.

Jorge dice, “lo más importante que debe considerar un trabajador es ser consciente de que tiene que defender sus derechos, es tal vez lo más importante que nosotros podemos decir después de diez años de lucha”.

Entre los alcances que destacan de lo liderado por Asotrecol está que la empresa, producto de sus acciones colectivas, se vio forzada a darle un tratamiento distinto a los trabajadores que se han enfermado, teniendo que gestionar procesos de rehabilitación y de reubicación, sin poder despedirlos. De manra adicional, interpretan que con su lucha también presionaron para que Colmotores hiciera inversiones tecnológicas con un enfoque ergonómico para prevenir las enfermedades entre sus trabajadores.

Otro alcance que reconocen fruto de su acción es la constitución de Asotrecol en referente para que otros trabajadores enfermos producto de su trabajo cotidiano tomasen como ejemplo su proceso de lucha y resistencia, razón por lo cual han sido buscados para pedirles orientaciones para sus casos, tanto por trabajadores de Colmotores, como de otras empresas de diversas regiones del país.

Tal como lo menciona Carlos Trujillo: “dentro de la empresa se ha generado la conciencia que tienen que defender sus derechos y muchos de ellos han llegado aquí, a pedir una asesoría y un acompañamiento en el proceso de ellos y eso es lo que de una u otra forma trata de hacer Asotrecol”.

Sin duda, una lucha de tantos años genera un proceso de decrecimiento y agotamiento, dado lo prolongado de la acción, pero no por eso la demerita, ni le quita sus propósitos, que para el caso de Asotrecol continúan siendo férreos y dignamente sostenidos por sus miembros.

Como gran enseñanza de su lucha, Jorge dice de forma recia en la conversación sostenido en la carpa: “realmente lo que vemos con nuestro caso particular es que si nosotros no hubiésemos tenido la convicción completa de defender nuestros derechos como la hemos tenido durante todo este tiempo, no hubiese servido de nada esto, porque esto es difícil”.

Y remata diciendo: “Nadie más va a venir a luchar por nosotros. El problema es nuestro, nosotros tenemos que tomarlo y enfrentarlo”.

Acá esta la gran enseñanza, sentada en las bases de la dignidad y resistencia del movimiento obrero, que recoge las experiencias internacionales y que recuerda la acción de los obreros italianos que a finales de los 60 y comienzos de los 70 del siglo XX defendieron y extendieron la idea que el actor protagónico en la defensa de la salud en el trabajo son los propios trabajadores y trabajadoras. Sin duda esta idea ha recorrido el mundo y se ha hecho presente con enorme dignidad y valentía en el escenario de esta carpa de la resistencia.

 

* Este artículo se apoya en la investigación doctoral en salud pública realizada por el autor, denominada “Luchas obreras por la salud en Colombia. El caso de las Asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo”, Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77727
** Profesor Universidad Nacional de Colombia
1 Organismo del Ministerio del Trabajo encargado de atender los conflictos relacionados con la liberta sindical regulados por los convenios ratificados por Colombia de la OIT.

 

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Publicado enColombia
Miércoles, 04 Agosto 2021 09:30

El camino

El camino

Los debates y evaluaciones sobre el paro nacional que conmovió al país en días recientes no cesan; tampoco sus proyecciones y con ellas los posibles caminos por recorrer para que el mismo 1) se prolongue y 2) produzca los beneficios perseguidos.

En ese ejercicio, colectivo pero no centralizado en tanto responde a la dinámica social y territorial misma que caracterizó a esta jornada de lucha, sobresale el giro dado por el Comité Nacional de Paro (CNP) en pro de potenciar la lucha por las principales demandas que animaron las semanas de alzamiento social/popular y juvenil, o que se tornaron mucho más nítidas y sensibles para la sociedad colombiana en medio del movimiento.

El realce de lo definido por el CNP descansa tanto en el método como en las reivindicaciones elegidas para proseguir en la disputa por la concreción del pliego de emergencia, en este caso enmarcado en diez reivindicaciones*, y en el Congreso de la república como escenario para tramitarlas, validándolo así como el escenario “por excelencia de la democracia” –como tanto les gusta afirmar a terratenientes, banqueros, industriales, militares…–, a pesar de las evidencias de ilegitimidad que tiene precisamente entre un importante segmento social de los inconformes.

El método

Como certero puede definirse el llamado al debate nacional que implica darles contenido específico a varias de las principales demandas de la sociedad descontenta. Igualmente, desarrollar su contenido o la argumentación de las propuestas, lo cual permite a) llevar más allá de los iniciados los asuntos que son de todos y que muchas veces quedan reducidos al estrecho marco de los políticos y los activistas, en muchos casos políticos profesionales o politiqueros que terminan tomándose la vocería del conjunto; b) reconocer los territorios como epicentro de los debates y de la construcción social y alternativa, virando hacia los mismos para darle mayor legitimidad y potencia al paro en su deseable continuidad, en este caso mediante el ejercicio comunitario de dibujar la sociedad anhelada –en aspectos puntuales como los propuestos– y de blindarse con formas democráticas de convivencia y autogobierno.

Este sería el camino ideal por recorrer, profundizando de esta manera la propia organización en sus territorios, desarrollando escuelas vivas de lo que es e implica ser gobierno, estimulando el relacionamiento entre variados sectores de una misma sociedad y, en el caso de los sindicalistas, abriendo una oportunidad para llegar adonde un importante porcentaje de la sociedad trabaja hoy, se recrea y reproduce en sus condiciones de vida; es decir, llegar adonde están quienes debieran congregar diversidad de organizaciones sindicales, constituidas a través de nuevos actores, con formatos y maneras de funcionar diferentes de lo conocido hasta hoy en tanto no son trabajadores clásicos, y en tanto muchos/as ni siquiera marcan tarjeta o responden a un patrón.

El gris del giro dado trasluce en el espacio elegido para tramitar lo propuesto. Una y otra vez, en todas las encuestas llevadas a cabo sobre el Congreso resalta su impopularidad, una y otra vez, porque no representa el sentir mayoritario de la sociedad colombiana, y así es, precisamente, por defender los intereses de la minoría y desconocer las necesidades y aspiraciones de las mayorías.

Aquel espacio, como es sabido, está controlado por las fuerzas del establecimiento, es decir, por quienes representan a banqueros, gremios económicos, mafiosos y otros que saquean la riqueza colectiva, ellos y otros más que alimentan la guerra que los sostiene en el poder, espacio donde las minorías progresistas solo alcanzan a dejar testimonios.

Si esto es así, ¿por qué otorgarle a tal instancia dominante el poder para decidir sobre un conjunto de reivindicaciones que no son de su gusto o que, de ser alguna de ellas tramitada de manera afirmativa, seguramente lo será con el sello del gobierno al incorporarle uno u otro artículo o algún perfil que lo ligue a su gestión?

La decisión, en todo caso, desdice de las lecciones del paro, toda vez que lo indicado por este es que la democracia directa, radical y refrendataria es el camino para hacer realidad las aspiraciones populares y satisfacer las necesidades de las mayorías. Como lo evidenció lo conseguido en medio de las jornadas de protesta, tanto la renuncia oficial al texto original de reforma tributaria como la dimisión del ministro de Hacienda y de la Canciller, así como el reconocimiento –así fuera parcial– del derecho a matrícula cero, pero también otra variedad de logros conquistados en varias municipalidades en las que parte de los presupuestos locales fueron reorientados para satisfacer algunas de las demandas que los implicaban, como abrir plazas de empleo o para estudio, así como financiar famiempresas y microempresas, entre otros casos. Se trata de un gris con tonalidades oscuras, toda vez que en las reivindicaciones hasta ahora conocidas como seleccionadas para traducirlas en proyectos de ley no figuran importantes banderas izadas por quienes no hacen parte de los sectores organizados de manera clásica.

Como se puede verificar al revisar algunas de las constantes sobresalientes en las protestas cotidianas desde el 28A, la sociedad movilizada atacó una y otra vez los CAI, dejando en claro su inconformidad con el modelo policial existente; igual proceder mantuvo con el servicio público de transporte, por ejemplo, lo que indica el descontento con el servicio prestado y las tarifas vigentes, pero también con el hecho de que no sea propiedad pública, reflejando así la evidente aspiración nacional de que tal transporte en verdad sea público, además de eficiente y con tarifas accesibles para las mayorías empobrecidas.

Si así es, ¿por qué no abrir el debate nacional tanto sobre seguridad pública y policía, como sobre la propiedad y las características que debiera tener el transporte colectivo? Y de su mano llegan otros debates, uno de ellos sobre el tipo de ciudades hasta ahora construidas y la reorganización territorial que implicaría el eficiente funcionamiento de un sistema de movilidad urbano de nuevo tipo.


Además, si los alzados en su mayoría son informales y otros muchos aquellos que llaman Ni-Ni, ¿por qué no retomar la discusión y debatir en el conjunto nacional sobre asuntos importantes como ingresos, calidad de vida –digna–, trabajo y estudio?

Algunos podrán decir que precisamente la Renta Básica responde a ello, y esto es cierto pero solo de manera parcial, ya que la renta planteada tiene un límite temporal y la problemática de los ingresos y de vida digna es para debatir y concretar a través de un modelo social que no es el actual, garantizándolo más allá de un gobierno u otro.

Y con esto llegamos al trasfondo del debate: lo cuestionado por la sociedad inconforme hace parte de una onda global que responde a una crisis civilizatoria en la cual el sistema capitalista, como un todo, está en cuestión, crisis potenciada y llevada hasta una cresta inocultable por el covid-19.

Es decir, aunque lo que resalta en medio de la protesta son necesidades puntuales, las mismas están cuestionando el límite al que llegó este sistema en temas como trabajo, ambiente, producción, organización territorial, administración de lo público, ejercicio –real– de la democracia, poder, seguridad. Tal vez no seamos conscientes de ello, pero así es. Y el debate nacional sobre las reivindicaciones debe permitir que se llegue al núcleo del problema, sin quedarnos en sus manifestaciones.

Estos contenidos son complejos, no hay duda, e imposibles de materializar en un proyecto de ley, pero precisamente al asumirlos le hacemos el quite al engaño en que el CNP se está metiendo y al que está llevando al conjunto nacional: creer que reformando aspectos puntuales de nuestra organización social es posible superar la crisis que vivimos. Una reforma, valga la pena enfatizarlo, imposible de canalizar por el actual Congreso y por el actual Estado, como parte y como todo.

Entonces, la ruta para ahondar el paro, retomando sus enseñanzas, está en los territorios, adentrándonos en los mismos, abriendo decenas de espacios de formación y organización colectivos, concretando asambleas en las que, entre todos, se definan el qué y el cómo para hacer realidad su sueño de vida digna. Las asambleas, en círculo concéntrico, deberán interrelacionarse paulatinamente entre unas y otras, hasta hacer consciente para la totalidad de la sociedad lo que implica el pliego de emergencia pero, de igual manera, lo que conlleva y demanda pasar a construir otro tipo de gobierno, uno que esté a la altura de las banderas desplegadas el 21N (2019) y el 28A (2021), pero también en sintonía con el nuevo tipo de organización social a que obliga –para superarla– la crisis sistémica por la que atraviesa el Sistema Mundo Capitalista.

 

* De los 10 proyectos de ley por radicar el 20 de julio, hasta el día 15 solo eran conocidos los siguientes cinco: 1. Renta básica; 2. Matrícula cero; 3. Derogatoria del Decreto 1174; 4. Reglamento de la protesta social; y 5. salario para trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

Publicado enEdición Nº282
Jueves, 29 Julio 2021 06:40

El camino

El camino

Los debates y evaluaciones sobre el paro nacional que conmovió al país en días recientes no cesan; tampoco sus proyecciones y con ellas los posibles caminos por recorrer para que el mismo 1) se prolongue y 2) produzca los beneficios perseguidos.

En ese ejercicio, colectivo pero no centralizado en tanto responde a la dinámica social y territorial misma que caracterizó a esta jornada de lucha, sobresale el giro dado por el Comité Nacional de Paro (CNP) en pro de potenciar la lucha por las principales demandas que animaron las semanas de alzamiento social/popular y juvenil, o que se tornaron mucho más nítidas y sensibles para la sociedad colombiana en medio del movimiento.

El realce de lo definido por el CNP descansa tanto en el método como en las reivindicaciones elegidas para proseguir en la disputa por la concreción del pliego de emergencia, en este caso enmarcado en diez reivindicaciones*, y en el Congreso de la república como escenario para tramitarlas, validándolo así como el escenario “por excelencia de la democracia” –como tanto les gusta afirmar a terratenientes, banqueros, industriales, militares…–, a pesar de las evidencias de ilegitimidad que tiene precisamente entre un importante segmento social de los inconformes.

El método

Como certero puede definirse el llamado al debate nacional que implica darles contenido específico a varias de las principales demandas de la sociedad descontenta. Igualmente, desarrollar su contenido o la argumentación de las propuestas, lo cual permite a) llevar más allá de los iniciados los asuntos que son de todos y que muchas veces quedan reducidos al estrecho marco de los políticos y los activistas, en muchos casos políticos profesionales o politiqueros que terminan tomándose la vocería del conjunto; b) reconocer los territorios como epicentro de los debates y de la construcción social y alternativa, virando hacia los mismos para darle mayor legitimidad y potencia al paro en su deseable continuidad, en este caso mediante el ejercicio comunitario de dibujar la sociedad anhelada –en aspectos puntuales como los propuestos– y de blindarse con formas democráticas de convivencia y autogobierno.

Este sería el camino ideal por recorrer, profundizando de esta manera la propia organización en sus territorios, desarrollando escuelas vivas de lo que es e implica ser gobierno, estimulando el relacionamiento entre variados sectores de una misma sociedad y, en el caso de los sindicalistas, abriendo una oportunidad para llegar adonde un importante porcentaje de la sociedad trabaja hoy, se recrea y reproduce en sus condiciones de vida; es decir, llegar adonde están quienes debieran congregar diversidad de organizaciones sindicales, constituidas a través de nuevos actores, con formatos y maneras de funcionar diferentes de lo conocido hasta hoy en tanto no son trabajadores clásicos, y en tanto muchos/as ni siquiera marcan tarjeta o responden a un patrón.

El gris del giro dado trasluce en el espacio elegido para tramitar lo propuesto. Una y otra vez, en todas las encuestas llevadas a cabo sobre el Congreso resalta su impopularidad, una y otra vez, porque no representa el sentir mayoritario de la sociedad colombiana, y así es, precisamente, por defender los intereses de la minoría y desconocer las necesidades y aspiraciones de las mayorías.

Aquel espacio, como es sabido, está controlado por las fuerzas del establecimiento, es decir, por quienes representan a banqueros, gremios económicos, mafiosos y otros que saquean la riqueza colectiva, ellos y otros más que alimentan la guerra que los sostiene en el poder, espacio donde las minorías progresistas solo alcanzan a dejar testimonios.

Si esto es así, ¿por qué otorgarle a tal instancia dominante el poder para decidir sobre un conjunto de reivindicaciones que no son de su gusto o que, de ser alguna de ellas tramitada de manera afirmativa, seguramente lo será con el sello del gobierno al incorporarle uno u otro artículo o algún perfil que lo ligue a su gestión?

La decisión, en todo caso, desdice de las lecciones del paro, toda vez que lo indicado por este es que la democracia directa, radical y refrendataria es el camino para hacer realidad las aspiraciones populares y satisfacer las necesidades de las mayorías. Como lo evidenció lo conseguido en medio de las jornadas de protesta, tanto la renuncia oficial al texto original de reforma tributaria como la dimisión del ministro de Hacienda y de la Canciller, así como el reconocimiento –así fuera parcial– del derecho a matrícula cero, pero también otra variedad de logros conquistados en varias municipalidades en las que parte de los presupuestos locales fueron reorientados para satisfacer algunas de las demandas que los implicaban, como abrir plazas de empleo o para estudio, así como financiar famiempresas y microempresas, entre otros casos. Se trata de un gris con tonalidades oscuras, toda vez que en las reivindicaciones hasta ahora conocidas como seleccionadas para traducirlas en proyectos de ley no figuran importantes banderas izadas por quienes no hacen parte de los sectores organizados de manera clásica.

Como se puede verificar al revisar algunas de las constantes sobresalientes en las protestas cotidianas desde el 28A, la sociedad movilizada atacó una y otra vez los CAI, dejando en claro su inconformidad con el modelo policial existente; igual proceder mantuvo con el servicio público de transporte, por ejemplo, lo que indica el descontento con el servicio prestado y las tarifas vigentes, pero también con el hecho de que no sea propiedad pública, reflejando así la evidente aspiración nacional de que tal transporte en verdad sea público, además de eficiente y con tarifas accesibles para las mayorías empobrecidas.

Si así es, ¿por qué no abrir el debate nacional tanto sobre seguridad pública y policía, como sobre la propiedad y las características que debiera tener el transporte colectivo? Y de su mano llegan otros debates, uno de ellos sobre el tipo de ciudades hasta ahora construidas y la reorganización territorial que implicaría el eficiente funcionamiento de un sistema de movilidad urbano de nuevo tipo.


Además, si los alzados en su mayoría son informales y otros muchos aquellos que llaman Ni-Ni, ¿por qué no retomar la discusión y debatir en el conjunto nacional sobre asuntos importantes como ingresos, calidad de vida –digna–, trabajo y estudio?

Algunos podrán decir que precisamente la Renta Básica responde a ello, y esto es cierto pero solo de manera parcial, ya que la renta planteada tiene un límite temporal y la problemática de los ingresos y de vida digna es para debatir y concretar a través de un modelo social que no es el actual, garantizándolo más allá de un gobierno u otro.

Y con esto llegamos al trasfondo del debate: lo cuestionado por la sociedad inconforme hace parte de una onda global que responde a una crisis civilizatoria en la cual el sistema capitalista, como un todo, está en cuestión, crisis potenciada y llevada hasta una cresta inocultable por el covid-19.

Es decir, aunque lo que resalta en medio de la protesta son necesidades puntuales, las mismas están cuestionando el límite al que llegó este sistema en temas como trabajo, ambiente, producción, organización territorial, administración de lo público, ejercicio –real– de la democracia, poder, seguridad. Tal vez no seamos conscientes de ello, pero así es. Y el debate nacional sobre las reivindicaciones debe permitir que se llegue al núcleo del problema, sin quedarnos en sus manifestaciones.

Estos contenidos son complejos, no hay duda, e imposibles de materializar en un proyecto de ley, pero precisamente al asumirlos le hacemos el quite al engaño en que el CNP se está metiendo y al que está llevando al conjunto nacional: creer que reformando aspectos puntuales de nuestra organización social es posible superar la crisis que vivimos. Una reforma, valga la pena enfatizarlo, imposible de canalizar por el actual Congreso y por el actual Estado, como parte y como todo.

Entonces, la ruta para ahondar el paro, retomando sus enseñanzas, está en los territorios, adentrándonos en los mismos, abriendo decenas de espacios de formación y organización colectivos, concretando asambleas en las que, entre todos, se definan el qué y el cómo para hacer realidad su sueño de vida digna. Las asambleas, en círculo concéntrico, deberán interrelacionarse paulatinamente entre unas y otras, hasta hacer consciente para la totalidad de la sociedad lo que implica el pliego de emergencia pero, de igual manera, lo que conlleva y demanda pasar a construir otro tipo de gobierno, uno que esté a la altura de las banderas desplegadas el 21N (2019) y el 28A (2021), pero también en sintonía con el nuevo tipo de organización social a que obliga –para superarla– la crisis sistémica por la que atraviesa el Sistema Mundo Capitalista.

 

* De los 10 proyectos de ley por radicar el 20 de julio, hasta el día 15 solo eran conocidos los siguientes cinco: 1. Renta básica; 2. Matrícula cero; 3. Derogatoria del Decreto 1174; 4. Reglamento de la protesta social; y 5. salario para trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

Publicado enColombia
Protestas antigubernamentales en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2021.Santiago Mesa / Reuters

El ministro de Defensa colombiano Diego Molano precisó que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país.

La Policía Nacional de Colombia ha capturado a 134 miembros de la llamada 'primera línea' de las manifestaciones antigubernamentales, por supuestos actos de violencia y vandalismo, informó este domingo el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

El titular de la cartera señaló que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país dando como resultado la detención de personas que han protagonizado algunas de las acciones delictivas de las últimas semanas. "Mantenemos acciones por una democracia segura", apuntó el ministro.

Bogotá, Cali y Soacha son las ciudades donde se realizaron la mayor cantidad de aprehensiones, todas con orden judicial, según la Fiscalía. Algunos de los delitos que se les imputan son vandalismo, bloqueos de vías, atentado contra la autoridad y la propiedad.

Los últimos arrestos se producen pocos días después de que la Policía colombiana detuviera a otras 12 personas, también de la 'primera línea', por posesión de materiales explosivos con los que supuestamente pretendían atentar contra las fuerzas de seguridad.

La denominación de 'primera línea' se ha atribuido al grupo de jóvenes que se ha colocado al frente de las manifestaciones contra del Gobierno en Colombia, usando por lo general escudos de fabricación casera y máscaras antigás. Los integrantes, según sostienen, buscan defenderse de las agresiones de los uniformados.

Sin embargo, las autoridades consideran que comenten actos delictivos con el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, por lo que el presidente Iván Duque ha defendido su captura y judicialización.

Por otro lado, el tema de la violencia policial contra los manifestantes adquirió mayor relevancia internacional luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó en su informe separar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa, en vista de las denuncias de "graves violaciones a los derechos humanos" en el contexto de las manifestaciones.

Publicado: 26 jul 2021 04:03 GMT

Publicado enColombia
Las semillas de la emancipación están intactas

Las juventudes protagonistas de la revuelta colombiana, en particular las que generaron 25 “puntos de resistencia” en la ciudad de Cali, espacios auto-controlados de libertad y resistencia a la represión, provienen de los sectores populares más afectados por el neoliberalismo.

Estamos ante generaciones que han sufrido décadas de bloqueo de sus vidas: desde un no futuro instalado al calor de la desindustrialización que vive la ciudad desde hace tres décadas, hasta la humillación racista empuñada por las clases medias, la discriminación por color de piel, la criminalización de la pobreza y la represión de sus manifestaciones culturales y espacios sociales.

Por eso llama la atención que estas jóvenas y jóvenes hayan sido capaces de poner en pie una enorme variedad de iniciativas, desde bibliotecas populares en locales policiales tomados hasta el ya célebre anti-monumento “Resiste”, pasando por espacios de alimentación, de salud y deporte, además de mantener debates abiertos con la comunidad sobre el tipo de sociedad que sueñan.

En diálogo permanente con el periodista Felipe Martínez, del medio Desdeabajo, aparecen algunas características de estas juventudes que resultan notables: “Jóvenes universitarios, de barras de fútbol antes enfrentadas, pandilleros y delincuentes que estuvieron en la cárcel, gente que ha vivido la exclusión y la pobreza y que ahora conviven en las barricadas y en los puntos de resistencia”.

Lo que el sistema se empeña en separar para dividir, durante la revuelta se convierte en comunidad de vínculos solidarios. Felipe asegura que en los espacios de resistencia se dice una y otra vez: “aquí nadie manda, nadie está por encima de nadie”. En su opinión, se trata de “una experiencia zapatista en la ciudad”, en la que pueden observarse cocinas comunitarias, el centro médico, la biblioteca popular y “vecinos muy tranquilos con la presencia de los jóvenes”, porque controlan robos y ofrecen una seguridad inexistente cuando ellos no están.

La convivencia entre la comunidad de vecinos y los jóvenes se ha vuelto tan profunda, que “la comunidad les avisa cuando viene la policía y los vecinos abren las puertas de sus casas para que los jóvenes se bañen y puedan comer”. Un tipo de vínculos que antes de la revuelta eran, literalmente, imposibles.

Más aún, en Puerto Resistencia, un sector muy pobre de la comunidad “salió con banderas blancas a proteger a los jóvenes que los policías estaban matando”, en lo que define como “una comunidad defendiéndose unos a otros”.

Lo más notable es la construcción material y simbólica de lo nuevo. En las asambleas multitudinarias “empezaban a plantear discusiones muy profundas”, sin necesidad de caudillos y de dirigentes. En los puntos de resistencia no hubo vanguardias ni fueron necesarias, entre otras razones porque las y los jóvenes se muestran cansadas y desconfiadas con la política tradicional, sea de derecha o de izquierda.

En la revuelta colombiana estuvieron ausentes, comenta Felipe, los movimientos sociales, que podrían haber aportado acompañamiento sin pretender dirigir, algo que sólo la Guardia Indígena nasa supo hacer, llegando por miles a Cali para proteger y cuidar colectivamente.

Sin embargo, durante semanas funcionó una democracia asamblearia multitudinaria, diversa, capaz de afrontar los conflictos internos sin apelar a los viejos modos de “mandar mandando”.

Algunas reflexiones se imponen. Los sectores populares necesitan espacios en los que puedan dialogar unos con otras en relación de igualdad y horizontalidad, donde desplegar sus iniciativas, crear comunidad para enfrentar la dramática situación que viven. Lo realizado nos indica que la posibilidad de construir mundos nuevos está intacta, que las semillas de la emancipación siguen vivas, sólo necesitan el espacio-tiempo para desplegarse, ese que el sistema les niega por las bravas en todo momento y en cualquier rincón de esta sociedad.

Para que estos mundos nuevos florezcan no hacen faltan vanguardias, sino decenas, cientos de colectivos empeñados en abrir espacios para que sean habitados por la gente común, limitándose a acompañar sin imponer, debatir según los tiempos y modos de la cultura de abajo. Lo que hace falta es un nuevo tipo de activistas y de grupalidades, que no aspiren a dominar ni a subir, sino a servir.

Por Raúl Zibecfhi

12 julio 2021 0

Publicado enColombia
Los testimonios de Indepaz, Temblores y Paiis. Sobre la violencia estatal: Represión en el marco del Paro Nacional

“La violencia aparece donde
el poder está en peligro”.
Hannah Arendt, Sobre la violencia.

 

Con motivo de la visita realizada a Colombia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales Indepaz, Temblores y Paiis, en conjunto con Canal 2 y los periodistas Felix de Bedout y Camila Zuluaga, convocaron el 8 de junio a rueda de prensa para presentar un detallado reporte sobre la efectiva violación por parte de la Policía de diversos derechos humanos fruto de su violenta arremetida contra quienes levantaron su voz de protesta en el marco del paro nacional convacado el 28A

En realidad la rueda de prensa, transformada en una conferencia, sirvió para que cada una de las organizaciones dedicadas al tema de los derechos humanos presentaran avances de sus investigaciones sobre prácticas desplegadas por la mal llamada “fuerza púlica” a la hora de su despliegue para proteger el orden establecido, todo ello en aras de plantearse escenarios de reparación y no repetición.
Desapariciones forzadas

De vieja práctica en Colombia, donde las cifras indican que más de (,,,,) personas la han padecido, y con ellas sus familias y amigos cercanos que sufren la zozobra del cuerpo insepulto, el no poder realizar el necesario duelo para despedir al ser querido, su ejecución no ha estado ausente a lo largo de las semanas que suma el paro.

Según Indepaz, y con corte al 28 de mayo, 346 manifestantes registran como desaparecidos/as. Cifra contraria a la informada por la Fiscalía General de la Nación que la sitúa en 129.

En cuanto al modus operandi para llevarlas a cabo, la retención ilegal, subpreticia y sin registro de quien es perseguido y capturado, es el paso inicial para ejecutarla; su detención sin dejar huella en las minutas de los centros de detención es el paso que le sigue, y la imposbilidad de ser asistido por abogado alguno es el paso que le sigue.

En ocasiones en que el detenido de manera ilegal sí queda registrado en alguna minuta, el tiempo que trascurre entre su transitoria desaparición y la certificación de estar deternido en uno u otro lugar, es suficiente para que la sometan a presión psicológica, por ejemplo, pero también a todo tipo de golpizas y, en no pocos caso, hasta a prácticas de tortura.

Amedrantar, humillar, desequilibrar psicologica y moralmente a la persona apresada, dejando en ella huella para que no se anima a continuar protestando son algunos de los propósitos de estas prácitcas, las cuales se extienden hasta por 72 horas, momento en el cual, al no existir cargos para mantenerla en prisión, es dejada en libertad. De ello dieron explicación quienes intervinieron a nombre de Temblores, Indepaz y Paiis en la ya mencionada rueda de prensa.

Temblores, por su pasrte, cifró en 2.387 los casos de violencia policial y en 43 los homicidios paadecidos por quienes alzaton su voz de protesta desde el inicio del paro nacional. En su análisis del despliegue violento distribyó y tipificó cada caso acorde a las circunstancias y naturaleza de los hechos, así: victimas con lesiones oculares, violencia sexual, retenciones arbitrarias, golpizas y la utilización inadecuada de implementos de dotación. En este último particular enfatizaron en el uso de “Venom”, un arma lanzacohetes múltiple de carácter “aturdidor” y efectos “no letales”, con capacidad, según sus fabricantes, para disipar multitudes, artefacto que hace su primera aparición en territorio latinoamericano, un arma de alta peligrosidad y de efecto incontralados sobre quienes padecen su ataque.

Por su potencia, esta arma de manufactura española, la han adquirido incluso potencias del armento como Estados Unidos e Israel. Según sus fabricantes, su potencia solo es aturdidora y cegadora, no obstante contar con un lanzador que puede enviar sobre sus objetivos 30 cartuchos al mismo tiempo, cada uno de ellos con una dirección IP “para ser disparado individualmente o en cualquier secuencia deseada”. El sistema informático de Venom permite que cada uno de los 30 cartuchos persiga objetivos diferentes, lo que indica que en realidad con su despliegue pretenden alcanzar objetivos más precisos, mucho más que simplemente aturdir o disolver aglomeraciones.


Ojos que no ven, corazón que resiste

Como una práctica generalizada en contra de la resistencia social, con balas de goma intencionalmente disparadas al rostro, efectivos del Esmad pretenden disuadir el clamor popular. Apuntan y disparan sin piedad alguna, saben de su propósito y de las consecuencias del mismo, y para ello los forman.

Es un proceder sistematizado por instituciones policiales en todo el mundo, hace parte de sus doctrinas y de qué y cómo hacer para proteger a los poderosos. Y de ello hay testimonio también en países como Chile, con un saldo de 405 impacatados, pero también en Francia, “excelencia democrática”, país en el que las lesiones en el rostro ya son un lugar común toda vez que hay protesta, y en el que se repotan a partir del 2017 y hasta el 2020, 43 impactados con perdida al menos de un vista.


Es un crimen de Estado ampliamente investigado y tipificado por la Ong Temblores, como consta más adelante.


Referencia a la dosis

En un claro escenario de “excesos” por parte de la “fuerza pública” en contra de los inconfomes que salen a las calles a ejercer sus derechos, dos temas fueron ejes centrales de la rueda de prensa:

1. La alta desconfianza que la ciudadanía tiene con las instituciones de todo orden. Es una conclusión a la cual llegan luego de atender desde años atrás el despliegue de la violencia estatal, y refrendada una vez en el curso del actual paro.

Para poder tramitar las comprobadas violaciones de los derechos fundamentales que padecen distintos actores de la sociedad civil, han desarrollado plataformas para que las victimas denuncien ante las autoridades oficiales y para que no sean revictimizadas. No obstante, resaltaron en uno de los momentos que tuvo la rueda de prensa, el gran obstáculo con que se han encontrado estos mecanismos ha sido el alto nivel de escepticismo de las victimas a la hora de entablar un proceso donde las puedan reparar pues, “no confían en las instituciones”.

2. La sistematicidad en el obrar violento de las Fuerzas Armadas. En su seguimiento a este tipo de violencia estatal, de momento Temblores concentra su foco en las lesiones oculares, las que ascienden a 65 en el corrrido del paro –con corte al 7 de junio– según las investigaciones expuestas en la rueda de prensa.

Disparan contra los ojos de quienes protestan, esa es la conclusión fundamental arrojada por el alto índice de personas amputadas de una de sus vistas; es un tiro que no es casual, ni obedece a que fue en dirección equivocada, no, todo indica que los agentes que disparan están entrenados para ello, actuan como si fueran francotiradores, capacitados en tiro de precisión y tras un claro propósito: generar terror en la población en general, infundir miedo en quien piense salir a protestar. Las consecuencias de este proceder son de alto impacto en la salud física y mental de quienes son así violentados, cuyos derechos fundamentales son claramente negados. Un actuar policivo y militar con propósitos similares a los pretendidos en confrontaciones militares con el uso de armas laser que, precisamente, tienen como propósito impactar la vista del enemigo, sin causar su muerte pero sí anulandolo para el combate. Un ejermplo de la “humanización” alcanzada por la guerra.

Ejes centrales de la reflexión que desembocan en conclusiones contundentes. Por un lado, el fuerte discurso de estigmatización de la movilización y resistencia social, el cual propicia y cobija estos excesos sádicos por parte de los uniformados estatales, tanto la “fuerza disponible” como los así especializados en su formación y enrolados en el Esmad.

Por el otro, ante la efectiva doctrina que los impegna y su actuar cotidiano como si fuera una fuerza de ocupación, la necesidad de una reforma estructural a la “fuerza pública”, un cuerpo que siempre se dice que está al servicio de la ciudadanía pero que cada vez que actúa deja la huella indeleble de ser un cuerpo al servicio del poder, para su protección, es decir, una fuerza que no tiene por fin la protección y defensa del conjunto social sino de los poderosos o, en otras, palabras, la Policía también tiene que ser desprivatizada.

La labor y las investigaciones de estas Ongs no finaliza aquí, con lo informado solo sientan un precedente clave para llamar la ateción del conjunto social, así como para tomar decisiones y garantizar, por un lado que la impunidad no se imponga y, al mismo tiempo, que se garantice una verdadera reparación a quienes son víctimas de la violencia del establecimiento.

De así lograrse, puede superarse la actual y profunda desconfianza que reina en la sociedad con respecto a la institucionalidad, la que de mantenerse rompe la necesaria cohesión que como país demanda la construcción de convivencia y el ejercicio real de la democracia, aquella que va más allá de elegir y ser elegidos.

https://desinformemonos.org/las-nuevas-armas-del-terror-policial/
https://www.youtube.com/watch?v=XtgsYldDQWE&t=3415s

 

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Publicado enEdición Nº281
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