La revolución que hace que cuatro millones de trabajadores abandonen su puesto cada mes en EE UU

El alto número de bajas en la población activa altera el mercado laboral y provoca cuellos de botella en la contratación

 

Las entrevistas de salida son una tradición en EE UU, un género propio en la gestión de los recursos humanos. Las hacen las empresas a los trabajadores que se van voluntariamente, para saber qué fue mal y cuáles fueron los motivos que marchitaron las expectativas del empleado. A juzgar por la sangría de estadounidenses que dejan el mercado laboral desde que despegó la recuperación pospandémica, las conclusiones de esos interrogatorios resultan hoy más reveladoras que de costumbre. Un modo de entender por qué desde abril, cuando se registró el primer pico de salidas, en torno a cuatro millones de personas abandonan voluntariamente cada mes la población activa, ya que en muchos casos la baja no va acompañada, o al menos no inmediatamente, de búsqueda de empleo.

Uno de los factores que más se citan para explicarlo serían los ahorros acumulados gracias a la inyección de estímulos contra la pandemia del Gobierno federal, pero no es el único. El fenómeno es una madeja enmarañada, con hilos coyunturales y un meollo estructural. Los expertos lo han bautizado ―la movilidad existía, pero no a este ritmo― como la Gran Dimisión o la Gran Renuncia, con mayúsculas, no solo porque la letra capital se use para escribir los nombres en inglés, sino porque la tendencia está dinamitando la cultura del trabajo tradicional: el desempeño profesional como prioridad en la vida; la realización personal, proyectada solo en el oficio o la carrera. De ahí que algunos prefieran ampliar el foco y definir lo que sucede como la Gran Remodelación, una reformulación radical de la cultura del trabajo, o, incluso, como el Gran Agotamiento, porque muchas veces se trata de trabajadores quemados o pasados de vueltas por el sistema, con el acelerador de la pandemia.

Es el caso de Phyllis Curran O’Neill, de 67 años. “Trabajé desde julio de 2020 hasta septiembre de 2021 como recepcionista en un complejo de apartamentos para mayores en Nueva Jersey; a tiempo completo, por 12 dólares la hora. La compañía ofrecía seguro médico, seguro de vida y un plan limitado de pensiones, pero como tengo más de 65 años y me corresponde Medicare, prescindí del seguro médico. Medicare [cobertura pública para mayores] es mejor”, explica. En EE UU el seguro médico privado corre a cuenta de las empresas, de ahí que habitualmente contar con beneficios de ese tipo signifique cobrar menos sueldo neto, y a la inversa: más salario, menor protección.

El detonante de su salida fue el exceso de trabajo y, por ende, el estrés y el agotamiento emocional. “A medida que pasaban los meses, noté cómo aumentaban mis responsabilidades hasta el punto de que un día me vi tan sobrepasada que estallé y grité: ‘¡Quiero más dinero por hacer esto!’. Después del arrebato sentí que mi comportamiento había sido inaceptable y decidí que era hora de irme”, continúa. “De hecho, la dirección se ofreció a mantenerme en la reserva, pero me han llamado solo un día en los últimos dos meses para cubrir una baja”. Otra característica del sistema son las contadísimas bajas médicas de los empleados para no sufrir recortes en el sueldo.

Esta deserción masiva está ocasionando trastornos a los empresarios, que lidian con una creciente escasez de mano de obra, y comprometiendo la recuperación plena en sectores como el comercio o el transporte, hoy deficitarios funcionalmente: basta apreciar las colas interminables ante cajas cerradas en unos grandes almacenes, en hora punta. A finales de julio, había en EE UU 11 millones de puestos de trabajo vacantes. En septiembre los cesantes fueron más de 4,4 millones, una cifra ligeramente superior a la de agosto (4,3 millones), en una población de 331 millones de personas. Se trata del porcentaje más elevado de abandono desde que empezó a registrarse este tipo de absentismo laboral, hace dos décadas.

La escasez de mano de obra agrava el gripado del sistema a consecuencia del gran atasco global en las cadenas de producción y distribución. Casi un millón de los extrabajadores se desempeñaban en el sector del ocio y restauración, uno de los que se han recuperado a mayor velocidad. Otros 863.000 han salido de actividades relacionadas con el alojamiento y 706.000 ofrecían servicios profesionales. En total, a finales de septiembre había 10,4 millones de puestos de trabajo vacantes en el país, una cifra ligeramente inferior a la de agosto, pero aún extraordinariamente alta para los registros históricos. Es decir, aproximadamente 75 trabajadores desempleados por cada 100 vacantes, la proporción más baja de las últimas dos décadas.

Expertos y medios de comunicación hablan de una sacudida sísmica, de una reescritura del contrato social (ergo laboral) gracias a la cual el tradicional desequilibrio de fuerzas entre el empleador y el empleado se está nivelando paulatinamente a favor del segundo. El creciente empoderamiento del trabajador explicaría la movilización sindical que recorre el país, otro fenómeno que eclosionó con la pandemia. El trabajador se ve en posición de exigir, a veces por encima de la media. “Hemos rechazado a algunos que pedían 25 dólares por hora. ‘Por menos dinero me quedo en casa cobrando los cheques del Gobierno’, nos decían. No podemos pagar 25 dólares porque aún no hemos recuperado el volumen de negocio previo a la pandemia”, explicaba el jueves Davide, dueño de una trattoria en Manhattan.

La mayoría de los trabajadores que salen del mercado habían alcanzado un punto de no retorno: sus ocupaciones les imponían un peaje psicológico, y a veces incluso físico, que ya no parecen dispuestos a pagar. Peter Christophe Atwill, de 25 años, licenciado en Políticas y Económicas, ha dejado un trabajo con el que a priori soñaría cualquiera de sus coetáneos porque “no encajaba, no acababa de sentirme cómodo”. Hace dos semanas se fue de Bloomberg, donde fungía como gestor de una cuenta empresarial, “trabajaba con asesores fiscales y contables, ayudándoles en las declaraciones de impuestos a través de nuestras plataformas, para que puedan incrementar el valor de sus negocios gestionando mejor sus gastos”, explica por teléfono desde Washington. Pero no se encontraba a gusto y decidió emprender un nuevo rumbo profesional, “sabiendo que voy a ganar el 50% de lo que percibía en Bloomberg”.

Atwill quiere trabajar en servicios sociales, y en concreto en la acogida de inmigrantes, porque su familia llegó a este país como inmigrante. “Es algo que tengo muy presente, por eso creo que me llenará mucho más un trabajo al que le veo sentido, aunque cobre menos”, afirma. De momento va a tomarse un tiempo de respiro. “Soy optimista. Mis padres eran los más preocupados, mucho más que yo, pero han aceptado el cambio porque me ven feliz, y eso es lo único que les importa”, dice sobre su salto al vacío.

Según un reciente estudio publicado en Harvard Business Review, Atwill no pertenece al grupo de edad más representado en el fenómeno de la Gran Renuncia: los empleados entre 30 y 45 años, que han abandonado el mercado en más de un 20% entre 2020 y 2021. La movilidad entre los jóvenes, tradicionalmente alta, se ha reducido el último año por la incertidumbre económica, señala el informe. La suspensión a causa de la pandemia de cualquier expectativa de mejora o promoción en la franja de edad intermedia explicaría en parte esa mayor defección. Los sectores más afectados, según el estudio, son los más expuestos al burnout o agotamiento: el de la salud (3,6% de incremento) o el tecnológico (4,5%). Ambos experimentaron un alto nivel de demanda durante la pandemia.

Patricia Campos-Medina, directora del Instituto del Trabajador de la Universidad de Cornell, enumera algunos de los factores que explicarían el porqué de la sangría, entre ellos la insatisfacción. “Hemos vivido momentos de angustia económica y personal. Muchos evalúan los inconvenientes de regresar al trabajo sin garantías de protección y sin flexibilidad para cuidar de sus familias. Muchas mujeres deben ocuparse de sus hijos o sus mayores porque lo que ganarían trabajando fuera no bastaría para pagar a una persona, eso explica su salida del mercado. La Gran Renuncia existe entre los profesionales liberales, pero aún más entre las categorías peor pagadas; y ocurre de manera parecida entre los trabajadores sindicados, el 10% del total, y los que no lo están. Durante la pandemia hubo una reacción contra el abuso de las grandes corporaciones, que multiplicaron sus ingresos; muchos trabajadores vieron que estaban hipotecando sus vidas por salarios miserables. En parte ha sido una reacción a ese estado de cosas”.

El argumento de la pereza o la desincentivación por la inyección de estímulos del Gobierno ―cheques de 1.400 dólares, bonos extra por desempleo― no acaba de explicar, según la experta, el fenómeno. “Muchos decían que los beneficios públicos mantenían a la gente fuera del mercado laboral, pero los subsidios de desempleo por la pandemia expiraron en septiembre y la gente no está volviendo. Y no regresa porque los salarios no suben y porque no hay garantías de flexibilidad”.

Las reglas del juego que existían antes de la pandemia ya no valen. El sí a todo, o a cualquier oferta, ha dado paso, cuando menos, a las dudas. “Ha habido un cambio fundamental: existe una demanda de responsabilidad a las empresas (en protección, higiene o beneficios sociales) y también de políticas públicas que protejan al trabajador, eso ya se vio durante la pandemia”, concluye Campos-Medina, para quien la actual crisis hunde también sus raíces en la proliferación de empleos basura en los últimos veinte años, sobre todo “un incremento notorio de los contratos a tiempo parcial: con ellos las empresas se ahorran el pago de beneficios sociales como el seguro médico”.

La pandemia, pues, habría sido el catalizador de un nuevo tipo de trabajador, que apuesta por un mayor equilibrio entre la vida y el empleo y para el que la flexibilidad ―no solo la teóricamente inherente al teletrabajo para quienes puedan acogerse a esta modalidad― es un factor clave. “Aunque no utilizo el concepto Gran Agotamiento, refleja bien mi visión sobre lo que sucede. Creo que lo usaré en el futuro, o quizás la Gran Reevaluación”, explica por correo electrónico el sociólogo Mishal Khan, de la Universidad de Chicago. “Creo que el burnout [agotamiento] es una gran razón, pero hay otras. Veo este fenómeno como un referéndum colectivo sobre la crisis y los problemas del trabajo. La gente se ha hartado y busca alternativas a ser explotada, degradada o hacer ganar dinero a empresas que no dan lo suficiente a cambio. El acceso a los cuidados es otro gran problema, tanto el cuidado infantil como las formas asequibles de cuidar a los ancianos. Otras personas optan por iniciar sus propios negocios, incorporarse a la economía gig [trabajar por proyectos] o ven muy atractivo hacerse autónomos, ya que no tienen que trabajar para nadie. El hecho de que existan estas oportunidades puede haber dado a las personas la confianza para dejar sus trabajos”.

En la entrevista de salida de su último trabajo, a Irene San Segundo, periodista de 36 años de Nueva York, le costó encontrar motivos de queja que respaldaran su decisión. “Era el trabajo mejor pagado que he tenido, me trataban estupendamente…, no había una fuerza mayor, una enfermedad, nada. Pero el exceso de reuniones por Zoom durante la pandemia fue la razón que más me empujó a decidirme, porque llevaba una vida con el piloto automático: jornadas de 10 horas, siempre conectada…, la vida de la marmota. La covid aceleró la sensación del tiempo, es como si nos hubieran robado dos años. Ya me había planteado dejarlo antes de la pandemia, sin ahorros, pero la covid fue determinante para dar el paso”, explica, confiando en que el fenómeno de la Gran Renuncia “implique un cambio de prioridades”. “Por primera vez me he dado permiso para elegir, antes era solo tirar para adelante”. Como en otros muchos casos, las señales de alerta fueron evidentes: “No dormir, o tener que hacerlo con pastillas, ansiedad… incapacidad para desconectar o cogerme días libres porque sabía que el trabajo entonces no saldría, o reservar el domingo para sacar trabajo adelante”.

Un mes y medio después de dar el paso, tras hacer cuentas y con un colchón de ahorros, San Segundo se siente como si le hubiese “tocado la lotería”. Está mucho más implicada en un voluntariado con la tercera edad que antes realizaba a salto de mata; tiene una lista de actividades “de 9 a 5″ (el horario tradicional de oficina en EE UU), y ganas de escribir por placer, no por obligación. “Si me dieran a elegir tres deseos, tengo claro cuál sería el más valioso: el tiempo”. Un factor que tal vez figure en breve, con letras de molde, en el baremo de razones esgrimidas en las entrevistas de salida de cualquier trabajo.

Por María Antonia Sánchez-Vallejo

Nueva York - 20 nov 2021 - 21:48 COT

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¿Estados Unidos está experimentando una huelga general no oficial?

Presentamos la última editorial de Robert Reich, exsecretario de Trabajo de Estados Unidos, es profesor de políticas públicas en la Universidad de California en Berkeley y autor de varios libros, además es columnista en el diario británico, The Guardian. Reich no es un izquierdista pero su análisis sobre las huelgas en EE. UU. puede ser de interés a nuestros lectores.

 

En todo el país, la gente se niega a regresar a trabajos de bajos salarios agotadores o abrumadores.


El informe de empleo del viernes pasado del Departamento de Trabajo de EE. UU. provocó una avalancha de titulares sombríos. El New York Times enfatizó el crecimiento de empleos es "débil" y se preocupó de que "los desafíos de contratación que han acosado a los empleadores durante todo el año no se resolverán rápidamente" y "el aumento de los salarios podría aumentar las preocupaciones sobre la inflación". Para CNN, fue "otra decepción". Para Bloomberg, el “informe de empleos de septiembre pierde mucho por segundo mes consecutivo”.

Los medios de comunicación no informaron la gran historia, que en realidad es muy buena: los trabajadores estadounidenses ahora están mostrando sus músculos por primera vez en décadas.

Se podría decir que los trabajadores han declarado una huelga general nacional hasta que obtengan mejores salarios y mejores condiciones laborales.

Nadie lo llama huelga general. Pero a su manera desorganizada, está relacionado con las huelgas organizadas que estallan en todo el país: equipos de cine y televisión de Hollywood, trabajadores de John Deere, mineros de carbón de Alabama, trabajadores de Nabisco, trabajadores de Kellogg, enfermeras en California, trabajadores de la salud en Buffalo.

Los trabajadores estadounidenses, desorganizados u organizados, ahora tienen poder de negociación para hacerlo mejor. Después de un año y medio de pandemia, los consumidores tienen una demanda reprimida de todo tipo de bienes y servicios.

Pero a los empleadores les resulta difícil cubrir puestos.

El informe de empleos del viernes pasado mostró que el número de puestos vacantes alcanzó un nivel récord. La proporción de personas que trabajan o buscan trabajo activamente (la tasa de participación en la fuerza laboral) se ha reducido al 61,6%. También ha disminuido la participación de las personas en sus mejores años laborales, definidos como de 25 a 54 años.

Durante el año pasado, las ofertas de trabajo aumentaron un 62%. Sin embargo, la contratación general ha disminuido.

¿Lo que da?

Otra pista: los estadounidenses también están renunciando a sus trabajos a la tasa más alta registrada. El Departamento de Trabajo informó el martes que unos 4,3 millones de personas renunciaron a sus trabajos en agosto. Eso equivale aproximadamente al 2,9% de la población activa, frente al récord anterior establecido en abril , de alrededor de 4 millones de personas que dejaron de fumar.

En total, alrededor de 4 millones de trabajadores estadounidenses han dejado sus trabajos todos los meses desde la primavera.

Estos números no tienen nada que ver con el fantasma republicano de los beneficios de desempleo adicionales que supuestamente desaniman a la gente a trabajar. Recordatorio: los beneficios adicionales se agotaron el Día del Trabajo.

Los temores renovados de la variante Delta de Covid pueden jugar algún papel. Pero no puede ser el factor más importante. Con la mayoría de los adultos ahora vacunados, las tasas de hospitalizaciones y muertes han disminuido.

Mi opinión: los trabajadores son reacios a regresar o permanecer en sus trabajos anteriores principalmente porque están agotados.

Algunos se han jubilado antes de tiempo. Otros han encontrado formas de llegar a fin de mes además de permanecer en trabajos que aborrecen. Muchos simplemente no quieren volver a trabajos de mierda de bajos salarios, agotadores o abrumadores.

Los medios de comunicación y la mayoría de los economistas miden el éxito de la economía por la cantidad de puestos de trabajo que crea, ignorando la calidad de esos puestos de trabajo. Eso es un gran descuido.

Hace años, cuando era secretario de trabajo, seguía conociendo a trabajadores de todo el país que tenían trabajo de tiempo completo pero que se quejaban de que sus trabajos pagaban muy poco y tenían pocos beneficios, o eran inseguros o requerían horas largas o impredecibles. Muchos dijeron que sus empleadores los trataban mal, los acosaban y no los respetaban.

Desde entonces, estas quejas solo se han vuelto más fuertes, según las encuestas . Para muchos, la pandemia fue el colmo. Los trabajadores están hartos, aniquilados, agotados y agotados. A raíz de tantas dificultades, enfermedades y muertes durante el año pasado, no lo van a soportar más.

Para atraer a los trabajadores, los empleadores están aumentando los salarios y ofreciendo otros incentivos. Las ganancias promedio aumentaron 19 centavos la hora en septiembre y han subido más de $ 1 la hora, o 4.6%, durante el último año.

Claramente, eso no es suficiente.

Corporate America quiere enmarcar esto como una "escasez de mano de obra". Incorrecto. Lo que realmente está sucediendo se describe con mayor precisión como una escasez de salario digno, una escasez de pago por condiciones de vida peligrosas, una escasez de cuidado de niños, una escasez de licencias por enfermedad pagadas y una escasez de atención médica.

A menos que se rectifique esta escasez, muchos estadounidenses no volverán a trabajar pronto. Por eso digo que ya está sucediendo.

Miércoles 13 de octubre

El artículo original en inglés se publicó en The Guardian.

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La Academia dijo que el trabajo de los galardonados "ha revolucionado la investigación empírica en las ciencias sociales".. Imagen: EFE

David Card, Joshua D Angrist y Guido W. Imbens fueron los elegidos

Los tres ganadores demostraron que es posible responder a cuestiones relacionadas con salarios y empleo mediante experimentos naturales. 

 

Los economistas David Card, Joshua D Angrist y Guido W. Imbens recibieron este lunes el Nobel de Economía por "sacar conclusiones de experimentos inesperados" y aplicarlos al análisis del mercado laboral, informó la Real Academia de las Ciencias sueca. Los ganadores obtendrán la suma de 10 millones de coronas suecas (equivalentes a 1,14 millones de dólares), financiada por el Banco de Suecia, de los que la mitad serán para Card, a quien la Academia ha adjudicado explícitamente la mitad del galardón. Angrist y Imbens compartirán la otra mitad.

"Los galardonados de este año, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, nos han proporcionado nuevos conocimientos sobre el mercado laboral y han mostrado qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de experimentos naturales. Su enfoque se ha extendido a otros campos y revolucionado la investigación empírica", señaló la Academia en un comunicado.

Lo que han hecho los tres ganadores es demostrar que es posible responder a cuestiones relacionadas con las inmigraciones, los salarios, el empleo y la educación mediante experimentos naturales. Los experimentos naturales utilizan situaciones de la vida real para calcular los impactos en el mundo, un enfoque que se ha extendido a otros campos y que revolucionó la investigación empírica.

David Card es un economista canadiense especializado en el ámbito laboral de 65 años, analizó los efectos del salario mínimo, la migración y la educación en el mercado laboral. Estudió la relación entre la suba del salario mínimo y las contrataciones. Analizó restaurantes en New Jersey y Pennsylvania para ver si el aumento del salario mínimo generaba menos contrataciones. Los resultados de sus investigaciones mostraron que el aumento del salario mínimo no supone necesariamente una reducción del empleo.

Desde la organización sueca han destacado el trabajo de David Card por su "pionera" investigación junto al difunto economista Alan Krueger que puso por primer vez en cuestión la corriente anterior que sostenía que el aumento del salario mínimo provocaba efectos negativos en el empleo.

"Sus estudios de principios de los años 1990 pusieron en entredicho las ideas recibidas, lo que condujo a nuevos análisis y nuevas perspectivas", según el jurado. La academia destacó también que "nos hemos dado cuenta de que los recursos en las escuelas son mucho más importantes para el futuro éxito de los estudiantes en el mercado laboral de lo que se pensaba anteriormente".

Joshua Angrist es un economista israelí estadounidense de 61 años. Utilizó el sistema de lotería en el reclutamiento de soldados para Vietnam –algo que produjo una distribución al azar– para medir las dificultades de reinserción laboral de los veteranos. Hacerlo sin tener en cuenta la lotería hubiera “contaminado” las conclusiones. Guido Imbens es un economista holandés estadounidense de 58 años .

Angrist e Imbens desarrollaron métodos similares. Ambos fueron recompensados de forma conjunta "por sus contribuciones metodológicas en el análisis de las relaciones causa y efecto". A mediados de los años 1990, los dos investigadores demostraron cómo conclusiones precisas sobre las causas y los efectos pueden ser fruto de experimentos naturales.

"Los estudios de Card sobre cuestiones fundamentales para la sociedad y las contribuciones metodológicas de Angrist e Imbens han demostrado que los experimentos naturales son una rica fuente de conocimiento. Su investigación ha mejorado sustancialmente nuestra capacidad para responder preguntas causales clave, lo que ha sido de gran beneficio para la sociedad ", dijo Peter Fredriksson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

Los premios Nobel de Economía anteriores -Paul Milgrom y Robert Wilson recibieron el premio el año pasado por su trabajo sobre la teoría de las subastas- han estado dominados por institutos estadounidenses y esta no fue la excepción. Card trabaja en la Universidad de California Berkeley; Angrist en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cambridge e Imbens en la Universidad de Stanford.

Con este galardón se cierra la ronda de anuncios de los Premios Nobel, que la semana pasada se concedieron en las disciplinas de medicina, física, química, literatura y de la paz. Será entregado, como los demás, en una acto que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre.

12 de octubre de 2021

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Nieves Rico y Laura Pautassi en la marcha por el aborto de junio 2018 en Buenos Aires.

Laura Pautassi y Nieves Rico hablan sobre la agenda de los cuidados en América Latina

Las especialistas remarcan la necesidad de valorizar el trabajo invisible y no pago de las mujeres, que con la pandemia se hizo más visible. Y explican el

 

"No hay nada hay nada peor que referir a un orden dado como 'normal'", dice Laura Pautassi en el libro Feminismos, cuidados e institucionalidad. Homenaje a Nieves Rico. Una frase feminista en un libro feminista que homenajea en vida a Rico por haber sido la gran promotora de la agenda de los cuidados en América Latina. Tanto Pautassi como Rico se preguntan a qué normalidad pospandemia nos quieren hacer volver si está claro que para las mujeres la previa no era un lugar apacible sino uno plagado de violencias, desigualdades y discriminación. Para pensar la pandemia y una salida que incluya a todes, las expertas hablan de un concepto novedoso, “sindemia”, que permite dar cuenta de la complejidad de la crisis que disparó la covid-19, no solo a nivel sanitario sino económico y social.

El libro Feminismos, cuidados e institucionalidad. Homenaje a Nieves Rico se acaba de publicar por Fundación Medife Edita. Habla de la agenda de los cuidados (el trabajo invisible que en general hacen las mujeres en las casas, limpiando, cocinando, cuidando niños y ancianos, etc; y también el trabajo rentado dedicado a cuidar a otros), una agenda que el feminismo traía hace años pero con la pandemia se puso en evidencia. Rico es antropóloga y doctora en Sociología y fue una promotora central de la agenda de los cuidados, tanto desde su lugar en la División de Asuntos de Género como de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aportando a la promoción de los sistemas nacionales de cuidados en Uruguay y en Costa Rica y promoviendo los procesos en otros países de la región. Pautassi también es una referente en el impulso de los cuidados como un derecho humano. Es doctora en Sociología y Derecho Social e investigadora principal del Conicet e Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. Gioja. Fue consultora de organismos de Naciones Unidas donde trabajó cerca de Rico.

--Se ha dicho mucho sobre cómo la pandemia puso este tema en agenda. En esta vuelta a cierta normalidad, ¿se han logrado algún tipo de cambio o repetimos los mismos errores?

LP: --La pandemia mostró en una primera mirada que no se sabía lo que pasaba en el hogar con el enfoque de género. E inclusive visibilizándose, porque nadie puede decir a esta altura que no sabe lo que pasa adentro del hogar, no se avanzó en ninguna distribución sino al contrario. Entonces, la verdad que estamos peor, porque la concentración en un mismo espacio físico de trabajo productivo y reproductivo, o el trabajo remunerado y no remunerado, tensionó todavía más a los hogares, de hecho ocurrió un crecimiento de la violencia y sus múltiples manifestaciones. Sobre todo hay que destacar también que la pandemia generó muchísima violencia contra les niñes y adolescentes, ahí se ve un factor muy fuerte, sumado a las afectaciones que también hubo de la salud mental. Pero creo que lejos estamos de haberlo distribuido, ni hablo de la redistribución, y esto que es algo que venimos diciendo hace siglos, el problema es la desigualdad estructural. ¿Entonces de qué normalidad venimos hablando?

Ahora, si hay un aspecto interesante es que se habló de cuidados o sea, la estrategia comunicativa de cuidados fue muy interesante, probablemente no fuimos las feministas las que diseñamos las campañas pero hubo un tema muy interesante ahí de instalar el “cuidate”. Okey, ¿cómo se va a cuidar esa persona, qué herramientas hay para eso? Eso fue quizás lo que faltó.

--Ustedes hablan de sindemia, ¿qué implica este concepto?

NR: --Es muy importante entender que la pandemia se instala en América Latina en un escenario de desigualdades estructurales, entonces cuando empieza la pandemia, la expansión de este virus, pero sobre todo cuando empiezan las medidas que adoptan los distintos gobiernos, el distanciamiento, la cuarentena, los cierres de frontera, el lavarse las manos o comprar alcohol gel, mascarilla, junto con el “cuidate” y el “quedarse en casa” como consigna para superar esta situación, empezamos a ver que no le podíamos echar toda la culpa al virus de lo que estaba pasando con las mujeres, al interior de los hogares, con las trabajadoras domésticas que estaban perdiendo sus empleos y que no tenían apoyo estatal. Ahí tomamos un concepto que viene de la antropología médica y de la epidemiología crítica, que es un concepto muy nuevo, sindemia. Es un concepto que nos permite analizar la confluencia o la sinergia de riesgos y de amenazas, que producen que las personas y los individuos, en particular las mujeres, se vean afectados con una mayor vulnerabilidad, una mayor posibilidad de enfermarse, o una mayor posibilidad de que las restricciones asociadas a las medidas afecten su autonomía y sus derechos. Entonces traemos este concepto a las ciencias sociales, en particular para poder entender de mejor manera las consecuencias que las medidas políticas, sumadas a la crisis sanitaria, están teniendo sobre la población. Entonces nos permite comprender mejor qué les pasa a las mujeres que están en hogares en situación de pobreza. Por ejemplo, sabemos que América Latina es la región del mundo donde hay mayor mortalidad producto de la pandemia, asociada no al virus mismo sino a la sumatoria de otros riesgos y amenazas. Pero hay algo que también nos lleva a decir que no queremos una nueva normalidad, en la medida en que la normalidad era parte del problema; el pensar que vamos a volver a como estábamos antes, en particular para la problemática de cómo está organizado y distribuido el cuidado, para las mujeres no es una buena noticia. Porque como estábamos era parte de nuestro problema. Entonces también conceptualizar desde la sindemia nos permite entender mucho mejor los fenómenos, ver todas las variables que están actuando, darle una mirada interseccional o de cruce de clase, de pertenencia étnica, y al mismo tiempo ojalá nos permita hacer propuestas feministas y transformadoras para la pospandemia.

--¿Pueden adelantar algunas de esas propuestas?

LP: --Hay algunas propuestas bien interesantes que están elaborando los países, con algún apoyo en mayor o menor medida en otros casos, y también tenemos riesgos muy fuertes en el escenario pospandemia. Creo que el mayor riesgo lo tiene Uruguay en estos momentos, precisamente porque el cambio de gestión puso en tensión al sistema nacional de cuidados. O países como Brasil, con todo lo que está sucediendo, en donde ese avance se mezcla con los fundamentalismos religiosos que disputan políticas públicas, o el caso de México en donde se habla de rematernalizar los cuidados en las mujeres. Entonces tenemos esa situación, en el campo de los derechos humanos hablamos de la regresión, y esa regresividad en las políticas está prohibida.

Después tenemos otros escenarios que son mejores. En el caso de Argentina el cuidado entró directamente en la agenda, había algunas medidas antes y sobre todo la conformación con esta gestión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que puso el tema en agenda. También el Ministerio de Economía, por ejemplo, avanzó en que tenemos cálculos del aporte del trabajo no remunerado en el PBI, y esos cálculos en el aporte también muestran el escenario pandémico, cosa que es muy importante, porque nosotras veníamos diciendo que esa es la economía no monetaria, que en medio de la crisis traccionó la economía monetaria que estaba paralizada. Entonces por eso cuestionábamos tanto esos discursos de economía versus salud. Los derechos son interdependientes, no podemos poner esos dos derechos confrontados. Entonces de esa mano también se desplegó un proceso interesante en la Argentina, que es además de ponerlo en una agenda, empezar a debatirlo con parlamentos de cuidados, con producción de información que antes no teníamos, el compromiso de hacer una encuesta del uso del tiempo, el compromiso de que en el censo de población que se va a hacer en el próximo año esto exista, la instalación también de una Dirección nacional de cuidados, que eso es muy importante dentro de la institucionalidad, y también se convocó a una comisión de expertes para la creación de un proyecto de ley para un sistema nacional de cuidados que está en proceso, un proceso quizás de largo plazo. Hay también una mesa interinstitucional de cuidados previa a la pandemia, que no es una mesa de crisis y eso es algo que quiero destacar, me parece que una experiencia virtuosa es no ponerlo como crisis, sino como un momento en las crisis, y por eso el concepto de sindemia: es donde más se necesitan fortalecer proyectos y apuestas políticas.

Bogotá tiene un sistema distrital de cuidados que fortaleció fuertemente, en Chile está ahora en el debate constituyente y el derecho al cuidado es altamente factible que sea reconocido como un derecho. Entonces creo que ha habido, como siempre, luces y sombras, pero creo que estamos más en un camino de luces, por lo menos de instalar muy fuertemente a nivel social el tema.

--Más al nivel de las normas, ¿no?

LP: --No solo de las normas, el punto es ese, empezar con que las mujeres rompan con esa idea de la naturalización del cuidado, ahí me parece que hay un núcleo que tenemos que desandar fuertemente, que los varones empiecen a ejercer su responsabilidades y sus obligaciones en torno al cuidado. Una preocupación que compartimos con Nieves en este escenario sindémico de la crisis de los cuidados es que en la pospandemia ya cayó el empleo y los niveles de pobreza crecieron, y esto siempre afectó más a las mujeres y a los niñes, entonces en ese escenario pospandemia tenemos que fortalecer mucho más, pero también buscando un cambio cultural muy fuerte, cosa que las organizaciones sociales comunitarias en un deber virtuoso de solidaridad y sororidad lo han ejercido, y no hablo de virtuoso como de virtud sino que es un proceso que hay que apuntalar con políticas públicas.

--En su artículo usa una palabra interesante: la “elasticidad infinita” del trabajo de las mujeres...

LP: --Hace muchos años que venimos insistiendo con eso, hay una burocracia asistencial y un conjunto de políticas asentadas sobre ese concepto, en el cual las mujeres siempre van a bancar todo. Este es un punto muy fuerte para trabajar y en el cual la pandemia nos demostró que hay que terminar con las condicionalidades. Las familias sin tener conectividad hicieron lo imposible en los sectores vulnerables para garantizar que los chicos no salieran del sistema educativo. Lamentablemente se han salido del sistema educativo porque no se pudo garantizar, pero los hogares lo intentaron, ¿entonces qué me vienen a hablar de la condicionalidad? Como si para los sectores en condiciones de vulnerabilidad la educación no fuera un bien tan alto como para los sectores medios educados. Entonces ahí me parece que este es un momento para instalar también que esto tiene que salir de la agenda de las burocracias de las políticas sociales.

NR: --En este período ha quedado más claro que nunca la importancia de la economía no monetaria y es más, si la economía monetaria a partir de la pérdida del empleo, de la baja de la productividad y demás, ha decaído, evidentemente la economía no monetaria ha subido, y en el caso de Argentina el estudio que hizo el Ministerio de Economía lo muestra claramente: el aporte en relación al PIB del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado ha aumentado en este período. Entonces creo que si una mayor conciencia de la importancia de la economía no monetaria también llevaría a pensar en presupuestos públicos y priorización de políticas públicas dirigidos a reconocer y valorizar esa economía no monetaria; eso es un ámbito en el que hay que trabajar.

--Ejemplo de eso podría ser la medida de sumar un año por cada hijo a las mujeres que se jubilan y no llegan a cumplir los años de aportes ¿no?

NR: --Claro, ahora esa es una experiencia que existe en Chile hace unos siete años, existe en Costa Rica y en varios países de la región, en donde hay un reconocimiento para la jubilación de las mujeres de hijos vivos. También lo hay en algunos países en el caso de disolución del matrimonio, si la mujer no tuvo ingresos a partir del mercado laboral también hay un reconocimiento dentro de la distribución de los bienes. Pienso en que hay medidas que se tomaron en este tiempo que podrían prolongarse, que no sean solamente medidas de contención, y que nos hacen mirar las cosas de otra manera. Un ejemplo es la ley de teletrabajo en el caso de Argentina, donde estipula el derecho a la desconexión que es algo sumamente importante y el derecho al cuidado de aquellas personas que estuvieran haciendo teletrabajo. Son cosas que antes, aunque hubiese trabajo a distancia, no estaban contempladas, ni en Argentina ni en otros países había normativas o derechos laborales al respecto. Que se haya por ejemplo adoptado ahora en este momento es interesante no solamente para este momento sino la concepción transformadora de que el trabajador y la trabajadora tienen hijos y no son huérfanos.

--Con las licencias pasa algo parecido. Están pensadas para el momento del nacimiento de hijos e hijas, y después es como si esas personas no existieran más...

NR: --Sí, aparte el tipo demográfico aumentó la esperanza de vida y demás, es muy normal hoy que un trabajador o trabajadora de 40 o 50 años tenga sus progenitores vivos a los cuales tenga que cuidar, podríamos decir. También creo que la pandemia cuando se instala en otras desigualdades estructurales dejó en claro lo difícil de nuestros sistemas de salud, y no solamente en los aspectos de gestión sino también en lo que implica el empleo en el sector de salud, que es un empleo feminizado en donde los ingresos y salarios que tienen las trabajadoras en enfermería y limpieza son bajos cuando uno los compara con otros sectores instalados. Creo que la gran propuesta, y que no es nueva, nos lleva a pensar en políticas universales claramente, superar un poco la demanda focalizada y apuntar hacia políticas universales que puedan garantizar desde el Estado el ejercicio del derecho al cuidado, en este caso.

--¿Alguna otra propuesta?

NR: --La Confederación de sindicatos de trabajadoras domésticas asalariadas de América Latina puso ahora el lema “cuida a quienes te cuidan”, creo que también tenemos una deuda enorme con la formalización y los derechos y mejores remuneraciones, con las trabajadoras domésticas asalariadas, que están aumentando además en la región. Durante mucho tiempo había descendido y ahora es el gran nicho donde se insertan las mujeres, sobre todo las mujeres de menores recursos, con menores niveles de instrucción, etcétera. Ahí tenemos una deuda, como tenemos una deuda con las mujeres de los sistemas de salud, y una deuda al interior de los hogares, que creo que el tema es que no hay que pensar que las soluciones son arreglos particulares, no es que Pepito arregla con Juanita y Juanita negocia, sino que esto es como sociedad, buscar nuevos pactos, alianzas, y un nuevo pacto sexual en donde la vieja división sexual del trabajo esté puesta en entredicho.

novedoso concepto de la "sindemia".

20 de septiembre de 2021

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"No, la educación por sí sola no resuelve la pobreza"

Entrevista a Cristina Groeger, por Mike Stivers

Durante más de un siglo, una de las ideas más persistentes en la política de EE UU ha sido que la educación es la mejor solución frente a la desigualdad. Pero no es persistente porque sea cierta, sino que lo es porque constituye un mito útil  para las élites políticas y económicas que custodian celosamente su dinero y su poder.

Desde mediados del siglo XIX, el número de niñas y niños que asisten a la escuela en EE UU ha aumentado de modo constante; la igualdad económica, no. Sin embargo, la idea de que la educación escolar es la mejor manera de reducir la pobreza y de reducir la distancia entre ricos y pobres casi ni se discute. En su nuevo libro, The Education Trap [La trampa de la educación], la historiadora Cristina Groeger aborda este mito sin rodeos.

Basándose en el caso concreto de Boston y aplicando la lupa a la situación de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Groeger examina la relación entre la escuela y la desigualdad en una época en que la educación pública se expandía con rapidez. En conjunto, la conclusión es clara: el crecimiento masivo de la educación pública no generó prosperidad económica generalizada. Las escuelas formaron a algunos trabajadores que consiguieron empleos bien pagados en la creciente burocracia empresarial. Sin embargo, al socavar las bases de los poderosos sindicatos de oficio y establecer un sistema de acreditación, las escuelas también consolidaron la estratificación social existente.

El libro de Groeger muestra la escabrosa historia de la educación como instrumento de lucha contra la pobreza. Tal vez lo más importante es que ayuda al personal enseñante y a la militancia sindical a pensar en las coas que realmente reducen la desigualdad: programas de gobierno universales y sindicatos fuertes. Mike Stivers, autor asiduo de Jacobin, ha hablado con Cristina Groeger, historiadora que enseña en la Lake Forest College, sobre su nuevo libro y lo que puede lograr o no la educación en una sociedad desigual.

Mike Stivers: La idea básica que abordas en el libro es la que dice que la educación es un instrumento político de lucha contra la pobreza. ¿Qué teoría subyace a esta idea?

Cristina Groeger: La visión de la educación como solución para la pobreza tiene una larga historia, que se remonta a Horace Mann, quien a mediados del siglo XIX califica la educación de la gran igualadora. Sin embargo, en los debates políticos más contemporáneos, el marco dominante es la teoría del capital humano, que proviene de la ciencia económica. Considera que la retribución en el mercado de trabajo refleja el grado de cualificación de una persona, que suele medirse en términos de educación y formación. El argumento de economistas como Claudia Goldin y Lawrence Katz es que en las últimas décadas el cambio tecnológico que favorece al personal altamente cualificado se ha acelerado y que el número de personas inscritas en la educación no ha mantenido el paso, por lo que el número de personas que pueden acceder a los empleos mejor pagados es limitado. Así, la solución para abordar la desigualdad social ahora pasa por incrementar el acceso a la educación.

Hay un montón de datos que demuestran que un alto nivel educativo no se traduce automáticamente en un salario más elevado. Pero la relación entre educación y desigualdad también es más compleja. En comparación con otros países, EE UU ha tenido durante mucho tiempo una de las tasas más altas de acceso a la educación del mundo, pero también tiene una de las tasas de desigualdad más elevadas. Esto constituye una paradoja si pensamos que la educación es la mejor vía para reducir la desigualdad.

Podemos hallar un temprano predecesor del modelo de capital humano en los reformadores progresistas de comienzos del siglo XX, que pensaban que el motivo por el que el personal subalterno percibe salarios bajos es la falta de cualificación. Así, si puedes formar a trabajadoras domésticas en escuelas de administración de tareas domésticas, no solo aumentarán sus salarios, sino que también se transformará la ocupación en algo más parecido a una profesión. El problema era que muchas trabajadoras domésticas y otros trabajadores poco cualificados no tenían tiempo para asistir a esas escuelas. Tampoco se tenían en cuenta los motivos por los que muchas personas afroamericanas permanecieron estancadas en empleos mal pagados: no se debía a que no estuvieran suficientemente cualificadas o a su bajo nivel educativo, sino al racismo imperante en el mercado de trabajo u otras clases de desigualdad que estructuran este mercado.

Mike Stivers: Tu libro comienza en la Gilded Age, cuando Boston y muchas otras grandes ciudades de EE UU decidieron invertir masivamente en la educación pública. ¿Por qué la expansión de la escuela pública se convirtió en el buque insignia de la reforma frente a otras opciones que había sobre el tapete?

Cristina Groeger: Había una amplia coalición de apoyo a la educación pública. Los reformadores progresistas pensaban que la educación era la mejor manera de sacar de la pobreza a la clase trabajadora menos cualificada y de integrar a la inmigración. Para las empresas, la educación pública era un medio atractivo para reducir sus costes de formación ‒podían descargarlos en el sistema escolar‒ y además reducía las presiones de que eran objeto para que mejoraran las condiciones de trabajo o aumentaran los salarios. Pero también sostengo que había un amplio apoyo por parte de la clase obrera a favor de la educación pública, especialmente de la que impartiera formación de cara al sector de oficinas, que crecía explosivamente: administrativos, secretarias, mecanógrafas, contables.

Este es el único sector en que el modelo de capital humano viene muy bien para describir la dinámica. Montones de estudiantes, en su mayoría mujeres blancas e inmigrantes de segunda generación, utilizaron las escuelas, especialmente los institutos públicos, para acceder a nuevos tipos de empleos de cuello blanco. Esta fue la base material de la ideología de la educación como instrumento de movilidad social, aunque solo describe a un conjunto específico de estudiantes que accedían a un sector de empleo específico en aquel periodo histórico.

Mike Stivers: Había gente de izquierda que decía que al preparar a la futura fuerza de trabajo, la escuela pública estaba subvencionando la formación para el empleo a las empresas privadas. La alternativa, señalan, sería que se formara a la mano de obra a expensas de las empresas, algo así como una formación práctica. Pero esto era exactamente lo que muchas empresas trataron de hacer a comienzos del siglo XX, mientras que los sindicatos de la época se oponían con uñas y dientes a ello. ¿Por qué?

Cristina Groeger: En aquel entonces casi no había sindicatos en el trabajo de oficina y básicamente ninguna oposición a la expansión de la formación. El sector profesional y el industrial ya eran otra historia. La fuerza de trabajo profesional estaba organizada en sindicatos de oficio y su fuerza se derivaba de su capacidad de controlar el acceso a determinados oficios a través del proceso de aprendizaje sindical. Las empresas que contrataban a profesionales pretendían eludir a los sindicatos y el proceso de aprendizaje, tanto porque regulaba los salarios que tenían que pagar a los y las aprendices como porque a las empresas no les gustan los sindicatos y querían socavar las bases de su poder.

La fuerza de trabajo profesional consiguió cerrar muchas escuelas de oficios privadas y alejar el plan de estudios de las cualificaciones profesionales específicas en la educación industrial pública. El sector de la construcción es todavía uno de los pocos oficios en que existe el aprendizaje sindical y esto se debe a que los sindicatos no cedieron el control de la formación a una entidad externa como el sistema escolar.

Mike Stivers: También señalas que no es cierto que las empresas impartieran la formación a título gratuito. Apareció toda una nueva categoría de escuelas privadas que impartían formación a título oneroso. Esto se parece a lo que ahora llamamos academias privadas con fines lucrativos.

Cristina Groeger: Sí, y esto también varía según el sector. Había algunas escuelas de oficios privadas, en muchos casos relacionadas con empresas. Sin embargo, el crecimiento real del sector con fines lucrativos a comienzos del siglo XX se dio en el trabajo de oficina, donde las escuelas podían ofrecer formación sin apenas oposición por parte de una fuerza de trabajo que no estaba organizada. Estas escuelas de formación profesional, o escuelas comerciales, acapararon una parte importante del panorama educativo hasta que fueron desplazadas los institutos públicos de enseñanza.

Mike Stivers: Cuando las escuelas públicas pasaron a impartir formación práctica, después de años de lucha entre sindicatos y empresas, los empresarios estaban más interesados en que esas escuelas enseñaran lectoescritura y aritmética básicas. Los empresarios no querían que las escuelas impartieran cualificaciones profesionales como, digamos, carpintería o mecánica. ¿Por qué?

Cristina Groeger: En el libro sostengo que podemos contemplar el ascenso de la producción masiva, especialmente alrededor de la primera guerra mundial, en parte como una estrategia encaminada a reducir el número de trabajadores profesionales en general y desplazar al conjunto de la fuerza de trabajo a nuevos tipos de trabajo en que tengan menos fuerza. Se trata también de trabajadores y trabajadoras que no cursan la mayor parte de su formación en el puesto de trabajo, sino en escuelas. Esto incluye a maquinistas inmigrantes que tienen nociones básicas de lectura, escritura y cálculo, que pueden adquirir en la escuela primaria, pero que por lo demás pueden formarse muy rápidamente en el puesto de trabajo.

Ahí está incluida la nueva fuerza de trabajo de cuello blanco, en su mayoría estudiantes que han obtenido el bachillerato y que nutren la burocracia que acompaña a las industrias de la gran producción masiva. Y las escuelan capacitan asimismo a un número muy reducido de administradores educados en la universidad e ingenieros superiores. Así vemos que las empresas pueden apoyarse en distintos tipos de escuelas para diferentes segmentos de su fuerza de trabajo, pero ya en las décadas de 1920 o 1930 se trata también de una fuerza de trabajo que en su gran mayoría no está sindicada y tiene menos poder que sus contrapartes en los tipos de trabajo profesional de antaño.

Mike Stivers: Así es. Señalas que este surgimiento de una clase supervisora ‒hablas mucho de ingenieros de alto nivel, altamente cualificados‒ está estrechamente relacionado con el taylorismo y la descualificación sistemática de la mano de obra.

Cristina Groeger: Podemos ver estas dos caras de la misma moneda. A medida que las empresas pasan a un modelo industrial de producción masiva, que depende del personal de montaje en la base y una nueva fuerza de trabajo de cuello rosa que está ampliamente feminizado, vemos un grupo masivo de trabajadores y trabajadoras que tienen muy poco poder y una nueva clase directiva en lo alto. Esta fuerza de trabajo es mucho más barata. A menudo, las mujeres que realizan estos trabajos cobran la mitad de lo que perciben los hombres, y se trata de una fuerza de trabajo que carece fundamentalmente de sindicatos, de fuerza organizada. Y a medida que se expande la fuerza de trabajo de cuello blanco, deja de ser un tipo de aprendizaje mercantil muy exclusivo y prestigioso a lo que ahora llamaríamos una categoría de cuello rosa.

Mike Stivers: También documentas que la mano de obra afroamericana alcanzaba algunos de los máximos niveles educativos, pero que aun así permanecía en los puestos más bajos de la escala salarial.

Cristinta Groeger: Sí, y no me esperaba descubrir esto, pero si comparamos el grado de matriculación de niños y niñas de clase obrera, las menores afroamericanas mostraban continuamente niveles superiores de escolarización que sus homólogas blancas nativas o inmigrantes. Sin embargo, siempre acababan en los puestos peor pagados. Este es el ejemplo más claro de la incapacidad de la teoría del capital humano para justificar la retribución en el mercado laboral. La gente afroamericana quedó casi completamente excluida del trabajo administrativo, pese a tener estudios secundarios.

Mike Stivers: Mucha gente piensa hoy en EE UU que un título universitario es un pasaporte a la riqueza y buenos ingresos, pero demuestras que históricamente la implantación de los títulos de bachillerato y universitarios cimentó la desigualdad en la misma medida en que la redujo. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

Cristina Groeger: A medida que se masifica la escuela secundaria en este periodo y que nuevas poblaciones ‒inmigrantes, mujeres‒ ocupan puestos de trabajo administrativo, vemos una fuerte reacción por parte de la elite económica y profesional bostoniana. Establecen relaciones con universidades privadas para convertir un título universitario en una importante credencial para los puestos de trabajo mejor pagados en la nueva economía empresarial, cuando en el siglo XIX la mayoría de propietarios y administradores de empresas no tenían ningún título universitario, tal vez ni siquiera el bachillerato. Podemos ver esto mismo también en otras profesiones de salarios elevados, como el desarrollo del derecho mercantil.

En el libro examino la correspondencia entre empresarios y consultores universitarios que ayudan a las personas licenciadas a encontrar un empleo. Es una buena fuente para comprender por qué las empresas prefieren a los titulados universitarios. Observo que parte de su conversación tiene que ver con la cualificación, o capital humano, pero que también tiene que ver con las preferencias de las empresas en materia de raza o clase u otras características personales. Esto significa que las universidades de elite son capaces de reproducir la elite tradicional en estos nuevos puestos empresariales, pero ahora las elites tienen una credencial meritocrática para legitimar sus posiciones en la economía.

Mike Stivers: A pesar de su escasa contribución a la reducción de la desigualdad, la idea de que la educación es un instrumento político para superarla sobrevive en todas partes. ¿Por qué es la educación un instrumento político tan atractivo para resolver problemas económicos?

Cristina Groeger: Creo que en parte se debe a que muchas de las personas que promueven la educación pueden imaginar que esta hace tantas cosas diferentes. Vemos lo mismo en el comienzo del siglo XX. Hay una gran coalición de apoyo, a menudo con intereses opuestos en otros terrenos, pero que se unen en torno a la idea de la educación. La idea también persiste porque no cuestiona a algunos de los sujetos más poderosos de la economía. No cuestiona la facultad de los empresarios de pagar el salario que quieran o de establecer las condiciones laborales que se les antoje. Es muy fácil hablar de nobles ideales y propósitos dentro del sistema educativo, pero lo que esta puede lograr tiene sus limitaciones. Y en muchos casos puede correr un tupido velo sobre desigualdades en el mercado de trabajo que desempeñan un papel mucho más importante en la configuración de las desigualdades que vimos a comienzos del siglo XX y que volvemos a ver hoy.

Mike Stivers: Mucha gente de izquierda rechaza que las escuelas sean simplemente un lugar de formación para el empleo, pero la preparación para el empleo sigue siendo también una parte esencial de la finalidad de la educación pública. ¿Cómo debería concebir el movimiento socialista la finalidad de la escuela en el siglo XXI?

Cristina Groeger: En la medida en que la educación es importante para acceder a un puesto de trabajo ‒y en el plano individual, por supuesto, la educación importa‒, no creo que debamos denigrar a los y las estudiantes que acuden a la educación por este motivo. Hay una tendencia a rechazar el carrerismo, o la profesionalización de la juventud estudiantil, lo que en mi opinión le echa la culpa por la economía a que se enfrentan. Si la izquierda desea liberar la educación para otros propósitos creativos o emancipatorios, primero hemos de crear una economía que asegure la subsistencia de todos y todas. Las demandas de gratuidad de la universidad y de universidades no endeudadas son buenas demandas socialistas, pero no son suficientes. Hemos visto cómo las elites pueden crear siempre nuevas barreras utilizando credenciales todavía más elevadas.

Esto me lleva al título del libro, La trampa de la educación. En todo el espectro político se contempla la escuela como la solución de tantos problemas sociales, pero poner el acento en las escuelas puede convenir a quienes gozan del mayor poder económico, porque echa la carga de la reforma sobre las espaldas del estudiantado, del profesorado, lejos de lo que es la causa real de la desigualdad: la falta de poder de la clase trabajadora en la economía y la política.

Las y los profesionales de la educación desempeñan un papel importante en la lucha por el poder de la clase trabajadora. Lo hemos visto en Chicago, donde vivo. Los sindicatos de enseñantes han luchado no solo por sus propias condiciones de trabajo, sino también por un amplio programa político y por inversiones públicas en sus estudiantes y sus comunidades. Y creo que como socialistas, si interpretamos el papel de la escuela en sentido amplio, deberíamos entender que estas campañas de organización también son formas realmente importantes de educación política. Deberíamos promoverlas tanto dentro como fuera de las escuelas.

Por Cristina Groeger | Mike Stivers

23 agosto 2021

14/04/2021

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“Págales más”: la respuesta de Joe Biden a los planteos de falta de mano de obra

Filosa contestación del presidente de Estados Unidos

"Págales más". Así respondió el presidente estadounidense Joe Biden (foto) ante las preguntas por la falta de mano de obra durante una conferencia de prensa donde el presidente anunció un plan de inversión masiva en infraestructura tras meses de negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.

“No los estoy criticando, realmente lo digo en serio. Me preguntan, ‘Bueno, ¿sabés qué? Los empleadores no encuentran trabajadores’ ” dijo el mandatario en referencia a las consultas que planteaban la falta de mano de obra. “Yo les dije, ‘Págales más’ ” afirmó Biden simulando un susurro. “Esto ahora es una moneda de cambio para los empleados”, agregó.

El plan se apoya en más de 1,2 billones de dólares de inversiones en ocho años (973.000 millones en los primeros cinco años), precisó la Casa Blanca. Unos 312.000 millones son para transportes, incluyendo rutas y aeropuertos, y 266.000 millones de dólares en otras infraestructuras como el servicio de agua potable o internet de mayor ancho de banda.

Si bien esto representa un gran paso adelante, este acuerdo no marca el final de las discusiones. "No tengo ninguna garantía" de conseguir los votos para aprobar este proyecto en el Senado, reconoció Biden, aunque se mostró optimista. "Ninguno de los dos partidos obtuvo lo que quería", destacó, al asegurar que es el precio de obtener un consenso.

Hacia fines de marzo Biden había propuesto invertir unos 2 billones de dólares en infraestructura durante ocho años, con el fin de crear "millones de puestos de trabajo" en Estados Unidos, para mantenerse al frente como economía mundial por delante de China y también para luchar contra cambio climático.

El principal acuerdo entre republicanos y demócratas se refiere al financiamiento de este amplio proyecto de infraestructura. Los republicanos rechazaban un alza de impuestos corporativos propuesto por Biden, mientras que la Casa Blanca rechazaba nuevos impuestos -como por ejemplo sobre la gasolina- a hogares que reciban menos de 400.000 dólares anuales.

El acuerdo finalmente preveé un plan para reforzar las inspecciones fiscales para reducir la evasión y redireccionar fondos desbloqueados en 2020 para luchar contra la pandemia que no fueron utilizados, entre otras medidas.

26 de junio de 2021

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Venezuela: estrategias para sobrevivir en el límite

Con salarios que a menudo están por debajo de los mínimos de supervivencia, la población venezolana depende en gran medida de los bonos, las bolsas de alimentos y otros programas sociales, además de diversas estrategias que transitan entre la legalidad y la ilegalidad. Pero, de la mano de la inmigración masiva, hoy una gran diferencia pasa por tener o no familiares en el exterior que envíen remesas.

 

Decir que en Venezuela existe una profunda crisis política, económica y social no constituye sorpresa alguna ni tiene un especial atractivo académico o político. La crisis lleva años abatiéndose sobre la población venezolana y salpicando hacia el resto del continente, y en general hacia muchos países del mundo, por la vía de las historias que llevan consigo quienes han decidido literalmente huir del país y refugiarse en otras latitudes, con la esperanza de encontrar afuera lo que sienten que les es negado en Venezuela. 

A pesar de ello, sigue siendo una asignatura pendiente para las ciencias sociales una explicación plausible acerca de cómo, en apenas 20 o 30 años, una nación que fue capaz de protagonizar una de las revueltas más duras contra el neoliberalismo, en los sucesos conocidos como el «Caracazo», asume hoy su condición de ruindad y una suerte que cualquiera podría considerar inmerecida, a medio camino entre el desespero y la resignación. Al menos en apariencia.

La principal dificultad que existe en Venezuela para analizar lo que acontece en cualquier ámbito de la vida pública es la extrema opacidad con que las entidades oficiales manejan la información. Ello incluye toda la esfera económica y, por supuesto, también la esfera social. Por ello, las posibilidades de construir una imagen lo más cercana posible a esa realidad tan cruda como la que se vive supone la necesidad de echar mano de una multiplicidad de fuentes, muy variadas, que incluyen la escasa información oficial que circula -mediante lecturas intersticiales, paralelas o superpuestas que puedan resultar indicativas de la situación-, y que deben ser complementadas con los cálculos y proyecciones que formulan investigadores o agencias especializadas y hasta referencias testimoniales de quienes viven y padecen la realidad cotidiana venezolana. Solo entonces podríamos tener una aproximación bastante razonable a lo que realmente ocurre. 

Como ya es costumbre en Venezuela, el pasado 1° de Mayo el gobierno de Nicolás Maduro anunció al país un incremento del salario mínimo mensual, que quedó fijado en siete millones de bolívares, así como un incremento del llamado bono de alimentación o «cestaticket», el cual fue fijado en tres millones de bolívares. Ese día el Banco Central de Venezuela fijaba el precio del dólar en 2.746.151,81 bolívares. Es decir, el anuncio gubernamental indicaba que el ingreso mínimo integral se ubica oficialmente en 3,64 dólares al mes (0,12 dólares diarios). Semejante nivel salarial mantiene a Venezuela como uno de los países con el salario mínimo más bajo del mundo. Como era de esperarse, el anuncio solo produjo decepción, frustración y una lluvia de críticas que expresaban el malestar existente en la sociedad venezolana respecto de la marcha de la economía y, particularmente, de los ingresos de los trabajadores. 

Como es sabido, el Banco Mundial considera pobre a toda persona cuyos ingresos estén por debajo de 1,90 dólares al día, o aproximadamente 57 dólares al mes. En ausencia de estadísticas oficiales que indiquen el valor de la canasta mínima alimentaria, solo nos queda utilizar los datos proporcionados por la única entidad que en Venezuela ofrece algún indicio creíble en esta materia. De acuerdo con un reporte del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), para el mes de marzo de 2021, la canasta mínima alimentaria tenía un costo aproximado de 230 dólares. Entidades privadas independientes han establecido en 55 dólares el ingreso promedio en Venezuela. 

Por supuesto, el gobierno es plenamente consciente de lo insuficiente que resulta el salario fijado, el cual puede alcanzar como mucho para adquirir un kilo de queso o un empaque de huevos. Por eso, implementó un conjunto de beneficios sociales y monetarios suministrados a la población de menores recursos como subsidio directo (en la forma de bonos), mediante una plataforma digital denominada Patria, que consiste en asignaciones monetarias que pueden alcanzar hasta unos 15 dólares mensuales en el mejor de los casos, además de una bolsa de alimentos suministrada a través de un programa social basado en los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP)

Estos programas son, sin duda, importantes, pero al no existir registro público verificable, no es posible saber cuántas personas están siendo realmente beneficiadas por ellos ni cuál es el impacto que tienen en la sociedad venezolana. Pero a juzgar por la situación social, es claro que distan mucho de constituir una verdadera solución al drama que vive el país. Ello sin mencionar que esos programas han sido denunciados como mecanismos de control social y manipulación político-electoral por quienes se oponen al régimen actual, y también se escuchan comentarios en este sentido en las redes sociales, las colas o las calles.

Un par de hechos recientes dejan ver con relativa rapidez y facilidad la magnitud y gravedad de la situación que se vive en Venezuela. Hace algunas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó su último Informe sobre perspectivas de la economía mundial, en el que Venezuela aparece como el país más pobre del continente, al menos en lo que respecta al producto per cápita. Más allá de la mencionada dificultad para acceder a datos, ya a mediados del año pasado, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2020, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostenía que la pobreza en Venezuela afectaba al menos a 94% de la población, y la pobreza extrema, a 67%. Estos datos contrastan radicalmente con una información suministrada por el presidente Maduro en enero de este año con motivo de la presentación de su Memoria y Cuenta 2020 ante la Asamblea Nacional. En su exposición, señaló que la pobreza general alcanzaba a 17% de la población, mientras que la extrema apenas a 4%.

Hace solo algunos días, se materializó un acuerdo entre el gobierno venezolano y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA-ONU) mediante el cual este último abastecerá de alimentos a 185.000 niños en edad escolar durante el presente año, cifra que deberá crecer hasta 1.500.000 en 2023. Respecto de este acuerdo, Maduro afirmó que venía siendo objeto de negociaciones desde hace varios años. Es de suponer que el soporte de información que hizo posible justificar el acuerdo con el PMA-ONU se basó en datos proporcionados por el propio gobierno.

Atrás quedó el tiempo en que Venezuela exhibía cifras de una economía relativamente próspera con un extraordinario impacto en cuanto a índices de desarrollo social o de desempeño de la economía. Hoy, en un país atravesado por la peor crisis de su historia republicana, que exhibe de manera persistente una hiperinflación de la cual no logra salir, azotado por una contracción económica igualmente persistente, y como el resto del mundo golpeado por la pandemia, los venezolanos literalmente sobreviven ensayando un sinfín de estrategias. 

No es el objeto de este artículo detallar ni analizar las causas de semejante catástrofe económica, social y humanitaria, en la que se mezclan una voraz corrupción estatal, un pésimo manejo por parte de las autoridades de la economía y en general, del Estado, y las consecuencias de un conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otro conjunto de países sobre la economía y algunos de los líderes gubernamentales. Nos proponemos radiografiar a vuelo rasante al menos una pequeña parte de la realidad de quienes sobreviven en el piso más bajo de la estructura socioeconómica del país.

Dicho esto, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿exactamente cómo es que logran vivir, o mejor dicho sobrevivir, en Venezuela aquellos cuyos ingresos no logran siquiera acercarse al precio de la cesta básica?

Remesas

Uno de los síntomas más emblemáticos de la crisis venezolana es el éxodo migratorio. Una significativa proporción de los venezolanos y venezolanas, acorralados por la crisis y frente a un futuro que luce sombrío e incierto, simplemente ha buscado otros horizontes, protagonizando uno de los flujos migratorios más intensos y significativos de los últimos años desde un país que no se encuentra en guerra, al menos no en una declarada. Esta migración, para 2020, alcanzaba aproximadamente unos 5,4 millones de personas, según ha registrado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una cifra altamente significativa para un país cuya población es de unos 30 millones de personas. Conscientes de la situación en la que quedan sus familiares, una buena cantidad de quienes partieron envía remesas. La diferencia entre una familia que literalmente pasa hambre y otra que no lo hace puede estar asociada a tener o no un familiar en el exterior que le envíe algún tipo de ayuda. No se cuenta con cifras oficiales sobre el monto global de divisas que ingresan en Venezuela por concepto de remesas, pero algunas estimaciones ubicaban esa cifra para 2019 en unos 3.500 millones de dólares y para 2020, en 1.600 millones, debido a una fuerte contracción a causa de la pandemia.

Carmen tiene 62 años. Vive sola. Su esposo murió hace años, arrollado por un vehículo cuando se dirigía a su trabajo como albañil. Como pudo, se las arregló para criar dos hijos que para entonces tenían 12 y 10 años. El mayor murió asesinado por delincuentes hace tres años. El menor, que ahora tiene 20 años, se fue a Trinidad en 2019. Carmen recibe una pensión de 1.800.000 bolívares y, dependiendo de su suerte, algunos bonos que le asigna el gobierno a través de la plataforma Patria. Una vez al mes, recibe su bolsa del CLAP, «cada vez con menos productos», según dice. Vive en una casa que ocupaba como cuidadora y que luego fue abandonada por sus dueños, quienes se marcharon del país intempestivamente. Sus ingresos, aun siendo una mujer sola, le resultan insuficientes. Sus tres hernias discales y otros «achaques de vieja» le impiden trabajar como solía hacerlo, pero se las arregla para elaborar algunos dulces y venderlos los fines de semana. Su hijo le envía unos 50 dólares por mes. Dice que con lo que reúne entre pensión, bonos y remesas, le resulta suficiente para vivir, aunque comparte una porción de lo que reúne con su propia madre, que vive en otra ciudad con una hermana. No obstante, reconoce que siempre está en el límite. No se permite lujo alguno, sus gastos se limitan a comprar comida y unas pocas medicinas. No paga servicios públicos aunque su casa posee servicio eléctrico y agua mediante conexiones ilegales. Hace mucho que no compra vestido o calzado. Su indumentaria lo confirma. La vivienda empieza a necesitar al menos pequeñas inversiones en mantenimiento, pero dice que no lo hará. «Mijo, si lo que me llega apenas me alcanza pa' medio vivir y darle a mi mamá», justifica.

Como Carmen, decenas de miles de personas y de familias venezolanas sobreviven gracias a los recursos que les envían familiares residenciados en el exterior. Algunos un poco más afortunados pueden llegar a recibir remesas significativamente mayores que ella. Fuera de toda duda, y al margen de la ausencia de cifras oficiales, puede decirse que la catástrofe humanitaria venezolana sería ostensiblemente peor de no ser por esta fuente de ingresos.

Bonos y bolsas CLAP

Como parte de una política asistencial, el gobierno de Maduro, mediante la mencionada plataforma Patria, hace entregas periódicas de recursos monetarios directamente a un número indeterminado de personas en el país. Los montos que se entregan mediante depósitos a cuentas bancarias de los beneficiarios son siempre un misterio, pues se desconocen los criterios que determinan las asignaciones (que varían de uno a otro beneficiario). A modo de conjetura y sobre la base de la opinión recogida entre distintas personas que son beneficiarias de este tipo de políticas, podríamos suponer que por la vía de los bonos, una persona podría estar percibiendo entre cinco y 15 dólares mensuales, pero sin la regularidad de un ingreso fijo. Los montos, además, pueden variar drásticamente de un mes al otro sin explicación alguna. También se sabe de personas que, aun estando registradas en la plataforma, jamás han recibido ingresos pese a estar en situaciones muy precarias.

La familia de Laura se compone de cuatro personas. Ella, de 44 años, está desempleada; su esposo, de 50 años, no tiene trabajo estable y sus dos hijas menores, de 11 y 8 años, estudian en una escuela pública. Viven en las afueras de Higuerote, un pueblo costero de vocación turística en el estado Miranda. Laura se define como opositora al gobierno, mientras que su esposo, aunque con muchas críticas y casi expresando cierta vergüenza, dice ser chavista. Tenían un pequeño restaurante junto con la madre de Laura en su mismo pueblo. El negocio se vino a pique cuando en 2017 la crisis económica, y sobre todo el desabastecimiento, liquidó prácticamente toda actividad económica sin margen para resistir. Desde entonces, Laura solo logra trabajar eventualmente en trabajos de limpieza en las villas vacacionales ubicadas en su zona de residencia, pertenecientes a cierto sector pudiente, casi todo residenciado en Caracas y compuesto hoy en día casi totalmente por personas vinculadas directa o indirectamente con el gobierno. Su esposo, a partir de la quiebra del restaurante, trabajó como empleado en un yate que pertenece a «un chivo del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela]», pero renunció hace algunos meses acusando un trato continuamente degradante y paga baja (100 dólares mensuales). Hoy en día «se rebusca» algún ingreso con la venta de guacucos, una pequeña almeja que extrae manualmente luego de una muy exigente faena a las orillas de la playa, y por lo cual puede llegar a percibir unos 25 dólares semanales; también ofrece sus servicios haciendo «lo que sea» en las urbanizaciones vacacionales de la zona. Con un gran dejo de amargura, Laura dice que soportan demasiadas limitaciones y penurias, pero no se atreve a marcharse del país, asustada por lo poco agraciada que ha resultado esa experiencia para algunas personas que conoce. El miedo a pasarla afuera peor de lo que la pasa en su país los inhibe de intentar esa alternativa, aunque no la descartan. A Laura casi siempre le llegan los bonos. A su esposo, nunca. Reciben la bolsa del CLAP, pero «prácticamente solo trae carbohidratos y en muy poca cantidad».

Oscar tiene 72 años. Vive solo, aspecto de su vida del cual no habla. Tiene una hija de 23 años, casada y con un hijo que vive en el mismo pueblo. Ella es bombera. Prácticamente no tienen comunicación. Oscar sufre de un cáncer de próstata de lento desarrollo y de una hernia inguinal que le impide moverse con cierta soltura. Toda su vida fue taxista, pero entre su situación de salud y el encarecimiento de los repuestos automotores, debió abandonar su oficio y vendió su vehículo al no poder repararlo y cambiarle los cauchos. Hoy en día vive casi exclusivamente de la pensión y los bonos que le entrega el gobierno a través de la plataforma Patria, de la bolsa del CLAP y de la ayuda que algunos vecinos le prestan regalándole algo de comer con cierta regularidad. Aunque su situación es objetivamente de penuria, no habla mal del gobierno. Con claros signos externos de desnutrición, de alguna manera está convencido de que su única posibilidad de supervivencia, o de ralentizar su final, está asociado a las ayudas que le da el gobierno, aun cuando ello no le alcanza para sus medicinas, y el sistema de salud público que debe atenderlo simplemente no lo hace por carecer de insumos. 

Sonia es una joven maestra de escuela que vive en Caracas. A pesar de provenir de una familia de muy modestos recursos, en la década de 1990 logró estudiar en la universidad y posteriormente realizar estudios de maestría. En su momento, consiguió adquirir un apartamento en una zona popular de Caracas y ayudar a su madre a adquirir el suyo. Hoy en día, soltera, con una hija de 12 años, entre salario y bonificaciones dice no llegar a redondear ni siquiera 20 dólares al mes. Su rostro no solo refleja una gran tristeza, sino sobre todo depresión. Aprovechando la cuarentena y que no tienen que asistir presencialmente a dar clases, desde hace un año deambula por las calles de Caracas con algunos termos de café ofreciéndolos como parte de su estrategia de supervivencia. Esta actividad le permite un ingreso extra de no menos del doble de lo que percibe por su trabajo. Decidió no cancelar servicios públicos, más por imposibilitada que como acto de rebeldía, pero dice que hasta su último día luchará contra la «dictadura de hambre» que es el gobierno de Maduro. 

Derrota en proceso

Ejemplos como los anteriores abundan en Venezuela. Prácticamente cada venezolano es no solo testigo sino protagonista de las más impensables estrategias de subsistencia ensayadas en el marco de esta terrible experiencia. Es la creatividad la que impulsa a un ser humano a no rendirse y a inventarse cada día nuevas formas de supervivencia. 

No siempre legales, no siempre bien vistas, no siempre suficientes ni siempre efectivas. Pero se trata de la lucha por ganar la carrera contra el hambre. Desde hurgar entre la basura de restaurantes y mercados y recuperar de allí lo que aún pueda ser comestible, hasta vender objetos de toda índole, incluidos los propios electrodomésticos del hogar. Desde rastrear en  el principal río de la ciudad capital, el Guaire, en busca de objetos que puedan ser vendidos, hasta habitar sobre losas en cementerios. Desde incorporarse a tareas totalmente ajenas a aquellos oficios o profesiones en las que fueron formados, hasta participar de actividades ilegales de diversa índole: tráfico de drogas, prostitución, contrabando, etc. Ensayando múltiples modalidades de trueque, reduciendo de tres a dos o a una comida al día; reduciendo a la vez la calidad, variedad y cantidad de alimentos que se consumen; eliminando drásticamente el disfrute de actividades recreativas y culturales; limitando la movilidad al mínimo necesario; limitando o eliminando los gastos en materia de calzado y vestido, e incluso medicina; optando por alternativas naturales de curación cuando las enfermedades atacan. Para quienes trabajan, la realidad es muy difícil; para quienes carecen de empleo, es simplemente dramática: según el Fondo Monetario Internacional, el desempleo en Venezuela se sitúa en 2020 en 58,3%, y sería el más alto del mundo. De nuevo, carecemos de cifras oficiales sobre este indicador. Incluso las diferencias podrían elevarse hasta quienes prestan servicios para el Estado y quienes lo hacen para el sector privado. Analistas económicos e investigadores dan cuenta de una notable diferencia en el salario que se paga en el sector privado respecto del que paga el sector público.

No es difícil advertir que esta lucha por la supervivencia no todos la ganan, y que aún dando batalla, muchos exhiben en su humanidad la prueba fehaciente de una derrota en proceso.

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Un vendedor atiende a los clientes de un mercado en Caracas, Venezuela.Leonardo Fernández / Getty Images

El alza de los precios, contenida durante la pandemia, se acelera por la reapertura comercial y los gastos del Gobierno en las ayudas de fin de año

En Venezuela se necesita más de un millón de bolívares para comprar un dólar. Y es la segunda vez en los últimos dos años. La hiperinflación terminó de devorar a la divisa local y el incendio en la precaria economía venezolana sigue activo. El preocupante indicador se sitúa entre las crisis inflacionarias más duraderas de la historia económica moderna, solo superada en la región por la que vivió Nicaragua entre 1986 y 1991. En noviembre se cumplieron tres años desde que el país petrolero comenzó a registrar, mes a mes, tasas de más del 50% de inflación que han traído detrás un catastrófico aumento de la pobreza.

Después de algunos meses de aparente desaceleración del alza de precios por la reducción del consumo, durante el confinamiento decretado por la pandemia de coronavirus, la inflación vuelve a tomar fuerza por la presión del gasto para el pago de bonificaciones especiales que el Gobierno de Nicolás Maduro suele ingresar a finales de año y de la campaña electoral para las cuestionadas elecciones parlamentarias de este domingo, en las que el chavismo se dispone a recuperar el control de la Asamblea Nacional. El indicador volvió a desbocarse en noviembre.

“El Gobierno se quedó sin ingresos, porque la industria petrolera está destruida, porque no está recaudando impuestos y no tiene acceso a los mercados internacionales. Cualquier iniciativa que tenga, tendrá que financiarla con dinero del Banco Central de Venezuela. No tiene fuentes legítimas de financiamiento y lo que le queda es emitir esa cantidad de dinero”, explica el economista Omar Zambrano de la firma Anova.

Ese rebote del alza de los precios se siente en la calle, donde la flexibilización de la cuarentena que ordenó Maduro por las fiestas navideñas no ha generado un aumento significativo del consumo. En la última semana de noviembre, el precio de los alimentos subió casi un 40%, según las mediciones de Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Con un salario mínimo mensual —que se aumentó al triple el mes pasado, hasta poco más de un dólar— solo se compra un kilo de arroz.

La subida vertiginosa del dólar es justo el quebradero de cabeza diario de los venezolanos, sobre todo de aquellos —una enorme mayoría— que percibe el salario en bolívares y tiene dificultad para acceder a la divisa estadounidense, cuya circulación no es oficial y no está pactada con Washington. Álvaro Muñoz es ingeniero informático y profesor universitario. A diario registra la depreciación de sus ingresos como docente con doctorados en el escalafón más alto de una universidad pública. Tiene claros los inmanejables ceros que lleva detrás el bolívar, con dos reconversiones en veinte años: la de Hugo Chávez en 2008, que quitó tres ceros a la moneda, y la de Maduro en agosto de 2018, en la que se restaron otros cinco. En las conversaciones cotidianas este diciembre se escucha a muchos decir que, en realidad, un dólar equivale a 100 billones de bolívares, con sus 14 ceros, si se le suman los ocho que se le han quitado en esas dos grandes devaluaciones. La abismal expresión numérica evidencia cuánto se ha empobrecido un país que a finales de los setenta fue una de las naciones más ricas de América Latina.

“Un profesor titular de dedicación exclusiva, del más alto nivel, gana 7,5 dólares mensuales. El sueldo de un docente que recién inicia su carrera es de cuatro dólares. De ayer para hoy el sueldo se me devaluó un 14% por el salto del dólar”, contaba hace unos días Muñoz. En tres años, la hiperinflación no solo ha rebanado su salario, también le hizo abandonar un segundo doctorado en España porque no podía seguir pagando la matrícula. El profesor, de 54 años, sobrevive en Barquisimeto, en el occidente del país, junto con su madre con las ayudas de una hermana que envía remesas desde Chile y la cosecha que le comparte otro hermano agricultor. “El sueldo no me alcanza para pagar el servicio de Internet. La última vez que compré zapatos fue hace cuatro años”. En noviembre de 2017, cuando la Asamblea Nacional señaló que el país había entrado en esta situación, su remuneración mensual equivalía a 62 dólares. En 2018 se redujo a 46 dólares, el año pasado eran solo 20 dólares y este 2020 no llega a 10.

La caída del poder adquisitivo de la moneda ha conllevado a otra pérdida aún más dramática: la del valor del trabajo y de la profesión. En términos prácticos, Muñoz lo explica así: una persona que hace delivery en bicicleta gana tres dólares por entrega, que es lo que un profesor puede conseguir en un mes. Para Zambrano el país inició una transición económica sin cambio político. “Se tomó la decisión política de dejar que la economía se reduzca a su mínima expresión, sin motores de producción, donde se ven ciertos movimientos y transacciones para vender productos finales que se importan directamente de un Costco [una gran superficie] hasta Caracas. Esa es una economía que deja muy poco al país y es solo la fracción de lo que fue”.

El economista señala que de ser un país petrolero el tamaño de la economía venezolana se parece más al de una isla del Caribe o un país centroamericano como Honduras. “Esto va a seguir sometiendo a gran parte de la población a condiciones socioeconómicas adversas y va seguir expulsando a la gente, porque no hay cama para tanta gente, no hay capacidad de absorber la masa laboral del país”.

Al cierre de 2020, Venezuela tendrá una economía un 67,6% menor a la de 1999, según cálculos de la firma Ecoanalítica, una inflación del 6.500% y una tasa de desempleo del 54%, de acuerdo con las proyecciones de octubre del Fondo Monetario Internacional. Las ganancias del boom petrolero que hubo entre 2006 y 2012 se disolvieron totalmente a partir de la recesión que se vive desde 2013, cuando Maduro llegó al poder tras la muerte de Chávez y las crisis política y económica pisaron el acelerador.

¿Dolarización?

Hace unas semanas, la agencia Bloomberg reveló que el Gobierno estaba evaluando con un grupo de bancos privados la posibilidad de formalizar la dolarización que existe de facto, impulsada por la hiperinflación que lleva a la gente a deshacerse del bolívar. Hoy, los billetes de bolívares solo circulan en los autobuses del transporte público. El dólar es la moneda corriente en la Venezuela de 2020, luego de pasar 15 años con un férreo control cambiario durante el cual estaba prohibido comprar divisas. “La dolarización que hay ahora es incipiente y está limitada a ciertos círculos. Pero no hay un sistema financiero en dólares, ni contratos en dólares. Eso limita la capacidad que pudiera tener de hacer crecer la economía y frenar la hiperinflación del bolívar”, apunta Zambrano.

Cuando el episodio hiperinflacionario comenzó, los economistas estaban divididos sobre la dolarización como una vía de escape. Ahora, después de no haber hecho nada para contener la depreciación de la moneda venezolana, parece no haber otra opción. “El repudio al bolívar es total”, dice Zambrano. Implementarla, sin embargo, es un proceso cuesta arriba para un Gobierno prácticamente quebrado, sin fuente de ingresos en dólares y que tiene una enorme carga de empleados públicos y jubilados —una abultada nómina que aún con la migración forzada podría rondar los cinco millones de personas— a los que habría que llevar sus remuneraciones a dólares.

Esto permitiría reducir la brecha social que se ha creado entre quienes perciben ingresos en dólares y quienes no, lo que han exigido diversos gremios en protestas durante los últimos meses, pero que luce inviable para la economía de Maduro. Como parte del dramático sistema de distorsiones y controles que han llevado al foso al país, en los últimos días el Gobierno también ha dado señales contradictorias sobre el avance hacia una dolarización y un viraje hacia más libertades económicas, anunciando un nuevo impuesto a las transacciones en divisas, en un intento desesperado de resucitar el bolívar.

 

Caracas - 02 Dec 2020 - 18:07 COT

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En la imagen, un hombre sostiene una botella de aceite y una bolsa de tomates mientras permanece sentado en una esquina de Caracas. Fotografía: EFE/ Miguel Gutiérrez

Reproducimos extractos de una crónica del periodista Gonzalo Domínguez Loeda (Efe), que le marca el pulso en las calles de Caracas a los ritmos acelerados de los precios en medio de una hiperinflación, cuando el salario mínimo es menos de un dólar mensual y el hambre continúa golpeando en el país.

 

 Hay que pararse y releer para poder imaginar la dimensión de algunas cifras: en Venezuela, la inflación de los alimentos durante la cuarentena alcanzó el 671,8 %. La traducción a las calles es pobreza y desnutrición, un drama cotidiano que marca y atenaza más que nunca.

Ir al mercado es sinónimo de llevarse una sorpresa. Si un ciudadano va dos veces en la misma semana, los productos de la cesta básica tendrán precios distintos. (…) Hoy, el precio del dólar ronda los 450.000 bolívares soberanos pero ya ni la divisa estadounidense amortigua el golpe, incluso quienes perciben salarios o remesas en la moneda de EEUU pierden capacidad adquisitiva día a día, una realidad que todavía nadie mide con precisión pero que se percibe de forma constante en las calles.

Subidas y más subidas

"El café, 2,5 millones el kilo; hace un par de meses lo pagaba a 1,2 millones", asegura a Efe Johnny Torres.

"El aceite de soya, que es el que más utiliza la gente aquí, tenía un costo aproximado de 300.000 y ya va sobre 640.000 en menos de tres meses", agrega Juan Latre.

La queja llega incluso al producto más básico de la dieta venezolana, la harina para las arepas porque "hoy, el kilo vale sobre 460.000", es decir, 60.000 bolívares más que el salario mínimo que perciben la mayoría de los venezolanos.

Con Latre coincide Yusbey Medina: "Antes pagaba una harina en 230 y ahora una harina en 460, un dólar". La inflación es tan galopante que los venezolanos han dejado de contar ceros y le quitan, en su día a día, tres a una moneda a la que ya le han amputado ocho las reconversiones.

"Los huevos van por 680.000; antes pagaba por medio cartón 300.000 y hoy medio cartón 680.000, es una barbaridad", agrega.

"La leche en polvo de un kilo costaba un millón y pico y ahora está casi en cuatro millones", se queja Tibisay Vadillo.

El último en sumarse a la retahíla de reclamos es Hermes Ayala, quien, en el mercado del sector popular del Cementerio, explica a Efe que "todo ha subido en menos de 3 meses un 400-500 %".

"Hace dos o tres meses comprabas un kilo de carne en 200.000 bolívares, hoy cuesta de 1,6 a 2 millones", asegura.

Un porcentaje desolador

Los datos de la empresa Econanalítica coinciden con los de los vecinos de Caracas. Su última estimación indica que, desde que comenzó la cuarentena en Venezuela, en marzo pasado, los precios de los bienes y servicios han subido un 461,4 %. En el caso de los alimentos, el alza es de 671,8 %. Hay que pararse y repetírselo despacio 6-7-1 coma 8 por ciento.

Con esos datos sobre la mesa, Hermes explica que un hogar venezolano, para adquirir la cesta básica, "necesita cerca de 240-250 dólares mensuales" y subraya: "Para lo básico".

Se necesitan, por tanto, casi 300 veces el salario mínimo para llenar la nevera con "lo básico".

"Y si tú te ganas un dólar al mes, oye qué estamos haciendo", se pregunta.

Por eso, explica este vecino del Cementerio, la gente vive de las ayudas que le mandan sus familiares que se han ido a trabajar fuera, cerca de 5,5 millones de personas, según la ONU, que son "los que envían dinero para medio poder vivir bien".

¿Y si uno no tiene parientes fuera? "Terrible, terrible, el límite de pobreza, se pudiera decir", responde Hermes con el rostro ensombrecido y agrega: "Por eso ves gente comiendo en la basura".

Ni un capricho para la nieta

Tibisay Vadillo, que se queja del precio de la leche en polvo, tiene una nieta, y, como toda abuela, se desvive por poder darle un capricho, un dulce, o sea, ser lo que, en cualquier lugar, del mundo se llama "ser una abuela".

Sin embargo, la crisis venezolana roba a sus ciudadanos incluso esos momentos de la infancia, una chupeta, el clásico caramelo infantil, le cuesta hoy 70.000 bolívares "y eso regateando, buscando precios".

"Estoy yendo (a comprar) porque el (día) 27, cumple años mi nieta, quiero hacerle una gelatina pero estoy viendo los precios porque de verdad...", afirma.

Esos puntos suspensivos que deja Tibisay en el centro de Caracas, donde confluyen muchos ciudadanos de la capital en busca de un precio mejor o un producto que la escasez no permite hallar en cualquier lugar, resumen el abatimiento en la vida de los venezolanos.

Hoy ya no queda sino rastro de aquel desabastecimiento que llenó Venezuela de filas para comprar, pero se ha instalado algo acaso mucho peor, la imposibilidad de comprar productos básicos.

Martes 20 de octubre | 14:30

Los supermercados se llenan pero los estómagos siguen vacíos (…)

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El Gobierno de México sube por segunda vez en menos de un año el salario mínimo

La medida supone el mayor incremento a las compensaciones en más de 40 años en un entorno económico marcado por la parálisis en el primer año de López Obrador

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a dar un importante impulso al salario mínimo. Este lunes se ha anunciado un incremento del 20% a las compensaciones que entrará en vigor en 2020. Se trata del segundo anuncio de subida que hace el Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en menos de un año. A finales de 2018, el presidente anunció, poco después de asumir el cargo, un incremento del 16%. Unos 3.44 millones de trabajadores mexicanos se verán beneficiados por lo que es el mayor incremento al mínimo en más de 40 años.

Con el aumento, el salario mínimo pasará de 102.68 pesos a 123.22 pesos diarios, unos 6.5 dólares. El incremento es menos pronunciado, del 5%, en la frontera, donde el monto subirá de 176.72 pesos diarios a 185.56 (9.7 dólares). La zona fronteriza ya había visto subir al doble el mínimo en cuanto López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018. “Es una buena noticia, lo cierto es que no pensaba que se iba a lograr esto en un año de Gobierno”, admitió en Palacio Nacional el mandatario tras anunciarse el acuerdo entre los trabajadores y la patronal.

La actualización que el Gobierno del Morena hace del salario mínimo es el más importante en 44 años. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo este viernes que la muy esperada subida de diciembre pasado no impactó las variables macros que muchos vaticinaban. “En lo que va de 2019 la inflación no solo no se ha disparado, sino que ha sido de las más bajas en los últimos cuatro años”, presumió la ministra. El aumento del mínimo tampoco tuvo efecto sobre la creación formal de empleos, pues se han generado 724.000 puestos de trabajo formales. Muchos de ellos, no obstante, dependen de los programas de apoyos y becas creados desde la secretaría de Trabajo, como Jóvenes construyendo el futuro.

La patronal también estuvo presente en el anuncio de la medida. “Tenemos un sentido de consenso. Es a través del salario donde demostramos claramente nuestra responsabilidad social”, dijo Carlos Lomelí Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial. El empresario se comprometió, a nombre de las organizaciones reunidas, a que las familias reciban un salario de al menos 6.500 pesos mensuales (343 dólares). Esta cantidad representaría el piso de la línea mínima de bienestar dibujada por el Coneval, la institución que mide la pobreza en México. Salazar calcula que dos millones de familias están por llegar a esa marca próximamente. En México hay 52.4 millones de pobres, según cifras oficiales.

La medida pretende poner freno a una precipitada caída, superior al 70%, del poder adquisitivo. López Obrador ha reconocido que eso tardará aún. “Va a llevar tiempo, siendo realistas, porque esto no se resuelve por decreto”, añadió el presidente.

El anuncio es una buena noticia en un entorno económico marcado por la parálisis en el primer año de la Administración de López Obrador. El Banco de México, recientemente, modificó a la baja la cifra de crecimiento para 2019 y lo ubicó en un rango que va de 0,2% hasta territorio negativo. El Gobierno se ha mostrado optimista con la idea de que el nuevo tratado comercial para América del Norte, el T-MEC, y un ambicioso plan de infraestructura sean los motores para sacar la economía mexicana del atolladero.

Por LUIS PABLO BEAUREGARD

México 16 DIC 2019 - 23:33 COT

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