Abdo Benítez, flanqueadopor sus flamentes ministros de la Mujer y de  Educación. Imagen: AFP

Sin un claro liderazgo, los paraguayos se movilizaron por sexto día consecutivo

"Las dos gotas que hicieron rebalsar el vaso fueron la vacuna que nunca llega y los medicamentos que tienen que comprarse los familiares de enfermos de covid-19, porque en los hospitales no se consiguen", aseguró el politólogo Marcello Lachi. 

 

El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez tomó juramento este miércoles a los nuevos ministros de Educación y de la Mujer en un nuevo intento por frenar la crisis que atraviesa su gobierno, jaqueado por una fallida estrategia frente a la pandemia de coronavirus. En paralelo, las manifestaciones se repitieron en el país por sexto día consecutivo. "Este gobierno ha sido muy malo desde el principio, y la gente hace rato quería movilizarse pero no podía hacerlo por la pandemia. Las dos gotas que hicieron rebalsar el vaso fueron la vacuna que nunca llega y los medicamentos que tienen que comprarse los familiares de enfermos de covid-19, porque en los hospitales no se consiguen", aseguró en diálogo con Página/12 el politólogo Marcello Lachi. 

Este miércoles Juan Manuel Brunetti asumió la titularidad de la cartera educativa en reemplazo de Eduardo Petta, que dejó una gestión muy criticada por sindicatos, docentes y estudiantes. Brunetti es vicepresidente de la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay. "El anterior ministro era un incompetente, pero en su lugar Abdo pone a un tipo que no está muy lejos. Terminó siendo el único que le dijo que sí, lo que da una muestra de la crisis que atraviesa su gestión", advirtió Lachi al respecto.

En tanto Celina Esther Lezcano, que proviene del sector gremial y dijo no estar afiliada a ningún partido político, ocupará el cargo dejado por Nilda Romero, antigua militante del conservador Partido Colorado. La renuncia de Romero fue exigida a fines de febrero por colectivos feministas que la consideraron incapaz ante un aumento de los femicidios en el país.

Este miércoles las manifestaciones pacíficas convocaban a participar de un "libelo acusatorio ciudadano contra el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez". La convocatoria virtual invitaba a la población a acercar sus críticas al gobierno paraguayo a partir de las 18 horas frente al Congreso Nacional de Asunción. El martes, en el quinto día consecutivo de protestas frente a la residencia presidencial, Abdo completó los primeros cambios de su gabinete y le tomó juramento a Julio Borba como ministro de Salud. 

Sin un liderazgo claro y motorizadas por distintos sectores, las movilizaciones no se detienen en Paraguay bajo la consigna "Hasta que se vaya Marito", nombre con el que se conoce popularmente al mandatario de 47 años porque su padre, secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, también se llamaba Mario. 

El país declaró la alerta roja sanitaria ante el aumento de casos y la fragilidad de la estructura sanitaria. Poco parece haber quedado del país que supo ser ejemplo en la región por su rápida reacción frente a la pandemia.

 "La única cosa que puede apuntarse como un mínimo de éxito en este gobierno fue haber interpretado la gravedad de la pandemia sobre todo considerando que Paraguay tiene un sistema de salud muy escaso. Hasta hace poco los paraguayos viajaban a Argentina a curarse", remarcó Lachi. "El ministro de Salud convenció al presidente de cerrar todo e implantar una cuarentena fuerte. Y eso funcionó", manifestó el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Siena.

El ciclo fue virtuoso hasta que empezaron a llover denuncias por corrupción. "Paraguay tomó 1.600 millones de dolares y la mitad de esa plata tenía que ir a salud para mejorar el sistema de terapia intensiva, comprar respiradores, etc. Pero enseguida se comprobó que se estaban comprando cosas que no servían, se sobrefacturaba, y ese combo debilitó la imagen de la cartera de Salud", reconoció Lachi.

Hasta ahora Paraguay recibió apenas 4 mil dosis de la Sputnik V para inocular a 2 mil trabajadores de primera línea en la lucha contra el coronavirus. Además cuenta con otras 20 mil unidades de CoronaVac donadas por el gobierno chileno. El país sudamericano está en la cola de la región en la campaña de inmunización, y el pueblo se lo hace saber en las calles a un gobierno que no para de tropezar.

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Miércoles, 03 Marzo 2021 05:41

Poco a poco Brasil se va aislando del mundo

Poco a poco Brasil se va aislando del mundo

Crece la desconfianza internacional por el manejo de la pandemia de Bolsonaro

La OMS tomó nota de la forma agresiva con que el virus se disemina en Brasil frente a la indiferencia del capitán retirado Bolsonaro y de Eduardo Pazuello, su ministro de Salud.

 

Trascendió que Jair Bolsonaro ganó el apodo de "loco" en los mentideros diplomáticos de la ONU, donde están espantados frente a sus medidas y declaraciones respecto del Covid-19. La noticia de este martes fue la publicación de un decreto presidencial vetando la urgencia para la aprobación de vacunas con lo cual, de hecho, obstruyó el camino del inmunizante ruso Sputnik V, sobre el cual están interesadas una decena de provincias. El mandatario libra una guerra con los gobernadores urgidos por comprar fármacos a fin de remediar la lenta vacunación del gobierno nacional.

Los números brasileños son analizados con lupa en algunos despachos de la ONU en Ginebra, Suiza. Es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde no se descarta que Brasil, que actualmente es el segundo país del mundo en la lista de fallecimientos y el tercero en la de infectados ascienda a lo alto del podio, termine desplazando a Estados Unidos, que lidera los dos rankings globales.

La OMS tomó nota de la forma agresiva con que el virus se disemina en Brasil frente a la indiferencia del capitán retirado Bolsonaro y de Eduardo Pazuello, su ministro de Salud, que en vez de respetar los protocolos internacionales, optó por seguir a pies juntillas asneras de su jefe.

Así el general en acitividad Pazuello ordenó que sean distribuidos miles de kits con hidroxicloroquina en los puestos de salud pública de varios estados a pesar de que la OMS informó que el fármaco no sólo es ineficaz contra el coronavirus sino que puede causar efectos colaterales graves. Bolsonaro afirmó que el titular de la OMS, Tedros Adhanom, no tiene autoridad para hablar de la pandemia.

Bolsonaro llegó a ofrecer hidroxicloroquina a una avestruz que retozaba en el parque de la residencia oficial y se pone de mal humor cuando algún ministro se presenta con barbijo a las reuniones en el Palacio del Planalto. Periodistas que frecuentan el palacio presidencial cuentan que suelen ser objeto de ironías cuando llevan las mascarillas que son detestadas por el jefe de Estado, quien la semana pasada afirmó que éstas causan "efectos colaterales".

COMPARACIÓN

La comparación entre la situación sanitaria en Brasil y EEUU fue uno de los temas tratados por expertos de la OMS durante una reunión a puertas cerradas realizada en los últimos días, reportó hoy la corresponsalía en Suiza del sitio UOL, vinculado al diario Folha de San Pablo.

EEUU tiene unos 28 millones infectados y 514 mil muertos contra 10,5 millones de contaminados y 255 mil defunciones registrados en Brasil. A partir de esos números los especialistas analizaron la evolución de la dolencia en cada país antes de dejar trascender la hipótesis de que los sudamericanos podrían convertirse en los peores del mundo dentro de algunos meses.

Veamos las curvas estudiadas por la OMS : en diciembre EEUU mostraba 18.000 muertes semanales y Brasil contabilizaba 5.200 , pero la semana pasada EEUU bajó a 14 mil fallecimientos cada siete días y Brasil subió 8.200. Y los datos de la semana pasada están en armonía con un constante crecimiento, ya que lleva e 40 días consecutivos con alza de promedio de víctimas fatales. De esa comparación surge que los norteamericanos cayeron un 20 % y los brasileños subieron más del 50  por ciento en dos meses.

A la vez en diciembre EEUU registró 1,6 millones de nuevos infectados cada semana y Brasil 326 mil, mientras tanto la semana pasada hubo 471 mil contaminados estadounidenses y 378 mil brasileños. Nuevamente una baja pronunciada en el país del norte y un alza fuerte en el gigante latinoamericano.

Otro elemento visto con atención por la OMS y diplomáticos de varios países es el lento ritmo de vacunación brasileña, donde fueron inmunizadas unos 7 millones de personas mientras en EEUU lo hicieron cerca de 50 millones. A lo anterior se agrega que tanto en la OMS como en otros organismos multilaterales tienen reservas sobre las informaciones oficiales y los controles para impedir la circulación del virus dentro y fuera de las fronteras brasileñas.

A pesar de que varios países europeos bloquearon los vuelos brasileños la cepa surgida en la Amazonia penetró en el Reino Unido a través de pasajeros llegados desde San Pablo tras hacer escala en Suiza." La desconfianza con Brasil va a aumentar", comentó una fuente británica, que mantuvo su identidad preservada ante la consulta de UOLLo que el portal no precisó es si Bolsonaro es tenido como un "loco" en la OMS o en otra agencia de la ONU, ya que las denuncias contra él también llegan a menudo al Consejo de Derechos Humanos. Este lunes un representante de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil dijo ante el Consejo que los pueblos originarios están entre las principales víctimas del coronavirus y acusó a Bolsonaro de llevar una "política de exterminio" contra esas comunidades.

"BRASIL AISLADO DEL MUNDO"

Ante el agravamiento de la pandemia la entidad que nuclea a los ministros de Salud de los 27 gobiernos estaduales brasileños solicitó al Planalto que implemente un "lockdown" en las provincias donde se haya superado el 85 por ciento de ocupación de las salas de terapia intensiva.

Sin embargo el presidente afirmó el lunes que el aislamiento es una medida inadecuada para combatir el Covid-19 y aseguró que hubo un aumento de suicidios debido a los confinamientos decretados en algunos estados. Lo dijo sin citar fuentes o estudios científicos, los que tampoco había mencionado la semana pasada cuando habló de las contraindicaciones del tapabocas.

Para la profesora brasileña Marcia Castro, titular del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, tiende a crecer el número de países que establecen barreras a los vuelos procedentes Brasil, que se ha convertido en una suerte de ogro mundial. "De aquí a poco tiempo nadie va a querer recibir a alquien venido de Brasil," pronosticó

Castro mencionó que la variante amazónica, o cepa P1. comenzó a diseminarse en varias provincias brasileñas y fue exportada a otros paises debido a que Bolsonaro y Pazuello no impusieron restricciones a la circulación de personas entre las provincias y boicotearon los lockdowns.

"Podemos tener una situación como la de Manaos replicada en el resto Brasil", alertó Castro y citó que la variante P1 ya causó estragos en la ciudad de Araraquara, en el interior del estado de San Pablo, el más importante y populoso, cuyo gobernador Joao Doria, dijo ayer que evalúa la posibilidad de declarar un lockdown severo.

Ante las críticas lanzadas por la OMS, gobernadores y científicos, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, echó mano de un argumento casi religioso. Junto a la estatua del Cristo Redentor, en Rio de Janeiro, el congresista de ultraderecha dijo, " cerrar una ciudad, cerrar un estado es una medida dictatorial, es cerrar las iglesias donde las personas buscan fe, el lockdown causa deseperación a las familias".


También posee "un poder duplicado de contagio"

Un estudio reveló que la variante amazónica tiene una fuerte capacidad de reinfección

La variante de Covid-19 detectada en Manaos tiene la capacidad de eludir el sistema inmunológico y es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que las cepas que la precedieron. Ya se encuentra en casi todo Brasil.

Un estudio realizado por las universidades de San Pablo (USP) y Oxford reveló que la variante del coronavirus detectada en el Amazonas tiene capacidad de reinfectar a quienes ya fueron víctimas de Covid-19 y posee "poder duplicado de contagio".

Este informe se suma a otro de la USP y de la Universidad de Campinas que indica la existencia de la versión de Amazonas en ocho pacientes que hicieron la prueba con la vacuna CoronaVac, la más aplicada en el país para frenar la pandemia.

La segunda ola de coronavirus en Brasil, con 1200 muertos diarios de promedio, está vinculada a la explosión y diseminación de esta variante, que según el nuevo estudio brasileño-británico, surgió en noviembre en la ciudad de Manaos, capital de Amazonas.

Investigadores del Centro Brasil-Reino Unido para el Descubrimiento, Diagnóstico, Genómica y Epidemiología de Arbovirus (Cadde) explicaron que la variante P.1. es entre 1,4 y 2,2 veces más transmisible que las cepas que la precedieron.

Los científicos estimaron, además, que en una parte importante de las personas que ya están infectadas con el SARS-CoV-2 -entre el 25 por ciento y el 61 por ciento-, la nueva variante de Manaos puede eludir el sistema inmunológico y causar una nueva infección.

Manaos es la ciudad más grande de toda la región selvática sudamericana. Tiene una zona franca industrial con gran flujo de extranjeros y apenas una ruta terrestre, siendo que todo el transporte es aéreo y fluvial.

A mediados de enero colapsó por un brote inédito que provocó la falta de oxígeno y actualmente el Gobierno nacional de Jair Bolsonaro es investigado en la Corte Suprema porque supuestamente el Ministerio de Salud hizo caso omiso a los alertas de las autoridades sanitarias de Amazonas.

“En solo siete semanas, P.1. se convirtió en la cepa más prevalente de SARS-CoV-2 en la región", expresó la Fundación de Ayuda a la Pesquisa del estado de San Pablo.

El grupo de investigación del Cadde fue coordinado por Esther Sabino, de la Universidad de Sao Paulo, y Nuno Faria, de la Universidad de Oxford, de Reino Unido, teniendo como base el análisis genómico de 184 muestras de secreción nasofaríngea de pacientes diagnosticados de Covid- 19 en un laboratorio de Manaos entre noviembre de 2020 y enero de 2021.

“El mensaje que envían los datos es: incluso aquellos que han tenido Covid-19 deben seguir siendo cautelosos. La nueva cepa es más transmisible y puede infectar incluso a quienes ya tienen anticuerpos contra el nuevo coronavirus. Esto es lo que pasó en Manaos. La mayoría de la población ya tenía inmunidad e incluso entonces hubo una gran epidemia ”, explicó Sabino.

La variante del Amazonas, sostuvo el comunicado, tuvo un período de rápida evolución molecular y se desconocen las razones. “Rápidamente han aparecido varias mutaciones que facilitan la transmisión del virus, algo inusual”, afirmó la científica.

Ya a fines de enero, otro estudio de investigadores del laboratorio estatal brasileño Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) había indicado que en individuos infectados con P.1. la carga viral en el cuerpo puede ser hasta diez veces mayor.

Una de las claves del estudio de la Universidad de Sao Paulo y Oxford conocido este martes es la diseminación de la nueva cepa al resto de Brasil: se han contabilizado que viajaron desde Manaos hacia regiones del país 92.000 personas, un tercio a San Pablo, la mayor ciudad del país y principal centro económico internacional del territorio.

En paralelo, se conoció otro estudio que aún debe ser revisado por pares científicos y que hace referencia a la vacuna china CoronaVac que aplica Brasil junto con la de AstraZeneca.

"Los resultados sugieren que la P1 puede escapar de anticuerpos neutralizantes inducidos por una vacuna de virus inactivo" como la CoronaVac, sostuvo el estudio, repudiado por conocidos infectólogos en las redes sociales por tratarse de una mínima muestra pero que tuvo impacto al ser publicado por el diario O Estado de Sao Paulo.

Este trabajo fue divulgado en la página pre-prints (antes de revisión) del portal The Lancet por científicos de la USP y de la UNICAMP, y se basa en apenas ocho casos.

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Sábado, 27 Febrero 2021 08:09

Informalidad en tiempos de covid-19

Informalidad en tiempos de covid-19

Los hechos hablan por sí solos. Hasta finales de enero de 2021 habían fallecido en Colombia casi 54 mil personas infectadas por el covid-19. Para octubre de 2020 el 89,4 por ciento de los fallecidos pertenecían a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, como revelan las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en su informe del pasado 14 de enero.

Esta es una realidad que confirma que las medidas gubernamentales adoptadas para contener la pandemia quedaron cortas frente a la realidad que nos caracteriza como sociedad, en cada uno de sus tópicos, por ejemplo en cuanto al trabajo y allí la informalidad imperante.

Como es conocido, muchos trabajadores informales –en labor fuera de casa, en muchas ocasiones a la intemperie y en lugares concurridos–, ante la ausencia de protección social y apoyos suficientes durante la emergencia, terminaron sufriendo las consecuencias más adversas del covid-19. El 7.36 por ciento de quienes así laboran lo hacen en un sitio al descubierto y, como puede verse en el gráfico, el 76.64 por ciento de ellos subsisten con menos de USD $ 10 (35.000 pesos) por día, el umbral reconocido hoy por organizaciones internacionales como el mínimo adecuado para sobrellevar una vida digna.

Esta es una realidad desalentadora si tenemos en cuenta que, como las cifras recientes del Dane lo muestran, la informalidad creció en 1,5 puntos porcentuales durante el último semestre y es muy probable que siga en ascenso.

Las cifras dan cuenta, además, de una realidad: la mayoría de los trabajos de quienes pertenecen a estos estratos no pueden virtualizarse. De ahí que la ausencia de una política social gubernamental inclusiva que garantice ingresos de manera estable y suficientes para todos los hogares, congelando el pago de los servicios públicos, y con asistencia médica oportuna, haya empujado a cientos de miles de personas a elegir entre trabajar corriendo el riesgo de contagiarse o no trabajar corriendo el riesgo de no tener recursos para subsistir.

 

 

Realidad que nos coloca de frente al mundo del trabajo en Colombia, donde el contrato a término indefinido es para la minoría, donde el salario estable tampoco es para la mayoría, realidad que nos coloca ante el ejercicio de recaracterizar el mundo del trabajo en nuestro país y otros muchos en condiciones similares, buscando que la Carta Universal de Derechos Humanos no sea simple letra muerta.

No es para menos. Son miles de miles que trabajan por cuenta propia, en “famiempresas”, muchos/as en el rebusque callejero, sin ingresos fijos, estabilidad alguna ni seguridad social, en aquello que se conoce como la “economía informal”. Un sector económico que genera valor y soporta la reproducción social, pero que es estigmatizado o se deja usualmente de lado gracias a que no genera estímulos directos a las instituciones.


Economía “informal” que al ser caracterizada como tal y desde otras metodologías, no es insignificante. Según cálculos del equipo de investigación Rupturas21: Hacia nuevas economías, sociedades y legalidades*, 61.2 por ciento de los trabajadores en Colombia son informales –una cifra no distante de la realidad internacional–. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 60 por ciento de los trabajadores a nivel global, alrededor de 2 billones de personas, trabajan en el sector informal.


Pero si en tiempos “normales” la ausencia de inclusión afectaba a quienes estaban ligados a este tipo de economía, en tiempos “anormales”, como los abiertos por la pandemia, sí que es cierto. Es así como pudo comprobarse que durante esta crisis los trabajadores informales afrontan graves dificultades debido a la ausencia de mecanismos efectivos de seguridad y protección social que los cobijen, así como mecanismos legales que les aseguren estabilidad o ingresos fijos. Es así como la precariedad ha dado paso a una “ultra-precariedad”, como la denominan en el equipo de Rupturas21.

Este es el caso de Luz Mary Pardo**, una lideresa social, defensora de derechos humanos y vendedora ambulante de la localidad Santafé en Bogotá. Luz Mary vendía esferos a los alrededores de las universidades, las cuales en marzo de 2020 decidieron virtualizar todos sus procesos educativos. Sin universidades ni estudiantes, los ingresos de Luz Mary quedaron diezmados en su totalidad. Ella, así como varias de las comunidades a las que apoya, recibieron poca o ninguna ayuda estatal, al mismo tiempo que fueron obligadas a confinarse. Muchas de las y los trabajadores sexuales a quienes Luz Mary acompaña han sido además desalojados de sus hogares por falta de ingresos para el pago de la cuota diaria de arriendo en los conocidos “paga diarios”.

Esta, como otras miles de vivencias que llenan las calles de nuestro país, no son siempre recogidas ni procesadas en los estudios del Dane, institución para la cual los trabajadores informales son aquellos que laboran en empresas con menos de cinco trabajadores. Un criterio que sin embargo no es útil para entender la informalidad como un fenómeno económico y social, pues no tiene en cuenta un elemento fundamental: la seguridad social.

Según el equipo de Rupturas21, lo que realmente diferencia a trabajadores como Luz Mary de los trabajadores formales es la ausencia de una red de protección que les permita sortear situaciones difíciles, es decir, un sistema de protección social: cobertura en servicios de salud, ahorros para la vejez a través de un sistema pensional, cobertura de los riesgos asociados al trabajo y ahorros en caso de desempleo (auxilio de cesantía), entre otros. Rupturas21 decidió por ello utilizar como criterio para medir la informalidad la falta de contribución a los sistemas de salud y pensiones.

Con ese criterio, quienes llevan a cabo esta investigación encontraron, por ejemplo, que la cifra de 61.2 por ciento de trabajadores informales en Colombia se reduce a 54.5 en zonas urbanas, pero alcanza 85.7 por ciento en las áreas rurales. Ahora bien, si se entienden también como trabajadores informales aquellos que sólo contribuyen a uno de los sistemas –el de salud o el de pensiones– y que no tienen contrato escrito de trabajo, y/o que no ganan más del 95 por ciento del salario mínimo por hora, el volumen de trabajadores informales en Colombia aumenta al 68.2. En contraste, la última medición del Dane, publicada el 14 de enero de 2021, encontró que la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas principales del país es solo del 47.7 por ciento.

Los hallazgos de Rupturas21 muestran claramente que la economía informal es el sector más amplio de la economía colombiana. Este sector agrupa la mayor parte de la población activa laboralmente del país: cerca de 13’805.597 de trabajadores de un total de 22’548.899 de ocupados. Alrededor de 21 millones de personas (el 44.2% de los hogares), viven del trabajo informal en Colombia.

Un punto crucial a tener en cuenta es que las mujeres estadísticamente tienen menor representación en las cifras de trabajo informal. Esto se debe, sin embargo, a que sus labores domésticas y de cuidado, como mucho del trabajo que realizan entre una tarea y otra, no se cuenta como “ocupación”. El trabajo informal entendido de una manera amplía implica, por lo tanto, que las mujeres en su gran mayoría laboran en este sector. Las cifras de informalidad también deben ser leídas en términos de etnicidad. En Colombia el 48.2 por ciento de los trabajadores pertenecientes a minorías étnicas tienen trabajos inestables y con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Solo el 5.72 por ciento tienen trabajos calificados y estables.

En suma, como lo resalta Rupturas21, “la informalidad es la regla y la formalidad la excepción”. Esta afirmación no debe ser entendida, como lo afirman sus investigadores, como un llamado a un nuevo episodio de la ya larga e infructuosa lucha en contra de la informalidad. En su lugar, esta realidad debe servir como un llamado a una reflexión profunda sobre el importante papel de la economía informal y sus trabajadores en la economía nacional.

No hay duda de ello. Los trabajadores informales contribuyen de manera aún no reconocida a las cadenas de valor y productivas que suelen ser entendidas solo en términos de la economía formal. Los aportes de tal economía a la producción de riqueza no son usualmente considerados o cuantificados. Esto significa que el trabajo informal no solamente se ignora y condena, sino que se remunera sistemáticamente por debajo de su valor real. El resultado de esto es que el trabajo informal termina subsidiando de manera silenciosa la formalidad. Algunos cálculos usados por Rupturas21 sugieren que los trabajadores informales generan alrededor del 25.25 por ciento del PIB –una cifra que habla de manera contundente de la vitalidad, muchas veces no reconocida, del sector informal.

En esta dinámica, la forma en la que el Dane mide la informalidad y la concepción que acompaña muchas políticas públicas y aproximaciones internacionales a la informalidad, invisibiliza cómo las precariedades asociadas a ella existen a través de todo el mercado laboral: aún un 16 por ciento de los trabajadores con empleos cualificados y estables laboran en condiciones de informalidad, la que alcanza, por supuesto, 93.5 por ciento de los trabajadores que laboran en condiciones de inestabilidad y que reciben bajos recursos por su esfuerzo.

Teniendo en cuenta que la formalidad es la regla pero no lo dominante, y que más informalidad va a hacer parte de la “nueva normalidad”, Rupturas21 hace un llamado urgente para adoptar nuevas políticas sociales, económicas y de salud pública. En concreto, este grupo de investigadores propone en sus informes, entre otras medidas, (i) que se cuantifique la contribución que los trabajadores informales hacen a las economías de los países no sólo a través de sus contribuciones tributarias sino también mediante su participación en cadenas de valor, (ii) que la afiliación a la seguridad social no dependa del vínculo laboral o de la categorización de una familia en “extrema pobreza”, (iii) que se modifique la concepción estatal restringida de formalidad, y (iv) que se diseñen políticas de protección social para hacer frente a los efectos de la crisis de salud pública y que cobijen a los trabajadores informales (por ejemplo, renta básica universal).

* El proyecto Informalidad en tiempos de covid-19, llevado a cabo por Rupturas21, con el apoyo financiero de las Universidades de Kent, de Essex y de Warwick en el Reino Unido. En su realización ha entretejido alianzas con: la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el Observatorio para la Equidad de la Mujer de la Universidad Icesi y el Observatorio Laboral, el Grupo de Investigación en Salud Pública y la Alianza EFI de la Universidad del Rosario. Con el fin de entender tanto las dinámicas internas como las contribuciones del trabajo informal a la economía y el bienestar en Colombia y países similares, Rupturas21 ha desplegado desde el mes de abril de 2020 un grupo de académicos socio-jurídicos, economistas, expertos en salud pública, antropólogos, productores audiovisuales, diseñadores gráficos, traductores y expertos en políticas públicas. Con una apuesta visual novedosa, todos los productos del proyecto están escritos en un lenguaje sencillo y están disponibles de forma gratuita en línea. Para asegurar que las lecciones aprendidas en Colombia sean discutidas e informen cambios en otros países, todos los productos están disponibles en inglés. Los lectores pueden seguir el trabajo de Rupturas21 a través de su cuenta de Twitter: @Ruptures_21.
** El trabajo estadístico de Rupturas21 ha sido combinado con metodologías cualitativas con el fin de dar cuenta de las experiencias individuales de los trabajadores informales, muchas veces dejadas de lado por las cifras agregadas. Para ello se han reconstruido las historias de vida de Luz Mary y otros trabajadores informales: una familia de recicladores, un rappitendero migrante irregular, una familia de transportadores y una partera tradicional perteneciente a la comunidad indígena Embera y actualmente desplazada en Bogotá. Todas las historias muestran que la informalidad en el trabajo va acompañada de múltiples y difíciles estrategias de supervivencia –el famoso rebusque.

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Sábado, 27 Febrero 2021 06:20

La ideología del miedo

Albert Bourla, CEO de Pfizer, en la bolsa de valores de Nueva York, en 2019 Afp, Drew Angerer

El control privado de las vacunas y la sindemia de covid-19

 

En un mundo aquejado por la búsqueda del beneficio, las pandemias amenazan con hacerse interminables. La incertidumbre dificulta pensar en salidas a la crisis global.

La historia la cuenta el diario italiano Il Manifesto en una muy breve crónica. Transcurre en el municipio de Ascoli Piceno, en la región italiana de Las Marcas. Allí, a las puertas de una planta del laboratorio Pfizer, representantes de centros sociales de la zona se plantaron con carteles reclamando la expropiación por el Estado de las vacunas contra el covid-19. Protestaban contra la mercantilización de la salud, contra la impunidad con que se mueven las transnacionales, en general, y las del sector farmacéutico, en particular, especialmente durante las crisis sanitarias, muy especialmente en esta crisis sanitaria. Un sindicato los apoyaba. No todos, sólo el de la sección de la Confederación General Italiana del Trabajo, la confederación obrera mayoritaria, que muchos años atrás era considerada la central «del Partido Comunista». El sindicato reclamaba, además, contra los despidos directos e indirectos en esa fábrica a pesar de que las ganancias globales de la Pfizer en estos meses han crecido a mayor ritmo que la propia pandemia, que Ascoli era considerado tradicionalmente por la propia megaempresa como uno de sus «polos más productivos» en Europa y que la producción en la usina de Las Marcas no había caído.

En Ascoli no se fabrican vacunas, pero sí antivirales que se utilizan en el tratamiento del covid-19. La planta italiana tuvo su mayor gloria cuando abastecía a casi toda Europa de Viagra y del antidepresivo Xanax. Una metáfora perfecta de Las Marcas, una provincia bipolar que se mueve alternativamente entre la euforia y la depre, apunta Il Manifesto. Hoy tira francamente a la depre, y también a la resignación, que domina hasta a los propios trabajadores de la fábrica de Pfizer. Perdieron 500 compañeros en poco tiempo, ellos deberán trabajar más para suplirlos y, mientras, los ingresos de sus patrones globales aumentaron. Pero las protestas vienen sobre todo de fuera, de unos grupos de jóvenes que plantean cosas medio locas, como que la salud no puede ser un territorio de lucro como cualquier otro. A Pfizer le resulta hoy mucho más rentable deslocalizar: le sobra gente. Algunos de los sindicatos lo entienden. «Son las reglas del mercado», dijeron los directivos de la empresa cuando algunos periodistas les preguntaron por qué despedían en Ascoli. Y lo mismo dijeron cuando les preguntaron por qué consideraban tan disparatado que esa gente de los centros sociales que manifestaba en las afueras de su fábrica planteara que en tiempos de pandemia una vacuna que podría curar debería ser considerada un bien social y que las patentes de Pfizer, de Astrazeneca, de Moderna, de las empresas todas, sobre esos productos, deberían ser suspendidas, expropiadas por los Estados. Que si es cuestión de leyes, las leyes se cambian.

Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo se puede pensar así?, razonaron los ejecutivos. ¿Qué empresa invertiría en innovación y en tecnología si no pudiera tener una buena y justa ganancia? Si ese es el motor que mueve el mundo. Los de los centros sociales planteaban, en cambio, que cómo era posible que se naturalizara a tal punto el descaro, decían que no se podía desligar los despidos en Ascoli de las ganancias exorbitantes de la Pfizer, que la lógica en un caso y en otro era la misma aunque a primera vista no lo pareciera: «Que las vacunas deben pagarse y que los trabajadores, si son inútiles, deben quedar por el camino», resumió Il Manifesto. Decían que se trata de cambiar esa lógica. Y escribían en un volante que las vacunas son hoy «un campo de batalla político», y que quienes las poseen «tienen una influencia directa sobre el conjunto de la producción económica y la reproducción social» y fijan reglas ante las cuales los Estados son impotentes, entre otras cosas, porque quienes los manejan, en casi todo el mundo, son quienes han creado las actuales reglas del juego y están muy lejos de querer modificarlas. Que es muy común que las mismas personas –o sus amigos, o sus parientes, o sus colegas, o sus socios en el país y en el exterior– estén de ambos lados del mostrador. El viejo sistema de las puertas giratorias.

Y decían también los de los centros sociales que cómo no va a influir la ideología en el manejo de las vacunas, y de la pandemia, y de las salidas a la pandemia, y de la entrada al nuevo mundo pospandémico. Que la naturalización de unas reglas del juego nada tiene de natural, y todo de construcción cultural, de construcción política. En fin, de ideología.

* * *

«Por ahora la vacuna no ha hecho mucho más que desnudarnos», escribe en su blog Cháchara el escritor y periodista argentino Martín Caparrós. «Hacía mucho que nada mostraba con tanta claridad cómo está organizado –dividido– el mundo en que vivimos. Las cifras son brutales: al 7 de febrero se habían aplicado 131 millones de dosis: 113 millones en Estados Unidos, China, Europa, Inglaterra, Israel y los Emiratos Árabes; 18 millones en todos los demás. Unos países que reúnen 2.200 millones de habitantes, el 28 por ciento de la población del mundo, se habían dado el 86 por ciento de las vacunas. O, si descontamos a China y concentramos: el 10 por ciento de la población del mundo se aplicó el 60 por ciento de las vacunas.» Y, si hablamos de muertos por la pandemia, es América Latina la que los pone proporcionalmente mucho más que el resto: una cuarta parte del total de fallecidos, con 8 por ciento de la población del planeta.

El miércoles 24, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef informaban que Ghana estaba recibiendo las primeras dosis de vacunas gratuitas entregadas en el marco del programa multilateral Covax, previsto para los países de ingresos bajos y medios. Seguirán otros países africanos y latinoamericanos, incluido Uruguay. Pero en total este año Covax no podrá ir más allá de las 2.000 millones de dosis, que darán para unos 1.000 millones de personas. Una enormidad quedará sin vacunar. Hay países, sobre todo africanos, muchos asiáticos, algunos latinoamericanos, que no podrán pagar ni un centavo por hacerse de los frasquitos presentados como milagrosos. Si nada cambia, deberán esperar hasta 2022, tal vez hasta 2023 para que les lleguen las dosis vía Covax. Canadá, mientras tanto, reservó una canasta de vacunas que da para inocular a entre cinco y nueve veces a toda su población, según la fuente que se tome: la agencia Bloomberg habla de cinco, el inmunólogo irlandés Luke O’Neill, de nueve. Por los mismos andariveles juegan Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de los países de la Unión Europea.

En África no se sabe ni de cerca cuántos enfermos de covid-19 hay, como no se saben tantas otras cosas. Las cifras oficiales están absolutamente por debajo de la realidad, porque los test que se realizan son muy pocos. Pero sí se sabía que hasta mediados de enero sólo se había vacunado a 7.000 de sus más de 1.200 millones de habitantes. Organismos internacionales calcularon en 2017 que una cuarta parte de los enfermos por diversas dolencias en el planeta se concentran en ese continente, recordaron las periodistas Séverine Charon y Laurence Soustras en la edición de diciembre del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Son pacientes de enfermedades que en otros lares se curan más o menos fácilmente y de las que los ricos no mueren, tampoco en la propia África. De esas enfermedades seguirán muriendo probablemente los africanos pobres, es decir, buena parte de la población del continente, cuando el covid-19 pase, porque importa poco a los laboratorios destinar dinero a intentar curarlas. África representa apenas el 2 por ciento del gasto sanitario mundial, que en 2015 se estimaba en cerca de 10 billones de dólares anuales (El País de Madrid, 4-VI-19). En muchos de los países de lo que alguna vez se llamó tercer mundo, «las vacunas se devoran los presupuestos de salud para que, una vez que pase la tormenta, hospitales y quirófanos queden igual de maltrechos [que] como estaban antes», apunta en la revista argentina Mu la psicóloga y feminista boliviana María Galindo.

* * *

India, Sudáfrica, Pakistán, Mozambique y la ex-Suazilandia plantearon a fines del año pasado en la Organización Mundial del Comercio que los fabricantes de las vacunas renunciaran por un tiempo a sus patentes de propiedad intelectual. Por un tiempo –insistieron, remarcaron–, hasta que lo más grave de la pandemia pase. Después, podrán seguir haciendo sus negocios as usual. Pero no hubo caso (véase «Militar la patente», Brecha, 15-I-21). Se opusieron fundamentalmente los países centrales, que salieron en defensa de «sus» empresas a pesar de ser ellos mismos rehenes de esas transnacionales (ahí están los retrasos, las promesas incumplidas, los precios al alza), a las que además financiaron chichamente para que pudieran producir sus fármacos.

Un informe de BBCMundo, difundido el 15 de diciembre, a partir de un trabajo de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity, señala que hasta esa fecha los gobiernos llevaban invertidos 8.600 millones de dólares en la búsqueda y el desarrollo de vacunas y que otros 1.900 millones habían provenido de organizaciones sin fines de lucro. La inversión propia de las empresas se había limitado a 3.400 millones, pero la plata de los Estados, en vez de ir prioritariamente hacia los laboratorios públicos, fue para los privados. «Sólo cuando los gobiernos y las agencias intervinieron con promesas de financiación [las grandes farmacéuticas] se pusieron a trabajar», señaló el medio británico. Hasta entonces no veían el negocio. Ahora sí lo ven, sobre todo a futuro: pocas inversiones propias y, cuando el covid-19 se cronifique y puedan volver al mercado normalmente, venderán sólo al que pague lo que ellas exijan.

Mientras tanto, alguna que otra condicioncita impusieron a sus compradores. Más aún a los que menos pueden pagar pero tienen menor capacidad de negociación y presión. Pfizer ha destacado por su voracidad. Brecha reveló el mes pasado que la transnacional estadounidense les reclamó a los países latinoamericanos con los que negoció que pusieran activos soberanos –sedes diplomáticas, bases militares y reservas en el exterior, entre otros– como garantía ante eventuales causas legales (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-21). A Perú le pidió renunciar a su inmunidad soberana en materia jurídica y eximir a la empresa de responsabilidad ante posibles efectos adversos y retrasos en las entregas. Argentina no aceptó las vacunas en esas condiciones. Tampoco Brasil (demasiado es demasiado hasta para Jair Bolsonaro). De acuerdo con un artículo publicado esta semana por el Bureau of Investigative Journalism y la asociación peruana Ojo Público, un cuarto país de la región, no mencionado «porque sigue negociando», manifestó, al parecer, reticencias a algunas cláusulas. Pfizer ya tiene acuerdos de suministro con nueve países de esta región: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú. Y Uruguay. Los términos de esos acuerdos son confidenciales. Así es con los acuerdos con las transnacionales. Llámense Pfizer o UPM. Y así es con muchos gobiernos.

* * *

El inmunólogo irlandés O’Neill les dijo a los países ricos que era de su propio interés donar sus sobrantes de vacunas a los más pobres. No acepten suspender ninguna patente. No. Hagan como Bill Gates, como Elon Musk: sean filántropos, donen algo de lo mucho que les sobre. Esa es la condición, afirmó, para que ustedes mismos, señores ricos de los países ricos, puedan en relativamente poco tiempo recuperar su libertad de viajar para hacer negocios o turistear, de volver a salir, de volver a vivir la vida, porque los pobres del mundo seguirán migrando aunque les pongan mil vallas, les levanten mil muros o los traten de aventar con cañoneras en el Mediterráneo o en otras aguas. Y si no se vacunan, los contaminarán. Y ustedes volverán a necesitar que los ciudadanos de los países «de afuera» de su cortina de dinero los visiten, que vayan a trabajar a sus países, que hagan hijos en sus países para que la población crezca. Cual José Mujica a los empresarios yoruguas (no sean nabos, mijos, denles algunas migajas a sus trabajadores, así pueden seguir ganando sin que los molesten), O’Neill les dijo a los países ricos: piensen en ustedes y verán que es buen negocio la filantropía.

Pero parece que ni con eso la gula vacunística encontrará un coto, porque no se avizora por el momento reacción alguna en esa dirección. En enero, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue bastante más duro que su colega europeo (ambos son inmunólogos) al denunciar la voracidad de los países ricos. Habló de «nacionalismo de las vacunas» y lo calificó como «moralmente indefendible, epidemiológicamente negativo y clínicamente contraproducente». Y se metió un poquito más con el sistema que genera ese tipo peculiar de «nacionalismo». Se refirió, por ejemplo, explícitamente a los «mecanismos de mercado». Dijo que son «insuficientes para conseguir la meta de detener la pandemia logrando inmunidad de rebaño con vacunas» y defendió el papel de la sanidad pública, la necesidad de reforzarla, y se refirió a la decadencia en que se encontraba incluso en el primer mundo como consecuencia de recortes y ni que hablar en el resto del planeta. «Tengo que ser franco: el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los países más pobres», clamó igualmente el jefe de la OMS.

* * *

Pero es de apostar que no habrá colas para seguir de manera estable los consejos del bueno de Tedros. Es cierto que en los primeros meses de la pandemia hubo amagos de que el Estado retornaba –buenamente– por sus fueros tras décadas de neoliberalismo. Se habló de neokeynesianismo y asomó alguna lucecita de que se pudiera estar pergeñando alguna salida que no nos retrotrajera a lo de antes. Y es cierto que muchos países –no Uruguay, precisamente– invirtieron lo que nunca en ayudas sociales. Estados Unidos se salió de las cuadraturas del credo y el muy liberal de Donald Trump hasta forzó a la General Motors a fabricar respiradores para los pacientes con covid-19 que comenzaban a morir por trojas en los CTI mientras la megaempresa retaceaba los aparatos. Pero sucede así en las crisis: parece que un cambio radical se dibuja casi que a la vuelta de la esquina, pero luego se vuelve al casillero de partida, porque «los reflejos de clase, los intereses de quienes detentan el poder en la mayoría de los países, en las transnacionales, pueden mucho más que los efímeros respingos de los momentos más duros», se dijo en Ascoli. Y aunque las «condiciones objetivas sobran» para un cambio radical, las subjetivas sufren una anemia profunda y porfiada.

* * *

Por el medio, además, pasó el miedo. Pasa el miedo. La contracara del retorno por sus fueros de la defensa de lo público es el reforzamiento de los controles, de los mecanismos de represión: que la urgencia securitaria se haya incluso adelantado a la urgencia sanitaria. «A primera vista hay como una paradoja: la primera respuesta de los Estados a la crisis sanitaria es securitaria», escribía allá por los primeros tiempos pandémicos, en la edición de mayo de Le Monde Diplomatique, el investigador francés Félix Tréguer. «Incapaces por el momento de oponer un tratamiento al virus, mal equipados en camas de reanimación, en test de rastreo y en mascarillas de protección, es a su propia población a la que los gobiernos erigen como una amenaza. Pero la paradoja es sólo aparente. A través de los siglos, las epidemias marcan episodios privilegiados en la transformación y la amplificación del poder del Estado y la generalización de nuevas prácticas policiales, como el fichaje de las poblaciones.» Y ahí vemos a las grandes tecnológicas como Google, como Facebook, como Amazon, como Tesla, estableciendo acuerdos con las farmacéuticas –ambos están entre los sectores más ganadores de esta crisis– y con los Estados, supuestamente por buenas causas. Da para temer en estos tiempos de exacerbación del «capitalismo de vigilancia» (véase «Orwellianas», Brecha, 16-I-21), pero eso también lo naturalizamos y ponemos el acento en lo bueno de los avances tecnológicos. «Preferimos no ver lo otro», escribía Caparrós en su columna. Cuando el terremoto de Haití de 2010, que mató a un cuarto de millón de personas, vimos con naturalidad desembarcar en la pobre isla a cientos y cientos de marines. En los informativos en bucle de los canales de televisión vimos decenas de veces la llegada de los aviones con sus soldados armados a guerra, sin preguntarnos qué iban a hacer, el porqué de una respuesta securitaria a una crisis sanitaria, humanitaria, social. Las brigadas de médicos cubanos pasaron, en cambio, desapercibidas. Cuestión de focos.

Hoy no se trata de decir que no hay que cuidarse. No es eso, escribe Galindo en Mu. No hacerlo no te hace más libre, sino menos empático. Pero estamos naturalizando todo un «léxico pandémico» que tiene una carga simbólica particularmente pesada. Y cita: Cuarentena, confinamiento, distanciamiento social, aislamiento, toque de queda, bioseguridad. El encierro. Hasta el propio teletrabajo, que viene para quedarse y supone toda una revolución en las relaciones laborales. O la noción de actividades esenciales, que coloca a quienes las ejercen en los primeros planos, pero no les da más derechos (¿han aumentado sus ingresos las cajeras de los supermercados, los pibes de los deliveries? Acaso sí los trabajadores de los frigoríficos, porque en muchos lados tienen sindicatos fuertes, y ahí el acento acaso habría que ponerlo en eso: porque tienen sindicatos fuertes…).

«La pandemia es un hecho político no porque sea inventada, inexistente o haya sido producida artificialmente en un laboratorio. La pandemia es un hecho político porque está modificando todas las relaciones sociales a escala mundial y es por eso legítimo y urgente pensarla y debatirla políticamente», piensa la boliviana. Algo así decía también el filósofo español Santiago Alba Rico en una columna reciente en Rebelión. Partiendo de una idea de Richard Horton, un científico británico de alto nivel que es jefe de redacción de la revista The Lancet, hoy ya de moda, Alba Rico decía que el mundo no está hoy ante una pandemia, sino ante una sindemia, es decir «ante una pandemia en la que los factores biológicos, económicos y sociales se entreveran de tal modo que hacen imposible una solución parcial o especializada y menos mágica y definitiva. El problema no es, pues, el coronavirus. El problema es un capitalismo sindémico en el que ya no es fácil distinguir entre naturaleza y cultura ni, por lo tanto, entre muerte natural y muerte artificial».

* * *

Ante la magnitud de estos cambios, de la rapidez pandémica de estos cambios, estamos hoy inertes, desconcertados, a la intemperie. «Los sujetos sociales están siendo diluidos por fatiga, por falta de ideas, por luto, por incapacidad o imposibilidad de reacción», apuntaba Galindo. Decía también que «hay personas despojadas que se están reconstituyendo como sujetos sociales con capacidad interpeladora. Aquellas personas que se vuelcan sobre los animales para reintegrarse como animales, o las que producen salud, alimentos o justicia con sus colectividades son quienes no han sido paralizadas por el miedo». Cree que de ahí puede venir algo. Tal vez. Pero ella misma aclara desde el principio de su nota que no escribe «desde Bolivia, sino desde un territorio que se llama incertidumbre». Y ahí, en la incertidumbre, está otra de las claves. Cómo hacer para cambiar un mundo que se sabe que va al abismo cuando nos abruman las dudas. Una certeza, una grande, hay entre quienes en serio quieren salir de «esto»: «La pandemia es el capitalismo». Es el título de su nota, es la esencia de la de Alba Rico, acaso el pensamiento de Caparrós y el de muchos otros que andan por ahí, a menudo aislados, a veces juntos. «La velocidad de los cambios es la velocidad de una metamorfosis profunda. Interpretarla a riesgo de equivocarnos es nuestra apuesta», termina Galindo.

Daniel Gatti
26 febrero, 2021

Publicado enSociedad
Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

 

 

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Publicado enEdición Nº276
Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

Publicado enColombia
El desmantelamiento de la democracia y ciudadanía

Desde los años setenta del siglo XX, se está produciendo un  ataque concéntrico a la democracia.  Su objetivo, romper la ciudadanía mediante la  despolitización de los procesos de toma de decisiones  y la  desideologización de la gestión pública.  El primer envite recayó en la bautizada Internacional del capitalismo allá por el año 1973. La Trilateral.  En su interior, se dan cita empresas  trasnacionales, banqueros, políticos liberales, conservadores o  socialdemócratas, de Japón, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Su objetivo refundar el capitalismo y realizar una crítica de fondo al concepto de la democracia acuñada por el keynesianismo.

La Trilateral,  fue el buque insignia desde la cual  se lanzaron  las directrices  para encarar  las reformas neoliberales. Así se inició el desmontaje de los acuerdos nacidos tras la segunda guerra mundial para enfrentar la pobreza, el subdesarrollo, el hambre y la injusticia social. La carta de los derechos humanos, 1948, había sido el referente. El acceso  a la vivienda, la salud, la seguridad social, la educación, condición sine qua non para construir una democracia representativa, a la par  que un como proyecto de sociedad incluyente, fue cuestionada. El capitalismo con rostro humano perdía fuerza.

A inicios de los años setenta, con la primera crisis el petróleo, se dudó del sentido y los principios sobre los cuales se definía la democracia.  La trilateral introdujo un argumento espurio.  La extensión de los derechos democráticos ponía en riesgo la propia democracia y con ello el capitalismo.  La ampliación de la ciudadanía dirán,   hace ingobernable la democracia. Si los ciudadanos exigen un aumento del gasto social, subidas salariales, jubilaciones dignas,  es imposible que el capitalismo subsista a largo plazo. Hay que  actuar de forma rápida y quirúrgicamente. Limitar las libertades y redefinir la democracia. Da igual el color del gobierno, socialdemócrata, liberal, conservador o democristiano. Hubo coincidencia. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Felipe Gonzalez,  Miguel de la Madrid,  Alan García, o el tirano Augusto Pinochet, todos coincidían. La democracia era un problema. Abrir las fronteras, flexibilizar el mercado laboral, quitar barreras arancelarias, y construir una economía de mercado eran los nuevos retos. Fueron la reforma del Estado y el proceso de gobernabilidad los pilares sobre los cuales comenzó el desmontaje de los derechos de ciudadanía y la jibarización de la democracia.  En 1979,  el hoy,  ex director de El País, Joaquín Estefanía publicó su ensayo La Trilateral, internacional del capitalismo. El poder de la trilateral en España. En el interior  aparece el nuevo significado de la democracia trilateral como: "una profundización e impulso a la internacionalización del capital (…) y una defensa  de las democracias autoritarias, o lo que Poulantzas ha denominado ‘estatismo autoritario’, consistente  en el recorte  de las libertades primarias dentro de un legitimador Estado de derecho".

Ha trascurrido medio siglo y las democracias restringidas, protegidas u ordenadas se han expandido en el mundo de la mano de las políticas neoliberales y la reforma del Estado. Privatizar, desregular y descentralizar, han sido los  argumentos para destruir  la ciudadanía. Lentamente se han  perdido derechos democráticos.  La inversión pública tiene topes constitucionales,  la sanidad, la educación, la vivienda son trasformados en negocios rentables para fondos de riesgos. Igualmente los trabajadores han visto disminuir los salarios, criminalizar sus organizaciones sindicales, cuando no ver crecer contratos basura y el despido libre. Las desigualdades, la pobreza y el desempleo, se han cronificado. Se procedió a  rematar y desmantelar el sector público, llevando a miles de ciudadanos a la indigencia, aumentando el número de pobres, junto a los suicidios por depresión.

La primera revolución neoliberal consiguió su objetivo, reformar el Estado y desarticular la democracia como una forma de vida, la redujo a una técnica procedimental. La democracia son, ahora,  simplemente reglas del juego, un modelo normativo, un cascaron vacío.  Democracias sin demócratas y ciudadanos sin ciudadanía. De esta guisa emerge una definición de mínimos, los ciudadanos mutan  en consumidores. Von Mises, teórico,  junto a Hayek, exponente del liberalismo y la economía de mercado, aclara en  La mentalidad anticapitalista, que debemos entender por democracia: "la democracia de mercado se desentiende del ‘verdadero mérito, de la íntima santidad, de la personal moralidad, de la justicia ‘absoluta’. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos".

Hayek por su parte, en un artículo publicado en 1976, ¿A dónde va la democracia? , señala como  su significado  ha degenerado y se ha vuelto un problema para las elites gobernantes: "democracia, un método saludable para llegar a tomar decisiones políticas (…) se ha convertido en pretexto para imponer fines sustancialmente igualitarios" Una democracia  de mercado, no debe verse influenciada por decisiones éticas, ni valores igualitarios. Para Hayek, la justicia social o las políticas destinadas a favorecer a los sectores más vulnerables y  desprotegidos son distorsionan las leyes del mercado y no forman parte de la democracia capitalista.

La democracia ha dejado de ser una práctica política, una forma plural de control y ejercicio del poder, mediado por el bien común y el interés general.  Hace ya décadas, el mandar obedeciendo del sentir democrático se ha extraviado. Ya no es un proyecto de vida, de ciudadanía, de dignidad, de compromiso ético, de responsabilidad colectiva. Si hablamos de democracia, al decir de Pablo Gonzalez Casanova,  deberíamos preguntarnos qué tal andamos de participación, de representación, de mediación, de negociación y de coacción.  La democracia no puede ser un método, una forma sin contenido.  Es un proyecto vital de ciudadanía, posee una dimensión social, de género, cultural, étnica y política. Es un acto de responsabilidad, su ejercicio tiene consecuencias.  Hoy, sufre un proceso de involución. La pandemia deja al descubierto los múltiples rostros de la injusticia social, la pérdida de derechos. En definitiva, hoy morirse de hambre se ha convertido en un hecho auténticamente democrático.

Por Marcos Roitman Rosenmann

Sociólogo y analista político

22/02/2021

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Bill Gates sugiere que podría necesitarse una tercera inyección de la vacuna para frenar nuevas variantes del coronavirus

Además, es probable que sea necesario modificar las vacunas para que protejan contra las nuevas cepas.

 

El multimillonario y filántropo estadounidense Bill Gates no descarta que pueda necesitarse una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para prevenir casos graves de nuevas variantes de la enfermedad, según lo señaló este martes durante una entrevista para el programa 'Evening News' de CBS.

"La discusión ahora es si solo necesitamos obtener una cobertura súper alta de la vacuna actual, o necesitamos una tercera dosis de la misma, o necesitamos una vacuna modificada", dijo el cofundador de Microsoft, en medio de las preocupaciones de que los antídotos actuales puedan ser menos eficaces contra las variantes sudafricana y brasileña de coronavirus.

De hecho, según Gates, las cinco compañías que tienen vacunas en EE.UU. "están considerando hacer esa modificación y agregarla", por si las personas que ya hayan recibido dos inyecciones "necesitan una tercera", explicó. 

"Creo que es razonablemente probable que tengamos una vacuna ajustada solo para asegurarnos absolutamente de que, cuando estas variantes lleguen a EE.UU., no escapen de la protección de la vacuna", indicó el filántropo, que está financiando estudios en Sudáfrica para determinar si las vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax resultan igual de efectivas contra la variante más contagiosa.

En este sentido, el multimillonario detalló que "AstraZeneca, en particular, tiene un desafío con la variante", mientras que las otras dos vacunas, de Johnson & Johnson y de Novavax, "son un poco menos efectivas, pero aún lo suficientemente eficaces como para que debamos sacarlas lo más rápido posible mientras estudiamos esta idea de ajustar la vacuna".

Si el coronavirus no es erradicado, es posible que se necesiten inyecciones adicionales de la vacuna en el futuro, aunque "probablemente no anualmente", admitió Gates

Publicado: 18 feb 2021 01:40 GMT

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El equipo de la OMS abandona China después de 27 días

Tras 27 días en Wuhan y 14 de ellos en un hotel, los expertos internacionales dan media vuelta con algunas pistas, sin saber cuándo podrán volver sobre el terreno y con Washington acusando a Pekín de ocultar información a la OMS

La misión que se anunció a bombo y platillo hace unos meses para rastrear el origen del coronavirus en China ha llegado a su fin. El panel de 17 expertos de la Organización Mundial de la Salud han puesto rumbo a sus países un mes después de aterrizar en Wuhan (la mitad del cual han guardado cuarentena en un hotel) y tras haber avanzado los resultados de su investigación el pasado martes junto a sus homólogos chinos. El informe completo será publicado por la OMS la próxima semana. 

Según los primeros resultados, la COVID-19 se trataría de una enfermedad de origen animal pero se desconoce aún qué especie contagió a un humano por primera vez. Descartan que fuese el murciélago o el pangolín, puesto que no había poblaciones de estos mamíferos cerca de Wuhan, y sus siguientes hipótesis son que otro animal actuase como intermediario o que llegase a través de los productos congelados que abastecen a los mercados de la región de Hubei. También han concluido que la lonja de Huanan no fue el origen de la transmisión comunitaria, como se creía en un inicio, y que el virus no se liberó a propósito de ningún laboratorio, hipótesis cargada de tintes racistas y extendida entre los críticos con el hermetismo de la República Popular China. No obstante, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que todas las teorías se siguen estudiando, incluida la del escape.

El país asiático ha sido acusado por el propio Ghebreyesus de torpedear la llegada del equipo extranjero y de dilatar la máximo la misión, que se ha llevado a cabo un año y dos meses después de haber registrado el primer caso. En la rueda de prensa, Liang Wannian, jefe de la delegación china, incidió en cambio en la estrecha colaboración que mantuvieron el gobierno de su país y sus científicos con los foráneos durante todo este mes. A su lado, Peter Ben Embarek y Marion Koopmans, cabecilla de la misión de la OMS y viróloga integrante de la misma, suscribieron sus palabras.

No fue hasta este fin de semana cuando otro de los miembros del equipo internacional, el australiano Dominic Dwyer, confesó a Reuters que China se había negado a compartir datos importantes durante la investigación. Un día antes, The Wall Street Journal había lanzado un reportaje acusando a Pekín de lo mismo según testimonios de investigadores anónimos de la OMS. 

La chispa de la polémica

El experto en infecciones contó a la agencia de noticias que cuando pidieron los perfiles en bruto de los primeros casos de COVID-19 las autoridades sanitarias chinas les entregaron un resumen. De los 174 primeros infectados en diciembre de 2019, solo la mitad había tenido relación de alguna manera con el mercado de Huanan, por lo que los investigadores internacionales necesitaban esos datos para llegar a otros posibles focos. "No sé si es por cuestiones políticas, de tiempo u otras dificultades (…) solo sería especular", añadió Dwyer. 

Inmediatamente después, el zoólogo Peter Daszak tuiteó que su experiencia había sido la opuesta: "Como líder del grupo de trabajo con animales y medioambiente, encontré confianza y aperturismo por parte de mis contrapartes en China". 

La epidemióloga danesa Thea K. Fischer se expresó en la misma línea, asegurando que su equipo también construyó una buena relación con los expertos chinos. "Nuestras palabras han sido retorcidas deliberadamente para lanzar sombras sobre una importante labor científica", escribió. Aún así, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo las de Estados Unidos, que exigió a China que entregaran el material sobre los primeros casos que les había requerido la OMS.

Fuego cruzado entre Washington y Pekín

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, manifestó el sábado en un comunicado la "profunda preocupación" de EEUU por la forma de presentar los hallazgos de la misión internacional y pidió un informe independiente "libre de alteraciones por parte del Gobierno chino". Cabe destacar que EE.UU se mantuvo al margen de esta misión por decisión de Donald Trump, que se apartó durante sus últimos meses de mandato de todo lo que tuviera que ver con la gestión de la COVID-19 por parte de la OMS. Joe Biden lo revocó durante sus primeros días en el Despacho Oval.

Aun así, los comentarios de Washington han ofendido sobremanera a Pekín, que no ha dudado en contraatacar y recriminar a EEUU de haber señalado “con el dedo a los países que han apoyado fielmente a la OMS y a la propia OMS". La embajada china en ese país les acusó de haber dañado gravemente la cooperación internacional y les pidió que mantuvieran "una actitud seria, transparente y responsable" y que asumieran "su responsabilidad legítima de apoyar a la OMS con acciones reales".

Es el primer enfrentamiento directo entre los dos países desde que Trump insinuase que el "virus chino" había sido propagado desde un laboratorio de Wuhan. También fue una de las hipótesis de las que partía la OMS (no como acción deliberada sino como accidente) y que han desechado tras semanas sobre el terreno, en las que el equipo dirigido por Peter Ben Embarek visitó el centro neurálgico de todas las conspiraciones.

Primeras conclusiones: mucho trabajo por delante

"¿Ha cambiado drásticamente la imagen de la que partíamos? Lo dudo. ¿Nos ha permitido conocer mejor como empezó todo? Absolutamente". Esta idea lanzada por Embarek en la rueda de prensa de hace una semana resume bien los resultados presentados. Quizá lo más novedoso fue desechar la posibilidad de que el murciélago o el pangolín hubiesen contagiado directamente a un humano y que todo ello ocurriese en el mercado de Wuhan, que fue uno de los principales focos de transmisión, pero no la raíz de la epidemia. 

No obstante, los portavoces de la OMS y de China pidieron seguir vigilando de cerca a las poblaciones de murciélagos y pangolines ya que, aunque "el tipo de coronavirus encontrado en esas especies no fue idéntico al SARS-CoV-2", se han demostrado como repositorios de virus parecidos como el MERS y no hay seguridad de que no infectasen a otro ser vivo intermedio que lo introdujese en Wuhan. El reto ahora está en encontrar qué animal del centenar que se vendían en diciembre de 2019 en Huanan fue el portador. Por lo pronto, se ha demostrado que los visones o los gatos muestran alta susceptibilidad al virus, pero ni siquiera eso sirve como una prueba del origen.

De hecho, pudo no haber sido una especie viva, sino congelada. Las cadenas de frío son otra de las actividades a perseguir según los investigadores de la OMS. Esto complica el trabajo puesto que China recibe diariamente importaciones de estos productos desde otros países, además de los producidos en el interior. "Sabemos que el virus persiste y sobrevive congelado, pero no sabemos si se puede transmitir a humanos y en qué condiciones puede producirse esa transmisión", reconoció Embarek.

Todas estas conclusiones han sido alcanzadas en un tiempo récord gracias también al avance de los estudios llevados a cabo en China desde verano, como desveló el equipo en la rueda de prensa. De hecho el portavoz chino lanzó la posibilidad de que el virus pudiese estar circulando fuera de Wuhan antes de diciembre de 2019. Sea como sea, quedan multitud de terrenos que abordar, por lo que sorprende la rápida vuelta a casa del equipo internacional, que ha dado por finalizada la "parte china" del proyecto origen de la OMS.

Lenta llegada y rápido regreso 

La prueba de que 27 días (14 de los cuales en cuarentena) sobre el terreno se han quedado cortos a los científicos de la OMS es que siguen llegando a conclusiones nuevas. Este domingo, Peter Ben Embarek declaró que el coronavirus estaba más extendido de lo que pensaban por Wuhan en diciembre de 2019. El virólogo hizo las declaraciones de regreso a Suiza, su país de origen, y lo definió como "un hallazgo nuevo". También han encontrado más de una docena de cepas del SARS-CoV-2 procedentes de finales de 2019. 

Aunque el responsable de la misión de la OMS ha declarado que espera volver a Wuhan en los próximos meses para continuar in situ, no hay fechas previstas. Poner un pie por primera vez en China no fue tarea fácil para los investigadores internacionales, que se enfrentaron a una compleja burocracia hasta los últimos momentos, a principios de enero de 2020. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se manifestó entonces "decepcionado" por el retraso de su esperada campaña. Todo esto se une a las críticas por que los científicos extranjeros hayan tenido capacidad limitada para interactuar con la población y el entorno y fueran guiados exclusivamente por las autoridades chinas.

El viernes pasado, en una rueda de prensa que puso el broche a la ofrecida desde Wuhan y a la salida de su equipo de Wuhan, Ghebreyesus incidió en que las cuatro hipótesis de las que partían los expertos se seguirán analizando, incluyendo la del escape del laboratorio: "Continuaremos trabajando para obtener la información que necesitamos para responder a las preguntas que aún deben responderse". Sin embargo, no especificó si esto sería en China o en cualquier otra parte del globo.

Por Mónica Zas Marcos

15 de febrero de 2021 22:20h

@MonicaZas

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Jueves, 11 Febrero 2021 06:16

Vietnam, covid-19 y socialismo de mercado

Vietnam, covid-19 y socialismo de mercado

Con más de 95 millones de habitantes, Vietnam solo contabilizó algo más de 2.000 casos y 35 muertes con covid-19. ¿Qué nos dice la experiencia de este país del sudeste asiático donde la pandemia no es el principal factor político y que viene enfrentando diversos cambios y tensiones en su modelo político-social controlado aún por el Partido Comunista?

 

Corea del Sur y Taiwán han sido constantemente elogiados como modelos de combate contra el covid-19. Pero Vietnam, una nación mucho más pobre y con 97 millones de habitantes, lo ha hecho por lo menos igual de bien, a pesar de atraer mucha menos atención. Esto se debe, en parte, a que el estricto control del Partido Comunista sobre los datos oficiales genera dudas –comprensibles– sobre las cifras. Sin embargo, aunque no pueden hacerse predicciones sobre una tercera o una cuarta ola, Vietnam parece haber logrado hasta ahora un grado real de éxito. 

Mientras que en marzo pasado los gobernantes de Estados Unidos y del Reino Unido restaban importancia al virus, Vietnam destacó sus riesgos mediante una efectiva estrategia de comunicación, que incluía un video musical viral que obtuvo 67 millones de visitas. Se impusieron de inmediato restricciones a los viajes, rastreo de contactos y medidas de cuarentena. Las fronteras se cerraron a todos, excepto a los ciudadanos vietnamitas y a algunos expertos invitados el 24 de marzo, y siguen estando cerradas, mientras que las escuelas y las universidades cerraron de enero a mayo. ¿El efecto? Solo se necesitó un breve confinamiento, que duró dos semanas a escala nacional y tres en áreas de alto riesgo. La primera ola había sido eliminada a mediados de julio, y los brotes más pequeños desde entonces han sido aplastados rápida y eficazmente. En total, ha habido 35 muertos.

Algunos han argumentado que el autoritarismo de Vietnam le permitió erradicar el virus, y algo de ello seguramente hubo. Pero especialistas como Guy Thwaites, director de la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford en Vietnam, desestimaron esta sencilla explicación del éxito del país. De hecho, la respuesta ante el covid-19 se ha caracterizado por un inusual nivel de transparencia estatal, con lo que se ganó la confianza de una población que, contrariamente a lo que suele creerse, no confía mucho en las autoridades. Otros han afirmado que, mientras las naciones europeas pasaron décadas tercerizando funciones estatales, Vietnam mantuvo un aparato estatal unificado que ha apuntalado su exitoso programa de salud pública. Sin embargo, el Estado vietnamita no está tan cohesionado como podría suponerse. Entre 2006 y 2016, años entre los que gobernó Nguyễn Tấn Dũng –cuyo yerno es dueño de la franquicia McDonald’s en el país–, Vietnam experimentó lo que se ha descrito como un «giro hiperliberal». Aumentó la dependencia del capital extranjero, se extendió la privatización de empresas estatales y se alentó a las provincias a competir entre sí para crear el entorno más propicio para los negocios. El resultado fue una rápida fragmentación de su capacidad, lo cual despertó la preocupación nada menos que del Banco Mundial. A pesar de los crecientes niveles de inversión pública, el sistema nacional de salud de Vietnam ha sido remodelado por la mercantilización, y los particulares tienen que pagar cada vez más por la atención médica.

Cuando Dũng renunció en 2016, el secretario general Nguyễn Phú Trọng y sus aliados se impusieron en medio de una lucha entre facciones dentro del Partido Comunista. Trọng era percibido como un conservador de la vieja guardia, escéptico de la agenda de reformas de Dũng. Pero ya en el cargo, ha continuado en gran medida el legado de su predecesor: abandonó ciertas políticas industriales, monitorió una agresiva campaña contra la corrupción y reprimió a la disidencia para proteger a los principales conglomerados privados, cuya influencia ha crecido constantemente.

Por tanto, el éxito de Vietnam en la lucha contra el virus no puede atribuirse a la represión estatal o la centralización económica. Su rápida respuesta estuvo a la altura de lo que habrían podido hacer naciones democráticas liberales más ricas, si hubiesen tenido voluntad política. De hecho, en una entrevista reciente, Mai Tiến Dũng, jefe de la Oficina de Gobierno de Vietnam, no atribuyó el éxito del país a ninguna característica política ni económica, sino al hecho de que en enero de 2020 fueron mucho más allá de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y armaron desde el principio una estrategia de contención completa. Tal como ha señalado Thwaites, el ingrediente clave de su éxito fue, lisa y llanamente, un «buen uso de la epidemiología».

Esto también fue acompañado por un plan económico, cuya nave insignia fue un paquete de ayuda de 62 billones de dongs (más de 2.600 millones de dólares) que brinda exenciones de impuestos y préstamos a baja tasa de interés para las empresas, junto con apoyo financiero a los hogares en aprietos. Los pagos fueron modestos, entre 250.000 y un millón de dongs por mes (11 y 43 dólares, respectivamente), y su distribución se vio obstaculizada por una serie de rígidas condiciones burocráticas. Se pedía a los trabajadores y trabajadoras migrantes informales que presentaran licencias comerciales inexistentes si querían calificar para el plan, mientras que otros grupos –como trabajadoras y trabajadores sexuales– fueron excluidos casi por completo. Aun así, las ayudas siguieron siendo un salvavidas crucial para gran parte de la población. 

Las transferencias de efectivo se complementaron con la asistencia de grupos de la sociedad civil dirigidos por el Estado: las organizaciones de masas del Frente Patriótico de Vietnam, alineado con el Partido Comunista. Si bien fueron bastante ineficaces en la campaña por el cambio social y político, estas instituciones paraestatales estaban bien equipadas para distribuir provisiones materiales al inicio de la crisis. La federación de sindicatos, por ejemplo, proporcionó equipamiento de protección personal, información y apoyo financiero a los trabajadores, mientras que el Sindicato de Mujeres ayudó a las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres a acceder a préstamos y apoyó a las sobrevivientes de violencia doméstica en medio de un aumento en las agresiones.

Los mayores gastos relacionados con el coronavirus se financiaron principalmente con las reservas en efectivo y bonos del Tesoro, ahorrándose tener que pedir préstamos en el mercado internacional o solicitar asistencia presupuestaria. Combinado con la supresión del virus, esto convirtió a Vietnam en la economía de más rápido crecimiento del mundo en 2020 y en el único país del Sudeste asiático que registró tasas de crecimiento positivas. Sin embargo, los sectores más pobres de la población aún enfrentaban serias dificultades. El cierre de las fronteras internacionales asestó un duro golpe a la industria del turismo y el sector perdió aproximadamente 23.000 millones de dólares en 2020. Un impulso al turismo interno bajo el lema «Los vietnamitas viajan en Vietnam» logró amortiguar el golpe, pero no pudo compensar los ingresos que generalmente aportan los arribos internacionales. Tanto las aerolíneas públicas como las privadas han solicitado rescates, mientras que las exportaciones de manufacturas disminuyeron –particularmente en los sectores claves del vestido, teléfonos inteligentes, y pescados y mariscos–, lo que provocó un aumento del desempleo. Otros que dependen de estas industrias, como quienes se dedican a la venta ambulante dirigida a los turistas o al personal de las fábricas, también sufrieron pérdidas sustanciales. Además, hubo una gran caída en la exportación de mano de obra; una fuente vital de ingresos para las comunidades que dependen de las remesas de los trabajadores expatriados.

A fines de 2020, 32,1 millones de vietnamitas se habían visto afectados por el impacto económico de la pandemia sufriendo desempleo, despidos o ingresos reducidos: 71,6% de los trabajadores del sector de servicios, 64,7% de la industria y la construcción y 26,4% de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Las «huelgas salvajes» se incrementaron por primera vez en años, ya que los trabajadores y las trabajadoras reclamaron por condiciones seguras en los primeros días de la pandemia, así como por salarios justos y una consecuente compensación. En una medida sin precedentes, el Consejo Nacional del Salario, que negocia incrementos anuales del salario mínimo, decidió no aumentarlo este año. La caída de los ingresos, a su vez, benefició a los usureros ilegales, que cobran tasas de interés exorbitantes y dejan a sus clientes sometidos a un sometimiento permanente por sus deudas. Como resultado, algunos vietnamitas se han suicidado.

Mientras tanto, una grave crisis de deuda ha afectado al fondo de seguridad social del país, responsable del seguro médico, las pensiones y las prestaciones por desempleo. En tiempos normales, la configuración de la seguridad social de Vietnam facilita el robo por parte de los empleadores. Las cuotas de los trabajadores son deducidas automáticamente de sus salarios, y se confía a los empleadores que las transfieran al fondo junto con sus propios pagos. Por lo tanto, los estos pueden retener sus contribuciones y quedarse con las de sus empleados, muchas veces sin consecuencias. Esta práctica se hizo aún más frecuente en 2020, ya que se aprovecharon las exenciones para las empresas afectadas por covid-19 para reducir los pagos de los empleadores. Como resultado, los niveles de deuda del fondo se dispararon a aproximadamente 20 billones de dongs (más de 800 millones de dólares). El déficit se agravó porque los trabajadores retiraron la totalidad de sus cotizaciones para su jubilación futura o empeñaron sus libretas de la seguridad social para conseguir dinero en efectivo y mantenerse a flote.

Sin embargo, hacia fines de 2020 había indicios de que la economía vietnamita se había estabilizado relativamente. El mercado laboral comenzó a recuperarse; el VN-Index, índice bursátil de Vietnam, alcanzó sus niveles más altos desde noviembre de 2019; y algunas corporaciones multinacionales comenzaron a trasladar la producción al país. Su balance económico es ahora, en términos generales, la envidia de sus vecinos. De hecho, que la pandemia no haya sido de ninguna manera el hecho dominante de la política nacional el año pasado es una clara señal del logro de Vietnam. En octubre y noviembre, las tormentas azotaron las regiones centrales del país, causando daños materiales generalizados y muchas más muertes que el coronavirus. Al mismo tiempo, Estados Unidos inició una investigación sobre las exportaciones de madera vietnamita y la presunta manipulación de su moneda, poniendo en peligro una de las relaciones bilaterales más importantes del país. El gobierno tendrá que negociar estos asuntos con la administración entrante de Joe Biden, además de animarlo a mantener la postura de línea dura de Donald Trump frente a China, que ha sido muy popular entre los vietnamitas.

Otros acontecimientos de este mes pueden eclipsar aún más al covid-19. El 1º de enero comenzó a regir un nuevo Código Laboral, que permite por primera vez la existencia de organizaciones representativas de los trabajadores independientes, no afiliadas a la Confederación General del Trabajo, controlada por el Estado. Esto podría marcar un cambio significativo en las relaciones laborales, liberando potencialmente a los trabajadores organizados del dominio del Partido Comunista. Pero esta victoria aún puede ser contrarrestada por la Asociación Económica Integral Regional, un acuerdo de libre comercio negociado en secreto durante los últimos siete años, que ha sido ampliamente condenado como un intento de erosionar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, está por verse si la tradición de décadas de militancia laboral autoorganizada de Vietnam subsistirá en 2021, o si las libertades consagradas en el Código Laboral se enfrentarán a mayores obstáculos.

Quizás lo más significativo sea que, entre el 25 de enero y el 2 de febrero, más de 1.500 delegados se reunirán en Hanoi para que el XIII Congreso del Partido decida sobre un nuevo liderazgo. Por lo general, la decisión se toma antes del Congreso y luego los delegados dan su acuerdo, pero esta vez no hay ninguna certeza. Se suponía que Trọng no volvería a postularse como secretario general. Según las reglas, no se le debería permitir un tercer mandato consecutivo. Además, ya tiene una edad muy avanzada y está bastante enfermo. Se esperaba que el nuevo Secretario General fuera el primer ministro Nguyễn Xuân Phúc, un habitué del Foro Económico Mundial, descrito por un analista como un «pragmático conocedor de políticas», o Trần Quầc Vượng, que ha sido un actor importante en la reciente campaña anticorrupción del gobierno. Los procedimientos son poco transparentes, pero los últimos rumores sugieren que Trọng podría tener éxito en forzar al congreso –y el reglamento– para permanecer como secretario general [Esto, en efecto, es lo que ocurrió, ante la falta de consenso para encontrar un sucesor, pese a que las normas vigentes no le permitían un tercer mandato, N. del E.]. Si bien el lanzamiento de la vacuna puede dar los toques finales a la respuesta vietnamita ante el covid-19 –un caso de éxito que avergüenza a los países occidentales–, no determinará la manera en que estos cambios entrelazados reformularán la política y la economía del país.

Este artículo fue publicado originalmente en New Left Review, el 22 de enero de 2021, con el título «Vietnam's Pandemic». Puede leer el artículo original aquí. Traducción: Carlos Díaz Rocca

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