Naciones Unidas

Un avance frente a la impunidad de las multinacionales

 

Por Santiago Gómez Vallejo | 30/10/2021

Se va a discutir el tercer borrador de un Tratado vinculante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el comienzo de los debates sobre dicho documento, los gobiernos occidentales se han opuesto al mismo, han intentado diluirlo o poner en duda.

El profesor estadounidense John Ruggie, desgraciadamente fallecido este mes de septiembre, fue autor, junto a un grupo de expertos, de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados en 2011. 

Estos Principios, nadie lo duda, fueron un avance relevante para establecer unos baremos de comportamiento para las empresas y, sobre todo, para las transnacionales, allá donde mantienen actividades. Pero, eso sí, al derivar a los estados su cumplimentación normativa, así como los instrumentos de vigilancia y sanción, los llevan al marco de la Responsabilidad Social Corporativa y la voluntariedad. 

Fue el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el que encargó la elaboración de estos Principios al profesor de Harvard en el año 2005, tras varios fracasos anteriores, y fue en abril de 2008 cuando el profesor Ruggie hizo pública su propuesta para fijar unos elementos de respeto de los derechos humanos internacionalmente que se viesen reconocidos por parte de las empresas. Las discusiones y aproximaciones, la búsqueda de consensos por parte de gobiernos y actores económicos le llevaron otros 3 años. El logro de estos Principios no sólo se debe al establecimiento de responsabilidades y de comportamientos empresariales correctos, sino también a la inclusión en el mismo texto de la pretensión de ‘mitigar’ y ‘reparar’ el daño potencialmente causado. Para ello, aluden a una necesaria y previa diligencia debida que ayude a las decisiones de inversión y funcionamiento empresarial. 

De este mismo árbol propositivo provienen, sin lugar a dudas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, asumidas por 42 países (más que sus actuales socios) y la revisión en 2017 de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo que, en principio, goza de un carácter más universal. 

Tanto en las Líneas de la OCDE, como en la Declaración actualizada de la OIT, hay un elemento que amplía la capacidad operativa de los Principios al crear mecanismos de acuerdo con los cuales una parte interesada puede solicitar mediación o denuncia de un supuesto mal comportamiento de una empresa –fijado en las Líneas o Declaración- ante un organismo administrativo, sito en el país en el que se encuentre la sede social de la empresa. 

Esto supone un avance claro frente a la impunidad de aquellas empresas que actúan en países con gobiernos de limitada capacidad para el control y sanción de esos supuestos malos comportamientos o en los que no cabe esperar un funcionamiento adecuado del régimen de derechos humanos. Pero, no lo olvidemos, los únicos mecanismos actualmente operativos, los de la OCDE, a través de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) – en España dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, siguen siendo voluntarios. Por lo tanto, la empresa demandada, en el mejor de los casos, por supuestas malas prácticas, y en función de su capacidad de presión ante un organismo no independiente, puede verse afectada, si acaso, en que haya unas líneas escritas en un informe que estará en algún rincón de la nube digital y en que los afectados intenten señalar esas malas prácticas corporativas sin recibir mitigación o reparación alguna por el daño sufrido. 

Pensemos en los indígenas guatemaltecos depauperados entre cinco presas construidas por Cobra (ACS) que no fueron consultados, o los palestinos inermes ante el poder israelí que ha contratado a CAF, GMV y TYCSA para facilitar la transferencia y movilidad de colonos en los Territorios Ocupados palestinos. Por cierto, Israel es socio de una OCDE que dice defender el derecho internacional.   

En cierta ocasión, y en la misma OCDE, tuvimos oportunidad de preguntar al profesor Ruggie, en el marco de una reunión del TUAC (Comité Asesor Sindical de la OCDE) por qué no figuraba en sus Principios (y en el texto, entonces no aprobado, de las Líneas) ninguna referencia contraria a las prácticas empresariales de elusión fiscal en las guaridas fiscales, mal llamadas paraísos. Él nos confesó que, para que viesen la luz los Principios (y las próximas Líneas de la OCDE), había que hacer concesiones a los gobiernos, aunque éstos manifestasen en público que desean el mejor de los mundos. Muchos de ellos están cooptados por esas grandes empresas.   

Por todo ello, constatando que la voluntariedad de acceder a una mediación y seguir unas recomendaciones no obligatorias tiene un limitado recorrido frente a empresas que quieren conscientemente lucrarse con sus malas prácticas, diversos Estados, inicialmente Ecuador y Sudáfrica, promovieron, escuchando las reclamaciones de múltiples organizaciones, un tratado vinculante que, esta vez sí, tuviera un mecanismo de denuncia que pudiera obligar, en su caso, a mitigar y reparar a las víctimas por el mal comportamiento empresarial. Un tratado que tuviera esas características supondría la culminación de la obra del profesor Ruggie. 

Ahora, en octubre, se va a discutir el tercer borrador de un Tratado vinculante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el comienzo de los debates sobre dicho documento, los gobiernos occidentales se han opuesto al mismo, han intentado diluirlo o poner en duda incluso el mandato para su elaboración o el que disponga de mecanismos de control y aplicación efectiva respecto a las empresas presuntamente infractoras. 

España, remisa a intervenir cuando ha sido miembro del Consejo, tiene la oportunidad de construir junto a los otros miembros de la Unión Europea una norma coherente y que fortalezca una gobernanza acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tanto se reclaman como fundamento de su actuación. 

Santiago González Vallejo. Economista, USO. Plataforma de la Justicia Fiscal 

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Viernes, 13 Agosto 2021 05:38

El hambre desata pasiones

El hambre desata pasiones

La pre-Cumbre de Roma “se quedó corta”

 

Querían enterrarnos para que desapareciéramos, pero no sabían que éramos semillas”. Incluyendo esta frase político-poética, los movimientos sociales internacionales publicaron el martes 3 de agosto sus conclusiones sobre la Pre-Cumbre de la Alimentación convocada en Roma entre el 25 y el 28 de julio.

La Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, “se queda corta en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios no sostenibles y a la identificación de salidas a las crisis del clima, del hambre y del COVID-19”, subrayan los sectores críticos.

Aglutinados en la Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de la ONU de septiembre, más de 300 movimientos y organizaciones sociales de diferentes continentes habían publicado una Declaración de Apertura que resume su visión crítica (https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-de-apertura-de-la-contra-movilizacion-de-los-pueblos-para-transformar-los-sistemas-alimentarios-corporativos/ ). En ella argumentan que dicho evento está siendo diseñado para servir a los intereses de los actores más poderosos del complejo agroindustrial mundial.

El comunicado de clausura de la movilización ciudadana no disimula la frustración de la sociedad civil internacional por lo que se acaba de vivir en Roma. Subraya que “ya está inequívocamente claro que la pre-Cumbre ha llegado a su fin sin ninguna resolución de los temas fundamentales que cientos de organizaciones han exigido que se aborden” (https://www.csm4cfs.org/es/thousands-mobilize-to-call-for-food-systems-that-empower-people-not-companies/ ).

La contra movilización había sido convocada por una amplia red de movimientos sociales, redes y ONG. Se realizó virtualmente, en paralelo a la pre-Cumbre oficial Según los organizadores, contó con unos 9 mil participantes de diferentes continentes, lo que consideran exitoso. Destacan que reunió a una gran diversidad de asistentes y fue capaz de catalizar y amplificar una contra narrativa a la Pre-Cumbre. Lograron llegar a un amplio público con su visión respecto a la necesidad imperiosa de promover una transformación auténtica de los sistemas alimentarios industriales, subrayan.

Publicaciones en grandes medios, como la británica BBCAl Jazeera, la televisión estatal italiana RAI , L’Humanité de Francia o Le Courrier de Suiza, entre muchos otros,  ofrecieron espacios a las voces contestarias. Los organizadores evalúan que varios miles de mensajes con el indicativo #FoodSystems4People fueron consultados por unos 10 millones de usuarios en las muy diversas redes sociales.

Maratón contestatario

Al momento del balance publicado la primera semana de agosto, los promotores  recuerdan que la contra movilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos arrancó el 25 de julio con un rally virtual global, de ocho horas de duración (https://www.youtube.com/watch?v=KVGkBV55XnQ ). En el evento, se alternaron mensajes de comunidades, declaraciones, representaciones artísticas y movilizaciones en directo de cientos de personas y organizaciones de todos los continentes. Representaban a pequeños agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas que sufren la inseguridad alimentaria en el ámbito urbano, ONG y académicos.

El día siguiente, el 26 de julio, se organizaron tres mesas redondas para debatir temas esenciales ligados a la Cumbre oficial de la ONU de septiembre próximo y sus intentos de abrir las puertas a la captura corporativa de la gobernanza alimentaria y la ciencia.

“Los sistemas alimentarios están cada vez más diseñados para empoderar a las empresas, no a las personas”, afirmó Ali Aii Shatu, del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC). Los paneles, compuestos por oradores de movimientos sociales, representantes gubernamentales, de las Naciones Unidas y del mundo académico, abordaron la toma de control creciente de los sistemas alimentarios por parte de las multinacionales.

La contra-Pre Cumbre se hizo eco de una declaración compartida y firmada por cientos de académicos que fue publicada recientemente. El mundo científico aumenta día a día sus críticas. El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) anunció oficialmente que se retira del proceso de preparación de la Cumbre de Nueva York.

El 27 de julio, día de cierre del evento paralelo, se realizaron 15 diálogos virtuales sobre temas muy variados. Entre ellos:  la lucha por la soberanía alimentaria en Latinoamérica y el Caribe; la necesidad que la agroecología, los derechos humanos y la soberanía alimentaria construyan alternativas basadas en la justicia; la democratización de los sistemas alimentarios como forma de prevenir la concentración empresarial.

Sintetizando el pensamiento mayoritario entre los participantes, Shalmali Guttal de Focus on the Global South, sostuvo en una de las intervenciones: “necesitamos más control sobre las grandes empresas y normas más estrictas, que prioricen el interés público. Debemos vincular los sistemas alimentarios a las culturas alimentarias, no separarlos de nuestra sociedad”.

Próximos pasos resistentes

La Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de las Naciones Unidas anunció su hoja de ruta. Ahora está evaluando los resultados de la pre Cumbre de Roma. Y, en los próximos días y semanas, seguirá monitoreando la continuidad del proceso de cara a Nueva York, a medida que se vayan haciendo públicas las informaciones sobre los preparativos del cónclave.

En paralelo, exige la reflexión y el debate público sobre los instrumentos legales vinculantes para poner fin a la impunidad de las multinacionales; terminar con el uso de plaguicidas; desactivar el monopolio mundial sobre las semillas; erradicar la privatización de la biodiversidad y de los bienes comunes.

Temas esenciales que desbordan la voluntad política de la ONU y la gran empresa de la agricultura y la alimentación que, por el momento, homogenizan la preparación del evento de septiembre próximo.

Los movimientos sociales siguen alzando el tono de su crítica, como se escuchó en la movilización virtual contestataria de fines de julio. Abundan las voces que incluso afirman que la única alternativa viable será el boicot ciudadano a la Cumbre de Nueva York. El drama del hambre en el mundo y la búsqueda de alternativas dividen aguas. Desatan pasiones, polarizan miradas y reducen los espacios de eventuales consensos. La pulseada parece ser más fuerte que nunca. Y los actores sociales apuestan a ser lo que son:  semillas portadoras de un nuevo modelo.

 

Publicado el: 10 agosto, 2021

Por Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza

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Domingo, 04 Abril 2021 10:45

La boca del infierno

La boca del infierno

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del Pen International y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua. El Pen, antes llamado Pen Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa a escritores de todo el mundo y se dedica sobre todo a promover y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

John me llamaba porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del Pen, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas; y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya, una oquedad que espanta a cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales han logrado credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático o para acabar con él, está por verse; pero los votos que se le han dado están bien contados. Y si en Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los electos.

No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de este mismo año. Es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para que se pueda pensar en un proceso electoral creíble, que sirva como un mecanismo de transición democrática.

Una resolución de la Asamblea General de la OEA de noviembre del año pasado demanda negociaciones "incluyentes y oportunas" entre el gobierno y la oposición para acordar “reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y restructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes y observación electoral nacional e internacional.

La resolución suma que debe haber un proceso político pluralista "que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos".

Tales compromisos deberían estar concluidos en mayo, que ya llega, sin que el régimen haya movido un dedo. Por ahora, la única certeza es que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, se disponen a ser relectos de nuevo, lo que supone continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policiaco y militar. Nada hace prever, hasta ahora, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes.

El Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra en marzo de este año, expresó "grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes".

Manda "abandonar las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación", y "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente". Exige, también, la derogación de las leyes que violentan el ejercicio de los derechos humanos. Baste mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio".

¿Es posible un clima electoral aceptable cuando hay más de 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril de 2018?

¿Y cómo puede desarrollarse así una campaña electoral? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión con sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias, y otros que viven bajo asedio, como Radio Darío, de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

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Miércoles, 31 Marzo 2021 04:54

La comida, un derecho humano esencial

Próxima Cumbre sobre Alimentación debatida en el Consejo de DDHH de la ONU

Vía Campesina exige respeto pleno al derecho a la alimentación

 A escaso medio año de la fecha prevista para la realización de la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios, el rol esencial de los campesinos y la agroecología fueron tematizados durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos que culminó el 24 de marzo en Ginebra, Suiza.

 

Vía Campesina y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), ONG progresista observadora ante la ONU, presentaron la posición de trabajadores rurales, pequeños productores y centenas de ONG y actores solidarios. Es esencial que los Estados protejan las zonas rurales, así como la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis (https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Dec_o_derecho-alimentacion-1.pdf), enfatizaron.

Advirtieron que los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a “desmantelar los espacios multilaterales”, para privilegiar al sector privado de la alimentación en lugar del interés general de los pueblos.  En relación a la Cumbre alimentaria de las Naciones Unidas prevista para el último trimestre del 2021 denunciaron que “los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos”.

Los Estados y la ONU, insiste Vía Campesina, deben garantizar que las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén en el centro mismo de atención de ese evento internacional. (https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LVC-Position_ES_UN-Food-Summit_2020_LowRes2.pdf ). Y recuerda que la Declaración sobre los Derechos Campesinos, aprobada en la Asamblea General de la ONU de diciembre del 2018, debe ser la “hoja de ruta común” a favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado. (https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/73/165 ).

Destapar oídos sordos

Vía Campesina y el CETIM, siguen de cerca los preparativos de la Cumbre considerándola “un evento tan crucial como controvertido”, afirmó Melik Özden, director del Centre Europa-Tercer Mundo en entrevista con este corresponsalla última semana de marzo.

“Constatamos la injerencia y la influencia indebida ejercida por las empresas transnacionales del agronegocio, con el fin de utilizarla la Cumbre en su propio beneficio”. Lo que no es una sorpresa, según Özden. Esas multinacionales están presentes en las instancias de negociación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), así como en otros espacios multilaterales, que se ven cada vez más afectados por esta presión transnacional. A través de estos métodos, los monopolios pretenden asegurar su control sobre los organismos internacionales donde se toman las decisiones importantes, enfatiza.

Vía Campesina y CETIM decidieron intervenir en el Consejo de Derechos Humanos para llamar la atención de los participantes (Estados, instituciones multilaterales, ONG) sobre el riesgo de interferencia e injerencia que sufre la preparación de la Cumbre.   Y advertir sobre la repercusión negativa que dichas presiones pueden tener sobre la alimentación y el campesinado familiar. Melik Özden reivindicó como trascendente el reciente informe de Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación durante la sesión del Consejo de DDHH ( https://undocs.org/es/A/HRC/46/33)

El Relator de la ONU habla claro

Fakhri, profesor de Derecho de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, presentó en esta 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la situación actual del Derecho a la Alimentación. El mismo analiza el impacto de la pandemia en la actual crisis inminente del hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza mundial; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.

Tema esencial del informe, también, la preparación de la Cumbre de la Alimentación de la ONU. “Dicho con pocas palabras: inicialmente los derechos humanos fueron excluidos de los preparativos de la misma; aunque ya han sido incluidos, aún permanecen en los márgenes”, subraya Michael Fakhri. Quien recuerda que más de 500 movimientos sociales de agricultores, sindicatos de trabajadores de la alimentación y activistas de derechos humanos plantearon su preocupación a la ONU que los intereses empresariales acaparen la política alimentaria mundial. “Los primeros materiales de preparación de la Cumbre reflejaban los términos y el marco del proyecto del Foro Económico Mundial (ndr: de Davos) para transformar el sistema alimentario”. De hecho, en el primer año de los preparativos de la Cumbre no se mencionaron los derechos humanos, lo cual no era coherente con la misma convocatoria a la misma, afirma.


Fakhri también señala en su documento que “debido a la marginación constante de los derechos humanos durante la preparación de la Cumbre”, el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas -que representa a 300 millones de afiliados- decidió impugnarla. Y agrega: “la Cumbre parece estar todavía muy sesgada a favor de un tipo de enfoque de los sistemas alimentarios, a saber, las soluciones basadas en el mercado”. En contraposición, el enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, prioriza los seres humanos a los beneficios económicos.

Y su crítica directa revela argumentos conceptuales esenciales: aunque el título de la Cumbre parece indicar que deberían coexistir los múltiples sistemas alimentarios, “en la actualidad los preparativos están dando prioridad a un tipo de conocimiento, a saber, la ciencia experimental, y a un tipo de política, a saber, la agricultura intensiva sostenible, también conocida como la nueva revolución verde”.

Agroecología, apuesta esencial

Y reivindica –escuchando a los movimientos sociales como Vía Campesina- la agroecología, que “supone un enfoque diferente y actualmente está ausente de los preparativos de la Cumbre”. El Relator sostiene: “la agroecología es una disciplina científica que incluye conocimientos experimentales centrados en la ecología de los entornos agrícolas. Su objetivo principal es imitar en la medida de lo posible los procesos ecológicos y las interacciones biológicas para concebir métodos de producción basados en reunir cultivos, animales, árboles, suelos y otros factores en sistemas espaciales/temporales diversificados” que permitan a las explotaciones agrícolas generar una fertilidad del suelo, una protección de los cultivos y una productividad propias”.

Con la claridad extrema del rigor científico y ético, el Relator Especial evalúa que “la Cumbre no solo no da ninguna cabida a la agroecología, sino que también deja de lado los conocimientos experienciales o tradicionales, lo que tiene el efecto grave de excluir a los pueblos indígenas y sus conocimientos”. Y recuerda que el mismo Secretario General de la ONU recientemente subrayó que “los pueblos indígenas constituyen menos del 6 % de la población mundial pero, sin embargo, son los guardianes del 80 % de la biodiversidad mundial en tierra”.

El Informe de Michael Fakhri, relevante en cuanto a sus fundamentos científicos y sensibilidad social, concluye con una serie de constataciones y recomendaciones. En cuanto a la Cumbre se ha propuesto transformar los sistemas alimentarios del mundo…  Sin embargo, nada puede transformarse adecuadamente con toda una población enferma, cansada, pobre y hambrienta; la mayoría de los Estados ya no son capaces de gobernar adecuadamente durante la crisis. Los Estados deben velar por que la máxima prioridad de la agenda internacional permita confrontar la crisis de hambre inminente y las consecuencias de la pandemia de COVID-19”.

Enfatiza, además, que la Cumbre debe estar intrínsecamente definida por los derechos humanos y el multilateralismo, lo que significa, en la práctica, frenar el intento de las transnacionales de apropiarse de ese evento para sus intereses. Y subraya la necesidad que los resultados se expresen en procesos multilaterales, por ejemplo, vía el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y que en la misma “predominen las discusiones en torno a la agroecología”.

Concluye la sesión de Ginebra de marzo, se baja el telón, y el debate alimentario transita otro nivel. La voz de los movimientos sociales, coincidente con el Relator especial de la misma ONU para el tema de la alimentación, entró en el espacio simbólico de la catedral de los derechos humanos. Los graves problemas políticos que encierra la convocatoria de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios están sobre la mesa. Muchos Estados hacen oído sordo y miran para otro lado. Sin embargo, la sociedad civil internacional pone la cara, critica, denuncia y exige rectificaciones. Nada es banal. Lo que está en juego es la alimentación en un mundo que vio duplicarse la cantidad de hambrientos en el último año a causa de la pandemia. Hambre en aumento, comida chatarra transnacional o alimentación agroecológica, éste es el debate.

Por Sergio Ferrari | 31/03/2021

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El lobby del agronegocio y la captura de la cumbre alimentaria de la ONU

La Vía Campesina y el Centro Europeo-Tercer Mundo (CETIM) expresaron su preocupación sobre la captura por los lobbies del agronegocio de los preparativos de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, que se realizará en septiembre próximo en Nueva York, y que ocupa un lugar central en la agenda de la ONU para 2021, pero también en la de los movimientos y organizaciones rurales y campesinas

Resulta difícil tratar un tema de esta índole sin indignarnos, sin emocionarnos. Desde hace tiempo se ha empleado la alegoría espacial centro-periferia para no recurrir al inoportuno díptico “países desarrollados – países subdesarrollados, Norte – Sur, o simplemente Tercer Mundo, esta abundancia de connotaciones geográficas muy ambiguas esconde un hábil confusionismo, que se limita a perpetuar en realidad a un mundo mal-desarrollado.

De este modo la ambigüedad cada vez mayor que caracteriza la noción de este mal-desarrollo no se debe al azar, ni a defectos semánticos, sino que es el resultado de un fenómeno histórico, de un proceso de producción capitalista y difusión de ideas que se prolongan en los tiempos de injusticias. La arrogancia, el avasallamiento del eurocentrismo con su paternalismo patético nos demuestran que aun, ¡no han comprendido nada!

Recientemente Perla Álvarez Brítez, representante de La Vía Campesina, se dirigió a la asamblea plenaria del 46o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la ocasión de la presentación del informe del nuevo Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.

En su trabajo, el Fakhri ofrece una visión general de los temas y prioridades que pretende abordar durante su mandato, destacando la cuestión de la gobernanza mundial de los sistemas alimentarios, refiriéndose en particular, y con preocupación, a la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios “Es clave que los poderos públicos protejan las zonas rurales y promuevan sistemas agrarios más equitativos y transparentes, promoviendo también la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis”, dijo Brítez. Añadió que enla situación internacional actual, los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a desmantelar los espacios multilaterales, a favor de la denominada gobernanza multipartes (“multistakeholderism”).

De hecho, esta última tiene como objetivo favorecer la entrada e influencia del sector privado en los espacios de decisión que deberían relevar de lo público y de la búsqueda del interés general de los pueblos; un hecho particularmente grave en periodo de crisis sanitaria global como la actual.
Se ha denunciando cómo los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos de esta Cumbre. El objetivo de esta estrategia es claro: asegurarse que los debates se focalicen únicamente en el enfoque de soluciones de mercado para los sistemas alimentarios, ignorando soluciones propuestas por sistemas campesinos, como la agroecología.

Frente a esta situación, es evidente que “los Estados miembros de la ONU tienen el deber de proteger este espacio de la ONU de la captura corporativa y garantizar que los titulares de derechos, las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén al centro de la Cumbre”, afirmó Perla Álvarez.

La representante de Vía Campsina resaltó la importancia de continuar promoviendo la implementación de la Declaración sobre los derechos de los campesinos, como “hoja de ruta común” y baluarte en favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado.

Como dijo Fakhri, el Relator Especial, al final del debate en la ONU, “La Declaración es uno de los caminos más relevantes para que los países cumplan con el derecho a la alimentación y transformen sus sistemas alimentarios al mismo tiempo».

«La Declaración proporciona una perspectiva sistémica y creo que, si los países la implementan legalmente, si incorporan esta Declaración de la ONU en su legislación nacional, capacitaría a los gobiernos transformar sus sistemas alimentarios y cumplir con muchas de sus obligaciones en materia de derechos humanos”, añadió


El hambre durante la pandemia

En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ofreció su visión de las preocupaciones temáticas y las cuestiones prioritarias para todo su mandato.

Fahri asumió su cargo el 1 de mayo de 2020, al comienzo de la pandemia, y presentó a la Asamblea General su informe, en el que trataba del derecho a la alimentación en el contexto de la política comercial y el derecho mercantil internacionales en julio de 2020.

En ese momento, la situación ya era alarmante. La gente estaba perdiendo el empleo a un ritmo sin precedentes. En abril de 2020, en el momento en que más escuelas estaban cerradas, 369 millones de niños no comían las tres veces al día: hoy más de 246 millones de niños siguen en esa situación. Aunque los gobiernos intentaban hacer frente al problema, millones de personas seguían privadas de recursos esenciales. El virus era desconocido, pero como era de esperar, resultaba más dañino para las personas marginadas y vulnerables.

En ese informe combinó las perspectivas de los derechos humanos y de la política comercial para ofrecer un mapa institucional y principios nuevos que puedan guiar a los Estados, las entidades de la ONU y a la sociedad civil y ayudarles a orientar el régimen comercial mundial hacia la realización del derecho a la alimentación.

Expuso sus conclusiones en el Acto Especial de Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Gobernanza Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, organizado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial del 13 al 15 de octubre de 2020 y presentó sus recomendaciones a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un simposio de alto nivel celebrado el 2 de diciembre de 2020.

El Relator Especial decidió centrarse en cuatro esferas temáticas: la pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19) y la crisis de hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza global; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.

Además, debido al carácter agudo de la pandemia, ha incluido algunas recomendaciones sobre el modo de hacer efectivo el derecho de las personas a la alimentación a pesar de la Covid-19 y la crisis de hambre inminente.

Las voces en el desierto de la indiferencia

Las terribles condiciones de la pandemia condujeron a que el Secretario General de Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hicieran llamamientos en los que se afirmaba que las personas y sus derechos eran fundamentales para que todas las respuestas de salud pública resultaran eficaces. Si bien todos los derechos humanos son esenciales y están interconectados, el derecho a la alimentación contribuye especialmente a todas las soluciones a corto y largo plazo.

El mundo ya se estaba quedando atrás en el logro de la plena efectividad del derecho a la alimentación incluso antes de la pandemia actual. A juzgar por las estadísticas, el número de personas hambrientas y subalimentadas en el mundo ha ido en aumento desde 2015.

Al tiempo que la crisis climática sigue causando estragos, está disminuyendo la biodiversidad en la alimentación y la agricultura a medida que la dieta mundial se homogeneiza cada vez más en torno a un pequeño número de cultivos, entre otras cosas por una marcada tendencia a consumir cada vez más alimentos muy elaborados.

Además, la Covid-19 es solo el virus más reciente -y, lamentablemente no el último- que ha afectado a la humanidad como resultado de la continua disrupción de los ecosistemas y hábitats animales que hemos provocado, lo cual ha aumentado el riesgo de transmisión zoonótica de enfermedades. Paralelamente, el mundo no se ha recuperado de la volatilidad de los precios de los alimentos que se produjo entre 2007 y 2010.

El virus sigue asolando a la humanidad; a pesar de las primeras vacunas, y pasará algún tiempo antes de que la situación sanitaria mundial se estabilice y al menos un decenio -según los expertos- antes de que el mundo se recupere económicamente.

Entretanto, los Estados Miembros y las organizaciones internacionales aún no se han unido para hacer frente a la crisis de hambre inminente. Peor aún, a pesar de las advertencias, no hay ninguna actuación coordinada internacionalmente para responder a la crisis de hambre causada por la pandemia. Solo los lobistas se movilizan por sus mercados y la rentabilidad.

Algunos datos: según informe de la FAO:

-Durante 2020 la FAO, señalo que hay 690 millones de personas que pasan hambre, lo que significa que hemos empeorado: 10 millones más de hambrientos en un año y 60 millones más en el último lustro.
-Dos de cada tres niños menores de cinco años de países de renta baja o media están recibiendo dietas que no satisfacen sus necesidades nutricionales.

-Si la población mundial llevase una dieta sana podría ahorrarse el 97% de costes derivados de enfermedades no transmisibles.

-La carga de la malnutrición en todas sus formas sigue constituyendo un desafío. Se han realizado algunos progresos en relación con el retraso del crecimiento infantil, la insuficiencia ponderal y la lactancia materna exclusiva, aunque a un ritmo demasiado lento todavía. En relación con el sobrepeso infantil no se han logrado mejoras.

Nota
1. Fakhri es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón, donde imparte clases sobre derechos humanos, derecho a la alimentación, desarrollo y derecho comercial. También dirige el Proyecto Resiliencia Alimentaria del Centro del Derecho Medioambiental y los Recursos Naturales. Fakhri es titular de un Doctorado de la Universidad de Toronto, una Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, una Licenciatura en Derecho de la Queen’s University y una Licenciatura en Ciencias Ecológicas de la Western University.

Por Eduardo Camin. Periodista uruguayo acreditado ante ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la

25/03/2021

Publicado enEconomía
Domingo, 21 Febrero 2021 06:15

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

Según la ONU, son crímenes contra la humanidad los que constituyen ataques generalizados o sistemáticos a la población civil, así como los exterminios, la esclavitud, la deportación o expulsión forzosa, la privación de la libertad física e intelectual que viola el derecho internacional o las torturas, las violaciones, la prostitución y la violencia sexual, la persecución de un colectivo (incluido su “linchamiento mediático”) por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; la desaparición forzada de personas, el apartheid y otros actos que atenten contra la integridad de las personas y de los grupos sociales. Por ejemplo el bloqueo, aunque lo llamen “embargo”. Antes de que los “puristas” de las clasificaciones leguleyas alienten esperanzas de ensayar elocuencias escolásticas, sepan que no tendrán lugar aquí. Es delito de lesa humanidad todo cuanto atente contra la vida, la libertad, los derechos y la dignidad de las personas… y los bloqueos son una de las formas de las guerras más alevosas, ilegales e ilegítimas, del capitalismo, aunque inventen ideólogos, tratados y legislaciones para camuflarse.

Combatir al bloqueo no es asunto sólo “legal”, de poco han servido el repudio en Naciones Unidas ni las proclamas airadas de las voces más indignadas. La batalla contra el bloqueo es una lucha política que no se detiene a las puertas de las burocracias y que implica una batalla radical contra el capitalismo, su modo y sus relaciones de producción. Sin duda el capitalismo, en su desarrollo, luego de la Segunda Guerra Mundial, produjo iguales o peores horrores contra la especie humana. Produjo usurpaciones, invasiones y hurtos. Todo tipo de engañifas, manipulaciones y humillaciones. Destrucción de países y de culturas. Miseria y desamparo, secuestros, usurpaciones y bloqueos. ¡Imposible maquillar tantos horrores! Las consecuencias empeoran y se comportan como pandemia. No hay futuro para la humanidad bajo un sistema así. Y para castigar a quienes se niegan a aplaudir sus horrores, el imperio impone “embargos” y bloqueos. Formas de una guerra despiadada contra los pueblos. Por ejemplo, el bloqueo contra Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Aunque ha sido condenado sinnúmero de ocasiones nada pasa; lo mismo sucede contra Venezuela y contra todo aquel que intente desarrollar nexos con ambos países.

Algunos se conduelen sólo por los “daños económicos” ocasionados por el bloqueo, pero es insuficiente para comprender y denunciar los estragos en salud, educación, vivienda, trabajo y cultura. El bloqueo es parte de la guerra sicológica imperial contra toda rebeldía. No olvidemos la obligación ética que tenemos todos de denunciar el ataque sistemático contra el estado de ánimo de los pueblos sometidos al bloqueo. Está más clara que nunca la urgencia de una nueva proclama planetaria por los derechos humanos; que despeje toda huella de individualismo para ascender a una práctica humanista que aprenda a no reducir los derechos y, a cambio, aprenda a expandir todas sus nociones a su carácter social necesario. Es hora de habilitarnos con un programa humanista mundial nuevo, con carácter vinculante, en todos los cuerpos constitucionales y jerarquías éticas con que debe armarse una justicia social verdadera que nos ponga a salvo de las formas despiadadas de desigualdad, desamparo y marginación reinantes.

Necesitamos una declaración de los derechos humanos de nuevo género que condene al bloqueo, esta vez democrática, suscrita por las organizaciones de los trabajadores, aceptada por los movimientos sociales en pie de lucha contra la separación de la humanidad en clases sociales. Un sistema humanista nuevo, de capítulos subordinados a una concepción dinámica e integral, capaz de perfeccionarse con su práctica objetiva y con la organización democrática permanente de veedores, supervisores y controladores organizados en comités éticos para el desarrollo de los derechos y las responsabilidades colectivas. Romper con toda “letanía de falsa democracia” para democratizar la Declaración Universal de Derechos Humanos, renovarla desde los consensos. Es un paso obligado en el corto plazo. Romper con la idea de que tal declaración ha de mantenerse enjaulada en la verborrea diplomática, para ascender a una que se vuelva “carne de las luchas” humanistas de base socialista y que sea sinónimo de fortaleza práctica sostenida con pensamiento crítico. Necesitamos una declaración que incluya debates y escrutinio de los pueblos contra sus opresores.

Hasta hoy, “los derechos humanos –escribe Marx– son los de miembros de la sociedad burguesa, es decir, de individuos egoístas, separados de sí y de la comunidad”… pero los derechos del ciudadano “sólo pueden ejercerse en comunidad. Su contenido es la participación en ella, y concretamente en la comunidad política, en el Estado”. Ninguno de los derechos humanos trasciende en individuos replegados en sí mismos. Necesitamos una declaración que sea herramienta de crítica cotidiana, cercana y en acción cuyas proclamas luchen en el sentido fundamental del respeto inalienable por el trabajo: “todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro del trabajo” o a un “reparto equitativo del fruto de éste”.

Necesitamos un acuerdo internacionalista, de las bases, para refundar los derechos humanos de manera crítica contra el carácter limitado e inhumano de la lógica del capital. Para luchar contra toda forma de bloqueo, que constituye un crimen, flagrante y sistemático. Humanismo que sea más que un compendio de “buenos propósitos” filantrópicos; que sea una manera más de ascender a la práctica emancipadora. Como lo pensaba Marx, a la luz de la historia, inseparable del contenido insuflado por las fuerzas sociales en sus luchas emancipadoras. Humanismo de “nuevo género” como acción deseable, posible y realizable para las fuerzas que se fundamentan en la democracia participativa. Humanismo para no sucumbir a la opresión ideológica más feroz implícita en la sustracción de plusvalía. Humanismo que no se detenga ante nada, que defienda a la naturaleza, que proteja al patrimonio cultural, que combata a los negocios de las guerras, de los bancos buitres y de los mass media, máquinas de guerra ideológica. No traguemos más engaños, el bloqueo es un crimen de lesa humanidad. Y hay que frenarlo, sancionarlo y obligarlo a reparar los daños, globalmente.

Por Fernando Buen Abad Domínguez, Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús

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El laboratorio Sinovac en Beijing, China, es uno de los lugares que más ha avanzado con la vacuna.  ________________________________________ Imagen: AFP

La ONU intenta federar a los Estados para proveer a los países más pobres

El antídoto es un mesías reservado a la mesa de las potencias: China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, Alemania y Rusia buscan el "shot ganador".

 

Desde París. La vacuna para neutralizar el Covid-19 es el mesías del Siglo XXI. Hay quienes definen su investigación y producción como una competencia feroz entre Estados y grupos farmacéuticos, otros la analizan como una oportunidad política o un argumento de influencia geopolítica mundial (soft power). En medio de esta reyerta planetaria hay grupos que buscan un equilibrio y tratan de federar a los Estados para proveer la vacuna a los países más pobres. Es el caso de Covax (Covid-19 Vaccine Global Acces, Aceso Mundial a la vacuna contra el Covid-19). Se trata de una iniciativa que agrupa a 156 Estados (64 ricos) y que forma parte del Acelerador ACT, un dispositivo creado por la ONU y destinado a facilitar el acceso a las herramientas de lucha contra el Covid-19 (diagnóstico, tratamientos, vacunas). ACT está compuesto por gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil, organismos filantrópicos y organizaciones multilaterales. Los fondos recaudados por Covax están muy lejos de responder a las necesidades mundiales. De los 32 mil millones de dólares necesarios se recaudaron sólo 2,5 mil millones. En las Naciones Unidas, América Latina y Australia reclamaron un acceso libre a las vacunas mientras que Estados Unidos, Europa y Japón y otro pequeño núcleo de países ya se han reservado más de la mitad de las dosis que saldrán al mercado. Esa es la posición que defendió el presidente Alberto Fernández en su primer discurso ante Naciones Unidas: "La vacuna contra el coronavirus tiene que ser un bien público global", dijo el jefe del Estado. La realidad competitiva está muy lejos de cumplir con ese enfoque. Suerie Moon, codirectora del Global Health Center del IHEID (Instituto de altos estudios internacionales y del desarrollo) con sede en Ginebra, dijo al diario Le Monde que “a algunos países ricos les cuesta renunciar a una parte de los recursos disponibles para ellos y ayudar a los otros”

En muy poco tiempo se pasó de la retórica solidaria a otro escenario: “Japón First”, “América First”, “Europa First”. Suerie Moon advierte que “muchos países ya se reservaron la mejor parte de la torta mediante acuerdos bilaterales. Pero la torta no es infinita”. La pandemia, por ahora, no tiene fin: 993.438 muertos (hasta ayer) desde diciembre, 32.622.490 millones de personas infectadas, de las cuales 22.360.200 están consideradas como “curadas”. En la última semana hubo 295.000 nuevos casos por día, lo que equivale a un tres por ciento más que la semana anterior (22 por ciento más en lo que atañe a Europa). El desarrollo de la vacuna se ha convertido en un “winning shot” (disparo ganador o tiro al blanco si se quiere) según la formula empleada por el escritor y columnista financiero británico Matthew Lynn. En este “winning shot” participan la China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, Alemania, Rusia más los otros países como México, Brasil o la Argentina que, mediante acuerdos con laboratorios, transferencia de tecnología o investigación local, se adentraron en la investigación y desarrollo de la vacuna. El antídoto, no obstante, sigue siendo un mesías reservado a la mesa de las potencias. El pasado 16 de septiembre, la ONG Oxfam publicó un informe con datos actualizados sobre la jerarquía de la vacuna: un grupo de países que representa el 13 por ciento de la población mundial se garantizó, con la firma de contratos, el 51 por ciento de la entrega adelantada de la vacuna. El grupo AstraZeneca y la Universidad de Oxford han firmado hasta hoy el mayor porcentaje de contratos públicos. Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, la norteamericana Moderna, el laboratorio chino Sinovac y el instituto ruso Gamaleïa vendieron por anticipados cientos de millones de dosis (incluido los pactos con fabricantes locales). En total, 5,3 mil millones de dosis están ya comprometidas con los laboratorios cuyas pruebas pasaron la fase 3. Estados-Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Suiza, Israel, Japón, Hong Kong y Australia son, según la ONG, los mayores acaparadores de la vacuna. ”El acceso vital a las vacunas no debe depender del lugar donde se vive, ni del dinero de que se dispone”, lamenta Robert Silverman, miembro de Oxfam América. En el resultado de su análisis cruzado, Oxfam escribe: ”Los cálculos exponen un sistema roto que protege los monopolios y las ganancias de las corporaciones farmacéuticas y favorece a las naciones ricas, mientras que restringe artificialmente la producción y deja a la mayoría de la población mundial esperando más de lo necesario por una vacuna”.

El “nacionalismo sanitario” de las grandes potencias prima sobre el “bien público global”. El egoísmo sanitario es proporcional al rango del país. Por ejemplo, ni Estados Unidos ni China aceptaron formar parte del dispositivo Covax para facilitar el acceso a los dispositivos contra el Covid-19. Los 156 países que ingresaron al grupo equivalen al 64 por ciento de la población mundial. Pero las dos grandes potencias no están. Sin embargo, los 5 grupos cuyas experimentaciones con la vacuna están en un ciclo muy avanzado carecen de capacidades globales para suministrarla a la población mundial. El informe de Oxfam analizó los acuerdos vigentes y los porcentajes de la producción prevista. Su análisis conduce a la ONG a señalar que “las mismas empresas simplemente no tienen la capacidad de producir suficientes vacunas para todos los que las necesitan. Incluso en el caso extremadamente improbable de que las cinco vacunas tengan éxito, casi dos tercios (61 por ciento) de la población mundial no tendrá una vacuna hasta al menos 2022. Es mucho más probable que algunos de estos experimentos fracasen, dejando a una cantidad mayor de personas sin acceso”. Si las cinco vacunas resultan exitosas se podrían fabricar 5,94 mil millones de dosis, cifra que alcanzaría para 2,9 mil millones de seres humanos (se calcula que harán falta dos dosis por persona). Ya se acordaron suministros por 5.303 mil millones de dosis, de los cuales 2.728 mil millones (51 por ciento) fueron adquiridos por los países desarrollados. Quedan entonces 2. 575 mil millones de dosis cuya distribución fue prometida a los países en desarrollo. Los porcentajes entre las necesidades y la realidad no se juntan. A su vez, hay laboratorios como la biotecnológica norteamericana Moderna que fijô dos precios distintos para su vacuna: entre 12 y 16 dólares en Estados Unidos y 35 en el resto del mundo. La única solución para todos sería que los laboratorios compartan su tecnología sin que medien patentes. El antídoto pasaría entonces a ser “un bien público global” y no un nuevo objeto lucrativo. AstraZeneca adelantó que destinaría el 66 por ciento de su producción a los países en desarrollo y ya se comprometió a entregar 300 millones de dosis al circuito Covax. El Acelerador ACT cuenta con un Covid Tool a través del cual se calculó que la investigación, la fabricación, la adquisición y la distribución de una vacuna para cada habitante del planeta acarrea un costo de 70,6 mil millones de dólares. El presidente Alberto Fernández puso a la Argentina en el circuito de los convenios con los laboratorios más avanzados. Junto a México, la Argentina firmó un acuerdo para producir la vacuna que desarrolló el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El país está entonces en ese espacio que los especialistas llaman “zona de anticipación segura”. No es el caso de naciones mucho más vulnerables. La vida de cientos de millones de personas en el mundo dependo de la ciencia, de la solidaridad y de que la ciencia no funcione como un negocio.

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EEUU se asoció con milicias armadas en Afganistán impidiendo el éxito de un programa de la ONU que pretendía disolverlas

Tan solo dos meses después del inicio de la guerra en octubre de 2001, Afganistán y las milicias aliadas habían arrebatado a los talibanes el control de todo el país

La posterior lucha por el poder entre estos grupos constituyó "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán" y la ONU puso en marcha un programa para disolverlos

Aunque EEUU formaba parte de esta iniciativa internacional, al mismo tiempo seguía aliado y trabajando con las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar

 

En diciembre de 2001, tras dos meses de ofensiva militar en Afganistán, EEUU había arrebatado a los talibanes el control de todo el país gracias a la ayuda de las milicias afganas aliadas. Jalaluddin Haqqani, un destacado comandante militar talibán líder de la Red Haqqani intentó entonces llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno interino. El 20 de diciembre, como gesto simbólico, Haqqani envió a miembros de su grupo, amigos cercanos y aliados políticos a participar en una caravana que viajaba desde la región de Loya Paktia a Kabul para felicitar al nuevo presidente, Hamid Karzai, y prometerle lealtad.

Pacha Khan Zadran, un señor de la guerra autoproclamado gobernador de Loya Paktia y apoyado por EEUU, paró el convoy a su paso por el territorio bajo su control. Zadran y centenares de sus hombres armados intentaron supuestamente forzar que la caravana le jurase lealtad y le reconociese como gobernador de al región. La respuesta de los líderes tribales en caravana fue que discutirían el asunto después de la inauguración de Karzai y continuaron su ruta hacia la capital, Kabul. Como respuesta, Zadran informó a sus contactos estadounidenses que una caravana Haqqani-Al Qaeda se dirigía a Kabul. Lo siguiente fue un bombardeo aéreo de EEUU en el que murieron unas 50 personas de la caravana y los pueblos cercanos.

Este episodio aparece como uno de los ejemplos de la colaboración entre EEUU y las milicias afganas antitalibanes en el último informe de la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), una agencia del Gobierno estadounidense que supervisa la acción de EEUU en la guerra de Afganistán, la más larga de la historia de EEUU, que el 7 de octubre cumple 18 años.

El documento narra que tras la derrota inicial de los talibanes, las milicias comenzaron una cruenta lucha de poder interna para transformar su victoria militar en influencia política y económica. En 2003, la ONU logró poner en marcha un programa para desmantelar a las milicias antitalibanes, que por aquel entonces constituían "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán", según otro informe de SIGAR de 2017. Una de las causas principales del fracaso de esta iniciativa internacional fue que mientras EEUU participaba en el programa, al mismo tiempo seguía aliado, trabajando con y fortaleciendo a las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar, denuncia la investigación.

"Las fuerzas de EEUU estaban al mismo tiempo asociadas con las milicias por motivos de seguridad y otros servicios", denuncia el informe. "La dependencia de EEUU de los grupos armados empoderó a los comandantes y grupos que en teoría iban a ser desmantelados", afirmó John F. Sopko, responsable de la agencia, en la presentación del informe el pasado 19 de septiembre. "EEUU estableció nuevos sistemas de apoyo que reforzaron la misma dependencia económica y social entre los comandantes locales y excombatientes que el programa intentaba romper", explica el documento. De acuerdo con una estimación citada en la investigación, en los meses posteriores al 11S EEUU entregó tanto dinero a las milicias que el valor del dólar respecto a la moneda afgana se redujo a la mitad en tan solo tres meses.

¿Por qué necesitaba EEUU a los grupos armados para combatir a los talibanes? Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington no tenía planeado invadir Afganistán. Esta falta de preparación hizo que la respuesta inicial estuviese liderada por la CIA, que optó por forjar alianzas con varias milicias, especialmente la Alianza del Norte.

Ni EEUU ni las milicias estuvieron especialmente comprometidas con el programa de la ONU de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, el cual estuvo en vigor entre 2003 y 2005. La ONU quiso incluir la iniciativa para disolver las milicias en el Acuerdo de Bonn –acuerdo aprobado en el marco de la ONU en diciembre de 2001 tras la derrota talibán para reconstruir las instituciones de Afganistán–, pero la Alianza del Norte se negó porque entendía que le haría perder poder. En Bonn, las diferentes facciones eligieron a Karzai como presidente interino. Karzai no tenía una fuerza de seguridad y dependía de EEUU, por lo que a cambio del apoyo político, nombro a líderes de la Alianza del Norte como ministros de Defensa, Interior y Exteriores, por lo que estos se hicieron con el control de todo el aparato de seguridad.

EEUU tampoco cumplió sus promesas económicas con el programa de la ONU de desmovilización de combatientes. Washington "prometió 10 millones de dólares, pero a finales de 2004 todavía no había entregado nada. Miembros del programa advirtieron a EEUU que si seguían reteniendo los fondos, el programa se quedaría sin recursos", señala el informe. Finalmente entregaron 9 millones de dólares.

EEUU no contemplaba la reconciliación, solo la victoria

Los talibanes no fueron invitados a Bonn aunque estaban dispuestos a reconocer su derrota. "A pesar de ser rechazados, los líderes talibanes no declinaron de inmediato el orden posterior a 2001. No hubo ninguna llamada a las armas. De hecho, lo contrario: un reconocimiento de derrota y un intento de llegar a un acuerdo", señala el informe. "En los primeros años de la intervención, varios líderes talibanes intentaron rendirse a cambio de amnistía y protección, pero EEUU rechazó estos esfuerzos de reconciliación". La guerra había empezado bien y EEUU solo contemplaba la derrota absoluta de los talibanes. La reconciliación no era necesaria y por eso tampoco se incluyó a los talibanes en el primer programa de desmovilización de combatientes. 18 años después, el Gobierno de Afganistán solo controla el 34% de los distritos y el 47% de la población. El resto está en disputa o controlado por los talibanes.

"A pesar del bombardeo de EEUU al convoy, Haqqani envió a su hermano Ibrahim Omari para jurar 'lealtad al nuevo gobierno' y emitir 'una petición a todos los seguidores de Haqqani para volver de Pakistán y trabajar con las autoridades'. Aunque la CIA al principio celebró la propuesta de Omari, poco después fue detenido por las fuerzas de operaciones especiales de EEUU", señala el informe. Días antes, un grupo de altos cargos talibanes escribieron una carta de rendición y entregaron sus territorios al Gobierno afgano. La Administración Bush, sin embargo, forzó a Karzai a abandonar el acuerdo y la mayoría de los líderes talibanes involucrados volvieron a la lucha armada.

Cuánto ha cambiado la situación que ahora EEUU busca llegar a un acuerdo con los talibanes, de los cuales se estima que hay unos 60.000 combatientes a tiempo completo. Tras acordar un borrador de pacto y lanzar una invitación a los insurgentes para Camp David en el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por los que empezó la guerra, Trump congeló todos los progresos por la presión interna y los continuos atentados de los talibanes. 760.000 millones de dólares después, EEUU sigue en guerra

29/09/2019 - 21:51h

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Maduro acusó a Bachelet de distorsionar la verdad

El documento, que será presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, fue rechazado por el gobierno bolivariano.

 

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó ayer al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con lo que calificó de graves vulneraciones de derechos en el país caribeño. “Si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, se lee en el informe elaborado tras la reciente visita a Venezuela de la alta comisionada de Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michele Bachelet. El documento, que será presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, fue sin embargo, rechazado por el gobierno de Venezuela, al afirmar que está lleno de errores y realizado bajo una visión distorsionada.

El informe destaca que se han documentado, en 2018, 5.287 ejecuciones extrajudiciales, por supuesta resistencia a la autoridad, cometidas en mayor parte, según estiman, por las Fuerzas Especiales (FAES). Además, entre enero y mayo de este año, se han producido otras 1.569. Estas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el gobierno venezolano. Por ello, la alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las FAES.

La ex presidenta de Chile resalta igualmente la responsabilidad de los llamados “colectivos” en el deterioro de la situación venezolana. “Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”, afirma. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada, quien visitó el país sudamericano entre el 19 y el 21 de junio pasado.

Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con la pulseada entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó. El país vive además una severa crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.

"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela" replicó ayer el gobierno de Maduro. Caracas estimó que la distorsión que denuncian en el informe es resultado de debilidades en la metodología. “Se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”. Los 70 comentarios publicados ayer por la cancillería venezolana son respuesta a una primera versión “avanzada no editada” que el órgano de la ONU había remitido a Caracas el 28 de junio.

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. El gobierno de Maduro, no obstante, apunta que el 82 por ciento de las entrevistas fueron realizadas en el exterior del país. “No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”, se defendió Caracas.

El documento denuncia, asimismo que, especialmente desde 2016, el gobierno de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno. Bachelet también lo acusa de una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, al tiempo que atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares. También los culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. En este sentido documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al gobierno. El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.

Ya a principios de esta semana, la alta comisionada había pedido una investigación independiente, imparcial y transparente de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.

En uno de sus últimos comentarios, el gobierno venezolano le reprocha la Oficina de Derechos Humanos que no mencione el embargo y otras medidas contra el país caribeño que afectan a su economía. “El informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cambio, nada dice (…) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país. Esta omisión es grave e injustificada”, se lee.

De lo que se conoce sobre el documento, Bachelet no hace referencia a las medidas económicas contrarias a Caracas, pero sí hace un llamamiento a que todos los involucrados en la crisis, colaboren. "Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", sentencia la alta representante.

Bachelet, asimismo, afirma en su comunicado de ayer que el gobierno de Venezuela se había comprometido a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, como las calificó, tal como el uso de la tortura y el acceso a la justicia. "Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", expone. Además de la disolución de las FAES y de los colectivos, Bachelet recomienda la creación de un mecanismo nacional imparcial e independiente para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.

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Condena venezolana a las provocaciones de EE.UU.

Maduro repudió la agresión “económica, política, mediática y diplomática de EE.UU.”. Su par norteamericano había afirmado un día antes ante la ONU que si el Ejército venezolano se decidiera a deponer a Maduro, tal rebelión podría triunfar rápidamente.

 

El gobierno de Venezuela calificó de belicistas e injerencistas las declaraciones hechas el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump. El magnate neoyorquino había afirmado en su discurso de la Asamblea General de la ONU que si el Ejército venezolano se decidiera a deponer al presidente Nicolás Maduro, tal rebelión podría triunfar rápidamente.


“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más enérgico rechazo ante las declaraciones belicistas e injerencistas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a promover una insurrección militar en el país”, dijo el comunicado de la Cancillería. “(Las declaraciones) evidencian la política de cambio de régimen (en Venezuela) que promueve su gobierno con la participación de algunos gobiernos latinoamericanos”, agrega el texto.


Asimismo, en el documento publicado en el sitio web de la Cancillería se consideró que las afirmaciones no se trataban de un elemento aislado, sino que aparecían en un contexto de sucesivas amenazas de intervención militar en Venezuela y bajo el incremento de la presencia militar estadounidense en la región. Éstas, dice el texto, son tendentes a crear un conflicto regional de proporciones insospechadas. La nota recalcó, además, que ante lo que calificó como las infames expresiones de Trump, el Gobierno rendía homenaje a, dice, la dignidad y honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).


Anoche en su discurso ante la ONU Maduro denunció la arremetida del país del Norte. “El presidente de EE.UU. arremetió contra el noble pueblo de Venezuela enarbolando la doctrina Monroe (...) Es un conflicto histórico entre esa doctrina imperial versus la doctrina independentista y republicana de Bolívar”. El mandatario venezolano dijo que su país era víctima de una “agresión económica, política, mediática y diplomática de Washington” y recordó la nota reciente publicada en el New York Times en la que se desvelaron reuniones de funcionarios de la Casa Blanca que querían favorecer un golpe de Estado en Venezuela. Además, Maduro llamó a las Naciones Unidas a investigar el intento de magnicidio del 4 de agosto.


Pese a los fuegos discursivos cruzados, el mandatario venezolano se mostró abierto a reunirse con Trump. “Yo estaría dispuesto a sentarme a dialogar con el presidente de EE.UU. si fuera necesario”. Sobre esto también se refirió ayer el líder republicano. “No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense, pero si puedo ayudar a la gente, para eso es para lo que estoy aquí”, dijo Trump a los periodistas sobre la posibilidad de hablar con su par venezolano. “Si está aquí, si quiere reunirse... No lo sé”, agregó dubitativo. Sin embargo, el magnate aseguró que todas las opciones seguían sobre la mesa respecto a Venezuela, lo que se traduce en que mantiene abierta la opción militar de la que habló hace un año.


“Todas las opciones están sobre la mesa. Todas ellas. Las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir con fuertes”, afirmó. “Sólo quiero ver que se resuelven las cosas en Venezuela. Quiero que la gente esté segura. Vamos a ocuparnos de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es una vergüenza”, subrayó Trump. Insistió, asimismo, en que va a ocuparse de la gente de Venezuela y recordó que muchos venezolanos viven en Estados Unidos, muchos de ellos en el área de Doral, en Miami. “He llegado a conocerles realmente bien”, agregó.


La FANB, por su parte, ratificó ayer su absoluta lealtad al presidente de Venezuela. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente la postura vil y grosera con que el presidente de Estados Unidos se refiere a sus integrantes; pero lejos de sentirse ofendida en su honor y su moral, reitera su carácter popular, nacionalista”, dijo el cuerpo castrense en un comunicado.


Para la FANB es insólito que el presidente estadounidense promueva con descaro un golpe militar en contra del Gobierno de Maduro, y señaló que permanecerá alerta ante lo que llama las nefastas pretensiones imperiales.


Además, la FANB critica que Trump haga apología de un acto de terrorismo, como lo fue el atentado al presidente a Maduro el pasado agosto. “Banaliza este hecho como si se tratara de algo gracioso, cuando especialmente los líderes mundiales están llamados a mancomunar esfuerzos para acabar con este flagelo. Ojalá el Secretario General de la Organización de Estados Americanos tuviera un gesto de decencia política y repudiara esta bochornosa actitud”, agregó la fuerza militar.


El martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump había pedido ayuda para lo que considera la restauración de la democracia en Venezuela. “Todos los países del mundo deben oponer resistencia al socialismo y a la miseria que trae consigo”, proclamó tras responsabilizar a Maduro y a los que llamó los patrocinadores cubanos de la salida de más de dos millones de personas del país. Después de su discurso ante la Asamblea, el mandatario agregó: “El régimen es peligroso para la seguridad de su pueblo. Podría ser derrocado muy rápido si el Ejército decidiera hacerlo”.

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