Un triunfo de los movimientos feministas. Colombia. Despenalizan el aborto, posible incluso hasta la semana 24


El fallo cayó como crema refrescante sobre una herida que por momentos da muestras de mejoría pero que pese al paso del tiempo no sana del todo. En la tarde del lunes 21 de febrero la Corte Constitucional, luego de meses de dilación (debido a variedad de causas, entre ellas el impedimento de un juez por haber adelantado ante un medio de comunicación su opinión sobre el particular), falló sobre una demanda interpuesta por Causa Justa, movimiento que “[…] busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida”. Además, Causa Justa “[…] reconoce la urgente necesidad de eliminar el delito de aborto del Cógido Penal como un avance para los derechos de las mujeres”. El movimento es una confluencia de organziaciones, entre ellas: La mesa por la vida y la salud de las mujeres, otras organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos, entre otras y otros que integran esta coalición.


El fallo de la Corte Constitucional, con sorpresa para muchas y muchos, no solo refrendó el derecho al aborto sin estar condicionado como hasta ahora a malformación del feto o que la mujer corriera peligro o hubiese sido abusada sexualmente, y solo posible hasta la 8 semana de gestación, sino que fue mucho más allá y amplió el tiempo para la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Pensando en prevención del embarazo, los jueces también entregaron una serie de recomendaciones que deben concretarse a través de políticas educativas y de salud pública. (Ver recuadro)


Con este fallo, en un país donde la Iglesia católica como parte del poder que ha propiciado violencia, exclusión, empobrecimiento generalizado, y otros muchos males que marcan al país, ha determinado y deformado por siglos la vida diaria de millones de personas, la máxima instancia judicial marca una tendencia por seguir en América Latina y gran parte del mundo. Una decisión que hace honor a la lucha de las mujeres, lideradas por variedad de organizaciones feministas, por el derecho a decidir sobre sus cuerpos.


Como lo aseguró Causa Justa, organización que interpuso la demanda que llevó al alto tribunal al fallo acá comentado, y una vez conocido el mismo: “La decisión supone un avance en el reconocimiento de la libertad y autonomía reproductiva y sitúa a Colombia como el país con el modelo de plazos más amplio de todo el continente. El fallo también trae beneficios a las y los prestadores de servicios de salud, pues podrán realizar el procedimiento de aborto/IVE hasta la semana 24 sin enfrentar la amenaza de una persecución penal”.


Causa Justa enfatizó a través de Ana Cristina González Vélez, una de las pioneras del movimiento, que: “Seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente. Los plazos sin duda reconocen en cierta medida la autonomía de las mujeres hasta una cierta etapa del embarazo, pero no se sustentan en razones científicas y niegan la capacidad de las mujeres para decidir como sujetos morales plenos”.


Lo decidido por los jueces da cuenta de la situación de violencia que afecta a la mujer colombiana, país donde la marca del patriarcado aún se siente en el día a día por todos sus poros, y en particular por medio de violaciones, país donde menores de edad son madres precoces. Por ejemplo, según datos oficiales, en 2020, al menos 4.268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres, en muchos casos por acto sexual no consentido. Colombia, país donde el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna y donde el 10 por ciento de los 400.000 abortos que se realizan al año, son llevados a cabo en condiciones de clandestinidad y sin garantía de condiciones sanitarias.


Por último, llamó la atención de este fallo que entre los 4 votos emitidos en contra de reconocer este derecho figuran los de tres mujeres, las magistradas: Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Ortiz. Evidenciando, de esta manera, que no por el simple hecho de ser mujeres se lucha a favor de ellas. O lo que es lo mismo, que el feminismo no es una prolongación del género sino, y esto es lo fundamental, una construcción social, cultural, política, una opción ante la vida, en lucha contra el poder, el capitalismo, el patriarcado, el sexismo, la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenimo, lucha por igualdad de derechos y condiciones de vida que su par masculino. Una lucha que se libra a la par de otras muchas y en unión de todas las personas por erradicar de la faz de la Tierra la opresión, la explotación, la injusticia, la desigualdad social, entre otros muchos males que son consustanciales al capitalismo y al poder en general.

 



La Corte Constitucional no solo decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, sino que también llamó al poder legislativo y al gobierno nacional para que diseñen y pongan en marcha una política pública frente al derecho aprobado. La Corte llamó a que este proceso se surta en el menor tiempo posible, sin que el tiempo que se tomen para ello implica la no realización del derecho que instituyeron. Derecho para hacer real la dignidad y los derchos de las mujeres gestantes.


Para el diseño de esa política pública la Corte marcó seis aspectos básicos por tener en cuenta:


— La divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo
— La eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia.
— La existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación
— El desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas.
— Medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras.
— Medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.

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Pañuelazo por el derecho al aborto en Santa Fe, Argentina. 20 de julio de 2018

El pasado jueves 9 de agosto pudimos conocer los resultados de la votación en el Senado de Argentina sobre la Proposición de Ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Una Proposición de Ley aprobada en la Cámara del Congreso el pasado 14 de junio y que no ha conseguido sortear la votación de la Cámara Alta: 38 votos en contra frente a 31 a favor y dos abstenciones. Por tanto, el escenario no deja de ser desolador desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto en cuanto la interrupción voluntaria del embarazo sigue manteniéndose como delito penado con hasta cuatro años de cárcel por mor de la dicción literal de los artículos 85 y 86 del Código Penal.

Téngase en cuenta el artículo 1 de la Proposición de Ley, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo

En este punto, debemos tener en cuenta los siguientes párrafos del artículo 85, anteriormente mentado: “El que causare un aborto será reprimido: (…) 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. En la misma línea, leyendo el contenido textual del artículo 86: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo (...)”. A mayor abundamiento, repararemos en los supuestos de despenalización recogidos en el propio artículo 86 CP –cuya redacción data de 1921– en tanto que preceptúa: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Por contra, téngase en cuenta la dicción literal de la Proposición de Ley objeto del presente texto, y, específicamente, sobre su artículo 1, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación a todas las mujeres en el marco del ejercicio del derecho humano a la salud.

Cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino

Las lecturas propuestas obligan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en (y ante) el discurso jurídico y el lugar dónde dicho discurso –en general– las (nos) sitúan en relación al sujeto abstracto y universal. Cuesta entender la negativa a nivel parlamentario (y no sólo) en relación al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad en el marco del reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuesta asumir el ostracismo jurídico al que se ven abocadas muchas mujeres –normalmente pobres o con escasos recursos– ante la negativa al reconocimiento de la autonomía corporal en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Pero es más, cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino (y su carácter normativo) tras la revisión de 1994, en donde incorporó una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos ampliando el corpus de derechos a nivel interno.

Recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW

De especial mención resultan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y, específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Sobre este último texto tráigase a colación la delimitación normativa (y conceptual) de “discriminación contra la mujer”, y recuérdese que, con tal expresión, se alude a toda distinción o exclusión basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. A su vez, recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW, en cuanto instan a llevar a cabo y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y, de forma particular, a consagrar, en las constituciones nacionales (o cualquier otra legislación apropiada), el principio de igualdad y a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de dicho principio.

Llegados a este punto –y de forma sucinta– reflexionemos sobre las siguientes interrogantes:

- ¿Qué efectos sobre la vida de las mujeres va a tener el seguir penalizando la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de los artículos 85 y 86 del CP de 1921?

- ¿Qué mensaje se envía a nivel social en relación con la subjetividad jurídica y política de las mujeres?

- ¿Son las mujeres sujetos jurídicos/políticos en los mismos términos que los varones?

- ¿Ejercen las mujeres los derechos de ciudadanía –donde cabe englobar el derecho a la autonomía corporal– en los mismos términos que los varones?

- ¿Desconfía el Estado –en líneas generales– de las decisiones de las mujeres en el ámbito de su salud sexual y salud reproductiva?

- ¿Y tras el veto del Senado y la negativa al reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos qué?

Por último, sólo quedan dos apuntes más: (1) la negativa del Senado constituye un acto de discriminación contra las mujeres en el marco de la CEDAW, incomprensible en pleno siglo XXI, y (2) evidencia la necesidad de constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de un nuevo pacto constitucional en el cual las mujeres sean verdaderas artífices y destinatarias del pacto de convivencia social. Un nuevo pacto para este avanzado siglo que debe garantizar el derecho de todas las mujeres a la autonomía corporal y a decidir libres de coerción, discriminación y violencia sobre su maternidad.

* A continuación, y para completar el análisis, se incluyen dos cuadros en donde se recogen los votos a favor y en contra por Grupos Parlamentarios en el Senado y por sexo, respectivamente.

 


 

La deuda de América Latina con las mujeres: el aborto es ilegal o muy restrictivo en la mayoría de países

 

eldiario.es

 

  • En toda América Latina, el aborto solo es legal en 3 de 49 países: Cuba, Uruguay y Guyana
  • En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Surinam la interrupción del embarazo es ilegal en cualquier situación
  • En la mayor parte del continente esta práctica es delito, aunque las legislaciones de algunos países incluyen excepciones que tienen que ver con violaciones o malformaciones

 


Cristina Armunia Berges / Raúl Sánchez / Ana Ordaz

 

América Latina tiene una gran deuda con sus mujeres. El continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, acceder al aborto. Y se trata de un grito común que empieza en México y termina en Chile. En todo el continente (incluyendo los países caribeños con más de un millón de habitantes), solo 3 de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto. Esto significa que en el 92% de los países es ilegal esta práctica, aunque en algunos territorios operen excepciones en forma de supuestos.

La peor parte se la llevan los países centroamericanos. En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abortar es ilegal en todos los casos, es decir, no existen excepciones de ningún tipo en sus legislaciones. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar. Se enfrentan también a persecuciones que encabeza la iglesia, pero que también siguen ciertos sectores de la sociedad, simplemente por despertar sospechas.

El Código Penal de Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. Por ley, tampoco se pueden utilizar anticonceptivos de emergencia.ç

 

"Estamos trabajando en todas las regiones. Hicimos un gran trabajo en Chile y, en los países centroamericanos, lo que hacemos es denunciar internacionalmente las penas a cadena perpetua por abortar que se imponen por ejemplo en El Salvador. En estos países, el aborto está completamente penado", explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La mayor parte de los países latinoamericanos prohíbe el aborto con excepciones parecidas en cada territorio. Los supuestos más habituales en los que no es delito abortar son: violación o que corra riesgo la vida de la madre. Algunos países incluyen también malformaciones del feto, y unos pocos –tres de los países más pequeños del continente: Barbados, Belize y San Vicente y Granadinas– suman la inseguridad socioeconómica.

Las legislaciones más restrictivas, esto es, las que solo contemplan la legalidad del aborto en casos de violación o de que corra peligro la madre, las encontramos en países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile.

 

De los 49 países analizados el aborto está totalmente prohibido salvo excepciones en 15 países. Se permite para salvar a la gestante en 13 de ellos, se permite por razones socieconómicas en 3 y es legal sin restricciones en otros 3. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, después lo hizo Guyana en 1995 y, finalmente, Uruguay en 2012.

De los países que prohíben el aborto, Brasil, Chile, México y Panamá lo permiten en caso de violación. El resto lo prohíben incluso bajo este supuesto. En este punto, cabe recordar que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Esta competencia depende de los estados.

 

Dentro de los países que prohíben el aborto, es posible abortar si peligra la vida de la madre en Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. No sucede lo mismo en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.

La OMS calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros y que cada año mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Apuntan también que el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccesible.

 

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Argentina. El Senado dice ‘no’ al aborto y deja al país con una ley de 1921

Por 38 votos negativos y 31 a favor, la Cámara Alta bloquea el proyecto de aborto legal e impide que las mujeres puedan decidir cómo y cuándo ser madres.

Las convicciones religiosas se impusieron al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en Argentina, el país del papa Francisco. Por 38 votos por el no y sólo 31 por el sí, el Senado argentino rechazó este miércoles el proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14 que había aprobado la Cámara de Diputados en junio. La interrupción del embarazo se mantiene como un delito penado con hasta cuatro años de cárcel, a pesar de que cada minuto y medio una mujer aborta en el país austral.

La Argentina del siglo XXI e integrada al mundo que pregona Mauricio Macri seguirá con una deuda histórica con las mujeres: el aborto legal. La ley vigente data de 1921 y sólo permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre, dos supuestos que suponían un avance hace 97 años pero que hoy no responden a las nuevas demandas sociales. El presidente argentino habilitó por primera vez el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero Cambiemos, la coalición que encabeza fue la que más votos aportó en contra para rechazar la iniciativa. El resultado negativo enmudeció a las decenas de miles de personas que desafiaron la lluvia bajo paraguas y plásticos verdes, el color que identifica a los partidarios de la legalización, y fue aplaudido en el lado celeste de la plaza, donde se concentraron los detractores del proyecto.

La victoria en la Cámara de Diputados, pero en especial la multitudinaria movilización que acompañó al 'sí' el pasado 14 de junio, hicieron pensar en un primer momento que la marea verde se impondría también en el Senado, una Cámara mucho más conservadora, donde están representados los intereses de las provincias de interior del país. Pero con el paso de las semanas, la presión de la Iglesia católica y los evangélicos ganó terreno hasta decantar la votación. En sus discursos antes de definir el voto, numerosos senadores se escudaron tras sus creencias religiosas y la necesidad de salvar las dos vidas —la de la madre y la del feto— para justificar su voto en contra.

El debate se inició temprano por la mañana, en un intento por evitar que las discusiones se extendiesen más allá de la medianoche. Fue un intento vano, porque la sesión duró casi 16 horas y cerró cerca de las 3.00 de la madrugada. Pese a lo caldeado de las posiciones en la calle, el tono dentro del recinto fue mesurado, fiel al protocolo del Senado. “No será menos trágico un aborto porque se haga en un quirófano. No, será igual de trágico. El objetivo es que no haya más abortos en Argentina, eso es aspirar a más”, dijo el senador Esteban Bullrich, exministro de Educación de Mauricio Macri, ferviente católico y defensor del 'no' a la ley. Su presentación resumió la posición de los grupos antiabortistas: el embrión tiene derechos constitucionales desde el momento de la concepción y, aunque el aborto es un hecho, no podrá reducirse con una ley que lo regule.

Aborto en Argentina

Los portavoces del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados concentraron sus argumentos en el reconocimiento de una realidad que existe, con o sin ley. "Las mujeres están solas. El varón aborta antes, desapareciendo. Por eso este es un problema de mujeres. Los abortos se hacen y el debate hoy es por el aborto legal o ilegal”, dijo la senadora peronista Norma Durango. Su par por Tucumán, Beatriz Mirkin, fue más directa. "Estoy acá para legislar, y acá en Argentina se aborta, lo he visto porque he trabajado en los hospitales. He visto muchos más legrados uterinos de los que ustedes imaginan", dijo, visiblemente emocionada.

El cineasta Pino Solanas, de 82 años, dio sin duda uno de los discursos más emotivos. Consideró que "el goce es un derecho humano", pidió que se respete el derecho de los pobres "a amar" y reveló que una novia de su adolescencia tuvo que abortar "porque entró en pánico". Solanas asumió la derrota de la ley, pero pidió a las decenas de miles de jóvenes que esperaban el final del debate bajo la lluvia que no se den por vencidas. "¡Bravo chicas! Esta noche es sólo un pequeño descanso. Será ley, nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación", gritó Solanas para cerrar su discurso.


La presión de la Iglesia

Otros senadores a favor de la norma denunciaron la presión de la Iglesia, como el entrerriano Pedro Guastavino. "Ayer, en mi cuenta de WhatsApp recibí una enorme cantidad de mensajes que, en nombre de Dios, me calificaban de manera irreproducible. Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos", dijo. Las posiciones atravesaron a todos los partidos políticos. Guastavino es peronista, como Rodolfo Urtubey, polémico en sus argumentos contra el aborto, incluso en casos de violación, uno de los supuestos legales del aborto en Argentina. "La violación también está clara su formulación, pero habría que ver. Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, a veces la violación es un acto no voluntario", dijo.

Los portavoces del no se concentraron en el oficialismo, pero hubo excepciones. La senadora Gladys González, cercana a Macri, defendió con vehemencia la ley. "No podemos proponer como solución al aborto ilegal que se cierre el sistema. Queremos salvar a las dos vidas y no estamos salvando ninguna", dijo González, en referencia al lema de los contrarios a la ley. La escuchó atenta su par, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, contraria al aborto incluso en caso de violación a una menor. Particularidades de un debate basado en la libertad de conciencia de los legisladores.

Entre los grandes partidos, sólo el kirchnerismo votó mayoritariamente a favor. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se opuso a tratar el tema del aborto mientras fue presidenta por estar en contra, explicó por qué ahora votó a favor. "No fue por mi hija que cambié de opinión. Las que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Esta ley no va a salir esta noche, no saldrá este año, pero saldrá el que viene o el otro", dijo Kirchner.


Abortos con agujas de tejer

La decisión de mantener el aborto como un delito no evita que numerosas mujeres decidan interrumpir embarazos no deseados. Según estimaciones extraoficiales, entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan cada año en Argentina. Lo hacen en la clandestinidad, con riesgo para sus vidas, en especial las gestantes con menores recursos, que recurren a médicos no profesionales o métodos peligrosos como sondas, perchas, agujas de tejer y hasta tallos de perejil.

Mientras los senadores debatían, una mujer de 35 años y madre de cinco hijos luchaba por su vida tras ser sometida a un aborto clandestino en Mendoza, al oeste del país. Hace menos de una semana, Liliana Herrera, de 22 años, falleció de una infección generalizada por la misma causa. Cada año, casi 50.000 mujeres sufren complicaciones derivadas de interrupciones del embarazo y cerca de medio centenar mueren. El ministro de Sanidad, Adolfo Rubinstein, llamó a los legisladores a poner fin a estas muertes evitables votando a favor de una ley que garantiza que las mujeres puedan abortar de forma segura. También la defendió, sin éxito, el ministro de Ciencia, Lino Barañao.

Con el paso de las horas, el ambiente en la calle se volvió más tenso. "Si no hay aborto legal, que quilombo se va a armar", advertían las miles de mujeres partidarias del aborto legal que aguantaron bajo la lluvia todo el debate. "Es doloroso que no nos escuchen, que hablen de intervenciones quirúrgicas cuando las mujeres hoy abortan en casa con misoprostol", lamenta Clara, una estudiante universitaria de 20 años.

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Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: Millones de argentinas y latinoamericanas ansían con esperanza ¡Que sea Ley!

Es un momento histórico importante. Los ojos y el corazón de millones de mujeres argentinas y latinoamericanas estarán puestos este 8A en el recinto del Senado de la Nación Argentina, en el que se debatirá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya con media sanción en la Cámara de Diputados.

Una marea de mujeres de todas las edades se apresta a velar en las calles por su derecho a decidir, ataviadas con el mítico pañuelo verde que ya ondea como bandera en toda América Latina.


Una gran cantidad de argumentos fueron expuestos en el debate desarrollado durante las sesiones previas y las previstas para el tratamiento parlamentario de la Ley. La controversia – y como no había sucedido en ningún momento de la gestión macrista en el ejecutivo – transformó el parlamento en un verdadero foro y se constituyó en una extensa muestra de real discusión democrática, con participación de organizaciones y referentes sociales, de académicxs, de activistas, desde diversos ángulos y posturas de la sociedad.


Debate que logró unir adversarios políticos, aspecto imprevisto para un gobierno que hizo lugar a la instalación del tema para distraer y que apuntó a dividir a potenciales aliados para evitar una contundente oposición a su programa antisocial.


La estrategia gubernamental se dirigió a clavar una cuña entre las agrupaciones opositoras de raigambre católica, en particular en el peronismo. El tiro por elevación se dirigió también contra los movimientos sociales de base que la iglesia romana está apoyando para reinstalarse en los sectores populares y recobrar así, al menos en parte, una influencia otrora absoluta, hoy parciamente desplazada por las legiones pentecostales en muchas periferias de la región.


A su vez, el activismo feminista – que desde hace tiempo venía reclamando que ni los espacios conservadores, ni los progresistas, ni siquiera aquellos revolucionarios, colocaron el tema en la agenda política – aprovechó el espacio y el clamor se extendió. Ganó los colegios, los hogares, la plaza pública.


Sacar la cuestión del aborto de su ocultamiento forzado, socializar su realidad cotidiana, develarlo como una problemática social, destacar la desigualdad que expone, todo ello significó en sí mismo una primera gran victoria.


Y ante el debilitamiento de un patriarcado de siglos, una decidida marea feminista encarnó en una porción mayoritaria de la generación joven y generó la presión suficiente. Esto abrió las puertas a la inminente posibilidad de aprobación de una ley que garantice, a todas las mujeres que decidan interrumpir un embarazo no deseado, una adecuada protección médica, el acompañamiento del Estado y la correspondiente equidad que proveen la gratuidad y la legalidad.


La sanción definitiva de la Ley en Argentina – cuya aprobación pionera en la región corresponde a Uruguay – desataría un efecto dominó de proporciones indetenibles en América Latina, masificando el reclamo, colocando el tema entre las prioridades y poniendo en jaque a los gobiernos de todos los signos políticos.


Es probable que todo ya haya sido dicho en las incalculables discusiones sostenidas. Pero en circunstancias tan relevantes como ésta, la historia exige no guardar silencio y sentar posición, dejando de lado toda pretensión de originalidad o exégesis.


Desigualdad social- embarazo adolescente- desigualdad social: un ciclo nefasto


El embarazo no deseado es un motor primario entre las causas de pobreza, de desigualdad de género y de privación de futuro elegido para millones de adolescentes y niñas.


Según cifras actualizadas, en el mundo tan sólo el 52% de las mujeres casadas o en otro tipo de unión es libre de tomar sus propias decisiones respecto a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención sanitaria.


Por otra parte, los embarazos no deseados ocurren con mucha mayor frecuencia en contextos de pauperización y segregación. Los datos son contundentes: En Argentina, por ejemplo, según se informa en una nota del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), nueve de cada diez madres de 15 a 19 años pertenecen al 30% de los hogares de menores ingresos.


La misma nota señala que “15% de los bebés que nacen al año tiene una madre adolescente menor de 20 años” y que “el 67% de esos embarazos no es intencional o planificado”. En gran parte de los casos, la maternidad a temprana edad va de la mano con el abandono de la escuela: el artículo citado puntualiza que “un 30% de las mujeres de entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad”. Con ello, se recortan las posibilidades de formación profesional y se cierra el círculo de pobreza, dependencia económica y desigualdad.


Este es el cuadro real de una de las principales fuentes de reproducción de miseria y de vulneración de igualdad de oportunidades en toda América Latina y el mundo. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado es un aporte importante a la lucha por superar la exclusión y la postergación de la mujer.


La prohibición mata, la culpa asfixia


Nada nuevo diremos confirmando que muchas muertes podrían ser evitadas brindando un marco legal a procedimientos de aborto que, al desarrollarse de manera clandestina, lo único que garantizan es un alto grado de riesgo para la mujer. Esto se verifica, nuevamente, en los estratos más pobres, en las periferias urbanas y en entornos rurales.


La criminalización de un número significativo de mujeres en una situación comprometida es de por sí un hecho inaceptable. Mucho más si el mismo hecho, en la mayor parte del mundo, está legalmente garantizado.
Por otro lado, la prohibición no detiene ni minimiza el número de abortos. Simplemente los oculta, los exilia, los complica.


Pero hay acaso un arma tan o más letal que se introduce en la argumentación antiabortista, una sustancia invisible que envenena por dentro. Que es infinitamente más dolorosa, que también mata, pero más lentamente. Es la culpa inducida. Es la acusación de asesinato inoculada por una moral acusadora y ciertamente hipócrita, a juzgar por los actos de muchos de los que la defienden y promulgan.


La culpa debilita, atemoriza y justifica el castigo. En definitiva, la culpa es un mecanismo de control. Un instrumento para mantener la sumisión. Por eso es que la culpa la promueven quienes detentan un poder conquistado a base de imposiciones y no desean perderlo. Es tiempo de acabar con el tormento de la culpa. Ella es la verdadera asesina y sus cómplices, quienes la multiplican.


La ley que permita el aborto, en tanto norma democráticamente sancionada, en tanto canon de moralidad social aceptado, en tanto posibilidad de elegir con mayor libertad las propias acciones, es un aporte a la liberación de la culpa y por tanto, de ganar en fortaleza y felicidad interior, lo cual, indudablemente es el objetivo de toda construcción social evolutiva.


La lucha perenne entre lo humano y lo natural


De trasfondo, la pugna que suscita el tema de la interrupción voluntaria de un “hecho natural”, es entre los defensores de un derecho natural, dado, divino e inconmovible y quienes apuestan por el desarrollo humano a partir de la intencionalidad presente en su conciencia y expresada en sus actos. Entre un destino impuesto y un futuro construido desde un impulso interior. Entre un espíritu esclavo y una redención creativa.


Es justo reconocer que el ser humano es – paradójicamente “por su propia naturaleza”- un transgresor, un transformador, un inconforme y un rebelde a las condiciones impuestas por la misma naturaleza. En su respuesta no mecánica ante cualquier acontecimiento, reside su posibilidad de elegir y de cambiar lo dado.

Es la eterna lucha entre la inmovilidad y la intención transformadora, ésta última tarde o temprano, invencible.


Progresión histórica de derechos


Ver en perspectiva histórica aclara el panorama. Si uno observa la progresión histórica en la conquista de derechos, es evidente que el avance de los derechos de las mujeres es indetenible.


Hubo un larguísimo tiempo en que la mujer era apenas un instrumento de procreación, un mero apéndice de la voluntad masculina, que decidía de forma omnímoda sobre la vida de toda mujer a su alrededor. Un tiempo en que no existía divorcio, o que éste requería de la voluntad masculina para realizarse. Un tiempo en que la mujer no podía amar a quien quisiera.


Hubo que luchar con determinación para que la mujer tuviera derecho a votar, a constar como propietaria de tierras, pudiera estudiar o ejercer determinadas profesiones. Para poder ser recibida en todos los ámbitos con deferencia, respeto e igualdad de condiciones. Muchas trabas fueron removidas – aunque aún de forma parcial – para que cada vez más mujeres asuman posiciones decisivas en ámbitos políticos, sindicales o empresariales.


Aunque buena parte de esta flagrante discriminación va siendo dejada atrás, importa recordar lo que sucedió. No solamente para disponerse decididamente a reparar tamaña injusticia, sino también para no interponerse inútilmente ante transformaciones que sin duda ocurrirán. Es más, mirar en perspectiva alienta a convertirse en protagonista de dichos cambios. Las mujeres que hoy empujan el avance de derechos, son heroínas históricas, como lo fueron, sin duda alguna, sus miles de antecesoras.


¡Que sea Ley! Porque así lo requiere el avance de derechos y en definitiva, la historia.

 

06.08.2018 - Córdoba, Argentina - Javier Tolcachier
Pressenza

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