Lunes, 10 Enero 2022 07:09

¿Puede pasar aquí?

El 6 de enero de 2021, partidarios de Donald Trump chocaron con la policía y las fuerzas de seguridad mientras tomaban por asalto el Capitolio en Washington, DC. Un año después, los estadunidenses aún esperan que el sistema judicial aclare si se trató de una simple manifestación exacerbada o de un intento de golpe de Estado.Foto Afp

 

 

David Brooks

No es extraordinario que periodistas tengan que reportar sobre riesgos de golpes de Estado, guerra civil, amenazas de muerte contra políticos y líderes sociales, de complots de secuestros políticos, sobre atentados terroristas contra ciudadanos e instalaciones gubernamentales. Sí es extraordinario que estemos reportando todo esto no en torno a un país tercermundista o sobre un Estado fallido, sino desde el autoproclamado guardián planetario de la democracia.

Durante la semana pasada, alertas urgentes sobre amenazas potencialmente letales a la democracia estadunidense incluyendo guerras civiles, golpes de Estado, terrorismo político y hasta neofascismo provinieron del propio presidente Biden –quien al marcar el aniversario del asalto al Capitolio se vio obligado a preguntar a sus paisanos: ¿Vamos a ser una nación que acepta la violencia política como lo normal?–, como también de los líderes de ambas cámaras del Congreso, de dos ex presidentes (Carter y Obama), de expertos en sistemas democráticos y sus crisis (incluyendo veteranos de servicios de inteligencia que evaluaban estas condiciones en otros países), de ex generales y de intelectuales reconocidos. Estas voces se sumaron al coro de alarma generado durante los recientes cinco años y que se intensificó durante las pasadas elecciones presidenciales que culminaron con, por primera vez en la historia del país, un presidente rehusando aceptar los resultados e intentando descarrilar el proceso constitucional incluso con un asalto violento del Capitolio de parte de sus seguidores hace un año.

¿Están exagerando?, Eso está a debate, y aunque hay expertos que rechazan que el país está ante la posibilidad de algo remotamente parecido a la catastrófica guerra civil del siglo XIX ni tampoco un golpe de Estado exitoso, sí hay amplio consenso de que la violencia política puede intensificarse aún más con, por ejemplo, nuevos atentados terroristas de ultraderechistas estadunidenses (el peor atentado terrorista antes del 11-S fue realizado por estadunidenses en Oklahoma City en 1995, con 168 muertos ). Pero también, recuerdan otros, en varios países que de repente sufrieron un golpe o en donde estalló una guerra civil, muchos aseguraban, estaban convencidos, justo antes que eso no puede ocurrir aquí.

Noam Chomsky afirma que el asalto al Capitolio de hace un año nos muestra que la democracia política limitada que aún existe (en Estados Unidos) pende de un hilo delicado y advirtió que los esfuerzos republicanos de subversión electoral en el país forman parte del golpe suave que está procediendo ahora.

Chomsky explica: mientras las acusaciones de propagandistas derechistas son en gran medida fantasías delirantes, tienen suficiente base en la realidad para incendiar a aquellos que ven su mundo de dominio desaparecer, al referirse a la cada vez más reducida mayoría blanca en Estados Unidos. En entrevista la semana pasada en Truthout, Chomsky continúa: con el orden social desmoronándose bajo el asalto neoliberal, estos temores son fácilmente manipulados por demagogos y oportunistas, mientras que sus patrones en sus oficinas ejecutivas y mansiones gozan la oportunidad de continuar con el robo que han llevado a cabo por 40 años, y donde los desafíos pueden ser reprimidos, por violencia estatal y privada si es necesario. Eso es un mundo que podría no estar lejos. Alertó: cuando Estados Unidos desciende hacia el fascismo, la supervivencia a largo plazo de la sociedad humana se vuelve una perspectiva dudosa.

Estados Unidos siempre ha sido uno de los países más violentos en el mundo. Pero eso sí, siempre se suponía que los golpes de Estado, atentados de terrorismo político, violencia tipo paramilitar y más que ocurren en otros países –muchas veces con el apoyo o participación de Washington– nunca ocurrirían aquí dentro, hasta ahora.

El futuro, y no sólo el de Estados Unidos, ahora depende de las fuerzas democratizadoras progresistas que han transformado y rescatado a este país en el pasado, y hoy, más que nunca, necesitan de la solidaridad de todas sus contrapartes alrededor del mundo.

Playing for Change. Everyday People. https://www.youtube.com/watch?v=-g4UWvcZn5U

Black Pumas/Playing for Change. Colors. https://www.youtube.com/watch?v=-rM3xn2JXGU

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Óscar Pinto, Caballo (Cortesía del autor)

País de apariencias, ese es Colombia, donde el discurso oficial dice una cosa y otra diferente es lo que habla la realidad cotidiana de los territorios. Esta sensación, muy extendida entre clases, pueblos y grupos poblacionales que habitan sus más de un millón de kilómetros cuadrados, es corroborada una vez más por un ente, institución u organización internacional, esta vez el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).


Este Tribunal Internacional de Opinión en su Sesión número 48, con Colombia como país valorado, fue enfático en su fallo al sentenciar que aquí se vive un proceso sistemático de violencia y permanente transgresión de los Derechos Humanos que concreta un continuado genocidio político. A este falló se llegó luego de revisar profusa documentación entregada por decenas de organizaciones sociales, partidos políticos y personas, así como de escuchar cientos de testimonios, información que cuestiona en toda su estructura, esencia y devenir la democracia en que dice soportarse y desenvolverse el régimen político.


El análisis de esta problemática presenta un proceso sistemático de violencia, exclusión e impunidad que se padecen a lo largo –por lo menos– del último siglo de existencia republicana, con episodios paradigmáticos y que perduran en la memoria nacional, entre ellos la Masacre de las Bananeras; el 9 de abril de 1948 y con él la insurrección urbana tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, prolongada durante años en lo que el historicismo oficial denomina “La violencia” (1948-1953), en el exterminio de la Unión Patriótica y en los “falsos positivos”, entre otros muchos sucesos históricos.


Este desangre nacional persistente en el conflicto social que proviene de los años 20 del siglo pasado, ahondado en la tercera década con el sueño de reforma agraria como reivindicación nodal, a la par de la cual la persistente movilización del país nacional por justicia e inclusión social es una mayoritaria demanda recogida, procesada y profundizada por Gaitán a lo largo de varios años de encuentro con el país de excluidos, hasta consolidar un liderazgo que los ojos del poder nacional e internacional perciben como un grave peligro. Y no permanecen observando: la democracia formal se retuerce hasta romperse, y el atentado y el homicidio toman cuerpo como recurso del poder.


Las secuelas se extienden. El 9 de abril, y con este el período denominado por el historicismo oficial como “La violencia”, impacta a la sociedad colombiana en forma imborrable, en años durante los cuales fueron asesinados no menos de doscientos mil connacionales, mientras muchos otros fueron desplazados y obligados a asentarse en las periferias urbanas de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, para iniciar así un creciente poblamiento de sus principales centros urbanos, que en medio de varias oleadas de perseguidos, despojados y criminalizados todavía no termina. Todo en medio de una ofensiva de terratenientes y defensores del status quo que se traduce en guerra civil en los Llanos orientales con la conformación de un ejército de campesinos alzados en defensa de sus vidas, identidad política y pocas propiedades, y como recurso para bloquear su creciente autonomismo el golpe de Estado. La formalidad democrática queda para épocas de mayor cohesión social.


Para superar el ‘impase’, como acuerdo de inclusión oligárquica y exclusión popular, fue sellado el Frente Nacional con el que supuestamente el país encontraría la paz y la prosperidad social, pese a la cual ni lo uno ni lo otro ganaron cuerpo, sí la democracia formal que retomaba su periódico rito.


A lo largo del siglo XX Colombia experimenta una centuria de violencia agenciada desde su Estado, vivencia radiografiada a través de la multitud de testimonios y documentación recibida y expuesta en parte en su acto de acusación por los fiscales Iván Velásquez y Ángela María Buitrago, con el respaldo de una argumentación que deja sobre la conciencia nacional el recurrente uso del poder reunido en un aparato de Estado que desconoce a quienes debe proteger, usado por quienes lo controlan para acallar inconformidades e impedir la concreción de una democracia real. Es decir, reclamos en unos casos de acceso a la tierra, de salarios dignos en otros, de justicia social y superación de la impunidad en no pocas ocasiones, del derecho a la participación política, pero también de acceso a servicios públicos, vivienda, educación y un largo etcétera que dejan la evidencia de que aquella cantinela, repetida sin rubor desde el poder y que asegura que Colombia es la democracia más fuerte del continente, no tiene asidero sino en las mentes de los usufructuarios del poder político y económico.


Afirmación que suena a ficción, y que de uno u otro modo deforma lo que se debe entender por democracia, que, al decir de uno de los más importantes intelectuales con que ha contado el país, ocultado por el poder real que lo desconoce con claros propósitos, es más que un voto o la perfección del sistema electoral: “El problema de la democracia no será resuelto mientras no se le trate como un todo. Cada uno de los factores que integran ese problema conjunto es importante y está dotado de poderosa vitalidad en la medida en que se articula a los restantes factores, es decir, en la medida en que no se considera una parte divisible. ¿Qué validez tiene la aspiración de buscar la autenticidad de la democracia en la autenticidad formal del voto –mediante el perfeccionamiento técnico de los mecanismos electorales– si detrás del voto no existe una línea definida de aspiraciones, una capacidad de acción independiente y una voluntad consciente del pueblo elector?” (1).


De acuerdo con lo resumido por Antonio García, es claro que lo imperante acá es un remedo de democracia. ¿Qué más puede prevalecer en un país en el cual, en sus últimos 30 años, ocho millones de colombianos han tenido que dejar sus terruños y lo alcanzado a reunir tras años de labor, reflejo de una sabia decisión en pos de salvar su vida y la de los suyos? ¿A qué democracia se alude en un país donde, en igual período se les ha despojado a sus verdaderos propietarios cerca de ocho millones de hectáreas de tierra para ser amasadas por viejos y nuevos terratenientes? Claramente estamos frente a un remedo de democracia que no se acerca ni de lejos al sentido profundo de una formación político-económica para todos, por decir de alguna manera participativa, directa, radical, mucho menos plebiscitaria.


De modo que esta es una democracia meramente de nombre, exclusión y negación de hecho, con un régimen impuesto y prolongado con el favor de fuerzas militares, paramilitares y mafiosas que han terminado por eliminar a sectores específicos de la población colombiana. Además, el poder ha contado con jueces que han tendido niebla sobre evidentes hechos de barbarie, así como notarios que han avalado el despojo de cientos de miles, y otras autoridades que convalidan la amenaza, la persecución, el atentado, la muerte. Y la desmemoria.


Sucesos así, estos y otros, conjugan un “[…] genocidio continuado, cometido contra una parte del grupo nacional colombiano. Por tanto, el exterminio de grupos específicos de carácter étnico, político o social se subsume en ese escenario global y sostenido en el tiempo del genocidio dirigido a transformar la realidad plural del grupo nacional, eliminando a quienes no deben tener cabida en el mismo, según la concepción de quienes han concebido articulado y llevado a cabo el genocidio” (2).


No es solamente, por tanto, el genocidio de fuerzas y procesos sociales y políticos como el padecido por el gaitanismo y la Unión Patriótica, como los de mayor relieve, sino también el genocidio de ese amplio grupo social colombiano que ha buscado una mejor vida para el país integrado por indígenas, campesinos, trabajadores de la ciudad y del campo, estudiantes, y mujeres y hombres de variadas identidades culturales y políticas, etarias y territoriales.


Para su negación, por ideología, creencias y prácticas, el establecimiento no ha dejado de usar en estas décadas todos los recursos a su alcance, desde la estigmatización y la criminalización, pasando por la persecución, el desplazamiento y hasta el homicidio, individual y colectivo, rompiendo con ello la consolidación de liderazgos territoriales como de profundos procesos sociales, para lo cual la masacre también es un recurso a la mano.


La abierta instrumentalización de un cuerpo armado que se pregona para la protección de la totalidad nacional materializa, como sucedió en la referida época de “La violencia” con los chulavitas, la privatización y la puesta al servicio de los más ricos de un potente cuerpo reunido en las Fuerzas Armadas, complementadas, según lo que indican los manuales elaborados por el Ejército de los Estados Unidos, por paramilitares pero también por otros cuerpos armados, como las bandas al servicio del narcotráfico. Todo ello encaja en las ‘recomendaciones’ de una potencia extranjera que no se queda ahí sino que interviene en la formación, el acompañamiento, la dotación y la evaluación del funcionamiento del cuerpo militar, oficial, así como del paramilitar.


Por tanto, lo que ha existido en Colombia, prolongado en el tiempo, es la formalidad democrática que se plasma en la realización de elecciones periódicas. La concentración de la riqueza, hasta niveles inimaginables, sella con broche de vergüenza la que es otro baluarte de cualquier régimen incluyente, la justicia, característica sustancial de cualquier democracia. ¿Puede ser democrático un régimen que desconoce y se opone a la pluralidad que resume el ser nacional de su población? ¿Cómo caracterizar a un sistema que hunde en el genocidio a núcleos amplios de su población e igualmente arrasa con la variada naturaleza que permitió que el nuestro fuera considerado un país de regiones, concretando así un ecocidio?


La descarnada realidad, entonces, es ahora desnudada por el fallo emitido por el TPP, dándole plena validez a la existencia y la misión de la Comisión de la Verdad, un significativo producto del Acuerdo de paz firmado entre Gobierno y Farc, y cuyo esfuerzo especializado debe propiciar la reconstrucción de años de imposición de un poder que no repara en formas ni prácticas para sostenerse y prolongarse.


Esta realidad, al mismo tiempo, invita a encarnar, por la totalidad social que somos, un liderazgo que haga realidad que “el problema de la democracia no será resuelto mientras no se le trate como un todo”, que para el caso colombiano demanda, como un inamovible, la resolución del problema de la tierra, un pendiente extendido desde la Colonia. Al mismo tiempo, la apertura de espacios de participación política y social que, más allá de lo electoral y los cuerpos de representación a que da lugar, inviten y garanticen el diseño de un país con las manos de la totalidad que lo habita, asegurando, como materialización de tal ejercicio, la redistribución de la riqueza nacional, sostén de justicia y paz, dos soportes de una democracia integral que hasta ahora no son más que ilusión y palabras discursivas para descrestar almas incautas.


La Sentencia del TPP no tiene efectos judiciales pero sí morales y éticos, y de ello también debe dar cuenta una democracia en sentido pleno, condición fundamental para sellar una historia de horror y dar paso a otra donde la triada solidaridad, justicia y paz/convivencia, entre humanos y con la naturaleza se plasme cada día.

1. García, Antonio Nossa, Dialéctica de la democracia. Sistema, medios y fines: políticos, económicos y sociales. Ediciones Desde Abajo, 2013, p. 32.
2. Suplemento especial periódico Desde Abajo, edición 284, “En Colombia se ha cometido un genocidio continuado contra una parte del grupo nacional”, septiembre 20-octubre 20, año 2021.

 

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La nueva Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada ayer en el Congreso colombiano luego de las protestas (en la imagen) contra el gobierno del presidente Iván Duque, que comenzaron en abril pasado. Foto Ap

Sólo falta la firma de Duque para convertirse en ley

La nueva norma viola el derecho a la vida y a la movilización social, denuncia senador de la oposición

 

Bogotá. El Congreso de Colombia aprobó ayer un proyecto de ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, autoriza la "fuerza letal" en legítima defensa para repeler una incursión violenta a una vivienda o vehículo, en lo que sectores de la oposición consideran que afectará el derecho a la movilización social.

La nueva norma fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año –comenzaron el 28 de abril– contra una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza de la policía que dejaron más de 40 muertos y 3 mil heridos.

Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la "ley de seguridad ciudadana", como fue bautizada por el gobierno del presidente Iván Duque, que la promovió como una forma de fortalecer instrumentos jurídicos y económicos para "contrarrestar la delincuencia en las ciudades" y regular las armas "menos letales".

Los congresistas de oposición se negaron a votar el proyecto al considerar que "viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución", como el derecho a la vida y a la movilización social, explicó el senador Iván Cepeda durante la plenaria.

El senador opositor Roy Barreras aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la norma a la que sólo le resta la firma de Duque para convertirse en ley. "Lo que acaba de aprobarse criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano y autoriza a disparar a los jóvenes y a los indígenas", advirtió Barreras.

La iniciativa aumenta las penas para quienes atenten contra la infraestructura, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares o de policía. También para quienes utilicen máscaras que sirvan para ocultar la identidad usadas durante las protestas, en particular por los integrantes de la llamada "primera línea" que se ponían como escudos humanos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Incluye también la "legítima defensa privilegiada" para particulares que se podrá ejercer cuando un "extraño" use "maniobras o mediante violencia penetre o permanezca de manera arbitraria" en lugares privados o vehículos. "La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno", aclara el proyecto de ley aprobado

Festeja el gobierno

El gobierno celebró la medida. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó en un comunicado que es "garantista" de los derechos y libertades de los ciudadanos y a la vez "implacable" con la delincuencia.

Su par del Interior, Daniel Palacios, resaltó que la ley aumenta las condenas para quienes asesinen a periodistas, elementos de la fuerza pública y defensores de derechos humanos, uno de los principales problemas del país.

Según el más reciente informe de Naciones Unidas sobre el estallido social, de 46 muertes que la organización pudo comprobar en las manifestaciones, al menos 28 fueron cometidas presuntamente por policías.

Por lo pronto, 28 congresistas de los opositores Polo Democrático Alternativo, Partido Verde y Comunes enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que aseguran que la nueva ley de Seguridad Ciudadana es un "incumplimiento" a sus recomendaciones hechas en su última visita a Colombia, en el contexto de las protestas antigubernamentales de este año.

"El articulado que fue aprobado por las mayorías parlamentarias pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social", señalaron, y destacaron que el punto de la "legítima defensa privilegiada" prescinde de responsabilidad penal a quienes la ejerzan y "fortalece acciones de autodefensa".

“La ley crea el delito de obstrucción a la función pública, al señalar que quien mediante violencia o ‘cualquier forma de coacción o intimidación obstruya, impida o dificulte la realización de cualquier función pública’, recibirá una pena de 36 a 60 meses. La condena aumentará cuando se obstruya o impida una orden de captura o procedimientos militares o de policía”, señalaron los opositores en el documento.

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Bukele acusó a EE.UU. de financiar "movimientos comunistas" en El Salvador

El presidente rechazó las masivas manifestaciones del domingo

Días atrás la jefa de Gabinete salvadoreña, Carolina Recinos, fue acusada en Washington de haber dirigido "un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios", lo que tensó aún más la relación entre ambos países.

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó la masiva manifestación del domingo en contra de su gobierno, al asegurar que ésta fue financiada por "millones de dólares" de Estados Unidos para promover "movimientos comunistas". A través de sus redes sociales, Bukele se refirió de esa forma a la jornada de protesta en la que veteranos de guerra, jueces, sindicatos, defensores de derechos humanos y partidos políticos se manifestaron en rechazo a las políticas económicas del gobierno, los supuestos actos de corrupción y la falta de independencia de los tres poderes.

Jefa de gabinete bajo la lupa

En un nuevo episodio del distanciamiento con el gobierno estadounidense, Bukele sostuvo que la marcha del domingo le generó "vergüenza ajena" y acusó a la administración del demócrata Joe Biden de estar detrás de las protestas.  "Los contribuyentes estadounidenses deben saber que su gobierno está usando su dinero para financiar movimientos comunistas contra un gobierno democráticamente electo y con un índice de aprobación del 90 por ciento en El Salvador. El pueblo de El Salvador no volverá a ese terrible pasado", aseguró el mandatario.

Para sostener sus dichos, Bukele compartió imágenes de la marcha que mostraban banderas de Estados Unidos junto a personas supuestamente afines al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, replicó los dichos de Bukele al decir que "más precisamente, los así llamados comunistas en realidad son mercenarios y oportunistas corruptos", de acuerdo al diario local El Mundo.

Los mensajes del presidente salvadoreño tensaron aún más la relación con Estados Unidos, tradicional aliado de El Salvador y principal destino de sus migrantes, cuyas remesas alimentan las arcas del país centroamericano. Días atrás la jefa de Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, fue acusada por Estados Unidos de haber dirigido "un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios". La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró la visa y anunció bloqueos a las propiedades e intereses de Recinos.

El Tesoro de Estados Unidos afirmó esta semana que el gobierno de Bukele negoció en secreto una tregua con los líderes de las poderosas pandillas del país y anunció sanciones para distintos funcionarios, entre los que se encuentra Recinos. Washington alega que el gobierno de Bukele compró el apoyo de las bandas delictivas con beneficios económicos para sus líderes encarcelados, incluidas prostitutas y teléfonos celulares. La acusación apunta directamente a uno de los éxitos más proclamados por Bukele durante su mandato: una caída en la tasa de asesinatos.

Bukele, quien negó enfáticamente las acusaciones, se preguntó en su cuenta de Twitter: "¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan".

Cuarta marcha contra Bukele

Miles de salvadoreños se manifestaron el domingo en contra de las "acciones dictatoriales" del presidente Bukele, las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución, y la implementación de políticas que "no benefician al pueblo". La nueva marcha reunió a sindicatos, agrupaciones feministas, defensores de los derechos humanos, veteranos de guerra, diputados y miembros de partidos políticos opositores en las calles de San Salvador, la capital del país.

Se trató de la cuarta marcha contra Bukele, en una seguidilla que se inició el pasado siete de septiembre. En esa ocasión cientos de salvadoreños se manifestaron en contra de la implementación de la "ley bitcoin", que permite bitcoin-del-mundo">el uso de la criptomoneda como método de pago junto al dólar.

Esta vez los manifestantes también exigieron que se restituya a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, desplazados el primero de mayo. También pidieron que no se aprueben las reformas a la Constitución que promueve el gobierno, que no se avale la reelección presidencial y se deroguen las reformas que facilitan a la Corte Suprema trasladar o despedir a jueces o magistrados.

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Biden (izq.) da su discursodurante la cumbre virtual orgnizada por la Casa Blanca.. Imagen: EFE

Fueron convocados los principales aliados de Estados Unidos, mientras hubo grandes excluídos. Una jugada geopolítica frente a importantes competidores a nivel mundial: China y Rusia.

Santiago Montag@SalvadorSoler10

Jueves 9 de diciembre

El presidente estadounidense, Joe Biden, invitó a líderes de 110 países, a una “Cumbre virtual por la Democracia” este 9 y 10 de diciembre. Una política de manotazos de ahogado para evitar la decadencia del imperialismo.

A esta reunión fueron convocados sus principales aliados de Estados Unidos y donde hubo grandes ausencias en un contexto de competencia estratégica con China. Por eso, es tan importante la lista de invitados como la de excluidos.

La cumbre debatirá sobre los principales problemas a escala global: “autoritarismo”, “corrupción” y “derechos humanos”. Tres ideas básicas que Estados Unidos cree tener autoridad moral para juzgar al resto, además de poder decidir qué países están (o no) a la altura de defender los valores occidentales de “democracia, libertad y fraternidad”, que en últimas instancia son los valores que la clase capitalista utiliza para sus intereses.

En los hechos, como todos sabemos, Estados Unidos es el principal promotor (y responsable) de dictaduras militares, de la proliferación de guerras sectarias (como en Afganistán, Irak y Siria), de la desigualdad y la pobreza global al exportar su modelo de capitalismo. Además en la actualidad una parte importante de los derechos democráticos en el mundo fueron recortados o manipulados por los gobiernos con la excusa de la pandemia de covid-19, mientras no se liberaron las patentes para enfrentarla. En resumen, cambiaron los derechos civiles, el hambre y la miseria de millones a costa de defender el dinero de los grandes laboratorios globales.

Incluso The Economist en un estudio sobre el Índice de la Democracia Global, donde cada país califica en cada categoría según los criterios establecidos por periódico liberal con sedeen Londres, nombró a Estados Unidos como una "democracia defectuosa"; mientras que a nivel global dicen que se ha caído varios puntos.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, la política internacional de Biden se centró en el combate entre las “democracias” y las "autocracias", desde su perspectiva encarnadas por China y Rusia. Si bien esto es cierto, ya que ambos países aunque con diferencias, mantienen coartadas varias libertades democráticas, persecución y encarcelamiento de opositores (en China incluso de discriminación etno-religiosa a los uigures que son encerrados en campos de concentración), libertad de prensa u organización, etc. En el caso chino su visión parte de la centralización burocrática del Partido Comunista Chino bajo un régimen de partido único. Mientras que Rusia, si bien permite la existencia de partidos opositores, son mayormente perseguidos, donde su visión está vinculada al eurasianismo y la oposición a los valores occidentales.

En esa línea, la "Cumbre por la Democracia" es una de sus prioridades, además de una de sus promesas de campaña. Pero de fondo existe un enfrentamiento geopolítico con sus competidores en el cuál hace uso de la palabra "democracia" para partir el mundo entre "buenos" y "malos".

¿Porqué? China que ha hecho grandes avances a escala global tejiendo alianzas políticas y económicas en espacios de influencia norteamericana y europea. Por otro lado, el enfrentamiento con Rusia es clave, donde Estados Unidos busca quebrar los posibles acercamientos con la Unión Europea, concretamente Alemania (sobre todo por la dependencia de hidrocarburos), a través de distintas líneas de falla: la guerra en civil en Ucrania y la crisis de refugiados.

Si analizamos la lista de participantes vemos la exclusión de China y la invitación a Taiwán -que Beijing considera como una de sus provincias- desató la indignación de Beijing, que expresó su "firme oposición", según un vocero de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Como se puede leer en El país, China respondió con un documento titulado “China, una democracia que funciona”, en el que presumía de sus credenciales como Estado de derecho, pese a décadas de evidencias en contra, y argüía que “no hay un modelo fijo de democracia”.

Taiwán, por su parte, agradeció a Biden la convocatoria que, según dijo, permitirá a la isla de gobierno autónomo "compartir su exitosa historia democrática", indicó la Presidencia en un comunicado.

De América Latina, el mandatario estadounidense invitó a Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay y excluyó a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Una forma de quebrar los acercamientos que hubo entre los gobiernos pos neoliberales en busca de conformar bloques de alianzas que permitan algunas cuotas de autonomía del imperialismo. Sin embargo, Biden rápidamente tiró con la correa del FMI para acomodar el tablero, ya que la mayoría de los países de la región tienen abultadas deudas con el Fondo (como es el caso argentino). Esto incluso gracias a aliados más firmes, casualmente de la derecha latinoamericana considerados lejanos a la “democracia” como Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera o Iván Duque. Todos ellos mantienen presos políticos además de reprimi a la juventud y los trabajadores que se manifiestan en las calles por sus derechos o a los pueblos originarios que luchan por sus tierras. Además, como parte del posicionamiento en la reión, Biden invitó a Juan Guaidó, el opositor ultraneoliberal a Nicolás Maduro en Venezuela.

De Medio Oriente -donde predominan las monarquías absolutas como la de Arabia Saudita firmes aliados de Estados Unidos y otros regímenes no democráticos – , solamente Israel e Irak fueron invitados a la reunión. Lo que tienen en común estos dos países son las tensiones con Irán. En el caso de Israel, que no puede ser considerado una democracia sino una etnocracia que aplica un brutal apartheid a los palestinos, están en constante enfrentamiento con Irán. Mientras que Irak, cuyo régimen tutelado por Estados Unidos desde la invasión en 2003, atraviesan en los últimos años una disputa interna por las influencias que ha logrado Irán en ese país, lo cuál su participación en la cumbre es todo un mensaje a los persas que han entrado recientemente a la Organización de Cooperación de Shanghai (liderada por China y Rusia).

Por otro lado, algunos aliados tradicionales de la región a Estados Unidos, como Egipto o Turquía (que es miembro de la OTAN), no estuvieron invitados.

En Europa, Polonia está representada, pese a las recurrentes tensiones con Bruselas sobre los estatutos de pertenencia a la UE con respecto al estado de derecho, por otro lado la xenofobia, los ataques hacia las mujeres y las personas LGTBI. Por otro lado, Hungría que está encabezada por el ultraderechista Viktor Orbán como Primer Ministro, no figura en la lista del Departamento de Estado.

Si bien es lógica esta exclusión, merece ser analizado, ya que su país al pertenecer a la OTAN y la UE, ha logrado mediante el veto que la Unión participe en nombre de toda la comunidad europea y asuma compromisos financieros o jurídicos. Por lo cuál, como se lee en El país el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estarán con las manos atadas a la hora de ofrecer compromisos vinculantes, y sus intervenciones deberán limitarse a los principios previstos en el Tratado de la Unión para la política exterior comunitaria.

De todas maneras cabe preguntarse ¿Porqué a Orbán lo dejaron fuera de la fiesta, pero si a la República Democrática del Congo los invitaron a pesar de tener índices democráticos muchos más bajos que los húngaros? Para el caso de Hungría pareciera una estrategia calculada dados los resultados que mencionamos, sabiendo que la Unión Europea está intentando ganar mayor autonomía de los Estados Unidos, no podrá actuar como bloque.

En cuanto a África, la República Democrática del Congo, Kenia, Sudáfrica, Nigeria y Níger forman parte de los invitados. Una forma de acercarse a una región abandonada, cuyo espacio ha sido aprovechado tanto por Rusia como Turquía (que abrió más embajadas que cualquier otro país en el continente) donde participan apoyando regímenes polémicos. En el caso de China, el principal inversor en el continente y además un importante acreedor, ha abierto una base militar en Guinea Ecuatorial (la primera en el Atlántico) que le brinda proyección hacia el Atlántico Sur, algo que preocupa al imperialismo norteamericano.

Por Asia figura India, a pesar de los ataques recurrentes a la comunidad musulmana y la limpieza étnica en Cachemira. También fue invitado Pakistán, pero se bajó pocos días antes. Otro personaje controvertido fue Rodrigo Duterte de Filipinas, un claro personaje que ha desdeñado cualquier idea de democracia desde que asumió al poder, sobre todo en términos de Derechos Humanos.

Esta cumbre fue organizada, en vistas de Joe Biden, por los numerosos reveses que sufrió la democracia en los últimos meses en países donde Estados Unidos tenía importantes esperanzas, aseguran los organizadores. Por supuesto se está hablando de la limitada democracia capitalista.

Entre ellos Sudán y Myanmar (antigua Birmania), escenarios de golpes de Estado militares; Etiopía, atrapada en un conflicto con riesgo de "implosionar" hacia una guerra civil de gran escala y conflictos inter-étnicos que muchos analistas anuncian que se podría acercar al terrible genocidio en Ruanda; así como Afganistán, donde los talibanes tomaron el poder después de que Estados Unidos saliera del país tras 20 años de supuestos esfuerzos de democratización.

Es interesante observar que según un reporte de la organización International IDEA, con sede en Estocolmo, el propio Estados Unidos se sumó por primera vez a la lista de "democracias en retroceso", principalmente debido a una degradación bajo la era del ex presidente Donald Trump.

Sin embargo, esto pareciera ser una máscara de autocrítica para mostrar una importante relación de fuerzas frente a sus principales competidores e imponer una institucionalidad que le permita al imperio volver a liderar el mundo al polarizar entre “buenos” y “malos”. Una línea muy difusa que podría hacer que a Biden le salga el tiro por la culata en medio de una China ascendente y regímenes, como el de Pakistán, la India, Hungría por decir algunos, que no comparten los valores norteamericanos. Pero de fondo está la puja por quién establece las reglas del juego en la arena mundial donde las clases trabajadoras y populares deben intervenir por sus propios intereses en forma independiente de cualquiera de estos bandos.


El presidente de Estados Unidos Joe Biden inauguró la Cumbre por la Democracia

La cumbre de Biden llega cerca de 11 meses después de uno de los episodios que sacudió a la democracia de Washington: el asalto al capitolio protagonizado por una turba de seguidores del expresidente Donald Trump que junto al magnate se negaban a reconocer los resultados electorales.

10 de diciembre de 2021

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió sobre un retroceso en la democracia y en los derechos durante su discurso de apertura de la cumbre virtual sobre democracia. En el encuentro participaron representantes de cerca de 100 países. El mandatario demócrata no invitó a Bolivia, Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Haití, Venezuela, China, Rusia, Turquía, Hungría, el único país de la Unión Europea que no fue convocado.

La cumbre de Biden

“La democracia no se produce por accidente. Tenemos que renovarla con cada generación. Y esto es una cuestión urgente por parte de todos, en mi opinión. Porque los datos que estamos viendo apuntan en gran medida en la dirección equivocada”, afirmó Biden, que además citó un informe del Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral donde se indica que “más de la mitad de las democracias han experimentado un declive en al menos un aspecto de su democracia en los últimos 10 años, incluido Estados Unidos.” Biden habló desde una mesa compartida con su secretario de Estado, Antony Blinken, que habló sobre los desafíos de la democracia.

Durante su intervención el mandatario estadounidense también anunció la Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática "para reforzar la resistencia democrática y los derechos humanos y a nivel mundial". Para 2022 la iniciativa cuenta con 424,4 millones de dólares para apoyar "una gobernanza trasparente y responsable" que estará enfocada en cinco ejes: el apoyo a la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción internacional, el apoyo a los sectores que pueden reformar la democracia, la promoción de la tecnología que favorezca la democracia, la defensa y definición de elecciones justas y libres.

Afuera de la lista

Según consigna el matutino The Washington Post los tres temas centrales de la cumbre de Biden son la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y el fomento del respeto a los derechos humanos. A los asistentes se les pide asumir “compromisos significativos para fomentar la democracia en sus países”, indicó el medio. Los países que no fueron invitados al encuentro virtual fueron los gobiernos de China, Rusia, Turquía y Hungría. Esta semana la Casa Blanca indicó que “la inclusión o una invitación no es un sello de aprobación de su enfoque de la democracia, ni la exclusión es un sello de lo contrario, de desaprobación”, dijo la portavoz Jen Psaki consultada por los criterios con los que decidieron qué países serían invitados.  Tampoco fueron convocados ocho países de América Latina: Bolivia, Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Haití y Venezuela.  Aunque el líder estadounidense sí invitó al opositor  Juan Guaidó, el autoproclamado mandatario de Venezuela.

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Un maniquí en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) que se celebró en IFEMA, Madrid, el pasado 3 de noviembre de 2021. — Marta Fernández / EUROPA PRESS

Un informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) establece que las ventas de material militar por parte de las 100 compañías más importantes ascendieron a 531.000 millones de dólares en 2020. Navantia está entre ellas.

La crisis mundial desatada por la pandemia no ha podido con el negocio armamentístico, que ha demostrado su capacidad de seguir facturando inmensas cantidades de dinero incluso en una recesión económica planetaria. Así se desprende del informe que acaba de dar a conocer el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) con datos de 2020, otro año de grandes beneficios para la industria militar mundial.  

Según consta en el dossier elaborado por este prestigioso centro de investigación, "las ventas de armas y servicios militares de las 100 empresas más importantes ascendieron a 531.000 millones de dólares en 2020, lo que supone un aumento del 1,3% en términos reales en comparación con el año anterior". 

En esa línea, señala que 2020 fue el sexto año consecutivo de crecimiento de las ventas de armas de las denominadas "Top 100". "Las ventas de armas aumentaron incluso cuando la economía mundial se contrajo un 3,1% durante el primer año de la pandemia", remarca el organismo en su informe.

Alexandra Marksteiner, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI, sostiene que "los gigantes de la industria se vieron protegidos en gran medida por la demanda sostenida de bienes y servicios militares por parte de los gobiernos".

"En gran parte del mundo, el gasto militar creció y algunos gobiernos incluso aceleraron los pagos a la industria armamentística para mitigar el impacto de la crisis de la covid-19", afirmó. 

En cualquier caso, el documento destaca que "operar en el mercado militar no garantiza la inmunidad a los efectos de la pandemia". Por ejemplo, el fabricante de armas francés Thales "atribuyó una caída en las ventas de armas del 5,8% a
las interrupciones inducidas por el cierre en la primavera de 2020". "Algunas empresas también informaron de interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en las entregas", añade.

En cuanto al ranking de las 100 principales compañías de este sector, el informe señala que Estados Unidos "fue de nuevo el país con más empresas clasificadas en la lista Top 100". En conjunto, las ventas de armas de las 41 empresas estadounidenses ascendieron a 285.000 millones de dólares –un aumento del 1,9% en comparación con 2019– y representaron el 54% de las ventas totales de armas de ese listado. "Desde 2018, las cinco primeras empresas del ranking tienen su sede en Estados Unidos", subraya el SIPRI.

Por su parte, las empresas chinas representaron el 13% del total de las ventas de armas en 2020, "por detrás de las compañías estadounidenses y por delante de las del Reino Unido, las terceras más importantes".

Entre otros datos, el informe señala que Navantia es la única compañía española que figura en el ranking de los 100 grandes vendedores de equipamiento militar. El astillero español ha logrado consolidarse en ese sector al calor de los negocios alcanzados con el régimen de Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas. De acuerdo al listado del SIPRI, se ubica actualmente en el puesto 84 del Top 100.

El estudio indica que "las 26 empresas armamentísticas europeas de la Top 100 representaron en conjunto el 21% del total de las ventas de armas, con 109.000 millones de dólares", mientras que las siete empresas británicas registraron unas ventas de armas de 37.500 millones de dólares en 2020, un 6,2% más que en 2019.

Las ventas de de BAE Systems –la única empresa europea que se ubica entre los 10 principales operadores– aumentaron un 6,6% hasta los 24.00 0millones de dólares. Asimismo "las ventas de armas de las seis empresas francesas que figuran en la lista de las Top 100 cayeron en su conjunto un 7,7%", afirma Lucie Béraud-Sudreau, directora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI.

06/12/2021 00:10

Por Danilo Albin@Danialri

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Jueves, 02 Diciembre 2021 05:46

¿Una era de autocratización?

¿Una era de autocratización?

Las democracias enfrentan hoy una amenaza más insidiosa que la de los golpes de estado: la de la tendencia a ser destruidas por autócratas electos. La Hungría de Viktor Orbán, la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan y la India de Narendra Modi son buenos ejemplos de esta tendencia.

 

En los últimos años, la democracia se encuentra bajo asedio: desde 2015, el número de países que experimentan un retroceso democrático ha superado el número de los que se han democratizado. Varieties of Democracy [Variedades de Democracia], una organización que monitorea el desarrollo global de la democracia, lo describe como la «era de autocratización».

Aunque esta tendencia pueda causar tristeza, tomada desde una perspectiva histórica no debería sorprender. El trasfondo de este retroceso contemporáneo es la «tercera ola democratizadora» de fines del siglo XX, que en sus comienzos dejó muchas más democracias que las que habían existido con anterioridad. Las olas se caracterizan por el poder y el arrastre durante su ascenso, pero también por la inevitable contracorriente posterior. Como sabe cualquiera que haya estudiado las olas anteriores de democratización, por ejemplo las que se extendieron por Europa en 1848 y a fines de la Primera Guerra Mundial, estas contracorrientes pueden en verdad ser formidables.

Sin embargo, como reza el famoso aforismo que suele atribuirse a Mark Twain, «La historia no se repite, pero a menudo rima». El hecho de que una contracorriente haya seguido a la tercera ola democratizadora sin duda reitera el patrón histórico, pero eso no significa que se trate de una mera copia de sus predecesoras.

A diferencia de las contracorrientes previas, durante los últimos años las democracias no han muerto —como bien señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su influyente libro Cómo mueren las democracias (2018)— con rapidez o de manera violenta «a manos de hombres armados». Más bien, se han erosionado gradualmente «a manos de gobernantes surgidos de elecciones» que usaron su poder para socavarlas a lo largo del tiempo.

«Autocracia electoral»

Otra diferencia relacionada con esto radica en el tipo de régimen autoritario que se deja atrás. Durante gran parte del siglo XX, el colapso de la democracia dio paso muy a menudo a dictaduras cerradas y represivas, como aquellas del periodo de entreguerras en Europa o los regímenes militares que se establecieron en Asia y América Latina en las décadas de 1960 y 1970. En cambio, el producto autoritario más común de la contracorriente de la tercera ola ha resultado la «autocracia electoral».

La Hungría de Viktor Orbán, la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan y la India de Narendra Modi entran en esta categoría. Estos regímenes son menos autoritarios que los que los precedieron, al permitir elecciones imperfectas y algo de espacio para la sociedad civil. En consecuencia, brindan oportunidades potenciales para que los opositores se movilicen y transformen pacíficamente sus sociedades. Pero dado que en las autocracias electorales el sistema está amañado —por ejemplo, mediante la manipulación de circunscripciones electorales, el control de la prensa y la corrupción—, los opositores deben actuar de manera unificada para sacar ventaja de las potenciales oportunidades disponibles, priorizando la derrota de los gobernantes en el poder por sobre sus propios objetivos disímiles.

Las recientes elecciones en la República Checa, donde coaliciones de diversos partidos unieron fuerzas en un «bloque democrático» para derrotar al oligarca populista Andrej Babiš, son un ejemplo de esta dinámica. También lo fue la elección municipal de 2019 en Estambul, donde Ekrem Imamoğlu unió a votantes por sobre las divisiones religiosas, de clase y étnicas y reunió a partidos islamistas, nacionalistas y kurdos bajo la convocatoria a luchar por la democracia turca. Pero la prueba más directa y consecuente de la posibilidad de los opositores de usar las limitadas oportunidades disponibles para derrotar a un autócrata populista vendrá con las elecciones de abril de 2022 en Hungría.

Dejar de lado las diferencias

Luego de su elección en 2010, Orbán debilitó gradualmente la democracia húngara y creó así una autocracia electoral que ha vendido posteriormente como un modelo a populistas y candidatos a autócratas de todo el mundo. Su habilidad para hacerlo fue el resultado de muchos factores, pero la incapacidad de los grupos de la oposición de unirse en su contra facilitó el proceso. Cuando reconocieron por fin el altísimo costo que sus divisiones habían representado para ellos y su país, los opositores de Orbán dejaron de lado sus diferencias y formaron una coalición con el propósito de derrotarlo.

A mediados de octubre, los contrincantes de Orbán llevaron a cabo primarias para elegir un candidato único al cargo de primer ministro para enfrentarlo en las próximas elecciones. El ganador fue Péter Márki-Zay, un conservador católico practicante que en 2018 ganó la contienda municipal en Hódmezővásárhely, bastión del partido Fidesz de Orbán, lo que demostró que con el candidato correcto el partido de Orbán podía ser derrotado.

Reconociendo que alguien con el perfil de Márki-Zay tenía las mejores chances de ganar votos fuera de la relativamente liberal Budapest, y mellando la estrategia de miedo de Orbán centrada en las «elites sin contacto con la realidad» y los «liberales traicioneros», incluso agrupaciones de izquierda se encolumnaron detrás de la candidatura de Márki-Zay. Klára Dobrev, la candidata derrotada de la Coalición Democrática, llamó a los votantes a apoyarlo: «Solo nos debe preocupar una cosa». Derrotar a Orbán, dijo, era «responsabilidad y tarea común de todos».

Gergely Karácsony, el alcalde de Budapest, se había retirado de las primarias luego de la primera ronda e instó a sus simpatizantes liberales a apoyar a Márki-Zay: «Tenemos que aceptar la realidad política. No son los liberales o los verdes quienes pueden ganarles a los populistas de derecha (…) [L]o importante es elegir un candidato que pueda ganarle a Orbán». Sostuvo que el populismo nacionalista tenía más éxito en ciudades pequeñas y áreas rurales donde la gente sentía miedo. «Márki-Zay es alcalde en uno de estos lugares y comprende los temores y los problemas de estas personas».

Lecciones importantes

No está claro si Márki-Zay podrá triunfar en el campo de juego extremadamente desparejo que ha creado más de una década de gobierno de Orbán. Sin embargo, para quienes intentan descubrir cómo luchar contra el retroceso democrático, los casos de Hungría, Turquía y la República Checa ofrecen lecciones importantes.

Dado que el retroceso contemporáneo es gradual más que repentino, los opositores tienen chances de frenar este proceso en evolución. Oposiciones divididas cuyos componentes individuales ponen el logro de sus propios objetivos particulares por sobre la preservación de la democracia les facilitan el éxito a los autócratas potenciales. Si los autócratas logran prevalecer, los opositores se encontrarán enfrentando inmensas desventajas, pero aun así no todo está perdido.

Las autocracias electorales les dan realmente algo de espacio a los opositores para maniobrar. Y estos regímenes tienen una tendencia a la esclerosis y la ineficiencia: Babiš, Erdoğan y Orbán se han visto debilitados por escándalos de corrupción. Aprovechar las oportunidades que ofrecen incluso elecciones viciadas y los traspiés de los autócratas requiere de oposiciones unidas que estén focalizadas en restaurar la democracia por sobre todas las cosas.

La fragilidad de la democracia

Es muy fácil dar por sentadas las libertades y oportunidades que ofrece la democracia. En los buenos tiempos, la fragilidad de la democracia se olvida pronto. En los difíciles, como los que enfrentamos en la actualidad, los demócratas no deben olvidar que la supervivencia de la democracia —así como la capacidad de hacer realidad algún día sus objetivos específicos, cualesquiera sean— depende de sus elecciones y comportamiento.

Para que la democracia prospere, los demócratas deben reconocer lo peligroso que es arriesgar sus normas e instituciones en pos del triunfo partidario. Cuando se enfrentan a quienes están decididos a destruirla, quienes están comprometidos con la democracia deben dejar de lado sus diferencias y preferencias políticas y hacer lo que sea necesario para protegerla, y recordarles a sus conciudadanos que el destino del país depende de que hagan lo mismo.

Fuente: Social Europe e IPG

Traducción: María Alejandra Cucchi

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El canciller de Nicaragua, Denis Moncada (al centro), en Managua, tras anunciar este viernes la salida de Nicaragua de la OEA.STR (AFP)

El régimen desconoce al organismo americano, al que acusa de mantener “actitudes injerencistas” contra el Gobierno que lidera el sandinista

 

Tras el rechazo de las elecciones presidenciales de Nicaragua por la mayoría de países de América, el presidente Daniel Ortega ha decidido retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que ha acusado de mantener “actitudes injerencistas” contra su régimen. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, ha informado este viernes en Managua que el Gobierno ha comenzado su salida del organismo americano “instruido por el presidente constitucional de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra”, en la que es una respuesta a los señalamientos de ilegitimidad democrática de los resultados de las presidenciales.

El régimen ha explicado que la salida de la OEA se da bajo el amparo del artículo 67 de la Convención de Viena, que establece el procedimiento oficial a seguir cuando un país decide retirarse de un tratado internacional que ha ratificado. “Me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”, afirma el régimen en la carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que ha leído el canciller Moncada.

Con la denuncia de la carta del organismo, el régimen de Ortega inicia un proceso de dos años para hacer oficial su salida. “Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, según lo establecido en el artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA.

Ortega ha tomado esta decisión después de que la Asamblea General de la OEA, que se realizó la semana pasada en Guatemala, votara una resolución en la que rechazaba los resultados de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, considerados una “farsa” por la oposición. Esas votaciones se dieron con los siete aspirantes de la oposición encarcelados por el régimen, una fuerte represión contra las voces críticas y sin condiciones mínimas que garantizaran la legitimidad del proceso. La resolución de la OEA fue aprobada por 25 países, siete se abstuvieron —entre ellos México— y la delegación de Nicaragua votó en contra. Además de rechazar los resultados de la votación, el documento aprobado obliga a la secretaría general hacer un análisis de la situación política de Nicaragua de cara a analizar la aplicación de la Carta Democrática, que incluye la expulsión del país al considerar que no cumple con los requisitos democráticos establecidos en ese documento.

“La Organización de Estados Americanos ha sido diseñada como foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención, y su actuar en contra de Nicaragua de esta organización que funciona permanentemente en Washington tiene como misión facilitar la hegemonía de Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe. Lo que para Nicaragua es inaceptable, lo rechazamos y lo condenamos”, denuncia el régimen de Managua en la carta enviada a Almagro.

La salida de Nicaragua de la OEA puede tener fuertes consecuencias económicas para un país que necesita del flujo de divisas que llegan a través de préstamos de organismos multilaterales ligados a esa organización, explica Tiziano Breda, analista para Centroamérica del Crisis Group, un organismo centrado en la resolución de conflictos. “Tendrá menos capacidad de acceder a recursos internacionales de mecanismos interamericanos como es el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Estos tendrán tendrían mayores reservas en proveerle recursos a un Gobierno que ha sido expulsado por sus violaciones del organismo regional más importante”, explica Breda.

La decisión del Gobierno nicaragüense ha generado reacciones, principalmente de Estados Unidos, cuyo presidente, Joe Biden, ha denunciado lo que considera una “dictadura” parecida a la de la dinastía somocista que gobernó el país durante 47 años. “Nos gustaría que Nicaragua regrese a la comunidad interamericana, (pero) siempre respaldando los valores y los principios a los cuales todos nos inscribimos, que son el respeto del desarrollo democrático”, ha dicho a EFE Juan González, encargado de Latinoamérica y el Caribe de la Casa Blanca. “Eso es lo fundamental, no es de izquierda o derecha, es democracia, es lo único en que nosotros insistimos como región”, ha afirmado González.

Por Carlos Salinas Maldonado

Redactor de la edición América del diario EL PAÍS. Durante once años se encargó de la cobertura de Nicaragua, desde Managua. Ahora, en la redacción de Ciudad de México, cubre la actualidad de Centroamérica y temas de educación y medio ambiente

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  Daniel Ortega y Rosario Murillo, hace unos días en Managua. — Reuters

 

Daniel y Rosario crecieron en la Nicaragua dictatorial de la dinastía Somoza. Dedicaron su juventud a luchar contra el clan que dirigía el país. A día de hoy, los antiguos revolucionarios se convirtieron en una suerte de pastores evangélicos.

 

Daniel Ortega (La Libertad, 1945) quiso en su día emular a Augusto César Sandino, pero ha acabado reverenciando a Sai Baba. De niño, su padre le contaba historias del caudillo revolucionario. Había que vengar al héroe nacional que combatió al imperialismo yanqui. Rosario Murillo (Managua, 1951) iba más lejos. Podía presumir de tener lazos de sangre con una rama familiar de Sandino. Daniel y Rosario crecieron en la Nicaragua dictatorial de la dinastía Somoza. Dedicaron su juventud a luchar contra el clan de sátrapas que dirigió el país como si se tratara de su finca particular. Ortega conoció la cárcel, la tortura, el exilio. De familia burguesa, Murillo no dudó en unirse a ese movimiento romántico que fue el sandinismo. Aquellos jóvenes revolucionarios son hoy, paradojas del destino, dos autócratas aferrados al poder y al misticismo más rancio.

Ortega se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1963. Cuatro años más tarde cayó preso tras asaltar un banco para recaudar fondos destinados a la organización. Fue acusado de terrorismo por el régimen de Anastasio Somoza Debayle, último dictador de la saga. Según el periodista Fabián Medina, autor del libro El preso 198, esos años en la cárcel marcarían la personalidad de Ortega. En su círculo íntimo figuran hoy algunos compañeros de prisión, y de su escolta personal han formado parte varios de sus antiguos carceleros. El joven revolucionario saldría en libertad en 1974 después de una espectacular acción guerrillera. Un comando sandinista irrumpió en una casa en la que se había reunido la flor y nata del régimen. El intercambio de rehenes por presos políticos dejó a Ortega en libertad rumbo a Cuba, donde pasó un año y medio, antes de exiliarse en Costa Rica.

Cuando triunfa la revolución, en julio de 1979, Ortega entra en la Junta de Reconstrucción Nacional, una dirección colegiada de nueve miembros, tres por cada tendencia política de los insurgentes. Ortega no posee ninguno de los atributos que se esperan de un jefe revolucionario. Introvertido, sin dotes oratorias, sin carisma, no parecía el más indicado para dirigir el nuevo gobierno. Había otros gallos para esa tarea, como Tomás Borge o su propio hermano, Humberto Ortega. Para evitar el choque de egos, se eligió a un dirigente de perfil bajo. Daniel Ortega sería el coordinador de la Junta y unos años más tarde, en 1984, el candidato presidencial. La Revolución Sandinista avanzaba en la alfabetización del país y la redistribución de tierras, pero enfrentaba al mismo tiempo una guerra financiada por Ronald Reagan. La CIA entrenaba a los mercenarios de la Contra en Honduras y Costa Rica. El romanticismo de los primeros días se esfumaba. Había que empuñar las armas de nuevo ante un enemigo que seguía empeñado en que Nicaragua fuera la tierra de William Walker y no la de Sandino.

Esa guerra dejó miles de muertos e impidió el progreso del país. Ortega había ganado las elecciones de 1984 con una abrumadora mayoría, pero las sanciones y el bloqueo de Washington hacían mella en la revolución. A finales de los años 80 la economía nicaragüense no daba más de sí, con una hiperinflación del 33.000 por ciento y una moneda muy devaluada. A los sandinistas se les acumulaban las malas noticias. La Unión Soviética se descomponía. Cuba y Nicaragua iban a sentir pronto las réplicas de aquel temblor político. Yeltsin le dio la mala noticia a Ortega en una visita oficial a Managua a finales de 1988. Moscú iba a cerrar el grifo de las ayudas. Por consejo de la Dirección Nacional, Ortega convocó elecciones en febrero de 1990 convencido de que el pueblo seguía apoyando la revolución. Pero el hartazgo de la guerra y los estragos de la crisis económica pasaron factura a los muchachos. Violeta Barrios de Chamorro, integrante de la primera Junta, se impuso a Ortega en las urnas al frente de la Unión Nacional Opositora (UNO).

El escritor y exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez ha visto en esa derrota el motor que ha movido desde entonces las ambiciones políticas del comandante. Se sintió traicionado, víctima de una engañifa, y se conjuró para recuperar lo que había perdido. El FSLN perdió el liderazgo coral tras la derrota electoral. Ortega se hizo con el control absoluto del partido y fue su candidato presidencial en los comicios de 1996 y 2001. Cosechó otras dos derrotas consecutivas. Cualquier dirigente político habría tirado la toalla, pero Ortega siguió adelante con la ayuda financiera de algunas amistades extranjeras, como el coronel Gadafi. Se había transformado en un líder pragmático que mencionaba mucho a Cristo y poco a Marx, aunque se definiera como socialista y cristiano. Las alianzas políticas contra natura no tardaron en aflorar.

Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) entre 1997 y 2001 y condenado más tarde por corrupción, era la antítesis de todo lo que había representado el sandinismo. Ortega se acercó al dirigente derechista en 2000. Entre los dos antiguos rivales armaron una componenda política para repartirse las instituciones y reformar la Constitución. Fruto de ese acuerdo, Alemán lograría inmunidad y Ortega, el regreso al poder. El FSLN llevaba tres elecciones cosechando menos del 45%, el umbral para ganar en primera vuelta, según la ley electoral. El ominoso pacto con Alemán rebajaba esa barrera al 35%. Ortega ganaría las elecciones en 2006 con un 38% de los votos. Con la inestimable ayuda de la Corte Suprema vio más tarde consumado su deseo de eliminar las restricciones a la reelección indefinida. Ya no cedería el poder nunca más.

Murillo, “eternamente leal”

Rosario Murillo y Daniel Ortega habían mantenido una relación epistolar durante el cautiverio del guerrillero. La pareja iniciaría su relación amorosa en Costa Rica en 1978. Tras el triunfo de la revolución, la meteórica ascensión política de Ortega relegó a Murillo a un segundo plano. Aficionada a la poesía, se ocupaba de algunos asuntos culturales. A Ernesto Cardenal, el poeta de Solentiname y ministro de Cultura, siempre lo miró con recelo. A él y a buena parte de la intelligentsia sandinista que no reconocía su supuesto talento literario. Su influencia sobre Ortega solo comenzó cuando éste fue perdiendo poder y elecciones. El acercamiento del líder sandinista al cardenal Miguel Obando fue obra de Murillo. Las homilías del reaccionario Obando contra Ortega en periodo electoral eran determinantes. Todo cambió en 2005. Ortega se declaró en contra del aborto y Obando, "luz de esperanza y fe", en palabras de Murillo, casó a la pareja y abrazó el nuevo sandinismo mágico-religioso.

Seguidora de la doctrina de Sai Baba -líder espiritual indio fallecido en 2011-, Murillo ha ido impregnando todo lo que le rodea de una mística esotérica. Las alegorías extravagantes forman parte de la idiosincrasia del poder en Nicaragua. Hace años, mandó "plantar" arbolitos de la vida metálicos en Managua, y en algunos actos públicos se puede ver una gigantesca estrella de cinco puntas decorada con helechos y flores.

La pareja presidencial tiene nueve hijos. Algunos de ellos ocupan cargos relevantes en empresas beneficiadas por contratos con el Estado. Según una investigación periodística de la Red Connectas, esas empresas obtuvieron en 2018 y 2019 cerca de un millón de dólares en contratos otorgados por instituciones públicas. La única que no forma parte de esa estructura de negocios es Zoilamérica, hija adoptiva de Ortega, exiliada en Costa Rica desde que en 1998 acusara a su padrastro de haberla violado en 1982. Lejos de apoyarle, su madre la repudió, tildándola de loca y mentirosa. El escándalo minó la escasa credibilidad que tenía Ortega. Y fue Rosario la que salió al quite. Poco a poco, convirtió al antiguo revolucionario en una suerte de pastor evangélico. El verde oliva había pasado de moda. Las soflamas igualitaristas, también. En su lugar, prevalecían los ropajes blancos y los discursos amorosos.

Entre acusaciones de fraude y con una economía regada por los petrodólares de la Venezuela bolivariana, Ortega obtendría sendas victorias electorales en 2011 y 2016. Y en 2017 nombró a la compañera Murillo, "eternamente leal", vicepresidenta del gobierno. La poetisa no ha desaprovechado su cargo. Sus numerosas apariciones en la televisión y en actos públicos contrastan con la vida semiclandestina que sigue prefiriendo el expreso político.

Solo las protestas de los estudiantes en 2018 alteraron la estabilidad del binomio Ortega-Murillo. La represión contra los manifestantes que se oponían a la reforma de la Seguridad Social fue brutal (hubo más de 300 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos). El autoritarismo de Ortega quedaba expuesto a los ojos de la comunidad internacional. Para entonces, hacía ya mucho tiempo que el antiguo guerrillero había olvidado las historias de Sandino que le contaba su padre.

06/11/2021 22:09 Actualizado: 06/11/2021 22:10

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Domingo, 07 Noviembre 2021 05:08

Prestidigitador

Prestidigitador

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, el más notable prestidigitador de la política postsoviética, sigue dando largas a la promesa que hizo al Kremlin de efectuar una reforma constitucional, cediendo al Parlamento parte de sus facultades, como primer paso para comenzar un periodo de transición que permita dejar la presidencia en manos de un sucesor confiable.

En los momentos más inciertos para su permanencia en el poder, por la ola de protestas multitudinarias que estalló el año pasado debido a su controvertida y enésima relección, recibió de su colega ruso, Vladimir Putin, respaldo político y financiamiento para aplacar el malestar de la población que empezaba a expresarse en huelgas en empresas públicas. El pago puntual de salarios y la represión consiguieron abortar la huelga general a la que había convocado la oposición.

A cambio, y para compensar el bofetón que dio al influyente sector de la élite gobernante en Moscú que promovió la candidatura de Viktor Barbariko, quien acabó en la cárcel por supuesta corrupción antes de ver su nombre inscrito en las boletas, Lukashenkose comprometió a dejar la presidencia bielorrusa y, maestro en el arte de dar atole con el dedo, nunca dijo que iba a soltar las riendas del poder.

El Kremlin, a regañadientes, admite que Lukashenko incumpla su palabra, e incluso se hace de la vista gorda en afrentas como el reciente secuestro en Moscú por los servicios secretos del vecino país, de un periodista de la edición bielorrusa de un rotativo ruso que, días después, apareció detenido en Minsk, ante el riesgo de que si se va ahora, como asegura el polémico gobernante, Bielorrusia, dará la espalda a Rusia.

Lukashenko volvió a referirse al tema hace un par de días –por videoconferencia, durante el acto de firma de un paquete de documentos para ahondar la integración económica de ambos países–, cuando anunció que en febrero Bielorrusia tendrá nueva Constitución.

Falta por ver de qué manera los autores del texto van a conjugar lo inconjugable, que es algo así como ceder el poder sin entregarlo, para someter a referendo una fórmula que cumpla los dos requisitos que planteó Lukashenko a los constitucionalistas: erigirlo en mandamás vitalicio y evitar el bochorno de exhibirlo en unas elecciones que sólo puede ganar de modo fraudulento.

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