Julian Assange hace un gesto a los medios de comunicación desde un vehículo policial a su llegada al tribunal de magistrados de Westminster el 11 de abril de 2019 en Londres, Inglaterra. (Jack Taylor / Getty Images)

La Corte Suprema del Reino Unido ha denegado a Julian Assange el permiso para recurrir la extradición a Estados Unidos, sentando un terrorífico precedente que pone en peligro a todos los periodistas cuyo trabajo amenaza los intereses del imperio.

Si Julian Assange hubiera sido condenado por homicidio involuntario, muy probablemente ya estaría fuera de la cárcel. Las condenas por homicidio involuntario pueden suponer tan solo dos años de cárcel. El máximo es de diez. Esas condenas no suelen cumplirse en una prisión de alta seguridad.

Pero Julian Assange, que no ha sido condenado por ningún delito, lleva más de una década sin salir en libertad y actualmente está a punto de entrar en su cuarto año de prisión en la cárcel más draconiana del Reino Unido, la prisión de alta seguridad de Belmarsh. La decisión de la Corte Suprema de rechazar la última apelación de Assange prácticamente garantiza que pasará al menos el próximo año en la cárcel. Durante ese tiempo sus abogados lanzarán otro intento de liberarlo.

La decisión de la Corte Suprema de hace algunas semanas impidió que Assange impugnara la última sentencia en el Tribunal Superior, en la que los abogados que actúan en nombre de Estados Unidos anularon con éxito una decisión anterior contra la extradición dictada al final de la única vista completa que ha tenido el caso en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

En esa decisión, dictada a principios de 2021, el juez dictaminó que, aunque todos los motivos políticos por los que Assange había alegado que no debía ser extraditado eran inválidos, no debía ofrecerse para la extradición porque la naturaleza opresiva del sistema penitenciario estadounidense lo pondría en riesgo de suicidio.

Esta fue la decisión que Estados Unidos recurrió ante el Alto Tribunal. La Corte Suprema estimó el recurso de Estados Unidos y dictaminó que la extradición debía seguir adelante, basándose en que Estados Unidos había garantizado que Assange sería bien tratado en el sistema penitenciario estadounidense.

Los abogados de Assange lo impugnaron argumentando que las garantías no se habían dado en la vista principal y, por tanto, no se habían puesto a prueba con argumentos en el tribunal. La Corte Suprema acaba de dejar de lado este argumento y ha dictaminado que dichas garantías deben tomarse al pie de la letra siempre que se den, y que no es necesario argumentarlas ante un juez.

Esta decisión crea un peligroso precedente que puede ser utilizado por cualquier régimen, desde Arabia Saudí hasta China, para perseguir a los disidentes políticos en el Reino Unido. De un plumazo, hace que los opositores políticos de los regímenes autoritarios no estén seguros en Gran Bretaña.

Sin embargo, la causa de Assange todavía tiene una oportunidad de luchar en los tribunales. El ministro del Interior, Priti Patel, tiene que considerar las objeciones a la extradición por motivos limitados. E incluso si las desestima, como parece probable, los abogados de Julian Assange pueden lanzar un nuevo recurso ante el Tribunal Superior para anular las partes de la decisión original en las que perdieron.

Estas son en realidad las partes más políticas y sustantivas del caso. Tratan de si había o no una defensa del interés público para publicar el material que Assange puso en circulación pública. También tratan de si este es un caso político. Se supone que estos casos son inadmisibles según el tratado de extradición. Si no lo fueran, todas las dictaduras del planeta estarían persiguiendo a sus opositores utilizando el tratado para ponerles las manos encima. Se trata de las cuestiones más fundamentales de la libertad de prensa.

Los partidarios de Assange están bien acostumbrados a los procesos bizantinos del sistema legal. Reconocen que el lawfare se está utilizando para desgastar tanto a Assange personalmente como a la campaña para defenderlo. Esto no debe ocurrir. 

Durante el curso de esta apelación, el tribunal de la opinión pública se ha inclinado a favor de Assange. El testigo principal de la acusación ha admitido que mintió al tribunal, y los planes de la CIA para secuestrar o matar a Assange han sido expuestos públicamente. Mientras tanto, una extraordinaria subasta virtual recaudó enormes fondos de miles de partidarios para pagar los costes legales del caso. Ahora se ha lanzado un nuevo llamamiento de crowdfunding para sufragar los costes de la futura campaña política.

En un entorno político en el que se suprimen las voces disidentes y alternativas, es más importante que nunca que este caso emblemático no se pierda. La libertad de expresión y la prensa libre están amenazadas. Hay que defenderlas.

Publicado enSociedad
Continúan las escandalosas condenas por las protestas del 11J y la burocracia fustiga a “La Joven Cuba”

En el mes de marzo se han llevado a cabo dos juicios por las protestas del 11 de julio. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo, a 127 personas con penas de hasta 30 años; el segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.

 

El 23 de marzo, un total de 17 personas fueron condenadas a entre 3 y 10 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en San Antonio de los Baños (occidente de la isla). En esta ciudad, a 35 kilómetros de La Habana, fue donde se produjo la primera manifestación de aquel día, que luego se reprodujo por otras ciudades provocando las mayores protestas en Cuba en décadas.

Según el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, los 17 acusados —de entre 22 y 67 años y casi todos hombres— fueron mayoritariamente condenados por “desacato” y “desórdenes públicos”, aunque alguno fue asimismo considerado culpable del “delito de atentado”. Todos los condenados, subraya el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, "se desempeñaron como líderes del disturbio y cometieron las acciones delictuosas".

Esta sentencia se dio a conocer días después del fallo conjunto por las seis causas ligadas a las mismas protestas en Esquina de Toyo y La Güinera, dos puntos barriadas pobres de La Habana. Este fallo condenó a penas de hasta 30 años de cárcel —1.916 años en total— a 127 de los 129 encausados, mientras que uno recibió cuatro años de "trabajo correccional" y otro quedó absuelto. Ocho condenados tenían entre 16 y 17 años.

Se trata de sentencias escandalosas violando los más mínimos derechos elementales. Sobre estas condenas masivas solo se ha informado de manera general, se desconocen las causas dictadas a cada detenido y sus respectivas edades.

Estos juicios de marzo con fuertes condenas se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre, diciembre, enero y febrero en los que las condenas han variado desde multas hasta dictámenes que van de los 14 a 30 años de cárcel. Son constantes las denuncias de familiares y activistas por fabricación de pruebas. El objetivo de la burocracia cubana con estas condenas y toda su política represiva es amedrentar a quienes están descontentos con su política económica y social, y acallar todo tipo de protestas, mientras aceleran un giro aperturista y medidas económicas que recaen violentamente contra el pueblo.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones del 11 de julio, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1500 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores). De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión. Según la Fiscalía General de Cuba, en el país se ha procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.

Destaca entre las sentencias de San Antonio de los Baños, los seis años de prisión por dos delitos de desacato y un delito de desórdenes públicos para Yoan de la Cruz Cruz, unos de los primeros jóvenes que empezó a retransmitir en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que "transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones". Ejemplo de que la burocracia prohíbe y persigue la más básica libertad de expresión.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y que fueron una respuesta, en los hechos, a las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento, que representó una verdadera política de shock contra los trabajadores y el pueblo, con un 2400 % de devaluación de la moneda y aumentos a las tarifas y los precios de los productos básicos.

El procesamiento y los procesos judiciales contra los manifestantes, así como las terribles y severas penas que incluyen estos cargos de “sedición” como respuesta al simple hecho de manifestarse, muestran el carácter represivo del gobierno cubano de Díaz-Canel. que viene impulsando las mencionadas medidas económicas y sociales profundamente antipopulares.

Incluso, cualquier protesta en defensa de los recluidos por las manifestaciones del 11J es reprimida inmediatamente, tal como sucedió a finales de enero de este año cuando fueron reprimidos y detenidos Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall, Tata Poet, Carolina Barrero, Camila Rodríguez y Daniela Rojo, que luego fueron liberados, y en el caso de Carolina Barrero, impulsora del movimiento Justicia 11J, obligada a exiliarse. Lo mismo aconteció con la detención del joven universitario, poeta y músico, Abel Lescay a comienzos de febrero, y sobre quién aún está pendiente un juicio.

Es urgente el llamado a la solidaridad internacional con los detenidos y manifestarse abiertamente contra la represión y los juicios sumarios en Cuba, así como por el derecho a la protesta y por la libertad inmediata y plena de todos los detenidos de las protestas del 11 de julio.

El hostigamiento a los responsables del portal de izquierda La Joven Cuba

A la par de estas aberrantes condenas a los presos de las protestas del 11J, y en el marco del giro represivo del gobierno, un canal oficialista en un programa arremetió contra los integrantes del portal La Joven Cuba, tildándolos de “contrarrevolucionarios y fascistas”. En dicho programa el portavoz justifica sin ningún problema todas las detenciones y condenas escandalosas contra los presos de las protestas del 11J, aludiendo que se respetaron todos sus derechos.

Como declaran los integrantes del colectivo Comunistas “Que en Cuba un medio de prensa sea señalado como ‘contrarrevolucionario y fascista’ por parte del gobierno, es dar la orden de destruirlo y perseguir a los miembros de su comité editorial y colaboradores”.

El supuesto motivo que sirvió de pretexto a estos ataques contra La Joven Cuba fue la publicación del "Manifiesto contra el silencio, por la justicia" del 21 de marzo, dirigido “A la Comunidad Artística e Intelectual cubana”, el cual en lo esencial aboga por el derecho a la manifestación y por los presos de las protestas del 11 de julio exigiendo su libertad, y reclamando por una amnistía para los detenidos. Entre los firmantes figuran Leonardo Romero Negrín, Fernando Pérez, Alex Fleites, Teresita Díaz-Canals, Alexander Hall, Alina Bárbara López, Mario Valdés y Miguel Hayes, entre otros y otras.

Defender el derecho de prensa y manifestación en Cuba es fundamental, como parte de defender el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y asociarse sindical y políticamente de manera independiente del Estado y sus organismos, si así lo desean. El derecho a la libertad de reunión, a las asambleas y deliberaciones en los lugares de trabajo, a la manifestación, a la huelga, a la libertad de prensa, el pleno derecho a la libertad de los sindicatos y toda forma de organización que se puedan dar los trabajadores. Por eso, repudiamos el hostigamiento y la persecución contra los responsables de la Joven Cuba por parte del gobierno cubano y los medios de comunicación oficialistas.

Por La Izquierda Diario@izquierdadiario

Viernes 25 de marzo

Publicado enInternacional
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, abandona el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde compareció para una audiencia administrativa sobre su extradición a los Estados Unidos. — Dominic Lipinski / PA Wire / Europa Press

La decisión de extradición deberá ser ratificada ahora por la ministra del Interior británica, Priti Patel, aunque al fundador Wikileaks aún puede recurrir otras partes del proceso, lo que alargará los plazos.

 

El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, desestimó este lunes un recurso presentado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lo que da luz verde asu extradición a Estados Unidos.

El caso pasa ahora a la ministra británica del Interior, Priti Patel, que debe autorizar la entrega, aunque se espera que la defensa recurra otras partes del proceso, lo que podría ralentizarlo.

Las autoridades estadounidenses quieren que Assange, de 50 años, se enfrente a un juicio por 18 cargos relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de grandes cantidades de registros militares y cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos que, según sostienen, han puesto vidas en peligro.

En diciembre, el Tribunal Superior de Londres anuló la decisión de un tribunal inferior de que no debía ser extraditado debido a sus problemas de salud mental, que presentaban un riesgo de suicidio.

Los jueces del Tribunal Superior londinense le denegaron a Assange entonces el permiso para recurrir directamente al Tribunal Supremo sobre su decisión, dejando en manos del propio Supremo la decisión sobre si debía atender su recurso.

"La solicitud ha sido rechazada por el Tribunal Supremo y la razón dada es que la solicitud no plantea un punto de derecho discutible", explicó un portavoz del Tribunal Supremo.

14/03/2022 18:48

Publicado enInternacional
Acabar con la psiquiatrización es una victoria de clase

‘’Mi madre acabó hundiéndose del  todo y, por decisión del tribunal, la llevaron al hospital psiquiátrico de Kalamzoo (...) Aquel día supe que no volvería a ver a mi madre. Ya que nos habían considerado números y no seres humanos, yo habría podido volverme una persona mala y peligrosa. Mi madre había llegado a ese estado porque la sociedad había fallado en su deber, se había mostrado hipócrita, avara, inhumana. Eso me enseñó a no tener compasión por una sociedad que primero aplasta a los hombres y luego los castiga por no ser capaces de soportar la prueba’’

Un pequeño fragmento en la biografía de Malcolm X (Haley, 2015), que trata sobre la psiquiatrización de su propia madre, nos abre un mundo de posibilidades y conecta, en el otro lado del charco, con Leopoldo María Panero: ambos comprendieron el secreto mejor guardado de la psiquiatría, en palabras de Panero: que la psiquiatría es una ciencia devorada por el capital que olvida que volverse loco es la única posibilidad. La ciencia que buscaba extraer la piedra de la locura se levantó hace tiempo en pie de guerra contra su sujeto. Es el brazo armado del capital dentro de nuestro componente más íntimo: El castigo de la conducta y el desvío. No solo eso, se castigan nuestras relaciones con el poder y el capital, la persona psiquiatrizada entorpece, molesta, es inservible y perturba el orden social, económico y moral -casi podríamos decir político- de la sociedad. No es un castigo que responda a tu situación con respecto a la normatividad, sino que más bien se castiga y se reprime aquello que trasciende a lo individual, a la propia conducta, el loco es considerado un enemigo social en tanto en cuanto perturba la continuidad y el orden del capital.

El loco se rompe en las dinámicas de la explotación capitalista y a la vez rompe y zarandea su flujo. Guillermo Rendueles (2017) expresa: “el malestar no depende de la psique individual, sino que es consecuencia de las relaciones de explotación y sumisión que genera el capitalismo”. El capital explota al trabajador y, como bien dice Malcolm X, le castiga por no soportar la prueba, le encierra, le ata, le droga…, reprime y maltrata su cuerpo por estar indefensos ante un poder cruel, violento y frenético.

Foucault ha escrito largo y tendido sobre psiquiatría y es interesante descubrir que para él: ‘’Dejar de estar loco es aceptar ser obediente, poder ganarse la vida, reconocerse en la identidad biográfica que han forjado para uno (...)”. Aceptar la enfermedad por la locura implica someterse a lo que el capital te ha designado, preguntarte “¿quién soy?’’ y que el capital responda ‘’un esquizofrénico’’, pensar “¿qué soy?’’(Foucault, 2005) y tener que responderte ‘’profundamente inservible en esta sociedad’’. Esto porque la locura es un término colectivo: La sociedad sufre al loco mientras que la enfermedad la sufre el individuo.

Pero nadie como los colectivos en primera persona y sobre todo aquellos que se ven obligados a apoyarse mutuamente para sobrevivir para explicar esto. Xarxa GAM nos dice: “¿Estando en el psiquiátrico te han dado ganas de fugarte? En tal caso has entendido que: La institución psiquiátrica se convierte en la más opresora que has visto nunca. Te prohíben hacer cualquier cosa que ellas no hayan previsto para ti (...) Las normas dañan la esencia de tu ser, la imposición de comportamiento se establece como medida de control, deteriorándote como individuo. No sólo has de obedecer, has de subyugar todo tu ser a su lógica represora, no te dejarán marchar hasta que demuestres que la has asimilado.” (Xarxa GAM, y Rojo, 2018).

En todo proceso de psiquiatrización hay una guerra, un proceso de sometimiento que subyace a todos los mecanismos que la psiquiatría usa para doblegarte. Antonucci señala que el ingreso psiquiátrico es una cuestión de poder: Si una mujer pobre dijera que existen los demonios en la consulta de su psiquiatra sería psiquiatrizada, ingresada y probablemente torturada, pero si un obispo acudiera a la cita con su psicóloga/psiquiatra y contara exactamente lo mismo se consideraría una cuestión completamente normalizada. Esta no es la única historia de poder que podemos leer a través de Antonucci. El psiquiatra italiano señala que la propia decisión de psiquiatrizarte es tomada de forma jerárquica, es siempre una decisión coaccionada. Expone: “se acaba en el manicomio o en una clínica psiquiátrica por decisión de alguien con más poder: puede ser el padre que tiene más poder que la hija, el marido que tiene más poder que su mujer, el jefe que tiene más poder que el empleado, etcétera” (Antonucci, 2018).

Esto se debe a lo que ya observa Franco Basaglia sobre que ’la medicina y la psiquiatría son motivo de opresión y son un medio violento utilizado por el poder contra los hombres’’.

Hablar de la psiquiatría como una guerra puede sonar algo chocante, en principio, para quien no se haya acercado progresivamente al activismo en salud mental pero lo cierto es que los muros de la consulta son un campo de batalla. Mientes por sobrevivir, te torturan, pero sobre todas las cosas es una guerra por el expolio y la extenuación de los cuerpos débiles. Lucha contra ellos por que claudiquen a su bandera, por que acepten lo que el que tiene más poder les ha designado, y consuman en lo que se les ordena. Cuando el cuerpo está totalmente conquistado se le expropia la capacidad de consumir, está sujeto e insertado en el ciclo del consumo y, con suerte, podrá reengancharse a la cruel producción que le ha llevado a esa situación si este desgaste no le ha llevado a su completa destrucción. Trabaja extenuado por las drogas, sintiéndose un extraño; ya no solo alienan sus condiciones de trabajo, está inserto en la alienación que el psiquiatra produce en su misma identidad: le han arrebatado el cuerpo, le han convertido en otro en sí mismo.

El SPK (Colectivo de pacientes socialistas en alemán, posteriormente convertido en el Frente de pacientes) ya mencionaba que el capitalismo y el fascismo expoliaban el cuerpo y colonizaban tu identidad para ‘’capitalizar tu enfermedad basándose en los criterios del (plus) valor’’. Es en esta situación tan perversa donde se dan situaciones que resultan casi cómicas como es la de Obra Social la Caixa, la misma que mañana acabará desahuciándote, financiando gabinetes y  psicoterapias. Esta es la perversidad de una disciplina absorbida por el capitalismo, pagarte la terapia cognitivo-conductual para que no te pueda la angustia pensando en que no puedes pagar un alquiler que te llevará al desahucio. No es casualidad esta financiación, mientras un acto político como es todo desahucio destroza tu vida, un gabinete de psicólogos financiado por la misma entidad se encargará de individualizar tu sufrimiento, atarte a un tratamiento, atarte al consumo, conseguir que tu trabajo, por precario que sea, no se interrumpa y bloquee la producción y, sobre todo, alienar todo tu potencial revolucionario, alejar tu sufrimiento como herramienta colectiva y encerrarte en un cuerpo que ya ni siquiera es tuyo, sino que te ha sido sustraído por toda una disciplina. El castigo no solo se basa en atarte dentro del psiquiátrico, sino también fuera.

Este colonialismo del cuerpo es el capitalismo de las farmacéuticas que consiguió perfeccionar su modelo hasta el extremo. Dice Robert Whitaker, preguntado por su experiencia, que ‘’los psiquiatras ganaron poder’’  con la llegada de los psicofármacos. Al sistema tampoco le vino mal, fue la entrada en un modelo cruel y efectivo pero que, y siguiendo con Whitaker, se perfeccionó hasta tal punto que ‘’se creyeron su propia propaganda’’. Es el extractivismo de lo humano, el capital fomentando el consumo y consumiendo el cuerpo de los que consumen. Nos encontramos en un modelo que solo puede ser considerado cómplice del dolor que genera romper a las clases bajas en la explotación del trabajo y los ritmos frenéticos y violentos de su día a día. La psiquiatría y las farmacéuticas crean una industria perversa: ‘’Están creando mercado para sus fármacos y están creando pacientes. Así que si se mira desde el punto de vista comercial el suyo es un éxito extraordinario. Tenemos pastillas para la felicidad, para la ansiedad, para que tu hijo lo haga mejor en el colegio” (Whitaker, 2015).

Dice Robert Whitaker, preguntado por  los diagnósticos psiquiátricos: Solo una sociedad neoliberal asume la perversidad de la cita ‘’pastillas para que tu hijo lo haga mejor en el colegio’’ sin pestañear, mirando hacia otro lado. Ni siquiera hace falta irnos tan lejos, ya la OMS nos da una definición sintomática en esta línea. Dice la OMS en su definición sobre salud mental: ’(Es) un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad’’

No solo están creando mercado de fármacos, también están tapando los agujeros que deja su sistema, están haciendo negocio con las violencias que devienen de él. Hoy el trabajador deja de ser productivo en su puesto de trabajo y pasa a ser rentable en las industrias internacionales. Una imagen altamente productivista que sostiene un ciclo que saca el máximo rendimiento a los cuerpos atándolos dentro y fuera en un negocio de masas: “En 2007, gastamos 25.000 millones de dólares en antidepresivos y antipsicóticos y, si queremos considerar esta cifra en perspectiva, pensemos en que superó el producto interior bruto de Camerún’’. Cifra terrible desde la óptica en la que el consumo de psicofármacos se ha convertido en un best-seller de la industria.

Ni Fisher hubiera podido imaginar lo que se podría hacer con nuestra vida más íntima. Se estrechan los lazos entre los beneficios del trabajo y la industria que crece exponencialmente. No es para menos: según un último informe de CCOO (2021), ‘’una de cada cuatro personas ocupadas toma sedantes o somníferos’’. Reflexiona Antonucci sobre esto: ‘’Nuestra limpia y organizada sociedad (...) tiene como finalidad la explotación del hombre para producir dinero o poder. Su resultado es la eliminación del trabajador que no aguanta el ritmo de producción, el trabajo a destajo, la cadena de montaje, los desplazamientos diarios, el desempleo, la emigración y la explotación. Estas personas, los trabajadores y sus hijos, llenan los institutos psiquiátricos, donde el sistema comete el segundo gran crimen (...) son segregados y reducidos al silencio; se actúa para que no se puedan defender (electroshock, los psicofármacos…) y para que no perturben a los culpables’’. Giorgio Antonucci sabía qué son las opresiones las que generan el sufrimiento psíquico, es el propio sistema quien te obliga a claudicar y acabar psiquiatrizado.

Un extractivismo que ya comentaba Mark Fisher con su ‘’privatización del estrés’’ y que se entremezcla con el panóptico foucaultiano y su punitivismo. Supone romper a los más débiles y devolverlos a una industria perversa (en el mejor de los casos) o extenuar su subjetividad y sus cuerpos en base al consumo y la represión. El sistema de salud mental supone la ruptura de tu propia subjetividad a través de los psicofármacos, las torturas y las vejaciones que lo acompañan. Dice también un informe del comité de fábrica de la Bartolini: ‘’(Los psiquiátricos son) sistemas de contención, lugares de marginación social de los inadaptados, o sea de todos aquellos que no han podido adaptarse a los ritmos de explotación física y psíquica impuestos por el sistema capitalista, quienes son considerados, pues, fuerza ‘improductiva’, como individuos ‘inútiles’ y peligrosos para la sociedad’’.

Hace unos años salía aquella noticia sobre que los inuit tenían la tasa de suicidio más alta del mundo y para mí fue una epifanía. Resulta comprender que la tarea del activismo en salud  mental es hacer entender a aquellos abocados a la marginalidad, a perpetuarse en las clases más bajas, que se verán tarde o temprano, si no dentro, al menos al filo de la psiquiatrización. Conseguir que los colectivos LGTBI, antirracistas, etc, estando al filo o sumidos en la psiquiatrización, sientan lo que los obreros italianos sintieron en la época de la antipsiquiatría en Italia: ‘’me reconozco en quienes están ahí dentro porque son quienes no han resistido’’, pensar de forma global e interseccional lo que ya dijo Franco Basaglia: ‘’Nosotros queremos cambiar radicalmente las relaciones que se establecen entre nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a compañeros, sindicalistas y no sindicalistas, a los trabajadores que quieren luchar contra el poder’’

Implica, al fin y al cabo, hacer comprender que cuando decimos que ‘’sin locos no hay revolución’’ no es un recurso literario o propagandístico, sino la constatación de una realidad. Y es que los locos son los nuestros.

Por Alberto Cordero

16 diciembre 2021

 

Alberto Cordero es militante de Anticapitalistas y Abrir Brecha y activista de Orgullo Loco

Referencias

Antonucci, Giorgio  (2018) El prejuicio psiquiátrico. Iruña: Katakrak.

CCOO  (2021) “La salud física y mental de los trabajadores, en caída libre por el coronavirus” La salud física y mental de los trabajadores, en caída libre por el coronavirus | ctxt.es

Foucault, Michel (2005) El poder psiquiátrico. Madrid: Akal.

Haley, Alex (2015) Malcolm X. Madrid: Capitán Swing.

Rendueles, Guillermo (2017) Las falsas promesas psiquiátricas. Madrid: La Linterna Sorda.

Whitaker, Robert (2015) Anatomía de una epidemia. Medicamentos psiquiátricos y el asombroso aumento de las enfermedades mentales. Madrid: Capitán Swing.

Whitaker, Robert (2016) “La psiquiatría está en crisis”, El País, https://elpais.com/elpais/2016/02/05/ciencia/1454701470_718224.html

Xarxa GAM y Rojo, Hugo (2018) Otra mirada al sistema de salud mental. Descontrol. Osalde

Publicado enSociedad
Stella Moris, pareja del fundador de Wikileaks, Julian Assange, pronuncia un comunicado ante el Tribunal Superior de Londres, tras conocerse el fallo que da vía libre a la extradición — Andy Rain / EFE

En su recurso contra la decisión del tribunal británico que avala la extradición, el equipo jurídico de WikiLeaks insistirá en el riesgo real de suicidio y en el deterioro psicológico que sufre Julian Assange, implorando razones humanitarias como las que llevaron a la liberación del dictador Pinochet por parte del Gobierno británico.

 

Tras el fallo del Tribunal de Apelación de Londres, este viernes, que da luz verde a la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, para ser juzgado en Estados Unidos, aún cabe una mínima esperanza de que finalmente no se lleve a cabo su entrega a las autoridades estadounidenses, que le acusan de 17 delitos relacionados con la Ley de Espionaje y uno de piratería informática, por ayudar supuestamente a la militar Chelsea Manning; unos cargos que podrían suponerle a Assange hasta 175 años de condena

La defensa de Julian Assange, que tiene ahora 50 años, dispone de 14 días para presentar su apelación en la Corte Suprema, aunque, según ha informado su equipo jurídico a Público, el recurso estará listo en menos tiempo. 

Si la Corte Suprema admitiera el recurso, se prevé otra batalla judicial con Estados Unidos; si lo rechazara --lo más previsible--, el último paso en el recorrido del caso es el Tribunal de Magistrados de Westminster, competente en las solicitudes de extradición, donde un juez de distrito trasladará el expediente al secretario de Estado de Interior para decidir si se

La defensa del fundador de WikiLeaks no tira la toalla, cree que aún hay margen para impedir la entrega a Estados Unidos y está dispuesta a agotar todas las posibilidades, por lo que el proceso podría durar algunos meses más. En todo caso, la última palabra no la tendrá la Justicia británica sino el Gobierno de Boris Johnson, como indican a este medio fuentes jurídicas. En caso de ser extraditado finalmente, Assange será entregado a la Corte del Distrito Este de Virginia (Estados Unidos), un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia norteamericanas.

La principal baza en la defensa de Julian Assange es el peligro para su salud psicológica, e incluso para su vida, que entrañaría la decisión de extraditarle a Estados Unidos. El periodista australiano lleva encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue detenido a raíz del asalto a la embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado siete años. Un informe forense del psiquiatra Michael Kopelman acredita el alto riesgo de suicidio que existe en el caso de que Assange sea finalmente extraditado.

Descartada la motivación política

Pese a que la jueza Vanessa Braitser se basó en ese informe pericial para denegar la petición de extradición el pasado 4 de enero, no tuvo en consideración el argumento principal para oponerse a la entrega a Estados Unidos esgrimido por la defensa de Assange, coordinada por el abogado y exjuez español Baltasar Garzón: la motivación política que denuncia el fundador de Wikileaks respecto a su persecución como periodista por el Gobierno de EEUU.

En 2010, el portal de Julian Assange publicó cientos de cables del Departamento de Estado estadounidense en los que se demostraba la vulneración de los derechos humanos en Guantánamo y durante las invasiones norteamericanas de Irak y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. En los documentos secretos desvelados por Wikileaks quedaba en evidencia el abuso del ejército estadounidense en cuanto a las muertes de civiles.

El antecedente más directo del caso Assange es el que frenó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet en el año 2000, cuando el entonces ministro del Interior inglés Jack Straw decidió liberarlo por razones humanitarias, pese a que la Justicia británica había acordado su extradición a España para ser juzgado por una treintena de delitos de torturas. Precisamente este caso, impulsado desde la Audiencia Nacional en España por el entonces juez Baltasar Garzón, será tenido en cuenta en el recurso de apelación de los abogados de WikiLeaks, coordinados por el propio despacho de Garzón, según ha podido saber Público.

El caso Pinochet

En octubre de 1999 el juez británico Roland Bartle aceptó la extradición del exdictador chileno a España, después de su detención en Londres hacía casi un año en virtud de la orden de detención internacional impulsada por el entonces juez Garzón desde la Audiencia Nacional. Se daba así el primer paso para que Pinochet fuera finalmente juzgado por genocidio en España, en aras a la entonces vigente jurisdicción universal.

Sin embargo, tres meses después, el ministro del Interior británico, Jack Straw, cambió el signo de los acontecimientos, al admitir una serie de informes periciales sobre la salud del dictador. "No está en estos momentos en condiciones de someterse a juicio y no es de esperar que se produzca un cambio en su situación actual", dijo Straw para rechazar la extradición. Finalmente el 2 de marzo de 2000, el ministro decidió liberar a Pinochet, que ese mismo día regresó a Chile. Pinochet falleció en diciembre de 2006 sin ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura chilena (1973-1990). 

El caso de Assange sólo se parece al de Pinochet en el deterioro de la salud como exigencia para pedir la liberación; en el caso del periodista, su salud mental, después de llevar privado de libertad desde 2012, cuando se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. El Gobierno británico está obviando conscientemente, según opinan fuentes jurídicas, que Assange y su medio ejercieron su libertad de prensa en aras del derecho a la información, que nada tiene que ver con la protección a un dictador como Pinochet. 

En el caso Assange, ha sido el juez Timothy Holroyde el que, ante una sala abarrotada, ha pronunciado este viernes la fatal frase: "El tribunal admite el recurso [de Estados Unidos]". El juez ha indicado que el Gobierno estadounidense "ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental". En la balanza, han primado esas supuestas garantías ofrecidas por Estados Unidos de un juicio justo y una estancia en prisión provisional garantista sobre el riesgo real de suicidio y de problemas psicológicos acreditados por informes periciales. 

Derecho a la información

El portal WikiLeaks ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal de Apelación británico. El visto bueno a la extradición afecta en primer lugar a  Assange, pero también al resto de componentes de WikiLeaks y de otros medios y plataformas que informan sobre asuntos sensibles de Estados Unidos y desvelan información secreta. Está en juego la integridad de cientos de periodistas; en definitiva, la libertad de información. Por eso, cada paso judicial es fundamental. 

Así lo ha manifestado este viernes la abogada Stella Moris, pareja de Assange, con el que tiene dos hijos. Moris ha descrito el fallo judicial como "peligroso y equivocado" y un "grave error judicial". "¿Cómo puede ser justo, cómo puede ser correcto, cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que conspiró para matarlo?". 

Como ya informó Público, en 2017, tras la llegada al poder de Donald Trump y con Mike Pompeo como director de la CIA, se planeó secuestrar o asesinar a Julian Assange. A esos planes se ha referido este viernes Stella Moris frente al tribunal de Londres, donde se han congregado decenas de defensores de WikiLeaks. 

Las organizaciones de derechos humanos claman contra la extradición de Julian Assange. Amnistía Internacional incide en que las llamadas "garantías" en las que se basa el Gobierno de Estados Unidos "dejan a Assange en riesgo de malos tratos", son "intrínsecamente poco fiables" y "deben rechazarse". Amnistía alega que los cargos contra Assange tienen "motivos políticos". 

La aportación de WikiLeaks en España

WikiLeaks ha desvelado a lo largo de los años numerosas informaciones cruciales que afectan a los secretos de Estado de varios países. En España, entre marzo de 2012 y diciembre de 2015, Público dio a conocer cerca de cuarenta informaciones exclusivas gracias a los archivos de la plataforma dirigida por Julian Assange. Una de ellas, difundida el 23 de marzo de 2012, revelaba que la compañía privada de espionaje Stratfor, conocida como la CIA en la sombra, había dirigido su mirada hacia el movimiento español 15-M. 

Los cables de Wikileaks que Público difundió en exclusiva en España también aportaron datos sobre el ahora rey emérito y sus relaciones con las estructuras de poder de Estados Unidos. Este periódico dio a conocer, entre otras cosas, que la diplomacia estadounidense apostaba por Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco pese a que la monarquía no contaba con apoyo popular en España. Así constaba en un documento secreto del Departamento de Estado fechado el 23 de octubre de 1975, con Francisco Franco al borde de la muerte.

10/12/2021 21:36

Joan Cantarero / Ana María Pascual


Estas son las revelaciones de Wikileaks por las que EEUU quiere juzgar a Assange

Desde las violaciones a los derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán hasta quién está detrás del nacimiento de Vox, pasando por los vínculos del emérito con EEUU: repasamos los hitos informativos de la plataforma.

10/12/2021 15:16 Actualizado: 10/12/2021 15:39

Público

Con un vídeo y más de 90.000 documentos militares estadounidense revelados en julio de 2010 echaba a andar Wikileaks. Las primeras filtraciones se publicaron de manera coordinada en varios medios internacionales y mostraban con crudeza el fracaso de las guerras de Irak y Afganistán.

El fundador de la organización responsable de la filtración, Julian Assange, que ahora se enfrenta a un proceso de extradición a Estados Unidos acusado de 18 delitos relacionados con la Ley de Espionaje y la piratería informática, aportó luz en ese y otros asuntos sobre los que algunos buscaban que reinase la oscuridad. Repasamos algunos de los hitos informativos de Wikileaks.

Soldados de Estados Unidos acribillando a gente desarmada

El 5 de abril de 2010 Wikileaks filtró el vídeo Collateral Murder. Era la narración visual completa de cómo los tripulantes de un helicóptero de combate Apache aniquilaban a 12 civiles iraquíes en un suburbio de Bagdad. Entre ellos estaba el fotógrafo de la agencia Reuters Namir Noor-Eldeen.

Violaciones de los derechos humanos en Irak y Afganistán

En julio de 2010 más de 90.000 documentos desclasificados sobre la guerra en Afganistán vieron la luz gracias a Wikileaks. En ellos se demostraban las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la intervención militar en ese país.

Tres meses más tarde, en octubre, una filtración de otros 400.000 documentos destapaban la atrocidades ocultas en Irak, otro territorio en el que EEUU cometió –y escondió– crímenes contra civiles, al tiempo que consintió las ejecuciones sumarias perpetradas por las fuerzas aliadas iraquíes. En ellos se admitía que el 60% de las personas fallecidas en Irak entre 2003 y 2009 eran civiles.

Correos del director de la CIA en los que habla de tortura

Wikileaks también publicó los correos electrónicos de la cuenta privada del que en 2015 era director de la CIA, John Brennan, que revelan el limbo legal de los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo. En concreto, dos de ellos hacían alusión a presuntos casos de tortura.

Los archivos del 'Cablegate'

Las comunicaciones del Ejecutivo de Estados Unidos con sus delegaciones diplomáticas en distintas partes del mundo también vieron la luz con Wikileaks. Un total de 250.000 documentos del Departamento de Estado se hicieron públicos. 

Así se conoció que la embajada estadounidense en España presionaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapateropara evitar que se esclareciera el asesinato del cámara José Couso en Irak. Y se difundió información sobre el paso de los vuelos de la CIA por territorio español. A bordo viajaban presos con destino a la cárcel secreta de Guantánamo.

Guantánamo y Abu Ghraib

El 25 de abril de 2011 Wikileaks difundió fotografías y detalles inéditos sobre los interrogatorios en la cárcel de Guantánamo. Los informes revelaban que 150 personas afganas y pakistaníes habían sido detenidas sin ningún tipo de juicio. Además, se supo que el preso más joven tenía 14 años y el mayor había cumplido ya 89. Previamente, en 2007, Wikileaks había dado a conocer un manual del Ejército de EEUU para los soldados en Guantánamo

Wikileaks también difundió revelaciones sobre la cárcel iraquí de Abu Ghraib, otro lugar donde se violaban los derechos humanos bajo absoluta impunidad. Entre los documentos difundidos entonces figuraban los denominados "Procedimientos Operativos Habituales" de Abu Ghraib, Bucca (otro campo de detención en suelo de Irak) y Guantánamo.

Espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU

La Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA, por sus siglas en inglés) llegó a realizar escuchas secretas de un encuentro entre la canciller alemana Ángela Merkel y el entonces secretario general de la ONU Ban Ki-Moon. Estas operaciones de espionaje vieron la luz gracias a Wikileaks.

Además, el Gobierno de Estados Unidos también espió una reunión privada entre el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el expresidente francés Nicolás Sarkozy y Merkel. Hubo además escuchas de una conversación entre Berlusconi y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Los correos de Hillary Clinton

Hillary Clinton ostentaba el cargo de secretaria de Estado en la Administración de Barack Obama cuando, en marzo de 2016 llegó la filtración de más de 30.000 correos electrónicos recibidos y enviados por ella misma. También vieron la luz 27.000 comunicaciones del Comité Nacional Demócrata (CND) y 50.000 correos electrónicos de John Podesta, jefe de la campaña presidencial de Clinton.

En ellos se dibujaban casos de disputas y maniobras internas o, incluso, una dura acusación de Clinton contra Arabia Saudí y Qatar, a quienes señalaba en un correo enviado a Podesta por suministrar apoyo de forma clandestina a la organización terrorista Estado Islámico (Dáesh).

Quién financió el nacimiento de Vox en España

Las filtraciones de Wikileaks no solo salpican a Estados Unidos y su Ejecutivo. En ellas también hay espacio para partidos políticos españoles. En concreto, la organización filtró quiénes fueron las grandes fortunas y altos ejecutivos españoles financiaron el nacimiento de Vox a partir del grupo ultracatólico Hazte Oír

Público desveló en exclusiva para España 17.000 documentos internos de Hazte Oír y CitizenGo previos al despegue meteórico del partido de Santiago Abascal incluidos los listados y aportaciones de los "grandes-grandes donantes" que hicieron posible el auge electoral de la ultraderecha.

Los vínculos del rey emérito con EEUU

Este periódico dio a conocer, entre otras cosas, que la diplomacia estadounidense apostaba por Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco pese a que la monarquía no contaba con apoyo popular en España. Así constaba en un documento secreto del Departamento de Estado fechado el 23 de octubre de 1975.

A través de distintos informes secretos revelados por Wikileaks fue posible saber que el entonces príncipe –que ya había sido elegido por Franco como su sucesor– actuaba como confidente de la Casa Blanca en las fechas previas al fallecimiento del dictador, convirtiéndose en la gran apuesta de EEUU para la España posfranquista.

Suárez y Fraga contra el PCE

Los archivos de Wikileaks difundidos en España por Público también permitieron conocer que EEUU había realizado un pormenorizado seguimiento de la actividad del Partido Comunista de España antes de su legalización. "Compartimos el escepticismo del Gobierno sobre que el PCE no es digno de confianza y que su legalización en este momento sería arriesgada", decía un cable de la diplomacia estadounidense fechado el 12 de marzo de 1976.

En ese contexto, Wikileaks recogió un cable en el que se destacaba que tanto el ministro Manuel Fraga como el presidente Adolfo Suárez habían prometido al embajador de EEUU, Well Stabler, que "los comunistas no serán legalizados ni se les permitirá tener un papel en este proceso evolutivo".

Manuales de la CIA

Las exclusivas de Público sobre los papeles de Wikileaks también trajeron otras historias, como la guía secreta que empleaban los agentes de la CIA para infiltrarse en Europa bajo identidades falsas. Allí se detallaba cómo traspasar las fronteras de España, remarcando que se trataba de uno de los países que "puede requerir datos biométricos" a los ciudadanos estadounidenses a la hora de obtener pasaportes especiales para representantes gubernamentales o personas que viajan en misión oficial.

De hecho, Wikileaks descubrió además que los espías de EEUU manejaban el manual de control de fronteras de la Unión Europea (UE). Tales datos figuraban en uno de los informes del programa 'Checkpoint' de la CIA filtrados por Wikileaks y a los que tuvo acceso este periódico.

TiSA, el tratado secreto

Asimismo, los archivos obtenidos por esa organización dejaron al descubierto el denominado Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo de intercambio de servicios entre 50 países, incluida España, que se negociaba bajo absoluto secreto.

Los documentos de la negociación secreta del TiSA apuntaban hacia la eliminación de controles y obstáculos para favorecer la liberalización global de los mismos servicios financieros "innovadores" que provocaron la crisis global de 2007-2008, al tiempo que se buscaba condicionar a los estados firmantes a la hora de efectuar regulaciones o aprobar leyes que afecten a empresas multinacionales. Wikileaks reveló además que el tratado permitirá a las corporaciones financieras exportar los datos sensibles de los consumidores.

Publicado enInternacional
Jueves, 11 Febrero 2021 06:03

Qué hace Julian Assange aún en prisión

Qué hace Julian Assange aún en prisión

EE UU agota los plazos para presentar los argumentos de apelación ante la justicia británica, más de un mes después de que una juez rechazase la extradición del fundador de Wikileaks

 

La batalla legal por la libertad del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, de 49 años, no hizo más que comenzar el pasado 4 de enero en el tribunal londinense de Old Bailey. El rechazo de la petición de extradición cursada por Estados Unidos —justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio— asomó al exhacker a las puertas de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica. Pero la juez Vanessa Baraitser le negó la libertad bajo fianza con el propósito de garantizar que el Gobierno estadounidense —entonces de Donald Trump— pudiera presentar una apelación para poder llevarse algún día al reo a su territorio, donde está acusado de 17 delitos de espionaje y uno de intrusión informática. Más de un mes después, los abogados norteamericanos agotan los plazos para argumentar su recurso ante la justicia británica, mientras se multiplican las voces que piden al flamante inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, que dé marcha atrás. La Administración demócrata ha manifestado que seguirá tratando de que el Reino Unido extradite al detenido.

Entre estas voces que hacen campaña por la liberación de Assange están las de más de una veintena de organizaciones que este lunes escribieron una carta al Departamento de Justicia de EE UU pidiendo la retirada de los cargos. “La acusación contra Assange”, decía la misiva, “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas realizan habitualmente”. Entre los firmantes estaban Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras… Pero el destinatario era un cargo en funciones, el fiscal general Monty Wilkinson. El Senado de EE UU tiene aún que confirmar al elegido por Biden para el puesto, el juez Merrick B. Garland.

Y el tiempo corre. Como en toda petición de extradición presentada en el Reino Unido, el Crown Prosecution Service (CPS, Servicio de Fiscalía de la Corona) actúa como una suerte de abogado en nombre del Estado demandante, en este caso EE UU —de igual modo lo hizo con la petición de extradición de Suecia por el caso de supuestos abusos sexuales cometidos por Assange, a la postre archivado—. En contacto con EL PAÍS, el CPS ha confirmado que se presentó la petición de apelación en el Tribunal Superior británico el pasado 15 de enero.

Ese es el primer paso: notifican que apelan la no extradición. A partir de ahí, los abogados de la acusación han tenido un mes para fundamentar el recurso. Se prevé que a finales de esta semana, EE UU presente los argumentos. Si el juez del tribunal los admite, el recurso de apelación pasaría a ser juzgado por un panel de varios jueces en una sesión sin fecha a la vista. Se dilataría la estancia de Assange entre rejas, donde lleva más de 22 meses, desde que Scotland Yard le detuviera en la Embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, tras siete años refugiado.

Si finalmente el tribunal diera su visto bueno a la extradición, Assange podría recurrir ante el Supremo británico o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Como esa veintena de organizaciones civiles y de derechos humanos que escribieron este lunes al fiscal norteamericano Wilkinson, abogados, escritores, ensayistas y periodistas han instado de igual modo a que Biden retire los cargos contra el australiano. EE UU apeló unos días antes de que Trump cediera el testigo, aunque no físicamente, al líder demócrata. Fue durante la Administración del magnate neoyorquino, con Jeff Sessions en la Fiscalía, cuando se formalizó, en 2018, la acusación contra el editor australiano. Y eso que las grandes filtraciones que publicó Wikileaks —entre ellas, la difusión de decenas de miles de cables diplomáticos, en la que participó EL PAÍS— llegaron a la Red durante el mandato de Barack Obama. Pero con el demócrata en el poder, pese a que había una investigación abierta contra Assange, nunca se llegaron a presentar cargos. Cundió el temor a sentar un mal precedente que afectara al libre ejercicio del periodismo.

Y es de este hilo del que tiran los defensores de Assange, con su pareja, la abogada de origen sudafricano Stella Moris, a la cabeza. Biden, vicepresidente con Obama y que en 2010 llamó a Assange “terrorista de alta tecnología”, no se ha pronunciado al respecto —la apelación se puede retirar en cualquier momento del proceso—. Pero sí lo hizo este martes un portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi, que aseguró que Washington seguiría “buscando su extradición”.

El equipo de abogados del antiguo hacker, liderado por la australiana Jennifer Robinson, del despacho londinense Doughty Street Chambers, prefiere mantener la prudencia y no hacer comentarios sobre el estado del proceso contra Assange o las condiciones en las que él se encuentra —Moris ha denunciado en la Red que el australiano pasa frío porque el penal no le ha entregado la ropa de invierno que le enviaron—. Desde que la juez Baraitser rechazase la extradición de Assange, la defensa ha estado a expensas de que la acusación moviese ficha para así preparar los argumentos contra una posible apelación.

Paradójicamente, el proceso contra Assange, vinculado a la transparencia y el derecho a la información, ha sido tremendamente opaco. Así lo reconoce en conversación telefónica Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las personas que con más empeño ha tratado de monitorear la causa. Si la apelación y la extradición prosperan hay dos cosas en juego, señala Vincent: la salud de Assange y el “futuro” del periodismo. “Ningún periodista podría estar seguro de que no le van a procesar por publicar informaciones como las que publicó Wikileaks”, afirma la portavoz de RSF.

Para lo que pueda venir, Stella Moris, con la que el editor australiano tiene dos hijos, ha abierto una petición de fondos en la Red que atiendan su defensa. Lleva más de 62.000 euros recaudados.

Por Óscar Gutiérrez

Madrid - 11 feb 2021 - 03:04

Publicado enInternacional
La muerte silenciosa de los presos en Estados Unidos

100 mil personas podrían perder la vida por la covid-19 en las cárceles

Sólo en el país habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. De los diez brotes más grandes en el país,

siete se dan en cárceles.

 

En Estados Unidos, las muertes por coronavirus continúan acumulándose en cantidades industriales. Pero hay víctimas que son más silenciosas que otras. Si bien, como reflejara la semana pasada Raúl Kollmann , el país ya liberó a decenas de miles de presos que cumplían su condena en cárceles, el esfuerzo para aplanar la curva de contagio en esos establecimientos sigue siendo insuficiente. Al cierre de esta nota, The New York Timescontabilizaba 35.800 contagios y 345 muertos intramuros, entre presos y personal penitenciario. Pero la cifra oficial de casos positivos dice poco si se considera la escasa cantidad de detenidos que son sometidos a testeos: en el puñado de centros con tasas de prueba más altas, la mayoría de las personas dieron positivo de covid-19. La cárcel de Marion, en el estado de Ohio, es la más infectada del país, con más del 85 por ciento de sus 2.623 reclusos y 175 empleados contagiados.

Algunas cifras alcanzan para entender la magnitud de la situación. Sólo en Estados Unidos habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. Y alrededor del 40 por ciento de las personas encarceladas en el país sufren al menos una afección crónica, como asma o diabetes, lo cual constituye un caldo de cultivo para la dispersión del virus en contextos habitacionales que no respetan el tan mentado distanciamiento social. La situación se vuelve aún más caótica si se considera que de los diez brotes más grandes en el país, siete se dan en cárceles.

"El encarcelamiento masivo constituyó una crisis en la salud pública mucho antes de la pandemia, pero ahora la situación llegó a un punto límite", advierte Udi Ofer, director de la División de Justicia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en diálogo con Página/12. Una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país estima que si no se descongestiona el sistema penitenciario de forma urgente, hasta 100 mil personas podrían morir por la covid-19. Al margen de esfuerzos individuales, ninguna agencia gubernamental compila o hace públicos los datos de coronavirus en cárceles. Sucede que no existe un sistema unificado: los presos deambulan por una maraña de jurisdicciones federales, estatales y locales.

El informe de ACLU , que toma como base el análisis de una cárcel típica, la del condado de Allegheny, estado de Pensilvania, detalla que del total de 100 mil muertes que la pandemia podría generar en las cárceles del país si no se toman las medidas adecuadas, apenas 23 mil ocurrirán tras las rejas. El resto de los presos moriría en comunidades aledañas como resultado de que los reclusos propaguen el virus al ser liberados. Lo cual es un indicador de que la única solución ni siquiera viene por el lado de agilizar las prisiones domiciliarias.

"Las personas encarceladas, los oficiales correccionales y el personal que trabaja en esas instalaciones no pueden distanciarse socialmente de manera efectiva. Combina eso con el hacinamiento, la atención médica deficiente y las condiciones antihigiénicas y tendrás la receta perfecta para la rápida propagación del coronavirus", explica a este diario Ed Chung, vicepresidente de reforma a la Justicia Penal del Centro para el Progreso Americano . "Los presos no están necesariamente confinados en celdas individuales; a menudo se encuentran en áreas abiertas más grandes donde se alojan varias personas juntas", agrega el especialista en derechos civiles.

A mediados de marzo fue diagnosticado el primer caso de coronavirus en Rikers Island, el principal complejo carcelario de la ciudad de Nueva York. En apenas dos semanas, se diagnosticaron más de 200 casos dentro de esa instalación. Pero la prisión de Marion en Ohio es la más castigada por la pandemia. Marion cuenta con una capacidad máxima de 2.623 reclusos y ya tiene 2.439 casos registrados entre presos y personal carcelario, lo que lo convierte en el punto de mayor concentración del virus en todo el país. El 95 por ciento de los reclusos que dieron positivo en ese establecimiento son asintomáticos, lo cual implica una nueva dificultad en la lucha contra la pandemia. Marion es una de las pocas cárceles del país que implementa pruebas masivas. Muchos estados han ordenado pocos testeos hasta el momento, y cinco sobre un total de 50 ni siquiera ofrecen datos.

"Las instalaciones que han testeado a su población carcelaria y al personal penitenciario han encontrado una tasa de infección mayor al 70 por ciento. Pero las cárceles no están haciendo las suficientes pruebas, una lógica que lamentablemente se expande a Estados Unidos en su conjunto", asegura Chung. Por eso, en este momento no se sabe cuántas personas están o estarán infectadas en el país, y sólo existen estimaciones.

"Las prisiones que no están haciendo pruebas básicamente están permitiendo que el virus se propague, abriendo la puerta a muertes masivas. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) son parcialmente responsables de la falta de testeos, ya que solo los han recomendado en personas sintomáticas", advierte por su parte Ofer. Según datos proporcionados por ACLU, alrededor del 40 por ciento de los reclusos tienen al menos una condición de salud crónica, y hay casi 200 mil personas de 55 años o más que encarceladas en Estados Unidos, lo cual aumenta de forma exponencial el riesgo de contagio.

Liberación, ¿y después?

Numerosos colectivos que defienden los derechos civiles de los presos denuncian que, pese a algunos esfuerzos aislados, se ha hecho poco a nivel estatal y federal para liberar a los reclusos que no son violentos o están a punto de cumplir su condena. Por eso, piden ayuda a distintos actores del país: "Los gobernadores deben proporcionar liderazgo en todo el estado y emitir órdenes ejecutivas que ordenen a las muchas agencias en sus estados a reducir las poblaciones carcelarias. Los fiscales deberían negarse a procesar la mayoría de los arrestos y recomendar la libertad preventiva sin condiciones en todos los casos en que no exista riesgo de daño físico grave inminente hacia otra persona. Y la policía y los sheriffs no deberían realizar arrestos de custodia a menos que sea necesario para evitar un riesgo inminente y grave de daño corporal a otra persona", en palabras de Udi Ofer de ACLU. La organización también acaba de llamar al Congreso a presentar proyectos en ese sentido.

Para Chung, en tanto, la reducción de la población carcelaria es esencial, "especialmente cuando se considera para qué están diseñadas específicamente las cárceles: dos tercios de los presidiarios han sido acusados de delito y están a la espera de un juicio, y las reformas en los Estados Unidos han demostrado que con los servicios adecuados, la mayoría de las personas pueden permanecer en sus comunidades mientras se presenten en la corte cada vez que sean requeridos y no cometan nuevos delitos".

La amplia mayoría de esos dos tercios que cumplen prisión preventiva volverán a sus comunidades en algún momento. Y muchos de ellos, una vez liberados, se verán arrojados a una vida bajo condiciones extremas, tal como señalan las principales organizaciones civiles estadounidenses: desempleo crónico, falta de vivienda y de acceso a una atención médica de calidad a menudo son factores que alimentan la reincidencia en conductas criminales. Estos datos son apenas una llamada de atención sobre el verdadero costo de una política de 50 años de encarcelamiento masivo, y exigen una respuesta inmediata y colectiva para evitar una catástrofe mayor de la prevista en tiempos de pandemia.

Publicado enInternacional
Miércoles, 06 Mayo 2020 05:55

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

Mientras se instala en la Argentina una absurda discusión sobre qué hacer con el riesgo de que el coronavirus estalle en las cárceles, el resto del mundo ya lo tiene resuelto. Se pierde el tiempo aterrorizando a la población con la liberación de asesinos y violadores, algo a lo que obviamente todos se oponen, y no se toman medidas básicas con los que no cometieron delitos graves y son los que llenan los penales.

 

La insólita polémica sobre las cárceles, desatada en la Argentina por la oposición, no se repite en la mayor parte del mundo, ni siquiera en los que siempre hicieron bandera con la mano dura penitenciaria. Los presos disminuyen en la totalidad de los países. Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema, produjo decenas de miles de morigeraciones. Los datos surgen de revisar los diarios y sitios de internet de los distintos estados. 

Lo que se percibe es un temor a que explote un contagio masivo y eso contacte con el resto de la sociedad. Un ejemplo es la cárcel del condado de Cook, en Chicago, que se considera el mayor foco de virus en esa ciudad. Sucede que en una cárcel como la de Cook entran y salen centenares de personas por día: penitenciarios, médicos, enfermeros, cocineros, personal administrativo, de limpieza. Una explosión del Covid--19 en un penal, tarde o temprano repercute afuera. Y la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores es una sola. Y es escasa.

* California llevaba 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones. Esta semana, la cifra subió, sólo en Los Angeles, a 5.000, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Angeles tenía 17.000 presos y ahora bajó a menos de 12.000.

* Pero las morigeraciones se dan en casi todos los condados de California. En Marin County, una prisión que suele tener unos 280 reclusos, el viernes tenía 158, tras haber enviado a sus casas a 43 ese mismo día. De la San Diego County Jail salieron 300 internos y se le negó el beneficio a otros 200, según el San Diego Union Tribune.

* La revista The Lancet, una de las más prestigiosas publicaciones científicas a nivel mundial, publicó que en el penal Marion, de Ohio, dieron positivo 2.000 del total de 2.500 presos. La revista Alive, de Ohio, afirma que la cantidad de internos bajó en un 30 por ciento por las excarcelaciones.

* En la prisión de Maricopa, en Arizona, la cantidad de presos bajó de 7.500 a 5.306. Pero además, el penal resolvió no exponer más a todos los penitenciarios, por lo tanto decidió que 700 penitenciarios no concurran hasta nuevo aviso.

* El canal KCBY de Oregón informa que la prisión llamada Washington Jail tomó una decisión que va al revés de lo habitual: fijó un número de presos con los que se puede mantener cierto nivel de prevención del virus y mandó a casa a todo el resto, siempre de los presos considerados de bajo riesgo. De esa manera redujo la población carcelaria a la mitad: la cifra normal eran 573 presos y ahora hay 280.

* En Denver, Colorado, la población carcelaria bajó un 41 por ciento por la libertad dictada a todos los mayores de 60 años; los que tenían problemas de salud, los que tenían fianzas relativamente bajas y no pudieron pagarlas y todos los que tenían por delante pocos meses de pena. El sitio Denverite dice que aún así hay peligro de contagios en las cárceles.

* En Nueva York, las oleadas de liberaciones en el penal de Rikers Island son casi diarias. Primero fueron 1.100 presos, luego, 51, 200, 175. Según el New York Post, en el estado hay en la actualidad 4.906 y es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay menos de 5.000 presos.

* Los medios informan sobre reducción en la cantidad de internos en Virginia, Maryland, Florida, Tennessee, Pensylvania, Minnesota, Nevada, Hawai, Alabama, Texas, Maine, Massachusets, Georgia, Michigan y otros.

La totalidad de los estados registran descensos en la cantidad de presos, muy en línea con lo que impulsan la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Ambas entidades quieren evitar una catástrofe humanitaria y en el servicio de salud.

El ejemplo en la Argentina sería el siguiente. En la cárcel de Devoto hay 1.800 presos. Si se produce un contagio de envergadura, una pequeña parte de los contagiados, sobre todo los que ya venían con enfermedades, necesitarán ser hospitalizados y requerirán de camas y respiradores. El hospital más cercano es el Zubizarreta, que tiene ocho camas en terapia intensiva con respirador. Parece obvio que todas esas camas y respiradores estarían ocupadas por personas contagiadas en el penal, dado que ahí las condiciones de aislamiento son imposibles. Los vecinos de la zona, tendrían que ser alojados en otros hospitales.

Eso es justamente lo que tratan de evitar en los estados norteamericanos: que les estalle una crisis que terminé produciendo gran cantidad de fallecidos en los penales y una catástrofe en el sistema sanitario.  

Una conducta que se repite en todo el mundo, sin grandes discusiones, siguiendo las recomendaciones de la OMS y la ONU. 

Publicado enInternacional
Miércoles, 22 Abril 2020 09:53

Rumbo a un genocidio carcelario

Rumbo a un genocidio carcelario

Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el Coronavirus.

 (TEXTO DEFINITIVO)

 

Quienes suscribimos esta declaración, en nuestra condición de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobre todo, como seres humanos,

 

Manifestamos:

 

PRIMERO: Que es necesario expresar nuestro repudio a la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país, hoy gravemente afectados como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 que azota a toda la humanidad.

SEGUNDO: Que nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población. Una mirada al Decreto 546 del 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia.

TERCERO: Que el texto referido describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias que determinan la emergencia carcelaria y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados. Además, él detalla las condiciones de reclusión que no pueden ser más alarmantes, cuando advierte que el confinamiento y el hacinamiento “convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno”, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos.

CUARTO: Que en ese contexto las circunstancias que ameritan la sustitución de la pena y la detención –que es también sustancialmente una pena anticipada– intramurales, por la privación de la libertad en el domicilio, están plenamente justificadas –enfermedades preexistentes, discapacidades, y mujeres en embarazo o de parto reciente–; y, además que el número de las personas recluidas no puede sobrepasar conforme al espacio disponible en donde están privados de la libertad, al número que recomiendan en espacios cerrados las medidas sanitarias, por cuanto corresponden a los casos de riesgo real de muerte en el evento de contraer Coronavirus, según la opinión calificada y reiterada de la Organización Mundial de la Salud, los informes institucionales y los múltiples estudios científicos sobre la pandemia.

QUINTO: Que después de todo este discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa. Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas. De esta forma, se da la apariencia de que el gobierno se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del Derecho.

SEXTO: Que todas esas barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado, porque ni la pena ni la detención preventiva autorizan su limitación y, mucho menos, su sacrificio. Por tanto, omitir su debida protección es una extralimitación al ejercicio de la privación de la libertad, aniquilando con ello la legalidad, la humanidad y la proporcionalidad, que son sus requisitos constitucionales de legitimidad, máxime si con ello se profundiza el gravísimo estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas ya declarado –en forma reiterada– por la Corte Constitucional.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte. Se produciría, pues, un verdadero genocidio carcelario como lo advirtió estos días el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni; y, también, se confirmaría la admonición del jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuando expresa que los castigos, por irrogar dolores excesivos y despóticos, conllevan muchas más injusticias que los delitos cometidos.

Exigimos:

 

PRIMERO: Que, en desarrollo de las precisas facultades constitucionales previstas en el artículo 215 se modifique –a la mayor brevedad– el Decreto 546 de 2020 para derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y segaranticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.

SEGUNDO: Que, en uso de esas mismas potestades constitucionales, se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios.

TERCERO: Que toda la sociedad civil y los medios de comunicación social, en especial estamentos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las universidades, las iglesias y todos los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el respeto y la preservación de los derechos humanos, se pronuncien en frente a esta tragedia que embarga a las prisiones colombianas y acompañen nuestros respetuosos pedimentos,

Como consecuencia de lo anterior, nos suscribimos hoy 21 de abril de 2020:

 

Adherentes internacionales

Luigi Ferrajoli

Filósofo del Derecho.

José Hurtado Pozo

Profesor Emérito Universidad de Fribourg, Suiza.

Perfecto Andrés Ibáñez

Magistrado Jubilado, Tribunal Supremo Español.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Profesor y tratadista de Derecho Penal.

Boaventura de Sousa Santos

Sociólogo e investigador,

Catedrático Jubilado de la Universidad de Coimbra, Portugal.

 

Miguel Ontiveros Alonso.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Valencia, España.

Andrea Planchadell Gargallo

Catedrática de Derecho Procesal, España.

 

Ana Gabriela Braga

Profa. Universidade Estadual Paulista- UNESP, Brasil.

 

Juan Manuel Alcoceba Gil

Docente Universidad Carlos III de Madrid, España.

 

José R. Agustina

Universidad Internacional de Catalunya, España.

José Luis Guzmán Dalbora

Profesor de Derecho Penal, Chile.

 

Rodolfo Félix Cárdenas

Catedrático de Derecho Procesal Penal, Escuela Libre de Derecho

Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

 

Iván Meini Méndez

Profesor Principal de Derecho Penal de la PUCP, Perú.

 

Juana del Carpio Delgado.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

 

Eduardo Demetrio Crespo

Catedrático de Derecho Penal

Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 

Javier Llobet Rodríguez

Profesor Jubilado Universidad de Costa Rica.

 

Mario Ramírez Orozco

Profesor universitario, Noruega.

 

Vincenzo Militello

Profesor Ordinario de Diritto Penale, Università di Palermo, Italia.

 

Fernando Miró Llinares

Catedrático de Derecho penal y Director de CRIMINA de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Fernando A. Fernandes

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Brasil.

Iñaki Esparza Leibar

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de San Sebastián España.

Héctor Claudio Silveira Gorski

Profesor de la Universidad de Barcelona, España.

Pastora García Álvarez.

Profesora titular de Derecho penal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

María del Valle Sierra López.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Víctor M. Macías Caro

Profesor Ayudante, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Rosmari Moreno Acevedo.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Alejandro Rodolfo Cilleruelo

Doctor en Derecho Penal.

Director Especialización en Derecho Penal, Universidad del Salvador, Argentina.

Nahuel Alberto Felicetti

Docente investigador en el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador, Argentina.

Agustín López Resano

Investigador del Instituto de Investigaciones de la USAL (Argentina).

Gabriel Raúl Bustos

Secretario de Juzgado Penal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Raúl García

Investigador Penalista y Periodista.

Director de la Revista MATICES y Consultor Despacho Valores Jurídicos., México.

 

José Martín Ostos

Catedrático de Derecho Procesal, España.

David Sánchez Rubio

Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla, España.

Manuel Vidaurri Aréchiga

Miembro Academia Mexicana de Ciencias Penales, México.

Martín Alexander Martínez Osorio

La Universidad del Salvador, Argentina.

Alejandro de Pablo Serrano

Profesor ayudante doctor. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Germán Venegas Díaz.

Profesor de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España.

Viviana Caruso Fontán.

Profesora contratada doctora. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Amalia Calderón Lozano.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Carmen López Peregrín

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Laura Zúñiga Rodríguez.

Catedrática derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Julio Ballesteros Sánchez

Doctor e investigador en derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Ignacio González Sánchez.

Profesor de la Universitat de Girona, España.

Ezequiel María Ercole

Abogado penalista e investigador, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador (Argentina).

Miguel Díaz y García Conlledo

Catedrático de Derecho penal, Universidad de León, España.

 

Esther Pomares Cintas

Profesora titular de Derecho penal, España.

Inés Olaizola Nogales.

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Guillermo Portilla Contreras

Catedrático Universidad de Jaén, España.

John Vervaele

Profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda.

José Luis Díez Ripollés

Catedrático de la Universidad de Málaga, España.

Juan Luis Gómez Colomer

Investigador jurídico.

Iñaki Rivera Beiras

Director OSPDH, Barcelona, España.

José Manuel Paredes Castañón

Catedrático de la Universidad de Oviedo, España.

Massimo Donini

Profesor de Derecho penal, Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.

Pilar Martin Rios

Profesora titular, Universidad de Sevilla, España.

Paz Francés Lecumberri

Universidad Pública de Navarra, España.

 

Adherentes nacionales 

 

Jaime Sandoval Fernández

Profesor Universidad del Norte.

Ricardo Molina López

Profesor Universidad de los Andes.

Ricardo Posada Maya

Profesor Universidad de los Andes.

Armando Luis Calle Calderón

Profesor Universidad de Antioquia.

Diego Araque Moreno

Profesor Universidad de Medellín.

Luis Eduardo Agudelo Suárez

Profesor Unaula.

Juan Carlos Álvarez Álvarez

Universidad Eafit.

Bladimir Ramírez Valencia

Universidad de Antioquia.

Cesar Alejandro Osorio

Penalista y criminólogo.

Jesús Antonio Muñoz Gómez

Criminólogo.

Emiro Cáceres González

Doctorando (Universidad de Salamanca).

Yennesit Palacios Valencia

Docente en derechos humanos.

Julio Darío Vélez López

Profesor de Derecho penal, Universidad Pontificia Bolivariana.

Carlos Jaime Taborda Tamayo

Juez 15 Penal del Circuito de Medellín.

Juan Ignacio Palacio Naranjo

Abogado penalista.

César Augusto Otálvaro Sánchez

Abogado penalista.

 

Luis Fernando Vélez Gutiérrez

Abogado penalista.

Plinio Posada Echavarría

Abogado penalista.

Alfonso Cadavid Quintero

Profesor Universidad Eafit.

Francisco Javier Tamayo Patiño

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Fernando Velásquez Velásquez

Abogado penalista/columnista.

 

Juan Oberto Sotomayor Acosta

Profesor Universidad Eafit.

C. Estanislao Escalante Barreto

Profesor Universidad Nacional de Colombia.

Bryan Benavides Herrera

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Yani Vallejo Duque

Universidad San Buenaventura.

 

Alfonso Insuasty Rodríguez

Universidad San Buenaventura.

 

Juan Fernando Gutiérrez Márquez

Universidad de Antioquia.

 

Juan Carlos Cantillo Arcón

Investigador (Universidad De León).

 

John E. Zuluaga Taborda

Investigador en Derecho penal y justicia transicional.

 

Ricardo Echavarría Ramírez

Universidad Eafit.

Adriana Villegas Arango

Abogada penalista y profesora universitaria.

Einarco Morales Carpio

Profesor universitario y abogado penalista.

Guillermo Arismendy Díaz

Abogado penalista.

José Fernando Botero Bernal

Profesor de Derecho Penal.

 

Edilberto Vanegas Holguín

Académico y abogado penalista.

Guillermo José Ospina López

Profesor UAC-Popayán.

 

Albeiro Pulgarín Cardona

Constitucionalista.

           

Rubén Darío Triana S.

Abogado litigante.

Alejandro Decastro González

Abogado penalista.

 Mario Nicolás Cadavid

Profesor de Derecho penal.

 Darío Encinales Arana

Abogado penalista.

Sandra Urrea Orlas

Abogada penalista.

Ligia María Vargas Mendoza.

Profesora Universidad de Los Andes.

 Luis Bernardo Ruiz Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 Gabriel Fernando Roldán Restrepo.

Juez Penal del Circuito, Medellín.

Andrés Botero Bernal

Profesor Universidad UIS

 Rubén Darío Acosta Ortiz

Director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL

Oscar Augusto Rincón Martínez

Abogado penalista U. de A.


 Geovana Andrea Vallejo Jiménez

Profesora Unaula.

Diana Patricia Arias Holguín

Profesora Universidad de Antioquia.

Karyn Lenis Sanín

Doctora en Derecho penal

Universidad de Sevilla (España).

 Blanca Inés Uribe Mesa

Traductora e intérprete judicial (Países Bajos).

William Fredy Pérez Toro

Profesor Universidad de Antioquia.

Gloria Liliana Pérez Gaitán

Abogada penalista.

 Oscar Manuel Bernal Guarín.

Abogado penalista y docente universitario.

 Nicolás Ortega Tamayo.

Abogado penalista y profesor.

 Gloria Patricia Lopera Mesa

PhD en Derecho, estudiante doctorado en historia, Florida International University

 David Enrique Valencia Mesa

Profesor Universidad de Antioquia

Marcela Gutiérrez Quevedo

Universidad Externado de Colombia.

 Esteban Vásquez Ortiz

Profesor Politécnico de Antioquia.

 Diana Paola Herrera Arroyave

Profesora Universidad de Antioquia.

Hernando Londoño Berrío

Profesor Universidad de Antioquia.

Juan Esteban Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Carlos Hernán Ocampo G.

Docente y abogado penalista.

Susana Escobar Vélez

Universidad Eafit.

Orlando Mendoza Galeano

Abogado penalista.

Nicolás Süssmann Herrán

Abogado e investigador en el área penal.

Juan Carlos Trujillo Cabrera.

Penalista, investigador visitante Instituto Max Planck de Derecho Penal, Freiburg i. Br.

Roby Andrés Melo Arias

Profesor de Derecho Penal, Universidad del Tolima.

César Augusto López Londoño

Académico y abogado penalista en ejercicio.

Miguel Lamadrid Luengas

Profesor de Derecho penal; investigador

Germán Pabón Gómez

Profesor e investigador de Derecho Penal.

Ingrid Lorena Parrado Leal

Abogada penalista.

Walter Rivera

Abogado penalista.

 Diana Restrepo Rodríguez

Universidad San Buenaventura (Cali).

Juan Gonzalo Escobar Marulanda

Director Cátedra Unesco de Desarrollo Humano sostenible

Mauricio Martínez Sánchez

Profesor de Derecho penal y constitucional-criminólogo de la Universidad Nacional.

Julián Andrés Muñoz Tejada

Profesor Universidad de Antioquia.

Julio Alberto González Zapata

Profesor Universidad de Antioquia.

Álvaro Frías Cruz

Abogado penalista.

Gloria María Gallego García

Profesora de Filosofía del Derecho, Eafit.

Mario Andrés Vásquez Arredondo

Docente universitario y abogado litigante.

 

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Doctorando en derecho, Universidad Sergio Arboleda.

Gabriel Ignacio Gómez

Profesor Universidad de Antioquia.

Julián Camilo Giraldo Naranjo

Profesor Universidad de Antioquia.

Estefanía Osorio Hernández

Universidad la Gran Colombia, Sede Armenia.

Luis Fernando Tocora López

Coordinador para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

 

 

 

 

Publicado enColombia
Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas
 

Formato para interponer acción de tutela en favor de todas las personas condenadas por cualquier delito que se encuentren privadas de la libertad con medida intramural, por cualquier delito que no entre en los requisitos del decreto expedido por el gobierno

 

El pasado viernes 14 de abril el gobierno nacional expidió el decreto 546 por medio del cual adoptó “[…] medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del Estado de Emergencia Económica, social y ecológica”.

El decreto, como lo anotan los especialistas, es totalmente insuficiente frente al peligro real que enfrentan los presos de perder su vida producto de una infección y/o contagio generalizado que suceda en los sitios de castigo y, por tanto, de necesaria excarcelación de quienes por uno u otro motivo han perdido su libertad.

Luchar por la excarcelación y traslado a sus sitios de vivienda de sindicados y condenados es urgente, medida por reclamar, para que continúen allí el proceso judicial mientras sea superada la situación de emergencia en salud que ha llevado a recluir en cuarentena a 50 millones de colombianos y colombianas.

Para facilitar el proceso de demanda ante los jueces de la medida de excarcelación, el Semillero de estudios dogmáticos y Sistema penal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y el Colectivo Abolicionista contra el castigo, elaboraron el siguiente formato:

Este es un formato para personas condenadas por cualquier delito que se encuentren privadas de la libertad con medida intramural, por cualquier delito QUE NO ENTRE EN LOS REQUISITOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL GOBIERNO:

Si usted cuenta con posibilidad de imprimir y va a entregarlo físicamente, antes de hacerlo complete con sus datos los espacios y borre todo lo que está en rojo. Esta tutela se puede poner por correo electrónico, en las siguientes direcciones:

  • AMAZONAS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ANTIOQUIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARAUCA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARC. S. ANDRÉS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARMENIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BARRANQUILLA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BOGOTÁ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BUCARAMANGA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BUGA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CALI: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CARTAGENA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CÚCUTA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CUNDINAMARCA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • FLORENCIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • IBAGUÉ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MANIZALES: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MEDELLIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MOCOA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MONTERÍA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • NEIVA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PAMPLONA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PASTO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PEREIRA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • POPAYÁN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • QUIBDÓ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • RIOCHA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SAN GIL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SANTA MARTA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SANTA ROSA DE VITERBO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SINCELEJO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • TUNJA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • VALLEDUPAR: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • VILLAVIVENCIO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • YOPAL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

______________(su ciudad)_____, abril _____ (día) de 2020

Señores

Magistrados del Tribunal Superior de _____________ (colocar el nombre de la ciudad)

Referencia:ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL DE CARÁCTER URGENTE

Accionante:

(También desde afuera de prisión puede presentar esta tutela un familiar, por correo electrónico a los correos que se indican al principio; en ese caso debe decir el nombre, apellidos y cédula de la persona que presenta la tutela, así como dirección y teléfono, y luego poner que se presenta a nombre de la persona privada de la libertad con todos los datos aquí indicados)

(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) __________________________________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ______________________, TD No. __________, detenido(a) en _________________________________ (prisión o centro de detención donde se encuentra)

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC).

___________________________________________________,(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) identificado (a) con cédula de ciudadanía No. __________________, haciendo uso de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1983 de 2017, respetuosamente me permito presentar la precitada acción constitucional en contra de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)- y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC-, con el propósito de que sean tutelados mis derechos fundamentales a la salud y la vida, además de los que usted estime que han sido vulnerados y/o amenazados a la luz del bloque de constitucionalidad.

  1. HECHOS

 

PRIMERO: El Covid-19, según los informes de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), es un virus que surgió en la ciudad de WUHAN, CHINA y tiene como principales síntomas la fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si el paciente cuenta con un sistema inmunológico débil, puede ocasionarle la muerte.

SEGUNDO: Debido a su naturaleza, el virus cuenta con características de rápida propagación, logrando ser catalogado como una pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

TERCERO: Para el 06 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primer caso de infección. A la fecha de elaboración del presente escrito, la cifra ha aumentado a más de 4.000 casos confirmados y 180 muertes, siendo este uno de los países con el índice de propagación más elevado.

CUARTO: Gracias a la rápida expansión del virus, desde la semana pasada algunos presos y presas hemos manifestado nuestra preocupación por la propagación de éste, pues al ser parte de una población vulnerable, en vista de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde el año 2013, nos sentimos indefensos y temerosos frente al COVID-19, pues no disponemos de medicamentos ni acompañamiento médico para afrontarlo ante un contagio masivo de la pandemia y nos encontramos en lugares con tasas de hacinamiento que superan ampliamente la capacidad de habitabilidad para vivir libre de humillaciones.

QUINTO: En razón a lo anterior le hemos exigido al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para que garantice nuestros derechos fundamentales, pero hasta el momento nuestras palabras no han tenido efecto alguno.

SEXTO: El 21 de marzo de la presente anualidad, las cárceles de Colombia fueron protagonistas de varios enfrentamientos entre el personal del INPEC y los reclusos, toda vez que exigíamos, y seguimos exigiendo, prisión domiciliaria para afrontar esta crisis en nuestras casas. La situación logró controlarse, con costos humanos irreparables. Sin embargo, por el temor a ser contagiados en estas condiciones de indignidad, tememos que sea una cuestión de días hasta que el Estado pierda el control en los centros de reclusión, situación que aumentaría el peligro para nuestra vida y salud.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta el estado de cosas Inconstitucional (ECI) que presentan los centros de reclusión, la llegada del COVID-19 a cualquiera de estos representa un peligro inminente, no solo para el personal del INPEC y sus familias, sino también para la población carcelaria, que ronda las 123.451 personas.

OCTAVO: Prueba de la afirmación anterior, es el hecho de que en la cárcel de Villavicencio, al momento de la elaboración de la presente acción, existen más de 18 reclusos contagiados y tres (03) muertos ocasionados por el COVID-19. Así mismo, existen reclusos contagiados en la cárcel LAS HELICONIAS de Florencia y en El COMPLEJO CARCELARIO y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ (LA PICOTA).

NOVENO: Aproximadamente el 4,3 % de la población carcelaria tienen 60 años o más. Según informes de la OMS, estas personas tienen un rango mayor de fatalidad al adquirir el virus junto con todo aquel que presente una condición médica que debilite el sistema inmunológico, que dadas las condiciones precarias de alimentación y salubridad que han sido bien descritas para los Centros de Reclusión Transitoria del país, en el seguimiento que la Corte Constitucional le está haciendo al ECI en materia carcelaria del país. Esto se puede ver especial en el Auto 110 de 2019.

DÉCIMO: El 22 de marzo, el Director General del INPEC, declaró el “Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria” en los establecimientos de reclusión del orden nacional, a través de la resolución 001144, donde sustenta que frente a lo acontecido los últimos días, existían situaciones de orden que no pueden ser controladas ni abordadas por los medios ordinarios, evitando que se pueda garantizar la prestación de servicios esenciales y afectando de forma directa nuestros derechos fundamentales hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas.

DÉCIMO PRIMERO: Me encuentro condenado a _____ años de prisión. Y estoy recluido desde el mes ____ del año _____ en _________________________________________________________________________.

DÉCIMO SEGUNDO: Toda vez que me encuentro en un centro de reclusión que no tiene el personal humano ni los implementos necesarios para afrontar un muy alto probable contagio de COVID - 19 en sus instalaciones, mis derechos fundamentales a la salud y la vida se encuentran amenazados de forma inminente, por lo que es necesario de forma impostergable que se me sustituya la pena de prisión por la que estoy condenado por la prisión domiciliaria, en la siguiente dirección ___________________________________________________________________________, de la ciudad de _____________________________________________________, porque de esta forma podría seguir todos los protocolos establecidos por el GOBIERNO NACIONAL para afrontar la actual pandemia.

DÉCIMO TERCERO: El día 14 de abril, el GOBIERNO NACIONAL promulgó el Decreto Legislativo No. 546 de 2020, teniendo este como objetivo:

“Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID- 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”

DÉCIMO CUARTO: Aunque el objetivo del Decreto Legislativo es disminuir el hacinamiento carcelario (el cual se encuentra por encima del 50%) y mitigar el riesgo de propagación en los diferentes centros de reclusión, es menester recordar que en estos momentos hay 123.451 personas privadas de la libertad, de las cuales 38.052 son imputadas o acusadas.

DÉCIMO QUINTO: en una cifra muy optimista, por las exclusiones que se incorporan en el Decreto No. 546 de 2020, se estima que saldrían de los centros de reclusión un aproximado de no más 2000 presos, lo cual no sería siquiera el 2% de la población reclusa en nuestro país, generando que el hacinamiento continúe latente.

DÉCIMO SEXTO: La poca cantidad de personas que saldrán de prisión, se debe a que en el Decreto se mantiene la prohibición de beneficios de subrogados penales contenida en el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 para una inmensa cantidad de delitos, además de la prohibición que establece en el parágrafo del artículo 314, el cual se encuentra en la Ley 906 de 2004 y en donde se prohíbe de forma expresa la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria.

DÉCIMO SÉPTIMO: Debido a que el GOBIERNO NACIONAL incrementó la lista de delitos respecto a los cuales existía la prohibición de beneficios contenidos en las disposiciones precitadas con anterioridad, no fui cobijado por el decreto legislativo en mención, toda vez que el delito por el cual me encuentro siendo procesado hace parte de estas prohibiciones.

DÉCIMO OCTAVO: Lo anterior atenta gravemente contra mi derecho fundamental a la salud y pone en peligro inminente mi vida, toda vez que el virus está propagándose muy rápidamente y la probabilidad de que llegue al lugar donde me encuentro es casi que absoluta; en el evento de que ello suceda, necesariamente me contagiaría del virus, toda vez que el estado de hacinamiento en el que nos encontramos haría nugatoria cualquier medida que se tome en este lugar.

  1. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Con relación a los hechos narrados, considero que las instituciones accionadas en este escrito, se encuentran vulnerando mi derecho fundamental a la salud y ello a su vez pone en peligro inminente el derecho fundamental a mi vida.

  1. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y se erige como la coraza protectora de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentren dentro del Estado Colombiano.

Precisamente, en concordancia con los hechos anteriormente señalados, en el presente escrito se evidenciará que me está siendo vulnerado el derecho fundamental a la salud y puesto en peligro inminente mi derecho fundamental a la vida, toda vez que no ha existido una orden judicial o administrativa que les ordene a las autoridades competentes hacer mi traslado hasta mi lugar de domicilio.

El derecho fundamental a la salud ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por parte del máximo tribunal constitucional e incluso se encuentra desarrollado por el legislador en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Tal como lo ha preceptuado la Corte Constitucional en la sentencia T- 171 de 2018, este derecho consiste en:

            “ (...) la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente y universal de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, recuperar o mejorar su salud física y mental, como la posibilidad de hacer exigible por vía de tutela tales prestaciones para garantizar el desarrollo pleno y digno del proyecto de vida de cada persona”(negrillas originales).

Resulta claro que el derecho fundamental a la salud no solamente se restringe al acceso que tenga una persona sobre los diferentes servicios para tratar una determinada enfermedad, sino que además el Estado se encuentra en la obligación de prevenir cualquier tipo de suceso o riesgo que pueda ocasionar un daño a la integridad física y mental de cada una de las personas que residan en él.

En declaración del 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó: “Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.

Con relación a lo anterior y en el caso concreto, es indiscutible que el COVID-19 es una enfermedad y actualmente una pandemia que se propaga de forma fácil y rápida. La información anterior se respalda en el hecho de que el primer caso que se identificó en nuestro país fue el día 06 de marzo de 2020, siendo positiva una ciudadana que procedía de Milán - Italia y hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela se registran más de 4000 casos confirmados, sin contar con aquellos que aún no han sido detectados y según los expertos, pueden superar con creces los oficiales.

La situación en los centros de reclusión se torna más crítica en razón al COVID-19, ya que este virus tiene una gran capacidad de expansión y contagio, sin tener en cuenta que en los diversos centros de reclusión contamos con una penosa cifra de hacinamiento, aunado a que las condiciones de higiene, saneamiento de agua potable y demás satisfactores de necesidades básicas son pésimas, haciendo que la pandemia se expanda fácilmente dado que no tenemos de los espacios necesarios para realizar un aislamiento preventivo. A la fecha ya se han reportado en las cárceles y penitenciarias de Villavicencio, La Picota y Heliconias (Florencia), reclusos y funcionarios del INPEC contagiados con el COVID-19, por lo que los riesgos para la salud y mi vida son reales e inminentes.

Las órdenes emitidas por el GOBIERNO NACIONAL son claras y la principal de ellas es la medida de aislamiento, pero dada la situación actual de las cárceles en Colombia no las podemos cumplir, no contamos con tapabocas ni gel antibacterial para que los parámetros establecidos sobre cuidado ante la pandemia sean efectivos, por ende, basta con que llegue un solo caso para la propagación masiva del virus, siendo la comunidad vulnerable la más afectada.

Es menester precisar que la acción de tutela no solo es idónea para evitar que continúe la vulneración de los derechos fundamentales, sino también para salvaguardarlos cuando exista una amenaza inminente de estos. Conforme a la premisa sostenida con anterioridad, no cabe duda que la vida es un derecho fundamental y que una pandemia como el COVID-19 la pone en alto riesgo de que ésta cese; basta con ver las cifras de países como Italia, España o China.

Esta pandemia ha cercenado millares de vidas a nivel mundial, ensañándose especialmente con las personas que tienen el sistema inmune deteriorado, como, por ejemplo, los adultos mayores, quienes también son sujetos de especial protección constitucional, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en múltiples sentencias.

Es importante denotar que es de suma urgencia, tomar cartas en el asunto y proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables respetando los parámetros constitucionales y recordando que es obligación del Estado velar por el bienestar de los internos, tal como lo expone la Sentencia T-836 de 13, emitida por el máximo tribunal constitucional:

“El Estado, en su función de garante, debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia, específicamente en lo que tiene que ver con el deber de brindar condiciones de salud adecuadas que reflejen un trato digno inherente a la naturaleza del ser humano”.

Si bien el GOBIERNO NACIONAL ha emitido un Decreto Legislativo en el cual ha prohibido el beneficio de la prisión domiciliaria para el delito por el cual me encuentro siendo procesado, ustedes señores Magistrados deben inaplicar la disposición en las cual se encuentra dicha prohibición con el objetivo de salvaguardar derechos fundamentales de mayor raigambre constitucional.

Lo anterior señores Magistrados, porque resulta inconcebible que, pese a este momento histórico, en el que se exige que el Gobierno actué en favor de los más desprotegidos, haciendo parte de este grupo nosotros los reclusos, el ejecutivo emita un Decreto Legislativo que nos excluya, obligándonos a permanecer en un sitio que favorece el contagio de un virus mortal y, por tanto, contrariando la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecida en el artículo 12 de la Constitución Política colombiana.

El GOBIERNO NACIONAL de forma desproporcionada estipula que no se podrá otorgar la prisión domiciliaria a una amplia cantidad de delitos, produciendo que no salgan de los centros de reclusión carcelarios o transitorios siquiera el 2% de los reclusos y generando con ello que el estado de cosas inconstitucional se mantenga vigente, siendo este un perfecto aperitivo para que el COVID-19 se ciña sobre nosotros, los más vulnerables.   Además, dicha exclusión es contraproducente con la finalidad de evitar que un contagio masivo implique que el personal médico tenga que decidir sobre la vida y la muerte de personas, que de ser debidamente atendidas, podrían ser salvadas.

Señores Magistrados, ustedes son llamados a velar por los derechos fundamentales de las personas y por ende puede emitir las órdenes que consideren necesarias para que no continúe la vulneración de estos o en caso de estar en peligro inminente para evitar que sean vulnerados. Ustedes pueden ejercer el control difuso contemplado en el artículo 4 de nuestra Carta Política y consecuencia de ello, inaplicar la prohibición del delito para mi caso concreto contemplada en el Decreto Legislativo por resultar desproporcionada con relación a los derechos fundamentales que me están siendo vulnerados y me serán vulnerados si continuo en el centro de reclusión que me encuentro.

En el caso concreto señores Magistrados, para evitar que se sigan vulnerando mis derechos fundamentales o llegue a perderse mi vida, de forma respetuosa le solicito ordene a las autoridades competentes, realizar mi traslado hasta el lugar de domicilio, con el objetivo de poder tomar todas las medidas necesarias para salvaguardarlos.

  1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es de carácter subsidiario, por lo que no resulta procedente cuando existen otras acciones jurídicas que salvaguarden los derechos fundamentales objeto de amparo, salvo en el evento de que exista un perjuicio irremediable y tenga como objetivo protegerlos de forma transitoria.

Dado que me encuentro condenado a una pena de ____(indicar la pena)_____ y que no puedo beneficiarme de la prisión domiciliaria en los términos del Decreto No. 546 del 14 de abril de 2020, no existe otro mecanismo para proteger mis derechos fundamentales a la salud y a la vida que se verían perjudicados de manera irremediable en caso del contagio por el COVID 19.

El máximo tribunal constitucional en la Sentencia T- 318 de 2017 ha definido los elementos del perjuicio irremediable:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

En el presente caso se observa que se cumplen con los cuatro requisitos establecidos por la Corte Constitucional para acreditar el perjuicio irremediable. En primer lugar, porque la probabilidad de contagio del COVID-19 en un centro de reclusión carcelario o transitorio es muy alta, toda vez que sólo bastaría con que uno de los reclusos sea contagiado para que se genere un crecimiento exponencial del virus, máxime cuando existe un alto hacinamiento carcelario.

En segundo lugar, existiría un daño real en mi salud como recluso, además de que mi vida se encontraría en riesgo, ello porque este virus tiene una alta letalidad, máxime si las condiciones de alimentación y de higiene que existen en el lugar que habito han disminuido mi sistema inmunológico. En tercer lugar, resulta necesario y urgente que las cárceles y demás centros de reclusión disminuyan por completo su hacinamiento, toda vez que como se argumentó, ello es lo que incrementa el riesgo de contagio y como en la actualidad no ha sucedido, la medida que se debe tomar es ordenar mi traslado a un domicilio, con el objetivo de que allí pueda aislarme preventivamente como el resto de personas que se encuentran en el territorio nacional.

En último lugar, el aislamiento en un domicilio resulta impostergable, toda vez que en el evento de que no se realice, puede existir un grave deterioro a mi salud, además de que mi vida se encontraría en alto riesgo, ello por la alta probabilidad de que el virus ingrese a los diversos centros de reclusión y la poca atención medica que podría recibir allí, esto teniendo en cuenta el poco personal médico existente y los pocos implementos médicos que existen en estos.

Al encontrarse acreditado el perjuicio irremediable que sufriría si no se me envía de forma inmediata a mi domicilio con el objetivo de que pueda cumplir con las medidas establecidas para prevenir un contagio del COVID-19, la presente acción de tutela se torna procedente.

  1. PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas, respetuosamente le solicito señor Juez, concederme como accionante las siguientes pretensiones:

  1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados.
  2. Consecuencia de lo anterior, CONCEDER la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria, que para ello es en ___________________________ (colocar la dirección en la cual el procesado estaría en detención domiciliaria) del municipio de ________________, con el fin de prevenir un contagio masivo del COVID-19 al interior del centro de reclusión en el que me encuentro, evitando de esta forma un perjuicio irremediable de mis derechos fundamentales.
  1. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 30B de la Ley 65 de 1993, ORDENAR que el traslado se realice garantizando mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal y dignidad humana.

(En caso de que la persona privada de la libertad pueda correr con los gastos de transporte desde donde está recluido(a) hasta donde cumplirá la domiciliaria, indicarlo aquí, para que no pongan como excusa que no tienen con qué y poner en este punto que se permita el traslado hasta el domicilio)

  1. ORDENAR al INPEC aplicar la Directiva transitoria 000009 relativa a la detención, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, expedida en el marco de la declaración de la emergencia carcelaria.
  2. TUTELAR los demás derechos fundamentales que estime pertinentes, además de emitir las órdenes que considere pueda ayudar a salvaguardarlos.
  1. MEDIDA PROVISIONAL

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7, prevé las medidas provisionales con la finalidad de salvaguardar prontamente los derechos fundamentales amenazados, y evitar así, un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en la sentencia T-103 de 2018 esgrimió frente a la medida provisional que aquella:

           “está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito)”

En el mismo sentido, el máximo tribunal constitucional en la Sentencia SU- 695 de 2015, caracteriza las medidas provisionales como aquellas que:

       “buscan evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida.

Esta Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”.

Corolario de lo anterior, en el presente caso es menester otorgar de forma urgente la prisión domiciliaria establecida en la Ley 599 de 2000, toda vez que la limitación de espacio, la falta de medidas adecuadas de saneamiento, la insuficiencia de la prestación de servicios de salud y demás deficiencias evidenciadas a través de la declaratoria del ECI, convierten los establecimientos carcelarios y penitenciarios en focos de propagación exponencial del COVID-19, por lo cual, acudir a estas medidas puede evitar un perjuicio irremediable sobre mis derechos fundamentales.

La medida se torna aún más URGENTE si se tiene en cuenta que diariamente aumentan los contagiados por el virus y las condiciones actuales a las cuales nos encontramos las personas privadas de la libertad, facilita su propagación.

  1. COMPETENCIA

En concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 1° numeral 3 del Decreto 1983 de 2017, es competente el Tribunal Superior del Distrito Judicial o el Tribunal Administrativo para conocer del asunto, debido a que la vulneración de los derechos fundamentales invocados, de los cuales se solicita su amparo se encuentran siendo amenazados y vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, entre otras autoridades públicas.

El artículo 50 de la ley 1709 de 2014, dispone que la orden de excarcelación debe darse por autoridad judicial competente y ustedes señores magistrados son competentes para ello por ser jueces constitucionales.

En caso de que no avoquen competencia, les solicito de manera respetuosa que remitan la acción a quien consideren competente.

  1. JURAMENTO

Señores Magistrados, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad.

  1. PRUEBAS
  2. Copia de mi cédula de ciudadanía.

- Si es una mujer y le faltan menos de dos (2) meses para el parto deberá mencionar como prueba la historia clínica y en el caso de que su hijo haya nacido y no tenga más de seis (06) meses, también deberá mencionar como prueba la historia clínica y el Registro Civil de Nacimiento o en su defecto el Certificado de Nacido Vivo.

-Si padece alguna enfermedad deberá mencionar la historia clínica y en el evento de que le hayan realizado un examen médico por Medicina Legal o profesional particular, también deberá mencionarlo.

- Si tienes un hijo con algún tipo de discapacidad Y ERES MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA, deberás mencionar su historia clínica y demás documentos que tengas en tu poder que puedan acreditar dicha condición. Además, puedes probar que eres padre o madre cabeza de familia mencionando el proceso de alimentos en caso de que exista o un acta de conciliación.

- Si es mayor de 60 años, indíquelo y adjunte copia de cédula o registro civil si lo tiene.

- Si ya cumplió el 40% de la condena, indíquelo también.

 

1O. ANEXOS

  1. Documentos aducidos como prueba

A LA ACCIÓN DE TUTELA DEBERÁS ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE MENCIONASTE COMO PRUEBAS

NOTIFICACIONES

Accionante: (colocar correo electrónico y teléfono de algún familiar o ser querido de confianza y muy cercano al procesado)

Respetuosamente,

(Aquí deberá firmar el procesado)

_________________________________  

(aquí deberá colocar el nombre del procesado)

C.C No. (número de cédula del procesado)

(si se va a entregar en papel, poner huella: puede ser con la tinta de un lapicero)

(Si va a enviar esto directamente desde prisión, puede hacer el envío por la oficina jurídica donde pondrán un sello y enviarán al juez: lleve este documento igual dos veces, para que entregue uno a la oficina jurídica y le entreguen otro donde conste con sello o firma y fecha que usted presentó esta tutela).

 
Publicado enColombia
Página 1 de 4