Oficinas del Banco de Francia incendiadas durante la marcha contra la nueva ley de seguridad nacional en París.GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP : REUTERS

Decenas de miles de personas protestan contra los límites de filmar a policías y gendarmes en varias ciudades del país. En París, algunos grupos han provocado incidentes violentos

 

Más de 100.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron, especialmente por el controvertido artículo 24 que prevé limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una “marcha por las libertades” convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.

egún el Ministerio del Interior, 133.000 personas se manifestaron en todo el país. Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Marsella, Montpellier, Rennes o Lille, una semana después de movilizaciones más minoritarias por el mismo motivo. La parisina fue la convocatoria más concurrida y, también, la que registró algunos episodios de violencia que provocaron que la policía disolviera el final de la manifestación con gases lacrimógenos y camiones de agua. Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia. El ministro del Interior y principal impulsor de la polémica norma, Gérald Darmanin, informó de que al menos 37 agentes habían resultado heridos, en una nueva muestra, dijo, de “violencia inaceptable contra las fuerzas del orden”.

Las condiciones para una protesta masiva estaban dadas. El sábado amaneció fresco, pero soleado y era, además, el primer día de “aligeramiento” del confinamiento nacional, con la reapertura de comercios y la extensión del permiso de salir tres horas y hasta a 20 kilómetros del domicilio. Pero sobre todo, hervía la indignación. Los franceses han vivido los últimos días una “consternación” compartida hasta por el propio Macron, tras una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la normativa aprobada esta misma semana en primera lectura en la Asamblea Nacional es “liberticida” y favorecerá la impunidad policial. Tras el desmantelamiento violento el lunes de un campamento de inmigrantes en la céntrica plaza de la República de París —punto de partida este sábado de la manifestación capitalina—, el jueves se conoció la brutal paliza que varios agentes propinaron a Michel Zecler, un productor musical negro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad y por vecinos. El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.

“Francia es el país de los derechos humanos y es normal que se proteja a la policía, pero sobreprotegerla en detrimento de la población no puede ser. Esta ley es mala”, explicaba Alexandre, un veinteañero que participó en la protesta de París con un grupo interracial de amigos. “El problema del racismo siempre ha estado ahí, pero veo que cada vez hay más gente, no solo negros, que se dan cuenta de la situación, gente de todos los estratos sociales y edades”, comentaba a su lado Césaire, un joven negro que acaba de terminar sus estudios y está buscando su primer empleo.

“No es normal que tengamos miedo de la policía, hasta yo, que soy blanca y mujer lo tengo”, decía también Lucie Lafargie, una adolescente que se manifestó con sus dos hermanas y sus padres. “En democracia no hay nada más antidemocrático que impedir filmar. Con George Floyd vimos la importancia de grabar” a la policía, acotó su madre, Marie, quien dijo sentirse “asqueada” por las escenas de racismo policial que se han denunciado en el país en los últimos meses.

La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. “Sin imágenes difundidas por la sociedad civil, la violencia policial quedará impune. No queremos una sociedad donde el Estado puede ver con drones y cámaras peatonales sin ser visto”, señala su manifiesto.

El cortejo parisino discurrió desde la plaza de la República hasta la de la Bastilla, donde se registraron los principales incidentes. A la manifestación de la capital asistieron representantes de sindicatos y organizaciones periodísticas, como Reporteros Sin Fronteras, así como los responsables de los principales partidos de izquierda, desde el socialista Olivier Faure, que marchó junto con el líder de los ecologistas, Yannick Jadot, al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon. Faure denunció la “brecha creciente” entre la policía y una parte de la sociedad, en la que “el Gobierno tiene una fuerte responsabilidad”. “El artículo 24 de la Ley de Seguridad Global ha dado una señal de impunidad a los policías violentos”, lamentó, y reclamó la retirada de “todos los artículos liberticidas” de la polémica normativa. Mélenchon llamó a una “refundación de la policía (…) para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad”.

Tanto el artículo 24 como el resto de la norma han sufrido ya diversas modificaciones antes de su aprobación el lunes gracias a la mayoría macronista en la Asamblea Nacional. Las imágenes de la paliza al productor musical Zecler, difundidas el pasado jueves, han provocado sin embargo una fuerte tormenta en el seno del Gobierno, cuya respuesta, proponer una comisión independiente que vuelva a redactar el artículo 24 de la ley, no ha logrado calmar los ánimos del país, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Además, ha provocado una crisis política que ha enfrentado al Ejecutivo incluso con sus diputados, muy dolidos, al igual que otros parlamentarios, por el “cortocircuito” que sienten supuso la propuesta de que una comisión no parlamentaria revise un texto legal que está siendo trabajado aún por el poder legislativo. Finalmente, el primer ministro, Jean Castex, tuvo que dar marcha atrás el viernes y asegurar que la comisión no reescribirá la ley, pese a lo cual el malestar político tampoco se ha disipado.

Por SILVIA AYUSO

París - 28 NOV 2020 - 17:22 COT

Publicado enInternacional
Domingo, 29 Noviembre 2020 06:36

Orwellianas

Manifestación contra el proyecto de ley de seguridad global, que busca limitar la posibilidad de filmar y fotografiar a agentes policiales, en Toulouse, ayer. AFP, LIONEL BONAVENTURE

EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA Y LA DERIVA ILIBERAL EN OCCIDENTE

 

Uno de los «fenómenos típicos» que el escritor inglés había advertido en el escenario político de su tiempo es ya un elemento característico de nuestro propio siglo. Entre la oscuridad y el exceso de luz, las libertades más elementales se ven cada vez más asfixiadas por el hasta ahora irresistido crecimiento de fabulosos monopolios de la industria digital y la acción represiva de los Estados que protegen la fortaleza capitalista.

Para las condiciones en que se vive en Francia actualmente, con una segunda ola de covid-19 tanto o más arrasadora que la primera, fue mucha gente: entre 10 mil y 25 mil personas sólo en París. Y varios miles más en Marsella, Montpellier, Rouen, Le Havre y otras ciudades. Fue el sábado, y la manifestación estaba convocada por unas 60 organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional, la Liga de los Derechos Humanos y asociaciones de juristas y sindicatos, sobre todo de periodistas; también por grupos políticos de la oposición de izquierda y chalecos amarillos. Lo que reunía a toda esa gente era el rechazo de la Ley de Seguridad Global, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, aprobada esa misma noche por el Parlamento. Una ley calificada de liberticida por los manifestantes y que se distingue de otras de similar tenor porque en uno de sus artículos, el 24, prohíbe tomar imágenes de los rostros de policías y los gendarmes durante las protestas callejeras, sobre todo, claro está, cuando están reprimiendo: repartiendo palazos, lanzando gases a altura de hombre o mujer, disparando unas balas de goma, otras llamadas LBD 40 o granadas GLI F4.

Desde hace bastante tiempo los métodos que utiliza la Policía francesa para reprimir manifestaciones no son demasiado distintos de los denunciados con profusión en los últimos tiempos en Estados Unidos. La aparición de los chalecos amarillos, hace justo dos años, llevó esa represión al paroxismo. De no haber sido por las imágenes (fotos, filmaciones) tomadas en esas manifestaciones no sólo por periodistas, sino también por participantes en las marchas y anónimos varios, poco se hubiera sabido acerca de la magnitud de la violencia policial, negada por el gobierno y algunos medios de comunicación. Y hubo en esas protestas centenares de heridos, muchos de ellos muy graves, que perdieron dedos, manos, ojos, por el tipo de armas empleadas y por la forma en que las utilizan los agentes. Poco se hubiera sabido, igualmente, de casos muy similares al del negro estadounidense George Floyd, asesinado meses atrás a manos de un policía blanco que se le sentó encima y lo ahogó, un método de «apaciguamiento de revoltosos» impartido en las escuelas de formación de policías franceses. (Tanto han enseñado los uniformados de aquel lado del Atlántico a sus pares del mundo desde sus épicas batallas coloniales en Argelia, en Indochina…)

La Ley de Seguridad Global es uno más de los dispositivos represivos adoptados últimamente en París en el contexto de la «amenaza terrorista», pero lo del artículo 24 ha sorprendido hasta a quienes niegan la deriva hacia el iliberalismo del gobierno de Macron. Lo que dispone esa norma es que cualquier persona que tome imágenes que puedan «afectar el bienestar físico o psicológico de un agente de Policía» durante manifestaciones callejeras, del tipo que sean, puede recibir una multa de 45 mil euros o una pena de un año de cárcel. En las discusiones parlamentarias, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que el texto excluía a los periodistas, siempre y cuando se acreditaran previamente en la propia Policía para cubrir tal o cual manifestación. Las sociedades de periodistas y las direcciones de medios (desde Le Monde hasta L’Humanité) respondieron que en esas condiciones no cubrirían manifestación alguna y argumentaron que ellos mismos se valían de imágenes captadas por freelancers, documentalistas o ciudadanos de a pie.

En la manifestación del sábado una reportera del programa televisivo Envoyé spécial, que aquí se puede ver subtitulado en TV5, lo ejemplificó. Se llama Élise y dijo: «Yo hice varias investigaciones sobre la violencia policial y ahora ya no podré hacerlas. La materia prima de estos reportajes son las imágenes tomadas por amateurs, porque es muy raro que un periodista pueda captarlas justo cuando desembarca con su cámara al hombro» (Mediapart, 21-XI-20). También el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó que varias de las disposiciones de la Ley de Seguridad Global atentaban contra derechos fundamentales, en especial, contra la libertad de información (Le Huffpost, 16-XI-20).

No tuvo mejor salida el ministro Darmanin que retrucar todas estas críticas con un estilo muy LUC: «Tal vez la libertad de prensa pudiera estar bajo ataque, pero los policías y los gendarmes también» (Le Monde, 20-XI-20). Y respondió, evasiva tras evasiva, cuando se le cuestionó sobre la discrecionalidad dejada a los propios policías para evaluar cuándo se está afectando su «bienestar físico o psicológico». En la manifestación del sábado, abundaron también las referencias a las pesadillas orwellianas: «Big Macron is watching you», «2020 es el nuevo 1984». Y así. Al día siguiente, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, declaró: «La situación aquí en Francia está pasando de un modelo de régimen autoritario a uno de vigilancia generalizada».

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De George Orwell se han popularizado sobre todo las críticas al totalitarismo, convenientemente identificadas con los regímenes de tipo soviético. Se lo ha reducido casi que a 1984 y, en todo caso, a Rebelión en la granja. En enero se cumplieron 70 años de su muerte y la ocasión se prestó para que desde las tiendas más diversas se lo intentara recuperar, incluidos referentes mediáticos de la derecha liberal, como el diario francés Le Figaro. Pero Orwell fue, antes de todo, un socialista libertario que combatió en la guerra civil española junto con los milicianos del Partido Obrero de Unificación Marxista y en su país se identificó, hasta su muerte, con una organización ubicada a la izquierda del laborismo, el Independent Labour Party. Tanto como demolió el autoritarismo de la antigua URSS y sus émulos, fustigó el liberalismo económico: pulverizó el pensamiento de su contemporáneo Friedrich Hayek, maestro de las Margaret Thatcher, los Chicago boys y los Connie Hughes del planeta entero, y en libros como El camino a Wigan Pier, a partir de crónicas sobre la vida de los mineros del norte de Inglaterra (que compartió) y la evocación de sus años juveniles en la Birmania colonizada por los ingleses, donde ejerció como funcionario del imperio, comenzó a plasmar su idea de un socialismo que conjugara «justicia y libertad». «Sentía que tenía que romper no sólo con el imperialismo, sino con cualquier forma de dominio del hombre sobre el hombre», escribió en esa obra, publicada en 1936, antes de su experiencia española. Y también: «Quería hundirme para hallarme de verdad entre los oprimidos, ser uno de los suyos y pelear contra los tiranos».

De la democracia liberal, a pesar de su admiración por el «patriotismo» y el compromiso antinazi de Winston Churchill, no pensaba nada demasiado bueno. Edwy Plenel, director del portal francés Mediapart, recordó en un artículo publicado en marzo pasado que en su prefacio de 1945 de Rebelión en la granja, «que permaneció por mucho tiempo inédito, Orwell mencionaba como “uno de los fenómenos típicos” de su época “el debilitamiento general de la tradición liberal occidental”». Esa constatación, señaló Plenel, convocante a la marcha del sábado pasado en París, «vale también, y cómo, para nuestro siglo, un siglo en el que el liberalismo político ha sido derrotado por un liberalismo autoritario que impone la ley de hierro del dinero y las mercancías y ha logrado colocar el poder estatal al servicio de una pequeña minoría de privilegiados». El traductor y docente Philippe Jaworski, que estuvo al frente de la entrada de Orwell, en octubre, a la colección francesa de La Pléiade, lo describió en distintas entrevistas como un panfletario en el mejor sentido de la palabra, «el mayor del siglo XX en su país, heredero directo de los protestantes radicales de la revolución inglesa del siglo XVII, un denunciante de escándalos y tiranías». Lo movía la búsqueda de «la fraternidad» y «lo sublevaba la opresión, el abuso de autoridad –en las colonias, contra la clase obrera–, sin olvidar las mentiras del poder político y los medios de comunicación. Había en él un sentimiento de la precariedad de nuestra humana condición y lo inspiraba una suerte de ley moral que conminaba a la rebelión aunque se supiera que todo estaba ya perdido».

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¿Qué más perdida de antemano que una revuelta contra un ogro panóptico que todo lo controla y desde la opacidad más brutal? La pregunta se la planteó la semana pasada una manifestante parisina, que, a pesar de esa sensación, ahí estaba, «porque si no, para qué mierda vivir». En la concentración del sábado, los periodistas de Mediapart desfilaron bajo una pancarta que decía: «La democracia muere en la oscuridad», aludiendo a una frase que The Washington Post comenzó a inscribir en la portada de sus ediciones digitales y en papel desde 2017, con los primeros ataques de Donald Trump a la prensa «fake». Son coincidencias de eslóganes. No es que haya muchos vasos comunicantes entre el portal izquierdizante francés y el diario liberal estadounidense cercano a los demócratas. Por ejemplo: Mediapart ha tomado abiertamente partido por todos esos whistleblowers o «lanzadores de alertas» que han revelado documentación secreta de la maquinaria de guerra y dominación estadounidenses (los Julian Assange, los Edward Snowden, las Chelsea Manning), a los que The Washington Post utilizó en su momento, pero hasta ahí nomás: cuando la Casa Blanca, el Pentágono y otras agencias apretaron las clavijas, les soltó la mano (véase «La puñalada», Brecha, 23-X-20).

Shoshana Zuboff forma parte de quienes defienden a los lanzadores de alertas. Dice que ayudan a correr los velos que imponen los «vectores del capitalismo de vigilancia», a los que identifica con el ogro panóptico orwelliano: los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), esos gigantes digitales que mueven más dinero y tienen más poder que buena parte de los Estados del mundo. Zuboff es una investigadora que enseña en la muy liberal Harvard Business School y que, aunque no lo acuñó (la precedieron economistas marxistas), sí popularizó el concepto de capitalismo de vigilanciaLa era del capitalismo de vigilancia se titula en español su último y monumental libro, en el que expone cómo los GAFAM y afines han sido la vanguardia de un cambio de época, del pasaje del capitalismo industrial a un capitalismo digital, en el que la materia prima a explotar y extraer para convertir en mercancía ya no son la tierra, el subsuelo, los bosques, sino los propios seres humanos. «Nos han escaneado por completo, hasta el más ínfimo detalle, para incluso intentar cambiarnos la conducta», dice. Y también: «Pensábamos que usábamos a Google y las redes sociales, pero Google y esas redes nos usan a nosotros. Pensamos que sus servicios son gratis, pero esas compañías piensan que nosotros somos gratis. Pensamos que la web nos da acceso a todo tipo de conocimiento registrado, cuando, de hecho, esas empresas están extrayendo nuestra experiencia, convirtiendo nuestras vidas en datos y reclamando esas vidas como su conocimiento registrado. La mayor paradoja es que su retórica nos ha tratado de persuadir de que la privacidad es algo privado. Que decidimos cuánta información personal damos a Google o Amazon y podemos controlar ese intercambio. Pero el hecho real es que no es privada, es pública. Cada vez que doy a estas compañías algo de información personal, su interfaz les permite obtener tantos datos más de mi experiencia de los que no soy consciente. Hasta captar las microexpresiones de mi cara que predicen mis emociones y mi comportamiento, y así nutrir grandes sistemas de inteligencia artificial que son sistemas de conocimiento y poder desigual» (La Vanguardia, 10-X-20).

Zuboff apunta que esta nueva forma de depredación comenzó a ser desarrollada por Google en 2001, cuando tras el 11 de setiembre saltaron, en Estados Unidos primero y en buena parte de Europa después, todas las barreras de contención. «A las compañías de Internet ya conocidas por su asalto a la privacidad se las dejó que se desarrollaran de manera que invadieran nuestra privacidad porque las agencias de inteligencia en Estados Unidos y Europa, que no pueden recolectar esos datos, los obtendrían de ellas. Así, el capitalismo de vigilancia ha tenido 20 años para desarrollarse sin ninguna ley que lo impida y se ha hecho tan peligroso para la gente, la sociedad y la democracia», añade. China no les ha ido en zaga a las potencias occidentales. Por su propia vía, no les ha ido en zaga. Más bien que no.

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En octubre, una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó a Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA) –Microsoft no figura– de monopolio. Las denunció por cobrar comisiones de usura, imponer condiciones oprobiosas y extraer datos de millones de personas sin control ni permiso alguno. Casi un año y medio le llevó a la subcomisión consultar más de 1 millón de documentos, mantener audiencias con decenas de competidores de los GAFA y armar el rompecabezas de la manera de operar de estas empresas, que ocultan en algoritmos. Las cuatro grandes transnacionales, dice el informe, «se han transformado en un tipo de monopolio que se vio por última vez en la era de los barones del petróleo y los magnates del ferrocarril» y que afecta «la diversidad de las fuentes de información y la libertad de prensa, la innovación y la privacidad»: «Controlan el mercado al mismo tiempo que compiten en él, una posición que les permite escribir unas reglas de juego para los demás mientras ellos juegan con otras o llevar adelante su propia cuasi regulación privada, que no puede ser controlada por nadie, excepto por ellos mismos». Según se consigna, su valor bursátil acumulado supera los 5 billones de dólares, algo menos de un tercio del producto bruto interno de toda la Unión Europea, y ha crecido a medida que la pandemia de covid-19 ha avanzado.

El informe fue aprobado sólo por los demócratas, pero no es para nada seguro que el gobierno de Joe Biden siga las recomendaciones de la subcomisión, que propone dividir a los GAFA en distintas unidades. Tanto al presidente electo como a su vice, Kamala Harris, se les conoce por sus vínculos con las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley (véase «Una fórmula repetida», Brecha, 21-VIII-20).

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Zuboff no es precisamente anticapitalista y cree que con controles, leyes y regulaciones se puede moralizar el funcionamiento del sistema en general y de estas empresas en especial, que se sienten más impunes que cualquier otra en cualquier otra época. «Los capitalistas de vigilancia son ricos y poderosos, pero tienen un talón de Aquiles: tienen miedo de la ley, temen a legisladores que no están confundidos ni intimidados y, en último término, les tienen miedo a ustedes», dijo ante un auditorio, en noviembre del año pasado, en Berlín (El Diario, 8-XI-19). «Tienen miedo a ciudadanos que estén listos a pedir un futuro digital que podamos llamar nuestra casa», añadió. Los lanzadores de alertas son otro de sus cucos, dijo también.

Franco «Bifo» Berardi es un septuagenario filósofo italiano que no para de reflexionar, desde hace décadas, sobre la evolución continua, y cada vez más acelerada, del capitalismo hacia el horror más absoluto y sobre cómo salir de un sistema cuyo colapso se está llevando consigo al conjunto de la humanidad. Fue también, y sigue siendo, un agitador social, un animador de medios (publicaciones, radios y televisiones asociativas) y, en cierta manera, un militante político. Su último libro, publicado en setiembre en Buenos Aires como El umbral, lo escribió desde el encierro pandémico combinando «crónicas y meditaciones» (tal su subtítulo). Hace unos años Berardi era más optimista sobre la eficacia de la «acción subversiva cuando se desarrolla en la esfera digital, cuando se infiltra en el interior de la dimensión algorítmica del capitalismo». No se hacía ilusiones con que eso bastara: sin una combinación con una «dimensión física, territorial», la rebelión desde las redes era claramente insuficiente, pero pensaba que «las acciones más exitosas en términos de sabotaje del dominio imperial han sido acciones como las de Assange y Snowden, que se desarrollan en la dimensión digital» (entrevista con Amador Fernández Savater, El Diario, 31-X-14). Hoy lo cree menos.

Lo particularmente repugnante de la persecución de Assange y Wikileaks, además de su encarnizamiento y «la violación de las reglas fundamentales de la ética de la información», es su profunda hipocresía, dice Bifo (Comune-info, 15-IV-19). «La acción de Wikileaks, irreprochable desde el punto de vista periodístico, se inspiró en el principio de transparencia. Revelar el secreto, hacer transparente la acción del poder político y militar, es el fundamento de la democracia liberal. Pero con la democracia liberal muerta esa base se está desmoronando», agrega.

El filósofo italiano está igual de convencido que el hacker australiano de que el mundo está volviendo a caer en una época de profunda oscuridad, pero esta vez «por exceso de luz». «La vieja edad oscura, que los europeos llaman Edad Media, fue un efecto de la extrema rarefacción de las interacciones sociales: el reino del silencio. La oscuridad de nuestro tiempo es, en cambio, el efecto de la proliferación ilimitada de fuentes de información y de los flujos de infoestimulantes, de la chispa cegadora de innumerables pantallas», escribe. Revelar secretos, «sacarlos a luz», será más insuficiente que nunca para reducir los daños del sistema, dice. Y en El umbral (el colapso está a la vuelta de la esquina), escribe que en los pliegues del desastre está despuntando una revolución de un tipo desconocido, sólo posible, claro, si el capitalismo no acaba antes con la civilización humana

Por Daniel Gatti

27 noviembre, 2020

Publicado enSociedad
Sábado, 24 Octubre 2020 05:36

La puñalada

La puñalada

Los medios globales y su abandono de Julian Assange

 

Mientras se lo juzga para ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de prisión, la suerte del periodista australiano brilla por su ausencia en las portadas de los principales periódicos de alcance mundial. Detrás de ese silencio asoma una política de complicidades que hiere de muerte la noción misma de periodismo.

El 4 de enero se sabrá la suerte de Julian Assange. Ese día, en Londres, la Justicia británica decidirá finalmente si concede o no la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje. Si así fuera, si los jueces de Su Majestad consideraran que la demanda es pertinente y la condena a la que podría ser sometido al otro lado del Atlántico no es «desproporcionada» o incompatible con el «respeto a los derechos humanos», el casi quincuagenario australiano podría pasar el resto de su vida en la cárcel: los cargos que se le imputan en Estados Unidos le valdrían una condena de 175 años.

Julian Assange está detenido en una cárcel de alta seguridad inglesa desde abril de 2019, en condiciones denunciadas por relatores de la Organización de las Naciones Unidas como análogas a la tortura. Los siete años anteriores los pasó en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en 2012, cuando en Quito gobernaba Rafael Correa. Assange era reclamado entonces por la Justicia sueca debido a acusaciones de violación que terminaron siendo abandonadas por su endeblez (véase «Operaciónmasacre», Brecha, 7-II-20). Él ya temía que la demanda sueca fuera parte de un plan para entregarlo –tras una breve escala judicial en Estocolmo– a Estados Unidos. La llegada al gobierno de Ecuador, en 2017, de Lenín Moreno, que acabó alineado con Washington, supuso el descenso del australiano a los infiernos: primero le hicieron la vida imposible en la embajada, luego le sacaron la protección. La Policía inglesa lo detuvo apenas pudo traspasar la puerta del local diplomático. En Washington, el gobierno de Donald Trump se refregó las manos (lo mismo habría hecho Hillary Clinton de haber ganado las elecciones de 2016): por fin podría darle su merecido a este «espía», acusado fundamentalmente de haber revelado, desde 2010, cientos de miles de documentos clasificados relacionados con las guerras de Irak y Afganistán; entre ellos, pruebas de asesinatos cometidos por las fuerzas estadounidenses en el marco de conflictos en los que los aliados de la superpotencia también están implicados. Desde Wikileaks, Assange había hecho eso y mucho más: denunció tramas de corrupción y enjuagues múltiples de multinacionales y fue de los primeros en advertir sobre la magnitud a la que llegaría el ahora llamado capitalismo de vigilancia.

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A pocos parece interesarles hoy la suerte del australiano. Como otros célebres «lanzadores de alertas» (whistleblowers), del tipo de Edward Snowden y Chelsea Manning, Assange se ha quedado solo. Medios de prensa que gran lucro obtuvieron en su momento, cuando el fundador de Wikileaks los eligió a ellos para difundir sus filtraciones (The Guardian, El País de Madrid, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, entre otros), le han soltado la mano. Poco y nada se puede leer en esos diarios o semanarios –que, en su mayoría, pasan por progresistas– sobre las condiciones de detención de Assange en la prisión de alta seguridad de Belsmarch o sobre el propio proceso de extradición, cuyas irregularidades y los peligros que estas representan para el derecho a la información han denunciado abogados, organizaciones de defensa de los derechos humanos y medios independientes. Abundan, en cambio, en esas publicaciones progres, los relatos sobre el «vedetismo» y el «narcisismo» del australiano, sus aventuras sexuales, sus «excesos», su «afán de poder», su «decadencia».

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En una nota publicada originalmente en Counter Punch (rebelión.org difundió su versión española en dos partes, el 2 y el 3 de octubre, bajo el título «¿Por qué The Guardian guarda silencio?»), el periodista británico Jonathan Cook sostiene que, cuando Assange concedió a esos medios la exclusiva de sus filtraciones, ya era consciente de que en algún momento podría ser víctima de una puñalada trapera. Si había habido un acuerdo entre Wikileaks y esas publicaciones era porque circunstancialmente ambos ganaban. Pero, en verdad, poco los unía. Cook recuerda que cuando Barack Obama lanzó, en 2011, su ofensiva contra Assange, al que denunció en función de una draconiana ley de espionaje que data de 1917, la estrategia estadounidense estaba basada en crear una brecha entre el fundador de Wikileaks y los medios liberales que habían colaborado con él. Nada tenían que temer esos medios ni sus periodistas: habían obrado de buena fe, decían por entonces los abogados de la Casa Blanca. Assange, en cambio, no era un periodista, apenas un espía que pretendía dañar a Estados Unidos.

Los defensores de Assange optaron entonces por la contraria: Assange no sólo era periodista, sino que practicaba el periodismo del bueno, ese que deja al desnudo las manipulaciones y el accionar ilegal de los poderosos del mundo. El propio fundador de Wikileaks afirmaba en una entrevista que concedió a su compatriota Mark Davis en 2011: «Si he conspirado para cometer espionaje, todos los otros medios de comunicación y sus principales periodistas también han conspirado para cometer espionaje». «Lo que hace falta es tener un frente unido en este asunto», agregaba, invitando a quienes habían sido sus socios a seguir con la colaboración. Pero no hubo tal frente: convocado por el Ministerio de Justicia estadounidense, el editor de The New York TimesBill Keller dijo que su diario se había limitado a obrar como receptor pasivo de la documentación enviada por Wikileaks. Era una falsedad (todos los medios que recibieron las filtraciones las ordenaron y «trabajaron»), pero marcaba lo que sería, de ahí en más, la actitud de las publicaciones liberales en este asunto. Aun así, destaca Cook, el gobierno de Obama no encontró la manera de imputar a Assange sin, al mismo tiempo, perjudicar a medios tradicionalmente aliados del Partido Demócrata, como el propio Times y The Washington Post, y a sus principales plumas. Debió, entonces, abandonar esa línea.

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La estrategia desplegada actualmente por los abogados estadounidenses es la opuesta: reconocen explícitamente la condición de periodista de Assange y, tal como lo advertía él mismo años atrás, al hacerlo lanzan una advertencia contra todos los periodistas que intenten, de lejos o de cerca, seguir el camino de los wikileakeros: corren el riesgo de ser imputados por espionaje allí donde se encuentren. De este cambio de línea, que se produjo durante el juicio de extradición que se sigue en Londres y que supone una amenaza para la profesión periodística como tal, ni una línea se publicó en aquellos grandes medios que buen partido sacaron de su colaboración de antaño con Wikileaks, denuncia Cook. En Gran Bretaña, The Guardian ha obrado, de hecho, como punta de lanza de las acusaciones contra Assange.

Durante el proceso, investigadores independientes han denunciado «prácticas desleales» de los editores del venerado matutino británico, así como de otros medios asociados. Entre las principales acusaciones estadounidenses contra Assange, se afirma que en la documentación que filtró aparecían los nombres de agentes secretos que por su culpa corrieron el riesgo de ser asesinados y que el australiano era muy poco cuidadoso en su forma de operar. David Leigh, editor de The Guardian que trabajó con Assange en 2011, hizo esa misma afirmación en un libro que publicó aquel año junto con otro periodista del mismo diario, Luke Harding: Wikileaks: Inside Assange’s War on Secrecy. Christian Grothoff, experto en informática de la Universidad de Berna; John Goetz, periodista de Der Spiegel; Nicky Hager, periodista de investigación neozelandés, y John Sloboda, profesor y miembro del Iraq Body Count (un proyecto que contabiliza los muertos de la guerra de Irak),relataron, en cambio, que fueron «sus socios mediáticos» –en especial Leigh– quienes presionaron a Assange para que les brindara las sumamente engorrosas contraseñas que utilizaba para encriptar la documentación.

Grothoff, Goetz, Hager y Sloboda colaboraron con el australiano en eliminar nombres en los cables a filtrar. «Assange podía llegar a ser exasperante en su minuciosidad […]. En esa época me irritaba mucho su obsesión por recordarnos constantemente que debíamos asegurarnos, que necesitábamos encriptarlo todo, que teníamos que usar chats encriptados. Yo creía que era un insensato y que estaba paranoico, pero luego el procedimiento se convirtió en la práctica periodística normalizada», dijo, por ejemplo, Goetz en una de las recientes audiencias de extradición. En su libro, Leigh reveló una de las contraseñas generadas con esa metodología y «ese escandaloso error de The Guardian abrió la puerta para que cualquier servicio de seguridad del mundo penetrara en los documentos una vez que pudieron crackear la sofisticada fórmula de Assange para idear claves», indica Cook. «Gran parte del furor provocado por la supuesta incapacidad de Assange de proteger los nombres en los documentos filtrados por él publicados –lo que ahora es el núcleo del caso de extradición– viene del papel que jugó Leigh en el sabotaje del trabajo de Wikileaks. Assange debió realizar una operación de control de daños debido a la incompetencia de Leigh, la que lo obligó a publicar los documentos a toda prisa, para que cualquiera que estuviera preocupado por si era nombrado en los documentos pudiera saberlo antes de que servicios de seguridad hostiles lo identificaran», añade.

En cuanto a Harding, el coautor del libro de Leigh, fue quien hace un par de años difundió, en el propio The Guardian, una serie de «revelaciones» –que luego se comprobaron falsas– sobre supuestas reuniones de Assange con enviados del gobierno de Trump y agentes rusos, que habrían tenido lugar mientras el australiano estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. La tesis de The Guardian, así como de The New York Times y The Washington Post, es que fue para apuntalar la elección de Trump que Wikileaks filtró en 2016 el contenido de reuniones de la dirección demócrata en las que se perjudicaba al socialista Bernie Sanders y se favorecía a Hillary Clinton. Cook recuerda que, de la misma forma que los dos diarios estadounidenses operaron abiertamente en favor de Clinton en aquella interna partidaria (la misma Clinton que, según se reveló en 2016, llegó a barajar la posibilidad de eliminar a Assange con un dron), The Guardian hizo todo lo que estuvo a su alcance para sabotear al socialista Jeremy Corbyn, a quien asoció con el antisemitismo y tildó de «populista de izquierdas» cuando este dirigía el laborismo británico.

***

En la entrevista de 2011 con Mark Davis, Assange se refería a sus «socios mediáticos» en estos términos: «Lo que mueve a un diario como The Guardian y The New York Times no son sus valores éticos, sino su mercado. En Reino Unido ese mercado es el de los “liberales educados”. […] El periódico no es un reflejo de los valores de la gente que forma esa institución, sino un reflejo de la demanda del mercado». Cook aporta, en su nota de CounterPunch, su propia reflexión: La indiferencia de los grandes medios de comunicación ante el juicio a Assange «pone de manifiesto que practican muy poco el tipo de periodismo que supone una amenaza para los intereses empresariales y del Estado y que desafía al poder real. No sufrirán la suerte de Assange porque no pretenden hacer el periodismo en el que se especializaron Assange y Wikileaks». En Estados Unidos, medios como The New York Times y The Washington Post «reflejan los mismos defectos que los partidos Demócrata y Republicano», piensa el británico: «Celebran el capitalismo globalizado basado en el consumo, favorecen una política insostenible de crecimiento infinito en un planeta finito e invariablemente respaldan las guerras coloniales, motivadas por el beneficio y esquilmadoras de recursos, aunque en la actualidad se disfracen de intervenciones humanitarias. Los medios de comunicación y los partidos políticos alineados con las grandes corporaciones sirven a los intereses de la misma clase dirigente, porque están integrados en la misma estructura de poder». Wikileaks, en cambio, «nos ha permitido contemplar al poder en bruto, desnudo, antes de que se vista de traje y corbata, se engomine el cabello y esconda el cuchillo».

Por Daniel Gatti
23 octubre, 2020

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Terminó la fase de alegatos en el juicio contra Julian Assange

La justicia inglesa decidirá el 4 de enero si otorga su extradición a EE.UU.

Durante esta última jornada hubo nueva movilización en las afueras del tribunal. Allí Stella Moris, la esposa del activista australiano, dijo que la lucha es por Assange pero también por la libertad de prensa. 

 

Terminó la fase de alegatos en el juicio de extradición contra el creador de WikiLeaks Julian Assange. Sólo resta esperar la resolución de la jueza Vanessa Baraitser que dará su veredicto el 4 de enero. Durante esta última jornada hubo nueva movilización en las afueras del tribunal. Allí Stella Moris, la esposa del activista australiano, dijo que la lucha es por Assange pero también por la libertad de prensa. Cualquier de las partes podrá apelar la resolución de la magistrada en instancias superiores. Durante todo ese proceso, que puede llevar años, el periodista seguirá en prisión preventiva. De ser extraditado el activista podría recibir una condena de 175 años de cárcel. En las cuatro semanas que duró el proceso la defensa sostuvo que se trata de un juicio político.

Tal como se esperaba la magistrada rechazó el pedido de los abogados de Assange para que se le otorgarle la libertad condicional. Asimismo Baraitser rehusó aplazar el proceso a fin de dar más tiempo a la defensa a presentar pruebas adicionales, como ya hizo al inicio de esta segunda fase del juicio, que había sido puesto en mayo por la pandemia. La magistrada fijó la fecha de su dictamen al término de un juicio de cuatro semanas en el tribunal londinense de Old Bailey.

La fiscalía estadounidense había presentado 18 cargos contra Assange, de los cuales 17 son por violar la Ley de espionaje de 1917. En concreto lo acusa por conspirar, revelar documentos de defensa nacional, obtener y recibir información de manera ilegal, en muchos casos actuando en connivencia con la exsoldado Chelsea Manning. El cargo restante es por violar la Ley de abuso y fraude informático. WikiLeaks publicó documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, cables del Departamento de Estado, e informes sobre sobre detenidos en la cárcel de Guantánamo. Los mismos revelaron crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos cometidas por EEUU, así como la injerencia de la Casa Blanca en las políticas internas de decenas de países.

Tal como viene ocurriendo desde el inicio del juicio decenas de personas se reunieron a las puertas del tribunal londinense para reclamar la libertad de Assange. Allí la esposa del periodista remarcó la gravedad de este proceso legal. “EEUU dice que puede llevar a cualquier periodista de cualquier parte del mundo a juicio en su territorio si no le gusta lo que están publicando”, señaló Moris. A su vez indicó que el gobierno norteamericano no pudo probar que algún informante de la Casa Blanca haya sido agredido tras las publicaciones de WikiLeaks. “Se cometieron crímenes terribles en Irak y Afganistán. Se cometieron crímenes terribles en la Bahía de Guantánamo. Los autores de esos delitos no están en la cárcel. Julian sí", indicó Moris.

Por su parte el actual director de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson sostuvo que este juicio marcará un antes y después en nuestra civilización. “Estas cuatro semanas oímos decenas de testigos, periodistas, académicos, intelectuales, que dejaron expuestas las mentiras que se presentaron contra Julian Assange. (…) Detrás de esas mentiras quedó la verdad: este es un juicio contra el periodismo. Es sobre el futuro del periodismo de lo que estamos hablando”, sostuvo Hrafnsson. Respecto a los crímenes revelados por WikiLeaks, el director del sitio sostuvo que eran indispensables para llegar a la verdad. "No podemos cambiar el pasado, pero necesitamos saber la verdad sobre lo que ocurrió. Si Assange es extraditado seguiremos en la oscuridad. No podemos permitir que eso pase", indicó el periodista.

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El juicio contra Julian Assange impacta en el periodismo

Se estrenó el documental "Guerra contra el periodismo. El caso de Julian Assange"

Estados Unidos dejó expuesto cuáles son sus límites a la libertad de expresión tras la persecución judicial al creador de WikiLeaks. “Al criminalizar la publicación de información clasificada están atentando contra el periodismo de investigación”, dijo el documentalista Juan Passarelli. 

 

Las publicaciones que hizo WikiLeaks en 2010 dejó expuestos cuáles son para Estados Unidos los límites a la libertad de expresión. El sitio creado por Julian Assange reveló crímenes de guerra y permitió dar a luz atrocidades que de otra manera no hubiéramos conocido. Sin embargo hoy Assange está sentado en el banquillo de los acusados. La justicia de Inglaterra debe decidir si concede o no su extradición a EEUU. Juan Passarelli, director de cine que trabajó diez años junto al periodista australiano, acaba de publicar el documental “Guerra contra el periodismo: El caso de Julian Assange”. Allí sostiene que el juicio contra el creador de WikiLeaks representa el fin del periodismo tal como los conocemos. “Al criminalizar recibir y publicar información clasificada EEUU está atentando contra todo el periodismo de investigación”, sostuvo el documentalista guatemalteco.

“Assange hizo enojar el Imperio”

El documental de Passarelli bien podría parecer una película de ciencia ficción. Expone una trama que vimos cientos de veces en argumentos hollywoodenses: persecución, espionaje y traición. Allí radica la fuerza de su relato. Sin embargo cuenta una historia real: la persecución a un periodista luego de haber revelado los secretos de la mayor potencia mundial. Las consecuencias están a la vista. Desde hace casi un año y medio Assange se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Inglaterra. Antes había pasado siete años como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Su caso sentó un precedente que está cambiando el periodismo. Esa es la idea fuerza que desarrolla el documental de Passarelli. “Decir que un periodista que reveló crímenes de guerra es un espía enemigo, como hace el gobierno norteamericano, es algo muy serio para cualquier trabajador de prensa alrededor del mundo”, sostuvo el realizador.

De los 18 cargos presentados contra Assange, 17 son por violar la Ley de espionaje de EEUU. La Justicia de ese país lo acusa por conspirar, revelar documentos de defensa nacional, obtener y recibir información de manera ilegal, en muchos casos actuando en connivencia con la exsoldado Chelsea Manning, que confesó ser la fuente de los archivos reservados. El cargo restante es por violar la Ley de abuso y fraude informático. Todas estas acusaciones fueron por publicar documentos secretos sobre la las guerras de Irak y Afganistán, cables del Departamento de Estado, e informes sobre sobre detenidos en la cárcel de Guantánamo. Passarelli explicó que estas revelaciones dejaron al descubierto crímenes gravísimos. “Hay torturas a niños, asesinatos de población civil inocente y ejecuciones a sangre fría. En un caso se ve cómo luego de cometer estos crímenes los militares piden que un avión bombardero pase a destruir la evidencia de lo que acaba de ocurrir”, informó el realizador. Además explicó que el creador de WikiLeaks está pagando las consecuencias de haber hecho pública esta información. “Assange está siendo perseguido por un Estado enojado de que hayan revelado sus crímenes”, sostuvo el periodista.

Espionaje en la embajada de Ecuador

La película muestra que Assange fue espiado durante buena parte de su estadía en la embajada de Ecuador. Las autoridades diplomáticas de ese país habían avalado conectar un sistema de cámaras a cargo de la empresa española UC Global, dirigida por David Morales. Trabajadores de esta compañía les revelaron a los abogados de Assange que habían colocado cámaras y micrófonos secretos en todo el edificio. “Julian siempre pensó que podría estar siendo espiado. Entonces se reunía con sus abogados en el baño de mujeres. Abría las canillas y hablaba bajito con ellos. Pero había un micrófono escondido en una caja. Toda esa información llegó a la CIA”, explicó Passarelli.

Las imágenes de Assange siendo detenido el 11 de abril de 2019 recorrieron el mundo. En ese momento ya estaba en el gobierno el actual presidente de Ecuador Lenín Moreno. Para Passarelli el mandatario entregó a Assange a cambio de un préstamo del FMI. “El vicepresidente de EEUU, Mike Pence y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, habían viajado en diferentes ocasiones para visitar a Moreno. Ahora sabemos que vendieron a Julian a cambio de un préstamo de cuatro mil millones del FMI”, señaló el documentalista. 

La razón de ser de WikiLeaks

Assange expuso la idea filosófica detrás de WikiLeaks en una clase que brindó en 2010. Allí el periodista había afirmado que las teorías políticas están en crisis ya que abordan una realidad incompleta, de la que les falta información vital. “Hasta que no conozcamos las estructuras básicas de nuestras instituciones, (...) penetrando en la enorme cantidad de información existente, ¿cómo podremos hacer un diagnóstico?, ¿cómo podremos establecer el camino a seguir?”, reflexionó el creador de WikiLeaks. Y siguió: “Nuestra primera tarea es crear un tipo de herencia intelectual que nos permita saber dónde estamos. Y una vez que eso ocurra podremos tener la esperanza de establecer el rumbo hacia una dirección diferente. Hasta que eso pase creo que las teorías políticas, en mayor o menor grado, están en quiebra”, afirmó Assange. Pasarrelli abonó esta teoría. “Sino sabemos qué hacen los gobiernos en nuestro nombre, no podemos tomar una decisión informada sobre quién debería ser nuestro próximo líder. El periodismo pretende darnos esa información, y contra él se está librando una guerra”, sostuvo el documentalista guatemalteco.

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Cientos de periodistas de America Latina pidieron la intervención de la OEA ante los ataques de Nayib Bukele a la prensa

Con la Fundación Gabo como articuladora, se envió una carta a Edison Lanza en la que solicitan un “monitoreo” al presidente salvadoreño. El mandatario usó la cadena nacional para apuntar contra el periódico digital ‘El Faro’, entre otros medios

 

La Fundación Gabo, periodistas y artistas iberoamericanos, entre ellos Rubén Blades y Diego Luna, pidieron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “actuación urgente” por el “ataque” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el periódico digital El Faro.

En una carta dirigida al relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, los firmantes solicitaron al organismo internacional que “monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo”.

Igualmente lo instaron a que “exprese cuanto antes de manera pública su opinión calificada sobre los graves hechos acá reseñados, a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión”, así como que “anuncie pública y formalmente que la relatoría estará observando detenidamente las condiciones de la prensa en El Salvador”.

La carta fue suscrita por periodistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La Fundación Gabo hizo la función de articuladora en esta petición a la CIDH porque El Faro “es uno de los medios de mayor prestigio en el continente”, al que en 2016 le otorgó el Premio de Excelencia.

El caso de El Faro

El presidente salvadoreño dijo la semana pasada durante una intervención en cadena nacional de radio y televisión que el Ministerio de Hacienda supuestamente investiga a El Faro por “lavado de dinero”.

Un día después, El Faro publicó que “Hacienda está actualmente auditando la contabilidad de este periódico en los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018”, pero que no le ha notificado a sus representantes que enfrentan dicha investigación.

Bukele también acusó a otros medios salvadoreños de mentir y atacar a su Gobierno, entre ellos a los diarios La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy y El Mundo, y a los portales Factum y Gato Encerrado.

Al respecto, los firmantes señalaron que es de “suma gravedad” que Bukele “utilice una cadena nacional para anunciar una investigación contra un medio de prensa, siendo que aún no han terminado las auditorías y ni el Ministerio de Hacienda ni la Fiscalía han notificado al periódico irregularidad alguna en su contabilidad ni la existencia de una investigación por estos delitos”.

Denuncias incómodas

“Todos los hechos aquí descritos constituyen un atentado a la libertad de prensa y solo pueden tener por objeto deslegitimar y silenciar la labor periodística de El Faro, que ha sido particularmente incómoda para el Gobierno salvadoreño por sus investigaciones sobre corrupción y sobre las negociaciones de la Administración Bukele con grupos ilegales”, agregaron.

Esto en referencia a una publicación en la que El Faro señala que el Gobierno de Bukele mantiene negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) para sostener una baja en las cifras de homicidios y obtener votos para el partido Nuevas Ideas, dirigido por un familiar del presidente.

El mandatario negó en la referida cadena de medios, que se extendió por unas dos horas, que existan dichas negociaciones.

“En apenas un año en el poder, Nayib Bukele ha mostrado una tendencia autoritaria que se expresa en su toma del Congreso con militares el pasado febrero, sus constantes desacatos a sentencias judiciales, su intolerancia a cualquier voz crítica y su ataque sistemático al periodismo independiente que hacen medios como El Faro”, añaden los firmantes.

Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes “el grave deterioro” de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos que lleva a cabo el Gobierno.

30 de Septiembre de 2020

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El juicio a Julian Assange: Un ataque a la libertad de prensa 

El lunes, Julian Assange fue llevado al Old Bailey para continuar su lucha contra la extradición a Estados Unidos, donde la administración Trump lanzó el ataque más peligroso contra la libertad de prensa en al menos una generación al acusarlo de publicar documentos del gobierno estadounidense. En medio de la cobertura de los procedimientos, los críticos de Assange inevitablemente han comentado sobre su apariencia, los rumores de su comportamiento mientras estaba aislado en la embajada ecuatoriana y otros detalles procaces.

Estas distracciones predecibles son emblemáticas del lamentable estado de nuestro discurso político y cultural. Si Assange es extraditado para enfrentar cargos por ejercer el periodismo y exponer la mala conducta del gobierno, las consecuencias para la libertad de prensa y el derecho del público a saber serán catastróficas. Sin embargo, en lugar de abordar seriamente los importantes principios que están en juego en la acusación sin precedentes de Assange y los 175 años de prisión que enfrenta, muchos preferirían centrarse en perfiles de personalidad intrascendentes.

Assange no está siendo juzgado por andar en patineta en la embajada ecuatoriana, por tuitear, por llamar a Hillary Clinton un halcón de guerra o por tener una barba descuidada cuando fue arrestado por la policía británica. Assange enfrenta la extradición a Estados Unidos porque publicó pruebas incontrovertibles de crímenes de guerra y abusos en Irak y Afganistán, avergonzando a la nación más poderosa de la Tierra. Assange publicó pruebas contundentes de "las formas en que el primer mundo explota al tercero", según la denunciante Chelsea Manning, la fuente de esa evidencia. Assange está siendo juzgado por su periodismo, por sus principios, no por su personalidad.

Probablemente hayan escuchado el estribillo de críticos bien intencionados: "No tiene por qué agradarles, pero deben oponerse a las amenazas de silenciarlo". Pero ese estribillo pierde el sentido al reforzar los motivos manipuladores desplegados contra Assange.

Cuando se sienta un precedente gravemente peligroso, los gobiernos no suelen perseguir a las personas más queridas del mundo. Se dirigen a aquellos que pueden ser retratados como subversivos, antipatrióticos o simplemente raros. Luego, distorsionan activamente el debate público al enfatizar esos rasgos.

Estas técnicas no son nuevas. Después de que Daniel Ellsberg filtró los Documentos del Pentágono a los periodistas para exponer las mentiras del gobierno de Estados Unidos sobre Vietnam, los "Plomeros de la Casa Blanca" de la administración Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg en busca de material que pudiera usarse para desacreditarlo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos. La obsesión por la salud mental y la identidad de género del analista de inteligencia militar Manning era omnipresente. Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje.

La fiscalía estará muy feliz cuando la cobertura de la audiencia de extradición de Assange se convierta en tangentes y difamaciones irrelevantes. Poco importa que la barba de Assange fuera el resultado de la confiscación de su kit para afeitado, o que se haya probado que los informes de que Paul Manafort lo visitaba en la embajada eran inventados. Para cuando estas pequeñas afirmaciones sean refutadas, el daño estará hecho. En el mejor de los casos, el debate público sobre los problemas reales se descarrilará; en el peor de los casos, la opinión pública será manipulada a favor del establecimiento.

Al desviar la atención de los principios del caso, la obsesión por la personalidad resalta la importancia de las revelaciones de WikiLeaks y hasta donde los gobiernos han ocultado la mala conducta a sus propios ciudadanos. Destaca cómo las publicaciones de Assange de 2010 expusieron 15.000 víctimas civiles previamente no contadas en Irak, bajas que el Ejército de Estados Unidos habría enterrado. Destaca el hecho de que Estados Unidos está intentando lograr lo que los regímenes represivos solo pueden soñar: decidir qué pueden y qué no pueden escribir los periodistas de todo el mundo. Destaca el hecho de que todos los denunciantes y el periodismo en sí, no solo Assange, están siendo juzgados aquí.

*Copresidentes de AssangeDefense.org

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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Dibujo de Julian Assange durante la vista de este lunes sobre su extradición a EEUU. Elizabeth Cook /PA Wire/dpa

Este lunes ha comenzado la segunda fase del proceso de extradición de Assange a EEUU por el que se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos de espionaje

 

"¿Está dispuesto a consentir su extradición?", preguntó la Fiscalía. "No", respondió Julian Assange. Así arrancaba este lunes la segunda fase del proceso de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks encarcelado en Reino Unido. Tras una larga batalla legal, el caso puede sentar un precedente que limite la libertad de prensa, que tiene un estatus de protección especial en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Estados Unidos le acusa de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción tendrá un impacto en cualquier periodista estadounidense.

"Los cargos que formula Estados Unidos están basados directamente en su trabajo como editor y periodista y pueden sentar un precedente terrible para quienes publican información clasificada de interés publico", dice a elDiario.es Olatz Cacho, experta de Amnistía Internacional que ha seguido el caso de Assange.

"El enjuiciamiento de Julian Assange, si se produce, podría tener un efecto disuasorio para la libertad de prensa y hacer que editores y periodistas se autocensuren por miedo a las represalias", dice Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

Las vistas durarán tres o cuatro semanas. Uno de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald, se quejó de que no ha podido ver a su cliente en seis meses y propuso aplazar la vista hasta enero. La jueza lo rechazó y así comenzó este lunes el desfile de testigos.

En la puerta, decenas de manifestantes y activistas de diversas ONG como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras mostraron su apoyo a Assange. Unos pocos periodistas pudieron entrar en el Tribunal Penal Central. La mayoría esperaba fuera.

Poco antes del comienzo de la vista, la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Rebecca Vincent; la pareja de Assange, Stella Moris; y el director de RSF Alemania, Christian Mihr, intentaron entregar sin éxito al Gobierno una petición de 80.000 firmas para evitar la extradición. Como alternativa, acudieron a las puertas del juzgado con una pancarta en la que aparecen los nombres de los 80.000 firmantes.

"El periodismo no es un crimen", rezaba la pancarta sobre el hombro de Eric Levy, un veterano activista de 92 años que en 2003 viajó a Irak en autobús con otros pacifistas para hacer de "escudos humanos". Se alojaron en instalaciones civiles como estaciones eléctricas, almacenes de comida y plantas de tratamiento de agua para evitar que fuesen bombardeados. "Estoy aquí por la misma razón que estuve en Irak. Porque creo en la justicia y en la paz. Wikileaks habla por toda la humanidad decente y progresista", cuenta en una breve conversación con Stefan Simanowitz, de Amnistía Internacional.

Durante la vista, además, Assange fue detenido otra vez este lunes por las autoridades británicas al amparo de una nueva solicitud de extradición formalizada hace pocas semanas por EEUU y que amplía la base de sus acusaciones contra el australiano. Estados Unidos acusa a Assange también de haber conspirado con hackers para reclutar a desarrolladores para publicar información clasificada.

Entre quienes se mofaron del procedimiento legal está Edward Snowden, que está refugiado en Rusia para huir de la justicia de Estados Unidos por la revelación del programa de vigilancia masiva de la agencia para la que trabajaba, la Agencia de Seguridad Nacional.

"Literalmente le han vuelto a arrestar el día de su juicio. Sí, han vuelto a arrestar a un hombre que ya está en prisión. El proceso entero es menos juicio que una broma soviética", tuiteó.

Debido a la crisis sanitaria, las autoridades habían concedido permisos a decenas de personas para seguir la vista de forma telemática. Sin embargo, algunos de los que habían recibido dicha autorización, entre ellos el responsable de Amnistía Internacional, han visto como se revocaba dicho permiso poco antes del comienzo del proceso.

La jueza Vanessa Baraitser aseguró que esos permisos se concedieron "por error" ya que le preocupaba "mantener la integridad del tribunal" y "ver lo que ocurre en la sala".

"Estamos sorprendidos. Esto es un trabajo fundamental para Amnistía Internacional, llevamos a cabo seguimientos de juicios en todo el mundo y estamos reconocidos internacionalmente como observadores acreditados", se quejó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. "Primero nos negaron la presencia física en agosto, pero nos garantizaron la presencia online de seis observadores, que hace un par de días se redujeron a solo uno y ahora nos enteramos que incluso esa plaza ha sido rechazada". La organización sigue haciendo trámites para poder seguirlo durante estos días.

Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, fue una de las pocas observadoras que pudo entrar en la sala el lunes y dijo que lo había conseguido por "la intervención de políticos alemanes y un representante de la embajada alemana".

Dentro de la sala también estaba el padre de Julian Assange, John Shipton.

175 años de prisión

Si es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático. Según Courage Found, se trata de la primera vez que se utiliza esta legislación de 1917 contra un editor. "Es un tipo controvertido, pero pensamos que este caso está ligado directamnte a la libertad de expresión. No deberían existir estos cargos y Reino Unido no se debería plantear estar extraditando a Assange", dice Cacho. La experta de Amnistía Internacional cree que el fundador de Wikileaks no tendrá un juicio justo en EEUU y que "las altas autoridades del país ya lo han condenado".

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo "insostenible". El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. "Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara".

Por Javier Biosca Azcoiti

7 de septiembre de 2020 23:27h

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China expulsa a los periodistas estadounidenses de cinco medios

El acto supone una represalia por las restricciones que EE UU impuso a medios estatales chinos en febrero

China expulsará a los periodistas de nacionalidad estadounidense de cinco medios de ese país: The New York Times, TheWashington Post, The Wall Street Journal, Voice of America y Time. La medida se ha dado a conocer en un comunicado del Ministerio de Exteriores emitido al filo de la medianoche (hora local, ocho horas menos en España), en medio de un deterioro drástico de las relaciones entre Washington y Pekín a raíz de la pandemia de la Covid-19.

Los periodistas tendrán que reportarse en el plazo de cuatro días al Ministerio de Exteriores y entregar sus pases de prensa antes de 10 días. Dado que la validez de los visados para los reporteros extranjeros está vinculada a contar con ese pase, la medida implica la expulsión.

La decisión es de una dureza sin precedentes, por la cantidad de expulsados y por prohibir que puedan trabajar en Macao o Hong Kong, territorios con leyes distintas a las chinas.

El comunicado indica que se trata de una represalia contra la decisión de Estados Unidos, el pasado 19 febrero, de imponer medidas restrictivas a las corresponsalías de varios medios estatales chinos en su territorio, al considerarlos un brazo de la propaganda oficial de su país.

Al día siguiente de aquel anuncio estadounidense, Pekín declaró la expulsión de tres periodistas del Wall Street Journal, con el argumento de que este diario económico había publicado días atrás un artículo de opinión con un titular racista.

El comunicado de esta medianoche también declara a los medios castigados como entidades oficiales estadounidenses, controladas por el Gobierno en Washington. Los cinco tendrán que declarar por escrito toda la información que dispongan sobre su personal, financiación y propiedades en suelo chino.

Las medidas “son completamente necesarias y recíprocas y China se ve obligada a tomarlas como respuesta a la opresión poco razonable que los medios chinos experimentan en Estados Unidos. Son una autodefensa legítima y justificada en cualquier sentido. Lo que Estados Unidos ha hecho es atacar exclusivamente medios chinos, y por tanto ha estado motivado por una mentalidad de la Guerra Fría y la parcialidad ideológica”.

El anuncio llega en un mal momento de las relaciones entre Washington y Pekín a raíz de la pandemia de la Covid-19. El secretario de Estado, Mike Pompeo, convocó la semana pasada al embajador chino en la capital estadounidense para pedir explicaciones después de que un portavoz del Ministerio de Exteriores chino promoviera en Twitter ―red social prohibida en China― la teoría de que el virus pudo llegar a Wuhan, donde se detectaron los primeros casos, traído por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el propio Pompeo han irritado a Pekín al referirse en varias ocasiones al patógeno como “virus chino” o “virus de Wuhan”.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín - 17 mar 2020 - 14:28COT

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El caso Assange y la muerte del periodismo

Terminó la primera etapa del juicio por la extradición del fundador de WikiLeaks. Si el gobierno norteamericano logra su cometido, Julián Assange podría ser condenado a 175 años de prisión por haber informado al mundo sobre las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos de civiles y los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. La condena sería un claro mensaje mafioso a todos los periodistas que se atrevan a denunciar al poder.

“Cuatro países democráticos unieron fuerzas (Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido) para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara. El caso es un gran escándalo y representa el fracaso del Estado de derecho occidental. Si Julian Assange es condenado, condenarán a muerte a la libertad de prensa”, aseguró en una reciente entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1).

Esta semana terminó la primera etapa del juicio por el pedido de extradición que el gobierno de los Estados Unidos hizo sobre Julián Assange. Como estaba previsto, la jueza Vanessa Baraitser dictaminó el fin a esta primera parte que será retomada el 18 de mayo.

Mientras espera el desenlace del juicio, Assange deberá continuar en la cárcel de Belmarsh, una prisión de máxima seguridad que es conocida como “El Guatánamo británico” (en alusión a la centro de detención ilegal que Estados Unidos mantiene en territorio usurpado a Cuba).

En Belmarsh, Assange permanece en condición de aislamiento y con derecho solo a dos visitas sociales al mes, puede ver la luz del sol solamente una hora por día, no interactúa con otros detenidos y es sometido a toda clase de humillaciones y torturas psicológicas.

Cabe recordar que hasta abril del 2019 el fundador de WikiLeaks permanecía como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres pero, a pesar de que Assange había obtenido la ciudadanía ecuatoriana, de que la embajada es considerado territorio soberano de ese país y de que la Constitución de Ecuador prohíbe extraditar a sus ciudadanos, el presidente Lenín Moreno autorizó que las fuerzas de seguridad británicas entraran a la sede diplomática y se llevaran por la fuerza al periodista.

En una reciente entrevista realizada por Contexto, el ex cónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez aseguró: “La entrega de Julian Assange constituye la mayor vergüenza diplomática en la historia de mi país. Es un hecho canallesco que quebranta toda norma internacional y la propia constitución ecuatoriana. Empezando por el principio de no devolución, que es sagrado para el derecho de asilo y de refugio. Un asilado no puede ser entregado si hay riesgo sobre su vida y su libertad persiste, y en el caso de Julian Assange esto era más evidente que nunca”.

“En Estados Unidos ya se había develado que había cargos secretos esperando por Julian, lo cual era la razón misma del asilo. Más que un arresto, aquello fue un secuestro. La policía británica ingresó y tuvo que arrastrar a Julian por la fuerza para poder sacarlo. Él, correctamente, se rehusó a salir. No olvidemos que Julian Assange es también ecuatoriano. La constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de los ecuatorianos. Prohíbe, además, el ingreso de fuerzas extranjeras a nuestro territorio y la Embajada es jurisdicción ecuatoriana”, sostuvo y agregó: “La entrega de Julian no fue una acción del Ecuador para resolver un problema. Fue un acto criminal, coordinado con mucha antelación con los norteamericanos y con los británicos”.    

Narváez remarcó que la entrega de Assange por parte del gobierno ecuatoriano refleja “el vergonzoso servilismo de Lenín Moreno frente a los Estados Unidos” (2).

Estados Unidos acusa al fundador de WikiLeaks de haber cometido 18 delitos y por ese motivo requiere la extradición. Si Assange llega a las Cortes norteamericanas podría ser condenado a 175 años de prisión. Sería la primera vez que un periodista es juzgado con la llamada “Ley de Espionaje” de Estados Unidos (de 1917).

El gobierno norteamericano, el Poder Judicial británico y los medios de comunicación que responden a esos intereses quieren justificar la persecución, acoso, tortura y el posible encarcelamiento de por vida de Assange al mostrarlo falsamente como un hacker que habría realizado espionaje y robado información que podría haber afectado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La realidad es otra. Assange fue y es perseguido, acosado, torturado y posiblemente sea condenado por haber hecho una tarea periodística: buscar información, recabarla, analizarla y hacerla pública.

El fundador de WikiLeaks podría ser condenado a 175 años por haber denunciado los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y las torturas que Estados Unidos cometió en Afganistán, Irak y en la cárcel clandestina de Guantánamo.

Con la publicación de miles de cables (que Assange no robó ni hackeó, solo permitió que se hicieran públicos desde su plataforma), el creador de WikiLeaks confirmó el entramado que el gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia (en especial la CIA) tejen para golpear a todos los gobiernos y líderes populares que se oponen a sus políticas imperiales.

En la citada entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer aseguró que “Julian Assange destapó la tortura, él mismo ha sido torturado y podría ser torturado hasta morir en Estados Unidos”.

La extradición y la brutal sentencia no serían contra Assange, sino contra todo el periodismo. Conformarían la reafirmación de un mensaje mafioso que el poder en Estados Unidos envía a todos los periodistas que se atrevan a denunciarlo. La libertad de prensa y la libertad expresión morirían con la confirmación de esta condena.

Notas:

(1) Entrevista a Nils Meizer. Los detalles del caso Assange, según el investigador de la ONU: «Cuatro países se han coordinado para quemarle en la hoguera sin que nadie proteste» (https://www.eldiario.es/internacional/Relator-ONU-Julian-Assange-condenado_0_999500818.html)

(2) Fidel Narváez: “Assange es perseguido por haber publicado los crímenes de guerra, el espionaje y la invasión a la privacidad que hizo Estados Unidos” (https://www.diariocontexto.com.ar/2020/02/16/fidel-narvaez-assange-es-perseguido-por-haber-publicado-crimenes-de-guerra-espionaje-e-invasion-a-la-privacidad-hechos-por-los-estados-unidos/)

 03/03/2020 

Publicado enSociedad