Pacto Histórico: promesas, retos y alcances

¿Cómo salvaguardar un eventual gobierno del Pacto Histórico?, ¿ante qué situaciones y retos se enfrentaría esta coalición una vez ponga en marcha sus promesas de cambio en nuestra sociedad?, ¿por qué es importante defender esta apuesta política no solo desde sectores de izquierda, sino también de centroderecha?


Sobre nuestra condición humana pesa una maldición que nos define, especialmente, como sujetos políticos: la de no poder controlar ni saber lo que, en último término, hacemos. Esto no quiere decir que los sujetos políticos no tengan responsabilidades sobre el desenlace de los acontecimientos que ellos mismos desencadenan, sino que toda acción política, así esté bien planeada y, además, prometa un mundo más justo, pone a andar fuerzas históricas de maneras inesperadas. No es casual que, por ejemplo, Hannah Arendt señale que los acontecimientos, que desencadena la acción política, además de estar atravesados por promesas, tengan que estar acompañados por el perdón o por cierta disposición a pedir un perdón que va más allá de la simple absolución jurídica o normativa.

El Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro, antes de ser un plan de gobierno, es una promesa. Sin embargo, para comprender esta promesa es necesario dimensionarla en su justa proporción, es decir, como una agrupación de cuerpos, ideas, historias y esperanzas que buscan poner a andar a la historia de una manera diferente. Precisamente, es una apuesta política porque sus causas son vulnerables y, de cierto modo, reiteradamente vencidas en la historia republicana de Colombia. Abordemos esta apuesta de cambio desde algunos puntos de vista.


El derecho y el Pacto Histórico

Los acontecimientos recientes nos enseñan sobre la importancia del derecho en los asuntos humanos. Muchos analistas políticos han reiterado que Iván Duque ha destrozado las instituciones del Estado colombiano. María Jimena Duzán1 lo dice a propósito de las reiteradas intervenciones del ejecutivo en política y la ruptura de la neutralidad de las Fuerzas Armadas al tomar partido en el debate electoral. Sin embargo, habría que preguntarse por qué las instituciones jurídicas son tan importantes en los asuntos políticos y seguramente esto nos permitirá comprender por qué el uribismo ha emprendido un ataque frontal contra los procedimientos de las leyes de la república.

Como muy bien nos lo enseñan algunos teóricos del Estado, el derecho permite que haya relaciones de mando y obediencia en una sociedad. Sin embargo, dicha relación no es directa. El derecho nos reta a obedecer a través de cierto rodeo: como en las relaciones sociales aparecen formas de dominación injustas –como, por ejemplo, la dominación capitalista o la dominación patriarcal–, es necesario que los más vulnerables cuenten con medios eficaces para resistir a la violencia de la dominación directa de una clase sobre otra o de los hombres sobre las mujeres. Ese medio es evidentemente el derecho. Esto quiere decir que el derecho, a pesar de que no busca acabar con la opresión social, otorga la posibilidad concreta de que los más vulnerables puedan detener las maquinarias que hacen posible la dominación de unos sobre otros. Hemos visto cómo a través de mecanismos jurídicos muchas comunidades en Colombia han detenido megaproyectos de minería, del mismo modo también presenciamos cómo un individuo es capaz de detener las maquinarias mismas del Estado con el argumento de defender un derecho fundamental a través de la acción de tutela.

De acuerdo con esto, el derecho como mediación de la obediencia, en términos muy generales, le permite a una sociedad reproducir ciertas violencias –a través de los derechos de propiedad o a través del uso legítimo de la violencia del Estado–, pero con la posibilidad inminente de detenerlas –a través de derechos que nos ofrecen la posibilidad de dejar de realizar lo que hacemos, como el derecho a la protesta–. De acuerdo con ello, desde mi punto de vista, este es el corazón de la teoría positivista del derecho que fundamenta a su vez la existencia de los Estados de derecho modernos. Además, ha sido el blanco de mira del uribismo y del gobierno de Iván Duque.

El uso indiscriminado de la violencia estatal además de sus constantes proyectos de ley que la Corte Constitucional ha declarado inexequibles e incluso el desconocimiento de fallos de las altas cortes y la pretensión de negar los argumentos en la protesta social son muestra de la ruptura del orden jurídico mismo. El giro autoritario de Duque2 es el desmonte del derecho y, por lo tanto, de las instituciones, a través de la emergencia de unas relaciones de dominación directas que buscan dejar a un lado la posibilidad de detener la reproducción de las violencias en la sociedad colombiana. El derecho de los grandes sobre los débiles a ejercer poder de una manera ilimitada, como lo prefiere el uribismo, claramente no hace parte de las leyes positivas, sino de unas relaciones de violencia directas que desconocen el papel doble del derecho: el de obedecer, pero con la condición de desobedecer.
Este es el escenario al que está enfrentado el Pacto Histórico. Su promesa es la de aplicar nuestra constitución y hacer valer no solo la reproducción de la violencia a través de la garantía, por ejemplo, de los derechos de propiedad; sino también el conjunto de leyes que impiden que los más poderosos puedan hacer lo que se les antoje con su capital o con sus privilegios de raza, clase y género. En eso radica la propuesta progresista del Pacto Histórico. Los analistas de centro y de derecha se equivocan, porque la apuesta de esta visión de la política parece poner en evidencia más que una política de izquierda en un sentido tradicional: la de frustrar el sueño de una sociedad en la que la dominación de unos sobre otros se ejerce de una manera directa. En una columna reciente el economista Eduardo Lora señala que las propuestas relacionadas con los asuntos de la educación del Pacto Histórico son inviables porque “dos de cada tres chicos a la edad de 15 años no pueden resolver los problemas más elementales de lógica, como decir qué número sigue en una secuencia […]”3. Lo que habría que preguntarnos es más bien si este “diagnostico” del profesor Lora no es más bien una sociedad soñada por la extrema derecha, en la que la dominación directa de unos sobre otros se ve reflejada en la incapacidad de los dominados de contar, de hablar o de habitar el mundo a través del lenguaje, del sentido o de la imaginación.

Francia Márquez y el derecho de los que no tienen derechos

¿Qué asegura que el Pacto Histórico una vez en el gobierno no busque, a su modo, negar el carácter político del derecho, es decir, el derecho a la resistencia, a la desobediencia?

Esta pregunta tiene un peso sustancial inquebrantable, porque, en muchas ocasiones partidos de izquierda, siguiendo dogmas muy problemáticos, han reproducido la violencia de la dominación directa de unos sobre otros, desconociendo el carácter contingente y conflictivo de nuestra vida en común y, por lo tanto, el carácter político del derecho. Desde mi punto de vista, la eventual salida a este aprieto se encuentra en el triunfo aplastante de Francia Márquez en las consultas electorales de marzo. Superando maquinarias como la de la familia Char y la ingenua comprensión de la política de Sergio Fajardo, Francia Márquez sería más que una vicepresidenta. Su forma de hacer política es muy distinta a la del progresismo liberal de izquierda, que representa Gustavo Petro. Márquez sabe muy bien que un nuevo pacto en nuestra sociedad no debería estar marcado por un consenso, sino por el disenso, es decir, por la posibilidad de luchar no solo contra las relaciones brutales y directas de dominación dentro de nuestra sociedad, sino contra el neoliberalismo en su dimensión actual que cada vez se parece más a una necropolítica o una tanatopolítica.

Unas semanas atrás, cuando se conoció la buena nueva de la fórmula del Pacto Histórico rumbo a las elecciones presidenciales, un periodista le sugirió a la candidata que para vivir sabroso se necesitaba plata. Ella inmediatamente le replicó diciendo que “vivir sabroso no solamente es plata, es posibilidades de que la gente no viva con miedo, es posibilidades de que la gente pueda vivir en los territorios tranquilos […] vivir sabroso es, por supuesto, que el Estado llegue con presencia a cumplir su mandato constitucional, implica garantías para los derechos de las mujeres, de las juventudes y de los pueblos étnicos […]”4.

Notemos que la idea de mandato constitucional que defiende Márquez no es la de la mera presencia institucional del Estado en los territorios, sino la garantía de que las personas vivan bien. Como lo precisamos arriba, la promesa de la Vicepresidencia del Pacto Histórico es la de no dejar de lado la política en su forma resistente, es decir, la política que se manifiesta cada vez que el derecho aparece no como unas instituciones que aseguran el gobierno de una sociedad, sino como la posibilidad de que los más vulnerables se protejan de las formas de dominación directas del capital, del patriarcado y del racismo sobre la vida.


El dogma de la polarización y lo intolerable

Uno de los dogmas más peligrosos en los análisis contemporáneos de la política es el de la polarización. Para este dogma que emerge, sobre todo, en la academia y en sectores del pensamiento liberal, la política es una práctica humana que solamente tiene éxito si logra encontrar la justa posición en medio de los extremos, es decir, si logra encontrar la posibilidad de entablar acuerdos intersubjetivos, sin necesidad de acudir a posiciones extremas. Sin embargo, ¿qué es una posición extrema y, por lo tanto, irrealizable? Para comprender lo que define que una posición política sea extrema, al menos en el actual debate electoral, hay que desenmarañar las condiciones del capitalismo contemporáneo. Hace unas décadas, las propuestas progresistas del Pacto Histórico eran totalmente realizables y, por lo tanto, viables. Sin embargo, el hecho de buscar una educación pública y un sistema de seguridad social protegido de la rapiña de los mercados se ha convertido en una posición extrema o de extrema izquierda que es irrealizable e intolerable.

Esto quiere decir que los que señalan que hay posiciones extremas dejan a un lado una serie de condiciones históricas, que trazan una frontera de sentido, muy problemáticas, entre lo que es realizable y lo que es inviable; lo que es irracional y lo que es racional. En esa dimensión interviene sobre nuestra vida ideológica el capitalismo contemporáneo. Cada vez más la lógica de la valorización del capital captura nuestra vida. No solo porque estamos viviendo una catástrofe medioambiental provocada por el afán de hacer que las economías tengan una buena salud, sino también porque cada vez hay menos lugares y espacios para vivir una vida que no tenga como correlato la valorización del capital o el crecimiento de la economía.

En esa medida, lo que resulta intolerable de un plan de gobierno que contemple una realización eficaz de un sistema de protección social no radica en que esté atravesado por emociones irracionales o porque sea inviable, sino en que ofrece la posibilidad de vivir una vida que no produzca valor o al menos sentar las condiciones para que exista dinero que no pueda ser convertido en capital (ese es el verdadero drama de los inversores al no poder usar, en ciertos casos, los fondos de pensiones públicos para apostarlo en el mercado financiero).

Las condiciones contemporáneas de la valorización del capital radican entonces en transformar al estudiante libre en un productor de valor endeudado; a los fondos de pensiones, que aseguran una calidad de vida en la vejez, en un casino en el que se invierte el dinero ahorrado por los trabajadores en el mercado bursátil; al propietario de una vivienda en un eterno arrendatario y al trabajador en un empresario de sí mismo que presuntamente debe asumir la culpa de sus fracasos en los negocios.

Tenemos entonces que lo que resulta intolerable para el dogma de la polarización que profesan los analistas y los políticos de centro tiene que ver no tanto con el carácter irrealizable de un plan de gobierno, sino con que pone en entredicho la violencia de la reproducción sistémica del capitalismo. El eventual gobierno progresista del Pacto Histórico es intolerable, precisamente, por esa razón. Revive, además, el espectro de una forma de vida que tiene como primado el cuidado y la salvaguarda de los medios que permiten que nuestra existencia en el mundo florezca. Y desde mi punto de vista esta posición sobre la protección de la vida es el límite que siempre buscará quebrantar el capitalismo contemporáneo y que aparece en las voces presuntamente sensatas que llaman a evitar la polarización.

Un mundo capturado
por el uribismo


La articulación entre las formas de dominación directas que eliminan las leyes y la búsqueda de adaptar a la economía colombiana al funcionamiento de los mercados nacionales e internacionales (legales e ilegales) ha tenido un nombre en las últimas dos décadas: uribismo.

Sin duda alguna un eventual triunfo del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales es una buena noticia porque, como lo he dicho, es una promesa que busca detener las maquinarias de un tiempo que nos ha acostumbrado a vivir la desposesión y las violencias que emergen cuando se suspenden las leyes. Sin embargo, también habría retos que no son fáciles de franquear. El presidente Duque no solo se ha encargado de gobernar a través de decretos, de un manejo ilegal de las finanzas públicas5 y de ataques reiterados a las altas cortes, sino que también ha capturado los organismos de control y parte de la rama judicial. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo que, constitucionalmente, deberían ser un contrapeso imparcial del ejecutivo, serán sin duda alguna un gran obstáculo para el gobierno progresista.

Del mismo modo, y a pesar del triunfo inesperado del Pacto Histórico en las legislativas, los trámites de las leyes serán de difícil concreción, a menos de llegar a un eventual acuerdo con la bancada del Partido Liberal. Incluso, a este conjunto de obstáculos, podemos agregar la dificultad que conllevaría gobernar con unas Fuerzas Militares que no solo han intervenido en política, sino que han manifestado su descontento ante un eventual gobierno del Pacto, precisamente ante el crecimiento constante de la intención de voto obtenido por Petro6/7. Sumado a esto, esta tendencia antirrepublicana de las Fuerzas Armadas ha sido promovida de una forma evidente por Iván Duque cuando retiró de sus cargos a generales que participaron activamente en el proceso de paz.

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez tendrá entonces obstáculos muy evidentes. Sin embargo, el reto del progresismo del Pacto no será únicamente concertar con políticos tradicionales y subordinar el comportamiento de las Fuerzas Militares a las leyes de la república, sino también el de agrupar a los sectores del centro. Sé que muchos dirán que esto es imposible porque reza siempre el adagio de que los centristas están, en último término, inclinados hacia la derecha. Sin embargo, si bien este tipo de presupuestos son ciertos, en la actual correlación de fuerzas lo mínimamente razonable en términos de un buen gobierno de la sociedad plantea, de cierto modo, una alternativa y una promesa de cambio.


¿Una eventual derrota del Pacto Histórico?

Dos de las firmas encuestadoras8 más importantes dan como ganador en primera y segunda vuelta al Pacto Histórico. La tendencia si bien no es irreversible, pone en evidencia un crecimiento constante de Gustavo Petro y Francia Márquez, dejando a un lado los mitos sobre el techo de crecimiento de la coalición política que representan. De hecho, desde septiembre de 2020 Gustavo Petro no ha parado de crecer entre uno y dos puntos de diferencia entre cada una de las encuestas. Pablo Lemoin (Centro Nacional de Consultoría) y César Caballero (Cifras & Conceptos)9 han señalado dos asuntos que considero relevantes para comprender esta tendencia inédita previa a unas elecciones presidenciales en Colombia. En primer lugar, la imagen favorable de Petro, a finales del 2021, ha superado su imagen desfavorable. A juicio de César Caballero este es uno de los requisitos necesarios para el triunfo de determinado aspirante a la Casa de Nariño. Además, esta favorabilidad tiene como correlato la inmensa desaprobación que tienen no solo Iván Duque sino el propio Álvaro Uribe.


Ahora bien, hay un segundo aspecto igual de importante al primero. La segunda vuelta presidencial, que muy probablemente será entre Petro y Federico Gutiérrez, estará marcada por dos alternativas: por un lado, se encuentra el Pacto Histórico y, por el otro, la pretensión de impedir que Gustavo Petro y Francia Márquez lleguen al gobierno. No se están enfrentando dos visiones del gobierno de la sociedad, sino una promesa de cambio y un establecimiento dispuesto a impedirlo, incluso usando estrategias inconstitucionales, como la suspensión de facto de la ley de garantías, que la Corte, por cierto, declaró inconstitucional10. El argumento sobre la seguridad nacional y el enemigo interno no pesan de la misma manera que en campañas anteriores. La impotencia del uribismo es entonces un peligro latente: al no haber una visión de mundo plausible no quedaría ninguna alternativa, sino la trampa, la corrupción y la violencia para mantener el actual estado de cosas.

Estos dos factores, sin duda, plantean una frágil pero contundente ventaja de la promesa del cambio del Pacto. Las múltiples izquierdas y los sectores progresistas de Colombia han logrado este inédito escenario. Sin embargo, hay un asunto que considero crucial: a quienes les corresponde asegurarlo y protegerlo no es a la izquierda, sino a los sectores de centro y de centroderecha. En el 2014 la izquierda, sin ningún miramiento, apoyó a Juan Manuel Santos para sepultar las aspiraciones destructivas del Centro Democrático. Hoy el escenario requiere de la misma disposición de parte de la centroderecha. Este apoyo marcaría no solo el triunfo del Pacto Histórico, sino su salvaguardia, su duración, e incluso, su contestación de parte de la derecha, en el marco, claro está, del respeto a las leyes de nuestra república.

En este momento me es imposible imaginar un escenario distinto. Si bien la derrota del Pacto Histórico también es una posibilidad, la abertura de un mundo que reitera las mismas violencias y las mismas formas de opresión nos arrojaría a un conjunto de situaciones muy dolorosas y a su vez muy impredecibles. Los sucesos históricos nos han mostrado que allí donde se suspende el antagonismo político y, por lo tanto, las leyes que lo protegen y lo aseguran, se da paso a un desenvolvimiento de formas extremas de violencia que tocan la puerta de cualquiera.

 

1 https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/petro-el-sindicado
2 En otro lugar he reflexionado sobre el carácter del gobierno del presidente Duque: https://jacobinlat.com/2020/11/18/el-giro-dictatorial-de-duque-en-colombia/
3 https://www.semana.com/economia/opinion/articulo/por-que-fracasan-los-economistas-en-la-politica/202200/
4 https://www.youtube.com/watch?v=AtpExO2e_0M
5 https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/el-gobierno-se-rajo-en-transparencia-con-la-plata-del-covid/
6 https://open.spotify.com/episode/ 486LwKJet5bIgNLsEZKBUS
7 https://www.semana.com/nacion/articulo/malestar-en-los-cuarteles-generales-coroneles-y-soldados-se-destapan-con-semana-y-cuestionan-a-gustavo-petro/202254/
8 Me refiero al Centro Nacional de Consultoría y Cifras & Conceptos.
9 https://open.spotify.com/show/ 2DH4SsyHA1VR0WjVYkBd8g
10 https://cambiocolombia.com/articulo/poder/la-corte-constitucional-tumba-la-reforma-la-ley-de-garantias

* Profesor de la Universidad Javeriana.
@ChristianFaja


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Publicado enEdición Nº291
Lunes, 23 Mayo 2022 08:45

El cambio que podemos esperar

El cambio que podemos esperar

En esta campaña electoral, más interesante, y más útil que detenerse a refutar el continuismo, abierto o disfrazado, es examinar la oferta de cambio que el Pacto Histórico nos presenta. Si es cierto, ¿En qué sentido? ¿Qué tan profundo?

De Gustavo Petro puede decirse que tiene el vicio de su virtud. En efecto, es el único candidato, sin lugar a dudas, que conoce los temas y tiene propuestas, pero por ello mismo, ha llegado a una especie de incontinencia propositiva. Le hemos escuchado, tan sólo en los últimos meses, desde una modificación al sistema pensional hasta una oferta de negociaciones de paz para todos los grupos armados; una propuesta de compra del imperio azucarero de Ardila Lule en el Valle, la idea de que el Sena participe en la administración de las cárceles, el curso obligatorio de programación en el grado once de secundaria, una nueva forma de rendición de cuentas obligatoria para los congresistas, y muchas más, sin contar el nebuloso perdón social.

No puede negarse que tienen, en el ámbito de la publicidad, un enorme poder efectista, pero, al mismo tiempo, enunciadas así, son extremadamente vulnerables a la tergiversación y a la ridiculización. Y lo más grave: hacen pensar en un amplio y heterogéneo repertorio de donde se iría a tomar y a aplicar la fórmula según la circunstancia, el capricho o la conveniencia del momento.

Es por eso que vale la pena indagar en el programa que la campaña ha dado a conocer, para encontrar el lugar en donde eventualmente se ubican y la coherencia del conjunto1. Aun así, podemos anticipar de una vez que es tal la magnitud, la prolijidad y la ambición del documento que resulta imposible establecer una ponderación de los objetivos y un orden de prioridades de las iniciativas. Si no fuera porque no existe partido, se diría que se trata de un programa de partido, o una declaración de principios pero nunca, pese a que advierte que es el “inicio de una transición”, un programa de gobierno.

Un programa abierto

Otra razón por la cual no sería un programa de partido estriba en que se define, de manera sorprendente, como un programa “abierto”. Quiere decir, en sus propias palabras, “que se irá consolidando en el diálogo plural”. Parece loable, aunque si se trata de una propuesta de gobierno la cual se somete a votación, es obvio que los electores necesitarían tener claro cuál es la opción que se ofrece, nítidamente diferente a las otras, para poder tomar una decisión. Claro está que, siendo realistas, lo cierto es que, aquí y ahora, los ciudadanos votan más que todo por las personas.

Según otra interpretación, lo que se está ofreciendo en realidad es un modelo de “democracia participativa”; una propuesta de gobierno, no de contenidos sino de procedimientos. Muy sólido, amplio y de aplicación inmediata tendría que ser este nuevo modelo para que se pudiera entonces dar curso a los demás puntos del programa. En todo caso si hay un término que se repite, una y otra vez, en el documento es el de “Pacto”, reforzado en algunas ocasiones con la noción de “contrato social”. Obviamente se relaciona con la idea de paz.

Las implicaciones políticas de este enfoque son enormes. Es claro que se rechaza la idea de clases sociales, sobre todo en el sentido de grupos antagónicos, basados en relaciones sociales de poder. Según este enfoque, en consecuencia, lo que está en disputa no son proyectos de sociedad que corresponden a intereses sociales opuestos, sino propuestas diferentes que pueden procesarse mediante un diálogo racional para llegar a consensos. Si es preciso enfrentarse a alguien (el uribismo, por ejemplo) es por razones morales: la corrupción, el egoísmo, la mezquindad. Todo cambio, en el fondo, es cultural. Evidentemente muy lejos del marxismo. Una razón para convencerse que no hay aquí nada de comunismo o de “castrochavismo” como dice la derecha.

No obstante, hay, ciertamente, un contenido mínimo del cual habría que partir para iniciar el diálogo; por eso se habla de “bases” programáticas. Visto en su conjunto, el programa consta de tres partes o tres “transiciones” como se les denomina allí. El Cambio es con las Mujeres; Economía para la vida, y Democracia multicolor. No es posible referirnos aquí ni siquiera a una porción significativa de las consideraciones, planteamientos y propuestas que se consignan, pero sí vamos a señalar los aspectos centrales de lo que allí se considera el cambio.

Evidentemente, la primera transición es la más importante, es el eje de este programa. Y no solamente porque la perspectiva de género es un principio, como se dice, transversal (e interseccional). –Perspectiva que se vuelve determinante pues se establece que las mujeres tendrán prioridad y protección en todas las políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación–.

La decisión que, en sus palabras, se formula así: “emprenderemos las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente al hombre”, tiene un peso enorme y una prioridad indiscutible en las acciones a desarrollar, simplemente por el hecho de que supone un conjunto bastante amplio de reformas en tan sólo cuatro años de gobierno. Algunas de ellas de carácter legislativo. Por ejemplo la obligatoriedad de la participación del 50 por ciento para las mujeres en todos los cargos públicos, en todos los niveles y en todas las ramas del poder. O la promesa, que todavía no se define cómo podría implementarse, pero que desde los primeros meses se volvería políticamente exigible: “Avanzaremos hacia la redistribución de la carga de las responsabilidades de los cuidados, entre las comunidades, las familias, el Estado, los hombres y mujeres. Disminuiremos sustancialmente las 8 horas diarias que la mujer dedica al trabajo de cuidados no remunerado, que serán compensadas por otros actores del sistema, frente a las 3 que dedican los hombres”.

El vuelco que esto representaría en la economía y la sociedad es crucial, histórico pudiéramos decir. Sólo enunciarlo es ya un compromiso que no puede menos que signar el conjunto del programa. Además, se anuncia la creación de un Sistema Nacional de Cuidados del que hace parte la política mencionada. Aunque en casi todos los ámbitos este programa propone la creación de “sistemas”, éste en particular tiene una significación preponderante, especialmente porque se convierte en la base conceptual y hasta operativa de toda la política que llamamos social. Comenzando por la educación y siguiendo con la salud.

No es posible detenerse aquí en los detalles pero abundan las propuestas y bien valdría la pena, en su momento, desarrollar un amplio y profundo debate en el conjunto popular. Hay propuestas que son simplemente repeticiones de iniciativas muy antiguas que fueron cuestionadas y fracasaron. Por otra parte, se atribuye la dirección de este sistema a un nuevo Ministerio, el de la “Igualdad”, que además articularía todas las acciones referidas a la eliminación de la desigualdad mediante la realización, según se dice, de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.

Aparte de meditaciones y discusiones, el cuestionamiento puede reducirse a un par de preguntas simples y elementales: ¿Por dónde empezar? ¿Cómo seguir?

La identidad originaria

La “economía para la vida” significa, como era previsible dada la historia política reciente de Petro, particularmente desde la pasada campaña presidencial, el abandono de lo que se ha llamado el modelo “extractivista”, y no sólo como expediente ineludible para enfrentar la emergencia debida al cambio climático sino, ahora, en clave de ética biocéntrica. Las implicaciones son muchas y de gran calado. En principio se asocia con el cambio de la matriz energética, transitando hacia energías “limpias”, eólicas, solares y otras, cosa que ya se ha aceptado, por lo menos teóricamente, en casi todo el mundo; la discusión versa entonces, especialmente en las grandes potencias capitalistas, sobre el sentido y ritmo de la gradualidad. Sin embargo, en un país como Colombia, más allá de las reflexiones sobre la innegable amenaza de la crisis climática, la disputa tiene que ver con su consecuencia obligada, esto es, la sustitución de las principales exportaciones (hoy petróleo y carbón) lo cual equivale a un replanteamiento de la inserción en el mercado mundial.

El cambio, entonces, como lo sugiere la utilización de la palabra “modelo”, es mucho más comprometedor y significa un cambio del patrón de acumulación capitalista. Todo un andamiaje que debe ser destruido y reemplazado, Desde la orientación “hacia afuera” y la redefinición del papel del mercado interno hasta la configuración del aparato productivo. Una transformación radical del volumen y la composición de las importaciones. Se buscaría una nueva dinámica y sentido de los flujos de inversiones (domésticas y desde el exterior). Y sobre todo una redefinición del papel del capital (y mercado) financiero que hoy por hoy es el determinante. Todo ello obliga a una renovación de las fuentes de los ingresos fiscales y, por lo tanto, a una reorientación de la política monetaria.

Ante la magnitud del cambio, cuyo futuro biocéntrico no deja de exaltar, el programa escoge la prudencia. La palabra mágica es “transición”. De hecho, el candidato, en la medida en que se veía forzado a aclarar su propuesta, precisó que, por el momento, de lo que se trata es de no permitir nuevas exploraciones en materia de hidrocarburos, como quien dice que, en los cuatro años de gobierno, la reducción en la producción y en las exportaciones será apenas notoria. Empero, los primeros pasos, sin duda, pueden ser ya un cambio si se dan en firme; es decir, si marcan de manera ojalá irreversible un cambio de dirección.

Uno de los aspectos básicos de la nueva dirección que el programa resalta es el abandono, como condición necesaria, de la subordinación sin límites a las leyes del mercado. Abandona, sin decirlo, el neoliberalismo. Valioso es, por lo demás, el hecho de que lo rechaza, aparte de la política económica, en todos los ámbitos de la vida social, como cultura, negación por excelencia de la noción de derechos humanos. Se recupera en consecuencia el intervencionismo, en la forma, según sus propias palabras, de una “expansión de las capacidades de lo público”. Desde luego hay aquí una diferencia con respecto al enfoque convencional de la socialdemocracia y el populismo ya que en varios puntos aclara que lo “público” es no sólo estatal sino también comunitario, social, étnico, grupal, corporativo, etcétera. La aplicación de este concepto queda, sin embargo, abierta; sometida a las múltiples, diversas y casuísticas formas de “participación”. De nuevo, la clave está en la forma y el proceso de la “transición”.

Téngase en cuenta un detalle sobresaliente. En ninguna parte del texto se habla de “capitalismo”. No es un hecho fortuito. Lo ha dejado en claro en repetidas ocasiones el candidato y la mayoría de sus cuadros de campaña: no han tenido, ni tienen ni tendrán jamás una vocación anticapitalista. Ni siquiera está entre sus motivos de reflexión. La razón es muy simple; según sus convicciones esta es una problemática obsoleta que ya ha sido reemplazada en la cultura contemporánea. Las condiciones históricas que la humanidad está encaminada a superar son fundamentalmente dos: el “antropoceno” como gran época que ha dado lugar a las relaciones de expoliación de los seres humanos sobre la naturaleza, y el régimen heteropatriarcal, matriz, junto con las de género, de todas las desigualdades y exclusiones basadas en la diversidad.

Así pues, aun estando en una perspectiva de cambio histórico verdaderamente secular, la aspiración se reduce, como se ha dicho, a un cambio de modelo o de patrón de acumulación de capital. Se mantiene, como horizonte, la imagen de un capitalismo de libre competencia, democrático, basado en la multiplicidad de pequeñas y medianas empresas. Razón de más para reiterar que no tiene nada que ver con el comunismo o el castrochavismo, como dice la derecha.

La “economía para la vida” se desenvuelve finalmente en lo que se llama las tres “democratizaciones” y los “pactos”, con orientaciones y concreciones en su mayoría discutibles, pero no es necesario detenerse ahí. Con todo, el abandono del modelo “extractivista”, en todos sus componentes, como los que remiten al neoliberalismo y la “financiarización”, es un cambio importante y una aspiración sentida desde hace años por significativos sectores del pueblo colombiano. El problema reside justamente en lo que se denomina “transición”.

Un programa “abierto” tiene aspectos positivos en lo que significa como ampliación de la democracia (“multicolor”), pero es al mismo tiempo un enorme riesgo. No debe olvidarse que cada medida que se vaya tomando levantará resistencias de parte de los poderes sociales y económicos afectados, no siempre pacíficas y limpias. De algo debería servir la experiencia de la Alcaldía de Bogotá. El rumbo definitivo puede ser muy diferente a lo previsto como resultado de las derrotas aplastantes o de las concesiones. De ahí la importancia de la intervención de los movimientos sociales. Más allá de los grupos más o menos organizados y de las formas encuadradas de la participación, el destino puede estar en manos de la acción directa y abierta.

La prueba ácida2

No cabe duda que el criterio para determinar, en Colombia, el alcance y la autenticidad de una propuesta de cambio, tiene que ver con el tratamiento y la respuesta que dé a la cuestión agraria. En este programa hay dos tipos de respuestas. Una general, que se desprende de consideraciones agroecológicas y ambientales, y otra concreta, que tiene en cuenta la situación particular del país, después de años de violencia contrainsurgente e imposición, mediante el desplazamiento de las familias campesinas, de una cruda contra-reforma agraria. La primera es, de todas maneras la más importante. Lo dice el título que le asignan al acápite correspondiente: “Campesinado, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, Negros, Raizales, Palenqueros y rrom dignificados y liderando la defensa de la vida, el territorio, la diversidad natural y cultural de la nación”. Se extiende en consideraciones sobre el ordenamiento territorial con eje en el agua y la defensa de los ecosistemas. Señala la importancia de un sistema agroalimentario de circuitos cortos de producción y consumo. Es ahí donde se habla de reforma agraria, pero en relación con la defensa de los territorios, como suponiendo que los pueblos mencionados ya se encuentran allí y la cuestión principal se refiere a la autonomía.

El segundo tipo de respuestas está relacionado con la cuestión de la paz, pero como si ya estuviéramos en el periodo de la “reconstrucción”: “La paz es un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente en particular de las víctimas”. Es cierto que reconoce la necesidad de lo que muchos llaman la “paz completa”, es decir con el Eln, pero le añade una propuesta enteramente problemática a propósito del tratamiento de los grupos criminales. Este enfoque distorsiona completamente la noción de reforma agraria. Se reduce, por una parte, al cumplimiento del acuerdo de La Habana, “se impulsarán estrategias de acompañamiento jurídico para acelerar los procesos de restitución de tierras” (nada dice del fracaso de hoy) y por otra a una estrategia para transformar el patrón de usos del suelo (hoy latifundio “ganadero”) mediante una política tributaria según la cual “el propietario del latifundio improductivo debe activar la producción de sus terrenos, o pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales”.

Así, sin ir al núcleo de la problemática, queda mucha tela por cortar. Cualquier estudioso de la cuestión agraria recordará que ésta fue la solución alternativa a la reforma agraria que se le planteó tanto a López Pumarejo como a Lleras Restrepo, para no importunar a los terratenientes. Al mismo tiempo, Petro firma en una notaría un documento según el cual jamás recurrirá a la expropiación, (tema que dio lugar en los años treinta a la celebrada fórmula de la “función social de la propiedad”), obviamente para dar tranquilidad a los terratenientes de hoy.

Del dicho al hecho

Varias veces aludimos a lo problemático que resulta el enfoque de la “transición”. Aunque puede ser muy útil, en términos de la política práctica, para responder a cada situación según sus exigencias y no según las coherencias programáticas. Pero hay urgencias. En primer lugar sociales. Todas las encuestas, sondeos, consultas, nos dicen que entre los sectores populares hay dos preocupaciones, el empleo y la corrupción. Un aspecto del programa llama la atención y es tal vez lo más sustancioso: “La política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral, un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera”. La implementación no está todavía clara pero, si se difundiera, tendría un atractivo incomparable.

En lo referido a la corrupción, desafortunadamente lo que se propone se reduce a la realización de lo que se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico institucional. Estas urgencias sociales tienen que ver, en los primeros meses, con la credibilidad y la legitimidad del gobierno, cosa que de ninguna manera se puede menospreciar; la oposición, violenta e inescrupulosa, como se dijo antes, estará atenta.

Hay además urgencias macroeconómicas. La crisis económica –estanflación– que además tiene características mundiales, es evidente. La posición que en el programa se plantea es, por decir lo menos, ingenua. Obviamente es posible plantear una reforma tributaria que, gravando a los más ricos, pudiera rendir suficientes recursos para el Estado. En materia monetaria que es el espacio favorito de los tecnócratas neoliberales, hasta ahora la posición se reduce a reiterar que, desde el Banco de la República, la política debería atender no sólo la estabilidad de los precios sino el empleo y por tanto el crecimiento económico y el bienestar.

Habría que esperar. El problema consiste en que las urgencias terminen bloqueando las pretensiones de una política de fondo. No hay que olvidar –y vale la pena reiterarlo– que están en juego intereses de clases o fracciones de clases que no van a permanecer de brazos cruzados.

La propuesta Petro-Francia representa, en síntesis, un cambio, en el sentido más elemental de una nueva realidad política para Colombia. Como en casos similares, vale más por lo que se dice o se piensa de ella que por lo que se encuentra en sus documentos. Las acusaciones de la “derecha” contribuyen a concretar en las masas populares la idea de un cambio que es necesario. Por ese lado es un proceso transformador. En una perspectiva sociológica y cultural, es claro que su presentación recoge el saber acumulado de cuatro décadas de actividad de las ONG`s, bajo la tutoría de las agencias de cooperación internacionales. Dentro de un discurso “políticamente correcto”, como se dice en los medios anglosajones. En ese sentido son absolutamente actuales, contemporáneas.

1 Colombia. Potencia mundial de la vida. Programa de Gobierno Petro - Francia. 2022-2026
2 Esta expresión, que se utiliza aquí de manera figurada, es un indicador que se utiliza en la administración de empresas y se refiere a la capacidad que tiene una empresa para responder a las obligaciones corrientes pero es más exigente y rigurosa que otras medidas del grado de liquidez.

 


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Publicado enEdición Nº291
Gabriel Beltrán, Crisálida, escultura, acero, 97 x 40 x 31 cm. (Cortesía del autor)

¿Cuáles son algunos de los cambios, rupturas y tendencias que se registran en el siglo XXI respecto a la relación entre democracia, cultura política y participación ciudadana en Colombia? Una transformación sociopolítica fundamental de comprender en el contexto de la coyuntura electoral que registra en la actualidad el país.

Diversidad de cambios toman cuerpo en el tejido social colombiano, entre ellos los que reflejan el ambiente y la cultura política. La quiebra de un monopolio informativo unipresente y sesgado por décadas, de los principales referentes culturales que manipulan y adoctrinan a amplios segmentos sociales, así como de la política tal y como se vivió a lo largo de los siglos XIX y XX, ha llevado a que porcentajes no despreciables de la sociedad se interesen por la manera cómo se concreta el poder gubernamental, los sectores sociales que se benefician de ello, a la par que dejan a un lado tradiciones y creencias. Todo ello se deduce de la Encuesta de cultura política (ECP), la cual retomamos acá desde la primera realizada por el Dane en 2007 –a partir de 2011 es bianual– hasta la más reciente aplicada en 2021, cuyos resultados fueron publicados en abril de 2022.


Son cambios notables, producto de los cuales la ciudadanía en su conjunto gana consciencia y se torna crítica de la corrupción desbordante, del mal funcionamiento del sistema político y de la violación de los derechos humanos como estrategia de control social por parte de las clases dominantes. La inconformidad se expresa en la apatía respecto al fenómeno electoral, la desvalorización del voto como mecanismo clave del consenso en un régimen democrático y en la radicalización ideológica.


En resumen, democracia sí, pero no así. La alternativa política conduce a nuevos métodos y estrategias de lucha, formas de organización inéditas y a modelos no estructurados de participación democrática que trascienden los canales institucionales formales.


Democracia, cultura y factores que determinan la participación política


La ECP tiene como propósito generar información estadística estratégica con base en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social. La población objetivo son las personas de 18 años y más con ciudadanía colombiana y residencia habitual en el país.


La democracia es el sistema político que defiende el poder soberano del pueblo y su derecho a participar, decidir, elegir y controlar a sus gobernantes. De acuerdo con esta doctrina, si se implica a los ciudadanos en la vida pública y en los asuntos de la comunidad y del Estado, esta participación favorece la convivencia y la estabilidad del sistema político.


En cuanto a participación, cuatro factores la determinan: i) internos al individuo (psicológicos y cognitivos); ii) aquellos que determinan el status o fuerzas condicionantes del individuo (clase social, estrato socio-económico, sexo, edad, nivel educativo, religión, lugar de residencia y profesión u oficio); iii) los referidos al ambiente político (oportunidades u obstáculos que éste ofrece); iv) los concernientes con la cultura política del país (los modelos axiológicos y las creencias políticas en lo tocante al sistema, a los procesos y a los objetivos políticos).


El concepto de cultura se define como la forma de organización social y de tradiciones, usos y costumbres de una sociedad, considerado como un sistema estructurado orgánicamente. La política está relacionada con las actividades que rigen los asuntos públicos y con la participación y decisión ciudadana a través de su opinión, su voto o de cualquier otro modo, formal e informal.


Preferencia por la democracia, 
valoración del sistema y participación


Con base en los resultados de las ECP de los años 2007 a 2021, el porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que dispensan de vivir en un país democrático y su preferencia respecto a cualquier otra forma de gobierno, se observan las siguientes tendencias: i) tres de cada cuatro personas valoran el sistema democrático como muy importante; no obstante, entre 2019-2021 cae la apreciación positiva de 80,6 a 76,6 por ciento; ii) el nivel de indiferencia frente al régimen político aumenta de 7,9 por ciento expresado en 2008 a 14,5 en 2021; iii) quienes consideran que la democracia no es importante disminuyen de 12,1 por ciento en 2007 a 4,1 en 2019 y en 2021 aumentan a 6,1 (gráfico 1).

 

 


En 2021, el porcentaje de personas de 18 años y más, según lo que consideran debe existir para que un país sea democrático, coincide en dar prioridad (más del 70% de los encuestados) al derecho a elegir y ser elegido (81%), autoridades elegidas por voto popular (75,3%), representación igualitaria entre hombres y mujeres (75,2%), elecciones periódicas (73,8%) y mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (73,1%). En menor medida, los ciudadanos sopesan la importancia del sistema judicial (69,7%), el equilibrio de poderes (69,4%), la existencia de partidos políticos o movimientos sociales (59,5%), el Congreso (58,1%) y la centralización del poder (44,2%).


La prioridad o valorización de este conjunto de factores registra una caída en el año 2021 respecto a la ECP de 2019 entre un mínimo de 7,1 puntos porcentuales (el derecho a elegir y ser elegido) y un máximo de 13,1 referente a la importancia del Congreso para la democracia (gráfico 2).


El porcentaje de personas de 18 años y más que están de acuerdo con algunas afirmaciones relacionadas con el respeto por los derechos y las garantías ciudadanas en el país expresan mayoritariamente su insatisfacción respecto a la naturaleza, funcionamiento y actuación del sistema político. Más de la mitad de la población de 18 y más años considera que en Colombia no se respetan los derechos ni las garantías ciudadanas (gráfico 3).

 

 


En los asuntos de participación política, control social a la gestión del Estado, garantías para manifestarse públicamente, la igualdad ante la ley, la libertad de opinión sobre lo que hace el gobierno y el acceso a la información pública es dónde la población estima que el estado viola los derechos ciudadanos: entre el 70 y el 80 por ciento de las personas encuestadas coinciden en señalar este grado de falencia en la manera de operar el sistema político. En los temas de libertad de expresión, libertad de organización política, garantía del derecho a la participación y el respeto al derecho de elegir y ser elegido hay más consenso sobre la existencia de garantías, pero no mayor al 45 por ciento de los consultados. Por edades, en la población comprendida entre 18 y 40 años es más alto el porcentaje de quienes afirman que en el país no hay respeto por los derechos y las garantías ciudadanas.


Asimismo, en las publicaciones históricas realizadas por el Dane de la ECP, 2007-2021, se observa una tendencia creciente de las personas a considerar que el nuestro no es un país democrático: 11,4 por ciento en 2007 y 19,1 en 2021 (gráfico 4). La mayoría de los consultados afirma que el país es medianamente democrático, aunque también en aumento: 52,9 por ciento en 2007 y 55,6 en 2021. Quienes consideran que Colombia es una sociedad democrática pierden relevancia en 10,4 puntos porcentuales entre 2007 (35,7%) y 2021 (25,3%).


En consecuencia, es evidente la significativa y creciente insatisfacción con la forma en que la democracia funciona en el país. Quienes expresan una alta insatisfacción aumentan de 34,1 por ciento en 2007 a 53,2 en 2021. En contraste, los satisfechos con el sistema político son una minoría en descenso: 17,7 por ciento en 2007 y 13,4 en 2021 (gráfico 5).

 


En la ECP de 2007, cuatro de cada cinco personas no confiaban en el sistema democrático electoral del país, total o parcialmente. En los quince años estudiados, aumentó el número de ciudadanos críticos de los procesos electivos tanto a nivel municipal como regional y nacional (gráfico 6). En el nivel municipal, en 2007 la mitad de la ciudadanía consideraba que el proceso de conteo de votos era fraudulento o no transparente; en 2015 el porcentaje escaló a 73,5 por ciento, después cae a 67 en 2019 y en 2021 aumenta a 70,7. Al considerar el país como un todo, el escepticismo sobre la verdad, confiabilidad y transparencia del sistema electoral es más alto: en 2007 el 75,6 de los ciudadanos consideraba que el proceso de conteo de votos no era transparente; en 2015 la visión negativa alcanzó el 87,1 y después baja a 78 por ciento en 2019 para volver a aumentar a 79,1 en 2021.

 


El escepticismo, anomía o crítica que genera el mal funcionamiento del sistema electoral y el señalamiento sobre las prácticas fraudulentas que caracterizan a la democracia colombiana conduce a la abstención a un significativo número de potenciales votantes. El promedio de abstención durante el período 1914-2022 es de 52 por ciento (gráfico 7). A esta cifra se suma el 8 por ciento del potencial electoral que por lo general vota en blanco, no marca los tarjetones o los tramita mal. En consecuencia, la decisión efectiva sobre los candidatos finalmente elegidos se reduce a tan sólo el 40 por ciento de ciudadanos y ciudadanas, en relación con el potencial electoral total.


A las personas que manifestaron no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2019, la ECP del Dane de 2021 les preguntó sobre las razones por las cuales no sufragaron. Para el total nacional, el 37,2 por ciento de la población de 18 años y más afirmó que no votó en las elecciones locales por desinterés (gráfico 8). Otras de las razones de mayor prevalencia para ello fue “los políticos son corruptos” (32,9%), “falta de credibilidad en el proceso electoral” (27,2%), “le faltó inscribir la cédula” (26,7%), “los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos” (25,9%). Las razones expuestas presentan los porcentajes más altos en la región central (41,7%), seguido de la pacífica (41,5%) y Bogotá (40,6%).


En la ECP de 2021, entre el 50 y el 64,5 por ciento de la población de 18 años y más considera muy importante la elección de Presidente de la república (64,5%), las elecciones a la alcaldía y el Distrito (63,2%), gobernación (52,4%), concejo municipal (54,1%), juntas de acción comunal (53,6%) y Senado de la República (50,4%). No obstante, comparando con los resultados de la ECP de 2019, se registra una pérdida en la importancia que otorgan los ciudadanos a las diferentes elecciones, principalmente en lo referido a la Presidencia: -7,7 por ciento, Alcaldía municipal/Distrital: -6,4, Senado: -6,4 y Cámara de Representantes: -6 (gráfico 9).

 

 


En las democracias representativas se observa la transición de Estados liberales a un Estado de los partidos o movimientos políticos, como mediadores de la participación popular en el poder y como demiurgos de la voluntad del pueblo. Tendencia que ha dado lugar a la siguiente contradicción: por un lado, una ideología difusa sobre la participación popular en la vida del sistema político; por otro, unos procedimientos cada vez más oligárquicos en los vértices de las instituciones políticas y de poder (En Colombia una oligarquía lumpen ha venido controlando cada vez más las instancias estatales, en lo corrido del siglo XXI).


Las razones por las que las personas de 18 años y más, por sexo, se identifican con algún partido o movimiento político, son (gráfico 10): “comparte la ideología del partido o movimiento político” (hombres 76,9% y mujeres 74,4%), “confianza en sus dirigentes” (hombres 50,7% y mujeres 51,3%), “prestigio del partido o movimiento político” (hombres 42,6% y mujeres 42,8%), “la imagen que proyecta” (hombres 42,2% y mujeres 43,2%), “tradición familiar” (hombres 41,0% y mujeres 42,4%), “honestidad del partido o movimiento político” (hombres 37,7% y mujeres 36,2%) y “recibe algún beneficio a cambio” (hombres 6,2% y mujeres 7,4%).


En contraste, el porcentaje de personas de 18 años y más, que no se identifican con algún partido o movimiento político, por sexo, según razones, son (gráfico 11): “falta de credibilidad” (hombres 70,3% y mujeres 69,6%), “desinterés” (hombres 59,6% y mujeres 61,1%), “escándalos de corrupción” (hombres 56,3% y mujeres 56,3%), “promesas incumplidas” (hombres 55,3% y mujeres 56,0%), “persiguen intereses diferentes al bienestar de la comunidad” (hombres 49,9% y mujeres 49,6%), “la política se puede hacer por otras vías o mecanismos” (hombres 37,7% y mujeres 36,9%).

Corrupción y derechos humanos


La corrupción impone amenazas a la democracia, al crecimiento económico, la justicia y al estado de derecho. La percepción de corrupción resulta más significativa al momento de evaluar la satisfacción con la democracia y la confianza institucional; sin embargo no afecta la importancia que la ciudadanía en general dispensa de vivir en un país democrático y su preferencia respecto a cualquier otra forma de gobierno. La corrupción sistémica que caracteriza al régimen político colombiano destruye el vínculo de confianza entre ciudadanos y Estado, el fundamento psicológico y cultural en que se basa la legitimidad de la democracia.

En Colombia, para el total nacional en 2021, un 73,2 por ciento de las personas de 18 años y más percibió que el nivel de corrupción ha aumentado, para el 2019 este porcentaje se encontraba en un 64,9, con un incremento de 8,3 p.p. En 2021, un 22,8 por ciento de la población afirma que el nivel de corrupción ha permanecido igual y para el 1,4 que ha disminuido; para el 2019 estos porcentajes se encontraban en 28,4 y 3,7, respectivamente. En 2021, la percepción de corrupción por parte de la ciudadana es más alta en lo que corresponde al Congreso de la República (75,6%) y el gobierno nacional (71,0%); sin embargo, también califican como muy corruptos, en un rango de 53,6 a 66,2 por ciento, los siguientes grupos o actores: gobiernos departamental y municipal, rama judicial, órganos de control, gremios, empresas u organizaciones privadas (gráfico 12).


Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales en la valoración de los colombianos sobre el sistema democrático. Al unísono consideran que la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. En efecto, estos derechos aseguran la aplicación de las decisiones tomadas democráticamente y hacen, por lo tanto, que el régimen democrático tenga efectividad. Paradójicamente, durante el período 2007-2021, siete de cada diez ciudadanos considera que en Colombia se violan de manera consuetudinaria y sistemática los derechos humanos. Entre los años 2007 y 2015, el juicio crítico sobre la no garantía de los mismos descendió de 70,9 por ciento a 47,0; a partir de 2017 el dictamen negativo aumenta año a año volviendo a escalar a 69,5 por ciento en 2021 (gráfico 13).


En consecuencia, para el total nacional, menos de la mitad de las personas de 18 años y más piensa que en Colombia se protegen y garantizan los derechos humanos (gráfico 14). Por categorías, en 2021 los derechos a la recreación y la cultura son los que se juzga que cuentan con mayor garantía (43,2%), si bien registran un retroceso de 5,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la valoración de 2019 (48,9%). La más baja consideración en la protección y garantía hace referencia a los derechos de las mujeres (26% en 2021 con una caída de 4,5 p.p. respecto a la medición de 2019), los derechos de las minorías étnicas y sociales (23,8% y disminución de 4 p.p.) y los derechos del campesinado (21,6% con una caída de 4 p.p.).


En el intermedio de esta valoración se ubican el otro conjunto de derechos, con porcentajes en 2021 entre 29 por ciento y 31,6 además de registrar caídas respecto a la ECP de 2019 entre 3,2 y 5,1 p.p., estos son: “la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo y la vivienda”, “la vida, la libertad, la integridad y la seguridad”, “la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de información”. La desprotección y falta de garantías en el disfrute de los derechos es más crítica en las cabeceras municipales en comparación con la percepción que se tiene en los centros poblados y rural disperso.

Información, identidades y fuerzas políticas


Con relación a la posición ideológica de la población de 18 años y más, la ECP aplica la siguiente pregunta: “Las personas cuando piensan en política utilizan los términos izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? (gráfico 15). En 2021, el 44,9 por ciento de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 42,2 de la población de centros poblados y rural disperso, se ubicaron en la posición ideológica de centro. En la posición ideológica de derecha se ubicó el 18,0 por ciento de las personas de las cabeceras municipales y el 17,3 de la población de centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de izquierda fue elegida por el 14,7% y 11,2% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.


Durante el período 2008-2021 se registran cuatro momentos disruptivos en la posición ideológica de la ciudadanía colombiana: i) hasta 2013, cuatro de cada cinco personas no se identificaba con ninguna ideología o no tenía preferencias políticas; entre 2015-2021 esta posición cae a sólo una de cada cinco personas, esto es, la ciudadanía expresa una mayor educación, interés e identidad política; ii) las preferencia centristas representaban entre 5,5 y 8,2 por ciento hasta 2013, en los años siguientes concentran entre 38 y 45 por ciento de quienes sostienen a los partidos políticos de centro; no obstante, quienes profesan esta ideología política son, paradójicamente, los más pasivos y ajenos al proceso político; iii) durante los años 2008-2019 la preferencia por la ideología de derecha fue creciente hasta alcanzar el máximo de una de cada cuatro personas de 18 años y más; en 2021 registra un quiebre en la tendencia al registrarse la caída en las posiciones ideológicas de derecha en 7,6 p.p., esto es, concentran solo el 18 por ciento de las preferencias; iv) en 2008, la izquierda concentraba el 8,2 por ciento de las preferencias políticas, después el favoritismo cae a 4,2 en 2013; de 2015 a 2021 las posiciones ideológicas de izquierda vienen ganando partidarios hasta concentrar el 14,8 por ciento de las preferencias políticas. En la elección presidencial de 2018, segunda vuelta, después de alianzas y coaliciones, el candidato de izquierda obtuvo el 44 por ciento de los votos válidos, en blanco votó el 4 y el candidato de la derecha obtuvo el triunfo con el 52 (gráfico 7).

 

 


La conveniencia por enterarse de los temas políticos ha escalado en los valores, intereses y necesidades de la ciudadanía colombiana. Sin duda, el proceso de urbanización y los mayores niveles educativos alcanzados por el país durante las últimas tres décadas (la Constitución Política de 1991 marca un punto de divergencia positivo) explican este proceso de maduración política y las diferencias en la cualificación de la participación; las personas con un nivel educativo y cultural más elevado: i) son más conscientes de la influencia que las decisiones públicas tienen en sus intereses, ii) están más informadas políticamente, iii) tienen opiniones sobre más problemas políticos, iv) discuten más de política y con una serie más diversificada e informada de personas, v) se consideran capaces de influir en las decisiones de quien ocupa el poder, vi) tienen más desarrollado el sentido de los derechos y deberes constitucionales.


En el año 2019, de acuerdo con los resultados de la ECP del Dane, cerca de dos terceras partes de la población se informaban regularmente sobre la actualidad política del país; en 2021 el porcentaje desciende a 59,2. El interés por la política es más alto en los hombres respecto a las mujeres y el descenso registrado en la población que se informa entre 2019-2021 fue más pronunciado en las mujeres (gráfico 16).


Según el medio por el cual se informan de la actualidad política del país, entre las diferentes fuentes, la televisión, la radio y la conversación con otras personas desempeñan un papel preponderante; sin embargo el rol de las redes sociales (Facebook, twitter e Instagram) ocupa el segundo lugar y escala en preferencias de la ciudadanía. Entre 2019-2021, la influencia de la televisión cae de 92,5 por ciento a 89,6 y la radio de 60,2 a 53,5; en paralelo, las redes sociales aumentan el predominio informativo de 50,1 por ciento a 55,0 (gráfico 17).


Violencia, democracia y cultura política


Desde el siglo XX la guerra y la paz se mezclan, se confunden, afirma el filósofo francés Henri Lefebvre (“La violencia y el fin de la historia”, Ediciones Siglo XXI, 1973). En la historia colombiana, la violencia y la democracia se explican entre sí debido al sempiterno conflicto armado, la rígida y jerárquica estructura de desigualdad socio-económica, la exclusión de las mayorías populares, el uso de métodos de acumulación por desposesión, las prácticas de terrorismo de Estado y la represión de las manifestaciones ciudadanas como mecanismos de dominación y control social. La violencia transforma la cultura política y afecta los procesos democráticos. Ante la ausencia de respuestas sociales y políticas efectivas y democráticas a los elevados niveles de inseguridad, conflicto y violencia, muchos ciudadanos abandonan la participación social y política, aumenta la desconfianza en las instituciones y en los mecanismos legales, crecen las preferencias antidemocráticas y las opciones por caudillos autoritarios.


El destacado psicólogo canadiense Steven Pinker afirma que la cantidad de violencia en una sociedad se halla más estrechamente relacionada con la desigualdad social que con su pobreza (“Como funciona la mente”, Ediciones Destino, 2008). Colombia registra un problema estructural de concentración del ingreso y la riqueza; la medida de la desigualdad a través del coeficiente de concentración Gini es uno de los más altos a nivel mundial: 0,523 en 2021 (de acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales). Además, las diferencias económicas y sociales aumentan la inestabilidad política y erosionan la confianza en los gobiernos, cada vez más influenciados por las clases adineradas.


El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad. En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”. La victoria, por un escaso margen, fue el No.


En la ECP de 2021 el Dane indagó a las personas de 18 años y más, según su satisfacción con el contenido del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc en 2016; el 43,2 por ciento de las personas expresaron que no se encuentran satisfechas, el 25,3 no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas, el 19,0 afirmaron estar muy satisfechas y el 12,5 no saben o no responden.


Cinco años después de firmado el acuerdo de Paz entre el gobierno y la insurgencia de las Farc, la ECP realizó la pregunta sobre el grado de satisfacción con la forma en que se está llevando a cabo la implementación del Acuerdo de Paz. El 57,6 por ciento de las personas de 18 años y más manifestaron que para “Nada” se encuentran satisfechas; el 21,3 por ciento de los encuestados dicen no estar ni satisfechos ni insatisfechos con el proceso seguido; tan solo el 8,3 está muy satisfecho con la forma en que se está llevando a cabo la implementación del Acuerdo de Paz; y, el 12,8 no saben o no responden. El nivel más alto de insatisfacción corresponde a la ciudadanía de Bogotá con 68,4 por ciento; y el nivel más alto de satisfacción corresponde a la región Caribe con 13, 5 por ciento (gráfico 18).


A la luz de los resultados arrojados en las elecciones al Congreso celebradas en marzo de 2022, parece que las tendencias de cambio de centro a izquierda, con un estancamiento o decaimiento de la derecha, se mantienen. Queda abierto el interrogante si ese resultado es una constante o no. El 29 de mayo la sociedad lo certificará.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

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Publicado enColombia
Miércoles, 18 Mayo 2022 06:00

Singularidad de un país 
con violencia

“El testigo”. Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado (1991-2018), fotografía (Cortesía desdeabajo)

En la actual campaña electoral colombiana, la expectativa de un cambio histórico es muy grande. Una frustración sería una verdadera catástrofe. Pero, más allá de los cálculos numéricos, lo apropiado sería reflexionar sobre las reales condiciones para su concreción. Una meditación sobre los antecedentes históricos, como la que sigue, bien puede contribuir a tal valoración.

 

Con el asesinato en 1948 del líder Jorge Eliécer Gaitán, Colombia perdió una posibilidad de tener, al igual que buena parte de los países de América Latina, un gobierno Nacional-Popular. La referencia es naturalmente al conocido fenómeno político que se desarrolló entre 1930 y 1960 aproximadamente, y cuyos principales ejemplos son Argentina con Juan Domingo Perón (1946-1955), Brasil con Getúlio Vargas (1937-45; 51-54) y México con Lázaro Cárdenas (1934-40) (1).


Es cierto que, años después, Rojas Pinilla, en el último tramo de su gobierno de facto, trató de encontrar una fuente de inspiración en Perón, pero fue un pálido remedo, como también lo fue la creación de su partido, la Anapo, eco lejano del “justicialismo”, y la tentativa de hacer de su hija María Eugenia una copia de Eva. Aun así, la oligarquía colombiana, mediante un fraude, en 1970 bloqueó su regreso al gobierno por la vía electoral. Luego, como si fuera un juego de sombras, el Movimiento 19 de abril, M-19, en sus inicios también fue un remedo del grupo “Montoneros” (2). Pero comenzaba ya otra época en Suramérica, las dictaduras militares, no sólo ahogaban en sangre cualquier asomo de resistencia popular sino que marcaban el fin de un modelo económico y social y el inicio de la era neoliberal.


La excepción colombiana es un hecho que puede calificarse de ventaja o de desventaja. Para quienes defienden lo primero significa que el país se ahorró un periodo de autoritarismo, recordando que, por ejemplo Perón tuvo que ser derrocado, lo cual refuerza la idea de nuestra imperecedera estabilidad democrática, la “más antigua de Latinoamérica”. Para los otros, lo que muestra es la precariedad de nuestra experiencia en un modelo de capitalismo industrialista relativamente independiente y con intervención social del Estado. Y lo más importante: se perdió, independientemente de la valoración de las experiencias, una posibilidad de ingreso de los sectores populares, como sujeto, a la esfera de la política. En cambio, arrastramos todavía una historia de implacable violencia que no necesitamos ahora volver a describir.


¿Puede encontrarse una regla?


Hablar de América Latina (y el Caribe) como una unidad con identidad propia no deja de ser, en cierta forma, un mero recurso retórico. Son evidentes las disparidades políticas y económicas entre los países, en la composición étnica y en la cultura. Es más, puede, y debe, ponerse en duda la homogeneidad de las naciones pese a la solidez de los Estados. La discusión es antigua: desde los albores de la independencia de los viejos colonialismos europeos. Desde luego, vista desde afuera, la identidad adquiere un poco más de sentido; especialmente frente al enfoque geopolítico de los Estados Unidos que siempre han impuesto la noción alternativa de “panamericanismo” (3). Y existe, sin lugar a dudas, una historia compartida, en el lugar semiperiférico que le ha correspondido a este subcontinente dentro del proceso de acumulación mundial capitalista. Hay algunos rasgos comunes. Uno de ellos tiene que ver con estas formas de Estado que hemos llamado Nacional-Populares, o con los procesos fallidos conducentes a ellos.


Como se dijo, la referencia es a los tres países mencionados que, por cierto, son los más grandes desde el punto de vista económico. Pero deben mencionarse también casos importantes como el de Bolivia con Paz Estenssoro (1952-56) y Guatemala con Jacobo Árbenz (1954), o el posterior de Perú con Velasco Alvarado (1968-1975). Aunque con reservas, suele mencionarse también a Ecuador con el sui generis Velasco Ibarra, especialmente en su segundo mandato (1944-47). Incluso en Cuba es claro que la caracterización le cabe tanto al movimiento encabezado por Fidel Castro como al gobierno revolucionario en su primera etapa. En otros países se registran movimientos análogos durante el periodo señalado, los cuales fracasaron en su intento y no dieron lugar a transformaciones del Estado.


Poner el acento en el populismo como movimiento lleva sin embargo a no pocos errores, el menor de los cuales es el anacronismo. Es lo que vemos en las miradas más recientes. El tema ha vuelto a tomar fuerza por lo menos en dos momentos: los años noventa, cuando, con la llamada “transición a la democracia”, los neoliberales (como los citados anteriormente) se propusieron llamar la atención sobre la amenaza del “neopopulismo”, y en los comienzos del siglo XXI a propósito de los gobiernos “progresistas” latinoamericanos, también como amenaza pero a veces como ilusión. Al respecto vale la pena citar el ensayo de Flavia Freidenberg (4). Estos enfoques conducen a confusiones y malentendidos. Por ejemplo, incluye todos los movimientos de carácter popular que adquirieron resonancia en el ámbito social o político. Como el Apra en Perú o el auge del movimiento obrero de los años veinte, particularmente en el Cono Sur, o la revolución mexicana, para no mencionar los numerosos que se encuentran en Europa o Estados Unidos. Y lo que es peor, al concentrarse en la particular relación caudillo-masas, incluyen el fascismo y el nazismo, lo cual gusta enormemente al “centrismo” que así puede hablar de populismos de izquierda y de derecha, ambos “igualmente malos”.


Es por estas razones que resulta preferible volver sobre la hipótesis sugerida. Se trata de una forma de Estado, correspondiente a un período histórico en Latinoamérica, que marca el fin del “Estado oligárquico” y el modelo primario-exportador y, por tanto el ingreso definitivo a la modernidad bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. De ahí el énfasis en lo nacional.


Es claro que este modelo arranca merced al colapso producido en la economía mundial por la recesión que siguió a la crisis de 1929 y luego por la Segunda Guerra Mundial, pero necesitaba, para arraigarse, de políticas proactivas y por tanto de un patrón de intervencionismo estatal que, a su vez, suponía incrementar el margen de maniobra respecto de las élites. De ahí el peso y protagonismo de las fuerzas militares. Es por esta transitoria autonomía de la política y del Estado que algunos caracterizan el populismo como una suerte de “bonapartismo” hecho posible por el vacío de poder que dejaba el derrumbe del Estado oligárquico. Mejor sería postular una reestructuración de los bloques de poder que llevaría posteriormente a la conquista de la hegemonía por parte de las burguesías industriales en ese momento en proceso de formación (5).


Lo así argumentado obliga a realizar alguna consideración sobre las clases sociales. Parece desprenderse de allí que el populismo implica no sólo el fortalecimiento del movimiento obrero, o más exactamente de los nuevos sectores populares urbanos, sino el establecimiento de algún tipo de alianza, por lo menos implícita, con la burguesía industrial en ascenso. Una alternativa frente a esta problemática es la representada por el que tal vez es el más conocido teórico sobre el tema, especialmente dado el impacto académico y político que ha tenido en España (“Podemos”), es decir, E. Laclau (6).


En coherencia con su enfoque, según el cual los grupos y movimientos sociales son puramente contingentes, invierte el orden de la determinación y considera que es el populismo como fenómeno el que construye las identidades políticas. De este modo, en el límite, llega a la conclusión que el populismo es la definición misma del espacio de la política. De cualquier manera, aparte de las discusiones sobre la configuración de las subjetividades sociales, es claro que la figura de la burguesía industrial como potencialidad, su naturaleza y capacidad, es fundamental para explicarse tanto el surgimiento y la solidez como la finalización de los Estados Nacional-Populares. Probablemente es su precariedad la que explica la ausencia del modelo en países como Colombia.


¿Y la excepción que la confirma?


No se debe subestimar, pero tampoco exagerar, la importancia de la aludida forma de Estado. El cambio de modelo a partir del intervencionismo se dio de todas maneras, en todas partes, con mayor o menor eficacia, en un proceso de transición más o menos largo, todo lo cual se expresa claramente en el grado de industrialización conseguido. Los elementos del “programa” se presentan de diferentes maneras de acuerdo con los antecedentes. La presencia del Estado arranca con el fortalecimiento de la educación y la salud públicas y la nacionalización de los servicios públicos domiciliarios, pero sobre todo con la fuerte inversión estatal en infraestructura y transporte, y con la nacionalización de los recursos naturales. En Colombia, suele identificarse la colocación de las primeras bases de este modelo en la segunda mitad de los años treinta, durante el gobierno de López Pumarejo, pero muchas de ellas son posteriores, durante la hegemonía conservadora o después.


La dimensión social es la que presenta la mayor diferenciación y depende también de los antecedentes, particularmente en el desarrollo del derecho laboral, incluida la seguridad social. En Colombia es una historia lenta de avances y retrocesos –dentro del mismo periodo liberal–, pero fue bajo un gobierno conservador cuando se expidieron los códigos procesal y sustantivo del trabajo y se creó el Instituto de Seguros Sociales. Desde luego, la cara social más visible de los populismos son los programas de asistencia social, incluidos los de vivienda. En Colombia, nunca han faltado, pero es lo que más se recuerda de la dictadura de Rojas Pinilla, confirmando su intento de parecerse a Perón.


No obstante hay un aspecto que dejan de lado la mayoría de los estudiosos del populismo, precisamente por concentrarse en el fenómeno novedoso de las masas urbanas, resultado de la migración desde el campo: la reforma agraria. Los casos son obviamente diversos. En unos ni siquiera se consideró, como en Argentina, y en otros no era prioritaria, como en México, donde se venía justamente de una revolución, pero hubo algunos, como en Bolivia, más adelante en Perú y naturalmente en Cuba, donde fue fundamental. Por lo demás, fue el vacío más protuberante de la experiencia brasilera. Tiene que ver seguramente con las modalidades de inserción en el mercado mundial, según la importancia de la exportación de materias primas agropecuarias.


Es un aspecto clave para la interpretación de la excepcionalidad colombiana. Junto a la economía cafetera, parcelaria en buena parte, que ha dado lugar a una amplia capa de campesinado de mentalidad conservadora, así como a una fracción importante de la burguesía agraria, encontramos una enorme porción del territorio en forma de latifundio que no ha dejado de ampliarse, dando lugar a una oligarquía inescrupulosa y violenta, una y otra vez renovada. Fue este factor el que impidió, en su momento, una recomposición del bloque de poder en un sentido progresista mediado por una forma de Estado Nacional-Popular; la cuestión agraria no podía ser accesoria sino el supuesto ineludible de cualquier proyecto desarrollista.


El cuarto de hora 
de los gobiernos progresistas


Como se señaló, los gobiernos que en Suramérica se sucedieron después del triunfo de Chávez en Venezuela fueron calificados de “izquierda” y motivaron las advertencias de los economistas y politólogos neoliberales. Pero lo que era terror en éstos, era nostalgia en los líderes de esa izquierda. No siempre de manera consciente. El único caso, por demás patético, ha sido el de Argentina. En el lado opuesto, el que más terminó pareciéndose a Perón fue, sin darse cuenta ni reconocerlo, Chávez, claro está en cuanto movimiento y forma de gobierno ya que en materia económica nunca pudo superar el simple modelo primario exportador.


He ahí la clave para la interpretación de los gobiernos progresistas, que nunca fueron una nueva forma de Estado pese a los intentos bolivianos. En términos económicos parecieron retornar precisamente al modelo superado por los Estados Nacional-Populares. La única diferencia se encuentra, como es lógico, en la propuesta de Brasil que lo enmarca en un proyecto expansionista de potencia emergente. Sin embargo, en la medida en que retomaron el intervencionismo del Estado, sí constituyeron un cambio, pero respecto al modelo neoliberal inmediatamente precedente (7).


La nostalgia no implicó, pues, repetición, pero sí constituyó un relato y una idea fuerza de gran poder. En efecto, en tiempos de globalización, en contra de la cual se venía levantando una globalización alternativa de las luchas populares, había crecido el intercambio de ideas y paradigmas en las filas críticas, académicas y políticas. Como lo mostró, en sus diferentes ediciones el Foro Social Mundial, poco a poco fueron conquistando el predominio, en contra del pensamiento único de culto al mercado, las ideas de la socialdemocracia europea cuyos derrotados militantes visitaban repetidamente Latinoamérica. La lectura que hacían de los nuevos gobiernos, teñida del culto al “buen salvaje”, no era más que la pura evocación del “Estado de Bienestar” perdido. La crisis estalló cuando se puso de presente la incompatibilidad entre las ideas indigenistas y ecologistas, y la defensa de un modelo “extractivista” del que aparentemente dependía la política social.


La experiencia, de todas maneras, ha sido aleccionadora. Lo necesario no es la repetición sino la construcción de algo nuevo. Algo de ello se vivió en el pasado. La propuesta Nacional-Popular era declaradamente pro-capitalista, su catastrófico final no fue más que la revelación de los límites del capitalismo. Es por eso que las ideas de revolución y de socialismo, en aquel entonces, se presentaron en principio, siguiendo el ejemplo de Cuba, como una decepción frente a las promesas desarrollistas encarnadas no solamente en esa propuesta sino en las elaboraciones de la Cepal, incluyendo sus versiones de izquierda. Hoy en día no sólo se ha manifestado la crisis operativa del capitalismo sino su caducidad como orden civilizatorio, poniendo en duda hasta la idea de desarrollo y de progreso. Nuevas tareas se ponen al orden del día. Está en juego incluso la supervivencia de la humanidad.


Pero otra vez resurge la vieja discusión. Nadie confía ya en un “derrumbe”, los tiempos de la lucha social no son los de un abrir y cerrar de ojos, y si bien no se trata tampoco de un avance lineal sino de una acumulación discontinua y plural, es preciso contemplar momentos de transición.


A propósito de los Estados Nacional Populares, y jugando un poco a los anacronismos, pudiera decirse que en América Latina ya no habrá una segunda oportunidad sobre la Tierra. Pero el caso de Colombia es distinto: ¡se trata de su primera oportunidad!

 

1. Puede entenderse, o bien como movimiento o partido, o bien como tipo de gobierno o forma de Estado. Aquí se utiliza en la segunda acepción. La denominación Nacional-Popular fue introducida por G. Germani, a principios de los años sesenta, a cambio de la más conocida, “Populismo”, dado que ésta tenía, desde una mirada elitista y conservadora, una connotación peyorativa. Germani, G. Política y sociedad en una época de transición, de la sociedad tradicional a la sociedad de masas. Paidós, Buenos Aires, 1962. Hoy, en tiempos de neoliberalismo, a todo lo que signifique políticas sociales e intervención del Estado se le llama populismo y se asocia con demagogia, ya no principalmente en “defensa de la democracia” sino en nombre de la “ciencia económica”. Dos de sus más connotados teóricos dieron la pauta: “el “populismo económico” es un enfoque de la economía que destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso y menosprecia los riesgos de la inflación y del financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado” . Ver Dornbusch, R. y Edwards, S. Macroeconomía del Populismo en la América Latina. Fondo de Cultura Económica. México, 1992, pág. 11
2. Seguramente por obvio, suele olvidarse que el M-19 nació, a instancias de la siguiente elección presidencial en 1974 (en la que participaba María Eugenia), como una reacción escéptica del anapismo frente al camino electoral. Es cierto que la insurgencia armada rural llevaba ya una década en el país y con varias organizaciones, pero la novedad no se limitaba a su carácter urbano sino a un cambio de enfoque en la línea de masas. Pese a que, además de los propiamente anapistas, muchos de sus fundadores provenían de la izquierda, incluso armada, se afirmaba que, en Colombia, la verdadera corriente popular antioligárquica se encontraba en el anapismo y era sobre éste como podía avanzar una perspectiva revolucionaria. “Con el pueblo, con las armas, con María Eugenia, ¡Al poder!” fue su primera consigna.
3. Ver Moncayo S., Héctor-León, Ni lo uno ni lo otro-integración y desarrollo. Plataforma de Derechos humanos, democracia y desarrollo, Bogotá, 2006
4. Freidenberg, F. La tentación populista: una vía al poder en América Latina. Madrid, Editorial Síntesis, 2006.
5. Desde otro punto de vista, el Estado Nacional-Popular podría considerarse como el equivalente del “Estado Bienestar” o “providencia” que la escuela “regulacionista” atribuye a la etapa “fordista” del régimen de acumulación capitalista en el centro; algunos se refieren, siguiendo esa lógica, al “fordismo periférico”. En todo caso, por sus limitados alcances, se trataría de una forma apenas similar, “periférica”.
6. Laclau, E., La razón populista, FCE, México, 2006
7. Ver Stolowicz, B., “El misterio del posneoliberalismo”, Tomo II, Estrategia para América Latina. Vol 2. Ilsa, Bogotá, 2016

*Economista Integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

 

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Publicado enColombia
Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

La prolongada jornada electoral por la presidencia del país prosigue en Colombia, ahora en su recta final. Los anuncios de todas las campañas inundan redes sociales, al igual que las emisiones y/o ediciones de los medios de comunicación tradicionales –radio, televisión, prensa escrita–, y copan el ambiente nacional con sus mensajes. No es para menos. Son ocho candidaturas, a pesar de que la atracción de la posible masa votante la concentran solo dos, y otro par de aspiraciones aparece con menor intensidad, inquietando a unos y otras con su posible alianza, necesaria para no terminar el 29 de mayo en el ocaso.


“Es el ejercicio efectivo y la reafirmación de la más vieja de las democracias del continente”, no dudarán en afirmar los epígonos del régimen político. ‘Democracia’ fincada en la formalidad del voto, en la concreción del derecho a elegir y ser elegido, pero puesta en el cadalso por múltiples factores, entre ellos por la imparable cascada de asesinatos de líderes sociales y comunitarios, así como de firmantes de la paz pactada entre Gobierno y Farc en 2016, como lo certifican numerosas instituciones del orden nacional e internacional, entre ellas la Defensoría del Pueblo, Human Rights y Naciones Unidas, entre otras (1).


La que vivimos es una realidad de violencia que cuestiona la esencia del propio régimen político colombiano, como lo aseveran los ciudadanos preguntados por el Dane para la Encuesta de Cultura Política que el Departamento de Estadísticas nacionales realiza desde 2007 y con su más reciente ejercicio en 2021, cuyo cruce arroja que “[…] siete de cada diez ciudadanos considera que en Colombia se violan de manera consuetudinaria y sistemática los Derechos Humanos”. (Ver Libardo Sarmiento, págs. 4-7).


El cadalso es todavía más empotrado por la negación del goce pleno de otro cúmulo de derechos, entre ellos trabajo, vivienda, seguridad social y educación, por solo mencionar algunos de los que su precaria concreción despierta más inconformidad y protestas en nuestra sociedad; una inconformidad manifiesta en las respuestas brindadas por las personas preguntadas en el sondeo referido, en que aquellos resaltan –con porcentajes entre el 29 y el 31,6– como derechos que cuentan con menor garantía de protección (ídem).

Vieja contradicción

¿Podrá la democracia ser real por su solo ejercicio político, formal, pero sin soporte real en lo económico y social? ¿Primará la superestructura sobre la base o el énfasis será a la inversa?

Este es un viejo interrogante, infaltable desde la Revolución Francesa, que en la disputa interna que la caracterizó y que la llevó, durante los periodos de revoluciones y contrarrevoluciones que la marcaron, a enfatizar según el grupo social que controlaba las riendas del poder, en la prioridad de lo económico o de lo político de carácter formal. Aspectos como la esclavitud, de su extinción o prolongación, por ejemplo, dividieron a quienes propendían por una democracia garante de las formalidades (en aquellos tiempos solo garantizada para quienes tenían ciertos patrimonios y eran varones) y quienes propugnaban por una libertad efectiva, inclusive en las colonias del Imperio.

El debate está presente una vez más en el momento de la conformación de las Naciones Unidas y la redacción de la Carta de Derechos Humanos que la misma expidió, contradicción que trazó una clara frontera entre quienes defendían –como prioridad para la materialización de la democracia– el derecho, por ejemplo, a elegir y ser elegido, la existencia de partidos políticos, la igualdad ante la ley, entre otros factores, y aquellos que sustentaban que la garantía previa y efectiva para que la participación fuera real y no formal, y la igualdad no solo brillara en el papel, sino que además fuera real en la cotidianidad, radica en la prioridad que se le conceda a la concreción de los derechos económicos. En otras palabras, la base económica es prerrequisito para que la superestructura política trascienda el papel y se torne músculo en cada ser humano.

Como puede deducirse y constatarse, en aquellos tiempos de división abierta y sin velo alguno entre capitalismo y socialismo, los voceros de la propiedad privada defendían la prioridad de la superestructura, y la efectiva garantía de lo económico y social, como precondición para la igualdad política, era defendida por los diplomáticos de la extinta URSS.

Es una contradicción que se extiende en el tiempo y alcanza ecos por estos días en el régimen chino, suponiendo que se trata de un país socialista, como propagandea su dirigencia. Según su Partido Comunista, “[…] la democracia se debe medir por la capacidad del sistema político para responder a las demandas mayoritarias de la sociedad, no por su nivel de participación formal” (2).

Esta pretensión va más allá de lo planteado y buscado por la URSS misma, ya que la dirigencia del PCCh “no quiere llevar el debate acerca de la idoneidad del sistema al terreno de lo democrático-formal, ni tampoco de vuelta a las contraposiciones del pasado siglo con la ‘democracia real’ de inspiración soviética, sino centrar la hipotética competencia en el arbitrio de una legitimidad posrevolucionaria, basada en la eficacia” (ídem). Y se enfatiza en que “lo más importante no es el proceso propiamente sino la capacidad de proveer resultados en función de la demanda social”.

En esta disparidad de criterios y líneas de gobierno, Colombia, como parte de los regímenes de tinte liberal, subraya en la forma sobre el contenido, lo que sobresale, en la encuesta del Dane acá retomada, en su batería de preguntas mayoritariamente orientadas por la forma. Una prioridad, y las respuestas brindadas por las personas encuestadas, que deja abierto el preocupante interrogante sobre cómo logró la dirigencia capitalista y global, con su particularidad colombiana, deslindar la democracia de los derechos económicos, como queda expuesto a continuación:

En 2021, el porcentaje de personas de 18 años y más, según lo que consideran debe existir para que un país sea democrático, coincide en dar prioridad (más del 70% de los encuestados) al derecho a elegir y ser elegido (81%), autoridades elegidas por voto popular (75,3%), representación igualitaria entre hombres y mujeres (75,2%), elecciones periódicas (73,8%) y mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (73,1%). En menor medida, los ciudadanos sopesan la importancia del sistema judicial (69,7%), el equilibrio de poderes (69,4%), la existencia de partidos políticos o movimientos sociales (59,5%), el Congreso (58,1%) y la centralización del poder (44,2%) (ídem, Libardo Sarmiento).

Estamos ante todo un fenómeno de colonización ideológica, producto del cual el empobrecimiento, por ejemplo, termina asumido por un importante segmento de nuestra población como el producto de incapacidades personales, de falta de malicia, de ausencia de esfuerzo, de carencia de inteligencia, entre otros factores totalmente irreales. La responsabilidad del sistema, de la política económica y social priorizada por la clase social a cargo del gobierno desde dos siglos atrás, no aparece por parte alguna.

En esas condiciones, el reclamo por el incumplimiento de los derechos sociales y económicos, así como ambientales y culturales, queda al margen de las condiciones para garantizar la concreción de una efectiva democracia, no solo liberal sino igualmente social; una democracia delegativa pero además directa, participativa, radical, plebiscitaria, como deben ser las democracias del siglo XXI.

En el camino hacia la materialización de este reto, la participación y el poder decisivo de la gente –no solo de opinar y de elegir (delegar)– es fundamental, ya que el debate abierto entre todos los sectores sociales y clases es el componente que permitirá la construcción de consensos o al menos de mayorías, que no excluyan ni desconozcan los derechos de todas las personas que habitan este territorio, no solo de algunas de ellas.

De modo que un ejercicio de debate y perfilamiento de políticas públicas en todos los campos deberá llevar a que los gobiernos, y la cabeza de los mismos, no puedan hacer lo que se les antoje, debiendo seguir en todo momento los límites y las rutas que les marquen sus gobernados, y no solo el órgano legislativo o el judicial. Las democracias de nuevo tipo deben ser abiertas, con multitud de instancias deliberativas y de decisión, cruzando efectivamente los territorios y sus poblaciones.


Un ejercicio de la política cotidiana y del gobierno que debe alimentar en todo momento la politización de los gobernados para que no deleguen y sí abracen con todo su cuerpo el diseño y el perfilamiento de sus vidas. De así lograrse, la base y la superestructura andarán como un cuerpo, garantizando la participación directa de la totalidad social pero, asimismo, con prioridad, la satisfacción de las necesidades de todo orden del conjunto que somos, para concretar de tal modo la señalada eficracia que reclama la dirigencia china como expresión de la particularidad de su régimen político.

Un logro así, para ser extendido a Occidente y todas las sociedades que están marcadas por su herencia ideológica y política, debe ir mucho más allá, propiciando y garantizando el control de la cosa pública por parte del conjunto social, pues las sociedades no pueden quedar sometidas a las decisiones de una casta, a sus caprichos e intereses, disfrazados con múltiples caretas.

Sin duda, la innegable condición para hacer de la democracia un contenido real y no solo formal radica en la inclusión cada vez más decisiva de las mayorías, en cuyas manos –y como garantía para concretar muchos de sus derechos– también deben reposar los bienes estratégicos del país, como las infraestructuras de energía, agua, transporte, educación…, así como otros fundamentales, aunque no tengan tal rango. Así, nuestras sociedades no solo materializarían la prioridad de lo público sino que además darían un paso adelante, concretando lo común, soporte efectivo de lo que aquí se reclama.

Una dualidad histórica, un referente y un reto tales alcanzan prioridad en medio de la crisis de todo orden que marca al actual sistema político, desnudado en algunas de sus falencias –por ejemplo, por la crisis de salud pública (covid-19) que aún impacta a la humanidad como un todo–, y también desprovisto de sus ambigüedades y en sus manipulaciones ideológicas por la crisis interimperialista que hoy gana mayor realce en territorio ucraniano.

Una realidad así debiera propiciar que, en el debate político y electoral como coyuntura, este tipo de debates ganara prioridad, llevando de la mano la necesidad de superar viejas y vetustas formas de la política, superadas por la realidad de nuestras sociedades, tan complejas por la cantidad de seres vivos que las integran y el impostergable reto de garantizarles calidad y dignidad, en la diversidad de sus grupos sociales, así como por la multiplicidad de retos que deben encarar, como los recursos de todo orden a los cuales pueden acudir para enfrentarlos y superarlos.

Entre los recursos indispensables, en primerísimo orden, está el factor humano, sin cuyo compromiso consciente, total, es imposible superar las crisis que hoy enfrenta la humanidad, ni los atizados conflictos que agobian y polarizan a la sociedad colombiana, entre ellos el armado, con su ola creciente de asesinados y crisis de Derechos Humanos de todo tipo, posibles de encarar de manera radical y definitoria si los 50 millones de seres que habitamos esta parte del mundo nos asumimos como parte fundamental de la solución.

Estamos ante un debate trascendental y también ante un reto en el que –y en eso tienen razón los voceros chinos– la democracia no puede ser solo una, y su certificación no puede estar en manos de ninguno de los imperios o las potencias de segundo o tercer orden, sino que su concreción se debe dar a través de diversos énfasis, dependiendo estos de las particularidades de cada país. Pero en este jardín de muchas flores hay una que se debe abonar con todo celo, para que destaque por su belleza y aromas, y es la participación decisiva de los millones que somos. La democracia será real si la principal y última voz en todos los asuntos decisivos de una sociedad reposa en la movilización y participación activa de ese conjunto humano, producto de la cual, de sus debates y tensión de fuerzas, surgen mayorías que marcan ritmos y prioridades en el ejercicio del gobierno.

Una participación de tal naturaleza es deseable y posible, con todos los recursos y en pos de propiciar la realización plena de las necesidades de toda la población, de manera que la misma supere el reino de la necesidad y llegue al de la libertad, como ya lo plantearon en su momento los clásicos del marxismo. Es una realización, al unísono, de la solidaridad entre pueblos, de modo que ninguno, por lejano que lo veamos y por necesitado que esté, tenga que sucumbir ante la precariedad de recursos con que cuenta ni ante la indiferencia de sus semejantes, que es toda la humanidad, hermanada como especie y naturaleza.

Las elecciones presidenciales del 29 de mayo debieran ser motivo, espacio y ocasión para politizar y encauzar a la sociedad hacia la ruta que analizamos. No hacerlo es perder una ocasión de oro, sujetando a millones de personas en viejos moldes de vida y referentes de democracia que niegan la realidad al priorizar la forma sobre el contenido.

 

1. https://www.hrw.org/es/news/2021/02/10/colombia-graves-deficiencias-en-la-proteccion-de-lideres-sociales
https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/7399/Homicidios-de-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-DDHH.htm
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504592.
2. Ríos, Xulio, “Eficracia”, la nueva marca política de la China de Xi Jinping”, https://www.desdeabajo.info/politica/item/45053-eficracia-la-nueva-marca-politica-de-la-china-de-xi-jinping.html.

 

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Publicado enColombia
Federico Ríos Rojas, “Los días póstumos de una guerra sin final”, fotografía (Cortesía del autor)

Le corresponde a la ciudadanía, cada día más consciente de qué tipo de régimen no desea, hacer lo que está en sus manos y darle paso, por primera vez en dos siglos a un régimen alternativo que represente las voces de pueblos, comunidades y ciudadanos que saben que otro mundo es posible en el país.

En un estudio del historiador Arno J. Meyer titulado La persistencia del antiguo régimen: Europa y la Gran Guerra, publicado originalmente en 1981, el autor deconstruye una serie de creencias y afirmaciones que han predominado en la interpretación de lo relacionado en el siglo XX en ese continente.


Tres grandes premisas alientan su trabajo: primera, que la Gran Guerra (1914-1918) está conectada umbilicalmente con la Segunda Guerra (1939-1945); segunda, que la crisis que desató la Gran Guerra fue el resultado de la movilización de las fuerzas del Ancien Regime, es decir del régimen depuesto por la Revolución Francesa casi siglo y medio antes. A pesar de haber perdido impulso frente a los avances del capitalismo industrial, las fuerzas del Antiguo Régimen eran lo suficientemente vigorosas y poderosas como para resistir y desacelerar el curso de la historia. La guerra fue una expresión del declive y caída de ese Antiguo Régimen, hasta que, en 1917, todo lo que este representaba inició su derrumbe final. Con todo, a excepción de Rusia, esa persistencia sobrevivió y se extendió hasta 1945 en las formas de una crisis continental ampliada con regímenes fascistas y el rebrote de la guerra generalizada. La tercera premisa, y más fuerte de Mayer, es que el antiguo orden europeo era totalmente preindustrial y preburgués.


Es errado el enfoque de muchos historiadores, dice Mayer, de resaltar factores como el avance y la tecnología, el capitalismo industrial y global, la burguesía y la clase media, la sociedad supuestamente liberal y profesional y el modernismo cultural. Esos enfoques, critica Mayer, se han ocupado más en demostrar el advenimiento de la modernidad a través de las fuerzas de innovación y la emergencia de una nueva sociedad que en reconocer las fuerzas de inercia y resistencia que desaceleraron el ocaso del viejo orden. Existe una ambivalencia entre la importancia que dan unos y otros historiadores, continúa Mayer, de repudiar la idea de progreso, pero, aun así, siguen creyendo en ella.


Esta tendencia, de respetar y atenerse a la idea del progreso, y de profesar una fe tacita en él se articula con la intensa aversión al inmovilismo histórico y las fuerzas regresivas. De esa manera ha existido una predisposición de negar o demeritar o devaluar el aguante de las viejas fuerzas e ideas y de su astucia para asimilar, retardar, neutralizar y atenuar la modernización capitalista incluyendo los procesos de industrialización. El resultado de lo anterior es una visión parcial y equivocada de la Europa del siglo XIX y XX. Será necesario, invita Mayer, que los historiadores examinen no solo el drama que implicó el progreso y el cambio sino también la implacable tragedia de la perseverancia histórica de ese Antiguo Régimen y la dialéctica interacción entre las dos. Los historiadores de todas las vertientes ideológicas han rebajado la importancia de los intereses económicos preindustriales, de las elites preburguesas, de los sistemas predemocráticos de autoridad, de los lenguajes artísticos premodernos y de las mentalidades “arcaicas”.


Esto lo han conseguido al explicar estas manifestaciones como últimos rezagos, por no decir reliquias, que continuaron en sociedades que aceleradamente se remozaban en lo social y lo político. Han exagerado marcadamente, insiste Mayer, el declive de la importancia de la tierra, tanto de origen noble como campesino, la contracción de la manufactura tradicional y del comercio, los fortines provinciales, los artesanos, la derogación de las monarquías, el fin de la nobleza en cargos públicos y en las cámaras altas, el debilitamiento de las religiones organizadas y la atrofia de una cultura elevada. Los historiadores explican lo anterior como meros vestigios de un pasado moribundo, de un esfuerzo por usar o abusar esa vitalidad para diferir o entorpecer el avance ineludible del progreso del capitalismo industrial, de la nivelación social y del liberalismo político. Todo lo anterior conduce a Mayer a refutar estas teorías para defender la hipótesis contraria: que todos estos elementos “premodernos” no eran frágiles y decadentes remanentes de un pasado casi extinto sino la esencia misma de las sociedades civiles y políticas de toda esa época que existieron entre la Revolución Francesa y el final de la Segunda Guerra Mundial.


Lo que es perturbador, al hacer una lectura comparada de la obra de Mayer con la historiografía colombiana, es ver, de qué manera, nuestros historiadores han sobrevalorado el advenimiento de la modernidad en el país, dando como prueba de ellos la constitución del 86, el fin de la Guerra de los Mil días, el pago de la indemnización por la pérdida de Panamá, la agonía y fin de la hegemonía conservadora, la aparición de colegios y universidades no vinculados con la Iglesia, la incipiente industrialización por medio de textilerías y cervecerías, la fundación de la primera aerolínea en Sudamérica, el trazado de acueductos, alcantarillados y vías en las más grandes ciudades de la época, las campañas de higienización y salud pública, los debates “científicos en torno a qué hacer con la raza colombiana, supuestamente degenerada, la campaña por sustituir el consumo de chicha por cerveza, la aparición de los primeros sindicatos y las conquistas laborales, los conflictos sociales y huelgas, el surgimiento de una nueva novela de carácter social, el auge de la producción y exportación de café como principal fuente de divisas, la contratación de la Misión Kemmerer predecesora del Banco de la República, el descubrimiento del petróleo y la construcción de la primera refinería en Barrancabermeja, el trazado del primer oleoducto de allí hasta Cartagena, el intento de socializar el pensamiento liberal, con la llegada del partido liberal al poder y su proyecto de la “Revolución en Marcha de López Pumarejo, entre muchas señales de un modernismo que se había tratado en llegar pero que, finalmente, aparecía en nuestro país. Es notorio el esfuerzo de los historiadores colombianos para resaltar de qué manera el país se modernizó en lo económico, político y social desde finales del siglo XIX hasta la República liberal de los años treinta.


Todo lo anterior se ha dicho con el fin de resaltar el declive de un pensamiento y régimen de carácter regresivo –representado principalmente en la Hegemonía Conservadora de 1886 a 1930 pero que se anclaba desde mucho antes– que se agotaba en su ideología y práctica y que, a pesar de aferrarse a sus principales banderas políticas, económicas, sociales y religiosas, comenzaba a dar paso, lentamente, pero de manera clara, a la “modernidad” con la apertura social, económica, política, tecnológica e industrial que llevaría al país a lo que hoy día es. El aparente despertar de nuestro país a las realidades del mundo en el siglo XX, según estas interpretaciones, desconoce una realidad que hoy, un siglo después de la “danza de los millones” –la indemnización por el zarpazo a Panamá– que marcó, para muchos, el ingreso a la modernidad, no es ningún despertar, En realidad, el Régimen Antiguo continuó existiendo con todos sus vicios y excesos y, el país siguió adormecido.


El régimen que imperaba en Colombia antes de su “modernización” era, mutatis mutandis, similar al del Antiguo Régimen europeo: preburgués, precapitalista, casi esclavista y de servidumbre humana; esencialmente agrario, con énfasis en los latifundios, no industrializado, centrado en la posesión de la tierra como símbolo de riqueza, poder y control, enclavado en privilegios de familias oligárquicas que anteponían apellidos, herencias y hegemonías a cualquier otro tipo de movilidad social o económica, y además, un régimen altamente subordinado a los Estados Unidos.


Para continuar con la analogía a la tesis de Mayer, lo que se postula aquí en estas líneas, es que ese régimen, lejos de ceder su lugar a la “modernidad” y de amainar o decaer, se mantuvo y se mantiene hasta hoy, como un señorío ejercido por un porcentaje ínfimo de la sociedad, acaparando, explotando y malversando los recursos económicos, políticos, educativos y de producción del país; un régimen que persiste, atrincherado en sus privilegios y revestido de sus ideas reaccionarias, así se insista en hacerle creer al país, por historiadores, políticos e intelectuales, que la modernidad, con todas sus ventajas, cumple un siglo de haber tomado forma en Colombia.


En otras palabras, aquí existe, desde 1810, un régimen que no ha cedido su lugar a otro que traiga ideas, políticas o líderes que pongan en peligro la hegemonía de clase, la concentración de poder, el acaparamiento de la riqueza, de la tierra, el modelo económico capitalista, el control sobre los medios de comunicación, la educación de calidad como privilegio y no como derecho, la segregación y la discriminación social. Para ello, este régimen bicentenario, más allá de una fachada, primero bipartidista y luego pluripartidista, de una nueva constitución y de señales y guiños que no corresponden a una voluntad real de cambio, se ha apertrechado detrás de sus intereses de clase, y ha conseguido que, después de doscientos años de vida republicana, no haya existido un solo gobierno de clara vocación social o progresista, ni aún en los tres destellos más claros; las repúblicas liberales de 1863 y 1930 y la puerta abierta por la Constitución del 91. En estos tres momentos, las fuerzas liberales que accedieron al poder fueron incapaces o no consiguieron abrir al país a un régimen diferente al único que ha existido. Por ello la caracterología y semblanza del Antiguo Régimen se perpetúa y renueva en cada elección presidencial.


Es así como, a lo largo de dos siglos el país continúa dominado por un régimen que parece haberse detenido en el tiempo con una sólida capacidad de reacción al cambio, que niega la posibilidad de una nueva sociedad, que frena la emergencia de ideas que contrasten y diverjan de un pensamiento dominante.


Una constante en la cual no es posible ignorar la larga tradición de pensamiento conservador que ha recorrido e influido a los gobiernos y a la sociedad: desde los llamados ‘pre-conservadores’ como Bolívar, Nariño (dos ambiguas figuras que esbozaron ideas que después serán apropiadas por uno y otro bando político), Camilo Torres, J.M. Castillo y Rada, y después los fundadores del partido conservador, Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, para después surgir Sergio Arboleda, José María Samper, Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro, Carlos Martínez Silva, Marco Fidel Suárez, Rafael María Carrasquilla, Carlos E. Restrepo, Abel Carbonell, Aquilino Villegas, Félix Restrepo, S.J., José De la Vega, Laureano Gómez, Ospina Pérez Gonzalo Restrepo Jaramillo, Guillermo Salamanca, Silvio Villegas, José Camacho Carreño, Alzate Avendaño, Abel Naranjo Villegas, Raimundo Emiliano Román, Lucio Pabón, Álvaro Gómez Hurtado, Pastrana Borrero, José Galat, Alberto Dangond Uribe, Alfonso López Trujillo y Melo Guevara, todos ellos ideólogos, a través de sus escritos y publicaciones, del persistente Antiguo Régimen.


Es digno de realizar un análisis posterior y contrastar esta extensa lista, con la que corresponde a los ideólogos de ideas liberales y socialistas en Colombia. Muchos de estos, Camacho Roldán, José María Samper, Florentino González, Murillo Toro (que un día defendía la propiedad privada y al otro la atacaba) Rufino José Cuervo, Mosquera; López Pumarejo, Eduardo Santos, López Michelsen, eran representantes de las elites y familias que han cogobernado el país bajo el amplio manto del Antiguo Régimen. Solo figuras como Gaitán y hasta cierto punto Uribe Uribe, se salen del contubernio matizado apenas por colores y banderas políticas.

En su firme determinación, este régimen, ha apelado a la fuerza del Estado, al control de los medios de producción, a requintar el modelo económico, a las alianzas ventajosas, a la corrupción y al exterminio sistemático de todo tipo de oposición política o social para persistir en el tiempo.


Esto es evidente en hechos como:

1) La prevalencia de la religión y la Iglesia en el poder, en la política, en la educación, y en las decisiones de todo tipo que impactan a la sociedad; matrimonio, aborto, identidad sexual, etcétera. Es significativo que sectores religiosamente contrarios como el catolicismo y el protestantismo, encuentren hoy convergencias en el poder.
2) La presencia de elites agrarias, ganaderas y económicas en el poder que impiden tanto la aprobación y materialización de una reforma agraria en el país que redistribuya de manera equitativa la tierra (el principal problema histórico y la mayor fuente de enriquecimiento de las elites), como la necesario y justa tributación progresiva, a la par de la eliminación de exoneraciones y privilegios de todo tipo.
3) El paramilitarismo de Estado que silencia y elimina todo tipo de disenso político.
4) La injerencia política y militar de los Estados Unidos, manifiesta de múltiples y recurrentes procederes, entre ellos: perpetuar el régimen capitalista, conseguir la subordinación del nuestro a las directrices del gobierno norteamericano, asegurar la presencia de tropas y bases norteamericanas, firmar TLCs desventajosos para el país, supeditar a certificaciones la asistencia, el crédito o la ayuda de cualquier tipo, etcétera.
5) La impecable capitalización de los errores de diverso tipo cometidos por las guerrillas para intentar acceder al poder por las armas y calificar cualquier intento de cambio como “terrorista” o “criminal”.
7) El debilitamiento de todo tipo de oposición a través de la cooptación y la corrupción
8) La interposición de barreras constitucionales, legales y económicas para permitir un cambio de modelo económico, social y político.
9) El falso mensaje de la existencia de una democracia legítima que supuestamente representa los diversos intereses de los colombianos.
10) El asesinato selectivo de los líderes contrarios a los fundamentos del Antiguo Régimen con mayor opción de acceder al gobierno, así como de miles de militantes de los partidos de izquierda, como ocurrió con la Unión Patriótica.
11) El debilitamiento de las organizaciones sindicales por intimidación, cooptación u otras estrategias; el desestímulo al sindicalismo de industria.
12) El control de los medios de comunicación por fuerzas económicas y elites para desviar la opinión pública de los verdaderos problemas del país. El descrédito, ahogo y aislamiento económico a los medios independientes.
13) La manipulación de la opinión publica para hacer creer que hay que evitar la “cubanización” o “venezuelización” del país como sinónimo de catástrofe.
14) El reparto de una inmensa burocracia entre partidos políticos representativos de las élites, administrada por expresidentes y gamonales que exigen, en el repartijo y usurpación de lo público, sus respectivas cuotas políticas.
15) Un oligopolio donde las nuevas generaciones de familias tradicionales son las que heredan candidaturas, puestos políticos, poder y privilegios.
16) El persistente ataque a la clase media, pilar de una sociedad burguesa, que se diluye en la pobreza mientras las elites se enriquecen más. Desigualdad al límite de la misma pervivencia de millones de empobrecidos, claro signo de la persistencia del “antiguo régimen”.
17) El saboteo para no honrar los acuerdos de paz concertados con exgrupos guerrilleros o de dar cabida y juego político a los excombatientes.
18) El amilanamiento, a través de la censura, la autocensura o la intimidación, de una oposición ideológica fuerte para generar una conciencia social de cambio profundo en el país.

Este país, pintado aún con técnicas paisajistas, adormecido por el alcanfor de formas políticas y económicas vetustas, se apresta a elegir presidente en elecciones por realizase en primera vuelta al final de mayo, y segunda a mediados de junio. Le corresponde a la ciudadanía colombiana, que cada día es más consciente de qué tipo de régimen no quiere padecer más (eso se vio claro durante las jornadas de protesta del pasado paro nacional), y hacer lo que está en sus manos para darle paso, por primera vez en dos siglos, a un régimen alternativo que represente, no a las elites tradicionales, sino a las voces de pueblos, comunidades y ciudadanos que saben que otro mundo es posible en el país.

 

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Martes, 17 Mayo 2022 06:00

El triunfo del cinismo

Verona, escultura (Cortesía del autor)

La reelección de Emmanuel Macron confirma un duelo que una mayoría aplastante de electores esperaba evitar. Anuncia un nuevo quinquenio sin ímpetu y sin esperanza. El presidente saliente fue reelecto por defecto, cuando una mayoría de los franceses estima que su balance es malo (56%), que desde hace cinco años la situación del país se degradó (69%), que su programa es peligroso (51%) y que sirve sobre todo a los intereses de los privilegiados (72%) (1). Por lo tanto, es únicamente por rechazo a la extrema derecha que millones de electores de izquierda se han resignado a votar por un presidente contra el cual algunos ya están dispuestos a salir a la calle. Las ocasiones no les van a faltar: baja del poder adquisitivo, aumento de la edad de jubilación, inacción en cuanto al cambio climático, aumento de las tasas de interés, dispositivos punitivos contra los desempleados...

Hace cinco años, el semanario británico The Economist, cerca del éxtasis, presentaba al presidente francés en portada. Se lo veía caminando sobre el agua vestido con un traje tan reluciente como su sonrisa fanfarrona. Para una burguesía mundial golpeada por el estupor y el pavor generados por el Brexit y la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, la llegada a la escena internacional de Macron parecía una venganza. Esperaba que produjera un reflujo del “populismo” de la extrema derecha en Europa, a favor del liberalismo “progresista” y de la globalización. Ya no queda casi nada de esta ilusión. Junto con la crisis sanitaria y hospitalaria, las dificultades de abastecimiento energético y la guerra en Ucrania, los temas de la soberanía, del poder adquisitivo, de la reubicación de las actividades productivas y de la planificación ecológica ocupan un lugar creciente en el debate público. A tal punto que el pasado 10 de abril, al final del fallido quinquenio de Macron, la izquierda rupturista consolidó su influencia, y la extrema derecha nacionalista, que la política del presidente saliente pretendía contener, progresó significativamente. Sus tres candidatos sumaron un total del 32,3 por ciento de los votos emitidos en la primera vuelta (2), un resultado superior al del jefe de Estado (27,8%).

Dos semanas más tarde, en la segunda vuelta, Marine Le Pen juntó 2.600.000 votos más que en 2017, mientras que su rival victorioso obtuvo 2 millones de votos menos.


El “extremo centro”


El ex ministro de Economía de François Hollande logró no obstante hacerse reelegir conservando el apoyo de su electorado socialista, a pesar de una política que no lo fue en absoluto. Remató su obra seduciendo al electorado de derecha gracias a decisiones fiscales y sociales alineadas con sus expectativas. Podríamos aplaudir este talento. Desde que, bajo la V República, el Presidente es elegido por sufragio universal directo, cada segunda vuelta de la contienda electoral incluía un candidato de derecha o un candidato de izquierda, y la mayoría de las veces ambos a la vez, uno contra el otro. El pasado 10 de abril, la derrota de los socialistas y de la derecha pulverizó este escenario al borrar a sus dos protagonistas habituales: la derecha y los socialistas sumaron en total el 6,5 por ciento de los votos. En 2012, sumaban el 55,81por ciento...


El presidente francés se convirtió así en el elegido de la derecha “al mismo tiempo” que el de una izquierda burguesa que, desde François Mitterrand, el “giro del rigor” de 1983, el Tratado de Maastricht de 1992 y el Tratado Constitucional Europeo de 2005, se acostumbró (y conformó) a las políticas neoliberales. Más que admitir esta evidencia, Macron prefirió presentarse como el demiurgo de una “ideología” heteróclita cuya única utilidad discernible es que le permite actuar a su antojo. “El proyecto de extremo centro –pontificó la antevíspera de su reelección ante un puñado de periodistas afables– se basa en la unión de varias familias políticas, de la socialdemocracia, pasando por la ecología, el centro, y una derecha en parte bonapartista y en parte orleanista y pro europea” (3).


Tales acoples entre socialdemocracia y derecha orleanista, ecología europea y derecha bonapartista, no tienen ni consistencia teórica ni espesor histórico. A nivel sociológico, en cambio, definen el actual “bloque burgués”, el “partido del orden”, la “Francia de arriba”. La coalición de todos aquellos que se horrorizaron ante el movimiento de los chalecos amarillos, y cuya feroz represión tranquilizó. Este mismo público ovacionó a Macron durante su gran mitín parisino del pasado 2 de abril, cuando pregonó lo que luego se convirtió en uno de sus clips de campaña: “A pesar de las crisis, hemos mantenido nuestras promesas. Para poner fin a ese mal francés que era el desempleo en masa, había que arremeter contra los viejos tabúes del sistema fiscal, el derecho del trabajo, el seguro de desempleo”. Su gobierno también “arremetió contra el tabú” de las ayudas a la vivienda y el del impuesto sobre la fortuna.


Por lo tanto, no sorprende que en lugares tan acomodados y conservadores como Neuilly, el XVI Distrito de París o Versalles, el resultado del presidente saliente se haya duplicado en cinco años, y que haya aplastado a la candidata de la derecha oficial Valérie Pécresse (4). Tras la represión del movimiento obrero de junio de 1848, seguida por la de la Comuna de París en 1871, los monarquistas también perdieron su utilidad política, una vez que los republicanos demostraron a la burguesía que ellos también podían mostrarse implacables con la plebe. En suma, con Macron en el poder, la derecha se convirtió en dispensable, al igual que un Partido Socialista convertido hace mucho al social-liberalismo y a la globalización capitalista. Su destrucción común se asemeja a un esclarecimiento.


Detrás del “proyecto de extremo centro” se reúne un electorado conservador de jubilados acomodados y de mandos superiores, en una proporción que aumenta según la edad y el ingreso (5). Su influencia electoral está amplificada por una tasa de participación excepcional (88% para los de 60-69 años), mientras que la de los jóvenes y de los sectores populares, claramente más favorables a Jean-Luc Mélenchon o a Marine Le Pen, se derrumba (el 54% de los de 25-34 años participó este año en la primera vuelta, contra el 72% en el 2017).

 

 

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Publicado enInternacional
Eduardo Esparza, sin título (Cortesía del autor)

La prolongada jornada electoral por la presidencia del país prosigue en Colombia, ahora en su recta final. Los anuncios de todas las campañas inundan redes sociales, al igual que las emisiones y/o ediciones de los medios de comunicación tradicionales –radio, televisión, prensa escrita–, y copan el ambiente nacional con sus mensajes. No es para menos. Son ocho candidaturas, a pesar de que la atracción de la posible masa votante la concentran solo dos, y otro par de aspiraciones aparece con menor intensidad, inquietando a unos y otras con su posible alianza, necesaria para no terminar el 29 de mayo en el ocaso.


“Es el ejercicio efectivo y la reafirmación de la más vieja de las democracias del continente”, no dudarán en afirmar los epígonos del régimen político. ‘Democracia’ fincada en la formalidad del voto, en la concreción del derecho a elegir y ser elegido, pero puesta en el cadalso por múltiples factores, entre ellos por la imparable cascada de asesinatos de líderes sociales y comunitarios, así como de firmantes de la paz pactada entre Gobierno y Farc en 2016, como lo certifican numerosas instituciones del orden nacional e internacional, entre ellas la Defensoría del Pueblo, Human Rights y Naciones Unidas, entre otras (1).


La que vivimos es una realidad de violencia que cuestiona la esencia del propio régimen político colombiano, como lo aseveran los ciudadanos preguntados por el Dane para la Encuesta de Cultura Política que el Departamento de Estadísticas nacionales realiza desde 2007 y con su más reciente ejercicio en 2021, cuyo cruce arroja que “[…] siete de cada diez ciudadanos considera que en Colombia se violan de manera consuetudinaria y sistemática los Derechos Humanos”. (Ver Libardo Sarmiento, págs. 4-7).


El cadalso es todavía más empotrado por la negación del goce pleno de otro cúmulo de derechos, entre ellos trabajo, vivienda, seguridad social y educación, por solo mencionar algunos de los que su precaria concreción despierta más inconformidad y protestas en nuestra sociedad; una inconformidad manifiesta en las respuestas brindadas por las personas preguntadas en el sondeo referido, en que aquellos resaltan –con porcentajes entre el 29 y el 31,6– como derechos que cuentan con menor garantía de protección (ídem).

Vieja contradicción

¿Podrá la democracia ser real por su solo ejercicio político, formal, pero sin soporte real en lo económico y social? ¿Primará la superestructura sobre la base o el énfasis será a la inversa?

Este es un viejo interrogante, infaltable desde la Revolución Francesa, que en la disputa interna que la caracterizó y que la llevó, durante los periodos de revoluciones y contrarrevoluciones que la marcaron, a enfatizar según el grupo social que controlaba las riendas del poder, en la prioridad de lo económico o de lo político de carácter formal. Aspectos como la esclavitud, de su extinción o prolongación, por ejemplo, dividieron a quienes propendían por una democracia garante de las formalidades (en aquellos tiempos solo garantizada para quienes tenían ciertos patrimonios y eran varones) y quienes propugnaban por una libertad efectiva, inclusive en las colonias del Imperio.

El debate está presente una vez más en el momento de la conformación de las Naciones Unidas y la redacción de la Carta de Derechos Humanos que la misma expidió, contradicción que trazó una clara frontera entre quienes defendían –como prioridad para la materialización de la democracia– el derecho, por ejemplo, a elegir y ser elegido, la existencia de partidos políticos, la igualdad ante la ley, entre otros factores, y aquellos que sustentaban que la garantía previa y efectiva para que la participación fuera real y no formal, y la igualdad no solo brillara en el papel, sino que además fuera real en la cotidianidad, radica en la prioridad que se le conceda a la concreción de los derechos económicos. En otras palabras, la base económica es prerrequisito para que la superestructura política trascienda el papel y se torne músculo en cada ser humano.

Como puede deducirse y constatarse, en aquellos tiempos de división abierta y sin velo alguno entre capitalismo y socialismo, los voceros de la propiedad privada defendían la prioridad de la superestructura, y la efectiva garantía de lo económico y social, como precondición para la igualdad política, era defendida por los diplomáticos de la extinta URSS.

Es una contradicción que se extiende en el tiempo y alcanza ecos por estos días en el régimen chino, suponiendo que se trata de un país socialista, como propagandea su dirigencia. Según su Partido Comunista, “[…] la democracia se debe medir por la capacidad del sistema político para responder a las demandas mayoritarias de la sociedad, no por su nivel de participación formal” (2).

Esta pretensión va más allá de lo planteado y buscado por la URSS misma, ya que la dirigencia del PCCh “no quiere llevar el debate acerca de la idoneidad del sistema al terreno de lo democrático-formal, ni tampoco de vuelta a las contraposiciones del pasado siglo con la ‘democracia real’ de inspiración soviética, sino centrar la hipotética competencia en el arbitrio de una legitimidad posrevolucionaria, basada en la eficacia” (ídem). Y se enfatiza en que “lo más importante no es el proceso propiamente sino la capacidad de proveer resultados en función de la demanda social”.

En esta disparidad de criterios y líneas de gobierno, Colombia, como parte de los regímenes de tinte liberal, subraya en la forma sobre el contenido, lo que sobresale, en la encuesta del Dane acá retomada, en su batería de preguntas mayoritariamente orientadas por la forma. Una prioridad, y las respuestas brindadas por las personas encuestadas, que deja abierto el preocupante interrogante sobre cómo logró la dirigencia capitalista y global, con su particularidad colombiana, deslindar la democracia de los derechos económicos, como queda expuesto a continuación:

En 2021, el porcentaje de personas de 18 años y más, según lo que consideran debe existir para que un país sea democrático, coincide en dar prioridad (más del 70% de los encuestados) al derecho a elegir y ser elegido (81%), autoridades elegidas por voto popular (75,3%), representación igualitaria entre hombres y mujeres (75,2%), elecciones periódicas (73,8%) y mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (73,1%). En menor medida, los ciudadanos sopesan la importancia del sistema judicial (69,7%), el equilibrio de poderes (69,4%), la existencia de partidos políticos o movimientos sociales (59,5%), el Congreso (58,1%) y la centralización del poder (44,2%) (ídem, Libardo Sarmiento).

Estamos ante todo un fenómeno de colonización ideológica, producto del cual el empobrecimiento, por ejemplo, termina asumido por un importante segmento de nuestra población como el producto de incapacidades personales, de falta de malicia, de ausencia de esfuerzo, de carencia de inteligencia, entre otros factores totalmente irreales. La responsabilidad del sistema, de la política económica y social priorizada por la clase social a cargo del gobierno desde dos siglos atrás, no aparece por parte alguna.

En esas condiciones, el reclamo por el incumplimiento de los derechos sociales y económicos, así como ambientales y culturales, queda al margen de las condiciones para garantizar la concreción de una efectiva democracia, no solo liberal sino igualmente social; una democracia delegativa pero además directa, participativa, radical, plebiscitaria, como deben ser las democracias del siglo XXI.

En el camino hacia la materialización de este reto, la participación y el poder decisivo de la gente –no solo de opinar y de elegir (delegar)– es fundamental, ya que el debate abierto entre todos los sectores sociales y clases es el componente que permitirá la construcción de consensos o al menos de mayorías, que no excluyan ni desconozcan los derechos de todas las personas que habitan este territorio, no solo de algunas de ellas.

De modo que un ejercicio de debate y perfilamiento de políticas públicas en todos los campos deberá llevar a que los gobiernos, y la cabeza de los mismos, no puedan hacer lo que se les antoje, debiendo seguir en todo momento los límites y las rutas que les marquen sus gobernados, y no solo el órgano legislativo o el judicial. Las democracias de nuevo tipo deben ser abiertas, con multitud de instancias deliberativas y de decisión, cruzando efectivamente los territorios y sus poblaciones.


Un ejercicio de la política cotidiana y del gobierno que debe alimentar en todo momento la politización de los gobernados para que no deleguen y sí abracen con todo su cuerpo el diseño y el perfilamiento de sus vidas. De así lograrse, la base y la superestructura andarán como un cuerpo, garantizando la participación directa de la totalidad social pero, asimismo, con prioridad, la satisfacción de las necesidades de todo orden del conjunto que somos, para concretar de tal modo la señalada eficracia que reclama la dirigencia china como expresión de la particularidad de su régimen político.

Un logro así, para ser extendido a Occidente y todas las sociedades que están marcadas por su herencia ideológica y política, debe ir mucho más allá, propiciando y garantizando el control de la cosa pública por parte del conjunto social, pues las sociedades no pueden quedar sometidas a las decisiones de una casta, a sus caprichos e intereses, disfrazados con múltiples caretas.

Sin duda, la innegable condición para hacer de la democracia un contenido real y no solo formal radica en la inclusión cada vez más decisiva de las mayorías, en cuyas manos –y como garantía para concretar muchos de sus derechos– también deben reposar los bienes estratégicos del país, como las infraestructuras de energía, agua, transporte, educación…, así como otros fundamentales, aunque no tengan tal rango. Así, nuestras sociedades no solo materializarían la prioridad de lo público sino que además darían un paso adelante, concretando lo común, soporte efectivo de lo que aquí se reclama.

Una dualidad histórica, un referente y un reto tales alcanzan prioridad en medio de la crisis de todo orden que marca al actual sistema político, desnudado en algunas de sus falencias –por ejemplo, por la crisis de salud pública (covid-19) que aún impacta a la humanidad como un todo–, y también desprovisto de sus ambigüedades y en sus manipulaciones ideológicas por la crisis interimperialista que hoy gana mayor realce en territorio ucraniano.

Una realidad así debiera propiciar que, en el debate político y electoral como coyuntura, este tipo de debates ganara prioridad, llevando de la mano la necesidad de superar viejas y vetustas formas de la política, superadas por la realidad de nuestras sociedades, tan complejas por la cantidad de seres vivos que las integran y el impostergable reto de garantizarles calidad y dignidad, en la diversidad de sus grupos sociales, así como por la multiplicidad de retos que deben encarar, como los recursos de todo orden a los cuales pueden acudir para enfrentarlos y superarlos.

Entre los recursos indispensables, en primerísimo orden, está el factor humano, sin cuyo compromiso consciente, total, es imposible superar las crisis que hoy enfrenta la humanidad, ni los atizados conflictos que agobian y polarizan a la sociedad colombiana, entre ellos el armado, con su ola creciente de asesinados y crisis de Derechos Humanos de todo tipo, posibles de encarar de manera radical y definitoria si los 50 millones de seres que habitamos esta parte del mundo nos asumimos como parte fundamental de la solución.

Estamos ante un debate trascendental y también ante un reto en el que –y en eso tienen razón los voceros chinos– la democracia no puede ser solo una, y su certificación no puede estar en manos de ninguno de los imperios o las potencias de segundo o tercer orden, sino que su concreción se debe dar a través de diversos énfasis, dependiendo estos de las particularidades de cada país. Pero en este jardín de muchas flores hay una que se debe abonar con todo celo, para que destaque por su belleza y aromas, y es la participación decisiva de los millones que somos. La democracia será real si la principal y última voz en todos los asuntos decisivos de una sociedad reposa en la movilización y participación activa de ese conjunto humano, producto de la cual, de sus debates y tensión de fuerzas, surgen mayorías que marcan ritmos y prioridades en el ejercicio del gobierno.

Una participación de tal naturaleza es deseable y posible, con todos los recursos y en pos de propiciar la realización plena de las necesidades de toda la población, de manera que la misma supere el reino de la necesidad y llegue al de la libertad, como ya lo plantearon en su momento los clásicos del marxismo. Es una realización, al unísono, de la solidaridad entre pueblos, de modo que ninguno, por lejano que lo veamos y por necesitado que esté, tenga que sucumbir ante la precariedad de recursos con que cuenta ni ante la indiferencia de sus semejantes, que es toda la humanidad, hermanada como especie y naturaleza.

Las elecciones presidenciales del 29 de mayo debieran ser motivo, espacio y ocasión para politizar y encauzar a la sociedad hacia la ruta que analizamos. No hacerlo es perder una ocasión de oro, sujetando a millones de personas en viejos moldes de vida y referentes de democracia que niegan la realidad al priorizar la forma sobre el contenido.

 

1. https://www.hrw.org/es/news/2021/02/10/colombia-graves-deficiencias-en-la-proteccion-de-lideres-sociales
https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/7399/Homicidios-de-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-DDHH.htm
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504592.
2. Ríos, Xulio, “Eficracia”, la nueva marca política de la China de Xi Jinping”, https://www.desdeabajo.info/politica/item/45053-eficracia-la-nueva-marca-politica-de-la-china-de-xi-jinping.html.

 

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Gabriel Beltrán, Crisálida, escultura, acero, 97 x 40 x 31 cm. (Cortesía del autor)

¿Cuáles son algunos de los cambios, rupturas y tendencias que se registran en el siglo XXI respecto a la relación entre democracia, cultura política y participación ciudadana en Colombia? Una transformación sociopolítica fundamental de comprender en el contexto de la coyuntura electoral que registra en la actualidad el país.

Diversidad de cambios toman cuerpo en el tejido social colombiano, entre ellos los que reflejan el ambiente y la cultura política. La quiebra de un monopolio informativo unipresente y sesgado por décadas, de los principales referentes culturales que manipulan y adoctrinan a amplios segmentos sociales, así como de la política tal y como se vivió a lo largo de los siglos XIX y XX, ha llevado a que porcentajes no despreciables de la sociedad se interesen por la manera cómo se concreta el poder gubernamental, los sectores sociales que se benefician de ello, a la par que dejan a un lado tradiciones y creencias. Todo ello se deduce de la Encuesta de cultura política (ECP), la cual retomamos acá desde la primera realizada por el Dane en 2007 –a partir de 2011 es bianual– hasta la más reciente aplicada en 2021, cuyos resultados fueron publicados en abril de 2022.


Son cambios notables, producto de los cuales la ciudadanía en su conjunto gana consciencia y se torna crítica de la corrupción desbordante, del mal funcionamiento del sistema político y de la violación de los derechos humanos como estrategia de control social por parte de las clases dominantes. La inconformidad se expresa en la apatía respecto al fenómeno electoral, la desvalorización del voto como mecanismo clave del consenso en un régimen democrático y en la radicalización ideológica.


En resumen, democracia sí, pero no así. La alternativa política conduce a nuevos métodos y estrategias de lucha, formas de organización inéditas y a modelos no estructurados de participación democrática que trascienden los canales institucionales formales.


Democracia, cultura y factores que determinan la participación política


La ECP tiene como propósito generar información estadística estratégica con base en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social. La población objetivo son las personas de 18 años y más con ciudadanía colombiana y residencia habitual en el país.


La democracia es el sistema político que defiende el poder soberano del pueblo y su derecho a participar, decidir, elegir y controlar a sus gobernantes. De acuerdo con esta doctrina, si se implica a los ciudadanos en la vida pública y en los asuntos de la comunidad y del Estado, esta participación favorece la convivencia y la estabilidad del sistema político.


En cuanto a participación, cuatro factores la determinan: i) internos al individuo (psicológicos y cognitivos); ii) aquellos que determinan el status o fuerzas condicionantes del individuo (clase social, estrato socio-económico, sexo, edad, nivel educativo, religión, lugar de residencia y profesión u oficio); iii) los referidos al ambiente político (oportunidades u obstáculos que éste ofrece); iv) los concernientes con la cultura política del país (los modelos axiológicos y las creencias políticas en lo tocante al sistema, a los procesos y a los objetivos políticos).


El concepto de cultura se define como la forma de organización social y de tradiciones, usos y costumbres de una sociedad, considerado como un sistema estructurado orgánicamente. La política está relacionada con las actividades que rigen los asuntos públicos y con la participación y decisión ciudadana a través de su opinión, su voto o de cualquier otro modo, formal e informal.


Preferencia por la democracia, 
valoración del sistema y participación


Con base en los resultados de las ECP de los años 2007 a 2021, el porcentaje de personas de 18 años y más según la importancia que dispensan de vivir en un país democrático y su preferencia respecto a cualquier otra forma de gobierno, se observan las siguientes tendencias: i) tres de cada cuatro personas valoran el sistema democrático como muy importante; no obstante, entre 2019-2021 cae la apreciación positiva de 80,6 a 76,6 por ciento; ii) el nivel de indiferencia frente al régimen político aumenta de 7,9 por ciento expresado en 2008 a 14,5 en 2021; iii) quienes consideran que la democracia no es importante disminuyen de 12,1 por ciento en 2007 a 4,1 en 2019 y en 2021 aumentan a 6,1 (gráfico 1).

 

 


En 2021, el porcentaje de personas de 18 años y más, según lo que consideran debe existir para que un país sea democrático, coincide en dar prioridad (más del 70% de los encuestados) al derecho a elegir y ser elegido (81%), autoridades elegidas por voto popular (75,3%), representación igualitaria entre hombres y mujeres (75,2%), elecciones periódicas (73,8%) y mecanismos para que los ciudadanos participen en la gestión pública (73,1%). En menor medida, los ciudadanos sopesan la importancia del sistema judicial (69,7%), el equilibrio de poderes (69,4%), la existencia de partidos políticos o movimientos sociales (59,5%), el Congreso (58,1%) y la centralización del poder (44,2%).


La prioridad o valorización de este conjunto de factores registra una caída en el año 2021 respecto a la ECP de 2019 entre un mínimo de 7,1 puntos porcentuales (el derecho a elegir y ser elegido) y un máximo de 13,1 referente a la importancia del Congreso para la democracia (gráfico 2).


El porcentaje de personas de 18 años y más que están de acuerdo con algunas afirmaciones relacionadas con el respeto por los derechos y las garantías ciudadanas en el país expresan mayoritariamente su insatisfacción respecto a la naturaleza, funcionamiento y actuación del sistema político. Más de la mitad de la población de 18 y más años considera que en Colombia no se respetan los derechos ni las garantías ciudadanas (gráfico 3).

 

 


En los asuntos de participación política, control social a la gestión del Estado, garantías para manifestarse públicamente, la igualdad ante la ley, la libertad de opinión sobre lo que hace el gobierno y el acceso a la información pública es dónde la población estima que el estado viola los derechos ciudadanos: entre el 70 y el 80 por ciento de las personas encuestadas coinciden en señalar este grado de falencia en la manera de operar el sistema político. En los temas de libertad de expresión, libertad de organización política, garantía del derecho a la participación y el respeto al derecho de elegir y ser elegido hay más consenso sobre la existencia de garantías, pero no mayor al 45 por ciento de los consultados. Por edades, en la población comprendida entre 18 y 40 años es más alto el porcentaje de quienes afirman que en el país no hay respeto por los derechos y las garantías ciudadanas.


Asimismo, en las publicaciones históricas realizadas por el Dane de la ECP, 2007-2021, se observa una tendencia creciente de las personas a considerar que el nuestro no es un país democrático: 11,4 por ciento en 2007 y 19,1 en 2021 (gráfico 4). La mayoría de los consultados afirma que el país es medianamente democrático, aunque también en aumento: 52,9 por ciento en 2007 y 55,6 en 2021. Quienes consideran que Colombia es una sociedad democrática pierden relevancia en 10,4 puntos porcentuales entre 2007 (35,7%) y 2021 (25,3%).


En consecuencia, es evidente la significativa y creciente insatisfacción con la forma en que la democracia funciona en el país. Quienes expresan una alta insatisfacción aumentan de 34,1 por ciento en 2007 a 53,2 en 2021. En contraste, los satisfechos con el sistema político son una minoría en descenso: 17,7 por ciento en 2007 y 13,4 en 2021 (gráfico 5).

 


En la ECP de 2007, cuatro de cada cinco personas no confiaban en el sistema democrático electoral del país, total o parcialmente. En los quince años estudiados, aumentó el número de ciudadanos críticos de los procesos electivos tanto a nivel municipal como regional y nacional (gráfico 6). En el nivel municipal, en 2007 la mitad de la ciudadanía consideraba que el proceso de conteo de votos era fraudulento o no transparente; en 2015 el porcentaje escaló a 73,5 por ciento, después cae a 67 en 2019 y en 2021 aumenta a 70,7. Al considerar el país como un todo, el escepticismo sobre la verdad, confiabilidad y transparencia del sistema electoral es más alto: en 2007 el 75,6 de los ciudadanos consideraba que el proceso de conteo de votos no era transparente; en 2015 la visión negativa alcanzó el 87,1 y después baja a 78 por ciento en 2019 para volver a aumentar a 79,1 en 2021.

 


El escepticismo, anomía o crítica que genera el mal funcionamiento del sistema electoral y el señalamiento sobre las prácticas fraudulentas que caracterizan a la democracia colombiana conduce a la abstención a un significativo número de potenciales votantes. El promedio de abstención durante el período 1914-2022 es de 52 por ciento (gráfico 7). A esta cifra se suma el 8 por ciento del potencial electoral que por lo general vota en blanco, no marca los tarjetones o los tramita mal. En consecuencia, la decisión efectiva sobre los candidatos finalmente elegidos se reduce a tan sólo el 40 por ciento de ciudadanos y ciudadanas, en relación con el potencial electoral total.


A las personas que manifestaron no haber votado en las elecciones para alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de octubre de 2019, la ECP del Dane de 2021 les preguntó sobre las razones por las cuales no sufragaron. Para el total nacional, el 37,2 por ciento de la población de 18 años y más afirmó que no votó en las elecciones locales por desinterés (gráfico 8). Otras de las razones de mayor prevalencia para ello fue “los políticos son corruptos” (32,9%), “falta de credibilidad en el proceso electoral” (27,2%), “le faltó inscribir la cédula” (26,7%), “los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos” (25,9%). Las razones expuestas presentan los porcentajes más altos en la región central (41,7%), seguido de la pacífica (41,5%) y Bogotá (40,6%).


En la ECP de 2021, entre el 50 y el 64,5 por ciento de la población de 18 años y más considera muy importante la elección de Presidente de la república (64,5%), las elecciones a la alcaldía y el Distrito (63,2%), gobernación (52,4%), concejo municipal (54,1%), juntas de acción comunal (53,6%) y Senado de la República (50,4%). No obstante, comparando con los resultados de la ECP de 2019, se registra una pérdida en la importancia que otorgan los ciudadanos a las diferentes elecciones, principalmente en lo referido a la Presidencia: -7,7 por ciento, Alcaldía municipal/Distrital: -6,4, Senado: -6,4 y Cámara de Representantes: -6 (gráfico 9).

 

 


En las democracias representativas se observa la transición de Estados liberales a un Estado de los partidos o movimientos políticos, como mediadores de la participación popular en el poder y como demiurgos de la voluntad del pueblo. Tendencia que ha dado lugar a la siguiente contradicción: por un lado, una ideología difusa sobre la participación popular en la vida del sistema político; por otro, unos procedimientos cada vez más oligárquicos en los vértices de las instituciones políticas y de poder (En Colombia una oligarquía lumpen ha venido controlando cada vez más las instancias estatales, en lo corrido del siglo XXI).


Las razones por las que las personas de 18 años y más, por sexo, se identifican con algún partido o movimiento político, son (gráfico 10): “comparte la ideología del partido o movimiento político” (hombres 76,9% y mujeres 74,4%), “confianza en sus dirigentes” (hombres 50,7% y mujeres 51,3%), “prestigio del partido o movimiento político” (hombres 42,6% y mujeres 42,8%), “la imagen que proyecta” (hombres 42,2% y mujeres 43,2%), “tradición familiar” (hombres 41,0% y mujeres 42,4%), “honestidad del partido o movimiento político” (hombres 37,7% y mujeres 36,2%) y “recibe algún beneficio a cambio” (hombres 6,2% y mujeres 7,4%).


En contraste, el porcentaje de personas de 18 años y más, que no se identifican con algún partido o movimiento político, por sexo, según razones, son (gráfico 11): “falta de credibilidad” (hombres 70,3% y mujeres 69,6%), “desinterés” (hombres 59,6% y mujeres 61,1%), “escándalos de corrupción” (hombres 56,3% y mujeres 56,3%), “promesas incumplidas” (hombres 55,3% y mujeres 56,0%), “persiguen intereses diferentes al bienestar de la comunidad” (hombres 49,9% y mujeres 49,6%), “la política se puede hacer por otras vías o mecanismos” (hombres 37,7% y mujeres 36,9%).

Corrupción y derechos humanos


La corrupción impone amenazas a la democracia, al crecimiento económico, la justicia y al estado de derecho. La percepción de corrupción resulta más significativa al momento de evaluar la satisfacción con la democracia y la confianza institucional; sin embargo no afecta la importancia que la ciudadanía en general dispensa de vivir en un país democrático y su preferencia respecto a cualquier otra forma de gobierno. La corrupción sistémica que caracteriza al régimen político colombiano destruye el vínculo de confianza entre ciudadanos y Estado, el fundamento psicológico y cultural en que se basa la legitimidad de la democracia.

En Colombia, para el total nacional en 2021, un 73,2 por ciento de las personas de 18 años y más percibió que el nivel de corrupción ha aumentado, para el 2019 este porcentaje se encontraba en un 64,9, con un incremento de 8,3 p.p. En 2021, un 22,8 por ciento de la población afirma que el nivel de corrupción ha permanecido igual y para el 1,4 que ha disminuido; para el 2019 estos porcentajes se encontraban en 28,4 y 3,7, respectivamente. En 2021, la percepción de corrupción por parte de la ciudadana es más alta en lo que corresponde al Congreso de la República (75,6%) y el gobierno nacional (71,0%); sin embargo, también califican como muy corruptos, en un rango de 53,6 a 66,2 por ciento, los siguientes grupos o actores: gobiernos departamental y municipal, rama judicial, órganos de control, gremios, empresas u organizaciones privadas (gráfico 12).


Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales en la valoración de los colombianos sobre el sistema democrático. Al unísono consideran que la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. En efecto, estos derechos aseguran la aplicación de las decisiones tomadas democráticamente y hacen, por lo tanto, que el régimen democrático tenga efectividad. Paradójicamente, durante el período 2007-2021, siete de cada diez ciudadanos considera que en Colombia se violan de manera consuetudinaria y sistemática los derechos humanos. Entre los años 2007 y 2015, el juicio crítico sobre la no garantía de los mismos descendió de 70,9 por ciento a 47,0; a partir de 2017 el dictamen negativo aumenta año a año volviendo a escalar a 69,5 por ciento en 2021 (gráfico 13).


En consecuencia, para el total nacional, menos de la mitad de las personas de 18 años y más piensa que en Colombia se protegen y garantizan los derechos humanos (gráfico 14). Por categorías, en 2021 los derechos a la recreación y la cultura son los que se juzga que cuentan con mayor garantía (43,2%), si bien registran un retroceso de 5,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la valoración de 2019 (48,9%). La más baja consideración en la protección y garantía hace referencia a los derechos de las mujeres (26% en 2021 con una caída de 4,5 p.p. respecto a la medición de 2019), los derechos de las minorías étnicas y sociales (23,8% y disminución de 4 p.p.) y los derechos del campesinado (21,6% con una caída de 4 p.p.).


En el intermedio de esta valoración se ubican el otro conjunto de derechos, con porcentajes en 2021 entre 29 por ciento y 31,6 además de registrar caídas respecto a la ECP de 2019 entre 3,2 y 5,1 p.p., estos son: “la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo y la vivienda”, “la vida, la libertad, la integridad y la seguridad”, “la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de información”. La desprotección y falta de garantías en el disfrute de los derechos es más crítica en las cabeceras municipales en comparación con la percepción que se tiene en los centros poblados y rural disperso.

Información, identidades y fuerzas políticas


Con relación a la posición ideológica de la población de 18 años y más, la ECP aplica la siguiente pregunta: “Las personas cuando piensan en política utilizan los términos izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? (gráfico 15). En 2021, el 44,9 por ciento de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 42,2 de la población de centros poblados y rural disperso, se ubicaron en la posición ideológica de centro. En la posición ideológica de derecha se ubicó el 18,0 por ciento de las personas de las cabeceras municipales y el 17,3 de la población de centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de izquierda fue elegida por el 14,7% y 11,2% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.


Durante el período 2008-2021 se registran cuatro momentos disruptivos en la posición ideológica de la ciudadanía colombiana: i) hasta 2013, cuatro de cada cinco personas no se identificaba con ninguna ideología o no tenía preferencias políticas; entre 2015-2021 esta posición cae a sólo una de cada cinco personas, esto es, la ciudadanía expresa una mayor educación, interés e identidad política; ii) las preferencia centristas representaban entre 5,5 y 8,2 por ciento hasta 2013, en los años siguientes concentran entre 38 y 45 por ciento de quienes sostienen a los partidos políticos de centro; no obstante, quienes profesan esta ideología política son, paradójicamente, los más pasivos y ajenos al proceso político; iii) durante los años 2008-2019 la preferencia por la ideología de derecha fue creciente hasta alcanzar el máximo de una de cada cuatro personas de 18 años y más; en 2021 registra un quiebre en la tendencia al registrarse la caída en las posiciones ideológicas de derecha en 7,6 p.p., esto es, concentran solo el 18 por ciento de las preferencias; iv) en 2008, la izquierda concentraba el 8,2 por ciento de las preferencias políticas, después el favoritismo cae a 4,2 en 2013; de 2015 a 2021 las posiciones ideológicas de izquierda vienen ganando partidarios hasta concentrar el 14,8 por ciento de las preferencias políticas. En la elección presidencial de 2018, segunda vuelta, después de alianzas y coaliciones, el candidato de izquierda obtuvo el 44 por ciento de los votos válidos, en blanco votó el 4 y el candidato de la derecha obtuvo el triunfo con el 52 (gráfico 7).

 

 


La conveniencia por enterarse de los temas políticos ha escalado en los valores, intereses y necesidades de la ciudadanía colombiana. Sin duda, el proceso de urbanización y los mayores niveles educativos alcanzados por el país durante las últimas tres décadas (la Constitución Política de 1991 marca un punto de divergencia positivo) explican este proceso de maduración política y las diferencias en la cualificación de la participación; las personas con un nivel educativo y cultural más elevado: i) son más conscientes de la influencia que las decisiones públicas tienen en sus intereses, ii) están más informadas políticamente, iii) tienen opiniones sobre más problemas políticos, iv) discuten más de política y con una serie más diversificada e informada de personas, v) se consideran capaces de influir en las decisiones de quien ocupa el poder, vi) tienen más desarrollado el sentido de los derechos y deberes constitucionales.


En el año 2019, de acuerdo con los resultados de la ECP del Dane, cerca de dos terceras partes de la población se informaban regularmente sobre la actualidad política del país; en 2021 el porcentaje desciende a 59,2. El interés por la política es más alto en los hombres respecto a las mujeres y el descenso registrado en la población que se informa entre 2019-2021 fue más pronunciado en las mujeres (gráfico 16).


Según el medio por el cual se informan de la actualidad política del país, entre las diferentes fuentes, la televisión, la radio y la conversación con otras personas desempeñan un papel preponderante; sin embargo el rol de las redes sociales (Facebook, twitter e Instagram) ocupa el segundo lugar y escala en preferencias de la ciudadanía. Entre 2019-2021, la influencia de la televisión cae de 92,5 por ciento a 89,6 y la radio de 60,2 a 53,5; en paralelo, las redes sociales aumentan el predominio informativo de 50,1 por ciento a 55,0 (gráfico 17).


Violencia, democracia y cultura política


Desde el siglo XX la guerra y la paz se mezclan, se confunden, afirma el filósofo francés Henri Lefebvre (“La violencia y el fin de la historia”, Ediciones Siglo XXI, 1973). En la historia colombiana, la violencia y la democracia se explican entre sí debido al sempiterno conflicto armado, la rígida y jerárquica estructura de desigualdad socio-económica, la exclusión de las mayorías populares, el uso de métodos de acumulación por desposesión, las prácticas de terrorismo de Estado y la represión de las manifestaciones ciudadanas como mecanismos de dominación y control social. La violencia transforma la cultura política y afecta los procesos democráticos. Ante la ausencia de respuestas sociales y políticas efectivas y democráticas a los elevados niveles de inseguridad, conflicto y violencia, muchos ciudadanos abandonan la participación social y política, aumenta la desconfianza en las instituciones y en los mecanismos legales, crecen las preferencias antidemocráticas y las opciones por caudillos autoritarios.


El destacado psicólogo canadiense Steven Pinker afirma que la cantidad de violencia en una sociedad se halla más estrechamente relacionada con la desigualdad social que con su pobreza (“Como funciona la mente”, Ediciones Destino, 2008). Colombia registra un problema estructural de concentración del ingreso y la riqueza; la medida de la desigualdad a través del coeficiente de concentración Gini es uno de los más altos a nivel mundial: 0,523 en 2021 (de acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales). Además, las diferencias económicas y sociales aumentan la inestabilidad política y erosionan la confianza en los gobiernos, cada vez más influenciados por las clases adineradas.


El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad. En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”. La victoria, por un escaso margen, fue el No.


En la ECP de 2021 el Dane indagó a las personas de 18 años y más, según su satisfacción con el contenido del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc en 2016; el 43,2 por ciento de las personas expresaron que no se encuentran satisfechas, el 25,3 no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas, el 19,0 afirmaron estar muy satisfechas y el 12,5 no saben o no responden.


Cinco años después de firmado el acuerdo de Paz entre el gobierno y la insurgencia de las Farc, la ECP realizó la pregunta sobre el grado de satisfacción con la forma en que se está llevando a cabo la implementación del Acuerdo de Paz. El 57,6 por ciento de las personas de 18 años y más manifestaron que para “Nada” se encuentran satisfechas; el 21,3 por ciento de los encuestados dicen no estar ni satisfechos ni insatisfechos con el proceso seguido; tan solo el 8,3 está muy satisfecho con la forma en que se está llevando a cabo la implementación del Acuerdo de Paz; y, el 12,8 no saben o no responden. El nivel más alto de insatisfacción corresponde a la ciudadanía de Bogotá con 68,4 por ciento; y el nivel más alto de satisfacción corresponde a la región Caribe con 13, 5 por ciento (gráfico 18).


A la luz de los resultados arrojados en las elecciones al Congreso celebradas en marzo de 2022, parece que las tendencias de cambio de centro a izquierda, con un estancamiento o decaimiento de la derecha, se mantienen. Queda abierto el interrogante si ese resultado es una constante o no. El 29 de mayo la sociedad lo certificará.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

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