Tanques rusos destruidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania a principios de marzo en Bucha. Foto By Mvs.gov.ua, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org

Occidente condena sin paliativos las imágenes de la retirada del ejército ruso en Bucha, donde testigos independientes refieren asesinatos indiscriminados de civiles. Human Rights Watch emite un informe en el que recoge otros posibles crímenes de guerra.

 

Las evidencias de la masacre en Bucha, una localidad a menos de 30 kilómetros de la capital, Kyiv, tienen consecuencias en el curso de la guerra en toda Europa. El sábado 2 de abril, la agencia AFP verificó que sus corresponsales habían encontrado “al menos 20 muertos” en las calles de esta localidad, uno de ellos con las manos atadas. 

El alcalde de la ciudad ha declarado que hay 300 cuerpos, de civiles, en su mayoría, en fosas comunes improvisadas excavadas en la ciudad. Algunos de los cuerpos están “a medio quemar” y también se han encontrado cadáveres con signos de tortura, según testimonios directos. Según declaró a Reuters el alcalde, Anatoliy Fedoruk, los muertos fueron ejecutados con disparos en la cabeza y no es seguro levantarlos por la sospecha de que los soldados rusos, en su retirada de la ciudad, hayan escondido minas en los cuerpos de los cadáveres. Ucrania refiere haber encontrado 410 cadáveres en las ciudades alrededor del perímetro de Kyiv, incluida Bucha, tras la retirada de las fuerzas armadas rusas.

Igor Konashenkov portavoz ruso del Ministerio de Defensa ha confirmado que las tropas han evacuado la ciudad pero el Kremlin niega los asesinatos indiscriminados de civiles y se limita a decir que se trata de “noticias falsas”, un montaje y una provocación.

Rusia ha mantenido su propia versión a lo largo de la mañana de hoy, 4 de abril, y otro de sus portavoces ha calificado como una “atroz provocación de los radicales ucranianos” lo sucedido en Bucha antes de anunciar que Rusia ha solicitado “una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes 4 de abril“.

El Gobierno ucraniano ha reaccionado acusando al ejército ruso de crímenes de guerra. Volodimir Zelensky se ha dirigido a la población con un mensaje en el que asegura que el Consejo de Seguridad de la ONU examinará el martes “los crímenes de guerra cometidos en Bucha y otras ciudades durante la ocupación rusa”.

Los líderes de Occidente han mostrado su consternación con las imágenes que han llegado de Bucha. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha emitido un mensaje en el que dice que los responsables del “indecible horror” deben pagar por ello. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha calificado las imágenes como un “puñetazo en el intestino” y ha declarado que su administración “investigará” si Rusia ha cometido genocidio durante el mes largo de guerra. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, calificó las imágenes como “una brutalidad contra los civiles que no hemos visto en Europa desde hace décadas”.

En España, Pedro Sánchez ha abundado en la posibilidad de que los crímenes de Bucha sean considerados crímenes de guerra y “por qué no decirlo, genocidio”. Se trata de uno de los primeros líderes que menciona la palabra genocidio en el contexto de la guerra de Ucrania.

Al margen de las condenas, la consecuencia de las imágenes publicadas esta semana parece orientarse a una nueva batería de sanciones. Emmanuel Macron, presidente francés, ha sido uno de los que han propuesto nuevas sanciones y ha dicho que se deben orientar a las importaciones de carbón y petróleo. La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha ido un paso más allá y ha pedido que la UE se plantee renunciar a las importaciones de gas ruso como represalia, algo que hasta ahora no se ha barajado por la dependencia que tienen Alemania, Polonia y otros países del Este del combustible ruso.

Entre las personas que han dado testimonio de la masacre en Bucha está el periodista independiente Santi Palacios, quien ha publicado en la revista 5W algunas de las fotografías que han dado la vuelta al mundo en las últimas 48 horas. En ellas se puede observar el horror perpetrado en la localidad, que se corresponde con la descripción dada por el alcalde de Bucha: cadáveres desperdigados por la calle, algunos de ellos maniatados, muertos enterrados en los patios traseros de algunas casas: “Vimos 22 muertos en esta misma calle. Son los que vimos. Pero eran más”, termina el relato de Palacios.

Informe humanitario

Antes de que se conocieran los hechos de Bucha, una serie de ONG encabezadas por Human Rights Watch publicaron un informe sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Chernihiv, Kharkiv y Kyiv y confirmaron la veracidad de testimonios en “un caso de violación reiterada; dos casos de ejecución sumaria, uno de seis hombres y el otro de un hombre; y otros casos de violencia ilegal y amenazas contra civiles entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2022”.

Uno de los casos documentados por HRW sí tuvo lugar en Bucha. El 4 de marzo, las fuerzas rusas en esa localidad “acorralaron a cinco hombres y ejecutaron sumariamente a uno de ellos. Un testigo dijo a Human Rights Watch que los soldados obligaron a los cinco hombres a arrodillarse a un lado de la carretera, les taparon la cabeza con sus camisetas y dispararon a uno de ellos en la nuca”.

Otro de los casos documentados por HRW se refiere a una mujer que denunció que un soldado ruso la violó repetidamente en una escuela de la región de Járkiv donde ella y su familia se habían refugiado el 13 de marzo. Dijo que la golpeó y le cortó la cara, el cuello y el pelo con un cuchillo. Human Rights Watch revisó dos fotografías, que la mujer compartió, en las que se muestran sus lesiones faciales.

“Las leyes de la guerra prohíben el asesinato intencionado, la violación y otros actos de violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles detenidos”, recuerda Human Rights Watch. “También están prohibidos el pillaje y el saqueo. Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente estos actos, o que los ayude o instigue, es responsable de crímenes de guerra”.

“Rusia tiene la obligación jurídica internacional de investigar imparcialmente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus soldados”, declaró Hugh Williamson, director de la organización en Europa y Asia Central.

Redacción El Salto

4 abr 2022

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¿Por qué la izquierda debe apoyar el derecho de Ucrania a defenderse?

Para parte de la izquierda el poder responsable, en última instancia, de todas las guerras, es Estados Unidos y la OTAN. Desconociendo procesos particulares del espacio postsoviético, alimentan análisis geopolíticos que pasan por alto el derecho a la autodefensa. Detrás de ciertos saludos pacifistas, hay una invitación más o menos abierta a la rendición.

No soy una especialista, en el sentido académico del término, ni en relaciones ruso-ucranianas, ni en cuestiones geopolíticas. Estoy escribiendo una tesis en filosofía. Pero nací en Kiev, donde viví durante 20 años antes de llegar a Francia. Mi familia se encuentra actualmente en Ucrania. Mi madre abandonó Kiev el 28 de febrero psado, pero muchos amigos y familiares de amigos permanecen aún en la capital ucraniana, ya sea porque tienen a cargo personas ancianas y enfermas, o porque decidieron defender su ciudad y ayudar a quienes se quedaron allí. Otros amigos ya escaparon y están tramitando pedidos de asilo en Polonia, Alemania o Francia. Desde el primer día de la invasión, he seguido sobre todo la información local, a través de los medios de comunicación ucranianos y diferentes canales de Telegram, o directamente a través de los testimonios de mis familiares. Es una de las razones por las cuales decidí escribir este texto, para hablar de la magnitud de la destrucción, las condiciones de vida y de supervivencia de las personas que se encuentran actualmente en el lugar, y las redes de solidaridad y resistencia en las cuales se involucra masivamente la población ucraniana.

Tras el fracaso de la guerra relámpago, el ejército ruso intensificó los bombardeos en los centros urbanos, especialmente en Járkov, Mariupol y Kiev, sin dejar a salvo los barrios residenciales y la infraestructura civil como las escuelas y los hospitales. Lo que sucede se parece cada vez más a una guerra punitiva. Las imágenes de los suburbios del noroeste de Kiev pueden dar fe de ello: Irpín, Borodyanka, Bucha, Gostomel, así como varios pueblos situados a lo largo de la ruta Kiev-Zhitomir ya están semidestruidos. En esos suburbios donde los combates continúan, la población carece de electricidad, calefacción y red de telefonía desde los primeros días de la guerra. Deben pasar varios días seguidos en sótanos fríos y húmedos, que no están preparados para protegerse de los misiles tipo Grad o Iskander utilizados por el ejército ruso. La situación es absolutamente dramática. Ni la Cruz Roja se arriesga a ingresar en los territorios donde está instalado y circula el equipamiento militar ruso. 

A pesar de los acuerdos sobre los «corredores humanitarios», el alto el fuego es apenas respetado por el ejército ruso. Los militares disparan con frecuencia contra los automóviles de civiles que tratan de escapar de estas zonas de combate. El 6 de marzo fue asesinada en Irpín una familia que se dirigía a pie hacia uno de los autobuses de evacuación. Por el momento, el medio más seguro para abandonar la capital sigue siendo el tren que sale de la estación central. Ahora bien, esta última también fue dañada por una explosión que se produjo frente a la estación el miércoles 2 de marzo. Circular por la ruta en automóvil se ha vuelto cada vez más peligroso, y la gasolina escasea: los soldados rusos ya destruyeron varios depósitos de petróleo, especialmente en la región de Kiev, y actualmente se da prioridad a las necesidades del ejército. Por ahora, los trenes de evacuación circulan con regularidad, pero están repletos y las personas se amontonan de a cuatro en los asientos individuales, e incluso se ven obligadas a viajar paradas o sentadas en el piso durante más de 10 horas. En la estación de Lviv, donde los refugiados esperan los trenes que se dirigen a Polonia, la situación se vuelve cada vez más tensa. Viniendo por la carretera, debe esperarse hasta 24 horas para cruzar la frontera polaca.

Pero es en la sitiada Mariupol -una ciudad rusoparlante situada en el sur de la región administrativa de Donetsk- donde la hipocresía de la «operación especial» destinada a liberar estos territorios del yugo de los «nazis de Kiev» se revela en su extrema brutalidad. Esta urbe, que posee actualmente 360.000 habitantes, sufre bombardeos masivos que ya causaron al menos 1.500 víctimas civiles, que comienzan a ser enterradas en fosas comunes. Los habitantes de la ciudad están completamente aislados de todos los medios de comunicación, sin agua, electricidad ni calefacción. La ayuda humanitaria no puede llegar hasta allí y los corredores humanitarios siguen siendo inseguros. Un canal de Telegram comenzó a hacer un listado de las personas vivas, para que las familias y los amigos puedan tener información sobre sus parientes con los que no pueden contactarse desde hace nueve días.

Pero si Kiev, Járkov, Mariupol y otras ciudades resisten al ejército ruso aun cuando este posea una clarísima ventaja militar, es porque, frente a esta invasión, se interpuso una vasta movilización popular que supera ampliamente los aparatos estatales, incluso en las ciudades rusoparlantes que deberían, según la lógica, tanto de Putin como de cierta izquierda occidental, recibir con los brazos abiertos al ejército de liberación. Esta movilización adquiere múltiples formas: en Energodar y en otras ciudades, gente desarmada sale a formar cadenas humanas para impedir el avance de los tanques rusos; en las ciudades ya ocupadas, como Jersón y Melitópol, se produjeron grandes manifestaciones para protestar contra el ejército invasor. En otras ciudades, los grupos de defensa territorial y los grupos de solidaridad autoorganizados garantizan la seguridad y el abastecimiento de la población. Según las palabras de una amiga que permanece en Kiev, todo el mundo participa de una manera u otra en los movimientos de solidaridad a través de los miles de canales de Telegram especializados: se trata de organizar puntos de distribución y la entrega de alimentos, medicamentos u otros productos de primera necesidad, especialmente a las personas aisladas y a los más frágiles; encontrar u ofrecer alojamiento; solicitar o indicar la disponibilidad de lugares en los automóviles para evacuar a las personas a Ucrania Occidental. Cada ciudad propone una lista de sitios (iglesias, gimnasios, restaurantes) que pueden recibir gratuitamente a refugiados y personas en tránsito. El canal de Telegram «Ayuda para partir» tiene actualmente 94.000 miembros, incluyendo conductores y pasajeros. Todas estas iniciativas son horizontales y no dependen del Estado: síntoma a la vez de la quiebra del Estado ucraniano, tomado por sorpresa por una guerra de semejante magnitud, pero también del impulso de solidaridad y resistencia del pueblo ucraniano frente al invasor.

En esta situación, me sorprendió realmente la persistente incapacidad de buena parte de nuestros compañeros en Francia y otras partes para superar una visión del mundo donde el poder responsable, en última instancia, de todas las guerras, es Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Es la razón por la cual muchos análisis sobre la situación en Ucrania, sorprendentemente, buscan remontarse a las «causas profundas» bastante lejanas, histórica y geográficamente. Un enfoque geopolítico semejante oculta en parte el desconocimiento de los procesos políticos y sociales del espacio postsoviético, alimentando especialmente la idea según la cual, en el fondo, todos los gobiernos oligárquicos de esta parte del mundo son iguales, cualquiera sea el grado de represión que ejerzan sobre su propia población y la población de Estados vecinos. Es en nombre de esta visión reduccionista de las realidades complejas que prácticamente se invita a los ucranianos a rendirse, ya sea directamente, o -de manera más indirecta y bajo el pretexto de un antimilitarismo revolucionario- oponiéndose a toda ayuda militar a Ucrania provista por países miembros de la OTAN. Enviando a los ucranianos un saludo internacionalista, se sugiere así que deberían aceptar la ocupación militar y un gobierno impuesto por Putin.

Por supuesto, desde la invasión, pocos compañeros se permiten negar que se trata de una agresión militar alimentada por las pretensiones imperialistas de Rusia. Pero las posiciones campistas siguen siendo sin embargo legibles en diferentes tomas de posición a través del orden en el cual se presentan los argumentos (sí, la inaceptable agresión a Ucrania por parte de Rusia, «pero por otro lado» el asedio a Rusia por parte de la OTAN...), que siguen sosteniendo la imagen de Rusia como una potencia imperialista subalterna y esencialmente reactiva. Hace varios días en Francia, en el anuncio en Facebook de la manifestación «por la paz» organizada por los jóvenes del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) al margen de la gran manifestación de apoyo al pueblo ucraniano que se realizaba en la Plaza de la República, podía leerse que la invasión militar a Ucrania por parte de Rusia era una reacción de Rusia a la política agresiva de la OTAN. Podía leerse que los organizadores apoyan a aquellos que «tanto en Ucrania como en Rusia luchan contra la guerra». Ahora bien, los ucranianos no luchan contra la guerra: están, a su pesar, en guerra contra Rusia. ¿Es esto pues otra cosa que una invitación a rendirse?

Cuando estalló la guerra, dada la aplastante superioridad de las fuerzas rusas, yo misma esperaba que Kiev fuese ocupada en 48 horas, para que al menos el precio a pagar por una derrota segura fuera el menor posible. Pero quedé asombrada, y creo que todos quedamos asombrados por la resistencia del ejército y la población ucraniana. Es importante que los compañeros comprendan que actualmente esta no incumbe solo a los neonazis, ni siquiera al Estado capitalista ucraniano, ni a los Estados imperialistas occidentales. Mis amigos y amigas anarquistas, socialistas y feministas participan en grupos de solidaridad, organizan colectas para el ejército ucraniano, se movilizan en grupos de defensa territorial. La población en su conjunto parece muy decidida a defender el simple derecho a vivir en paz en su país, país donde manifestarse y expresar públicamente posiciones divergentes se volvió quizás más complicado estos últimos años, pero no imposible, como sucede en Rusia.

Ciertamente, no hay que cerrar los ojos a las oscuras perspectivas de todos los posibles desenlaces de esta guerra. Como ucraniana, rusoparlante y marxista, observaba con preocupación la evolución política de mi país desde 2014, desde el desmantelamiento de las estatuas de Lenin y las leyes de descomunización hasta la proliferación de los grupos paramilitares de extrema derecha y la guerra en el Donbas. La guerra de Putin en Ucrania corre el riesgo de acentuar fuertemente estas tendencias y sentimientos antirrusos en todas las esferas de la vida. Todas las guerras, todos los movimientos de la llamada «liberación nacional» conllevan riesgos semejantes. Prevenir el avance de un nacionalismo imbécil que busca eliminar el multilingüismo y la herencia soviética en Ucrania, dificultando el desarrollo en este país de los movimientos anticapitalista, feminista y ecologista, será la tarea que tiene por delante la izquierda ucraniana e internacional. Pero en este momento, debemos expresar una total solidaridad con la resistencia ucraniana contra los invasores. La solidaridad con Ucrania es al mismo tiempo una solidaridad con las voces que, en Rusia, se elevan cada vez más fuerte contra la guerra y contra el gobierno. Al mismo tiempo que la represión, se intensificarán las fracturas políticas y sociales en Rusia. El poder quiere ocultarle a su población las imágenes de los bombardeos a los barrios civiles de Kiev, Járkov y Mariupol, pero ¿cuánto tiempo podrá hacerlo? Cualquiera sea el desenlace de esta guerra, estoy cada vez más convencida de que Ucrania será el fin de Putin.

Desde luego, con esta invasión, la izquierda occidental se ve enfrentada a serios dilemas. Solo abordaré aquí dos de ellos: ¿cómo apoyar a la resistencia ucraniana -y ello implica, a mi modo de ver inevitablemente, el apoyo a la provisión de armas y otros equipamientos al ejército ucraniano, dada la incomparable superioridad del ejército ruso- denunciando de manera general la industria armamentista y el anunciado aumento de los presupuestos militares? ¿Cómo apoyar a los refugiados ucranianos y alegrarse del impulso de la sociedad civil al respecto, recordando el tratamiento infligido desde hace décadas a los refugiados no blancos que huyen de conflictos que no afectan directamente al continente europeo, sin caer en una postura que consiste, desde la posición de un militante occidental, en señalar con el dedo al «refugiado privilegiado»?

Entre los argumentos mencionados por la izquierda para oponerse a la provisión de armas, se encuentran tres grandes categorías. La primera, al parecer, refiere a la preocupación por limitar el conflicto a Ucrania. La izquierda, al igual que la derecha, tiene miedo de incitar a Rusia a extender el conflicto, reconociendo sin decirlo que Occidente podría legítimamente sacrificar Ucrania para preservar la paz en el «mundo civilizado». A pesar de las grandes declaraciones de apoyo, Estados Unidos se mantiene muy prudente en esta cuestión, rechazando no solo la concesión de la No fly zone, que implicaría que los aviones de la coalición occidental derriben aviones rusos, sino también la provisión de aviones de combate solicitados por el gobierno ucraniano. En efecto, parece más que prudente hacer una clara distinción entre la implicación directa de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia y el suministro de armas defensivas al ejército ucraniano. Del lado del invasor, Bielorrusia ya participa abiertamente en la guerra en Ucrania, sin que ello incite a Occidente a cruzar la línea roja. Pero también debe tenerse en cuenta el hecho de que toda intervención de Occidente, incluso bajo la forma de sanciones económicas, que Putin ya ha calificado como «declaración de guerra», podría servir de pretexto para una ampliación del conflicto, si esa fuera su intención.

El segundo argumento consiste en oponer la solución diplomática a la solución militar, un discurso por la paz al discurso belicista. Olvidan al parecer que el proceso de negociaciones con las fuerzas de ocupación depende actualmente, en gran medida, de las relaciones de fuerza en el terreno militar. Por otra parte, el desconocimiento de los objetivos en torno a Crimea y Donbas, y de las circunstancias históricas reales en las cuales las poblaciones locales debieron expresar su derecho a la autodeterminación -lo que implica una injerencia activa de Rusia a través de la ocupación en Crimea o la campaña de desinformación sobre las supuestas intenciones del «gobierno nazi» de Kiev de exterminar a las poblaciones rusoparlante en Donbas, por no hablar del carácter poco transparente de los referéndos- hace que las condiciones bajo las cuales Rusia dice estar dispuesta a sentarse seriamente a la mesa de las negociaciones se vuelvan aceptables a los ojos de algunos compañeros. Mientras Rusia se niegue a retirar sus tropas, la protección de las poblaciones civiles dependerá también, ante todo, de la capacidad defensiva del ejército ucraniano.

Finalmente, surge el temor respecto de los destinatarios de la ayuda militar occidental, teniendo en cuenta la existencia de Azov, una brigada de extrema derecha, en el seno del ejército ucraniano. Su armamento genera con justa razón serias preocupaciones. Pero significa también reducir la resistencia de todo un pueblo a su franja más minoritaria, compuesta por unos miles de combatientes, y negarse a ver que la sociedad ucraniana es una sociedad tan compleja como cualquier otra, en la que se entretejen identidades sociales, culturales y políticas heterogéneas. Cuando se habla del armamento de la resistencia ucraniana, debe pensarse ante todo en las necesidades de los grupos de defensa territorial surgidos de la movilización general, así como en la necesidad de protección de las poblaciones civiles con armas que permitan derribar cohetes y repeler los ataques aéreos de los que son blanco. En síntesis, una posición antimilitarista abstracta debe dejar lugar a un movimiento concreto por la paz en Ucrania, que tenga en cuenta tanto las necesidades militares como las no militares de la resistencia a la invasión. Cuanto más dure y más se fortalezca, más posibilidades de éxito tiene el movimiento por la paz tanto en Rusia como en el extranjero.

Respecto de la cuestión de los refugiados, los compañeros señalan con justa razón la hipocresía y los dobles estándares racistas de Europa, de los cuales la frontera polaca, donde miles de personas sufrieron tratos inhumanos hace apenas unos meses, se vuelve hoy uno de los símbolos flagrantes. Contrariamente a nuestros adversarios que buscan discriminar entre buenos y malos refugiados, se trata para nosotros de reafirmar nuestro apoyo a todas las resistencias y a todas las víctimas de las potencias imperialistas, basándose en el precedente ucraniano para exigir que la apertura de las fronteras y la «protección temporal» se vuelvan norma para todas las personas que buscan asilo en los países europeos, cualquiera sea su nacionalidad, su color de piel o la proximidad del conflicto con respecto a las fronteras europeas. Y habrá además que asegurarse de que, en lo que atañe a los propios ucranianos, las grandes declaraciones no se vuelvan, al cabo de unas semanas, simples fórmulas vacías, y que las ayudas prometidas permitan instalaciones duraderas en condiciones dignas.

Nota: este artículo fue publicado originalmente en francés en la revista Contretemps. Puede leerse el original aquí. Traducción: Gustavo Recalde.

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Sábado, 07 Agosto 2021 05:15

La muerte de la Convención de Ginebra

La muerte de la Convención de Ginebra

 Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos “criminales”. Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda), vemos cómo lo que entendíamos como “ayuda humanitaria”, como “derecho básico”, como “humanidad”, va perdiendo cada día su lugar. Su espacio. Incluso, empieza a ser visto como un crimen. Como una “amenaza”. Como una “excusa”. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un “criminal”.

Los cuatro convenios de Ginebra, base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios (cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950), intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos (amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja) también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen “errores” llamados “colaterales”, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen “graves”. Eso nadie lo juzga.

El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre “intervención humanitaria” fue tan mal usada, para justificar tanta barbarie y tantas guerras “preventivas” de algunos Estados (poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados), que debió cambiarse su nombre: hoy se habla de responsabilidad de “proteger” (R2P) de parte de los Estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención “humanitaria”. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables (encontrar armas de destrucción masiva...) como intervenciones “humanitarias”. Pero no parece que estemos tampoco “protegiendo” mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo puesto de los conflictos que se viven en sus propios países (muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro); huyen desesperados con lo puesto, como la familia de Aylan Kurdi (rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P) y los estados “civilizados” no hacen nada por ellos. Al contrario. Los quieren "frenar". Les dan la espalda. Los dejan morir ahogados. (“Llame a Malta” fue la recomendación que la guardia italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo “civilizado” de hoy). 

El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de “cooperación”, tantas Cortes de Justicia. Nada de eso sirve. Se habla de un supuesto (hipócrita) derecho de “salida” para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas “salen” de sus culturas (países), huyendo de la violencia (sobre todo las mujeres, como advierte Susan Moller Okin, cuando se pregunta “Is Multiculturalism Bad for Women?), las democracias “civilizadas” de Europa, que predican el “respeto” cultural, no les abren las puertas. No tienen respuesta para ellas. Las deportan. Cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. ¡Cuesta vidas! ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias “jurídicas” a dar un paso (como el de Fatou Bensouda), que terminamos en el absurdo de acusar, por miedo, como “criminal” al único que ayuda a salvar vidas: Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Maier cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces, todos sentimos ganas de hacer eso.

Por Guido Leonardo Croxatto

06/08/2021

Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE/PTN).

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Photo credit Victor Barro

En 1972 el Presidente chileno Salvador Allende denunciaba ante las Naciones Unidas la falta de regulación y de control de las empresas transnacionales. En la actualidad, tras múltiples esfuerzos en este ámbito, se avanza hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este artículo destacamos cómo este proceso puede constituir una piedra angular frente a la gobernanza corporativa global.

En 1972, menos de un año antes de su asesinato durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el presidente chileno Salvador Allende afirmaba ante las Naciones Unidas:

“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales —políticas, económicas y militares— por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada (…)”1  

Allende apuntaba de ese modo a las empresas transnacionales (ETN),2 las cuales se han ido consolidando como actores centrales en el proceso de globalización capitalista. Para calibrar su poder económico, recordemos que 30 de las 100 primeras economías mundiales, son empresas transnacionales, con ingresos superiores al PIB de varios países.3 Su poder se encuentra cada vez más concentrado, prueba de ello, el 80% de los beneficios de las cadenas globales de suministro se concentra en únicamente el 10% de las empresas.4  

Una de las denuncias sobre las prácticas de las ETN que ha cobrado más fuerza últimamente en el Norte Global, mediante los ejemplos de Amazon, Alphabet (Google), entre otras, se vincula con la evasión fiscal.5 Las implicaciones para los países empobrecidos son enormes, puesto que ésta práctica de las ETN les cuesta cada año 100.000 millones de dólares6. Las personas con menos recursos son las más afectadas puesto que al recaudar menos, los Estados optan por recortes en servicios públicos como la educación o la sanidad. Sin embargo, esta realidad no es sino la punta del iceberg de un conjunto de conflictos económicos, sociales y ambientales que involucran a las ETN en todo el planeta. Si consideramos, por ejemplo, el Atlas de Justicia Ambiental de la UAB,7 observamos que los más de 3.000 conflictos socioambientales registrados involucran como mínimo a una ETN. Además, en más del 80% de los casos, las comunidades afectadas no han accedido a la justicia o a algún mecanismo de reparación por severas violaciones de los derechos humanos o daños al medio ambiente. La misma situación de impunidad se destaca en el mapeo de violaciones en el Sur Global cometidas por empresas con sede y/o operaciones en Catalunya que ha comenzado a elaborar el Grup d’empreses i drets humans.8    

Es importante resaltar que detrás de cada conflicto se ubican resistencias por parte de los colectivos afectados, a pesar de que crece la represión y de la criminalización de las personas que defienden el territorio y los derechos humanos. Una de las mejores estrategias que han ido desarrollando se ubica en las redes internacionales de apoyo y de solidaridad. Entre ellas, nos referiremos a la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad” (Campaña Global), que abarca a más de 220 movimientos, organizaciones sociales y sindicatos en todos los continentes,9 y en la cual se integran varias ONGs catalanas.   

La Campaña Global pretende enfrentarse a la arquitectura de la impunidad de las transnacionales, basada en la gobernanza corporativa global. Ésta última se ha ido consolidando en los últimos treinta años en base a: un derecho internacional que protege con normas vinculantes a las ETN, gracias a los miles de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones actualmente vigentes; la legitimación de las empresas, invitadas a co-redactar las regulaciones que se les apliquen; y la aplicación del “derecho blando” o códigos voluntarios como los Principios Rectores de la ONU, cuando las transnacionales violan los derechos humanos. El resultado de la gobernanza corporativa se ubica en una profunda asimetría entre los derechos humanos y los intereses empresariales. De forma tal, que actualmente no existen tribunales internacionales sustentados en el sistema internacional de los derechos humanos, desde donde se pueda exigir a las ETN la rendición de cuentas.   

Si bien en los últimos años se han desplegado varias iniciativas, sobre todo en Europa, para responder ante este desafío,10 no se ha logrado aún contar con un marco legal sólido. Uno de los resultados más esperanzadores se ubica en la histórica votación del Consejo de Derechos Humanos en 2014, que aprobó la creación de un Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG por sus siglas en inglés) cuyo mandato consiste en elaborar un instrumento jurídicamente vinculante (Tratado Vinculante) para las ETN y otras empresas en materia de derechos humanos.11  

La Campaña Global presionó desde 2013 para que este proceso iniciara y ha desplegado desde entonces un gran número de esfuerzos. Entre sus estrategias, cabe destacar la conformación de redes aliadas en apoyo al Tratado, como la Alianza para el Tratado,12 la Red Interparlamentaria Global, y la Red de Autoridades Locales en apoyo al Tratado.13 Además, una de las principales contribuciones ha consistido en elaborar propuestas concretas para los contenidos del propio Tratado Vinculante, con el objetivo de que sea lo más ambicioso posible. Entre estas propuestas, elaboradas con el liderazgo de las comunidades afectadas, destacamos:14

  • La necesidad de que el Tratado abarque el conjunto de obligaciones que los Estados deben imponer a las ETN para garantizar los derechos humanos y el medio ambiente
  • La necesidad de abarcar la responsabilidad jurídica empresarial a lo largo de las cadenas globales de suministro 
  • Sanciones claras y regímenes de responsabilidad administrativa, civil y penal para las ETN
  • La primacía de los derechos humanos y la superioridad jerárquica sobre los tratados de comercio e inversiones, desarrollando obligaciones específicas como el rechazo del mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (conocido como ISDS)
  • La previsión de obligaciones específicas para las ETN y las instituciones financieras internacionales implicadas en las violaciones de derechos humanos 
  • Disposiciones que faciliten el acceso a la justicia para las comunidades afectadas, tales como la inversión de la carga de la prueba, y fondos para los gastos legales de los afectados. 

En octubre de 2021 tendrá lugar la 7ª Sesión del OEIGWG en Ginebra, en la cual se debatirá sobre el nuevo borrador de Tratado que debe elaborar Ecuador, el cual preside el OEIGWG. A pesar de que existen incertidumbres sobre cómo evolucionará el Tratado, en función de la correlación de fuerzas entre Estados y la fuerte presión de las ETN, la propia existencia de esta negociación constituye un gran paso frente a la arquitectura de la impunidad corporativa. Y en todo caso, queda claro que las organizaciones de la sociedad civil seguirán disputando este espacio y abriendo otros que permitan fortalecer el proceso. Un claro ejemplo se ubica en el Centro Catalán de Impactos de las Empresas en el Exterior15 impulsado por el Grup d’Empreses i Drets Humans de Lafede.cat y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, aprobado por el Parlament de Catalunya en 2020, y cuya ley de creación ha sido registrada y debería ser una realidad este año. 

 

Por Mónica Vargas | 24/06/2021

 

Notas

  1. Véase: http://www.abacq.net/imagineria/cronolo4.htm 
  2. De acuerdo con la definición establecida por la Subcomisión de la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en 2003, una  ETN es: “una entidad económica que realiza actividades en más de un país, o un grupo de entidades económicas que realizan actividades en dos o más países, cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, tanto en su propio país como en el país de la actividad, y ya sea que se le considere individual o colectivamente” [véase: CETIM (2016). Impunidad de las empresas transnacionales, https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/br-impunit%C3%A9-fusionn%C3%A9-esp.pdf, p. 102]. Una ETN puede ser privada o pública y al considerarla conviene siempre a la cadena de suministro. En esta última se integran empresas distintas de la ETN pero que contribuyen en su funcionamiento mediante la provisión de fondos y materiales para la producción de bienes o servicios. En la cadena se incluyen a los contratistas, subcontratistas, y a los proveedores con los cuales la empresa matriz o aquellas controladas por ésta han establecido  relaciones comerciales. 
  3. Fuente: Banco Mundial (2021). PIB por país a precios actuales. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true&view=chart; Fortune Magazine (2021). Fortune 500. https://fortune.com/global500/. Una sola empresa como la gestora de fondos Blackrock, ha llegado a tener activos por más de 7,5 billones de euros, e inversiones en la mayoría de empresas del Ibex 35 y  del CAC 40 (véase: https://directa.cat/blackrock-dispersar-les-inversions-per-concentrar-el-poder/). 
  4. Véase: https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Didactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_2018.pdf
  5. Véase por ejemplo: https://www.elsaltodiario.com/amazon/paga-menos-8percent-impuesto-beneficios-todo-mundo 
  6. Véase: https://nuso.org/articulo/gaidoni-la-evasion-fiscal-de-las-empresas-transnacionales-es-una-violacion-de-los-derechos-humanos/ 
  7. Véase: https://ejatlas.org/
  8. Véase: https://alertadh.org/ 
  9. Véase: https://www.stopcorporateimpunity.org/ 
  10. Véase al respecto el análisis de OMAL: https://omal.info/spip.php?article9369 
  11. Véase: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx 
  12. Véase: https://www.treatymovement.com/ 
  13. Véase: https://bindingtreaty.org/ 
  14. Véase también: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es 
  15. Véase: https://www.lafede.cat/ca/el-ple-del-parlament-dona-llum-verda-a-la-llei-de-creacio-del-centre-dempreses-i-drets-humans/ 
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Sahara Occidental: derecho a la independencia

En su agónico final como presidente, Trump decidió "reconocer" la "soberanía" de Marruecos sobre "todo" el Sahara Occidental, actualmente dividido en una zona ocupada por Marruecos, otra controlada por la República Saharaui (20 por ciento del total) y otra pequeña, pero estratégica, controlada por Mauritania. Esta decisión contraria al derecho internacional daña la paz en el norte de África. Para enjuiciarla evitando presentaciones manipuladas procede recordar la historia y el derecho internacional aplicable de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

España firmó en 1884 un acuerdo de "protectorado" con las tribus independientes del Sahara Occidental, casi 30 años antes de que, junto con Francia, en 1912 sometieran a protectorado a Marruecos. Al independizarse este último, en 1956, su política exterior agresiva para construir el "Gran Marruecos" buscó anexionarse el Sahara Occidental, Mauritania, el noroeste de Mali, el oeste de Argelia y los territorios españoles del norte de África.

Marruecos protestó cuando, en 1960, Mauritania ingresó a la ONU, aduciendo que este país era parte de su "integridad territorial" (S/4568). Fracasado este intento, encaminó su expansionismo contra Argelia, intentando arrebatarle sus territorios occidentales en 1963 (Guerra de las Arenas). Tras fracasar, concentró todas sus energías en apoderarse del Sahara Occidental alegando, también, que era parte de su "integridad territorial" y que la descolonización del territorio entonces administrado por España no debía hacerse mediante un referéndum de autodeterminación, sino "devolviéndolo" a Marruecos para que lo "recuperara".

Para disipar dudas, la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva, que fue emitida el 16 de octubre de 1975 y en la que se afirmó que Marruecos nunca tuvo soberanía sobre el Sahara Occidental, y que a lo sumo el sultán marroquí sólo tuvo vínculos personales con ciertas tribus minoritarias del norte del territorio (los tekna), mientras las tribus saharauis mayoritarias (como erguibat) siempre fueron independientes y no tuvieron ni siquiera vínculos personales con el sultán. La Corte concluyó que la descolonización del Sahara Occidental debía hacerse "mediante la aplicación del principio de autodeterminación gracias a la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio" (párrafos 102 y 162).

Para llevar a cabo el referéndum, España elaboró en 1974 un censo de la población originaria. Pero la enfermedad terminal del general Franco (entonces en el poder), justo después del pronunciamiento de la Corte, fue aprovechada por el rey marroquí y sus aliados internacionales (Kissinger, fundamentalmente) que organizaron una invasión del Sahara Occidental mediante la llamada "marcha verde" (deplorada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución S/RES/380 del 6 de noviembre de 1975). Luego se presionó a España y a Mauritania para firmar el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, a fin de, supuestamente, "descolonizar" el territorio sin un referéndum de autodeterminación.

La Asamblea General no reconoció la validez del acuerdo y exigió el referéndum de autodeterminación (resolución A/RES/3458, del 10 de diciembre de 1975). Invocando el ilegal Acuerdo de Madrid, Marruecos y Mauritania invadieron el Sahara Occidental, a los que se opuso el Frente Polisario. Tras el abandono de España el 26 de febrero de 1976, esta organización proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por un gran número de estados.

Mauritania renunció a anexionarse territorio, pero no Marruecos, que continuó hasta 1991 la guerra contra el Frente Polisario (representante del pueblo saharaui, según la resolución de la Asamblea General A/RES/34/37, de 1979). Las dos partes del conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, firmaron en 1988 unas Propuestas de arreglo que, complementadas con el Plan de Aplicación del secretario general de la ONU conforman el Plan de Arreglo (S/21360), aprobado por el Consejo de Seguridad en 1990 (S/RES/658). Acordaron celebrar un referéndum de autodeterminación dirigido por la ONU, con la cooperación de la Organización para la Unidad Africana, en el que votarían los incluidos en el censo español de 1974 (párrafos 23 y 24 del Plan de Arreglo) para que los saharauis eligieran entre la integración a Marruecos o la independencia (párrafo 31 del Plan de Arreglo). Posteriormente, el secretario general decidió que deberían añadirse al censo quienes se acreditaran como saharauis mediante una serie de criterios (documento de la ONU S/23299, de 1991). Tras múltiples obstáculos, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), concluyó en diciembre de 1999 la confección del censo (S/2000/131).

El padrón estaba hecho. ¿Por qué no se ha celebrado el referéndum? Porque en 2004 Marruecos (anexo del documento de la ONU S/2004/325) deshonró su compromiso contenido en el Plan de Arreglo. El 13 de noviembre de 2020, también incumplió sus compromisos relativos al cese el fuego, provocando el retorno a la guerra tras casi 30 años de tensión.

El "reconocimiento" de una "soberanía" que la Corte Internacional de Justicia declaró que nunca existió sólo significa apoyar una política expansionista y de violación del derecho internacional y del derecho de autodeterminación reconocido al Sahara Occidental por el Tribunal Internacional de Justicia, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sólo el respeto al derecho ajeno traerá la paz al territorio saharahui.

Por Carlos Ruiz Miguel*

* Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela, España

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 En vídeo, el ciberespionaje a Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. EPV

Julian Assange fue espiado las 24 horas del día durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres en la que permaneció refugiado durante los últimos siete años. Documentos, vídeos y audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que la empresa de defensa y seguridad privada española Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática en el Reino Unido entre 2012 y 2018, dedicó a sus hombres a captar toda la información posible del ciberactivista, en especial de sus abogados y colaboradores.

Varias cámaras de vídeo grabaron, con audio desde diciembre de 2017 a marzo de 2018, decenas de entrevistas del fundador de Wikileaks con sus letrados y visitantes en las que se trató de su estrategia de defensa. Los dispositivos recogieron varios planes secretos para sacarlo de la embajada y llevarlo a Rusia o Cuba, proyectos secretos que finalmente no se ejecutaron por la negativa del activista australiano que los consideraba “una derrota”.

La actividad febril y obsesiva de los vigilantes de UC Global S. L. sobre “el huésped”, como le denominan en sus notas, se intensificó durante el Gobierno de Lenín Moreno que recientemente entregó al activista a las autoridades británicas. Su antecesor, Rafael Correa fue quien dio refugio a Assange y lo acogió durante siete años en la legación diplomática.

Monitorizar todos los movimientos del activista, grabar sus conversaciones y recoger su estado de ánimo era la tarea diaria y cotidiana de los empleados de seguridad en la embajada. Pero la obsesión por conocer los secretos más íntimos de su objetivo llevó al equipo realizar a sus espaldas una prueba grafológica, plasmada en un informe de seis páginas, y a tomar una muestra de las heces de un bebé en un pañal para comprobar si era hijo de Assange y de una de sus más fieles colaboradoras. Labores de inteligencia que nada tenían que ver con la pretendida protección del invitado y refugiado en la embajada.

El equipo de seguridad de la empresa española, con sede en Puerto Real, (Cádiz) redactaba cada día un parte confidencial que se remitía a su propietario David Morales, un exmilitar formado en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina. Los detalles que se recogían en estos informes son una muestra del interés de esta empresa por acumular toda la información posible sobre el hombre que se enfrenta a 18 cargos por revelar miles de cables secretos del Departamento de Estado de EE UU, así como información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán.

“Muchísima exaltación y nerviosismo en el huésped tras la comunicación de indulto a Manning (la soldado acusada de filtrar a Wikileaks documentos secretos)”, recoge el informe del 17 de enero de 2017; “Julian está aportando mucha información. El invitado no para de apuntar en su agenda. Se nota tensión en la sala. El invitado tapa en todo momento su agenda con las manos. Stella se asoma por la puerta de la sala pensando que pudiera haber alguien escuchando”, escribe el vigilante sobre la visita de Walaman Adan Robert el 12 de enero de 2017;

El parte del  21 de enero de 2017 arranca así: "15: 30-18: 28.Pamela Anderson. Se pasan información por notas. Se hacen fotos dentro de la sala de reuniones. En todo momento está el distorsionador (de voz) encendido” ; “Aproximadamente desde las 21:00, tanto el huésped como Stella, están trasladando cosas del dormitorio (ropa, colchón, maletas etc) a la habitación de la entrada. Son las 23:35 y siguen”, señala el informe del 5 de febrero del mismo año.

Una de las personas que más interés despertó a los vigilantes de la empresa española fue Andy Müller-Maguhn, un conocido hacker alemán, al que en una de sus visitas se fotografió el interior de su bolsa de viaje y en especial los números de sus teléfonos móviles.

Si los vigilantes estaban obsesionados con captar cualquier detalle sobre el “huésped” que se produjera en el “hotel” (la embajada), el fundador de Wikileaks también lo estaba por no ser espiado. Cada vez que se reunía con sus abogados y visitas el encuentro no comenzaba sin que Assange encendiera el distorsionador de voz oculto en una lámpara. Pero este no impedía que los audios instalados en la cámara lo grabaran todo. En algunos vídeos se aprecia como el ciberactivista apuntaba sus notas en una carpeta levantando su tapa para que no se captara su escritura.

La paranoia de Assange con ser espiado le llevó a citar a alguno sus visitantes en el cuarto de baño de señoras, un lugar que consideraba seguro. Un informe firmado por el vigilante José Antonio el 15 de enero de 2017 lo recoge así: “11:18 Aitor Martínez (abogado español) porta maletín, un teléfono y un portátil. 11:20 huésped, Stella y Aitor Martínez se dirigen al aseo de señoras donde hacen la reunión. 13: 00 salida de aseo de señoras”. Unos días antes, el día nueve otro vigilante informa de la reunión del activista con sus abogados Melynda Taylor, Jennifer Robinson, Aitor Martínez y Baltasar Garzón.

David Morales, propietario y director de UC Global S.L.  declina responder si su empresa espió a Assange. "Toda la información es confidencial y pertenece el Gobierno ecuatoriano. Nuestra empresa fue subcontratada por el Gobierno de Ecuador. Nos limitamos a realizar un trabajo. No puedo comentar nada de lo que hicimos allí, no puedo dar ningún detalle", afirma en conversación telefónica.  ¿Espiaron ustedes al señor Assange? "Tenemos nuestras normas éticas y morales y no se vulneró ninguna de ellas", asegura.

El interés de las reuniones de Assange con sus letrados no decayó cuando el Gobierno de Lenín Moreno canceló el contrato con UC Global S. L. que se mantuvo desde 2012 hasta la primavera de 2018 y delegó la seguridad de su embajada en la empresa ecuatoriana Promsecurity. Las cámaras de vídeo siguieron grabando todas las reuniones y, al menos, en una ocasión personal de la embajada o del nuevo equipo de seguridad fotografiaron la carpeta del abogado Aitor Martínez en un receso de su entrevista con el activista australiano.

Con esas fotografías, así como con decenas de vídeos y audios grabados en la legación diplomática durante esta nueva etapa se intentó extorsionar desde Alicante al fundador de Wikileaks si no pagaba tres millones de euros. La Audiencia nacional investiga el caso y dos de los presuntos extorsionadores fueron detenidos.

El Reino Unido acaba de aprobar la entrega a EE UU del ciberactivista. Las autoridades norteamericanas esgrimen contra él 18 cargos por difusión de material clasificado.

Madrid 9 JUL 2019 - 03:29 COT

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La luz verde de Trump a Israel: primero los Altos del Golán, ¿luego Cisjordania?

Cuando el presidente Donald Trump mudó la embajada de Estados Unidos al Jerusalén ocupado el año pasado, saboteando así cualquier esperanza de establecer un Estado palestino viable, hizo saltar en pedazos el libro de normas internacionales.

 La semana pasada se dedicó a pisotear las páginas destrozadas. Lo hizo, por supuesto, vía Twitter.

En referencia a una larga franja de territorio sirio que Israel anexó en 1967, Trump escribió: “Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, algo de importancia estratégica crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional”.


Israel expulsó a 130 mil sirios de los Altos del Golán en 1967, durante la guerra de los Seis Días, y catorce años después anexó el territorio –en violación del derecho internacional–. Una pequeña población de drusos sirios es la única sobreviviente de esa operación de limpieza étnica.


Replicando sus actuaciones ilegales en los territorios palestinos ocupados, Israel inmediatamente estableció colonos judíos y emprendimientos comerciales en el Golán.
Hasta ahora, ningún país había reconocido ese acto de pillaje. En 1981, los miembros de la Onu, incluido Estados Unidos, declararon “nulos” los esfuerzos israelíes por cambiar el estatus del Golán.


En los últimos meses, sin embargo, el primer ministro israelí, Biniamin Netaniahu, comenzó a intensificar los esfuerzos para destruir ese consenso y ganar para su causa al único superpoder mundial.


Fue movido a actuar cuando Bashar Al Assad –con la ayuda de Rusia– empezó a revertir de forma decisiva las pérdidas territoriales sufridas por el gobierno de Siria durante la guerra que afecta a ese país desde hace ocho años.


Los combates atrajeron a una multitud de otros actores. El propio Israel usó el Golán como base desde la que lanzar operaciones encubiertas para asistir a los oponentes de Assad en el sur de Siria, incluyendo a combatientes del Estado Islámico. Irán y la milicia libanesa Hizbolá, entretanto, intentaron limitar el margen de maniobra de Israel actuando en nombre del líder sirio.


La presencia cercana de Irán fue el pretexto usado por Netaniahu para que Israel tomara posesión permanente de la zona, calificándola como una barrera vital contra los esfuerzos iraníes en pos de “usar Siria como una plataforma para destruir Israel”.


Previamente, cuando Assad perdía terreno frente a sus enemigos, el líder israelí hizo un alegato diferente. Entonces, sostuvo que Siria se estaba rompiendo en pedazos y que su presidente nunca estaría en posición de reclamar el Golán.


La actual racionalización de Netaniahu no es más persuasiva que la anterior. Rusia y la Onu ya han avanzado en reestablecer una zona desmilitarizada en el lado sirio de la línea de separación. Esto impediría que fuerzas iraníes puedan desplegarse en los Altos del Golán.


A pesar de ello, en una reunión entre Netaniahu y Trump en Washington este lunes, el presidente estadounidense convirtió su twit en una orden ejecutiva.


El momento elegido es significativo. Se trata de otro vulgar intento de Trump de intervenir en las elecciones israelíes, fijadas para el 9 de abril. Esto proveerá a Netaniahu de un gran incentivo en momentos en que enfrenta acusaciones de corrupción y una amenaza creíble desde un partido rival, Azul y Blanco, encabezado por ex generales del ejército.
Netaniahu apenas pudo contener su alegría tras el twit de Trump, y al parecer lo llamó para decirle: “¡Hiciste historia!”.


Pero, en verdad, no se trató de un capricho. Israel y Washington han estado apuntando en esta dirección desde hace tiempo.


En Israel, hay un entendimiento multipartidario para quedarse con el Golán.


Michael Oren, ex embajador israelí en Estados Unidos y confidente de Netaniahu, lanzó formalmente el año pasado un plan para cuadruplicar la cantidad de colonos en la zona y llevarla hasta 100 mil en el plazo de una década.


El Departamento de Estado dio su aparente aprobación el mes pasado, cuando incluyó los Altos del Golán dentro de la sección dedicada a Israel en su reporte anual de derechos humanos.


Este mes, el senador republicano Lindsey Graham hizo una gira por el Golán en un helicóptero militar israelí, junto a Netaniahu y David Friedman, el embajador de Trump en Israel. Graham dijo que él y el senador Ted Cruz intentarían convencer al presidente de Estados Unidos para que cambiara el estatus del territorio.


Mientras tanto, Trump no ha escondido su desdén por el derecho internacional. Este mes, sus funcionarios prohibieron la entrada a Estados Unidos a personal de la Corte Penal Internacional (Cpi) con sede en La Haya, que investigan crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.


La Cpi se ha visto enemistada tanto con Washington como con Israel tras sus iniciales y exiguos intentos de hacerles rendir cuentas.


Sea cual sea la versión de Netaniahu acerca de la necesidad de evitar una amenaza iraní, Israel tiene otras razones, más concretas, para quedarse con el Golán.


El territorio es rico en recursos hídricos y provee a Israel de un control decisivo sobre el Mar de Galilea, un gran lago de agua dulce de crucial importancia en una región que enfrenta grandes problemas con el agua.


Los 1.200 quilómetros cuadrados de tierra robada son explotados a destajo, desde florecientes viñedos y huertos de manzanas hasta una industria turística que, en invierno, incluye las laderas cubiertas de nieve del monte Hermón.


Según indica la organización israelí de derechos humanos Who Profits, en un informe de este mes, compañías israelíes y estadounidenses también están estableciendo parques eólicos comerciales para vender electricidad.


Además, Israel ha estado cooperando silenciosamente con el gigante energético estadounidense Genie para explorar potenciales reservas de petróleo bajo el Golán. El asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, tiene inversiones familiares en Genie. Pero extraer el petróleo será difícil, a menos que Israel pueda argumentar de forma plausible que tiene soberanía sobre el territorio.


Por décadas, Estados Unidos había presionado regularmente a Israel para que entrara en conversaciones de paz con Siria, tanto a nivel público como secreto. Hace sólo tres años, Barack Obama apoyó una reprimenda del Consejo de Seguridad de la Onu a Netaniahu por afirmar que Israel nunca renunciaría al Golán.
Ahora Trump ha dado luz verde a Israel para que se aferre a él de forma permanente.


Pero, diga lo que diga, la decisión no traerá seguridad para Israel ni estabilidad regional. De hecho, convierte en un sinsentido el “acuerdo del siglo” de Trump –un plan de paz regional largamente demorado para poner fin al conflicto israelí-palestino que, según los rumores, podría develarse poco después de las elecciones en Israel.


En cambio, el reconocimiento de Estados Unidos será visto como una bendición por la derecha israelí, que clama por anexar vastas áreas de Cisjordania, lo que pondría el clavo final en el ataúd de la solución de los dos estados.


La derecha de Israel puede argumentar: “Si Trump ha dado su consentimiento para nuestra apropiación ilegal del Golán, ¿por qué no también para nuestro robo de Cisjordania?”.


(Tomado de Counterpunch.org, por convenio.)

Por Jonathan Cook
29 marzo, 2019

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Poeta, lingüista y política, Espinosa ha sido canciller y ministra de Defensa en Ecuador

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), no hay otra salida para la crisis actual en Venezuela que la vía de la negociación, el diálogo y la paz. La afirmación pertenece la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. “La situación de carencias en Venezuela es grave y quien está sufriendo es el pueblo venezolano, pero a la vez la única manera de resolver esto es a través del diálogo, del acuerdo, de una negociación política seria entre las partes”, sostiene en esta entrevista con PáginaI12 en la que defiende el multilateralismo y critica el nacionalismo extremo. La diplomática visita Buenos Aires para asistir a la Conferencia para la Cooperación Sur-Sur, que cerrará hoy, una reunión de los jefes de estado de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina con cancilleres, ministros y altos funcionarios de países en desarrollo, incluyendo el vicepremier chino, además de autoridades de organismos multilaterales como el secretario general de la ONU. 

Poeta, lingüista y política, Espinosa ha conquistado puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres. Es la cuarta mujer (y la primera latinoamericana) que preside la Asamblea General de la ONU en sus 73 años de existencia. Antes, fue canciller y ministra de Defensa de Ecuador.


“La situación en Venezuela está drenando la energía de nuestra propia región”, afirma la Presidenta y se preocupa porque lo que dice puede no ser políticamente correcto. “La energía que podría ser utilizada para más cooperación y para más encuentros de temas de preocupación común, pero el foco está puesto en Venezuela, que es el único tema de agenda. Y eso es penoso”, explica. La salida de la crisis debe ser negociada, afirma y reafirma Espinosa, en la misma línea en que se ha pronunciado también el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. “Hay que montar un proceso que permita un acercamiento, un diálogo y una negociación real, que incluya a los muchos actores que existen en la oposición”, dice la diplomática.


Mientras tanto, el organismo que representa concentra su accionar en la asistencia humanitaria: “Debemos generar el tejido necesario para la atención humanitaria en Venezuela, responder a las necesidades materiales de su gente”. No obstante, tampoco pierde de vista el papel que juegan las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. “Hay una afectación real a las sanciones que se han tomado que finalmente terminan perjudicando al pueblo de Venezuela”, afirma.


Sin embargo, Venezuela no es el único país con problemas para alimentar a su población. Según Espinosa, la falsa promesa de la globalización ha causado estragos.


“Producimos más alimentos, pero el nivel de hambre crece. Las desigualdades se han profundizado”, señala. Según el último informe de la La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2017, 821 millones de personas pasaron hambre. Una de cada nueve personas en el mundo. “Entonces, el tema de distribución es clave y reducir las brechas de desigualdad es uno de los retos más grandes que tenemos los países de renta media, entre ellos, toda América Latina”, sentencia.


La lista de los problemas del mundo sigue y la funcionaria de la ONU los enumera: el fenómeno migratorio internacional, el crecimiento del número de personas desplazadas por conflictos violentos, el aluvión de refugiados, el crecimiento del extremismo violento, el terrorismo, las drogas y el narcotráfico, el cambio climático.


Para solucionarlos, Espinosa dice que tiene que lograr acuerdos entre los 193 países miembro de la ONU, o al menos entre la mayoría de ellos. Cuenta que estos acuerdos son cada vez más complicados. Ya casi no se aprueban resoluciones por consenso, sino que cada vez hay más polarización entre las distintas posturas. También, dice, hay países que no están contribuyendo a fortalecer el sistema multilateral. “La cruzada que como Presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas estoy haciendo es reposicionar el multilateralismo como una respuesta necesaria e irremplazable a los problemas globales. Porque estamos viendo el resurgimiento de posiciones nacionalistas extremas y al unilateralismo como respuesta. Y estamos viendo que esas voces van ganando espacios, legitimidad y votos. Eso sí es preocupante” reflexiona.


Espinosa, asimismo, es plenamente consciente de las falencias que la clase política en su conjunto, incluyendo a la ONU, tienen al hacer frente a los problemas globales. “Nuestra capacidad de respuesta tanto en el escenario multilateral, como en el de las políticas nacionales ha sido insuficiente. Entonces existe una gran frustración y una gran puesta en duda de la capacidad de las instituciones de poder responder a lo que está pasando”, asume. No obstante, durante su tiempo al frente de la Asamblea, se propone impulsar cambios en esa línea. “En mi presidencia el lema para este año es ‘Hacer que las Naciones Unidas sean relevante para las personas’, conectar nuestro trabajo al nivel más cercano de la gente”, indica. Sola no va a poder. Necesita, dice, el apoyo de los países. “También hay un nivel político que tiene que ser responsable de cumplir lo que acordamos, por eso estamos en esta cruzada de cumplir con lo que está escrito en el papel”.

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El director para Asuntos de Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone. Foto: EPA.

Estados Unidos afirmó este martes que está evaluando seriamente volver a incluir a Cuba en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo, que supone la imposición de sanciones económicas, debido a sus acciones en Venezuela y su apoyo a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En una entrevista con EFE, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, aseguró que “Cuba parece estar dispuesta y obsesionada por escribirse su propio guión para que se le reintegre a esa lista”, de la que salió en 2015.


“Estamos revisando (la posibilidad de incluir a Cuba en la lista) no solamente por sus acciones en Venezuela, (sino también) por su apoyo a grupos terroristas como el ELN, y por los ataques a nuestros diplomáticos y a los diplomáticos canadienses” en la isla, afirmó el funcionario de origen cubano, nacido en Miami y férreo defensor del bloqueo contra Cuba.
Corea del Norte, Siria, Sudán e Irán integran ahora la lista de Estados patrocinadores del terrorismo que publica anualmente el Departamento de Estado de EE.UU., y que tiene como consecuencia sanciones como la prohibición a la venta de armas y a la ayuda económica.


Cuba formó parte de esa espuria “lista negra” durante más de tres décadas, desde 1982 y hasta 2015, cuando el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó su retirada del listado en medio de un clima de deshielo entre los dos países.


La posible sanción a Cuba se sumaría a otra medida que promete tensar aún más las relaciones con la isla: la posibilidad de que Washington active una provisión legal que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana.

30 enero 2019

(Con información de EFE)

 

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Condena venezolana a las provocaciones de EE.UU.

Maduro repudió la agresión “económica, política, mediática y diplomática de EE.UU.”. Su par norteamericano había afirmado un día antes ante la ONU que si el Ejército venezolano se decidiera a deponer a Maduro, tal rebelión podría triunfar rápidamente.

 

El gobierno de Venezuela calificó de belicistas e injerencistas las declaraciones hechas el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump. El magnate neoyorquino había afirmado en su discurso de la Asamblea General de la ONU que si el Ejército venezolano se decidiera a deponer al presidente Nicolás Maduro, tal rebelión podría triunfar rápidamente.


“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más enérgico rechazo ante las declaraciones belicistas e injerencistas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a promover una insurrección militar en el país”, dijo el comunicado de la Cancillería. “(Las declaraciones) evidencian la política de cambio de régimen (en Venezuela) que promueve su gobierno con la participación de algunos gobiernos latinoamericanos”, agrega el texto.


Asimismo, en el documento publicado en el sitio web de la Cancillería se consideró que las afirmaciones no se trataban de un elemento aislado, sino que aparecían en un contexto de sucesivas amenazas de intervención militar en Venezuela y bajo el incremento de la presencia militar estadounidense en la región. Éstas, dice el texto, son tendentes a crear un conflicto regional de proporciones insospechadas. La nota recalcó, además, que ante lo que calificó como las infames expresiones de Trump, el Gobierno rendía homenaje a, dice, la dignidad y honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).


Anoche en su discurso ante la ONU Maduro denunció la arremetida del país del Norte. “El presidente de EE.UU. arremetió contra el noble pueblo de Venezuela enarbolando la doctrina Monroe (...) Es un conflicto histórico entre esa doctrina imperial versus la doctrina independentista y republicana de Bolívar”. El mandatario venezolano dijo que su país era víctima de una “agresión económica, política, mediática y diplomática de Washington” y recordó la nota reciente publicada en el New York Times en la que se desvelaron reuniones de funcionarios de la Casa Blanca que querían favorecer un golpe de Estado en Venezuela. Además, Maduro llamó a las Naciones Unidas a investigar el intento de magnicidio del 4 de agosto.


Pese a los fuegos discursivos cruzados, el mandatario venezolano se mostró abierto a reunirse con Trump. “Yo estaría dispuesto a sentarme a dialogar con el presidente de EE.UU. si fuera necesario”. Sobre esto también se refirió ayer el líder republicano. “No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense, pero si puedo ayudar a la gente, para eso es para lo que estoy aquí”, dijo Trump a los periodistas sobre la posibilidad de hablar con su par venezolano. “Si está aquí, si quiere reunirse... No lo sé”, agregó dubitativo. Sin embargo, el magnate aseguró que todas las opciones seguían sobre la mesa respecto a Venezuela, lo que se traduce en que mantiene abierta la opción militar de la que habló hace un año.


“Todas las opciones están sobre la mesa. Todas ellas. Las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir con fuertes”, afirmó. “Sólo quiero ver que se resuelven las cosas en Venezuela. Quiero que la gente esté segura. Vamos a ocuparnos de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es una vergüenza”, subrayó Trump. Insistió, asimismo, en que va a ocuparse de la gente de Venezuela y recordó que muchos venezolanos viven en Estados Unidos, muchos de ellos en el área de Doral, en Miami. “He llegado a conocerles realmente bien”, agregó.


La FANB, por su parte, ratificó ayer su absoluta lealtad al presidente de Venezuela. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente la postura vil y grosera con que el presidente de Estados Unidos se refiere a sus integrantes; pero lejos de sentirse ofendida en su honor y su moral, reitera su carácter popular, nacionalista”, dijo el cuerpo castrense en un comunicado.


Para la FANB es insólito que el presidente estadounidense promueva con descaro un golpe militar en contra del Gobierno de Maduro, y señaló que permanecerá alerta ante lo que llama las nefastas pretensiones imperiales.


Además, la FANB critica que Trump haga apología de un acto de terrorismo, como lo fue el atentado al presidente a Maduro el pasado agosto. “Banaliza este hecho como si se tratara de algo gracioso, cuando especialmente los líderes mundiales están llamados a mancomunar esfuerzos para acabar con este flagelo. Ojalá el Secretario General de la Organización de Estados Americanos tuviera un gesto de decencia política y repudiara esta bochornosa actitud”, agregó la fuerza militar.


El martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump había pedido ayuda para lo que considera la restauración de la democracia en Venezuela. “Todos los países del mundo deben oponer resistencia al socialismo y a la miseria que trae consigo”, proclamó tras responsabilizar a Maduro y a los que llamó los patrocinadores cubanos de la salida de más de dos millones de personas del país. Después de su discurso ante la Asamblea, el mandatario agregó: “El régimen es peligroso para la seguridad de su pueblo. Podría ser derrocado muy rápido si el Ejército decidiera hacerlo”.

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