Sábado, 07 Agosto 2021 05:15

La muerte de la Convención de Ginebra

La muerte de la Convención de Ginebra

 Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos “criminales”. Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda), vemos cómo lo que entendíamos como “ayuda humanitaria”, como “derecho básico”, como “humanidad”, va perdiendo cada día su lugar. Su espacio. Incluso, empieza a ser visto como un crimen. Como una “amenaza”. Como una “excusa”. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un “criminal”.

Los cuatro convenios de Ginebra, base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios (cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950), intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos (amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja) también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen “errores” llamados “colaterales”, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen “graves”. Eso nadie lo juzga.

El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre “intervención humanitaria” fue tan mal usada, para justificar tanta barbarie y tantas guerras “preventivas” de algunos Estados (poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados), que debió cambiarse su nombre: hoy se habla de responsabilidad de “proteger” (R2P) de parte de los Estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención “humanitaria”. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables (encontrar armas de destrucción masiva...) como intervenciones “humanitarias”. Pero no parece que estemos tampoco “protegiendo” mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo puesto de los conflictos que se viven en sus propios países (muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro); huyen desesperados con lo puesto, como la familia de Aylan Kurdi (rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P) y los estados “civilizados” no hacen nada por ellos. Al contrario. Los quieren "frenar". Les dan la espalda. Los dejan morir ahogados. (“Llame a Malta” fue la recomendación que la guardia italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo “civilizado” de hoy). 

El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de “cooperación”, tantas Cortes de Justicia. Nada de eso sirve. Se habla de un supuesto (hipócrita) derecho de “salida” para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas “salen” de sus culturas (países), huyendo de la violencia (sobre todo las mujeres, como advierte Susan Moller Okin, cuando se pregunta “Is Multiculturalism Bad for Women?), las democracias “civilizadas” de Europa, que predican el “respeto” cultural, no les abren las puertas. No tienen respuesta para ellas. Las deportan. Cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. ¡Cuesta vidas! ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias “jurídicas” a dar un paso (como el de Fatou Bensouda), que terminamos en el absurdo de acusar, por miedo, como “criminal” al único que ayuda a salvar vidas: Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Maier cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces, todos sentimos ganas de hacer eso.

Por Guido Leonardo Croxatto

06/08/2021

Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE/PTN).

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Photo credit Victor Barro

En 1972 el Presidente chileno Salvador Allende denunciaba ante las Naciones Unidas la falta de regulación y de control de las empresas transnacionales. En la actualidad, tras múltiples esfuerzos en este ámbito, se avanza hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este artículo destacamos cómo este proceso puede constituir una piedra angular frente a la gobernanza corporativa global.

En 1972, menos de un año antes de su asesinato durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el presidente chileno Salvador Allende afirmaba ante las Naciones Unidas:

“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales —políticas, económicas y militares— por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada (…)”1  

Allende apuntaba de ese modo a las empresas transnacionales (ETN),2 las cuales se han ido consolidando como actores centrales en el proceso de globalización capitalista. Para calibrar su poder económico, recordemos que 30 de las 100 primeras economías mundiales, son empresas transnacionales, con ingresos superiores al PIB de varios países.3 Su poder se encuentra cada vez más concentrado, prueba de ello, el 80% de los beneficios de las cadenas globales de suministro se concentra en únicamente el 10% de las empresas.4  

Una de las denuncias sobre las prácticas de las ETN que ha cobrado más fuerza últimamente en el Norte Global, mediante los ejemplos de Amazon, Alphabet (Google), entre otras, se vincula con la evasión fiscal.5 Las implicaciones para los países empobrecidos son enormes, puesto que ésta práctica de las ETN les cuesta cada año 100.000 millones de dólares6. Las personas con menos recursos son las más afectadas puesto que al recaudar menos, los Estados optan por recortes en servicios públicos como la educación o la sanidad. Sin embargo, esta realidad no es sino la punta del iceberg de un conjunto de conflictos económicos, sociales y ambientales que involucran a las ETN en todo el planeta. Si consideramos, por ejemplo, el Atlas de Justicia Ambiental de la UAB,7 observamos que los más de 3.000 conflictos socioambientales registrados involucran como mínimo a una ETN. Además, en más del 80% de los casos, las comunidades afectadas no han accedido a la justicia o a algún mecanismo de reparación por severas violaciones de los derechos humanos o daños al medio ambiente. La misma situación de impunidad se destaca en el mapeo de violaciones en el Sur Global cometidas por empresas con sede y/o operaciones en Catalunya que ha comenzado a elaborar el Grup d’empreses i drets humans.8    

Es importante resaltar que detrás de cada conflicto se ubican resistencias por parte de los colectivos afectados, a pesar de que crece la represión y de la criminalización de las personas que defienden el territorio y los derechos humanos. Una de las mejores estrategias que han ido desarrollando se ubica en las redes internacionales de apoyo y de solidaridad. Entre ellas, nos referiremos a la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad” (Campaña Global), que abarca a más de 220 movimientos, organizaciones sociales y sindicatos en todos los continentes,9 y en la cual se integran varias ONGs catalanas.   

La Campaña Global pretende enfrentarse a la arquitectura de la impunidad de las transnacionales, basada en la gobernanza corporativa global. Ésta última se ha ido consolidando en los últimos treinta años en base a: un derecho internacional que protege con normas vinculantes a las ETN, gracias a los miles de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones actualmente vigentes; la legitimación de las empresas, invitadas a co-redactar las regulaciones que se les apliquen; y la aplicación del “derecho blando” o códigos voluntarios como los Principios Rectores de la ONU, cuando las transnacionales violan los derechos humanos. El resultado de la gobernanza corporativa se ubica en una profunda asimetría entre los derechos humanos y los intereses empresariales. De forma tal, que actualmente no existen tribunales internacionales sustentados en el sistema internacional de los derechos humanos, desde donde se pueda exigir a las ETN la rendición de cuentas.   

Si bien en los últimos años se han desplegado varias iniciativas, sobre todo en Europa, para responder ante este desafío,10 no se ha logrado aún contar con un marco legal sólido. Uno de los resultados más esperanzadores se ubica en la histórica votación del Consejo de Derechos Humanos en 2014, que aprobó la creación de un Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG por sus siglas en inglés) cuyo mandato consiste en elaborar un instrumento jurídicamente vinculante (Tratado Vinculante) para las ETN y otras empresas en materia de derechos humanos.11  

La Campaña Global presionó desde 2013 para que este proceso iniciara y ha desplegado desde entonces un gran número de esfuerzos. Entre sus estrategias, cabe destacar la conformación de redes aliadas en apoyo al Tratado, como la Alianza para el Tratado,12 la Red Interparlamentaria Global, y la Red de Autoridades Locales en apoyo al Tratado.13 Además, una de las principales contribuciones ha consistido en elaborar propuestas concretas para los contenidos del propio Tratado Vinculante, con el objetivo de que sea lo más ambicioso posible. Entre estas propuestas, elaboradas con el liderazgo de las comunidades afectadas, destacamos:14

  • La necesidad de que el Tratado abarque el conjunto de obligaciones que los Estados deben imponer a las ETN para garantizar los derechos humanos y el medio ambiente
  • La necesidad de abarcar la responsabilidad jurídica empresarial a lo largo de las cadenas globales de suministro 
  • Sanciones claras y regímenes de responsabilidad administrativa, civil y penal para las ETN
  • La primacía de los derechos humanos y la superioridad jerárquica sobre los tratados de comercio e inversiones, desarrollando obligaciones específicas como el rechazo del mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (conocido como ISDS)
  • La previsión de obligaciones específicas para las ETN y las instituciones financieras internacionales implicadas en las violaciones de derechos humanos 
  • Disposiciones que faciliten el acceso a la justicia para las comunidades afectadas, tales como la inversión de la carga de la prueba, y fondos para los gastos legales de los afectados. 

En octubre de 2021 tendrá lugar la 7ª Sesión del OEIGWG en Ginebra, en la cual se debatirá sobre el nuevo borrador de Tratado que debe elaborar Ecuador, el cual preside el OEIGWG. A pesar de que existen incertidumbres sobre cómo evolucionará el Tratado, en función de la correlación de fuerzas entre Estados y la fuerte presión de las ETN, la propia existencia de esta negociación constituye un gran paso frente a la arquitectura de la impunidad corporativa. Y en todo caso, queda claro que las organizaciones de la sociedad civil seguirán disputando este espacio y abriendo otros que permitan fortalecer el proceso. Un claro ejemplo se ubica en el Centro Catalán de Impactos de las Empresas en el Exterior15 impulsado por el Grup d’Empreses i Drets Humans de Lafede.cat y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, aprobado por el Parlament de Catalunya en 2020, y cuya ley de creación ha sido registrada y debería ser una realidad este año. 

 

Por Mónica Vargas | 24/06/2021

 

Notas

  1. Véase: http://www.abacq.net/imagineria/cronolo4.htm 
  2. De acuerdo con la definición establecida por la Subcomisión de la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en 2003, una  ETN es: “una entidad económica que realiza actividades en más de un país, o un grupo de entidades económicas que realizan actividades en dos o más países, cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, tanto en su propio país como en el país de la actividad, y ya sea que se le considere individual o colectivamente” [véase: CETIM (2016). Impunidad de las empresas transnacionales, https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/br-impunit%C3%A9-fusionn%C3%A9-esp.pdf, p. 102]. Una ETN puede ser privada o pública y al considerarla conviene siempre a la cadena de suministro. En esta última se integran empresas distintas de la ETN pero que contribuyen en su funcionamiento mediante la provisión de fondos y materiales para la producción de bienes o servicios. En la cadena se incluyen a los contratistas, subcontratistas, y a los proveedores con los cuales la empresa matriz o aquellas controladas por ésta han establecido  relaciones comerciales. 
  3. Fuente: Banco Mundial (2021). PIB por país a precios actuales. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true&view=chart; Fortune Magazine (2021). Fortune 500. https://fortune.com/global500/. Una sola empresa como la gestora de fondos Blackrock, ha llegado a tener activos por más de 7,5 billones de euros, e inversiones en la mayoría de empresas del Ibex 35 y  del CAC 40 (véase: https://directa.cat/blackrock-dispersar-les-inversions-per-concentrar-el-poder/). 
  4. Véase: https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Didactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_2018.pdf
  5. Véase por ejemplo: https://www.elsaltodiario.com/amazon/paga-menos-8percent-impuesto-beneficios-todo-mundo 
  6. Véase: https://nuso.org/articulo/gaidoni-la-evasion-fiscal-de-las-empresas-transnacionales-es-una-violacion-de-los-derechos-humanos/ 
  7. Véase: https://ejatlas.org/
  8. Véase: https://alertadh.org/ 
  9. Véase: https://www.stopcorporateimpunity.org/ 
  10. Véase al respecto el análisis de OMAL: https://omal.info/spip.php?article9369 
  11. Véase: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx 
  12. Véase: https://www.treatymovement.com/ 
  13. Véase: https://bindingtreaty.org/ 
  14. Véase también: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es 
  15. Véase: https://www.lafede.cat/ca/el-ple-del-parlament-dona-llum-verda-a-la-llei-de-creacio-del-centre-dempreses-i-drets-humans/ 
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Sahara Occidental: derecho a la independencia

En su agónico final como presidente, Trump decidió "reconocer" la "soberanía" de Marruecos sobre "todo" el Sahara Occidental, actualmente dividido en una zona ocupada por Marruecos, otra controlada por la República Saharaui (20 por ciento del total) y otra pequeña, pero estratégica, controlada por Mauritania. Esta decisión contraria al derecho internacional daña la paz en el norte de África. Para enjuiciarla evitando presentaciones manipuladas procede recordar la historia y el derecho internacional aplicable de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

España firmó en 1884 un acuerdo de "protectorado" con las tribus independientes del Sahara Occidental, casi 30 años antes de que, junto con Francia, en 1912 sometieran a protectorado a Marruecos. Al independizarse este último, en 1956, su política exterior agresiva para construir el "Gran Marruecos" buscó anexionarse el Sahara Occidental, Mauritania, el noroeste de Mali, el oeste de Argelia y los territorios españoles del norte de África.

Marruecos protestó cuando, en 1960, Mauritania ingresó a la ONU, aduciendo que este país era parte de su "integridad territorial" (S/4568). Fracasado este intento, encaminó su expansionismo contra Argelia, intentando arrebatarle sus territorios occidentales en 1963 (Guerra de las Arenas). Tras fracasar, concentró todas sus energías en apoderarse del Sahara Occidental alegando, también, que era parte de su "integridad territorial" y que la descolonización del territorio entonces administrado por España no debía hacerse mediante un referéndum de autodeterminación, sino "devolviéndolo" a Marruecos para que lo "recuperara".

Para disipar dudas, la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva, que fue emitida el 16 de octubre de 1975 y en la que se afirmó que Marruecos nunca tuvo soberanía sobre el Sahara Occidental, y que a lo sumo el sultán marroquí sólo tuvo vínculos personales con ciertas tribus minoritarias del norte del territorio (los tekna), mientras las tribus saharauis mayoritarias (como erguibat) siempre fueron independientes y no tuvieron ni siquiera vínculos personales con el sultán. La Corte concluyó que la descolonización del Sahara Occidental debía hacerse "mediante la aplicación del principio de autodeterminación gracias a la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio" (párrafos 102 y 162).

Para llevar a cabo el referéndum, España elaboró en 1974 un censo de la población originaria. Pero la enfermedad terminal del general Franco (entonces en el poder), justo después del pronunciamiento de la Corte, fue aprovechada por el rey marroquí y sus aliados internacionales (Kissinger, fundamentalmente) que organizaron una invasión del Sahara Occidental mediante la llamada "marcha verde" (deplorada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución S/RES/380 del 6 de noviembre de 1975). Luego se presionó a España y a Mauritania para firmar el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, a fin de, supuestamente, "descolonizar" el territorio sin un referéndum de autodeterminación.

La Asamblea General no reconoció la validez del acuerdo y exigió el referéndum de autodeterminación (resolución A/RES/3458, del 10 de diciembre de 1975). Invocando el ilegal Acuerdo de Madrid, Marruecos y Mauritania invadieron el Sahara Occidental, a los que se opuso el Frente Polisario. Tras el abandono de España el 26 de febrero de 1976, esta organización proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por un gran número de estados.

Mauritania renunció a anexionarse territorio, pero no Marruecos, que continuó hasta 1991 la guerra contra el Frente Polisario (representante del pueblo saharaui, según la resolución de la Asamblea General A/RES/34/37, de 1979). Las dos partes del conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, firmaron en 1988 unas Propuestas de arreglo que, complementadas con el Plan de Aplicación del secretario general de la ONU conforman el Plan de Arreglo (S/21360), aprobado por el Consejo de Seguridad en 1990 (S/RES/658). Acordaron celebrar un referéndum de autodeterminación dirigido por la ONU, con la cooperación de la Organización para la Unidad Africana, en el que votarían los incluidos en el censo español de 1974 (párrafos 23 y 24 del Plan de Arreglo) para que los saharauis eligieran entre la integración a Marruecos o la independencia (párrafo 31 del Plan de Arreglo). Posteriormente, el secretario general decidió que deberían añadirse al censo quienes se acreditaran como saharauis mediante una serie de criterios (documento de la ONU S/23299, de 1991). Tras múltiples obstáculos, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), concluyó en diciembre de 1999 la confección del censo (S/2000/131).

El padrón estaba hecho. ¿Por qué no se ha celebrado el referéndum? Porque en 2004 Marruecos (anexo del documento de la ONU S/2004/325) deshonró su compromiso contenido en el Plan de Arreglo. El 13 de noviembre de 2020, también incumplió sus compromisos relativos al cese el fuego, provocando el retorno a la guerra tras casi 30 años de tensión.

El "reconocimiento" de una "soberanía" que la Corte Internacional de Justicia declaró que nunca existió sólo significa apoyar una política expansionista y de violación del derecho internacional y del derecho de autodeterminación reconocido al Sahara Occidental por el Tribunal Internacional de Justicia, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sólo el respeto al derecho ajeno traerá la paz al territorio saharahui.

Por Carlos Ruiz Miguel*

* Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela, España

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 En vídeo, el ciberespionaje a Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. EPV

Julian Assange fue espiado las 24 horas del día durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres en la que permaneció refugiado durante los últimos siete años. Documentos, vídeos y audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que la empresa de defensa y seguridad privada española Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática en el Reino Unido entre 2012 y 2018, dedicó a sus hombres a captar toda la información posible del ciberactivista, en especial de sus abogados y colaboradores.

Varias cámaras de vídeo grabaron, con audio desde diciembre de 2017 a marzo de 2018, decenas de entrevistas del fundador de Wikileaks con sus letrados y visitantes en las que se trató de su estrategia de defensa. Los dispositivos recogieron varios planes secretos para sacarlo de la embajada y llevarlo a Rusia o Cuba, proyectos secretos que finalmente no se ejecutaron por la negativa del activista australiano que los consideraba “una derrota”.

La actividad febril y obsesiva de los vigilantes de UC Global S. L. sobre “el huésped”, como le denominan en sus notas, se intensificó durante el Gobierno de Lenín Moreno que recientemente entregó al activista a las autoridades británicas. Su antecesor, Rafael Correa fue quien dio refugio a Assange y lo acogió durante siete años en la legación diplomática.

Monitorizar todos los movimientos del activista, grabar sus conversaciones y recoger su estado de ánimo era la tarea diaria y cotidiana de los empleados de seguridad en la embajada. Pero la obsesión por conocer los secretos más íntimos de su objetivo llevó al equipo realizar a sus espaldas una prueba grafológica, plasmada en un informe de seis páginas, y a tomar una muestra de las heces de un bebé en un pañal para comprobar si era hijo de Assange y de una de sus más fieles colaboradoras. Labores de inteligencia que nada tenían que ver con la pretendida protección del invitado y refugiado en la embajada.

El equipo de seguridad de la empresa española, con sede en Puerto Real, (Cádiz) redactaba cada día un parte confidencial que se remitía a su propietario David Morales, un exmilitar formado en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina. Los detalles que se recogían en estos informes son una muestra del interés de esta empresa por acumular toda la información posible sobre el hombre que se enfrenta a 18 cargos por revelar miles de cables secretos del Departamento de Estado de EE UU, así como información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán.

“Muchísima exaltación y nerviosismo en el huésped tras la comunicación de indulto a Manning (la soldado acusada de filtrar a Wikileaks documentos secretos)”, recoge el informe del 17 de enero de 2017; “Julian está aportando mucha información. El invitado no para de apuntar en su agenda. Se nota tensión en la sala. El invitado tapa en todo momento su agenda con las manos. Stella se asoma por la puerta de la sala pensando que pudiera haber alguien escuchando”, escribe el vigilante sobre la visita de Walaman Adan Robert el 12 de enero de 2017;

El parte del  21 de enero de 2017 arranca así: "15: 30-18: 28.Pamela Anderson. Se pasan información por notas. Se hacen fotos dentro de la sala de reuniones. En todo momento está el distorsionador (de voz) encendido” ; “Aproximadamente desde las 21:00, tanto el huésped como Stella, están trasladando cosas del dormitorio (ropa, colchón, maletas etc) a la habitación de la entrada. Son las 23:35 y siguen”, señala el informe del 5 de febrero del mismo año.

Una de las personas que más interés despertó a los vigilantes de la empresa española fue Andy Müller-Maguhn, un conocido hacker alemán, al que en una de sus visitas se fotografió el interior de su bolsa de viaje y en especial los números de sus teléfonos móviles.

Si los vigilantes estaban obsesionados con captar cualquier detalle sobre el “huésped” que se produjera en el “hotel” (la embajada), el fundador de Wikileaks también lo estaba por no ser espiado. Cada vez que se reunía con sus abogados y visitas el encuentro no comenzaba sin que Assange encendiera el distorsionador de voz oculto en una lámpara. Pero este no impedía que los audios instalados en la cámara lo grabaran todo. En algunos vídeos se aprecia como el ciberactivista apuntaba sus notas en una carpeta levantando su tapa para que no se captara su escritura.

La paranoia de Assange con ser espiado le llevó a citar a alguno sus visitantes en el cuarto de baño de señoras, un lugar que consideraba seguro. Un informe firmado por el vigilante José Antonio el 15 de enero de 2017 lo recoge así: “11:18 Aitor Martínez (abogado español) porta maletín, un teléfono y un portátil. 11:20 huésped, Stella y Aitor Martínez se dirigen al aseo de señoras donde hacen la reunión. 13: 00 salida de aseo de señoras”. Unos días antes, el día nueve otro vigilante informa de la reunión del activista con sus abogados Melynda Taylor, Jennifer Robinson, Aitor Martínez y Baltasar Garzón.

David Morales, propietario y director de UC Global S.L.  declina responder si su empresa espió a Assange. "Toda la información es confidencial y pertenece el Gobierno ecuatoriano. Nuestra empresa fue subcontratada por el Gobierno de Ecuador. Nos limitamos a realizar un trabajo. No puedo comentar nada de lo que hicimos allí, no puedo dar ningún detalle", afirma en conversación telefónica.  ¿Espiaron ustedes al señor Assange? "Tenemos nuestras normas éticas y morales y no se vulneró ninguna de ellas", asegura.

El interés de las reuniones de Assange con sus letrados no decayó cuando el Gobierno de Lenín Moreno canceló el contrato con UC Global S. L. que se mantuvo desde 2012 hasta la primavera de 2018 y delegó la seguridad de su embajada en la empresa ecuatoriana Promsecurity. Las cámaras de vídeo siguieron grabando todas las reuniones y, al menos, en una ocasión personal de la embajada o del nuevo equipo de seguridad fotografiaron la carpeta del abogado Aitor Martínez en un receso de su entrevista con el activista australiano.

Con esas fotografías, así como con decenas de vídeos y audios grabados en la legación diplomática durante esta nueva etapa se intentó extorsionar desde Alicante al fundador de Wikileaks si no pagaba tres millones de euros. La Audiencia nacional investiga el caso y dos de los presuntos extorsionadores fueron detenidos.

El Reino Unido acaba de aprobar la entrega a EE UU del ciberactivista. Las autoridades norteamericanas esgrimen contra él 18 cargos por difusión de material clasificado.

Madrid 9 JUL 2019 - 03:29 COT

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La luz verde de Trump a Israel: primero los Altos del Golán, ¿luego Cisjordania?

Cuando el presidente Donald Trump mudó la embajada de Estados Unidos al Jerusalén ocupado el año pasado, saboteando así cualquier esperanza de establecer un Estado palestino viable, hizo saltar en pedazos el libro de normas internacionales.

 La semana pasada se dedicó a pisotear las páginas destrozadas. Lo hizo, por supuesto, vía Twitter.

En referencia a una larga franja de territorio sirio que Israel anexó en 1967, Trump escribió: “Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, algo de importancia estratégica crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional”.


Israel expulsó a 130 mil sirios de los Altos del Golán en 1967, durante la guerra de los Seis Días, y catorce años después anexó el territorio –en violación del derecho internacional–. Una pequeña población de drusos sirios es la única sobreviviente de esa operación de limpieza étnica.


Replicando sus actuaciones ilegales en los territorios palestinos ocupados, Israel inmediatamente estableció colonos judíos y emprendimientos comerciales en el Golán.
Hasta ahora, ningún país había reconocido ese acto de pillaje. En 1981, los miembros de la Onu, incluido Estados Unidos, declararon “nulos” los esfuerzos israelíes por cambiar el estatus del Golán.


En los últimos meses, sin embargo, el primer ministro israelí, Biniamin Netaniahu, comenzó a intensificar los esfuerzos para destruir ese consenso y ganar para su causa al único superpoder mundial.


Fue movido a actuar cuando Bashar Al Assad –con la ayuda de Rusia– empezó a revertir de forma decisiva las pérdidas territoriales sufridas por el gobierno de Siria durante la guerra que afecta a ese país desde hace ocho años.


Los combates atrajeron a una multitud de otros actores. El propio Israel usó el Golán como base desde la que lanzar operaciones encubiertas para asistir a los oponentes de Assad en el sur de Siria, incluyendo a combatientes del Estado Islámico. Irán y la milicia libanesa Hizbolá, entretanto, intentaron limitar el margen de maniobra de Israel actuando en nombre del líder sirio.


La presencia cercana de Irán fue el pretexto usado por Netaniahu para que Israel tomara posesión permanente de la zona, calificándola como una barrera vital contra los esfuerzos iraníes en pos de “usar Siria como una plataforma para destruir Israel”.


Previamente, cuando Assad perdía terreno frente a sus enemigos, el líder israelí hizo un alegato diferente. Entonces, sostuvo que Siria se estaba rompiendo en pedazos y que su presidente nunca estaría en posición de reclamar el Golán.


La actual racionalización de Netaniahu no es más persuasiva que la anterior. Rusia y la Onu ya han avanzado en reestablecer una zona desmilitarizada en el lado sirio de la línea de separación. Esto impediría que fuerzas iraníes puedan desplegarse en los Altos del Golán.


A pesar de ello, en una reunión entre Netaniahu y Trump en Washington este lunes, el presidente estadounidense convirtió su twit en una orden ejecutiva.


El momento elegido es significativo. Se trata de otro vulgar intento de Trump de intervenir en las elecciones israelíes, fijadas para el 9 de abril. Esto proveerá a Netaniahu de un gran incentivo en momentos en que enfrenta acusaciones de corrupción y una amenaza creíble desde un partido rival, Azul y Blanco, encabezado por ex generales del ejército.
Netaniahu apenas pudo contener su alegría tras el twit de Trump, y al parecer lo llamó para decirle: “¡Hiciste historia!”.


Pero, en verdad, no se trató de un capricho. Israel y Washington han estado apuntando en esta dirección desde hace tiempo.


En Israel, hay un entendimiento multipartidario para quedarse con el Golán.


Michael Oren, ex embajador israelí en Estados Unidos y confidente de Netaniahu, lanzó formalmente el año pasado un plan para cuadruplicar la cantidad de colonos en la zona y llevarla hasta 100 mil en el plazo de una década.


El Departamento de Estado dio su aparente aprobación el mes pasado, cuando incluyó los Altos del Golán dentro de la sección dedicada a Israel en su reporte anual de derechos humanos.


Este mes, el senador republicano Lindsey Graham hizo una gira por el Golán en un helicóptero militar israelí, junto a Netaniahu y David Friedman, el embajador de Trump en Israel. Graham dijo que él y el senador Ted Cruz intentarían convencer al presidente de Estados Unidos para que cambiara el estatus del territorio.


Mientras tanto, Trump no ha escondido su desdén por el derecho internacional. Este mes, sus funcionarios prohibieron la entrada a Estados Unidos a personal de la Corte Penal Internacional (Cpi) con sede en La Haya, que investigan crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.


La Cpi se ha visto enemistada tanto con Washington como con Israel tras sus iniciales y exiguos intentos de hacerles rendir cuentas.


Sea cual sea la versión de Netaniahu acerca de la necesidad de evitar una amenaza iraní, Israel tiene otras razones, más concretas, para quedarse con el Golán.


El territorio es rico en recursos hídricos y provee a Israel de un control decisivo sobre el Mar de Galilea, un gran lago de agua dulce de crucial importancia en una región que enfrenta grandes problemas con el agua.


Los 1.200 quilómetros cuadrados de tierra robada son explotados a destajo, desde florecientes viñedos y huertos de manzanas hasta una industria turística que, en invierno, incluye las laderas cubiertas de nieve del monte Hermón.


Según indica la organización israelí de derechos humanos Who Profits, en un informe de este mes, compañías israelíes y estadounidenses también están estableciendo parques eólicos comerciales para vender electricidad.


Además, Israel ha estado cooperando silenciosamente con el gigante energético estadounidense Genie para explorar potenciales reservas de petróleo bajo el Golán. El asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, tiene inversiones familiares en Genie. Pero extraer el petróleo será difícil, a menos que Israel pueda argumentar de forma plausible que tiene soberanía sobre el territorio.


Por décadas, Estados Unidos había presionado regularmente a Israel para que entrara en conversaciones de paz con Siria, tanto a nivel público como secreto. Hace sólo tres años, Barack Obama apoyó una reprimenda del Consejo de Seguridad de la Onu a Netaniahu por afirmar que Israel nunca renunciaría al Golán.
Ahora Trump ha dado luz verde a Israel para que se aferre a él de forma permanente.


Pero, diga lo que diga, la decisión no traerá seguridad para Israel ni estabilidad regional. De hecho, convierte en un sinsentido el “acuerdo del siglo” de Trump –un plan de paz regional largamente demorado para poner fin al conflicto israelí-palestino que, según los rumores, podría develarse poco después de las elecciones en Israel.


En cambio, el reconocimiento de Estados Unidos será visto como una bendición por la derecha israelí, que clama por anexar vastas áreas de Cisjordania, lo que pondría el clavo final en el ataúd de la solución de los dos estados.


La derecha de Israel puede argumentar: “Si Trump ha dado su consentimiento para nuestra apropiación ilegal del Golán, ¿por qué no también para nuestro robo de Cisjordania?”.


(Tomado de Counterpunch.org, por convenio.)

Por Jonathan Cook
29 marzo, 2019

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Poeta, lingüista y política, Espinosa ha sido canciller y ministra de Defensa en Ecuador

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), no hay otra salida para la crisis actual en Venezuela que la vía de la negociación, el diálogo y la paz. La afirmación pertenece la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. “La situación de carencias en Venezuela es grave y quien está sufriendo es el pueblo venezolano, pero a la vez la única manera de resolver esto es a través del diálogo, del acuerdo, de una negociación política seria entre las partes”, sostiene en esta entrevista con PáginaI12 en la que defiende el multilateralismo y critica el nacionalismo extremo. La diplomática visita Buenos Aires para asistir a la Conferencia para la Cooperación Sur-Sur, que cerrará hoy, una reunión de los jefes de estado de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina con cancilleres, ministros y altos funcionarios de países en desarrollo, incluyendo el vicepremier chino, además de autoridades de organismos multilaterales como el secretario general de la ONU. 

Poeta, lingüista y política, Espinosa ha conquistado puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres. Es la cuarta mujer (y la primera latinoamericana) que preside la Asamblea General de la ONU en sus 73 años de existencia. Antes, fue canciller y ministra de Defensa de Ecuador.


“La situación en Venezuela está drenando la energía de nuestra propia región”, afirma la Presidenta y se preocupa porque lo que dice puede no ser políticamente correcto. “La energía que podría ser utilizada para más cooperación y para más encuentros de temas de preocupación común, pero el foco está puesto en Venezuela, que es el único tema de agenda. Y eso es penoso”, explica. La salida de la crisis debe ser negociada, afirma y reafirma Espinosa, en la misma línea en que se ha pronunciado también el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. “Hay que montar un proceso que permita un acercamiento, un diálogo y una negociación real, que incluya a los muchos actores que existen en la oposición”, dice la diplomática.


Mientras tanto, el organismo que representa concentra su accionar en la asistencia humanitaria: “Debemos generar el tejido necesario para la atención humanitaria en Venezuela, responder a las necesidades materiales de su gente”. No obstante, tampoco pierde de vista el papel que juegan las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. “Hay una afectación real a las sanciones que se han tomado que finalmente terminan perjudicando al pueblo de Venezuela”, afirma.


Sin embargo, Venezuela no es el único país con problemas para alimentar a su población. Según Espinosa, la falsa promesa de la globalización ha causado estragos.


“Producimos más alimentos, pero el nivel de hambre crece. Las desigualdades se han profundizado”, señala. Según el último informe de la La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2017, 821 millones de personas pasaron hambre. Una de cada nueve personas en el mundo. “Entonces, el tema de distribución es clave y reducir las brechas de desigualdad es uno de los retos más grandes que tenemos los países de renta media, entre ellos, toda América Latina”, sentencia.


La lista de los problemas del mundo sigue y la funcionaria de la ONU los enumera: el fenómeno migratorio internacional, el crecimiento del número de personas desplazadas por conflictos violentos, el aluvión de refugiados, el crecimiento del extremismo violento, el terrorismo, las drogas y el narcotráfico, el cambio climático.


Para solucionarlos, Espinosa dice que tiene que lograr acuerdos entre los 193 países miembro de la ONU, o al menos entre la mayoría de ellos. Cuenta que estos acuerdos son cada vez más complicados. Ya casi no se aprueban resoluciones por consenso, sino que cada vez hay más polarización entre las distintas posturas. También, dice, hay países que no están contribuyendo a fortalecer el sistema multilateral. “La cruzada que como Presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas estoy haciendo es reposicionar el multilateralismo como una respuesta necesaria e irremplazable a los problemas globales. Porque estamos viendo el resurgimiento de posiciones nacionalistas extremas y al unilateralismo como respuesta. Y estamos viendo que esas voces van ganando espacios, legitimidad y votos. Eso sí es preocupante” reflexiona.


Espinosa, asimismo, es plenamente consciente de las falencias que la clase política en su conjunto, incluyendo a la ONU, tienen al hacer frente a los problemas globales. “Nuestra capacidad de respuesta tanto en el escenario multilateral, como en el de las políticas nacionales ha sido insuficiente. Entonces existe una gran frustración y una gran puesta en duda de la capacidad de las instituciones de poder responder a lo que está pasando”, asume. No obstante, durante su tiempo al frente de la Asamblea, se propone impulsar cambios en esa línea. “En mi presidencia el lema para este año es ‘Hacer que las Naciones Unidas sean relevante para las personas’, conectar nuestro trabajo al nivel más cercano de la gente”, indica. Sola no va a poder. Necesita, dice, el apoyo de los países. “También hay un nivel político que tiene que ser responsable de cumplir lo que acordamos, por eso estamos en esta cruzada de cumplir con lo que está escrito en el papel”.

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El director para Asuntos de Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone. Foto: EPA.

Estados Unidos afirmó este martes que está evaluando seriamente volver a incluir a Cuba en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo, que supone la imposición de sanciones económicas, debido a sus acciones en Venezuela y su apoyo a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En una entrevista con EFE, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, aseguró que “Cuba parece estar dispuesta y obsesionada por escribirse su propio guión para que se le reintegre a esa lista”, de la que salió en 2015.


“Estamos revisando (la posibilidad de incluir a Cuba en la lista) no solamente por sus acciones en Venezuela, (sino también) por su apoyo a grupos terroristas como el ELN, y por los ataques a nuestros diplomáticos y a los diplomáticos canadienses” en la isla, afirmó el funcionario de origen cubano, nacido en Miami y férreo defensor del bloqueo contra Cuba.
Corea del Norte, Siria, Sudán e Irán integran ahora la lista de Estados patrocinadores del terrorismo que publica anualmente el Departamento de Estado de EE.UU., y que tiene como consecuencia sanciones como la prohibición a la venta de armas y a la ayuda económica.


Cuba formó parte de esa espuria “lista negra” durante más de tres décadas, desde 1982 y hasta 2015, cuando el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó su retirada del listado en medio de un clima de deshielo entre los dos países.


La posible sanción a Cuba se sumaría a otra medida que promete tensar aún más las relaciones con la isla: la posibilidad de que Washington active una provisión legal que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que les fueron expropiadas tras la Revolución cubana.

30 enero 2019

(Con información de EFE)

 

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Condena venezolana a las provocaciones de EE.UU.

Maduro repudió la agresión “económica, política, mediática y diplomática de EE.UU.”. Su par norteamericano había afirmado un día antes ante la ONU que si el Ejército venezolano se decidiera a deponer a Maduro, tal rebelión podría triunfar rápidamente.

 

El gobierno de Venezuela calificó de belicistas e injerencistas las declaraciones hechas el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump. El magnate neoyorquino había afirmado en su discurso de la Asamblea General de la ONU que si el Ejército venezolano se decidiera a deponer al presidente Nicolás Maduro, tal rebelión podría triunfar rápidamente.


“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más enérgico rechazo ante las declaraciones belicistas e injerencistas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a promover una insurrección militar en el país”, dijo el comunicado de la Cancillería. “(Las declaraciones) evidencian la política de cambio de régimen (en Venezuela) que promueve su gobierno con la participación de algunos gobiernos latinoamericanos”, agrega el texto.


Asimismo, en el documento publicado en el sitio web de la Cancillería se consideró que las afirmaciones no se trataban de un elemento aislado, sino que aparecían en un contexto de sucesivas amenazas de intervención militar en Venezuela y bajo el incremento de la presencia militar estadounidense en la región. Éstas, dice el texto, son tendentes a crear un conflicto regional de proporciones insospechadas. La nota recalcó, además, que ante lo que calificó como las infames expresiones de Trump, el Gobierno rendía homenaje a, dice, la dignidad y honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).


Anoche en su discurso ante la ONU Maduro denunció la arremetida del país del Norte. “El presidente de EE.UU. arremetió contra el noble pueblo de Venezuela enarbolando la doctrina Monroe (...) Es un conflicto histórico entre esa doctrina imperial versus la doctrina independentista y republicana de Bolívar”. El mandatario venezolano dijo que su país era víctima de una “agresión económica, política, mediática y diplomática de Washington” y recordó la nota reciente publicada en el New York Times en la que se desvelaron reuniones de funcionarios de la Casa Blanca que querían favorecer un golpe de Estado en Venezuela. Además, Maduro llamó a las Naciones Unidas a investigar el intento de magnicidio del 4 de agosto.


Pese a los fuegos discursivos cruzados, el mandatario venezolano se mostró abierto a reunirse con Trump. “Yo estaría dispuesto a sentarme a dialogar con el presidente de EE.UU. si fuera necesario”. Sobre esto también se refirió ayer el líder republicano. “No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense, pero si puedo ayudar a la gente, para eso es para lo que estoy aquí”, dijo Trump a los periodistas sobre la posibilidad de hablar con su par venezolano. “Si está aquí, si quiere reunirse... No lo sé”, agregó dubitativo. Sin embargo, el magnate aseguró que todas las opciones seguían sobre la mesa respecto a Venezuela, lo que se traduce en que mantiene abierta la opción militar de la que habló hace un año.


“Todas las opciones están sobre la mesa. Todas ellas. Las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir con fuertes”, afirmó. “Sólo quiero ver que se resuelven las cosas en Venezuela. Quiero que la gente esté segura. Vamos a ocuparnos de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es una vergüenza”, subrayó Trump. Insistió, asimismo, en que va a ocuparse de la gente de Venezuela y recordó que muchos venezolanos viven en Estados Unidos, muchos de ellos en el área de Doral, en Miami. “He llegado a conocerles realmente bien”, agregó.


La FANB, por su parte, ratificó ayer su absoluta lealtad al presidente de Venezuela. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente la postura vil y grosera con que el presidente de Estados Unidos se refiere a sus integrantes; pero lejos de sentirse ofendida en su honor y su moral, reitera su carácter popular, nacionalista”, dijo el cuerpo castrense en un comunicado.


Para la FANB es insólito que el presidente estadounidense promueva con descaro un golpe militar en contra del Gobierno de Maduro, y señaló que permanecerá alerta ante lo que llama las nefastas pretensiones imperiales.


Además, la FANB critica que Trump haga apología de un acto de terrorismo, como lo fue el atentado al presidente a Maduro el pasado agosto. “Banaliza este hecho como si se tratara de algo gracioso, cuando especialmente los líderes mundiales están llamados a mancomunar esfuerzos para acabar con este flagelo. Ojalá el Secretario General de la Organización de Estados Americanos tuviera un gesto de decencia política y repudiara esta bochornosa actitud”, agregó la fuerza militar.


El martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump había pedido ayuda para lo que considera la restauración de la democracia en Venezuela. “Todos los países del mundo deben oponer resistencia al socialismo y a la miseria que trae consigo”, proclamó tras responsabilizar a Maduro y a los que llamó los patrocinadores cubanos de la salida de más de dos millones de personas del país. Después de su discurso ante la Asamblea, el mandatario agregó: “El régimen es peligroso para la seguridad de su pueblo. Podría ser derrocado muy rápido si el Ejército decidiera hacerlo”.

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Jueves, 27 Septiembre 2018 06:20

Evo no se calló ante Trump

Evo no se calló ante Trump

El presidente de Bolivia, Evo Morales (foto), abogó ayer por consolidar “un mundo multipolar con reglas comunes” en un discurso antiestadounidense en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre no proliferación de armas de destrucción masiva.

“Tenemos que dejar un mundo más justo y más seguro a las siguientes generaciones, y juntos consolidar un mundo multipolar con reglas comunes”, dijo en la mesa que compartió con sus colegas Donald Trump, de Estados Unidos; Emmanuel Macron, de Francia; Martín Vizcarra, de Perú, y la primera ministra Theresa May, del Reino Unido; entre 15 mandatarios que forman parte del Consejo de Seguridad.


“Tenemos que ser capaces y dejar en el pasado el primitivo uso de las armas entre los pueblos. Cada Estado se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia desarrollar, ensayar, producir, fabricar y poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos nucleares”, agregó. Morales, sentado a dos metros de Donald Trump, aprovechó la ocasión para reiterar su discurso antiestadounidense y antiimperialista.


Además recordó el rol de Estados Unidos en la defensa del régimen de Reza Pahlevi en Irán hasta 1979, la invasión a Irak en 1990, el fin de Muamar el Gadafi en Libia en 2011 y la guerra civil en Siria que ya lleva siete años. “A Estados Unidos no le interesa la democracia, si así fuera no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos como lo hace contra Venezuela”, dijo.


También sostuvo que a Estados Unidos no le interesa el multilateralismo y recordó que ese país se alejó del acuerdo climático de París y del pacto global sobre migraciones que auspicia Naciones Unidas. “En los últimos meses, Estados Unidos ha mostrado nuevamente su desprecio al derecho internacional, al multilateralismo”, dijo el gobernante sudamericano.

“A Estados Unidos no le interesan los derechos humanos ni la Justicia. Si así fuera firmarían los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos. No abandonarían el Consejo de Derechos Humanos y no separarían a niños migrantes de sus familias ni los pondrían en jaulas”, agregó.


El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 15 países miembros. China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos tienen poder de veto por ser miembros permanentes. Los actuales miembros no permanentes son Polonia, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Perú, Costa de Marfil, Holanda, Kuwait, Etiopía, Kazajistán y Suecia.
Ayer a la tarde, Morales pronunció su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, antes de regresar a Bolivia.

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“El poder financiero mundial se convirtió en una organización criminal”

La crisis financiera de 2008 fue un fraude astronómico que costó billones (o trillones) de dólares a los contribuyentes de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. El autor de ese fraude es un poder mundial que además explota el trabajo esclavo a distancia, compra bonos de países endeudados y después los extorsiona. Ese poder busca debilitar a los Estados y ocupar el lugar de la política. El diagnóstico es del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, que estuvo en Porto Alegre la semana pasada participando de un debate sobre la cuestión democrática y la mediatización del proceso judicial, promovido por el Instituto Nuevos Paradigmas (INP).

En entrevista con Sur21, Zaffaroni habló sobre cómo el sistema penal en América Latina se hizo funcional a ese poder. “En la medida en que crean y potencian la violencia, están debilitando el Estado, que es lo ellos quieren. Y los medios se quedan pidiendo cada vez más prisiones, reproduciendo cada vez más violencia. Es un mecanismo totalmente funcional a ese impulso totalitario del capitalismo financiero”, afirma. Para Zaffaroni, que fue juez de la Suprema Corte argentina y hoy es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el objetivo de esos intereses es imponer sociedades con 30% de integrados y 70% de excluidos. “En este escenario, van cayendo límites éticos, morales y legales, lo que hace que ese poder vaya transformándose en un poder criminal a nivel mundial. Y cuando digo ‘criminal’ no estoy hablando metafóricamente”, añade.


–En 1989, en su libro “En busca de las penas perdidas”, usted analizó el proceso de pérdida de legitimidad del sistema penal en América Latina. Para quien lee ese libro hoy, la actualidad de ese diagnóstico impresiona. ¿Cuál su evaluación del desenvolvimiento de ese proceso en el escenario actual?


–Creo que el escenario fue empeorando. No mejoró, empeoró. Tuvimos una crítica criminológica que llegó a América Latina por medio de dos grandes criminólogas de Venezuela, Rosa Del Olmo y Lolita Aniyar de Castro. De Europa venían Alessandro Baratta, Massimo Pavarini… Bueno, todos ellos murieron. Yo soy el último (risas). Estamos formando ahora una nueva generación crítica. También cambió el marco del poder mundial. En el momento en que escribí ese libro, no tenía claro lo que estaba sucediendo en el mundo. Hoy la cosa está mucho más clara. Tenemos un poder financiero mundial con inmensas corporaciones transnacionales, con un volumen económico que supera el de muchos países. Eso se está convirtiendo en un impulso totalitario. No digo que ya esté dominando todo plenamente, pero se trata de un impulso de dominio que quiere ocupar el lugar de la política.


Esas corporaciones no están en manos del capital productivo. En el periodo del capitalismo productivo, el explotador necesitaba de la existencia del explotado. Lo que tenemos hoy es otra cosa. Quien comanda son los Chief Executive Officers (CEO’s), que son gerentes tecnócratas cuya única misión es obtener la mayor renta en el menor tiempo posible. En este escenario van cayendo límites éticos, morales y legales, lo que hace que ese poder se vaya tornando un poder criminal a nivel mundial. Cuando digo “criminal” no estoy hablando metafóricamente. Si analizamos la crisis de 2008, lo que tenemos es un fraude astronómico. La explotación del trabajo esclavo a distancia es otro crimen. Si pensáramos en el endeudamiento de los países y lo que se hace con esa minoría que compra los bonos de deuda de esos países y después los extorsiona, tenemos otro crimen. Es una organización criminal.


El objetivo de esos intereses es imponer sociedades con 30% de integrados y 70% de excluidos. La vinculación ya no es entre explotador y explotado como en los tiempos de Henry Ford, cuando el Estado podía actuar como mediador en esa relación entre la producción y el capital. Ahora ya no podemos hacer eso porque del lado del capital no tenemos a nadie más, sólo tecnócratas que quieren la mayor renta posible en el menor tiempo. El objetivo de ese impulso totalitario del capital financiero es debilitar a los Estados, que son el espacio de la política. Ellos quieren ocupar ese lugar de la política. No necesito hablar de lo que está sucediendo en otros países de la región. Es suficiente con hablar del mío. En Argentina, tenemos un gabinete ocupado por gerentes de transnacionales…


–No hay más intermediarios…


–No, los lobistas ya no hacen más lobby porque están ocupando las carteras ministeriales. En esa tentativa de crear una sociedad 70–30, en algún momento tendrán que contener los 70% de excluidos y el modo de contenerlos es utilizando primero el monopolio mediático. No es que esos monopolios mediáticos estén al servicio de esas corporaciones y del capital financiero: forman parte de él.


Entonces el marco del poder hoy es muy diferente de aquel de los años 70 y 80. El proceso de debilitamiento de los Estados que estamos viendo en nuestra región, es muy serio. En México el Estado perdió el control territorial y la situación de Brasil es muy preocupante. Creo que ustedes tienen un serio problema de violencia, un problema de seguridad nacional. No estoy hablando de la doctrina de seguridad nacional sino de la seguridad de vida de sus habitantes, que debe ser garantizada por el Estado.


–¿Usted cree que Brasil corre el riesgo de seguir el camino de México?


–No. Es diferente. México tiene otros problemas. Como decía el dictador Porfírio Diaz, México está lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. El caso de Brasil es otro. Ustedes tienen cerca de 700 mil presos y algo entre 600 y 700 mil órdenes de detención no cumplidas, por no tener vacantes en las cárceles. Y las cárceles brasileras, en general, se están convirtiendo claramente –o ya se convirtieron– en verdaderos campos de concentración. El deterioro que los presos sufren en esas cárceles es terrible. No hay asistencia médica adecuada, la superpoblación es mayor que la recomendada internacionalmente y las reglas mínimas de las Naciones Unidas no son cumplidas. Toda cárcel es degradante por mejor que sea, pero estas son particularmente degradantes. El sujeto que sale de esa cárcel es un criminal en potencia. Eso es inevitable. Esas cárceles sólo están reproduciendo violencia.


Pero no es sólo eso. Si tenemos cerca de 700 mil presos y cerca de 700 mil órdenes de detención no cumplidas, llegamos a un universo de 1,4 millón de personas. No se qué número de procesados hay en Brasil sin detención preventiva determinada, pero la experiencia normal es que ese número es mayor que el de aquellos que están con detención preventiva. Entonces debemos tener por lo menos cerca de 3 millones de personas sometidas a un proceso penal. Cada una de esas personas tiene padre, madre, hermanos, hermanas, amigos y así siguiendo. Tienen un contacto directo con cinco o seis personas por lo menos. Entonces tenemos un universo de aproximadamente 20 millones de personas que están conviviendo con el proceso penal como si fuera una cosa normal, que forma parte de su día a día. Hay por lo tanto una banalización del proceso penal y todo ese conjunto es un inevitable reproductor de violencia.


Es verdad que todo sistema penal está compartimentado. Tiene policía, juzgados, fiscalía, jueces, cárceles y así siguiendo. Cada uno actúa según criterios de eficacia propios de su sector. Yo jamás vi una compartimentación tan extrema como la que existe en Brasil. Cada uno dice que está tratando de hacer lo mejor que puede en su ámbito, pero ¿y el conjunto? Brasil no necesita tener el número de presos y de procesados que tiene. Las cárceles están llenas de autores de pequeños robos, pequeños ladrones, de personas que venden marihuana en la esquina. Eso genera una exclusión social especial que se extiende a la familia. Eso está creando un serio problema de violencia. Hay un aparato en el Estado que crea violencia.


–¿Como definiría usted la relación del sistema penal –de modo general–, con ese poder financiero mundial que quiere debilitar a los Estados y ocupar el lugar de la política?


–Es funcional a ese poder. En la medida en que crean y potencian la violencia, están debilitando el Estado, que es lo ellos quieren. Además de eso, está dividiendo la sociedad, creando esa clase medía que es imaginaria porque no es una realidad económica. En la India crearon una casta de parias y el resto de la sociedad se considera superior a ellos. Es un tipo especial de racismo. Y los medios siguen pidiendo cada vez más prisiones, reproduciendo cada vez más violencia. Es un mecanismo totalmente funcional a ese impulso totalitario del capitalismo financiero.


–Además del crecimiento de esa cultura punitiva, alimentada por mecanismos como estos que usted acaba de describir, tenemos también un avance político de la derecha y aún de la extrema derecha en América Latina. ¿Cómo ve ese escenario?


–Eso también es funcional, porque divide la sociedad y crea una violencia social e ideológica. Estamos volviendo, con otro escenario, a algunas cosas del periodo pre guerra. El lawfare no es nuevo, fue usado por los nazis. No estoy diciendo que tenemos la vuelta del nazismo. Es otra cosa. El marco del poder es diferente, pero las técnicas son antiguas. Cualquier sistema penal es estructuralmente selectivo. No hay cómo evitarlo. Lo que podemos hacer es disminuir el nivel de selectividad. En todas las sociedades, en especial en las nuestras que son extremadamente estratificadas, tenemos entrenamientos diferentes. En la favela, nadie es entrenado para crear una sociedad offshore. Ese entrenamiento pertenece a otra clase social. Aquellos que son creados en la favela y quieren delinquir, acaban haciendo cosas más simples y la policía hace lo que es más fácil hacer. Tenemos ahí, por lo tanto, una selectividad estructural. Ahora tenemos el surgimiento también de una selectividad persecutoria, que es un elemento totalitario. Estamos viendo ese fenómeno de modo muy claro en mi país.


–¿Cómo se está manifestando ese fenómeno en Argentina?


–En Argentina vemos la utilización de los medios para estigmatizar opositores y la manipulación de un segmento de la Justicia Federal, para criminalizar la oposición. Hacen eso inventando cosas. Llegaron al extremo de hablar de traición a la Nación. Nosotros tenemos una definición constitucional de traición a la Nación copiada de la Constitución de Estados Unidos, según la cual no podemos tener traición a la Nación sin guerra. Procesaron a la ex-presidente Cristina Kirchner, el ex-secretario de la presidencia y el ex-ministro de Relaciones Exteriores por traición a la Nación. Se dieron cuenta de que eso era una burrada muy grande y cambiaron la acusación: no es traición a la Nación, pero sí encubrimiento. Es un proceso claro de selección persecutoria.


–Y en el caso brasileño ¿está siguiendo el proceso del Lava Jato que culminó con la prisión del ex presidente Lula?


–Yo no puedo hablar sobre ese tipo de situación en otros países que no sean el mío porque son cosas que en algún momento pueden llegar a la Corte Interamericana. Sobre la Argentina puedo hablar porque como argentino no puedo tratar esos casos en la Corte Interamericana.


–En su opinión ¿el sistema penal tiene anticuerpos para resistir y enfrentar esa ofensiva del poder del capital financiero a nivel mundial?


–Yo no creo mucho en conspiraciones, porque creo que ese es un modo de tranquilizarse. Si creemos que alguien tiene un gran ordenador con el cual está haciendo todo eso, la solución sería fácil, sería sólo atrapar a ese sujeto que está en el ordenador, pero la realidad es mucho más complicada. Hay cosas que van sucediendo por una multiplicidad de factores, a veces muy difíciles de precisar. Esa situación de Brasil a la que me refería no fue creada por un gobierno, sino que fue sucediendo a lo largo del tiempo. ¿Qué hace el poder financiero –como cualquier poder, de hecho? Si evalúa que un determinado proceso es funcional, lo deja avanzar. Si en cambio es disfuncional, intenta detenerlo. Por otro lado, ningún poder es macizo, tiene fisuras y espacios. Si fuera macizo, nosotros no estaríamos aquí.


Por dentro del sistema penal no es muy posible resistir a ese poder. Ustedes, brasileros, tienen que saber que tienen una responsabilidad continental. Cualquier cosa que pase aquí, va a reflejarse sobre todos nosotros. Eso es inevitable por la dimensión del país. Brasil está frente a un problema de seguridad nacional que se refiere a la vida de sus habitantes. Es necesario pararse a pensar un poco en eso, hacer un llamado a la racionalidad.


–¿Qué espacio de actuación ofrecen hoy instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para enfrentar estos problemas?


–Hace dos semanas tuvimos una reunión con motivo del 40º aniversario de la Corte Interamericana, en la que también participaron miembros de la Corte Africana y de la Corte Europea. Debatimos problemas enfrentados por esas tres cortes regionales. Uno de ellos es que estamos teniendo dificultades para el cumplimiento de las sentencias. Los Estados están utilizando el argumento de la soberanía. Eso es interesantísimo. No creo mucho que la realidad que vivimos hoy pueda definirse por una polarización entre izquierda y derecha. Creo que nuestra realidad regional responder más a una polarización entre colonización y soberanía. Ese impulso del totalitarismo corporativo es un impulso colonizador que perjudica nuestras soberanías. Y ellos defienden ese impulso colonizador alegando el valor de la soberanía.


Las cortes regionales, internacionales y el sistema mundial son un seguro. La vigencia de los derechos humanos tiene que ser empujada por las instituciones de cada país. Las cortes regionales no pueden sustituir esa tarea. Muchas denuncias nos llegan después de años de que las cosas ocurrieran. No tenemos cómo actuar en la solución de conflictos tras diez, quince años. Tenemos alguna importancia en el sentido de bajar doctrinas a los tribunales superiores y cosas así. Si un poder judicial está fallando, no podemos sustituirlo. No tenemos capacidad material para tanto y además sería un absurdo desde el punto de vista institucional.


Texto original en portugués.
Traducción de Pressenza

Sur21

 

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