Lunes, 09 Mayo 2016 07:53

La seguridad jurídica de la paz.

La seguridad jurídica de la paz.

No dan tregua los caracterizados enemigos de la paz y de los diálogos para terminar el conflicto social y armado nacional. Recurren a toda cuanta artimaña sea necesaria para malograr los pasos dados en materia de reconciliación.

 

Como la paz es un valor central en la existencia de la nación y un derecho fundamental constitucional, se ha planteada la necesidad de blindar jurídicamente todos los acuerdos –parciales y finales- que pongan fin a la guerra en la Mesa de diálogos de La Habana entre el gobierno y las Farc. El objetivo es que los mismos sean lo más vinculante posible para el ordenamiento interno y que haya la mayor seguridad jurídica. Todo este andamiaje parte del hecho de que el Gobierno reconoció oficialmente a las Farc como un actor beligerante, es decir, como parte genuina de un conflicto armado interno.
La protección política de esta gigantesca obra deberá correr por cuenta de un complejo proceso de consulta y diálogo directo con los ciudadanos mediante la pedagogía de la paz, la recolección de firmas de apoyo a la paz, el plebiscito, la consulta popular y la Asamblea constituyente de la paz.

 

Sobre el amparo jurídico se ha proyectado una estrategia que tiene implicaciones globales.

 

La pregunta que resulta obligado plantearse es la siguiente: ¿cómo conseguir que se incorpore al ordenamiento jurídico colombiano cada uno de los acuerdos alcanzados en materia agraria, política, de cultivos de uso ilícito y de los derechos de las víctimas, y el acuerdo final que inicie la construcción de la convivencia?.

 

Para resolver tal interrogante se ha sugerido en la Mesa de La Habana, por los delegados plenipotenciarios y su cuerpo de asesores (http://bit.ly/23iqAlL) que se firme el Acuerdo final bajo la fórmula del Acuerdo especial humanitario, una figura prevista en los artículos 3 y 6, de la I, III y IV convenciones de Ginebra, del 12 de agosto de 1949 (http://bit.ly/1znbUb2), que es lo mismo que busca una demanda del ex fiscal Eduardo Montealegre que acaba de ser admitida por la Corte Constitucional contra la Resolución 339 del 2012, por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de dialogo, se designan delegados del gobierno nacional y se dictan otras disposiciones (http://bit.ly/1oLebEQ).

 

Esta modalidad de acuerdos está prevista para regular aspectos relacionados con la humanización del conflicto armado y con el respeto estricto al derecho internacional humanitario.

 

Un acuerdo especial es un pacto entre partes beligerantes en situación de conflicto internacional o no internacional. Es un acto jurídico subjetivo, quiere decir que el irrespeto de alguna de las partes a sus compromisos permite a la otra liberarse de sus obligaciones contractuales. Esto, en contraposición a las Convenciones (acto jurídico objetivo), que consagran derechos generales que se imponen independientemente de que haya o no violación de aquellos. Esto le da a la insurgencia revolucionaria una importante seguridad en el caso futuro de que se considere que el Gobierno no cumple.

 

El fin de un acuerdo especial es determinar las modalidades de tratamiento de los prisioneros, heridos, etc., o definir las condiciones del cese definitivo de hostilidades en el marco de un conflicto. La ventaja de los acuerdos especiales es que una vez firmados por las partes, son automáticamente efectivos y vigentes, sin necesidad de que exista ratificación alguna, al menos que existan modificaciones institucionales (constitucionales) en ellos, como parece ser en este caso.

 

La utilización de esta figura permitiría que, inmediatamente, los contenidos de ese acuerdo, que refuerzan los derechos fundamentales, queden incorporados al bloque de constitucionalidad. Se propone que ese convenio, firmado como acuerdo especial humanitario, luego se tramite en el Parlamento para darle fuerza de ley, utilizando la vía de ley ordinaria o con el procedimiento de urgencia que podría llegar a aplicarse a la tramitación, lo cual haría que el acuerdo final se alcance en un periodo máximo de dos meses; o menos, en 15 días, según lo plantea E. Santiago (http://bit.ly/23iqAlL).

 

En el camino para resolver este delicado asunto, la admisión de la demanda del ex fiscal Montealegre en la Corte Constitucional, ya aceptada y en trámite en cabeza del magistrado Jorge Ivan Palacio, quien ha citado a todas las partes para que expongan sus argumentos, le otorga un peso trascendental al debate del asunto.

 

Hay que reiterar que la demanda de Montealegre pretende que la palabra ‘acuerdo’ incluida en el Decreto presidencial citado más arriba, sea interpretada por la Corte como un tratado internacional o tratado de paz que no solo tenga fuerza vinculante para todas las instituciones sino que haga que lo que se acuerde en La Habana no pueda ser modificado por otro gobierno ni siquiera por una iniciativa popular –como un plebiscito o un referendo-.

 

Como se trata de un aspecto muy importante para la paz, bien conviene recoger las tesis de Montealegre.

 

Afirma Montealegre que el 28 de marzo del 2016, presentó, ante la Corte, una demanda contra la palabra “acuerdo” que está contenida en el documento que firmaron el Gobierno y las Farc el 26 de agosto de 2012 en La Habana, para la terminación del conflicto y con el cual se dio inicio a la negociación. Le pidió a la Corte declarar que los “acuerdos” suscritos con las Farc, no son simples actos políticos sino que tienen una fuerza equivalente a la de un tratado internacional. Y en esa medida, que tienen soporte constitucional vinculante, como también en el derecho internacional, pues la expresión “acuerdo” se refiere a una figura existente, precisamente, en el derecho internacional humanitario: se denominan “acuerdos especiales” y se imponen a las partes en un conflicto armado no internacional.

 

Lo que se pretende es que la Corte Constitucional determine que la expresión “acuerdo” tiene fuerza jurídica propia. Si prospera esta tesis, las consecuencias serán múltiples: una, el control de los acuerdos estará en cabeza de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado. Dos, ninguna ley de la República podrá desconocerlos. Y tres, no tendrían que pasar por ningún tipo de convalidación jurídica, salvo por el control constitucional.

 

Respecto de lo que pueda decidir la Corte constitucional la previsión jurídica indica que ella puede decidir que: 1. La palabra “acuerdo” se refiere a un documento sin fuerza normativa. 2. Es un acto administrativo con fuerza normativa débil. 3. Es un documento con rango de ley y con una fuerza normativa mayor, pero sometida a cambios que quiera hacerle el Congreso. 4. Es un desarrollo de normas de derecho internacional que tiene efectos vinculantes, equivalentes a los de un tratado. Para el demandante Montealegre en su acción, sólo la última opción es constitucionalmente aceptable.
Esperemos que así sea por el bien de toda Colombia

 

 

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Santos y Timochenko, aquí con Raúl Castro, no pudieron cumplir con el plazo previsto.

ENTREVISTA AL ESPAÑOL ENRIQUE SANTIAGO, ASESOR LEGAL DE LAS FARC DE COLOMBIA

 

Explicó por qué están trabadas las discusiones y detalló cuál es la propuesta de la formación guerrillera para incorporar con seguridad jurídica los tratos firmados en tres años y medio, quizá cuatro, de esta histórica negociación.

 

 

Desde La Habana

 

El pasado 23 de marzo, según habían pactado el presidente Juan Manuel Santos y el número uno de las FARC Timochenko, se firmaría al acuerdo final derivado de los Diálogos de Paz que sostienen ambas partes en La Habana, Cuba, desde noviembre de 2012. Pero el anuncio no llegó. Cada delegación se pronunció por separado reafirmando que hay diferencias de fondo que no han facilitado pactos en los dos temas que faltan por firmar: Fin del Conflicto e Implementación, Verificación y Refrendación de los mismos. El primero tiene que ver, propiamente, con el fin de la guerra: el cese bilateral del fuego, la dejación de armas y la seguridad de los guerrilleros en zonas de concentración o territorios de paz donde realizarían trabajo comunitario, agrario y social para resarcir los daños causados a la sociedad, lejos de las cárceles. El segundo, se refiere al entramado jurídico colombiano e internacional mediante el cual cobrarán validez los acuerdos entre Farc y gobierno colombiano alcanzados en La Habana. Al respecto, el asesor jurídico de las Farc, el español Enrique Santiago habló con Página/12 explicando en qué están trabadas las discusiones en tal sentido y detallando cuál es la propuesta de esa formación guerrilla para incorporar con seguridad jurídica los tratos firmados en tres años y medio, quizá cuatro, de esta histórica negociación.

 


¿En qué está hoy la subcomisión jurídica creada para concretar la propuesta de Justicia o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ya se anunció en diciembre?

 

–Esa subcomisión tenía el fin, además de discutir la JEP, realizar una propuesta sobre la ley de amnistía, que debe aplicarse a todo proceso de paz. Sin embargo, después de la firma del acuerdo en Justicia la Subcomisión Jurídica ha dejado de funcionar porque el gobierno ha entendido que no corresponde que siga realizando sus tareas conjuntamente. Allí debemos avanzar en una propuesta sobre la amnistía y el indulto de los combatientes, tanto guerrilleros como agentes del Estado, sino también de las personas condenadas por la protesta social, liderazgo social, y defensa de derechos humanos...Ahora mismo no se está discutiendo esta materia, que ha pasado a ser discutida directamente en la Mesa de Conversaciones. Recordemos que la amnistía es un mandato del derecho internacional. El artículo 6.5 del protocolo adicional segundo regula el derecho aplicable a los conflictos armados internos, donde se cita que el gobierno concederá la más amplia amnistía que permitan leyes, respetando por supuesto los delitos no amnistiables como crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra.

 

¿Por qué la Mesa y la comisión jurídica no avanzan con los acuerdos?

 

–Esa es una gran discusión que atraviesa la Mesa en estos momentos. La implementación es una materia claramente establecida en el punto sexto de la agenda, pero el gobierno ha actuado unilateralmente al respecto, lo que no ayuda propiamente a la confianza entre las partes. Por los medios de comunicación la delegación de las FARC ha conocido que el gobierno tramita una serie de reformas (como la reforma a la ley de orden público) y un nuevo mecanismo legislativo rápido para otorgar poder al Presidente y otras instituciones para que puedan expedir leyes con rapidez. El gobierno quiere aprobar normas de desarrollo de los distintos contenidos del acuerdo final. Ese itinerario, además de unilateral, tiene dos graves problemas técnico-jurídicos: en ningún momento contempla la incorporación al ordenamiento jurídico interno colombiano a las leyes surgidas del acuerdo. Además, regula unas atribuciones especiales a las cámaras para desarrollar lo que el gobierno crea necesario del acuerdo final.

 

¿Una Constituyente para implementar los acuerdos?

 

–Ese es un equívoco muy común en la sociedad colombiana. La Constituyente no es un mecanismo para aprobar o implementar los acuerdos. La Asamblea Constituyente sería un mecanismo para poner en vigor un tiempo después de haberse firmado el acuerdo cuando ya se hayan aprobado los desarrollos legislativos que ponen en funcionamiento la esencia, el núcleo fundamental de lo acordado. Muchos acuerdos incluidos en el acuerdo final deberán ser concretados en un mediano o largo plazo que a su vez exigen multitud de reformas constitucionales, entonces la opción es incluirlos en una Asamblea Constituyente que además construya ese nuevo modelo de país que tiene que surgir del fin del conflicto que ha durado más de 50 años. Para ese momento ojalá también se haya cerrado el proceso de conversaciones con la otra fuerza guerrillera que queda todavía sin iniciar diálogos: el Ejército de Liberación Nacional.

 

¿Cómo es la propuesta de las Farc sobre un Acuerdo Especial Humanitario?

 

–Es un mecanismo rápido de incorporación del acuerdo final al ordenamiento jurídico interno. El Acuerdo Humanitario está previsto en las Convenciones de Ginebra. Es un mecanismo muy usado en los conflictos para regular aspectos humanitarios del enfrentamiento. Este tipo de acuerdo únicamente necesita dos requisitos. Primero, que ambas partes quieran firmarlo como acuerdo especial humanitario, y, en segundo lugar, su contenido debe ser humanitario. Esto está expresamente previsto en la regulación que establece la convención de Ginebra que dice que, además de los supuestos previstos en la Convención, las partes podrán fijar acuerdos especiales sobre cualquier otra materia que consideren. En todo caso, es evidente que no hay una materia más humanitaria que acabar una guerra. Esto encaja también con las doctrinas más modernas de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) vinculado a lo que se viene denominando la lex posconflicto. Es decir, el DIH es una herramienta eficaz para la construcción del posconflicto.

 

¿Cuáles son las ventajas de un Acuerdo Especial Humanitario?

 

En primer lugar, en Colombia existe una doctrina jurisprudencial de larga data que se denomina bloque de constitucionalidad que incorpora como valores supraconstitucionales los derechos fundamentales y el contenido de los principios rectores constitucionales que garantizan derechos fundamentales a las personas. Además de eso, la doctrina constitucional en Colombia viene declarando desde hace años que las convenciones de Ginebra son parte del bloque de constitucionalidad, con lo cual no cabe duda que si utilizamos un figura jurídica contemplada en las convenciones de Ginebra para alcanzar el acuerdo final, inmediatamente el contenido garantista de derechos fundamentales que se incluye en ese AEH formaría parte del bloque de constitucionalidad. Y esto, además, nos permite un mecanismo de aprobación parlamentaria sumamente simplificado porque sin ser un acuerdo o un tratado internacional, el mecanismo constitucional más adecuado para tramitar legislativamente el AEH es el mecanismo es el previsto para la ley ordinaria que aprueba un tratado internacional. No hay que perder de vista que sin ser un tratado internacional, los requisitos de tramitación deben cubrirse porque todos los acuerdos que salgan de La Habana se firman al menos por tres sujetos de derecho internacional: el Estado colombiano, Noruega y Cuba, como países garantes.

 

 

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Domingo, 30 Agosto 2015 05:58

Estados Unidos es el obstáculo

Estados Unidos es el obstáculo

Recientemente se ha celebrado la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en la capital de Etiopía, Addis Abeba. La reunión se llevó a cabo en un momento en que los países en desarrollo y los mercados emergentes han demostrado su capacidad de absorber grandes cantidades de dinero de manera productiva. De hecho, las tareas que estos países están emprendiendo —como inversiones en infraestructura (carreteras, electricidad, puertos, y mucho más), la construcción de ciudades que un día van a llegar a ser el hogar de miles de millones de personas y el cambio hacia una economía verde— son realmente enormes.


Al mismo tiempo, no falta dinero a la espera de que se le dé un uso productivo. Hace apenas unos años, Ben Bernanke, el entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, habló de un exceso de ahorro mundial. Y, no obstante, los proyectos de inversión con alta rentabilidad social no salían adelante por falta de fondos. Eso sigue siendo cierto hoy en día. El problema, tanto entonces como ahora, fue y es que los mercados financieros globales, en vez de cumplir con su objetivo de realizar una intermediación eficiente entre el ahorro y las oportunidades de inversión, asignan mal el capital y crean riesgo.


Hay otra ironía más. La mayoría de los proyectos de inversión que necesita el mundo emergente son a largo plazo, al igual que lo son gran parte de los ahorros disponibles —es decir, los billones de dólares y euros que se encuentran en cuentas de jubilación, fondos de pensiones y fondos soberanos— Pero nuestros mercados financieros, cada vez más miopes, se interponen.


Muchas cosas han cambiado en los 13 años transcurridos desde la Primera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Internacional que se celebró en Monterrey (México) en 2002. En aquel entonces, el G-7 dominaba la formulación de políticas económicas a nivel mundial; hoy en día, China es la economía más grande del mundo (en términos de paridad del poder adquisitivo), con una tasa de ahorro que supera en alrededor de un 50% al nivel de EE UU. En el año 2002, se pensaba que las instituciones financieras occidentales eran magos de la gestión del riesgo y la asignación de capital; hoy en día, vemos que son brujos en manipular los mercados y otras prácticas engañosas.


Atrás han quedado los llamamientos que instaron a los países desarrollados a cumplir con su compromiso de dar al menos un 0,7% de su producto nacional bruto (PNB) en ayuda al desarrollo. Unos cuantos países del norte de Europa –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y, sorprendente, el Reino Unido —en medio de su austeridad autoinfligida— cumplieron sus promesas en 2014. Sin embargo, Estados Unidos (con un 0,19% de su PNB ese mismo año) se queda muy, muy lejos.


Hoy en día, los países en desarrollo y los mercados emergentes dicen a EE UU y a los otros países: si no van a cumplir sus promesas, al menos no estorben y permítannos construir una arquitectura internacional para una economía mundial que también sirva a los pobres. No es sorprendente que las potencias hegemónicas existentes, con EE UU a la cabeza, estén haciendo todo lo posible por frustrar tales esfuerzos. Cuando China propuso la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras para ayudar a redirigir algunos de los excesos de ahorro mundial hacia lugares donde la financiación es muy necesaria, Washington trató de torpedear el esfuerzo. Cuando finalmente el proyecto salió adelante, el Gobierno del presidente Barack Obama sufrió una dolorosa (y muy vergonzosa) derrota.


EE UU también está bloqueando el camino hacia un derecho internacional para la deuda y las finanzas. Para que funcionen bien los mercados de bonos, por poner un ejemplo, se debe encontrar una forma ordenada para resolver los casos de insolvencia soberana. Sin embargo, hoy en día, no existe tal manera. Ucrania, Grecia y Argentina son ejemplos del fracaso de los acuerdos internacionales existentes. La gran mayoría de países ha pedido la creación de un marco para la reestructuración de la deuda soberana. EE UU sigue constituyéndose como el principal obstáculo.


También es importante la inversión privada. Pero las nuevas disposiciones incluidas en los acuerdos comerciales que el gobierno de Obama está negociando en ambos océanos implican que cualquier inversión extranjera directa viene acompañada por una marcada reducción en la capacidad de los Gobiernos para regular el medio ambiente, la salud, las condiciones de trabajo e incluso la economía.


La posición de Estados Unidos en relación con el tema más debatido en la conferencia de Addis Abeba fue particularmente decepcionante. A medida que los países en desarrollo y los mercados emergentes abren sus puertas a las multinacionales, se hace cada vez más importante que puedan imponer impuestos a estos gigantes, gravando las ganancias generadas mediante la actividad empresarial que se produce dentro de sus fronteras. Apple, Google y General Electric han demostrado que a la hora de encontrar maneras de evadir impuestos son aún más geniales que cuando desarrollan productos innovadores.


Todos los países —tanto los desarrollados como los en desarrollo— han estado perdiendo miles de millones de dólares en ingresos fiscales. El año pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) dio a conocer información sobre las decisiones fiscales de Luxemburgo que expusieron la magnitud y la diversidad de las formas de evasión fiscal. Aunque un país rico como EE.UU. pudiese soportar el comportamiento descrito en el denominado caso Luxleaks, un país pobre no puede hacerlo.


He sido miembro de una comisión internacional, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de Sociedades, cuya labor es examinar maneras de reformar el sistema tributario actual. En un informe que presentamos a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, acordamos por unanimidad que el sistema actual está roto, y que no basta con un par de arreglos aquí y allá. Hemos propuesto una alternativa —similar a la manera en la que las empresas son gravadas en EE UU— asignando la recaudación que corresponde a cada Estado sobre la base de la actividad económica que ocurre dentro de las fronteras estatales.


EE UU y otros países desarrollados han presionado a favor de una serie de cambios mucho menores recomendados por la OCDE, que es el club de los países desarrollados. En otras palabras, los países de los que provienen los políticamente poderosos evasores de impuestos son los países que, se supone, tienen que diseñar un sistema para reducir la evasión fiscal. Nuestra Comisión explica por qué las reformas de la OCDE han sido, en el mejor de los casos, pequeños ajustes a un sistema fundamentalmente defectuoso. Son, simplemente, inadecuadas.


Los países en desarrollo y los mercados emergentes, encabezados por India, han argumentado que el foro adecuado para debatir estos temas es un grupo ya establecido en Naciones Unidas, el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Asuntos Fiscales, del que es necesario mejorar su situación jurídica e incrementar su financiación. EE UU se ha opuesto de manera tenaz: quería mantener las cosas como en el pasado, de forma que la gobernanza mundial sea llevada a cabo por y para los países desarrollados.


Las nuevas realidades geopolíticas exigen nuevas formas de gobernanza mundial, en las que la voz de los países emergentes y en desarrollo resuene más alto y con mayor peso. EE UU impuso su parecer en Addis Abeba; sin embargo, también mostró que se encuentra en el lado equivocado, una postura que será juzgada por la historia.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor universitario en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente es La Gran Brecha: las sociedades desiguales y qué podemos hacer al respecto.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

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Ratifican en la ONU derecho de Puerto Rico a autodeterminación e independencia

El Comité de Des¬colonización de la ONU adoptó este lunes por consenso una nueva resolución que ratifica el derecho de Puerto Rico a la libre autodeterminación e independencia.


Por trigésima cuarta ocasión, ese órgano aprueba un documento sobre el caso de Puerto Rico, nación sometida a cinco siglos de colonialismo, los últimos 117 años bajo el dominio de Estados Unidos.


La iniciativa presentada por Cuba, con el pa¬¬tro¬cinio de Venezuela, Nicaragua, Ecua¬dor, Bolivia, Rusia y Siria demanda a Wa¬shing¬ton asumir su responsabilidad y permitir que el pueblo boricua ejerza plenamente esas prerrogativas, en sintonía con la proclama lanzada en 1960 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de poner fin al colonialismo en el planeta.
Además, insiste en el carácter latinoamericano y caribeño del pueblo de Puerto Rico, "que tiene su propia e inconfundible identidad nacional."


El texto también refleja las preocupaciones por el debate existente en esa nación sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la participación de todos los sectores de opinión locales, como una asamblea constitucional sobre la cuestión del estatus.


Al respecto, insta a basar dicho instrumento en las alternativas de descolonización reconocidas por el derecho internacional, "consciente del principio de que toda iniciativa por la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente su pueblo".


La resolución adoptada aquí pide al go¬bierno estadounidense completar la devolución de toda la tierra ocupada y las instalaciones de la isla de Vieques. Asi¬mis¬mo, reclama la libertad del preso político Oscar López Rivera, de 71 años, encerrado durante más de tres décadas por la causa independentista.


Antes de la adopción por consenso del documento, el Movimiento de Países No Ali¬nea¬dos, que agrupa a 120 naciones, y la Co¬munidad de Estados Latinoamericanos y Ca¬ri¬beños, integrada por los 33 países de la re¬gión, expresaron su apoyo a la autodeterminación boricua.


También Cuba, Ecuador, Venezuela, Bo¬livia, Nicaragua y Siria intervinieron en el foro para demandar respeto a que los puertorriqueños ejerzan su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia.


(Información de Prensa Latina)

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Abbas reclama en la ONU un "calendario firme" para poner fin a la ocupación israelí

El presidente palestino, Mahmud Abbas, advirtió este viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas de que la paciencia palestina se ha acabado tras la última "guerra de genocidio" de Israel en la Franja de Gaza. Así que, afirmó, o se establece un "calendario firme" para fijar el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos y la consecuente creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como capital, o no tendrá sentido hacer un nuevo esfuerzo de negociación de paz.


"No hay valor alguno en negociaciones que no estén vinculadas a un calendario firme para la implementación de este objetivo", dijo Abbas en la cita anual de la ONU.

"Es imposible, repito, es imposible volver al ciclo de negociaciones que no logró atender el fondo del asunto y la cuestión fundamental", subrayó e insistió: "Hay una ocupación que tiene que acabar ahora".

Este objetivo está en el núcleo de una propuesta de resolución que los palestinos han elaborado junto con el grupo árabe en la ONU para presentarlo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, anunció Abbas.


El texto no ha circulado aún sin embargo en la sede de la ONU en Nueva York y el líder palestino en su discurso no mencionó el plazo de tres años que según medios israelíes se ha fijado en el calendario para la pretendida retirada israelí de los territorios palestinos.


A un mes de que se acordara el alto el fuego duradero tras los 50 días que duró una ofensiva israelí en Gaza que causó la muerte de más de 2.100 palestinos -490 menores- y dejó una ciudad arrasada, Abbas aseguró desde el podio de la ONU que los palestinos no cejarán en sus intentos de que se haga justicia por estos "crímenes de guerra" que han "destruido las esperanzas de paz que pudieran quedar aún".

"En nombre de Palestina y de su pueblo, hoy afirmo aquí: no vamos a olvidar y no vamos a perdonar, y no permitiremos que los criminales de guerra escapen su castigo", proclamó.


"Afirmo delante de ustedes que el pueblo palestino se mantiene firme en su derecho legítimo a defenderse contra la maquinaria de guerra israelí y a resistir esta ocupación colonial y racista israelí", agregó un día después de que las dos facciones palestinas, Al Fatah y Hamás, anunciaran un acuerdo para que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que preside Abbas gobierne en Gaza "de forma inmediata".


Según Abbas, lo que está en juego va mucho más allá del largo conflicto palestino-israelí

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En una semana en que la preocupación por la amenaza que suponen el autoproclamado Estado Islámico (EI) y otros grupos extremistas ha copado discursos, reuniones y esfuerzos en la ONU, Abbas consideró que existe un vínculo directo entre el conflicto con Israel y el "auge del extremismo" que tanto preocupa a la comunidad internacional.
"De forma reiterada, hemos advertido de que permitir que Israel actúe como un Estado por encima de la ley, con impunidad, y absolviéndolo de cualquier responsabilidad o castigo por sus políticas, agresiones y desafíos a la legitimidad internacional, ha abonado un terreno fértil para un entorno favorable al aumento del extremismo, el odio y el terrorismo en la región", sostuvo el presidente palestino.


"Debemos asumir que nadie se preguntará ya más por qué está aumentando el extremismo y por qué la cultura de paz está perdiendo fuerza y por qué los esfuerzos para lograrla están fracasando", apuntó Abbas antes de insistir: "Combatir el terrorismo que asola nuestra región por grupos como el EI (...) requiere, como prioridad, poner fin a la ocupación israelí de nuestro país, que constituye en sus prácticas y continuación una aberrante forma de terrorismo de Estado y un caldo de cultivo para la incitación al odio y la tensión".

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