Pedro Castillo ve dividida su base de apoyo en solo tres meses.

Perú Libre se pasó a la oposición 

Sus dirigentes dicen sentirse desplazados luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de “derechizarse”. Sin embargo los nombramientos no condicen necesariamente con esa definición. La nueva primera ministra tiene una larga trayectoria en la izquierda y en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres.

 

Ruptura en el gobierno de Pedro Castillo. Menos de tres meses después que el profesor rural y dirigente sindical de izquierda asumiera la presidencia, el partido que lo llevó al poder, Perú Libre (PL), le ha quitado su respaldo. Sus principales dirigentes dicen sentirse desplazados del gobierno luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de “derechizarse”, afirmación que no refleja la composición progresista del nuevo gabinete ministerial. Esto ocurre cuando Castillo es acosado por una derecha golpista que desde el Congreso opositor busca destituirlo. Esta ruptura ha sido promovida por el secretario general de PL, partido que se define como marxista-leninista, Vladimir Cerrón, que con los cambios ministeriales ha perdido la importante influencia que tenía en el Ejecutivo. La derecha celebra la división en el oficialismo.

En Cerrón

El quiebre entre Castillo y PL se ha dado luego que el presidente decidió cambiar el gabinete ministerial que encabezaba el congresista y dirigente de PL Guido Bellido, muy cercano a Cerrón. Bellido intentó imponer una línea partidaria definida por Cerrón que en no pocas ocasiones colisionó públicamente con el presidente, quitándole autoridad, y con otros ministros, y desarrolló una permanente confrontación, con la oposición que controla el Congreso pero también con otros miembros del gobierno. La extrema derecha encabezada por el fujimorismo supo explotar eso para atacar la presidencia de Castillo y armar una coalición golpista. En ese escenario, Castillo decidió reemplazar a Bellido por una exlegisladora de izquierda que no milita en PL, Mirtha Vásquez, quien ha sido presidenta del Congreso y tiene un estilo dialogante que la diferencia notoriamente de Bellido. El cambio ha sido aplaudido por sectores de la izquierda y la derecha, pero gatilló la furia de Cerrón y su dirigencia partidaria.

El nuevo gabinete deberá pedir el voto de confianza al Congreso, donde el gobierno es minoría y ahora se debilita más con esta ruptura. Sin embargo, no toda la bancada oficialista -37 legisladores sobre un total de 130 en el Parlamento unicameral- apoya la decisión de la dirigencia partidaria de romper con el gobierno y negarle el voto de confianza al gabinete. Todavía no se tiene claro la magnitud de la ruptura encabezada por Cerrón. La extrema derecha -que suma 43 votos- sigue en sus posturas golpistas, pero la derecha más moderada ha abierto la puerta para darle el voto de confianza al nuevo gabinete, aunque todavía no anuncia una decisión.

Un giro ¿al centroderechismo?

En un comunicado, PL ha anunciado que no le dará el voto de confianza al nuevo gabinete por representar “un giro político hacia el centroderechismo”. Sin embargo, la primera ministra Mirtha Vásquez está lejos de expresar esa supuesta derechización. Vásquez tiene una larga trayectoria en la izquierda, activista en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, feminista y ambientalista, ha sido abogada de campesinos enfrentados al abuso de poderosas transnacionales mineras. La dirigencia de PL ha amenazado con expulsar del partido a la vicepresidenta Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y a la legisladora Betsy Chávez, titular de Trabajo, las dos militantes de PL en el gabinete, por integrar el equipo ministerial al que Cerrón ha decidido declararle la guerra. Boluarte y Chávez expresan una línea partidaria crítica con Cerrón.

El nuevo gabinete que Cerrón llama de derecha ha reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde el gobierno de la derecha empresarial de Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018), activo promotor del fracasado Grupo de Lima. Esta decisión ha molestado a la derecha y a los grandes medios, que promueven un estado de guerra permanente contra el régimen de Nicolás Maduro y presionan al gobierno en esa dirección. El nuevo gabinete ha marcado posición en el tema, lejos de la derecha

Los resultados de la ruptura 

“La ruptura de Cerrón con el gobierno es un error, exagera cuando habla de derechización del gobierno. Esta decisión no se explica solamente por la ambición de Cerrón por tener poder, como dice la derecha. Hay una serie de factores. Cerrón es una persona con un pensamiento radical, un marxista-leninista ortodoxo y dogmático, detrás de esta ruptura hay una ideología radical que tiende al sectarismo. La postura de Cerrón y PL también expresa la bronca de las provincias contra Lima. Una posibilidad es que con esta ruptura Cerrón quede aislado, pero la otra es que se fortalezca en provincias”, le señaló a Página/12 el sociólogo Alberto Adrianzén.

Sobre las consecuencias de esta ruptura en el gobierno, Adrianzén señala: “De un lado Castillo se debilita perdiendo votos de PL en el Congreso, pero al mismo tiempo el cambio de gabinete es positivo para el gobierno y abre un espacio para la posibilidad de bajar tensiones y aminorar la polarización, y para modificar la relación con un sector de la oposición, el de la derecha más moderada y buscar nuevos aires. Es difícil decir ahora si con esto Castillo gana o pierde más”. 

 

16 de octubre de 2021

Publicado enInternacional
Marine Le Pen en Cavallion, sudeste de Francia.. Imagen: AFP

La crisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2022

La dilución de la “conciencia de clase”, así como los fenómenos que la precipitaron, introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas no supieron interpretar. Las clases conectadas votan a la socialdemocracia.

 Si se cumplen los anticipos del oráculo electoral, por segunda vez consecutiva no habrá un candidato de la izquierda o de la derecha liberal conservadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2022. En 2017 el duelo final lo disputaron el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen. 2022 parece configurarse con esa tendencia que se repite desde hace varios años en todos los sondeos de opinión. 

La única variante sería que el polemista de extrema derechaEric Zemmour oficialice su candidatura y, en consecuencia, supere en votos a Le Pen. En cualquier caso, la derecha heredera del general Charles de Gaulle, reagrupada luego en torno al ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) y más tarde refundada por el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy (2007-2012) no despega en los sondeos. En cuanto a la izquierda, sea de origen socialista con la candidatura de la Intendenta de Paris Anne Hidalgo, la del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) o los ecologistas, está predestinada a observar de lejos la disputa presidencial

Sus déficits son plurales, pero el más importante sigue siendo la deuda popular de las candidaturas progresistas. El socialismo francés, Mélenchon, los comunistas y los trotskistas han perdido desde hace mucho tiempo el voto obrero y popular. Todos los intentos por recuperar lo que fueron sus bastiones electorales se esfumaron en las urnas de la extrema derecha. Elección tras elección los trabajadores y las clases más modestas votan por el partido fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie. Sin ese voto no hay ni presidencia ni segunda vuelta.

Desindustrialización

La batalla previa entre la izquierda y la extrema derecha se sitúa hoy en la reconquista de ese voto sin el cual ninguna esperanza es posible. La victoria del actual presidente estadounidense Joe Biden, gracias a que los demócratas reconquistaron parte del voto obrero en el norte, señaló un camino posible. Sin embargo, para el conjunto de la izquierda francesa, los estudios de opinión revelan cuán profunda es la distancia entre estos partidos y el voto obrero. Las clases populares han dejado huérfana a la izquierda.

En la elección presidencial de 2017, 39 por ciento del voto obrero se dirigió a las urnas de Marine Le Pen, el 25 votó por Mélenchon, el 6 por el socialista Benoít Hamon y el 4 por las dos opciones trotskistas (Lucha Obrera y el NPA). El electorado popular suma un total del 20 por ciento del cuerpo de votantes y es, por consiguiente, un aporte sustancial para configurar una victoria. 

El socialismo es para los diplomados

La dilución de la llamada “conciencia de clase” así como los fenómenos que la precipitaron introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas, sobre todo los socialistas, no supieron interpretar. La desindustrialización de Francia (desaparición de grandes industrias, de la minería, la deslocalización de la industria automotriz) y la regresión de las redes sindicales tornaron audible la retórica de una izquierda cuyo mensaje se orientó más a seducir a las clases con diplomas, urbanas y conectadas que al electorado popular. El socialismo francés es percibido como un partido reservado a los jóvenes de las ciudades, que circulan en bicicleta, trabajan con las nuevas tecnologías y están a salvo de las inclemencias de la pobreza, la exclusión y los trabajos rudos. 

Los valores comunes que aunaban a la izquierda se disiparon de su raíz. La diputada del partido Francia Insumisa Clémentine Autain constata que “el electorado obrero se desestructuró y la ultraderecha aprovechó la ocasión para agarrarlo”. En un amplio estudio sobre el voto de ultraderecha, el director del polo opinión y estrategias de la encuestadora IFOP anota que todo ocurre “como si el partido lepenista hubiera capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación cultural de quienes tienen menos diplomas”. 

Los ecologistas, a su vez, sufren de otras carencias fundamentales: no cuentan con vínculos en los medios populares y sus propuestas constituyen una espantapájaros para quienes aún trabajan en las industrias y están muy lejos de percibir el sentido de frases como la “transición ecológica”.

Fractura

1995 y 2002 constituyen las dos fechas a partir de las cuales el voto popular cambia de orientación. En 1995,  Jean-Marie Le Pen (entonces líder del partido de ultraderecha Frente Nacional) irrumpió en el territorio reservado a los socialistas y comunistas y, siete años más tarde, en la elección presidencial de 2002, Le Pen le ganó al candidato socialista y Primer Ministro Lionel Jospin y terminó disputando la segunda vuelta ante Jacques Chirac. La propia mutación de los socialistas en una suerte de social democracia liberal europeísta y partidaria de la globalización acabó por instaurar un muro que la izquierda jamás pudo derribar. 

Sin candidatos con arraigo popular y con un discurso pegado a los manuales liberales, el socialismo francés consumó la ruptura. Las dos únicas figuras genuinamente populares que quedan en el paisaje son las de Mélenchon y Marine Le Pen. La izquierda de la transformación social, de la solidaridad, de la justicia social perdió su mensaje y, con él, sus electores. Pierre Jouvet (Partido Socialista) reconoce que “los medios populares se sienten abandonados. El discurso de la izquierda, demasiado concentrado en las metrópolis, no respondió a la crisis. El electorado obrero o la clase media consideró que no tomábamos en cuenta sus preocupaciones cotidianas”. 

La imposibilidad de la unidad

El pugilato por la candidatura presidencial de la izquierda también empaña el horizonte. Los sondeos muestran de forma regular que una candidatura única de la izquierda tendría más posibilidades de convertirse en una fuerza verosímil. Sin embargo, entre socialistas, izquierda radical y los verdes no ha habido ni hay un clima que favorezca la designación de una sola figura. Por fuera de los partidos un movimiento ciudadano (primaria popular) propone reunir en una sola figura las candidaturas de la izquierda, pero la iniciativa no ha prosperado. En suma, la elección presidencial se acerca y la utopía de la unión de la izquierda se aleja. 

El electorado popular está del otro lado de la verja y la izquierda hace muy poco para reconectar con él. El voto de las clases populares que, en los años 60, 70 y 80, escribió las mejores páginas del Partido Comunista francés cambió de vereda. Los estudios de opinión más recientes indican que de cada diez votantes de las clases populares más de 4 votarán en 2022 por la ultraderecha (45 por ciento). 

El economista Thomas Piketty codirigió este año un amplio estudio sobre los comportamientos electorales en unas 50 democracias ("Clivages politiques et inégalités sociales"). El Autor de "El Capital en el Siglo XXI" y "Capital e Ideología" escribe en esa obra que “para comprender el ascenso del populismo es preciso analizar el ascenso del elitismo”. Es decir, cuanto más elitista aparece un partido, o sea, liberal, más se aleja del electorado popular, el cual, a su vez, se reconoce en la ultraderecha y su retórica arraigada en la identidad. La oposición clásica entre “partidos socialdemócratas y conservadores parecía eterna, pero se esfumó”, escribe Piketty. El economista francés resalta también que “la izquierda y la ecología política se convirtieron en partidos de letrados. Ambos se ven favorecidos por las clases con más diplomas”. 

En un libro ya famoso ("The road to somewhere") David Goodhart describió la fractura que atraviesa la mayoría de las democracias liberales entre una elite integrada y movediza (los anywhere) y las poblaciones más arraigadas en sus valores y territorios (los somewhere). Los primeros ganaron con la globalización, los segundos, menos conectados y capacitados, perdieron. Los anywhere y los somewhere son también protagonistas de los trastornos electorales que conducen a que los obreros voten a la ultraderecha y las clases conectadas a la socialdemocracia. La izquierda no tiene aún la formula para reconquistar ese voto del pueblo. Todo apunta a que 2022 se jugará de nuevo entre la opción liberal de Macron y la ultraderecha francesa cuyo renacimiento en los años 80 se apoyó en el voto obrero que las izquierdas perdieron por los caminos del somewhere.

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17 de octubre de 2021

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Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

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Asesinato del presidente de Haití: Washington en las sombras

En el Mar Caribe, en la zona central de las Antillas, se encuentra situada la isla de Haití. Considerado el país más pobre del continente americano, que comparte el tercio occidental del territorio insular con República Dominicana.

Un país presente en el análisis internacional, ya sea por temas de inestabilidad social, migratorios, catástrofes derivadas de fenómenos naturales, como también tragedias políticas, como fue el asesinato, en julio de este 2021 del hasta entonces presidente Jovenel Moïse. Haití fue el primer país de Latinoamérica en independizarse, a principios del siglo XIX (1804) a través de un singular proceso revolucionario, que combinó el abolicionismo de la esclavitud de la población negra y la independencia política del dominio francés. Una rebelión de esclavos dirigida por el político y militar François Dominique Toussaint L´Ouverture junto a líderes como Jean Jacques Dessalines quien proclamó, el año 1804, la independencia de esta zona occidental de la Isla La Española denominándola Haití (Tierra de Montañas) en homenaje a los habitantes originarios de la isla (1)

Esta tierra de montañas, surcada de dificultades medioambientales, en la actualidad con un 95% de deforestación, que facilita que fenómenos naturales como tormentas tropicales generen graves inundaciones, unido al incremento de suelos poco fértiles debido a la erosión. A pesar de ello, Haití sigue siendo un territorio de gran importancia geoestratégica. Esto, debido a su proximidad a Estados Unidos y el interés de éste, a su vez de controlar a Cuba, vecino marítimo inmediato de Haití y paso marítimo y aéreo intermedio a la República Bolivariana de Venezuela. Ambos países sometidos a una política de máxima presión por parte de Washington.

Un Estados Unidos con presencia de Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones como la del ex presidente Bill Clinton con fuerte influencia en la vida económica y política en Haití (2) que genera distorsiones políticas, económicas y sociales. Un marcado incremento de la corrupción, catalizando la crisis política y socioeconómica en la frágil república antillana. Donde es una realidad la falta de instituciones estatales, que den cuenta de la satisfacción de las necesidades de su población. Todo ello unido al agravamiento de la lucha entre los principales grupos criminales (3), comotambién el crecimiento de la emigración, comercio de armas y contrabando de drogas; que han encendido las luces de alarma del imperio y al mismo tiempo, ensombrecen cualquier información relativa al asesinato del presidente Moïse, por el fondo enmarañado que cubre todos estos fenómenos.

Jovenel Moïse fue ejecutado el 7 de julio del año 2021, en su propio domicilio, donde además resultó herida su esposa Martine. En un crimen cometido a manos de una veintena de mercenarios – militares colombianos contratados por la empresa Counter Terrorist Unit Federal Academy (CTU) radicada en Miami y dirigida por el venezolano antichavista, cercano al presidente colombiano Iván Duque, Antonio Emmanuel Intriago y dos haitianos de nacionalidad estadounidense. Mercenarios que recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos, así confirmado por el propio Pentágono, en el marco de los programas de cooperación en seguridad con el Ejército colombiano (4). Incluso, algunos de los detenidos habrían trabajado para la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos y el FBI, lo que hace poco probable que no se supiera en las altas esferas políticas norteamericanas el plan de magnicidio que se llevó a cabo.

Se ha señalado que el autor intelectual del asesinato sería el médico estadounidense de origen haitiano, Christian Emmanuel Sanon, radicado en Florida – tierra fértil de mercenarios, exiliados ultraderechistas y donde se han fraguado ataques permanentes contra países latinoamericanos – quien se habría contactado con el jefe de Seguridad del palacio presidencial en la capital haitiana, Dimitri Herard, quien presenta numeroso viajes a Bogotá, Panamá y Miami las semanas previas al asesinato de Moïse. Trascendió, según información entregada por la Agencia AP que Sanon habría sido abordado, en Florida, por personas que decían representar a los Departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos que querían ponerlo como presidente de Haití sin especificar que se quería matar a Moïse (5)

Por su parte Martine Moïse, la ex primera dama de Haití acusó a la oligarquía de su país de estar detrás del asesinato de su esposo (6) Una oligarquía férreamente unida a Estados Unidos y Francia y que se había opuesto a las tentativas de cambio dadas a conocer por Moïse a quien sindicaban como usurpador, pues no había cesado en su cargo el día 7 de febrero del 2021 como se supone estaba establecido. Los medios de comunicación proestadounidenses y los propios medios del país del norte americano evitan declaraciones públicas sobre versiones relativas al asesinato de J. Moïse, en parte por los propios vínculos que Moïse tenía con ese país. No hay discusiones significativas sobre este tema, lo que atestigua el interés de las elites políticas haitianas leales a Washington, por ocultar las verdaderas causas y posibles responsables del crimen, los que idearon, financiaron y llevaron a cabo este magnicidio.

Recordemos, que inmediatamente después del crimen, el gobierno de Joe Biden envió a sus representantes políticos y militares, incluso un grupo especial del FBI, para así brindar “asistencia consultiva” a las recién nombradas autoridades haitianas, presididas actualmente por el primer ministro en ejercicio, Ariel Henry, a fin de llevar a las fuerzas políticas controladas por Washington al liderazgo del país. El primer ministro de Haití, Ariel Henry (nombrado el día 5 de julio del 2021, dos días antes del asesinato de Moïse) tuvo un breve período de incertidumbre durante el cual el primer ministro interino, Claude Joseph, solicitó incluso la intervención de tropas norteamericanas – que se estudió seriamente según lo declaró la vocera de la Casa Blanca Jenn Psaki – pero, todo se diluyó con la presión internacional que inclinó la balanza por Henry, confirmándolo en su cargo el día 20 de julio, con la orden sotto voce, de constituir una base política fiel a Washington.

Un Henry, que el pasado 29 de septiembre destituyó a los nueve miembros del Consejo Electoral Provisional (CEP) tras acusarlos de «partidistas». Una decisión que posterga las elecciones planificadas para el día 7 de noviembre, que coincidiría con un llamado a un referéndum, que modifique la actual Constitución. Una decisión que viola el llamado “Acuerdo de Gobernanza Pacífica y Eficaz” firmado entre Henry y más de un centenar de organizaciones políticas haitianas, firmado un par de semanas antes de la destitución de los miembros del CEP y que convocaba a elecciones para mediados del año 2022.

Ariel Henry con estudios de medicina en Francia y Estados Unidos, está ligado a la Iglesia de los Santos de los últimos Días (mormones) incluso ha sido acusado de complicidad en el asesinato de Jovenel Moïse, que ha decidido adelantar las elecciones presidenciales y al mismo tiempo modificar la constitución, tal como lo quería un cuestionado Moïse. A este se le acusaba de buscar mecanismos políticos, para garantizar la impunidad de miembros de su gobierno acusados de corrupción y apoyar a multinacionales interesadas en la explotación de oro y plata en este país de 27.750 kilómetros cuadrados, dando un marco constitucional que diera a la presidencia la potestad, para decidir sobre concesiones mineras, garantizando esa explotación extranjera. La interrogante es si la nueva constitución planteada tendrá o no esos elementos favorables a multinacionales extranjeras.

La totalidad de los hechos disponibles, la historia de intervenciones, agresiones, generación de inestabilidad, apoyo a magnicidios y financiamiento a procesos golpistas en toda Latinoamérica en que Estados Unidos ha sido el actor principal, nos indica que Washington ha trabajado para elaborar un escenario de cambio favorable a sus intereses en Haití. Una realidad que ha consistido, fundamentalmente, en un fuerte socavamiento de la situación política interna previo al magnicidio de Jovenel Moïse – quien ya no servía a los intereses de Washington en virtud de situarse fuera del control y demasiado expuesto en sus vínculos con la corrupción , el despojo a las clases más desfavorecidas y su estrecho vínculos con las bandas armadas (7) – y que continua hoy bajo la exigencia de fijar elecciones que favorezcan a las agrupaciones pronorteamericanas y donde el cambio constitucional favorezca y consolide el dominio extranjero de las riquezas que aún posee Haití. Una campaña que ha significado, la destitución de funcionarios que significan un freno a las intenciones del actual primer ministro, la desorganización del sistema de gobierno impulsando el poder de las fuerzas pro-estadounidenses.

Washington, a través del trabajo de zapa desarrollado por la OEA y su secretario general, el uruguayo Luis Almagro se ha dedicado a estudiar la reacción de potencias críticas a la injerencia norteamericana en Haití, como también las organizaciones internacionales, con el fin de ir ajustando el plan de hegemonía, que le permita modificar aquellos puntos que frenen el objetivo de dominio total de Haití, sin generar críticas regionales ni mundiales. La idea es llevar adelante un plan de dominio, que sirva para implementar sus “revoluciones de colores” en otros países de Latinoamericana signados por el signo de intervención del imperialismo: Cuba, Nicaragua y Venezuela u otros que se salgan del derrotero determinado por la idea y acción de dominio de la potencia del norte. Haití parece haber sido el campo de experimentación que permita asesinar a otros mandatarios de nuestro continente. Y ahí, como siempre, en las sombras, agazapado, se encuentra la mano de Washington

Notas:

  1. Una independencia en lo formal, pues el propio Dessalines derivó en Emperador, eliminando a la población blanca que había quedado en la isla y dando comienzo a un enfrentamiento secular con la minoría mulata de la isla. Ejército, una elite mulata y la mayoría negra serían los ejes de enfrentamiento en un Haití, que pasaría por múltiples golpes de estado, intervención militar por parte de Estados Unidos (entre 1915 a 1934) el dominio extranjero monopólico de su comercio junto a la dictadura de los Duvalier entre 1961 a 1986. Generando una crónica pobreza en este país, que sólo comenzaría a tener gobiernos civiles a partir de 1991 cuando asume Jean Bertrand Aristide, quien es derrocado y por la presión internacional nuevamente vuelve a ejercer su cargo. Tras Aristide se suman Boniface Alexandre, René Preval, Michel Martelly, Jocelerme Privert y Jovenel Moïse, quien resulta asesinado en julio del año 2021.
  2. El Diario The Wall Street Journal en un interesante artículo titulado “La Fundación Clinton y los contratos en Haití” da a conocer que Bill Clinton y su Fundación fue nombrado copresidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití. Y, en ese papel el Departamento de Estado norteamericano empezó a dirigir a los interesados en competir por los millonarios contratos en el país a la Fundación Clinton, en una postergada reconstrucción de Haití tras la tragedia humana y económica del terremoto del año 2010. https://www.wsj.com/articles/SB11689363469961823294104580506600474644786
  3. Existe una banda armada denominada G-9 an Fanmi e Alye – en creolé su significado es Grupo de los 9 en familia y alianza – que tiene su campo de acción en la capital haitiana con actividades de contrabando, venta de drogas, secuestros, y asesinatos.
  4. Según una investigación del gobierno de Haití y la comisión integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia y la policía colombiana junto a Interpol, los acusados y detenidos por el magnicidio recibieron las órdenes de asesinar a Moïse tras una reunión tres días antes del crimen con el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio. Se sindica también la participación del médico haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon, de 63 años y afincado en Florida y del senador opositor a Moïse, John Joel Joseph quien habría facilitado las armas y el facilitar la complicidad de los agentes de seguridad que protegían al asesinado presidente. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57858636
  5. https://www.larazon.es/internacional/20210713/hmnuqizckzbx5ngyqhw4mq5q7u.html
  6. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210710-haiti-moise-asesinato-eeuu-tropas
  7. En un interesante trabajo titulado “Haití: el asesinato de Moïse y la política de río revuelto señala que “En el plano internacional, y en particular desde el año 2019, Moïse estrecharía su vínculo con los Estados Unidos y la administración Trump, convirtiéndose en un lobista de los intereses norteamericanos en los organismos regionales como la OEA, reconociendo al autoproclamado Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela, abandonando la plataforma energética Petrocaribe, torpedeando espacios de Integración regional como la CARICOM y manifestando apoyo y simpatía por diversos regímenes neoliberales y paramilitares del continente. Esto le daría una suerte de carta de inmunidad, y le garantizaría su blindaje internacional” Cosa que finalmente le fue negado y con ello se dio paso a la autorización tácita de su ejecución. https://www.cadtm.org/Haiti-el-asesinato-de-Moise-y-la-politica-de-rio-revuelto

15/10/2021

Artículo de SegundoPaso ConoSur

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Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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Viernes, 15 Octubre 2021 05:34

Con 5 dólares al mes

Centro de La Habana, Cuba, en 2021 XINHUA, JOAQUÍN HERNÁNDEZ

Cuba tras las cuarentenas

 

Veinticuatro años atrás, cuando Yotuel Romero subió al avión que lo llevaría a París para convertirse en un popular cantante de música urbana, el salario mínimo en Cuba equivalía a algo más de 5 dólares mensuales. Desde entonces, esa frontera subió hasta los casi 30 dólares en que informalmente puede canjearse el ingreso mínimo actual.

Para Yotuel Romero, pareciera que el tiempo se detuvo el día en que salió de la isla. En su nuevo rol de concursante del programa televisivo Masterchef Celebrity España, hace un par de semanas aseguró que los 5 euros de marras siguen siendo el pago mínimo para sus compatriotas, quienes deben «estirarlos como un chicle» para sobrevivir.

Por las mismas fechas de su declaración, La Habana decretaba la vuelta a la «normalidad» luego del pico pandémico del verano. Desde la noche de reapertura, las redes sociales se llenaron de fotos con los nuevos precios de los bares y los restaurantes: en promedio, las cervezas nacionales se valuaron entre 1 y 2 euros; las importadas, hasta en 3, y un menú personal sin grandes lujos, en alrededor de 15 euros. Aun así, la norma fueron los locales llenos de público, y con los días ha crecido el reclamo de que la veda sea levantada también para las discotecas y se permitan los viajes entre provincias, sobre todo, a balnearios como el de Varadero.

Este lunes la «flexibilización» se extendió a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), que ampliaron sus horarios hasta la noche y eliminaron en buena medida las restricciones sanitarias respecto al número de clientes que podían atender. «Habrá que ver cuánto les duran las mercancías con tanta gente queriendo comprar», ironizó alguien en la sección de comentarios de la noticia, en la página web de la mayor cadena estatal de tiendas.

Ni siquiera en La Habana, que goza de un estatus privilegiado, las tiendas MLC alcanzan a satisfacer la demanda. Las horas de espera afuera de esos establecimientos o intentando comprar en sus ineficientes plataformas virtuales hace tiempo se volvieron parte de la vida cotidiana, al igual que sus precios, superiores a los de cualquiera de los países vecinos.

«Aun así, el cubano “inventa” y busca dinero. ¡Vaya usted a saber cómo!», bromeó Ariel, un albañil que confirmaba su turno en la lista de espera para neveras de una tienda MLC. Tres o cuatro veces por mes, cuando llegan los equipos, el listado se activa y decenas de sus inscriptos reciben un aviso para que acudan a comprarlos, a precios que raramente caen por debajo de los 500 MLC (cada MLC equivale a 1 dólar). De no haber sido por la pandemia, aseguró Ariel, hace tiempo habría adquirido la heladera y aires acondicionados para su habitación y la de sus hijas, entre otros artículos. «La covid vino a complicarlo todo. Desde junio no trabajo por falta de cemento. Hasta tuve que dejar a medias una piscina que estaba construyéndole a un cubanoamericano que se repatrió. Ojalá, y como dicen, con la reapertura las cosas mejoren», dijo.

LO QUE CAMBIÓ CON LA CRISIS, LO QUE NO

En junio de 2018, Yotuel y sus compañeros del grupo de rap Orishas se reencontraron para una gira generosamente pagada por el Ministerio de Cultura cubano. El rapero mantenía una relación fluida con las autoridades de la isla y se beneficiaba de ser el rostro de Cuba Ron SA, la corporación nacional de bebidas alcohólicas. Una de sus composiciones musicales era el tema de las campañas organizadas por el Ministerio de Turismo. Por entonces, la economía local todavía no se había resentido a causa de las sanciones dictadas por Donald Trump: el turismo alcanzaba ese año su récord histórico de 4,7 millones de veraneantes extranjeros, las misiones médicas reportaban ingresos desde países como Bolivia y Brasil, y Western Union hacía frente a un crecimiento sostenido de las remesas familiares.

Tres años después, Yotuel es el abanderado de la oposición al gobierno de La Habana. A finales de julio, viajó de Madrid a Washington para reunirse con Joe Biden y pedirle que no aflojara la presión sobre la isla y, mediando setiembre, celebró la nominación de su canción «Patria y vida» a mejor del año en los premios Grammy Latinos como un reconocimiento «a quienes luchan contra la dictadura». De los esperanzadores datos económicos de otros tiempos apenas queda el recuerdo: la caída del 11 por ciento del producto bruto interno con que cerró 2020 probablemente será superada por la contracción de este calendario, mientras que la reforma monetaria hasta ahora solo ha contribuido a acelerar la inflación.

La crisis tiene matices, sin embargo. A los profesionales que venden sus servicios a clientes extranjeros y cobran en dólares o monedas virtuales la devaluación del peso cubano (CUP) decretada en enero les multiplicó sus ingresos; también a las «mulas», que entran al país con los más diversos artículos para revender, y a los emigrados, que envían remesas a sus familiares o invierten en negocios dentro de la isla. Entre estos, se cuenta el actual cliente de Ariel, el albañil. Después de muchos años viviendo en Estados Unidos, con su ciudadanía estadounidense y una pensión, decidió repatriarse a Cuba. El último año y medio lo dedicó a reformar una casa que había adquirido, con el objetivo de transformarla en un hostal para extranjeros. «Mil dólares no son nada en Estados Unidos, pero en Cuba si se tiene ese dinero todos los meses, se vive a cuerpo de rey», reflexionó Ariel.

En la otra cara de la moneda se encuentran miles de ancianos que viven solos, madres solteras al frente de familias numerosas y discapacitados sin formación profesional. En setiembre, durante una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció implícitamente la urgencia de «llegarles con trabajo social y ayudas». Pero entre el discurso oficial y las acciones prácticas se interpone el obstáculo tremendo de la crisis financiera. El programa demográfico, por ejemplo, lleva más de un año virtualmente suspendido; el grueso del presupuesto destinado a nuevos centros de reproducción asistida debió reorientarse a hacer frente a la covid-19, y la construcción de viviendas ha caído a sus mínimos en lo que va del siglo.

Las prioridades económicas del gobierno tampoco contribuyen a un cambio de circunstancias, al menos no en el corto plazo. En mayo, generó polémica un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el uso por sectores de los fondos públicos de inversión. Siguiendo una lógica difícil de comprender en tiempos de pandemia, durante 2020 y el primer trimestre de 2021 la mitad de ese dinero se empleó en hoteles, centros recreativos y sus infraestructuras conexas. «Se invirtió [en turismo] 3,5 veces más que en la industria, 7,5 veces más que en la agricultura y la ganadería, y 72 veces más que en la ciencia y la innovación tecnológica», tuiteó el economista Pedro Monreal, asesor de la Unesco en su sede de París. De la prioridad otorgada por las autoridades a la industria del ocio da cuenta la designación de Manuel Marrero como primer ministro, en diciembre de 2019. Al momento de ocupar ese cargo, restablecido por la nueva Constitución, Marrero no era considerado siquiera un candidato, pues al prestigio y la experiencia de otros apenas podía contraponer el hecho de haber ocupado desde 2004 la titularidad del Ministerio de Turismo.

REFORMA CON LIMITACIONES

El 29 de setiembre fueron aprobadas las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Cuba en más de 50 años, 32 de ellas de propiedad privada.

Su creación es la consecuencia más mediática del paquete de normas legislativas que a finales de agosto promulgaron el Consejo de Estado y varios ministerios para permitir a los negocios cuentapropistas adquirir personalidad jurídica y crecer hasta el centenar de empleados. A la par, se eliminó la moratoria que cuatro años atrás había sido impuesta a la inscripción de nuevas cooperativas no agropecuarias. La liberalidad gubernamental no llegó, sin embargo, al punto de levantar la veda al cuentapropismo profesional.

El 16 de abril, durante el octavo congreso del Partido Comunista, Raúl Castro tronó contra quienes «demandan el ejercicio privado de algunas profesiones mientras que a los demás no se les permite»: «Pareciera que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan […] el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista». Se trataba de una respuesta a las recogidas de firmas organizadas por arquitectos, ingenieros y otros graduados universitarios en reclamo de poder inscribir sus estudios y compañías, que, sobre todo en La Habana, llevan años funcionando en la alegalidad.

Unos 600 de ellos enviaron una carta al primer ministro criticando la existencia del «Listado de actividades prohibidas», un pliego de 124 ítems que el Estado reserva como de su exclusiva competencia. Siguiendo los precedentes de China y Vietnam, en él se incluyen ocupaciones como el periodismo y la abogacía o relacionadas con la defensa (la fabricación de explosivos, por ejemplo), pero también otras que mucho tiempo atrás fueron liberalizadas por Beijing y Hanói.

«Es triste que tantos jóvenes tengan que emigrar por no encontrar perspectivas de realización profesional y se sientan excluidos de un país donde sí hacen falta», lamentó la semana pasada Jorge Véliz, uno de los arquitectos firmantes de la carta.

Encontrar acomodo a los miles de graduados que cada año egresan de sus universidades es un reto para el gobierno. Aunque formalmente todos tienen empleo, la mayoría de las plazas en entidades estatales suelen tener honorarios que no alcanzan para satisfacer necesidades básicas. «Aquí, ni los barrenderos viven de su salario», señaló un ingeniero informático, que aprovecha la conexión a Internet de su centro de trabajo estatal para programar para distintos clientes del exterior. Otros jóvenes aplican a becas que les permitan emigrar o cuelgan el título y se dedican a ocupaciones más productivas desde el punto de vista económico.

Una reforma de la legislación para empresas públicas, que ha venido promulgándose por etapas durante el último año, pretende cambiar ese orden de cosas. Pero en el camino se ha topado con obstáculos como la existencia del MLC, luego de dos décadas de dualidad monetaria (peso cubano y peso convertible) que terminaron por distorsionar todos los ámbitos de la contabilidad.

Las sanciones estadounidenses, primero, y los errores de las autoridades y el efecto de la covid-19, luego, se coaligaron para que en muchos casos el salario real disminuyera a consecuencia de la reforma. Si a finales de 2020 el cambio informal del euro rondaba los 30 CUP (prácticamente igual a la tasa oficial), desde entonces la moneda comunitaria siguió una parábola creciente, hasta su cotización actual de 85 CUP. El efecto de esa fluctuación se hace más sensible debido a que el euro y, en menor medida, el dólar constituyen las referencias para el MLC y, por tanto, para buena parte del mercado de bienes y servicios.

Con todo, no faltan quienes consideran que lo peor de la crisis pandémica pudiera estar pasando y que, con una hipotética recuperación del turismo, el gobierno tendría a su favor una mano ganadora. Analistas como Monreal estiman que solo en nuevas mipymes unos 15 mil negocios se sumarían a la trama empresarial de la isla de ahora a finales de 2022, generando miles de millones de CUP en impuestos y cubriendo algunos de los frentes más descuidados por el empresariado estatal, como los servicios. Una marcha nacional opositora convocada para el 20 de noviembre –cinco días después de la reapertura de fronteras– apuesta por mantener el estado de convulsión social antes de que la enésima recuperación económica vuelva a comprarle tiempo al gobierno.

Por lo pronto, la vitalidad de la «flexibilización» habanera ha dejado en entredicho los pronósticos pesimistas que llegaban desde Miami. Los ingresos de los cubanos de la isla siguen estando por debajo de los de otros países del continente, pero inexplicablemente a muchos no parece faltarles dinero para celebrar como si no hubiera un mañana.

Amaury Valdiviadesde Camagüey 
7 octubre, 2021

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En 2049, China será una zona catastrófica climática, no una superpotencia militar

 

 

13 octubre 2021

En los últimos meses, Washington se ha explayado sobre la creciente potencia aérea, naval y de misiles de China. Sin embargo, cuando los representantes del Pentágono abordan la cuestión, suelen hablar menos de las capacidades actuales del país, que siguen siendo muy inferiores a las de EE UU, que del mundo que prevén para las décadas de 2030 y 2040, cuando piensan que Pekín habrá adquirido armamento mucho más sofisticado.

“China ha invertido mucho dinero en nuevas tecnologías, con el propósito declarado de completar la modernización de sus fuerzas armadas de aquí a 2035 y contar con un ejército de primera para  2049”, declaró el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en junio. EE UU, aseguró ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado, sigue poseyendo “la mejor fuerza de combate conjunta del mundo”, pero solo si se invierten innumerables miles de millones de dólares adicionales todos los años, añadió, puede este país “adelantarse” a los avances proyectados por China en las próximas décadas.

Sin embargo, el caso es que este razonamiento cojea significativamente. En efecto, tomemos esto como una garantía: para 2049, el ejército chino (o lo que quede de él) estará tan ocupado haciendo frente a un mundo asolado por incendios e inundaciones provocados por el cambio climático ‒que pondrán en peligro la supervivencia misma del país‒ que no será capaz, y mucho menos tendrá la voluntad, de lanzar una guerra contra EE UU o cualquiera de sus aliados.

Claro que es normal que los representantes del ejército de EE UU se centren en los criterios clásicos de evaluación de la potencia militar cuando comentan la amenaza china, inclusive el aumento del gasto militar, la ampliación de la fuerza naval y cosas por el estilo. Estas cifras se proyectan entonces muchos años hacia el futuro hasta llegar a un momento imaginario en que, a la luz de estas extrapolaciones habituales, Pekín podría superar a Washington. No obstante, ninguna de estas evaluaciones tiene en cuenta el efecto del cambio climático en la seguridad de China. En realidad, a medida que aumentan las temperaturas planetarias, este país se verá asolado por las graves consecuencias de la continua emergencia climática y forzado a desplegar todos los instrumentos del Estado, incluido el Ejército de Liberación Popular (ELP), para defender a la nación de inundaciones, hambrunas, sequías, incendios forestales y tormentas de arena cada vez más catastróficas y del aumento del nivel de los océanos.

Es poco probable que China esté sola en esta tesitura. Ya hoy los efectos cada vez más graves de la crisis climática fuerzan a los Estados a destinar fuerzas militares y paramilitares a combatir incendios, prevenir inundaciones, rescatar personas después de una catástrofe, reasentar poblaciones y a veces a asegurar el simple mantenimiento de las funciones básicas del Estado. En efecto, durante este último verano de acontecimientos climáticos extremos, las fuerzas armadas de numerosos países, entre ellos Argelia, Alemania, Grecia, Rusia, Turquía y… EE UU, han tenido que intervenir justamente en tales situaciones, al igual que el ELP.

Y téngase en cuenta que apenas estamos en la antesala de todo esto. De acuerdo con un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (GIECC), los fenómenos climáticos extremos, que ocurrirán con una frecuencia cada vez más terrible, resultarán cada vez más destructivos y devastadores para las sociedades de todo el mundo, que a su vez se asegurarán de que las fuerzas militares de casi todas partes desempeñen un papel creciente a la hora de hacer frente a las catástrofes relacionadas con el clima. “Si aumenta el calentamiento global”, señala el informe, “será más probable que ocurran fenómenos [climáticos extremos] de intensidad, duración y/o extensión geográfica crecientes, sin precedentes en el registro histórico.” En otras palabras, lo que hemos visto en el verano de 2021, por muy devastador que nos parezca ahora, será muchas veces más grave en las próximas décadas. Y China, un país grande con muchas vulnerabilidades climáticas, requerirá más asistencia que la mayoría.

El precedente de Shengshu

Para formarnos una idea de la gravedad de la crisis climática a que se enfrentará China, basta con que veamos lo que ocurrió este verano a causa de la reciente inundación de Shengshu, una ciudad de 6,7 millones de habitantes y capital de la provincia de Henan. Durante un periodo de 72 horas, entre el 20 y el 22 de julio, sobre Shengshu cayó lo que antaño sería la cantidad de lluvia normal de todo un año. El resultado ‒no lo olvidemos al observar el futuro previsible de China‒ fueron avenidas de magnitud nunca vista y, bajo el peso del agua, el colapso de la infraestructura local. Por lo menos 100 personas murieron en la propia Shengshu  ‒14 de ellas quedaron atrapadas en un túnel del metro que se inundó hasta el techo‒ y otras 200 en las poblaciones de los alrededores. Junto a los importantes daños causados en puentes, carreteras y túneles, se calcula que la avenida inundó más de un millón de hectáreas de terrenos agrícolas y destruyó numerosos cultivos alimentarios.

En respuesta, el presidente Xi Jinping decretó la movilización a escala estatal para ayudar a las víctimas y proteger infraestructuras vitales. “Xi llamó a los funcionarios y miembros del partido de todos los niveles a responsabilizarse y acudir a primera línea para dirigir los trabajos de control de la avenida”, según CGTN, una cadena de televisión pública. “El Ejército de Liberación Popular  y las fuerzas policiales deben coordinar activamente el rescate local y las labores de socorro”, ordenó Xi a altos cargos del Estado.

The ELP respondió con celeridad. Tan pronto como el 21 de julio, según el diario público China Daily, más de 3.000 oficiales, soldados y milicianos del Mando de la Región Centro del ELP se habían desplegado en Shengshu y sus alrededores para colaborar en las tareas de prevención y rescate. Entre la tropa movilizada había una brigada de paracaidistas de la Fuerza Aérea del ELP con la misión de reparar dos peligrosas roturas de una presa en el rio Jialu, en la zona de Kaifeng. De acuerdo con China Daily, la brigada construyó un muro de 1,6 kilómetros de longitud y casi un metro de altura con sacos de arena para reforzar la presa.

A estas unidades se sumaron pronto otras, hasta que finalmente se desplegaron en la provincia de Henan unos 46.000 soldados del ELP y de la policía para participar en las labores de rescate, además de 61.000 miembros de la milicia. Cabe destacar que entre estas tropas había por lo menos varios centenares de miembros de la Fuerza de Misiles del ELP, la rama militar responsable del mantenimiento y lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales, o ICBM, portadores de bombas nucleares.

La catástrofe de Shengshu es significativa en muchos aspectos. Para empezar, fue una prueba de la capacidad del calentamiento global para causar graves daños en una ciudad moderna en muy poco tiempo y sin previo aviso. Al igual que en el caso de la lluvia torrencial devastadora que saturó los ríos en Alemania, Bélgica y los Países Bajos dos semanas antes, la precipitación en Henan vino provocada en parte por la mayor capacidad de una atmósfera más cálida de absorber humedad y permanecer en un lugar descargando toda el agua almacenada en una gigantesca cascada. Estos fenómenos se consideran ahora una consecuencia distintiva del cambio climático, pero casi nunca se puede predecir cuándo y dónde se producirán. Debido a ello, cuando los servicios meteorológicos chinos avisaron que iban a producirse fuertes lluvias en Henan, nadie imaginó su intensidad y no se adoptaron medidas de prevención para evitar sus consecuencias extremas.

Ese acontecimiento puso al descubierto, además, las importantes deficiencias del diseño y la construcción de las numerosas ciudades nuevas de China, que han brotado en los últimos años a raíz del esfuerzo del Partido Comunista Chino (PCC) por reubicar a la mano de obra rural empobrecida en metrópolis modernas y altamente industrializadas. Estos centros urbanos ‒el país cuenta actualmente con 91 ciudades de más de un millón de habitantes‒ suelen ser vastas aglomeraciones de carreteras, fábricas, centros comerciales, edificios de oficinas y altos bloques de pisos. Durante su construcción, gran parte del terreno original se cubre con asfalto y cemento. Así, cuando se producen fuertes precipitaciones, quedan pocas rieras y arroyos para drenar el agua, que debido a ello penetra en túneles, pasos subterráneos o carreteras semisubterráneas y a menudo los inunda, con la consiguiente amenaza devastadora para la vida humana.

Las inundaciones de Henan también revelaron otra amenaza relacionada con el clima para la seguridad futura de China: la vulnerabilidad de muchas de las presas y pantanos del país en caso de fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos. Las zonas bajas del este de China, donde se concentra la mayoría de la población, siempre han conocido avenidas y la historia cuenta cómo una dinastía tras otra ‒siendo la más reciente la del PCC‒ han tenido que construir presas y diques para controlar los sistemas fluviales. Muchas de estas construcciones no se han mantenido debidamente y nunca se concibieron para esta clase de fenómenos extremos que ahora estamos viendo. Durante las inundaciones de Henan en julio, por ejemplo, el pantano de Changsuang, cercano a Shengshu, alcanzó niveles peligrosos y estuvo a punto de colapsar, lo que habría causado una segunda catástrofe en la ciudad. De hecho, en los alrededores se rompieron otras presas, dañando numerosos cultivos.

El peligroso futuro climático de China

La catástrofe de Shengshu no fue más que un incidente singular que atrajo la atención de la dirección china durante un periodo relativamente corto, pero también fue un presagio inconfundible de lo que le espera al país ‒que actualmente es el mayor emisor de gases de efecto invernadero‒ con creciente frecuencia a medida que aumenten las temperaturas globales. Será particularmente vulnerable a los efectos más graves del cambio climático. Esto llevará a su vez a que el gobierno central tenga que dedicar recursos del Estado a una escala todavía inimaginable, una y otra vez, a intervenciones de emergencia como las que se vieron en Shengshu, hasta que se conviertan en una serie de sucesos sin solución de continuidad que no darán tregua.

En las décadas que vienen, todos los países, por supuesto, se verán asolados por los efectos extremos del calentamiento global, pero China corre un riesgo particular a causa de su geografía y su topografía. Muchas de sus ciudades más grandes y zonas industriales más productivas, como por ejemplo Cantón, Shanghái, Shenzhén y Tianyín, se hallan en zonas bajas a lo largo de la costa del océano Pacífico, por lo que se verán expuestas a tifones y avenidas cada vez más graves y al ascenso del nivel del mar. De acuerdo con un informe del Banco Mundial de 2013, de todas las ciudades del planeta, Cantón, situada en el delta del río de las Perlas, es la más expuesta a los efectos, en términos económicos, del ascenso del nivel del mar y de las inundaciones asociadas; su vecina Shenzhén figura en el décimo lugar de la lista.

Otras partes de China afrontan amenazas igual de abrumadoras derivadas del cambio climático. Las regiones centrales del país, densamente pobladas, con ciudades importantes como Wuhan y Shengshu, así como sus zonas agrícolas vitales, están atravesadas por una enorme red de ríos y canales que a menudo se desbordan después de alguna lluvia intensa. Buena parte del oeste y noroeste de China es desierto, y la combinación de deforestación y descenso de las precipitaciones está extendiendo el proceso de desertización. Asimismo, un estudio de 2018 indica que la llanura del norte de China, densamente poblada, puede convertirse en el lugar de la Tierra de mayor mortalidad por olas de calor devastadoras hacia el final de este siglo y resultar para entonces inhabitable; estamos hablando de catástrofes futuras difíciles de imaginar.

Los riesgos climáticos especiales de China aparecen destacados en el nuevo informe del GIECC, Climate Change 2021. Veamos algunos de sus hallazgos más preocupantes:

* La subida del nivel del mar en las costas chinas se produce a un ritmo más rápido que la media mundial, con la consiguiente pérdida de espacios costeros y retroceso del litoral.

* El número de tifones cada vez más potentes y destructivos sobre China aumentará inexorablemente.

* Las precipitaciones intensas y las consiguientes avenidas serán más frecuentes y extensas.

* Las sequías prolongadas serán más frecuentes, especialmente en el norte y el oeste de China.

* Las olas de calor extremo serán más frecuentes y persistirán durante periodos más prolongados.

Estas realidades amenazadoras darán lugar a fuertes inundaciones urbanas, amplias avenidas costeras, colapsos de presas e infraestructuras, incendios forestales cada vez más graves, pérdidas catastróficas de cultivos y la creciente posibilidad de extensas hambrunas. Todo esto, a su vez, podría provocar disturbios sociales, crisis económicas, desplazamientos incontrolados de población e incluso conflictos entre regiones (sobre todo si se desvía el agua y otros recursos de una zona a otra del país por razones políticas). Todo esto pondrá a prueba la capacidad de respuesta y estabilidad del gobierno central en Pekín.

Afrontar la creciente furia del calentamiento global

La gente en EE UU solemos dar por hecho que los líderes chinos dedican todo su tiempo a pensar en cómo alcanzar y superar a EE UU como principal superpotencia mundial. En realidad, la máxima prioridad del PCC no es otra que mantenerse en el poder, lo que en el último cuarto de siglo ha significado asegurar año tras año un crecimiento económico suficiente para conservar la lealtad (o por lo menos la aceptación) de la mayoría de la población. Cualquier cosa que pudiera amenazar el crecimiento o poner en peligro del bienestar de la clase media urbana, como por ejemplo las catástrofes climáticas, la consideran una amenaza vital para la supervivencia del PCC.

Esto se vio claramente en el caso de Shengshu. Inmediatamente después de la inundación, algunos periodistas extranjeros informaron de que había habitantes que comenzaban a criticar a funcionarios del gobierno local por no avisar a tiempo de la catástrofe inminente y no adoptar las medidas de prevención necesarias. El aparato de censura del PCC silenció rápidamente esas voces, mientras que agentes de los medios progubernamentales reprendieron a los periodistas extranjeros por difundir dichas quejas. Asimismo, las agencias de noticias oficiales ensalzaron al presidente Xi por asumir personalmente el mando del esfuerzo de rescate y por ordenar la respuesta de todo el Estado, incluido el despliegue de tropas del ELP.

De todos modos, el hecho de que Xi considerara necesario intervenir personalmente es todo un mensaje. Ante la certeza de que las catástrofes urbanas serán más frecuentes, perjudicando a habitantes de clase media que saben cómo influir en los medios, la dirección política del país cree que debe hacer gala de vigor y disponibilidad de recursos, so pena de perder su aura de competencia y por tanto su mandato para gobernar. En otras palabras, cada vez que China sufre una catástrofe de esta índole, el gobierno central se mostrará dispuesto a asumir el liderazgo de las labores de rescate y enviar al ELP para supervisarlas.

No cabe duda de que la dirección del ELP es plenamente consciente de las amenazas climáticas que pesan sobre la seguridad del país y del papel cada vez más importante que tendrán que desempeñar las fuerzas armadas en hacerles frente. Sin embargo, la edición más reciente del Libro Blanco de la Defensa, publicado en 2019, ni siquiera menciona el cambio climático como una amenaza para la seguridad del país. Como tampoco, por cierto, el equivalente más cercano de EE UU, la Estrategia Nacional de Defensa del Pentágono, de 2018, pese al hecho de que altos mandos de aquí eran muy conscientes e incluso estaban obsesionados con estos crecientes peligros.

Habiendo tenido que lanzar operaciones de emergencia en respuesta a una serie de huracanes cada vez más destructivos en los últimos años, los mandos militares estadounidenses se han familiarizado directamente con los efectos potencialmente devastadores del calentamiento global en este país. Los enormes incendios forestales que todavía siguen activos en el oeste de EE UU han reforzado esta idea. Al igual que sus homólogos chinos, reconocen que las fuerzas armadas se verán obligadas a asumir cada vez más el protagonismo en la defensa del país, no de misiles enemigos u otras fuerzas, sino de la furia creciente de los efectos del calentamiento global.

Actualmente, el departamento de Defensa está elaborando una nueva edición de la Estrategia de Defensa Nacional, en la que esta vez se reconocerá oficialmente el cambio climático como una amenaza importante para la seguridad de EE UU. En una orden ejecutiva firmada el 27 de enero, en su primera jornada completa como presidente, Joe Biden ordenó al secretario de Defensa que “tenga en cuenta los riesgos del cambio climático” en esa nueva edición.

Que nadie dude de que la dirección militar china hará traducir de inmediato la nueva versión de la Estrategia de Defensa Nacional tan pronto como se publique, probablemente este mismo año. Después de todo, buena parte de la misma se centrará en las medidas de los militares estadounidenses encaminadas a contrarrestar el ascenso de China en Asia en que han insistido tanto la presidencia de Trump como la de Biden. Pero será interesante ver qué harán con el lenguaje sobre el cambio climático y si comienza a aparecer un lenguaje similar en los documentos militares chinos.

Este es mi sueño: que los dirigentes militares estadounidenses y chinos ‒comprometidos, al fin y al cabo, a defender a los dos principales generadores de gases de efecto invernadero‒ reconozcan conjuntamente el carácter preponderante de la amenaza climática para la seguridad nacional e internacional y anuncien medidas comunes para mitigarla mediante avances en la tecnología energética, de transporte y de materiales. Sin embargo, sea como fuere, podemos estar seguras y seguros de que, como deja muy claro el propio término, el viejo formato de la guerra fría en política militar ya no se sostiene, no en un planeta tan sobrecalentado. Por eso, lo previsible es que en 2049 las tropas chinas dedicarán mucho más tiempo a llenar sacos de arena para defender las costas del país frente al aumento del nivel del mar que a manejar armamento para combatir al ejército estadounidense.

24/08/2021

https://tomdispatch.com/china-2049/

Traducción: viento sur

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Baduel, en épocas de gloria, junto a su compañero y presidente Hugo Chávez

El general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Venezuela murió el martes 12 de octubre como consecuencia de un paro cardiorespiratorio potenciado por el covid-19

Baduel estuvo preso de 2009 a 2015, cuando le dieron una medida cautelar. Luego fue apresado nuevamente en 2017. Hace días su familia denunció que no sabían dónde lo tenían. Sin embargo se conoce que Baduel, quien era considerado un preso político había sido trasladado de la prisión conocida como La Tumba a otra en el El Helicoide

La información oficial la dio a conocer Tarek William Saab, Fiscal General de la República quien señaló que el deceso se generó «mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna".

Hay que recordar que el general Raul Isaías Baduel fue uno de los cuatro miembros fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200 (MBR200) que el 17 de diciembre de 1982 sentó las bases para el partido político Movimiento V República (MVR) que llevó a Chávez al poder y con los años se sumó el grupo unitario llamado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Baduel, junto a Hugo Chávez, Jesús Urdaneta y Felipe Antonio Acosta Carlés, prestó juramento en 1982 bajo el Samán de Güere: un compromiso clandestino entre los integrantes del MBR-200 con la intención de hacer una revolución política, a través de las armas en el país.

Su liderazgo y capacidad de mando lo puso en el punto decisivo al momento del primero de los golpes de Estado que sufriría la llamada “revolución bolivariana” el 11 de abril del año 2002, en momento en el cual Hugo Chávez fue captura y trasladado por los golpistas a (…), de donde fue rescatado por el General Baduel y un puñado de militares a su mando, acción que lo ratificó como uno de los hombres de confianza de su compañero de lucha.

Ocupó los máximos niveles que su carrera profesional pudiera brindarle: comandante general del Ejército venezolano desde enero de 2004 hasta julio de 2006 y ministro de la Defensa desde junio de 2006 hasta mediados del año 2007, cuando perdió la confianza del alto gobierno venezolano por oponerse al referendo constitucional que, además de otros importantes reformas territoriales y políticas para su país, permitía la reelección indefinida de Chávez. Sin renovación del liderazgo político y social, la revolución bolivariana fracasaría, y esa contradicción con el proceso en marcha, que finalmente fue sellada de manera meridiana por la historia, marcó el aislamiento del General, llevándolo a la cárcel en varias ocasiones, la primera de ellas en  enero de 2008, acusado y sentenciado en 2010 por “sustracción de dinero de las Fuerzas Armadas”.

Según la condena, se había apropiado de 30 millones de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro. A su vez, fue inhabilitado a ejercer cargos públicos.

Sus abogados y familiares denunciaron que los cargos en su contra no contaban con sustento jurídico.

El 12 de agosto de 2015 salió de la cárcel militar de Ramo Verde bajo libertad condicional. Pero el 12 de enero de 2017, a poco de cumplir la condena que terminaba en marzo de ese año, nuevamente fue encarcelado, acusado esta vez del delito de traición a la patria e instigación a la rebelión. Eran momentos de un intenso alzamiento social en Venezuela, fuertemente reprimido por el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

En febrero de 2018, Maduro lo destituyó y lo degradó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, afrenta sufrida junto con otros 13 oficiales.

Desde ese entonces permaneció recluido en los calabozos del Sebin, hasta el día martes 12 de octubre, cuando el gobierno informó que había sido trasladado al penal conocido como El Helicoide, informando al mismo tiempo que su muerte fue el efecto final de un cardiorespiratorio propiciado por infección con covid-19.

Muere así, como preso político, un oficial fiel al proyecto político jurado bajo el Samán de Güere en 1982.

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Un militante del grupo mapuche Coordinadora Arauco Malleco enciende una fogata durante la ocupación de las tierras de una empresa forestal en Traiguen, región de la Araucanía.Foto Afp

Santiago. El presidente Sebastián Piñera decretó ayer el estado de emergencia en cuatro de las siete provincias de la "macrozona sur" del país, que abarca las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos, donde tiene lugar el denominado "conflicto mapuche" con el Estado chileno por la recuperación de tierras ancestrales y la obtención de autonomía.

La decisión afecta a las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, que suman 52 mil kilómetros cuadrados, y se prolongará durante 15 días prorrogables e implica que "las fuerzas armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona".

Piñera prácticamente admitió el desgobierno que prevalece cuando justificó que "este estado de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos", sin mencionar las aspiraciones de los mapuches.

Según él, "la grave situación requiere que el Estado haga uso de medios, capacidades institucionales, mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el orden público y el estado de derecho, y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos".

La decisión se da en un contexto de franco deterioro gubernamental en todo sentido, con casi 80 por ciento de rechazo y apenas 15 por ciento de aprobación, en medio de un paro de camioneros que presionaba por la intervención de los militares, al igual que los partidos oficialistas.

En la macrozona el orden público está fuera de control, las ocupaciones de predios y las violentas acciones de reivindicación mapuche (ataques armados, quema de camiones, maquinaria forestal y agrícola, incendios en haciendas forestales y agrícolas, corte de carreteras y caminos, etcétera) ocurren a diario; las policías y las autoridades políticas han sido rebasadas y carecen de capacidad para garantizar el estado de derecho, ampliamente vulnerado.

Al mismo tiempo, Piñera enfrenta una investigación judicial, imputado por potenciales delitos tributarios, cohecho y soborno relacionados con negocios familiares en paraísos fiscales –la venta de 33 por ciento de acciones de un proyecto minero, durante su primer gobierno (2010-14), condicionada a no declarar protegida la zona donde estaría la minera–, incurriendo en sus recurrentes conflictos de intereses, mezclando negocios y política.

Relacionado con lo anterior, el gobernante enfrentará desde esta semana una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, impulsada por la oposición, que podría significar su suspensión en el cargo y posteriormente, tras su paso por el Senado, la destitución.

Todo lo anterior, en un contexto de elecciones presidenciales y legislativas a realizarse el 21 de noviembre, donde el candidato oficialista, un ex ministro de Piñera, se ubica en cuarto lugar con apenas 10 por ciento de la intención de voto.

No es la primera vez que el gobierno avanza hacia la militarización del conflicto. En febrero pasado anunció que el ejército se sumaría al patrullaje conjunto, que haría coordinación estratégica con las policías y que dispondrían de puestos de mando conjuntos, sin ningún resultado práctico en cuanto a desescalar la violencia. La diferencia ahora está en el decreto del estado de excepción, en virtud del cual se pueden restringir las libertades de movilización y reunión, junto a la designación de jefes de la defensa nacional que asumen el mando de las fuerzas armadas y de orden.

En el Biobío, la Araucanía y Los Ríos se suceden acciones de resistencia indígena desde hace dos décadas, las cuales aumentaron de manera exponencial en los últimos años en busca, sobre todo, de expulsar a las grandes empresas forestales que controlan 4 millones de hectáreas, cuyos bosques nativos fueron arrasados y remplazados por plantaciones de pino y eucalipto.

Los territorios mapuches, desconociendo Chile pactos de coexistencia pacífica suscritos en 1825, fueron invadidos a mediados del siglo XIX por tropas militares que asesinaron sin piedad y se apoderaron de las tierras. Éstas fueron entregadas a principios del siglo XX a colonos europeos que formaron latifundios y que tras el golpe militar de 1973 pasaron a propiedad de conglomerados forestales que las explotan a destajo.

Los mapuches son más de 2 millones, alrededor de 12.7 por ciento de la población del país. Pese a ello, no son reconocidos como pueblo originario –al igual que ninguno de los otros 10 existentes en el país–, sino como etnia; tampoco la educación ha sido sobre la base de la interculturalidad, lo cual ha derivado en racismo y exclusión.

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Venezuela: Siete (7) ásperos comentarios sobre la reciente reconversión monetaria

El advenimiento de la tercera reconversión monetaria (2008, 2018 y 2021) no sorprendió a nadie. Sin embargo, hay cosas muy llamativas que saltan a la vista, partiendo desde la lacónica paginita que el BCV publicó en forma de sumaria “razón” por la cual hacen la reconversión, hasta la más plena ausencia del más mínimo programa de estabilización que acompañe a la misma. Como quien anuncia una tarde estival ligeramente lluviosa, la tercera reconversión se ha soltado sin perspectivas ni contexto. Veamos.

I.

Luego de eliminar tres ceros al cono monetario en 2008, cinco ceros en 2018 y seis ceros en 2021; el gobierno no ha dado mayor explicación del por qué han fenecido 14 ceros en la familia dineraria. Venezuela ha superado a los 13 ceros que Argentina eliminó de su moneda, a los 10 ceros que Bolivia borró y a los 12 ceros que quitó Zimbabue en la explosión de su hiperinflación (2008). A pesar de semejante “record”: eliminar un poco más de un cero al año, no hay una explicación concreta del proceso hiperinflacionario que ha pulverizado a tres conos monetarios. Ante semejante desaguisado, ni una explicación.

II.

Si bien es cierto que es completamente erróneo afirmar que esta “faena” monetaria causará más inflación, o depreciación del tipo de cambio, tampoco hay absolutamente nada que nos lleve a pensar en un “fortalecimiento” de nuestro símbolo dinerario. El cambio que entrará en vigor a partir del primero de octubre, es puramente nominal y tiene como principal intención simplificar las operaciones de diversos pagos. Ello era muy necesario desde hace más de dos años, cuando el tipo de cambio ya superaba los diez mil bolívares por dólar. En la actualidad pagar un taxi para una distancia corta podría costar alrededor de 41 millones de bolívares, necesitando, por ende, 41 billetes de la más alta denominación del cono monetario a punto de ser sustituido. Un verdadero despropósito.

III.

La “poda” de ceros puede ser un buen ejemplo de cómo colocar a la carreta delante de los caballos. Es decir, el nuevo cono monetario debería ser la “corona” de un plan de ajuste y de estabilización macroeconómica de amplio calado. Lamentablemente, y de nuevo, esta reconversión entra en ausencia total de un plan que combata el flagelo que ha destruido a sus antecesores: la hiperinflación. En ninguna parte aparece el más mínimo atisbo donde se plantee lo que todos se preguntan a diario: cómo vamos a detener la constante subida de precios. Es evidente que hace falta: un plan económico que explique cómo frenar la escalada de precios. Sin esa “guía para la acción” no hace falta ser un arúspice romano para imaginar que los resultados serán los mismos: más inflación y un cono monetario que durará menos de un parpadear.

IV.

Los billetes de Venezuela han sido víctima de artísticas intervenciones que han mancillado su más profunda razón de ser: representar valor. A pesar de lo “folclórico” que resulta ver billetes convertidos en: carteras y adornos de navidad, esa gracia es la expresión de una profunda y costosa crisis. Cada billete es generalmente importado, el billete de Bs. 100 aparecido en 2008 costó alrededor de 10 centavos de dólar por unidad. De ese solo billete se emitieron casi 7 mil millones de piezas que han terminado en la basura, por perder por entero su utilidad. Por tanto, el mero desperdicio de una sola de las piezas dinerarias, costó más de 700 millones de dólares, más del 12 % de las escuetas reservas internacionales actuales. Con sólo el 23 % de lo desperdiciado en la emisión del billete de Bs. 100, se pudo haber importado las 2 dosis de la vacuna AstraZeneca para 20 millones de habitantes.

V.

Aunque las emisiones de dinero sin respaldo continúan siendo el pan de cada día, lo cierto es que tales acciones hechas para cubrir el déficit fiscal, sólo expresan lo que a leguas se observa: la caída estimada de la producción en más de 90 % (2013-2020), lo que parece ser otro “record” histórico. No recuerdo haber leído en la historia económica una caída tan grande en la economía. El peor resultado económico en la historia se había sido tres países devastados por sanguinolentas guerras: Liberia, Sudán y Siria. Venezuela supera, en casi todas las estimaciones, los guarismos de las tres naciones nombradas. Por tanto, cabe pensar que la voraz inflación es una especie de consecuencia del intento del gobierno por recabar impuestos donde simplemente no se puede. Es decir, los tributos no alcanzan para cubrir los gastos de un Estado hipertrofiado. Marx decía que: “La manera cómo se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría…” En este caso se observa a simple vista que la continuidad de esta política económica, debe seguir dando los mismos (nefandos) resultados.

VI.

Hegel solía decir: tengan el valor de equivocarse. Tan linda frase no puede ser una patente para cometer los más pingues desaguisados una y otra vez, sin parar. Aunque la reconversión es absolutamente necesaria, no resuelve en nada los problemas estructurales de la economía y ni siquiera puede subsanar la paradoja que se expresa en la tremebunda escasez de medios de pagos. Si tomamos en cuenta la cantidad de dinero (M2) por habitante, notaríamos que, de tener bolívares equivalentes a 1600 dólares por habitante en 2011, actualmente se tienen alrededor de 16 dólares per cápita, una caída del 99 %. La liquidez monetaria actual apenas roza a un equivalente de 600 millones de dólares, lo cual es absolutamente nada para un PIB que podría alcanzar los 20 o 30 mil millones de dólares, en el mejor de los casos.

La gravísima escasez de medios de pagos asfixia a la economía, hace imposible el apalancamiento financiero, el crédito en todas sus vías y hace imposible tan siquiera pensar en la recuperación económica. De nuevo, se requiere un plan que permita lograr una paz política realmente democrática que sea la base para construir un programa económico de recuperación. En voz de Rosa Luxemburgo: La democracia es indispensable para la clase obrera, sólo así el proletariado adquiere conciencia de su tarea histórica.

VII.

Venezuela ya tiene la segunda hiperinflación más larga en la historia, luego de la acaecida en la Nicaragua sandinista, y casi 8 años de continuo decrecimiento económico. Tristemente el corte de ceros no aporta ninguna solución a tan infamante flagelo que sin duda es la causa del éxodo de más de 5 millones de connacionales. Dicha emigración ya es la segunda más grande en magnitud en el orbe actual. De continuar esta situación, ignorada por completo en las propuestas del nuevo “capitalismo bodegonero importador”, se podría esperar que la emigración continúe y supere a la de Siria, la mayor del planeta.

Por todo lo anterior, es extremadamente urgente deponer ambiciones políticas personalistas y trabajar todos por la recuperación política, social y económica del país. Venezuela aún tiene ventajas que podrían impulsar una recuperación muy rápida. Por ende, es menester lograr un acuerdo humanitario-político-económico, que de la mano de la ONU y programas como el de “Petróleo por alimentos y medicinas” pueda coadyuvar a poner fin a la crisis humanitaria actual. Ello implicaría, obviamente, la eliminación completa de oprobiosas “sanciones económicas” que causan un enorme y pavoroso daño a una economía que antes de ser castigada, ya sufría de una crisis histórica. Hay muchas cosas que se pudieran hacer con voluntad ciudadana y política.

 09/10/2021

Por Manuel Sutherland

economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Caracas.

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