Ni mayor equidad ni más y mejor calidad del empleo

Más allá de la propaganda diaria, los datos son elocuentes: la economía colombiana no copa las expectativas proyectadas desde el alto Gobierno.

 

Por si hay duda, los datos son elocuentes: el 2012 terminó con una fuerte desaceleración. En su segundo semestre el crecimiento económico terminó con una cifra inferior a la esperada, y con tendencias que no dejan de ser preocupantes sobre lo que podría ser su desempeño para el 2013, en un entorno que muestra signos, en lo nacional e internacional, de incertidumbre e inestabilidad.

 

En el ámbito internacional no se advierten signos claros de llegar a una recuperación sostenida de la crisis de los países de Europa y los EEUU, a los que sin duda se encuentra atado nuestro dinamismo y crecimiento económico, así por parte de algunos sectores se afirme que frente a ella estamos blindados.

 

En el ámbito interno, el crecimiento del tercer trimestre del 2012 presentó una contracción del 0,7 por ciento con respecto al trimestre inmediatamente anterior, y un incremento de tan solo el 2,1 por ciento, contra el 7,5 por ciento obtenido en el mismo periodo del 2011. El crecimiento total acumulado al mes de septiembre fue del 3,9 por ciento, cifra que se espera se mantenga al final del año, contra un pronóstico inicial de alrededor del 5 por ciento que fue el pronosticado (1).

 

Pero más sintomático es el hecho de que los indicadores al mes de septiembre reafirman la tendencia de los últimos años, de una economía cuyo crecimiento sigue sostenido sobre el protagonismo del sector minero, cuyos efectos adversos sobre los otros sectores son de sobra conocidos, como consecuencia de la presión revaluacionista que el mayor ingreso de divisas produce sobre la tasa de cambio: la conocida Enfermedad Holandesa. (Ver Bernardo García, p. 10).

 

En efecto, mientras que al mes de septiembre de 2012 el crecimiento del sector minero fue de 7,2 por ciento, el sector agropecuario lo hizo a una tasa de apenas el 2,1 por ciento, la construcción al 0,6 por ciento y la industria manufacturera decreció en -0,1 por ciento. Datos elocuentes, aún si se tiene en cuenta que los últimos de estos sectores son los que por décadas han tenido el mayor potencial generador de empleo, contra un escaso y casi nulo del sector minero y de hidrocarburos.

 

De mantenerse este perfil productivo, la economía estará cada vez más lejos de alcanzar la meta de superación de las elevadas cifras de desempleo estructural, que aún se conservan alrededor del 10 por ciento; pues si bien el 2012 dejó ver al respecto una leve reducción, 1,6 puntos entre noviembre del 2011 y del 2012, el resultado se desdibuja por la presión hacia arriba de las tasas de informalidad, que ya bordean el 65 o 70 por ciento del total del empleo generado en la economía.

 

Economía prospera y boyante, una de las más importantes de América Latina, dice el Gobierno. Pero todo indica que su confianza será efímera, pues de mantenerse el ritmo que traen las cifras, las perspectivas para el 2013 no pueden ser las más optimistas, cuando se augura un crecimiento que en el mejor de los casos no irá más allá de 3,5 por ciento o 4 por ciento; es decir, con una economía en la que seguirá aplazada la posibilidad de lograr no sólo índices más elevados y sostenidos de crecimiento, sino también de una mejora en la cantidad y la calidad del empleo, y en general de las condiciones de vida en especial de las personas de más bajos ingresos.

Más para los ricos

 

Lo anterior pese a que fue precisamente con la idea de superar estas situaciones que el año cerró con la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Una reforma en la que el empeño del Gobierno estuvo dirigido a reducir la carga tributaria de las grandes empresas, justamente con el ya mítico argumento de que es la manera de estimular la generación y formalización del empleo, además de lograr que la sociedad avance hacia mayores condiciones de equidad.

 

Lo cierto es que el texto finalmente aprobado estuvo lejos de cumplir con el requisito de progresividad que demanda el actual sistema de tributación para el logro de mayor equidad en Colombia, y tampoco son convincentes los argumentos sobre los que se soporta la idea de que se avanzará hacia una mayor y mejor calidad del empleo.

 

En el primer caso, porque lo que se hizo fue acordar una serie de medidas que terminaron aumentando las ventajas de los grandes capitales y los sectores de más altos ingresos, a quienes no sólo se les mantuvo los regímenes de excepción sino que se les otorgaron beneficios adicionales. En el segundo, porque no es del todo cierto el argumento de que una mejora en la cantidad y la calidad del empleo dependa estrictamente de las condiciones de la oferta, en este caso de los costos de la mano de obra, sino de la configuración de un perfil productivo que promueva y estimule efectivamente el crecimiento de la demanda agregada en la economía.

 

Se estableció, así, una reducción del impuesto de renta del 33 al 25 por ciento para las personas jurídicas, y una disminución del 13,5 de los costos de los parafiscales, que pasaron del 29,5 al 16 por ciento. Se redujo asimismo el impuesto a las ganancias ocasionales, en especial los que se refieren a herencias y donaciones, y a la venta de activos poseídos por más de dos años. Estos últimos fueron disminuidos del 30 por ciento al 10 por ciento en el caso de venta de sociedades y del 10 por ciento en el caso de venta de activos. Gabelas para los más pudientes, que son los que al fin y al cabo incurren en este tipo de transacciones.

 

No se tuvo en cuenta en cambio las modificaciones que se requiere hacer al pago del impuesto predial, uno de los más regresivos y en donde se protege particularmente a los grandes propietarios, muchos de ellos de tierras improductivas, con todo lo que implica como freno al desarrollo rural o la concentración del suelo urbano. No hubo tampoco modificación sobre el elevado valor de pensiones de que goza un pequeño grupo de privilegiados, las cuales se mantuvieron exentas, lo que significa que serán ellos los que continuarán apropiándose de la mayor porción de los recursos que por este rubro se causan al Estado.

 

En el caso de la reducción de los parafiscales como alternativa para la generación y formalización del empleo, lo que seguro harán los empleadores será aprovechar los nuevos diferenciales a favor para incrementar aún más sus márgenes de ganancia. Por demás, porque así sea menor el costo que les corresponde asumir, continuarán considerándolo como una carga onerosa para sus empresas, y porque no hay tampoco imperativos que les exija compensar las atenciones que a través de la reforma les ha hecho el Estado.

 

Pero lo más probable es que en el mediano o corto plazo el Estado tendrá que afrontar los costos de la reforma, en particular por cuenta de la disminución de los parafiscales, lo que afectará los ingresos con que hasta el 2012 se financiaba el Sena, el Icbf y se aportaban recursos para la salud. No menos por la reducción del impuesto a la renta, que pesará seguramente sobre otros gastos del Estado y que, como suele suceder en el marco de las medidas neoliberales que han orientado las reformas de los últimos años, terminará afectando, de manera especial, los gastos sociales.

 

Lo anterior, aun con el supuesto de que dichos costos serán nivelados con los nuevos impuestos incluidos en la reforma, como el de la Contribución de Renta Empresarial para la equidad CREE, que tendrá un monto que equivale al 8 por ciento del valor final de las utilidades obtenidas por las empresas, que en teoría compensa los ocho puntos menos que se dejan de cobrar por concepto del impuesto a la renta.

 

Lo que no se advierte es que, al estar atados a las utilidades, la certeza sobre la obtención de estos recursos deja un elevado grado de incertidumbre: ¿qué pasa si en condiciones adversas como las que se presagian las empresas no llegan a reportar utilidades, o al menos no dentro de los márgenes esperados por el gobierno? ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Qué efectos se espera sobre el tan buscado equilibrio fiscal? y, para ello, al final, ¿quién pagará los platos rotos?

 

Otro elemento que contradice el espíritu de la reforma fue la creación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional IMAN, que a partir de un valor base gravará la renta de personas naturales, con montos entre el 5 y el 16 por ciento, de acuerdo con el valor de sus ingresos. Aunque se asigna a éste cierto tono de progresividad, lo cierto es que aumentó sobre todo los gravámenes para los asalariados de sectores medios, carga impositiva que al final terminará reflejándose en una mayor contracción de la demanda, y que en términos de progresividad es contrasentido cuando al mismo tiempo se desmontaron gravámenes a los sectores de más altos ingresos.

 

No queda duda, entonces, como siempre, el gobierno de turno favorece a los más ricos. De manera que, ni mayor equidad ni opciones todavía claras de más y mejor calidad del empleo para este y los próximos años.

La ruta

 

No, si no se asume que lo que se requiere es, por un lado, decisiones políticas sobre reformas que lleven, en verdad, a revisar las condiciones de inequidad que siguen pesando sobre la sociedad colombiana: alta concentración de la propiedad de la tierra, subutilización o uso inadecuado de la misma; persistencia de estructuras tributarias regresivas, bajos niveles de remuneración para los sectores asalariados, etcétera; que se reflejan, sin duda, en el desempeño y el balance de su desenvolvimiento económico.

 

Por otro, medidas encaminadas a diversificar la base productiva nacional, que promuevan el desarrollo de la industria manufacturera y de sectores como el de la construcción, infraestructura, agrícola y pecuario; que lleven a reversar el proceso de reprimarización en que ha estado sumida la economía en lo últimos años, debido al protagonismo del sector minero, con las consecuencias adversas ya referidas.

 

Respecto de esto último, es urgente la revisión y reorientación al destino de la inversión extranjera, de manera que no continúe esterilizando el crecimiento económico y llevando a la parálisis de los sectores en los que se suele tener las mayores expectativas de crecimiento sostenido y con mayor potencial generador de empleo.

 

Hay que dar este giro. El país no puede seguir anclado a la dependencia de sus recursos naturales cuyos efectos, además, sobre el sistema medioambiental y las dinámicas sociales de las regiones, en las que predominan, han sido igualmente inconvenientes.

 

Si el dogma neoliberal es el que sigue deambulando sobre las cabezas de nuestros rectores de política económica: libre mercado, apertura indiscriminada, bajos salarios, recorte del gasto social del Estado, preeminencia de los intereses del sector privado, ojalá extranjero, etcétera, las perspectivas de mejoramiento seguirán siendo inciertas y la idea de una sociedad más justa, equitativa y en paz serán otra quimera.

 

* Orlando Ortíz Medina es economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado durante varios años en proyectos de Derechos Humanos y como consultor independiente en diferentes áreas de investigación, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos con comunidades urbanas y rurales de diferentes regiones del país.

1 http://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2013/indicadores_coyunturales_ene5_2013.pdf

Publicado enEdición N°187
Miércoles, 31 Octubre 2012 07:19

Mujeres discriminadas

Mujeres discriminadas

El Banco Central Europeo toma a diario decisiones que afectan la vida de grandes sectores de la población.

 

En el Consejo Directivo del Banco, no hay ninguna mujer. Se abrió una vacante en el directorio y el candidato presentado es un hombre de línea dura. Se informó que no se había encontrado una mujer apropiada.

 

Viviane Reding, vicepresidenta de la Unión Europea, presentó la propuesta de que se obligara a las grandes empresas europeas a romper la discriminación de género en sus consejos directivos y tener un 40 por ciento de ejecutivos mujeres. Los lobbies empresariales fueron mucho más fuertes y la propuesta fue desechada. Exigió un debate público abierto. Señaló que “las mujeres han esperado algo más de 100 años. Ahora ya no pasa de semanas”.

 

Será más difícil. A pesar de sus logros educativos, que han llevado a más mujeres con grados universitarios que hombres en diversos países, las mujeres son menos del 14 por ciento de los ejecutivos en Europa y menos del 8 en América latina.

 

Es sólo la punta del iceberg de la discriminación. Si bien las mujeres han ingresado masivamente al mercado de trabajo ganan considerablemente menos que los hombres. En EE.UU., en el segundo semestre de 2012, las mujeres entre 35 y 44 años ganaban el 79 por ciento de lo que percibían los hombres, entre las de 45 a 54 años era el 73 por ciento.

 

En Gran Bretaña, la Corte Suprema en un fallo histórico (25/10/12) condenó a la ciudad de Birmingham, la segunda del país, por no pagar a humildes trabajadoras los suplementos que pagaban a los hombres, que duplicaban su ingreso.

 

En España las mujeres ganan 22 por ciento menos que los hombres por igual trabajo. Las políticas de austeridad están deteriorando severamente su situación. En el ranking 2012 de igualdad de género del Foro Económico Mundial cayó del puesto 12 al 26.

 

En “participación económica y oportunidad”, entre 135 países España está en el puesto 75, y descendiendo. Inciden los agudos recortes en educación y salud y las severísimas reducciones en conquistas de muchos años, como el apoyo estatal para el cuidado de ancianos y la extensión de la licencia paterna en los nacimientos.

 

En América latina, con avances, los datos de la respetada ONG internacional PLAN (2012) muestran que 104 millones de niñas están rezagadas en su escolaridad. Diferentes barreras les impiden alcanzar nueve años de escolaridad, entre ellas la desnutrición, el embarazo adolescente y que no las inscriban en la escuela para que ayuden en el hogar o trabajen.

 

PLAN retrata que “muchas niñas se levantan a las cuatro de la mañana, lavan la ropa, hacen la comida y después van a la escuela, de la que regresan a trabajar de nuevo en el hogar”. Como no tienen tiempo para hacer los deberes, ni estudiar, terminan rezagándose y desertando.

 

A ello se agrega “la violencia que las niñas enfrentan en la calle, en la escuela, a través de hostigamiento e incluso abuso sexual”. Por otra parte, en la escuela misma se sigue transmitiendo “estereotipos sexuales machistas” a través de la currícula y de mensajes subyacentes.

 

México ilustra la situación que enfrenta la mujer en muchos países de la región. Las mujeres laboran muchas más horas que los hombres, sumando trabajo y hogar. En total, en 2010, 2344 millones de horas ante 1859 millones de horas de los hombres.

 

Las tareas de las mujeres en el hogar, cuidado de la educación de los niños, atención a los mayores, preparación de alimentos, compras y administración del hogar, entre otras, son esenciales para la sociedad. Realizan en México el 80 por ciento de estas tareas.

 

Este esfuerzo no tiene ninguna remuneración, ni siquiera figura en las cuentas nacionales. En México significaba, en 2006, el 21 por ciento del Producto Bruto Nacional y en 2010 había subido al 21,9. Superaba a la industria, que aportaba el 17,2 por ciento del PBI y al comercio, que generaba el 15,7. El trabajo de las mujeres mexicanas en el hogar era 1,8 veces el producto bruto total de Finlandia y casi lo mismo que el de Suiza.

 

La situación diaria es muy tensa para muchas mujeres en México y América latina. Se han integrado al mercado laboral y deben luchar duramente ante la discriminación de género para poder avanzar. Al mismo tiempo, los trabajos del hogar están a su cargo. Es una doble jornada de trabajo interminable.

 

Encima, sus tareas en el hogar no tienen reconocimiento alguno. Son como “si no hicieran nada”.

 

Son las primeras afectadas por las políticas de austeridad salvaje. Al reducir servicios básicos del Estado, se está delegando en ellas, sin apoyo, el problema de asegurar alimentación, educación, salud. En América latina, la Cepal estimó que sin el sacrifico personal inmenso de las mujeres pobres solas jefas de hogar, en los años de la hegemonía neoliberal la tasa de pobreza hubiera sido 10 por ciento mayor.

 

A las severas discriminaciones laborales contra la mujer se suman entre otras la discriminación en la política, su conversión en objeto sexual por espacios masivos de televisión y otras extremas, como la violencia, el femicidio, la lenidad de la Justicia ante los agresores. También sigue la impunidad en lugares de asesinatos continuos de mujeres como Ciudad Juárez, Guatemala y otros.

 

Se puede hacer diferente. Claro que sí. En la tabla del Foro Económico Mundial figuran a la cabeza Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Señala el informe que los países nórdicos han logrado la combinación ideal con uno de los mayores porcentajes de participación de la mujer en la fuerza laboral, las menores diferencias salariales entre sexos y las oportunidades de liderazgo para las mujeres en las áreas pública y privada.

 

Ello tiene que ver con su modelo enconómico global, orientado a la igualdad. El ranking lo cierran países como Irán, Siria, Arabia Saudita y Pakistán.

 

No son de sorprender los avances de la Argentina actual en la tabla. Es el cuarto país de la región en estar cerrando la brecha de género, después de Barbados, Costa Rica y Bolivia.

 

En un mundo donde los 200 billonarios mayores siguen aumentando la diferencia –y según la lista Bloomberg (29/10/12) tienen ahora un patrimonio igual al del producto bruto de Francia, la quinta economía del planeta–, la lucha por la igualdad de la mujer es parte central de la pelea contra la desigualdad.

 

Asimismo está en juego en reintegrarle sus derechos violados, una y otra vez, la dignidad de toda la especie humana.

 

Por Bernardo Kliksberg. Está en prensa el nuevo libro del autor: Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad.

Publicado enInternacional
Sábado, 21 Abril 2012 10:44

Una falla imperdonable

Una falla imperdonable
En 1980, el Gobierno se percató de que el salario de militares y policías era muy bajo con relación al resto de trabajadores, debido a la excesiva cantidad de retiros que estaban ocurriendo. Decidieron subir esa estructura salarial a un nivel acorde con su función social. Con ese propósito, en 1981 equipararon la remuneración de los generales a la de los parlamentarios. Siguieron este proceso hasta el grado de coronel, cuando lo suspendieron en 1986 sin haberlo efectuado a los grados de teniente coronel hasta adjunto 5°. Crearon una amplia brecha en perjuicio de este segmento. Las presiones gremiales de distinta índole revivieron este proceso mediante el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, que dispone: “El gobierno nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública […] la nivelación […] debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”. Pero esto nunca saltó del papel a la realidad, como se ve en el cuadro “Estructuras salariales pagadas”.

El artículo 13 de la referida norma tiene por objeto darle continuidad a la nivelación salarial de la fuerza pública y sus reservas, iniciada en 1981 y suspendida en 1986. No como afirman algunos falsos profetas, dando a entender que este proceso empezó en 1992, lo cual genera enormes perjuicios por soslayar el contexto histórico. Basta comparar las EGP del cuadro “Estructuras salariales pagadas” para comprender que todas son peores que la equitativa que rigió en 1980. Lo correcto consistía en reajustar el SB de todos los grados y empleados en la misma proporción que el del general. Conscientes de esta nociva intención, los integrantes de la reserva democrática de Colombia la repudiamos y permanecemos alertas, toda vez que somos víctimas del proceso interrumpido en 1986, momento en que empiezan a torcerlo. En especial, por pretender que la nivelación quedó consolidada con el Decreto 107 de 1996, que promulga una EGP que no acata lo dispuesto en la Constitución y las leyes.

Para quienes tuvimos que ver con el logro del artículo 13 de la Ley 4 de mayo 18 de 1992, lo más grave e indignante fue descubrir que 15 días después de su promulgación el gobierno nacional produjo el Decreto 921 de junio 2 de 1992, cuyo artículo 14 modifica la remuneración de general en tal forma que sólo perjudica a los demás grados y empleados de la FP. En efecto, recorta la base de cálculo de todos los SB a la asignación básica y los gastos de representación que devengan los ministros, monto muy inferior al que tuvo vigencia hasta mayo 31 de 1992.

Un desacierto del gobierno nacional privó al pueblo trabajador colombiano de los efectos benéficos resultantes de la Ley 4 de 1992. En el ámbito privado no se conoce el nivel de ingresos personales máximo ni mínimo, pero en el estatal debe tener una distribución conocida, razonable y justa, lo cual incide en el nivel global. Por eso carece de lógica y justificación haber acrecentado 3,8 veces los sueldos más elevados de los funcionarios del Estado entre enero de 1992 y enero de 1993, cuando pasaron de $906.000 a $3.456.376. Sobre todo porque los mismos son reajustados cada año a una tasa que fija la Contraloría General de la República, que siempre es superior al IPC que certifica el Dane y que, además, ello ocurre a través de actos administrativos producidos después de promulgada la referida Ley 4. Este ejemplo es particular del estamento castrense. Sin embargo, permite intuir que en otros campos tuvo similar comportamiento, pues el salario mínimo apenas fue reajustado un 25 por ciento en el aludido lapso en que se hizo el aumento de 3,8 veces.

A través del cuadro “Fuerza pública, evaluación salarial a pesos de 2011”, podemos apreciar el desbarajuste propiciado. Lo real del momento es que la remuneración total asignada a congresistas, ministros, generales y demás funcionarios de alto rango en 2011 es de $21’045.638, incluyendo la igualadora prima especial de servicios. Acatando los principios de igualdad, favorabilidad, debido proceso, legalidad y respeto a los derechos adquiridos, no se pueden modificar los parámetros puestos en práctica entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992, como es que el general devengue una remuneración igual a la del congresista en todo tiempo y por todo concepto, repartida 45 por ciento como SB y 55 como primas. Con base en la propuesta que le presentamos al Ministerio de Defensa Nacional en 1994, parto de un SB equivalente a $9’470.537, que es el punto de partida de la EGP y referencia indispensable para calcular todos los SB; el monto restante son primas por $11’575.101. La columna SB $ 21’ muestra esta absurda secuencia como producto de cumplir la normatividad legal vigente a la institución armada.

Por otro lado, la columna SB $ 13’ corrige el error garrafal cometido en 1993. Permite ver un reparto salarial justo y equilibrado que normaliza esta aberrante situación. Parte de una remuneración total asignada a los más altos funcionarios estatales de $ 13 millones, la cual lleva a que el 45 por ciento del SB del general sea de $ 5’850.000 y sus primas sean el 55 por ciento que asciende a $7’150.000.

La columna año 2011, del cuadro “Estructuras salariales pagadas”, deja ver el efecto nefasto de la burrada del 93, como es que los grados y empleados ubicados en el escalafón por debajo del general, estén devengando una retribución inferior a la de profesionales con análoga preparación y menores exigencias y riesgos, lo cual representa entre un 40 y un 25 por ciento de lo que merecen quienes están sometidos a una extensa y peligrosa jornada laboral, que impone el cumplimiento de la función social en que vive empeñada la FP.

En conclusión, queda claro que la violación de la Ley Marco de Salarios estatales y otras normas superiores acrecentó la desigualdad en el campo laboral y comprobó que, sin un cambio estructural, no será posible superar los desequilibrios y las injusticias endémicas a que estamos sometidos en Colombia.





Por JUAN JOSÉ NEIRA GÓMEZ, Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.

Publicado enEdición 179
Sábado, 07 Abril 2012 08:26

"Un Estado laico es una utopía"

"Un Estado laico es una utopía"

Curas y obispos ecuatorianos se echaron las manos a la cabeza cuando se enteraron de la existencia de un proyecto de ley que rechazaba la injerencia de la iglesia en la esfera pública y abogaba por la neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas. Lo había escrito Pablo Villagómez Reinel, subsecretario del Ministerio de Exteriores de Ecuador, pero no como una propuesta en firme de su Gobierno, sino a título personal.
 

Era, en realidad, un ensayo sin carácter oficial, pero su difusión a través de Internet generó una fuerte polémica y lo puso en la picota. "Siempre me interesaron los temas religiosos, el libertinismo erudito y el pensamiento radical e ilustrado", explica el asesor del ministro del ramo, Ricardo Patiño. "Por eso decidí recoger los principios laicos en un documento con forma de ley", añade Villagómez, cuyo trabajo fue tildado por la jerarquía católica de su país de "totalitario y estatista".
 

¿Por qué ha sido tan polémica su Ley Orgánica de Profesión Religiosa y de la Ética Laica? ¿Qué propone en el texto?

Es un trabajo académico sobre el laicismo y el Estado laico elaborado en un formato de ley. Me planteo cómo sería una ley laica si llegara a existir. En resumen, recoge los principios y los postulados del laicismo en un articulado que pretende darle toda su dimensión a lo que tendría que ser un Estado laico.
 

¿Cuál es el estado de salud del catolicismo en Ecuador? ¿Qué peso tienen otras manifestaciones religiosas?

Ecuador es un país supuestamente de mayoría católica, aunque –según algunos informes y cifras imparciales– sólo un 35% de la población practicaría realmente el catolicismo. Por otra parte, han penetrado las iglesias evangélicas, que tienen elevado número de feligreses. En todo caso, es un poco difícil establecer con certeza absoluta el porcentaje de católicos.
 

Practicantes...

Se definen así por tradición y costumbre, más que por una práctica religiosa.
 

¿Han logrado implantarse sectas y ultras católicos?

Sí, está presente el Opus Dei y otras religiones de cuño norteamericano, como mormones, anglicanos, pentecostales y santos de los últimos días.
 

¿Ocupa el Opus Dei espacios de poder político y económico?

Como en todas partes, sí. El estrato de la gente que pertenece a ese tipo de congregaciones religiosas proviene de sectores económicamente acomodados.
 

¿Definiría a Ecuador como tradicional, conservador y católico?

Lo interesante es que también se ha producido el desarrollo de la iglesia social, representada por elementos eclesiásticos que han tenido una actitud progresista y han contribuido a llevar a cabo proyectos de carácter social, especialmente en zonas deprimidas. Hay una divisoria entre la iglesia católica tradicional jerárquica y la iglesia de bases.
 

¿Considera su documento rompedor en el contexto ecuatoriano?


Sí, porque al proponer el Estado laico como alternativa y buscar que ninguna entidad religiosa tenga privilegios, lógicamente significa una ruptura respecto a lo que existe y se acepta oficialmente o como algo natural. El laicismo propone una serie de principios fundamentales que separan a la iglesia del Estado y a la religión de la esfera pública.
 

¿Ve viable un Estado laico en Ecuador?

Es una utopía, no sólo en Ecuador sino en otros países del mundo, incluidos algunos europeos, como España. Lo que debe prevalecer en la vida social es el concepto de ciudadano, más que el concepto de creyente. Éste, por la propia naturaleza del derecho de profesión religiosa, ejerce ese derecho de una manera privada, personal e íntima. Mientras, el ciudadano ejerce sus derechos objetivos de una manera pública y política. El ciudadano es un ser político y el creyente, simplemente, es una persona que tiene unas creencias religiosas que no necesitan politizarse o hacerse públicas para que existan.
 

El cardenal Antonio Arregui y otros jerarcas de la iglesia católica ecuatoriana se han manifestado en contra de su documento. ¿Qué le parece su reacción?

Criticaron mi propuesta, pero sin mayores fundamentos y movidos por el temor de que ciertos derechos y libertades de las entidades religiosas pudieran ser suprimidos si una ley de esa naturaleza llegara en algún momento a ponerse en vigor.
 

"Las creencias religiosas no necesitan politizarse"

En Suramérica, incluso algunos gobiernos progresistas y de izquierdas son afines a la iglesia católica o se declaran católicos porque romper con esa tradición significaría alejarse de los potenciales votantes, ¿no?
 

Sí, claro.


¿Sucede esto en Ecuador? ¿Cree que sería demasiado arriesgado, desde un punto de vista electoral, desmarcarse del catolicismo?

Es probable, pero en algún momento hay que dar el paso de construir ciudadanía, aunque eso signifique un riesgo o desafío político. Las sociedades modernas necesitan respuestas diferentes a sus problemas humanos, sociales y económicos. Sin duda alguna, para ello es necesario una visión distinta del fenómeno religioso, que responda a la realidad actual. El hombre contemporáneo pasa por una visión diferente de la religiosidad.
 

¿Qué poder tiene actualmente en Ecuador y Suramérica la iglesia católica?

Forma parte de las estructuras de poder. Es un poder fáctico que tiene incidencia en la vida civil, especialmente en los creyentes, que confían a esta institución muchos aspectos de su vida, incluida la privada. La Iglesia posee una dosis de poder importante.
 

¿Hay movimientos laicos en Ecuador con peso o están comenzando?

A finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo un gran movimiento revolucionario radical desde el liberalismo ilustrado que significó la primera ruptura con la iglesia católica. Esta firmó en 1862 un concordato muy conservador que había absorbido casi por completo las instituciones republicanas y tenía una preminencia total en la vida social, por lo que la revolución puso las bases de lo que es el laicismo ecuatoriano. Ha habido pensadores laicos muy interesantes que han escrito y trabajado durante todo el siglo XX. Ecuador es un país con alguna tradición laica y que se asume como laico, aunque no sé perfectamente qué sentidos y significados concretos tiene ese laicismo.


Por HENRIQUE MARIÑO (@solucionsalina)Madrid07/04/2012 00:30 Actualizado: 07/04/2012

Publicado enInternacional
Colombia, la Corte Constitucional da un “ultimátum” de dos años al Congreso para legislar las  uniones de parejas del mismo sexo
Las conclusiones del pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia al respecto de las uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo, contiene varias noticias que se dan al tiempo: en primer lugar, que la Corte reconoce que existe un vacío legal que se debe suplir y evitar la discriminación, en este sentido, que sufren estas parejas; en segundo lugar, que las familias formadas por parejas del mismo sexo sí constituyen una familia; en tercer lugar, que el Congreso debe legislar sobre esta cuestión bajo las consideraciones anteriores y que, en caso de no hacerlo antes del 20 de julio de 2013, la parejas del mismo sexo podrán acudir a notarías para legalizar su unión bajo los mismos efectos que tienen las uniones matrimoniales. Eso sí, no sabemos si bajo el mismo nombre.
 
Es, precisamente, este último punto el que “levanta más ampollas” y el que demuestra el baile entre dos aguas (entre lo laico y lo no laico) realizado por el Constitucional ya que, al tiempo que defiende que las parejas del mismo sexo son familia, intenta no enfrentarse con los sectores más católicos al no definir que también estas uniones son “matrimonio”. 
 
Resulta por tanto, enormemente difícil hacer un análisis de las conclusiones tomadas por la Corte Constitucional de Colombia, tras ocho horas que ha tenido de deliberación, en lo que respecta a este tema. Sobre todo porque si bien la decisión de la Corte es un triunfo en la ganancia de derechos humanos en el país que reconoce, un poco más, a las personas que no tienen una relación heterosexual también es cierto que es un triunfo precisamente por ser Colombia el país donde se está debatiendo esta cuestión. Es decir, que es un triunfo para un país donde los derechos de las personas que no responden a los patrones de una heterosexualidad obligatoria, se han dado y se siguen dado “a cuenta gotas”. Pero que no es el triunfo ideal ni el que se correspondería con el de un país comprometido con su democracia.
 
Bien es cierto, también, que las decisiones de la Corte hay que medirlas en su contexto y no comparándolas con la tomada por la Corte de otros países que (casi en las mismas circunstancias) sí han logrado hacer honor a su responsabilidad jurídica y no han dudado en pronunciarse de forma no sesgada al respecto. Es este el caso de Sudáfrica cuyo Constitucional Supremo en 2005 emitió un dictamen ordenando al gobierno que legalizara el matrimonio entre parejas del mismo sexo y dándole dos meses para hacerlo. Casi… (en el dos nos parecemos): aquí la Corte deja un plazo de dos años y no ordena nada al Congreso a pesar de conocer de antemano las seis oportunidades que este ha tenido para legislar al respecto sin cumplir, en ninguna de ellas, con su responsabilidad y su deber. 
 
El presidente del Alto Tribunal, Juan Carlos Henao, expresaba ayer al respecto que sería el Congreso en el término de dos años quien le colocara el nombre a estas uniones “que a bien tenga dentro del cual también puede estar incluido la palabra matrimonio porque fue la interpretación amplia que se le dio al art. 42”. Asimismo, decía: “Considero que las uniones de personas del mismo sexo sí pueden construir familia”. Es este reconocimiento precisamente el más importante, ya que da las herramientas tanto a las personas que van a perseguir este derecho como al Congreso de poder legislar sobre el tema ya con unos parámetros de pronunciamiento jurídico claros al respecto: a saber, que las parejas del mismo sexo sí conforman, desde el punto de vista del Constitucional, una familia.
 
Con todo, la petición al Congreso para superar el estado de “omisión legislativa” en la que tiene a las parejas formadas por dos personas del mismo sexo, da una oportunidad de oro al presidente Santos para que haga efectivo ese estado de “regeneración democrática” que quiere para Colombia. Una oportunidad de oro para eliminar la imagen de un país de derechos restringidos y de pronunciamientos tímidos que no acaban de convencer, ni a nivel nacional ni internacional, en su laicismo. Después de todo, no es solo una cuestión de imagen: ayer la Corte hizo honor con sus actos a ese imaginario colectivo.
 
Aun sí, tanto las demandantes (Colombia Diversa y el centro DeJusticia, entre otros) como las personas que, sin cesar, han apoyado y defendido los derechos de las parejas del mismo sexo, deben saber que ayer se hizo historia; eso sí, “a la colombiana”, y que la presencia de estos derechos es ya tan fuerte que ni la Corte los puede negar con un no rotundo. El pronunciamiento a medias tiene esas dos consecuencias: que si bien no quieren decir que sí, saben perfectamente que no pueden decir que no.
 
 
 
 
 
 
 
Publicado enColombia
Martes, 19 Julio 2011 18:56

Mujeres, mujeres

Mujeres, mujeres
Englobar a todas las mujeres en la palabra mujer o su plural sería un empeño fútil, como dijera Juan Carlos Onetti. Es un hecho manifiesto que dimana de sus diferencias culturales, psicológicas, subjetivas y otras obvias. Pero hay parámetros sociales que permiten agruparlas bajo la etiqueta general, “la mujer”, “las mujeres”, en lo que hace a la discriminación, la desigualdad de los géneros y temas por demás urticantes.
 
La flamante Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Géneros y el Empoderamiento de la Mujer (UNW), que la Asamblea General, órgano máximo de la ONU, creó en julio del año pasado y que preside la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, acaba de dar a conocer su primer informe sobre la situación de la mujer en todo el mundo (//progess.un women.org, junio de 2011). El estudio guarda objetividad, señala los progresos en la materia que se vienen dando desde comienzos del siglo XX y, a la vez, despliega un panorama en el que la desigualdad de géneros persiste tenazmente. Se podrá decir que se trata de una verdad perogrullesca, pero la investigación de UNW precisa detalladamente sus contornos.
 
En 117 países rigen leyes que garantizan la igualdad de salario de los géneros por el mismo trabajo, pero el promedio global indica que la mujer recibe del 10 al 30 por ciento menos que el hombre en todas las regiones y sectores. Ese desnivel alcanza el 23 por ciento en EE.UU., donde se acentúa para las afroamericanas (39 por ciento) y las latinas (48 por ciento). La discriminación racial agrava la económica.
 
El informe aborda la presencia de la mujer en las instituciones y anota avances: la presencia femenina en el Congreso de EE.UU. aumentó del 11 por ciento en 1997 al 17 por ciento en 2010, mientras que en Ruanda asciende al 51 por ciento y en seis países de América Latina y el Caribe –Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Guyana– cumple o excede el 30 por ciento fijado como meta mínima a nivel internacional. Las mujeres desempeñan un tercio de los cargos ministeriales estadounidenses, el doble del promedio mundial, y cuatro ocupan la presidencia (en Argentina, Brasil, Costa Rica y Trinidad Tobago).
 
Hay fenómenos nuevos, como la promulgación en Nepal de leyes que aseguran a la mujer la igualdad de derechos hereditarios, y otros que no cesan: la violencia hogareña, la violación dentro y fuera del matrimonio no cuenta con una verdadera protección legal y padece una condena social tácita. El informe de la UNW registra que las mujeres de todo el mundo denuncian más los robos que las violaciones: los resultados obtenidos en 57 países revelan que sólo el 11 por ciento del total acude a la Justicia en el primer caso, contra el 38 por ciento en el último. “La evidencia muestra –apunta– que en EE.UU. los jurados son especialmente proclives a cuestionar la credibilidad de las mujeres afroamericanas y latinas en los casos de violación.”
 
Esta lenidad o insolvencia judicial se repite en el Viejo Continente: un estudio de 2009 detectó que sólo un 14 por ciento de las denuncias por violación presentadas en países europeos desembocó en una condena del culpable y en alguno, apenas el 5 por ciento (//tigerbeatdown.com, 7-7-1). En Sudáfrica únicamente uno de cada seis casos llega a los tribunales y el 94 por ciento de los acusados sale indemne. Las mujeres indígenas de varios países latinoamericanos sufren una triple discriminación en las cortes por razones étnicas, de pobreza y de género. Pocas hablan español o portugués y los servicios de traducción son casi inexistentes. El acceso igualitario de la mujer a la justicia está en veremos todavía.
 
El estudio de la UNW centra su atención en el tema de la violencia marital contra la mujer, es decir, el de “la mujer golpeada”. El ordenamiento interno de 125 naciones ilegaliza la violencia doméstica, pero según encuestas que se realizaron en 20 países de Europa, del 8 al 35 por ciento de las mujeres la sufría en el hogar. En EE.UU., un 22 por ciento. Casi un 50 por ciento en Sri Lanka, 33 por ciento en Jordania y así de seguido. A la vez, se observa un suceso verdaderamente extraño: los niveles de consentimiento del maltrato.
 
Mentes occidentales prejuiciosas tal vez no se sorprendan de que el 30 por ciento de los interrogados y las interrogadas en Sri Lanka, más del 50 por ciento en Malasia y el 65 por ciento en Tailandia hayan manifestado que es aceptable a veces que un hombre le pegue a la mujer. Qué han de pensar cuando se enteren de que esa proporción es del 16 por ciento en EE.UU. El mito del machismo latinoamericano parece en decadencia: el 85 por ciento de los encuestados en siete países de la región opinó que es inadmisible pegarle a su mujer.
 
Los derechos de la mujer mucho adelantaron en el mundo desde que por primera vez se ejerció el voto femenino, en Nueva Jersey, en 1776, abolido 30 años después, y es evidente que ello se debe sobre todo a las luchas por la igualdad de las mujeres mismas. El informe de la UNW descubre hasta qué punto, dados los disímiles paisajes del mundo, hombres y mujeres no han llegado aún al cabo de la calle.

Por Juan Gelman
 
Publicado enInternacional
 La insoportable levedad del ser… mujer
Ser mujer en las sociedades occidentales es complicado. Tenemos que enfrentarnos a todo tipo de discriminaciones dentro de nuestra esfera personal y profesional, trabajar dentro y fuera de casa, limitar el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos a lo que la sociedad patriarcal espera de nosotras, estar sujetas a la tiranía de la estética y lidiar con todo tipo de actitudes sexistas por parte de los medios de comunicación y de nuestros propios entornos. Si bien es cierto que se ha avanzado en la igualdad de género en ámbitos educativos, profesionales y sociales , todavía nos queda un largo camino de luchas, decepciones y equivocaciones hasta poder alcanzar una igualdad real entre los sexos.
 
Ser mujer en las sociedades orientales es complicado. Se tienen que enfrentar a la misma estructura discriminatoria y sexista, y al vapuleo continuo y sistemático de sus derechos. La única diferencia entre nosotras, vosotras y ellas, es la distancia recorrida dentro del camino hacia la igualdad. Además, todas compartimos un riesgo común, que no es otro que la justificación de la opresión y discriminación a través de premisas de respeto cultural. Si bien es cierto que el concepto de cultura es muy amplio, diferenciar lo que es cultura de lo que no lo es dentro del concepto de la igualdad de género, resulta simple: no es cultura y por ende no debería ser considerado como tal, cuando viola mis derechos. Así de simple. Y de la misma forma en la que se están violando mis derechos en Arabia Saudí cuando no se me permite conducir, también se están violando mis derechos en Brasil cuando se me impone tener un cuerpo perfecto para recibir un mínimo de valoración social.
 
En mi opinión, el problema estriba en la confusión en la que nos sumimos las mujeres occidentales al creernos frecuentemente superiores a las orientales por el simple hecho de haber dado un paso más en la carrera hacia la igualdad de género. Esta ficticia superioridad nos sitúa en posiciones sexistas e intolerantes con la situación de las demás mujeres, fragmenta nuestra lucha y nos hace más débiles. Que en occidente se lleven las manos a la cabeza cuando ven a una mujer con velo, mientras que aceptan con normalidad el rostro plastificado y sin expresión de su vecina de al lado -forzada a no envejecer por una sociedad donde reina la tiranía estética- resulta sintomático de que algo falla en nuestra aproximación a la realidad. Y es que estamos mezclando temas, y nos estamos dejando arrastrar por la estructura patriarcal, androcéntrica y opresiva que hemos interiorizado desde nuestro nacimiento.
 
Propongo en este punto dar un paso hacía atrás e intentar aproximarnos a la realidad desde una nueva perspectiva, que no es otra que la perspectiva de género. Porque en definitiva, ser mujer, es complicado. Y todas estamos en el mismo barco, por lo que debemos estar muy atentas a la hora de definir el camino que queremos tomar hacia la igualdad de género, ya que no todo vale. Este camino debe estar regido por criterios de equidad, esto es, aplicar las medidas necesarias para transformar situaciones injustas en justas. Así que vamos a intentar no despistarnos con excusas culturales o con mal entendidas libertades personales. 

Por Sabina Sifrin
Centro de Información Alternativa (AIC)
Publicado enInternacional
Fue especialmente significativo para el mundo, que poco y mal nos miraba, el hecho de que, desde lo femenino, hubiesen venido el golpe moral y la acusación más irrefutable contra la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Juntando retroactivamente símbolos, todo ese impulso y lo que lo movió podrían condensarse en aquellos versos de John Donne, el mayor poeta metafísico inglés del siglo XVII: “For graves have learn’d that Woman-head / To be to more then one a Bed” (“Pues las tumbas han aprendido esa condición femenina / De ser lecho para más de uno”).
 
Desglosándolos, y recogiendo de ellos sólo la alusión a la función materna, la circunstancia de que fueran madres las que reclamaran por la ausencia de signos de los secuestrados por la Junta multiplicó, sin duda, el ya enorme horror de la represión de un Estado en situación de ilegalidad absoluta, y marcó para siempre a sus detentadores con la señal del genocidio. Constituyó un alerta, un punto de partida, un sacudón imprescindible para nuestra propia sociedad (no siempre consciente ni siempre atenta a las atrocidades que se cometían), y para la sociedad internacional: aquella imagen de las Madres dando vueltas en silencio en la Plaza de Mayo recorrió el planeta, desbarató cualquier maniobra publicitaria de la Junta, desnudó el oprobio, ayudó de modo primordial, en fin, a su desenmascaramiento, a su impopularidad, a su caída.
 
La participación de la mujer en la vida civil argentina databa de largo tiempo antes, y en los últimos se había registrado una inmersión casi masiva de jóvenes que, verbal y corporalmente, fueron engrosando agrupaciones sociales, estudiantiles y políticas y pagando también su tributo frente a la represión. La presencia femenina, pues, no era ya especialmente novedosa. Sin embargo, nunca un hecho que no podía dejar de ser político (el reclamo y la acusación a gobernantes) había alcanzado tan alta dimensión moral. Podría agregarse que en la historia de la humanidad han sido contadas las veces en que política y ética han confluido naturalmente, y que esta ocasión puede figurar entre ellas.
 
Nuevas Antígonas reclamando por el derecho a enterrar a sus muertos o, como no dejaron de exigirlo durante mucho tiempo, su aparición con vida, encerraban en sus demandas, si no la posibilidad fáctica de que su satisfacción fuese ya posible, los únicos términos adecuados para la alta dignidad que investían. Por ser las “Madres” (también, hoy, las “Abuelas”), y por cubrir y asumir con ello la conciencia huérfana de toda una sociedad que, a veces cómplice, otras indiferente, no siempre demasiado democrática ni respetuosa del otro, había permitido la entronización de la barbarie.
 
Intuyendo que tan profundo y vasto movimiento tenía que representar y ser consecuencia de procesos internos muy significativos en el seno de una sociedad y, a su vez, que arrastrar otros cambios, supuse alguna vez que se encontraría en la literatura escrita por mujeres la visión más cabal de lo que había sucedido durante estos años.
 
Hace bastante tiempo, en octubre de 1989, al escribir todavía desde Francia para la revista Babel, de Buenos Aires, una columna que titulaban “La mesa de luz”, y comentar mis lecturas del momento (entre otras, la del libro de George Steiner, justamente titulado Les Antigones), decía respecto de éste: “Varios cientos de páginas que no agotan, claro está, todas sus repercusiones, pero que dan sólidas pautas para empezar a comprender a nuestras Madres, clamando por esos cuerpos fuera del tiempo y de la tierra, del territorio que a ellos les pertenece y al que deben todavía recuperar con la debida inhumación, la consustanciación en humus, la justicia”. Y luego de formularme la pregunta de siempre (“¿Cómo entender, cómo entender?”), y de intentar contestarla por distintas vías, concluía: “Celebro también que, por diversos azares, se hayan concentrado últimamente libros escritos, en su mayoría, por mujeres. Trato de leerlos y de entenderlos en su casual conjunto, como si el ojo femenino, detenido en la ficción, fuese el único capaz de darme claves que en otro caso escaparían. Canon de alcoba, de Tununa Mercado (el eros cotidiano tratado con un lenguaje espléndido); Ciudades, de Noemí Ulla (viajes poco compulsivos por el difícil terreno de las formas); Abisinia, de Vlady Kociancich (misterioso relato en el cual el manejo de los pronombres y del procedimiento construye prácticamente “el tema”); La sueñera, de Ana María Shua (juegos nada inocentes con la palabra, donde su soberanía lo confunde todo); La rompiente, de Reina Roffé (la historia que nunca podrá, realmente, ser contada)”.
 
Han venido a sumarse desde entonces tantos y tantos otros libros que siguen dibujando esa cartografía interior: los de poemas de Diana Bellessi, de María Negroni, de Laura Klein; los textos de Griselda Gambaro; numerosos relatos y novelas (de la misma Tununa Mercado, de Rosalba Campra, de Luisa Valenzuela, de Liliana Heer, de Perla Suez). Seguramente en aquella nota, y aun ahora, omito, por injusto olvido, algunos nombres, pero este conjunto me parece suficientemente representativo de lo que estoy tratando de entender, que no es una antología literaria más o menos reciente, sino un proceso de vinculación muy íntima entre política y literatura, entre feminidad e historia.
 
Como decía, en estilos diferentes, con voces diferentes, con pertenencias políticas ciertamente diferentes, nuestras escritoras trabajan sobre una herencia y un destino comunes. Tal vez el significante que más las vincula, la memoria, represente el núcleo conceptual, ideológico y simbólico alrededor del cual giran muchas de las vicisitudes de esta trama. Un núcleo que, además, parece bien asentado en lo femenino. Depositarias, diría antropológicas, de la memoria (porque son las que engendran, porque son las que alimentan y guardan el fuego, las que continúan la especie, las que quedan cuando casi nada queda), las mujeres estarían destinadas a cumplir, entre muchos otros, este papel. La memoria, entonces, se presenta como su patrimonio: ese ejercicio de salvación y de conservación de restos, fragmentos del pasado, de recuperación de vivencias, de figuras, en un señalamiento inapelable de responsabilidades. La memoria como lo que se rescata en la lucha, para asegurar una permanencia sin la cual nada nuevo puede siquiera empezar a construirse.
 
La memoria, pues, cual lo incanjeablemente femenino. Porque, para volver al principio de la reflexión, debería recordar que, como tan bien ha señalado alguna vez Charles P. Segal, conocido estudioso del mundo antiguo, “el conflicto entre Creonte y Antígona no solamente opone la ciudad a la casa, también opone el hombre a la mujer. Creonte identifica su autoridad política con su identidad sexual”. Y el propio Steiner agrega en Les Antigones: “En última instancia, se trata entonces de un conflicto entre las concepciones masculinas y las femeninas, entre la manera como cada sexo conduce la vida humana, conflicto hecho, como ningún otro, de semejanzas paradójicas y de contradicciones implacables. Antígona habla, casi literalmente, “a partir de la matriz”, desde un punto central atemporal de impulsión carnal y de intimidad con la muerte”. Y es, me parece, desde ese centro que la madre siente la necesidad de hacer entender a los otros el valor de los gestos, de las actitudes, de las palabras y, sobre todo, de la vida.

Por Mario Goloboff, escritor, docente universitario.
Publicado enInternacional
Adam Przeworski es uno de los más reconocidos politólogos contemporáneos que estudian los sistemas democráticos en Latinoamérica y Europa del Este. Su preocupación central son los mecanismos que poseen los ciudadanos para fiscalizar a sus gobernantes. Aquí, el investigador debate sobre el significado actual de la democracia, sus límites, los conflictos, sus actores. El papel de los gobiernos en América latina.

–En su libro ¿Qué esperar de la democracia?, usted plantea que la democracia no se caracteriza por la igualdad y que, además, no fue creada por “demócratas”. ¿Cómo conceptualiza la idea de democracia en la actualidad?

–Para mí, la democracia es un sistema que constituye un terreno de conflictos, que se pueden resolver de manera pacífica y con libertad. Eso es la democracia. No es algo que, en sí mismo, genera igualdad. Es un campo de luchas organizadas, que crean incentivos a las fuerzas políticas para obedecer las reglas. Cuando la democracia funciona, procesa varios conflictos en paz y sin violar demasiado la libertad.

–¿A una democracia que no ha sido capaz de resolver las desigualdades socioeconómicas le es posible generar igualdades políticas?

–El mecanismo político más igualitario es, después de todo, el de las elecciones. Otros mecanismos de competencia política son aún más desiguales que las elecciones. Porque los recursos económicos y los recursos organizacionales e ideológicos juegan un papel más importante. Por eso, creo que la instancia de elecciones es el mecanismo más igualitario. Aunque no creo que puedan ser completamente igualitarias, porque en una sociedad desigual –desde el punto de vista social y económico–, el dinero siempre encuentra modos de infiltrarse en la política.

–¿En qué sentido?

–En una sociedad de mercado, en la cual existe desigualdad social y económica, siempre habrá algún nivel de desigualdad política. Quizá los países donde hay menos desigualdad son aquellos que tienen sindicatos fuertes, donde la clase obrera está organizada en un sindicato que tiene recursos, que tiene sus diarios y sus instituciones. Hablo, sobre todo, de los países escandinavos, donde los sindicatos tienen mucho peso frente a las empresas. En otros países hay un grado de desigualdad política inevitable.

–¿Con la institucionalidad y el poder de los sindicatos como actor político alcanza para lograr una real igualdad en el terreno político?

–A partir de la Primera Guerra Mundial, en Europa Occidental se armó algo que se llamó “el compromiso de clase”. El compromiso de clase consistía en que los obreros organizados en sindicatos no empujaban sus acciones hacia demandas salariales o de otro tipo al límite. Es decir, no utilizaban totalmente su poder monopolístico en el mercado, porque sabían (pensaban) que mientras la propiedad de medios de producción fuera privada y que las decisiones de inversión las tomaban las empresas, entonces los sindicatos sabían que los salarios de hoy día constituyen un costo en la inversión y, por ende, en el empleo y los salarios de mañana. Un país en Europa en el que no hubo huelgas entre 1936 y 1978 fue Suecia. Porque los sindicatos eran muy fuertes.

–¿Por qué los sindicatos suecos no hicieron medidas de fuerza siendo tan fuertes? ¿Acaso la huelga no era un mecanismo de presión?

–Tenían poder y calculaban sacar lo que era óptimo para ellos. Y esto era un compromiso de clase. En el período que va entre los años ‘50 y los ‘80 fue característico que los aumentos de salarios siguiesen los aumentos de productividad, en una relación de uno a uno. Esto se agotó con el neoliberalismo. Yo creo que ese conflicto de clase habilitó la democracia.

–Con la llegada del neoliberalismo, a partir de la crisis del Estado en los años ’80, la flexibilización que se instaló en el sector laboral conllevó un debilitamiento del sindicalismo en su sentido tradicional. ¿Qué características debe tener el actor que reivindique los derechos de los trabajadores en el nuevo escenario de relaciones laborales precarizadas?

–Creo que esta pregunta no tiene una respuesta general. Porque aunque los sindicatos en los países escandinavos no son esencialmente lo que eran, y si bien el sistema de negociación salarial no es exactamente lo que era –en el sentido de que se descentralizó y aumentó la desigualdad–, sin embargo, los sindicatos tienen peso en esos países. Por otro lado, en países como Estados Unidos, Ronald Reagan los destruyó en el ’82. Había una huelga de los controladores de tránsito aéreo, y él echó a todos los huelguistas. Margaret Thatcher también destruyó a los sindicatos en dos años, el número de afiliados cayó a la mitad, entre 1979 y 1981.

–Menciona dos casos muy paradigmáticos, pero ¿qué sucede en el resto de las sociedades?

–Salvo en algunos países, no hay una fuerza organizada que se pueda contraponer al poder de las grandes empresas. Los movimientos u ONG son “fuercitas” (usa el término como diminutivo de “fuerzas”). La lucha se fragmentó. Un movimiento lucha por esto, otra OGN lucha por esto otro... ya no hay una fuerza centralizada y poderosa, que agrupe al 90 por ciento de los empleados.

–Usted mencionó las elecciones como el momento de mayor igualdad política, pero entre elección y elección pasa mucho tiempo, ¿por qué los sistemas democráticos no han generado mecanismos de accountability en los períodos entre elecciones?

–Un aspecto de la cuestión es el diseño institucional de los sistemas democráticos. Hay una herencia histórica que siempre me llama la atención. Yo creo que una parte de la sensación de impotencia política es que no tenemos instituciones para hacer accountable. La burocracia está en falta, es decir, las organizaciones públicas que ofrecen estos servicios. Para esto no tenemos mecanismos. Imagina que los maestros no van a la escuela, que los dineros de la jubilación no llegan, que la policía toma coimas, ¿qué puede hacer uno?

–¿Qué cree usted que puede hacer uno?

–Puede votar contra los representantes que deben controlar las cúpulas de la burocracia que, a su vez, controla los rangos más bajos de la burocracia. Es una cadena muy larga que no funciona. Hoy es en la calle que se da la accountable. Este diseño se debe al hecho de que cuando se formaron las instituciones representativas modernas no había democracia. El gobierno no ofrecía servicios.

–¿Qué caso podría mencionar como ejemplo de instituciones representativas sin democracia?

–El gobierno norteamericano, en 1789, tenía 4500 empleados. Ahora, cualquier barrio de Buenos Aires tiene 4500 empleados. Había un poco de discusión en la Convención Norteamericana sobre la posibilidad de controlar la República y, de vez en cuando, aparecían intentos de hacerlo. Una investigadora chilena ha trabajado sobre los intentos en América latina de crear este tipo de mecanismos de control local sobre la burocracia local, pero las sociedades no han desarrollado ese aspecto. Creo que mucho del sentido de impotencia proviene de este diseño.

–¿Usted cree que es una limitación estructural de la democracia?

–No. Creo que eso sí requiere reformas. Y el lenguaje de participación está abusado por muchos gobiernos y, en lugar de pensar cómo habilitar a la gente para que pueda controlar el Estado, se lo hace desde arriba. A mí me huele sospechoso cuando un gobernante dice “aumentamos la participación”. Pero este aspecto está dentro de mi lista de reformas factibles.

–¿Qué grado de efectividad tiene la participación en la calle en términos de ejercer una accountability que tenga estabilidad y se pueda mantener en el tiempo?

–No es tan fácil. La calle es algo costoso, muchas veces peligroso y puede llevar a cosas muy desagradables, como lo que pasó acá con las tomas (N. de la R.: se refiere a los episodios de diciembre). Creo que todos los gobiernos temen la calle porque es la posibilidad de rompimiento del orden público, es algo que todos los gobiernos tienen que tomar en cuenta. Y siempre surgen negociaciones tratando de debilitar o calmar a la gente en la calle. Están fuera del marco institucional, pero son efectivas.

–¿Por qué cree que no son los mejores mecanismos?

–Duran menos, son menos estables. Se pueden calmar ahora y luego no hacer nada. Y son peligrosas porque pueden generar una espiral de violencia. Ningún gobierno puede tolerar un desorden que dure. Norberto Lechner, un investigador alemán-chileno, en su análisis sobre la caída de Allende, su primera conclusión fue que ningún gobierno puede tolerar un desorden cotidiano. Entonces, en un primer momento, los gobiernos tienen la tentación de reprimir. Una vez que el gobierno reprime, otra parte responde con violencia y se arma algo muy feo que puede desbordar.

–Teniendo en cuenta que usted estuvo en Buenos Aires durante los episodios de las tomas de distintos predios, ¿cuál es su evaluación sobre cómo se dio este proceso?

–Yo no sé si en este caso la democracia es lo decisivo. Aparece el fenómeno. En el caso de cualquier gobierno, las estrategias son las mismas. Un gobierno democrático tiene que preocuparse de las elecciones y quizás algunos de los disturbios son promovidos pensando en las elecciones. Sin embargo, ¿qué hacer? ¿Conceder y reprimir? ¿Reprimir y conceder? Creo que es una respuesta general, no depende de que el gobierno sea o no democrático. En China, se estima que hay entre 4000 y 5000 disturbios públicos por año, y los chinos no tienen un método y una institución para resolver estos asuntos, deben resolver uno por uno. En algunos casos, conceden y nada más. En otros casos, reprimen y nada más. Sin embargo, tienen que manejarlo caso por caso. Por eso yo creo que el gobierno chino está caminando sobre una piedra minada, que un día va a estallar. Tienen suerte de que el país es grande y estos disturbios son bastante aislados. Sin embargo, si un día se arma una ola, van a tener problemas. Pero estos problemas no tienen una receta general.

–Y en el caso de Buenos Aires, ¿cómo evaluó el manejo que las autoridades hicieron de las tomas, teniendo en cuenta que había diferencias entre el gobierno nacional y el porteño, respecto de cómo resolver esta cuestión?

–A mí me impresionó que, al final, en el caso de estas tomas, el gobierno nacional, es decir, la presidenta (Cristina Fernández) lo manejó bastante bien. Yo detecto un idioma muy machista en algunos análisis y comentarios políticos. Y me impresionó que ella no entró en la trampa.

–¿Cuál trampa?

–En el sentido de pensar: yo soy mujer, me acusan de débil, entonces voy a entrar y pegar con todo. No hizo eso. Lo manejó pacientemente.

–Y además, puso a una mujer en el Ministerio de Seguridad.

–Exactamente. Eso me impresionó.

–Las políticas de estabilización restrictivas y regresivas que se están implementando en algunos países de Europa, en el marco de la crisis mundial, ¿cree que afectan en algún grado a las democracias?

–No. Yo creía hace unos años y sigo creyendo –aunque debo advertir que algunos colegas no piensan igual– que esta crisis va a aumentar la intensidad de los conflictos y que, en realidad, por primera vez en 30 años, ahora se están dando conflictos de clases en Europa. Creo que la dimensión principal que tienen estos conflictos es que son de clase, son conflictos distributivos y de clase, como los que se daban en los años ‘20 y comienzos de los ‘30. Sin embargo, no me imagino que esto incida sobre la dimensión democrática. No me imagino. Yo creo que en Europa, la democracia es como la naturaleza. No es algo que se pueda cuestionar o pensar en alternativas. Es algo de facto. Está ahí.

–¿Pero es una democracia con qué características? Si esta crisis hace aflorar conflictos de clase que remiten a cien años atrás, ¿se puede hablar de una democracia que ha madurado?

–Esto no sólo lo creo sino que lo sé, porque tengo datos sistemáticos: lo que cambió en los últimos cuarenta años es que los gobiernos pierden elecciones. Antes era muy raro que los gobiernos perdieran elecciones. Viene un gobierno y después otro de distinto signo político. En algún sentido, esto hace que la gente siga creyendo que la democracia es un mecanismo que permite controlar (a los gobiernos). Muchas veces se decepcionan, se desencantan. Sin embargo, siguen creyendo. Votan a un gobierno en el que creen, aparece el desencanto, votan al partido contrario. Es una muestra de que la alternancia en el gobierno es mucho más intensa de lo que era hace cincuenta años. Esto es un cambio, es una madurez de la democracia. Porque nadie piensa que el cambio de gobierno es algo peligroso. Todo el mundo piensa que es natural. Es el instrumento democrático que tenemos.

–Usted menciona en uno de sus trabajos que las prescripciones neoliberales de los años ‘90 debilitaron las democracias en América latina. ¿Cree que hubo algún grado de madurez en estas democracias, a partir de la recuperación de las distintas crisis que estallaron en la región?

–América latina es difícil de analizar. Creo que en Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, las instituciones democráticas funcionan tan bien como pueden funcionar. Pienso que funcionan mejor que en Estados Unidos, pero también, que funcionan mejor que en varios países europeos. El hecho de que Luiz Inácio Lula de Silva haya podido ganar elecciones en Brasil demuestra que las instituciones democráticas son fuertísimas. Ahora, en Brasil hay movimientitos feos, fascistas. Sin embargo, eso era impensable. O pensar que Michelle Bachelet haya podido ser presidenta en Chile... con los antecedentes de ese país, no de clase sino de represión y de idiosincrasia. Esto indica que estas democracias funcionan.

–¿Y el caso argentino, cómo lo ve?

–Aun con la crisis que hubo en Argentina en el 2001, que fue una crisis profunda a nivel económico, social y político, donde hubo cinco o seis presidentes en cuestión de días, sin embargo todos fueron seleccionados obedeciendo a las reglas institucionales. Nunca se agotó la institucionalidad. Y eso para mí es una demostración de que la democracia funciona. Respecto de la administración de las elecciones, creo que en Brasil o Chile el sistema funciona mucho mejor que en los Estados Unidos.

–Si seguimos en el orden de “lo impensable” en países de América latina, como usted ejemplificó, tal vez era más impensable que un señor como Evo Morales lograra ser presidente en un país como Bolivia, donde antes había funcionarios que, por caso, hablaban en inglés.

–También.

–¿Eso para usted entra dentro del orden de lo democrático? Porque no lo nombró junto con los otros casos de países democráticos de América latina.

–Sí. Claramente. La elección de Evo Morales es una revolución democrática. Es un sistema fuerte. Claramente es conflictivo, varias veces ha llegado al punto de estallar. Y, de hecho, estallaron conflictos violentos, con los movimientos secesionistas. Y con todo, es un sistema que funciona.

–¿Hasta qué punto es posible lograr una distribución más progresiva y equitativa, una mayor igualdad socioeconómica y un mayor sentido de participación democrática mediante los mecanismos institucionales-representativos? ¿O es necesario recurrir a acciones más radicales?

–Creo que en el caso boliviano, la entrada de las organizaciones indígenas en la escena política fue un hecho revolucionario, y varias de las reformas que implementaron tienen un impacto sobre la distribución económica y el status social. ¿Pero cuánta igualdad esto ha producido? En ese punto soy más escéptico. Si Bolivia llega a parecerse a la Argentina, será mucho. Gente pobre, sin recursos, sin poder acercarse a actividades productivas que generen ingresos decentes. Es algo difícil, porque son muchos años.. 

Por Natalia Aruguete
Publicado enInternacional
Londa Schiebinger (Nebraska, 1952) es asesora de la ONU y de la Comisión Europea para asuntos de ciencia y mujer. La semana pasada estuvo en Madrid invitada por el Festival Ellas Crean.

¿Qué presencia tienela mujer en la ciencia?

Se debería incrementar el número, tanto en la ciencia como en la ingeniería.

¿Por qué hay tan pocas?

Es complicado saberlo. Por un lado, debemos ver cuántas mujeres hay en la ciencia y quiénes son. También debemos analizar a qué tipo de problemas hacen frente las féminas en las instituciones donde se hace investigación. Y hay un tercer tipo de análisis, para comprender cómo el género influye en el conocimiento científico. No sólo hablamos de mujeres, también de qué deben hacer las instituciones.

¿Y qué deben hacer?

En Estados Unidos, el Gobierno trabaja duro para transformar las instituciones. Por ejemplo, un estudio puso de manifiesto que entre dos currículum idénticos, uno con un nombre masculino y el otro con uno femenino, el elegido para cubrir un puesto era el del hombre. Estudios como este son muy importantes para detectar la discriminación en las instituciones. Para que haya más mujeres en la ciencia se necesita cambiar las instituciones y enseñar a hombres y mujeres cómo investigar sobre género. En este sentido, la recién aprobada Ley de la Ciencia española es un modelo a seguir. Si se cumple, España irá por delante del resto de países del mundo.

¿Cree que son necesarias las cuotas?

En Europa, las cuotas funcionan, por tanto, creo que deben continuar aplicándose. En cambio, en EEUU no tenemos cuotas pero se insta a la sociedad a que contrate a mujeres. Esto ha hecho que en EEUU todo el mundo quiera contratar a mujeres científicas. Incluso existe una especie de competición entre las universidades por ver en cuál hay más presencia femenina.

Las cuotas son criticadas por parte de la sociedad al considerar que si la mujer es válida debe acceder a un trabajo sin ayuda...

Es absurdo. Nunca se contrata a alguien que no está cualificado. Y las mujeres lo están. Esas personas críticas asumen que las mujeres no están cualificadas. Un famoso estudio sueco muestra que las mujeres necesitaban 2,5 más publicaciones que los hombres para ser consideradas iguales. El caso de Marie Curie es ejemplo de ello. Es la primera persona que ganó dos premios Nobel, en Química y en Física, pero nunca fue admitida en la Academia francesa de la Ciencia.

¿Se ha adaptado el discurso feminista a los avances de los últimos años?

Por supuesto. Ya no se reclama el derecho de una mujer a abrir una cuenta bancaria, por ejemplo. En mi campo, ya no se trata sólo de ser iguales, sino de mejorar la ciencia. Por ejemplo, sabemos que muchos medicamentos a menudo no hacen efecto a las mujeres. Y esto se da porque los fármacos se crean en ratones masculinos y se testan sobre todo en hombres. Si la investigación médica se hiciera correctamente, habría fármacos mejores para todo el mundo.

¿Realmente son tan diferentes el cerebro femenino y el masculino?

Los neurólogos hablan ahora de la neoplasticidad del cerebro, de cómo el entorno le da forma. Hombres y mujeres tienen diferentes experiencias en la sociedad y, por tanto, tienen cerebros diferentes. Observado con máquinas de resonancia magnética, la imagen del cerebro no es relevante, por tanto los estudios que se hagan en este sentido no son relevantes.

Por VANESSA PI MADRID 28/03/2011 08:00
Publicado enInternacional