Más allá de la propaganda diaria, los datos son elocuentes: la economía colombiana no copa las expectativas proyectadas desde el alto Gobierno.

Por si hay duda, los datos son elocuentes: el 2012 terminó con una fuerte desaceleración. En su segundo semestre el crecimiento económico terminó con una cifra inferior a la esperada, y con tendencias que no dejan de ser preocupantes sobre lo que podría ser su desempeño para el 2013, en un entorno que muestra signos, en lo nacional e internacional, de incertidumbre e inestabilidad.

En el ámbito internacional no se advierten signos claros de llegar a una recuperación sostenida de la crisis de los países de Europa y los EEUU, a los que sin duda se encuentra atado nuestro dinamismo y crecimiento económico, así por parte de algunos sectores se afirme que frente a ella estamos blindados.

En el ámbito interno, el crecimiento del tercer trimestre del 2012 presentó una contracción del 0,7 por ciento con respecto al trimestre inmediatamente anterior, y un incremento de tan solo el 2,1 por ciento, contra el 7,5 por ciento obtenido en el mismo periodo del 2011. El crecimiento total acumulado al mes de septiembre fue del 3,9 por ciento, cifra que se espera se mantenga al final del año, contra un pronóstico inicial de alrededor del 5 por ciento que fue el pronosticado (1).

Pero más sintomático es el hecho de que los indicadores al mes de septiembre reafirman la tendencia de los últimos años, de una economía cuyo crecimiento sigue sostenido sobre el protagonismo del sector minero, cuyos efectos adversos sobre los otros sectores son de sobra conocidos, como consecuencia de la presión revaluacionista que el mayor ingreso de divisas produce sobre la tasa de cambio: la conocida Enfermedad Holandesa. (Ver Bernardo García, p. 10).

En efecto, mientras que al mes de septiembre de 2012 el crecimiento del sector minero fue de 7,2 por ciento, el sector agropecuario lo hizo a una tasa de apenas el 2,1 por ciento, la construcción al 0,6 por ciento y la industria manufacturera decreció en -0,1 por ciento. Datos elocuentes, aún si se tiene en cuenta que los últimos de estos sectores son los que por décadas han tenido el mayor potencial generador de empleo, contra un escaso y casi nulo del sector minero y de hidrocarburos.

De mantenerse este perfil productivo, la economía estará cada vez más lejos de alcanzar la meta de superación de las elevadas cifras de desempleo estructural, que aún se conservan alrededor del 10 por ciento; pues si bien el 2012 dejó ver al respecto una leve reducción, 1,6 puntos entre noviembre del 2011 y del 2012, el resultado se desdibuja por la presión hacia arriba de las tasas de informalidad, que ya bordean el 65 o 70 por ciento del total del empleo generado en la economía.

Economía prospera y boyante, una de las más importantes de América Latina, dice el Gobierno. Pero todo indica que su confianza será efímera, pues de mantenerse el ritmo que traen las cifras, las perspectivas para el 2013 no pueden ser las más optimistas, cuando se augura un crecimiento que en el mejor de los casos no irá más allá de 3,5 por ciento o 4 por ciento; es decir, con una economía en la que seguirá aplazada la posibilidad de lograr no sólo índices más elevados y sostenidos de crecimiento, sino también de una mejora en la cantidad y la calidad del empleo, y en general de las condiciones de vida en especial de las personas de más bajos ingresos.

Más para los ricos

Lo anterior pese a que fue precisamente con la idea de superar estas situaciones que el año cerró con la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Una reforma en la que el empeño del Gobierno estuvo dirigido a reducir la carga tributaria de las grandes empresas, justamente con el ya mítico argumento de que es la manera de estimular la generación y formalización del empleo, además de lograr que la sociedad avance hacia mayores condiciones de equidad.

Lo cierto es que el texto finalmente aprobado estuvo lejos de cumplir con el requisito de progresividad que demanda el actual sistema de tributación para el logro de mayor equidad en Colombia, y tampoco son convincentes los argumentos sobre los que se soporta la idea de que se avanzará hacia una mayor y mejor calidad del empleo.

En el primer caso, porque lo que se hizo fue acordar una serie de medidas que terminaron aumentando las ventajas de los grandes capitales y los sectores de más altos ingresos, a quienes no sólo se les mantuvo los regímenes de excepción sino que se les otorgaron beneficios adicionales. En el segundo, porque no es del todo cierto el argumento de que una mejora en la cantidad y la calidad del empleo dependa estrictamente de las condiciones de la oferta, en este caso de los costos de la mano de obra, sino de la configuración de un perfil productivo que promueva y estimule efectivamente el crecimiento de la demanda agregada en la economía.

Se estableció, así, una reducción del impuesto de renta del 33 al 25 por ciento para las personas jurídicas, y una disminución del 13,5 de los costos de los parafiscales, que pasaron del 29,5 al 16 por ciento. Se redujo asimismo el impuesto a las ganancias ocasionales, en especial los que se refieren a herencias y donaciones, y a la venta de activos poseídos por más de dos años. Estos últimos fueron disminuidos del 30 por ciento al 10 por ciento en el caso de venta de sociedades y del 10 por ciento en el caso de venta de activos. Gabelas para los más pudientes, que son los que al fin y al cabo incurren en este tipo de transacciones.

No se tuvo en cuenta en cambio las modificaciones que se requiere hacer al pago del impuesto predial, uno de los más regresivos y en donde se protege particularmente a los grandes propietarios, muchos de ellos de tierras improductivas, con todo lo que implica como freno al desarrollo rural o la concentración del suelo urbano. No hubo tampoco modificación sobre el elevado valor de pensiones de que goza un pequeño grupo de privilegiados, las cuales se mantuvieron exentas, lo que significa que serán ellos los que continuarán apropiándose de la mayor porción de los recursos que por este rubro se causan al Estado.

En el caso de la reducción de los parafiscales como alternativa para la generación y formalización del empleo, lo que seguro harán los empleadores será aprovechar los nuevos diferenciales a favor para incrementar aún más sus márgenes de ganancia. Por demás, porque así sea menor el costo que les corresponde asumir, continuarán considerándolo como una carga onerosa para sus empresas, y porque no hay tampoco imperativos que les exija compensar las atenciones que a través de la reforma les ha hecho el Estado.

Pero lo más probable es que en el mediano o corto plazo el Estado tendrá que afrontar los costos de la reforma, en particular por cuenta de la disminución de los parafiscales, lo que afectará los ingresos con que hasta el 2012 se financiaba el Sena, el Icbf y se aportaban recursos para la salud. No menos por la reducción del impuesto a la renta, que pesará seguramente sobre otros gastos del Estado y que, como suele suceder en el marco de las medidas neoliberales que han orientado las reformas de los últimos años, terminará afectando, de manera especial, los gastos sociales.

Lo anterior, aun con el supuesto de que dichos costos serán nivelados con los nuevos impuestos incluidos en la reforma, como el de la Contribución de Renta Empresarial para la equidad CREE, que tendrá un monto que equivale al 8 por ciento del valor final de las utilidades obtenidas por las empresas, que en teoría compensa los ocho puntos menos que se dejan de cobrar por concepto del impuesto a la renta.

Lo que no se advierte es que, al estar atados a las utilidades, la certeza sobre la obtención de estos recursos deja un elevado grado de incertidumbre: ¿qué pasa si en condiciones adversas como las que se presagian las empresas no llegan a reportar utilidades, o al menos no dentro de los márgenes esperados por el gobierno? ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Qué efectos se espera sobre el tan buscado equilibrio fiscal? y, para ello, al final, ¿quién pagará los platos rotos?

Otro elemento que contradice el espíritu de la reforma fue la creación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional IMAN, que a partir de un valor base gravará la renta de personas naturales, con montos entre el 5 y el 16 por ciento, de acuerdo con el valor de sus ingresos. Aunque se asigna a éste cierto tono de progresividad, lo cierto es que aumentó sobre todo los gravámenes para los asalariados de sectores medios, carga impositiva que al final terminará reflejándose en una mayor contracción de la demanda, y que en términos de progresividad es contrasentido cuando al mismo tiempo se desmontaron gravámenes a los sectores de más altos ingresos.

No queda duda, entonces, como siempre, el gobierno de turno favorece a los más ricos. De manera que, ni mayor equidad ni opciones todavía claras de más y mejor calidad del empleo para este y los próximos años.

La ruta

No, si no se asume que lo que se requiere es, por un lado, decisiones políticas sobre reformas que lleven, en verdad, a revisar las condiciones de inequidad que siguen pesando sobre la sociedad colombiana: alta concentración de la propiedad de la tierra, subutilización o uso inadecuado de la misma; persistencia de estructuras tributarias regresivas, bajos niveles de remuneración para los sectores asalariados, etcétera; que se reflejan, sin duda, en el desempeño y el balance de su desenvolvimiento económico.

Por otro, medidas encaminadas a diversificar la base productiva nacional, que promuevan el desarrollo de la industria manufacturera y de sectores como el de la construcción, infraestructura, agrícola y pecuario; que lleven a reversar el proceso de reprimarización en que ha estado sumida la economía en lo últimos años, debido al protagonismo del sector minero, con las consecuencias adversas ya referidas.

Respecto de esto último, es urgente la revisión y reorientación al destino de la inversión extranjera, de manera que no continúe esterilizando el crecimiento económico y llevando a la parálisis de los sectores en los que se suele tener las mayores expectativas de crecimiento sostenido y con mayor potencial generador de empleo.

Hay que dar este giro. El país no puede seguir anclado a la dependencia de sus recursos naturales cuyos efectos, además, sobre el sistema medioambiental y las dinámicas sociales de las regiones, en las que predominan, han sido igualmente inconvenientes.

Si el dogma neoliberal es el que sigue deambulando sobre las cabezas de nuestros rectores de política económica: libre mercado, apertura indiscriminada, bajos salarios, recorte del gasto social del Estado, preeminencia de los intereses del sector privado, ojalá extranjero, etcétera, las perspectivas de mejoramiento seguirán siendo inciertas y la idea de una sociedad más justa, equitativa y en paz serán otra quimera.

* Orlando Ortíz Medina es economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado durante varios años en proyectos de Derechos Humanos y como consultor independiente en diferentes áreas de investigación, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos con comunidades urbanas y rurales de diferentes regiones del país.

1 http://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2013/indicadores_coyunturales_ene5_2013.pdf

El Banco Central Europeo toma a diario decisiones que afectan la vida de grandes sectores de la población.

En el Consejo Directivo del Banco, no hay ninguna mujer. Se abrió una vacante en el directorio y el candidato presentado es un hombre de línea dura. Se informó que no se había encontrado una mujer apropiada.

Viviane Reding, vicepresidenta de la Unión Europea, presentó la propuesta de que se obligara a las grandes empresas europeas a romper la discriminación de género en sus consejos directivos y tener un 40 por ciento de ejecutivos mujeres. Los lobbies empresariales fueron mucho más fuertes y la propuesta fue desechada. Exigió un debate público abierto. Señaló que “las mujeres han esperado algo más de 100 años. Ahora ya no pasa de semanas”.

Será más difícil. A pesar de sus logros educativos, que han llevado a más mujeres con grados universitarios que hombres en diversos países, las mujeres son menos del 14 por ciento de los ejecutivos en Europa y menos del 8 en América latina.

Es sólo la punta del iceberg de la discriminación. Si bien las mujeres han ingresado masivamente al mercado de trabajo ganan considerablemente menos que los hombres. En EE.UU., en el segundo semestre de 2012, las mujeres entre 35 y 44 años ganaban el 79 por ciento de lo que percibían los hombres, entre las de 45 a 54 años era el 73 por ciento.

En Gran Bretaña, la Corte Suprema en un fallo histórico (25/10/12) condenó a la ciudad de Birmingham, la segunda del país, por no pagar a humildes trabajadoras los suplementos que pagaban a los hombres, que duplicaban su ingreso.

En España las mujeres ganan 22 por ciento menos que los hombres por igual trabajo. Las políticas de austeridad están deteriorando severamente su situación. En el ranking 2012 de igualdad de género del Foro Económico Mundial cayó del puesto 12 al 26.

En “participación económica y oportunidad”, entre 135 países España está en el puesto 75, y descendiendo. Inciden los agudos recortes en educación y salud y las severísimas reducciones en conquistas de muchos años, como el apoyo estatal para el cuidado de ancianos y la extensión de la licencia paterna en los nacimientos.

En América latina, con avances, los datos de la respetada ONG internacional PLAN (2012) muestran que 104 millones de niñas están rezagadas en su escolaridad. Diferentes barreras les impiden alcanzar nueve años de escolaridad, entre ellas la desnutrición, el embarazo adolescente y que no las inscriban en la escuela para que ayuden en el hogar o trabajen.

PLAN retrata que “muchas niñas se levantan a las cuatro de la mañana, lavan la ropa, hacen la comida y después van a la escuela, de la que regresan a trabajar de nuevo en el hogar”. Como no tienen tiempo para hacer los deberes, ni estudiar, terminan rezagándose y desertando.

A ello se agrega “la violencia que las niñas enfrentan en la calle, en la escuela, a través de hostigamiento e incluso abuso sexual”. Por otra parte, en la escuela misma se sigue transmitiendo “estereotipos sexuales machistas” a través de la currícula y de mensajes subyacentes.

México ilustra la situación que enfrenta la mujer en muchos países de la región. Las mujeres laboran muchas más horas que los hombres, sumando trabajo y hogar. En total, en 2010, 2344 millones de horas ante 1859 millones de horas de los hombres.

Las tareas de las mujeres en el hogar, cuidado de la educación de los niños, atención a los mayores, preparación de alimentos, compras y administración del hogar, entre otras, son esenciales para la sociedad. Realizan en México el 80 por ciento de estas tareas.

Este esfuerzo no tiene ninguna remuneración, ni siquiera figura en las cuentas nacionales. En México significaba, en 2006, el 21 por ciento del Producto Bruto Nacional y en 2010 había subido al 21,9. Superaba a la industria, que aportaba el 17,2 por ciento del PBI y al comercio, que generaba el 15,7. El trabajo de las mujeres mexicanas en el hogar era 1,8 veces el producto bruto total de Finlandia y casi lo mismo que el de Suiza.

La situación diaria es muy tensa para muchas mujeres en México y América latina. Se han integrado al mercado laboral y deben luchar duramente ante la discriminación de género para poder avanzar. Al mismo tiempo, los trabajos del hogar están a su cargo. Es una doble jornada de trabajo interminable.

Encima, sus tareas en el hogar no tienen reconocimiento alguno. Son como “si no hicieran nada”.

Son las primeras afectadas por las políticas de austeridad salvaje. Al reducir servicios básicos del Estado, se está delegando en ellas, sin apoyo, el problema de asegurar alimentación, educación, salud. En América latina, la Cepal estimó que sin el sacrifico personal inmenso de las mujeres pobres solas jefas de hogar, en los años de la hegemonía neoliberal la tasa de pobreza hubiera sido 10 por ciento mayor.

A las severas discriminaciones laborales contra la mujer se suman entre otras la discriminación en la política, su conversión en objeto sexual por espacios masivos de televisión y otras extremas, como la violencia, el femicidio, la lenidad de la Justicia ante los agresores. También sigue la impunidad en lugares de asesinatos continuos de mujeres como Ciudad Juárez, Guatemala y otros.

Se puede hacer diferente. Claro que sí. En la tabla del Foro Económico Mundial figuran a la cabeza Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Señala el informe que los países nórdicos han logrado la combinación ideal con uno de los mayores porcentajes de participación de la mujer en la fuerza laboral, las menores diferencias salariales entre sexos y las oportunidades de liderazgo para las mujeres en las áreas pública y privada.

Ello tiene que ver con su modelo enconómico global, orientado a la igualdad. El ranking lo cierran países como Irán, Siria, Arabia Saudita y Pakistán.

No son de sorprender los avances de la Argentina actual en la tabla. Es el cuarto país de la región en estar cerrando la brecha de género, después de Barbados, Costa Rica y Bolivia.

En un mundo donde los 200 billonarios mayores siguen aumentando la diferencia –y según la lista Bloomberg (29/10/12) tienen ahora un patrimonio igual al del producto bruto de Francia, la quinta economía del planeta–, la lucha por la igualdad de la mujer es parte central de la pelea contra la desigualdad.

Asimismo está en juego en reintegrarle sus derechos violados, una y otra vez, la dignidad de toda la especie humana.

Por Bernardo Kliksberg. Está en prensa el nuevo libro del autor: Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad.

Curas y obispos ecuatorianos se echaron las manos a la cabeza cuando se enteraron de la existencia de un proyecto de ley que rechazaba la injerencia de la iglesia en la esfera pública y abogaba por la neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas. Lo había escrito Pablo Villagómez Reinel, subsecretario del Ministerio de Exteriores de Ecuador, pero no como una propuesta en firme de su Gobierno, sino a título personal.
 

Era, en realidad, un ensayo sin carácter oficial, pero su difusión a través de Internet generó una fuerte polémica y lo puso en la picota. "Siempre me interesaron los temas religiosos, el libertinismo erudito y el pensamiento radical e ilustrado", explica el asesor del ministro del ramo, Ricardo Patiño. "Por eso decidí recoger los principios laicos en un documento con forma de ley", añade Villagómez, cuyo trabajo fue tildado por la jerarquía católica de su país de "totalitario y estatista".
 

¿Por qué ha sido tan polémica su Ley Orgánica de Profesión Religiosa y de la Ética Laica? ¿Qué propone en el texto?

Es un trabajo académico sobre el laicismo y el Estado laico elaborado en un formato de ley. Me planteo cómo sería una ley laica si llegara a existir. En resumen, recoge los principios y los postulados del laicismo en un articulado que pretende darle toda su dimensión a lo que tendría que ser un Estado laico.
 

¿Cuál es el estado de salud del catolicismo en Ecuador? ¿Qué peso tienen otras manifestaciones religiosas?

Ecuador es un país supuestamente de mayoría católica, aunque –según algunos informes y cifras imparciales– sólo un 35% de la población practicaría realmente el catolicismo. Por otra parte, han penetrado las iglesias evangélicas, que tienen elevado número de feligreses. En todo caso, es un poco difícil establecer con certeza absoluta el porcentaje de católicos.
 

Practicantes...

Se definen así por tradición y costumbre, más que por una práctica religiosa.
 

¿Han logrado implantarse sectas y ultras católicos?

Sí, está presente el Opus Dei y otras religiones de cuño norteamericano, como mormones, anglicanos, pentecostales y santos de los últimos días.
 

¿Ocupa el Opus Dei espacios de poder político y económico?

Como en todas partes, sí. El estrato de la gente que pertenece a ese tipo de congregaciones religiosas proviene de sectores económicamente acomodados.
 

¿Definiría a Ecuador como tradicional, conservador y católico?

Lo interesante es que también se ha producido el desarrollo de la iglesia social, representada por elementos eclesiásticos que han tenido una actitud progresista y han contribuido a llevar a cabo proyectos de carácter social, especialmente en zonas deprimidas. Hay una divisoria entre la iglesia católica tradicional jerárquica y la iglesia de bases.
 

¿Considera su documento rompedor en el contexto ecuatoriano?

Sí, porque al proponer el Estado laico como alternativa y buscar que ninguna entidad religiosa tenga privilegios, lógicamente significa una ruptura respecto a lo que existe y se acepta oficialmente o como algo natural. El laicismo propone una serie de principios fundamentales que separan a la iglesia del Estado y a la religión de la esfera pública.
 

¿Ve viable un Estado laico en Ecuador?

Es una utopía, no sólo en Ecuador sino en otros países del mundo, incluidos algunos europeos, como España. Lo que debe prevalecer en la vida social es el concepto de ciudadano, más que el concepto de creyente. Éste, por la propia naturaleza del derecho de profesión religiosa, ejerce ese derecho de una manera privada, personal e íntima. Mientras, el ciudadano ejerce sus derechos objetivos de una manera pública y política. El ciudadano es un ser político y el creyente, simplemente, es una persona que tiene unas creencias religiosas que no necesitan politizarse o hacerse públicas para que existan.
 

El cardenal Antonio Arregui y otros jerarcas de la iglesia católica ecuatoriana se han manifestado en contra de su documento. ¿Qué le parece su reacción?

Criticaron mi propuesta, pero sin mayores fundamentos y movidos por el temor de que ciertos derechos y libertades de las entidades religiosas pudieran ser suprimidos si una ley de esa naturaleza llegara en algún momento a ponerse en vigor.
 

"Las creencias religiosas no necesitan politizarse"

En Suramérica, incluso algunos gobiernos progresistas y de izquierdas son afines a la iglesia católica o se declaran católicos porque romper con esa tradición significaría alejarse de los potenciales votantes, ¿no?
 

Sí, claro.

¿Sucede esto en Ecuador? ¿Cree que sería demasiado arriesgado, desde un punto de vista electoral, desmarcarse del catolicismo?

Es probable, pero en algún momento hay que dar el paso de construir ciudadanía, aunque eso signifique un riesgo o desafío político. Las sociedades modernas necesitan respuestas diferentes a sus problemas humanos, sociales y económicos. Sin duda alguna, para ello es necesario una visión distinta del fenómeno religioso, que responda a la realidad actual. El hombre contemporáneo pasa por una visión diferente de la religiosidad.
 

¿Qué poder tiene actualmente en Ecuador y Suramérica la iglesia católica?

Forma parte de las estructuras de poder. Es un poder fáctico que tiene incidencia en la vida civil, especialmente en los creyentes, que confían a esta institución muchos aspectos de su vida, incluida la privada. La Iglesia posee una dosis de poder importante.
 

¿Hay movimientos laicos en Ecuador con peso o están comenzando?

A finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo un gran movimiento revolucionario radical desde el liberalismo ilustrado que significó la primera ruptura con la iglesia católica. Esta firmó en 1862 un concordato muy conservador que había absorbido casi por completo las instituciones republicanas y tenía una preminencia total en la vida social, por lo que la revolución puso las bases de lo que es el laicismo ecuatoriano. Ha habido pensadores laicos muy interesantes que han escrito y trabajado durante todo el siglo XX. Ecuador es un país con alguna tradición laica y que se asume como laico, aunque no sé perfectamente qué sentidos y significados concretos tiene ese laicismo.


Por HENRIQUE MARIÑO (@solucionsalina)Madrid07/04/2012 00:30 Actualizado: 07/04/2012