Sábado, 25 Marzo 2017 12:05

¿Dónde está la izquierda?

En la realidad colombiana, los datos y los hechos son muy fuertes y pasan sin la debida respuesta: la riqueza no deja de concentrarse cada vez en menos manos. La desigualdad social gana en proporción continua, con casos de hambre y desatención social alarmantes, en los cuales los niños y niñas llevan las peores consecuencias (ver, Motavita me mira, página 8). Hay un sistema de salud cuya desatención es la nota cotidiana (ver, página 5), o con un acceso a la educación superior que es un privilegio que recae muchas veces en la capacidad de endeudamiento del educando. Estamos bajo un modelo económico en cuya aplicación, la megaminería (ver, Pueblo Barí, pág. 18) tiene estudiado y cuadriculado el país por todas y cada una de sus regiones, explotando o aspirando a proceder en su afán de riqueza, sobre áreas de reserva natural, en zonas colindantes con cabeceras municipales o en áreas de nacimiento de agua de la cual resultan surtidas diversidad de poblaciones. País entonces, de contrastes y creciente desigualdad.

 

País donde quienes definen el modelo económico, persisten con un sistema que descarga el peso de sus medidas en el consumo diario (IVA), en vez de aplicar la máxima de quien más tiene más paga. Sistema político y modelo económico, donde aún hay funcionarios que creen y defienden que es posible vivir con un dólar diario, y donde las ciudades las siguen diseñando, pensando en los carros –en realidad, en la facilidad y velocidad para el transporte de mercancías y por su conducto, para la rotación del capital–, por lo cual requieren que los más pobres continúen desplazándose hacia unas periferias cada vez más alejadas.

 

Modelo social en cuya aplicación es el mismo Estado el principal defensor de la informalidad laboral, y para el cual el propósito básico de su gestión es garantizar la estabilidad fiscal de su cartera, como condición para no atrasarse con el abono de la deuda pública y así, no perder la calificación que otorga la banca de inversión y ciertos organismos multilaterales. Modelo social en el cual trabajadores, como las madres comunitarias, pese al fallo de los jueces son violentadas e irrespetadas en sus derechos (ver “Las madres comunitarias y la dictadura de la regla fiscal”, desdeabajo No. 232, febrero de 2017).

 

Modelo económico y político, y de control social, en el que a pesar del Acuerdo con las Farc, y de los diálogos con el Eln, prosiguen los asesinatos de los líderes sociales, lo cual denota que está en juego la aplicación de un modelo territorial aún más excluyente, en cuya gestión y concreción sus defensores no admiten ni admitirán resistencia u oposición alguna.

 

Modelo social con claros signos autoritarios, cuyos piñones económico, político, territorial, militar, propagandístico están ahí, funcionan y afectan a las mayorías de quienes habitamos en este país. Por tanto, cada uno podrá decir cómo lo afecta y que desearía se aplicara para que no sucediera así. Al respecto, algunos hacen escuchar a diario sus voces de protesta e inconformidad contra esta realidad. Sin embargo, son voces difusas, atomizadas, sueltas. Voces que no alcanzan a conformar un grito sonoro, y mucho menos a desatar movilización y resistencia ciudadana con capacidad de levantar alternativas contra el orden imperante.

 

Voces sueltas, atomizadas. Resalta en esto, que la voz colectiva comúnmente denominada de izquierda tampoco está escuchándose. Tampoco logra que la sociedad identifique en sus propuestas una esperanza por la cual valga la pena batirse, en la condición de voces organizadas, con capacidad de sembrar futuro. Y no es casual que así suceda.

 

Hace pocas semanas, mientras en muchos espacios sociales la preocupación provenía de los efectos de la reforma tributaria y de las dificultades para sobrellevar la vida diaria en buenas condiciones, el afán en el Polo Democrático Alternativo descansaba en una lucha intestina acerca de quién lideraría en el 2018 la campaña electoral por la Presidencia. Asimismo, mientras el débil y despolitizado gremio de las madres comunitarias salía a reclamarle al Estado el cumplimiento con sus derechos ratificados por los jueces, acompañadas de manera tenue por el sindicalismo, lo que resaltó fu la apatía de quienes hablan en nombre de las mayorías.

 

Una ausencia activa hasta tal punto, que resulta desapercibida, sin gravedad alguna, la consumada violación de los derechos fundamentales de esta parte de nuestra población dedicada a la niñez. Los ejemplos podrían seguir como lista de mercado. Triste, sobresale la fractura entre quienes levantan las banderas del cambio y la realidad que sobrelleva y aflige a las mayorías nacionales. Un saldo en el presente, ¿qué compromete mal las banderas para el futuro próximo o más lejano? Saltan por tanto las preguntas: ¿Construye la izquierda esperanza y fuerza moral movilizadora entre quienes habitan Colombia? ¿Logra convertirse esta franja política nacional en referencia de vida para el conjunto nacional?

 

¿Qué hace la que debiera ser alternativa de presente y futuro ante la apatía que reina en el país?, ¿qué ante la atomización social?, ¿qué ante el estupor municipal alimentado por el curso al que está sometido su medio ambiente? Y qué ante los efectos de la política económica y la gobernanza, del crimen organizado con aliento de Estado. Ante el subempleo y la precariedad laboral que afecta a millones. Frente al hacinado, contaminante y mal servicio del transporte público, la carestía de la vida diaria y la inhumana aglomeración en calabozos y patios de un sistema carcelario que los jueces han llamado a cerrar por inhumano.

 

Todo un sinfín de circunstancias que indica a todas luces, que una cosa piensa la izquierda –que debería ser el referente fundamental de un futuro inmediato, humano, por venir y de otra democracia por conquistar en Colombia– y otra diferente piensa, domina entre el margen genérico que denominamos país. Por supuesto, con un resultado de atomización social e incredibilidad en alternativas políticas tradicionales, que no le favorecen.

 

Realidad difícil de transformar pues la izquierda persiste, cualquiera sea su matiz o matriz, en viejos modelos de organización, comunicación, de relacionamiento social, que no responden a la realidad global y local que tenemos. De este modo, persiste en su afán de imponerle a sus compañeros de sueños, la vanidad de una hegemonía particular y la visión y el modelo de país que cada corriente porta y defiende. Un viejo proceder de izquierda, que no logra equilibrar sus miradas y acciones de presente con las de futuro.

 

Un comportamiento que no acompasa los niveles de descontento y resistencia cotidiana –que debieran tomar forma cada día–, con la denuncia de las arbitrariedades oficiales, con la siembra de la solidaridad entre todos y cada una de las clases y sectores sociales que integran el país, y con el enraizamiento simbólico y cultural de otra sociedad por construir. Una acción y un proceder en el cual el Estado podría ser objetivo y motivo de resistencia, sin convertirse en referente del ideal institucional necesario de dominar para construir vida digna.

 

Si la izquierda ganara corazones, asegurara territorios de influencia y ascendiera en esta superación cultural, la acción electoral con resultados nimios, por ejemplo, dejaría de ser el motor principal de todo su proceder. Ocuparía con acierto su lugar modesto, reducida a una acción más. Encararla, bajo un pronóstico con el sustento de incrementar la ingobernabilidad, en tanto las mayorías sociales no confían en el método electoral, o en tanto las decisiones estructurales del Estado, que ahora dependen de otros procederes y otras instancias, algunas de ellas extraterritoriales; llegue a un techo insoportable en la opinión. En fin, cabe abrir el debate acerca de otros procederes, otros afanes diarios, otras prácticas y otros lenguajes.

 

En una situación de distanciamiento y “crisis orgánica” de su relación con las mayorías del país, para construir una referencia creciente y no marginal de mediano y largo plazo, la izquierda estaría obligada, por ejemplo, a construir unos mecanismos de vida y sobrevivencia diarios: como unas redes de solidaridad a todo nivel que de verdad aporten en la superación colectiva de los males y necesidades más notorios entre los marginados y excluidos. Poner en marcha iniciativas como las redes de producción, distribución y mercadeo, por medio de las cuales empiecen a germinar otras relaciones y modelos sociales, basados en valores diferentes al dinero y los patrones de consumo, mediante los cuales el trabajo obtenga el reconocimiento y valor que le corresponde. Impulsarlo en aliento de la sabiduría tradicional, para que obtenga el reconocimiento que merece. Hoy más vital que en otro tiempo, en la lucha contra la homogenización de prácticas y consumos, así como en la resolución de afanes en salud, convivencia, agricultura, alimentación, etcétera.

 

Un giro sustancial para avanzar en formas de liderazgo y reconocimiento real de la izquierda, que deberá darle paso a otras formas de relacionamiento social en perspectiva de ruptura y de dualidades de poder, para lo cual es necesario empezar a romper amarras con los hilos “invisibles” de la hegemonía del capital. Amarras que por momentos siembran pasividades y lagos de escepticismo político entre las mayorías, cuando de pensar se trata en la posibilidad que tiene la lucha contra el orden dominante. En este proceder, una primerísima acción por cumplir, es animar acciones y posturas de distancia y ruptura con el sistema financiero, el mismo que tiene a cada uno de nosotros subsumidos, como rueda suelta, en la solución de las necesidades de vivienda, salud, educación, alimentación. Cada uno sometido, por demás, al afán mensual de pagar intereses y abonar a las deudas, para lo cual estamos obligados en no pocas ocasiones a trabajar más de una jornada. Entonces, la atomización y el individualismo no es casual.

 

Romper con esta lógica de producción y reproducción, aunque parezca imposible, es el paso inicial para quebrar en el largo plazo el sistema dominante. Para sembrar, paso a paso, otra economía y otras relaciones sociales, todo lo cual puede hacerse sin dejar de luchar contra el establecimiento, y confrontarlo, en el día a día, izando las banderas del cambio del aquí y ahora, pero sin arriar ni dejar de abonar a las del mañana.

 

En esa ruptura y en ese cambio, otra medida indispensable para desarrollar, es la de poner a rodar una moneda o un medio de intercambio a través del cual fracturar el mercado capitalista y ahondar solidaridades sociales. Medida que al mismo tiempo y como uno de sus efectos le permita a la izquierda cimentar la necesaria dualidad de poderes, sin la cual difícilmente ganará en credibilidad entre todos aquellos a quienes pretende estimular para una lucha tan necesaria para vivir como el aire mismo.

 

Estamos viviendo tiempos de crisis y, por tanto, de cambio en todos los niveles. La necesaria transformación de la izquierda, de sus formas de acción y proceder, de sus lenguajes y símbolos, de sus tejidos y relacionamientos sociales, de su visión sobre el Estado y el poder, no puede quedar por fuera de esta realidad y oportunidad. No dejemos pasar el tiempo sin proceder y ahondar en crítica frente a la cotidianidad.

Publicado enEdición Nº233
Sábado, 25 Marzo 2017 09:34

Los forjadores de la ciudad

Los forjadores de la ciudad

Son las cinco de la mañana y el sol acaricia las cordilleras en el oriente bogotano; en medio del frío se alza una ciudad dando paso al rugir de motores y el golpeteo de las suelas contra el asfalto, ruido ascendente que nos indica que otro día ha comenzado, otro en el que las decenas, miles de trabajadores, se apoltronan en los paraderos esperando un medio de transporte que los lleve hasta sus lugares de trabajo, allí donde pasan la mayor parte de sus vidas, gastan sus mejores energías y donde proyectan o ven morir sus sueños.

 

Obreros, miles de miles, altos, bajos, flacos, macizos, gordos, negros, blancos, mestizos, mulatos; hombres y mujeres. Sus brazos y manos cargan, aprisionan, empujan, hunden, lanzan, extraen; sus piernas y cintura cargan, trasladan, soportan peso, jalan; sus cerebros diseñan, ilustran, enseñan, ordenan, obedecen; sus sentidos, todos concentrados en su labor diaria, permiten que cada obra avance o se retrase.

 

Precisamente son estos cuerpos, que muchas veces no detallamos cuando los cruzamos en una construcción, fábrica o taller cualquiera, los que han permitido el desarrollo que hoy tenemos en nuestra ciudad (sus edificios, calles, puentes, etc.), facilitando con todo ello la vida de millones de personas. Cuerpos obligados por el capital, más allá de sus motivaciones, al esfuerzo diario, monótono, labor necesaria para la sobrevivencia, en medio de la cual en muchas ocasiones quedan truncados sus sueños; trabajo para ver realizadas algunas motivaciones, pero también espacio donde toman forma muchos de los males que los acompañaran a lo largo de sus vidas.

 

El tiempo pasa. Medio día en la urbe, el sol se posa en la cima y despliega sus incesantes rayos sobre las calles, el ambiente se torna un poco pesado y mal oliente; los obreros se preparan para el tan anhelado descanso, momento de ruptura en su labor, pequeño instante de libertad que muchos aprovechan para realizar sus diligencias, alimentarse e incluso, como tiempo de esparcimiento e integración con sus compañeros de labor.

 

Acercando el lente

 

Tras una barrera, gris con una franja azul, ubicada en la carrera Séptima con la Avenida treinta y cuatro, se encuentra un grupo de obreros de la construcción, quienes con metal y concreto darán vida a una nueva edificación. Se escucha el golpetear de los martillos hidráulicos rompiendo la superficie, y el ruido de camiones y retroexcavadoras limpiando los residuos de la zona. En un momento determinado el ruido cesa y para mi asombro los obreros, uno a uno, comienzan a salir a la calle; hombres en su mayoría que con sus cascos de color y su overol pierden sus particularidades, asumiendo una silueta uniforme. Algunos forman pequeños grupos y hacia uno de ellos, que se desplaza a un parque cercano, me dirijo. En el camino me cuentan que sus horarios son extendidos y que sus horas extras solo corren después de las diez de la noche. ¿Esclavitud? ¿Libertad? ¿Y los derechos?

 

Luego del almuerzo, se me acerca un hombre de tez negra, con rasgos muy marcados, ojos profundos y una voz entre tímida y alegre, esa alegría que reflejó durante toda la charla, y me cuenta que se encuentra estudiando salud ocupacional y que le es difícil dividir su tiempo entre el trabajo y los estudios, y mucho más cuando le toca trabajar horas extras; pero su motivación son sus dos hijos, Laura y Miguel, quienes lamentablemente no viven con él. Mientras conversamos aprovecha para terminar una tarea que debe entregar cuando llegue a su estudio, en el cual gasta otra parte de su dinero, el cual no le alcanza para cubrir todas sus necesidades, necesidad económica que lo obliga a solicitar préstamos a varios compañeros y familiares. El sol nos brinda su calor, y nos anima a seguir conversando, pero el reloj marca su dictadura: lo llama el coordinador de la obra y tiene que marcharse, dejándome el sinsabor de no haber culminado la conversación.

 

Miro de lejos la edificación que tantos obreros hacen posible que tome forma. El sol comienza a caer y la ciudad toma un tono pajizo, adornado por los variados reflejos y los abundantes y heterogéneos rostros de los trabajadores que ahora se dirigen a sus hogares o se disponen a estudiar.

 

Informalidad

 

Yo también debo ir al centro de estudios, y en el camino me es ineludible realizar una parada en un montallantas, donde me atiende Miguel, un joven proveniente de Ciénaga-Magdalena, que me cuenta que vive al fondo de su lugar de trabajo, y que opera en turnos de veinticuatro horas; en medio de una gran sonrisa me menciona que una vez, después de realizarle un largo trabajo a un vehículo, el sujeto le pide un recibo del pago que hará y en el momento en que Miguel ingresa a un cuarto para realizarlo escucha el rechinar de las ruedas, sale a ver qué pasa y comprueba con tristeza que lo dejaron sin pago.

 

Como muchos otros trabajadores, Miguel se ve obligado trabajar en otros talleres los días que se suponen son de descanso, pero aun así sus ingresos no alcanzan para suplir sus necesidades, no cuenta con seguridad social y vive al límite de la estabilidad laboral. Sin duda no es el único sometido a esta contingencia, como él otros miles de miles, millones, ven mancillados sus derechos, obligados a trabajar en precarias condiciones para poder garantizar su diario vivir. ¿Y la unión de los negados?

 

Con la realidad de estos obreros en mi mente, pensando en la importancia de sus labores y lo mal pagos que viven, prosigo hacia mi lugar de estudios. Anochece y el brillo de fugas, de los autos pasando por las autopistas, se funden con las relumbrantes luces de los altos postes. Y pensar que todo esto no sería posible si esas manos, si esos millones de brazos, piernas y cuerpos no estuvieran ahí para realizar lo pequeño y lo grande, lo agradable y lo que no parece serlo, cuerpos que han hecho posible estas ciudades de luces fugaces, de grandes concentraciones humanas, de viviendas apilonadas, trabajando en la mayoría de las ocasiones sometidos a largas jornadas, sin seguridad social ni salarios dignos de su labor y necesidades. Ellos y ellas son los verdaderos forjadores de las urbes que habitamos.

 

Trabajadores/as sometidas/as a la precariedad y el abuso; divididos, atomizados, dispersos. Requieren unir sus brazos y mentes. Entrelazar esfuerzos, pues sus derechos están a la espera de que los conquisten.

Publicado enEdición Nº233
Martes, 24 Enero 2017 17:53

Cali, un mar de sombras

Cali, un mar de sombras

“De buenos deseos está empedrado el camino al infierno”, así afirma la sabiduría popular aquello de predicar pero poco hacer; parece que en Cali está sentencia está refrendándose con el alcalde Armitage.

 

Doce meses de mucho predicar... La alcaldía de Maurice Armitage, inscrito por firmas como candidato para regir el destino de Cali y, por tanto, con ínfulas de “independiente”, inició su gestión precedida de muchas expectativas. No era para menos, durante su campaña alcanzó a hablar de la necesidad de avanzar en la redistribución de la riqueza en el país como vía para superar la pobreza –particularizando en su ciudad–, para concretar lo cual buscaría lograr “un cambio en la mentalidad de los ricos”. Su promesa de ser un buen gerente para la ciudad, enfatizando que era un hombre de acciones, que lo único que sabía era hacer y trabajar, también despertó esperanzas de que los de siempre –ricos y gobernantes– darían paso a que los ingresos que recibe la ciudad por fin llegarían, de manera notable o creciente, a todos los sectores que la habitan.

 

No es extraño, por tanto, que los estratos populares y sectores de clase media esperaran, esperanzados en sus discursos de campaña, la concreción de un gobierno muy dinámico, caracterizado por acciones administrativas de gran contundencia e impacto. Acciones que partieran la historia de la ciudad en dos.

 

¿Palabras, no más que palabras? O, ¿imagen no más que imagen? Como otros funcionarios del país que saben que a la gente le gusta verlos en sus territorios, este propietario-gerente de la Siderúrgica de Occidente (Sidoc), dueño del Ingenio del Occidente, socio de Cementos San Marcos, miembro de la Cámara de Comercio de la ciudad, así como de Fenalco, es decir, todo un cacao, deja de manera constante sus oficinas para dejarse ver por los barrios pobres. La informalidad gusta, pero no se traduce en rupturas con lo ya establecido, de lo cual lo realizado por él durante estos primeros 12 meses es una clara expresión.

 

Por ello, a medida que transcurrió este primer año de gestión, vivimos una sensación agridulce, encontrándonos con un alcalde perdido en la maraña del día a día, jugando a la improvisación, sin un libreto claro, con un plan de desarrollo hecho a retazos de lo ya establecido por anteriores alcaldes.

 

De esta manera, la ciudadanía observa un Armitage con mucha voluntad, con deseos de acertar en su labor, pero sin lograr superar sus propias carencias, su desconocimiento notorio de la función pública, su limitación para trabajar en equipo, sin capacidad para lograr que los ricos renuncien a parte de sus dividendos y, ojalá, de sus intereses políticos, territoriales, económicos, parte sustancial de lo cual queda reflejado en el Plan de Ordenamiento Territorial, o en la manera como los ricos, por conducto de sus voceros y representantes políticos –en el Concejo municipal y las distintas secretarías municipales–, proyectan y planean la ciudad, arrinconando más a los empobrecidos y brindando todo tipo de normatividad para el beneficio de los ricos. Todo esto permite colegir que se perdió un año, un cuarto valioso de tiempo de su periodo administrativo.

 

Más allá de esto, en medio de un panorama de incertidumbre y desconfianzas, es imposible ignorar que cuenta con respaldo en las comunidades, logro alcanzado por su permanente presencia en los barrios, dándole la cara a la gente. Los gastos en publicidad e imagen no están ausentes de este logro.

 

Tres graves problemáticas

 

Cali tiene identificadas tres grandes problemáticas que son el medidor de toda gestión pública:

 

1) La seguridad. Este es un tema y una realidad de alto impacto ciudadano, de ello es consciente el nuevo Alcalde, que aunque no ha roto con las políticas heredadas, incrementando el pie de fuerza y dándole continuidad al control social, sí ha tratado de impregnarle un pequeño giro a esta política al emplear a jóvenes identificados en las políticas oficiales como de “alto riesgo”, habitantes de las zonas más empobrecidas de la ciudad. Podemos decir, entonces, que hay un balance positivo al disminuir la tasa de homicidios en un 7 por ciento en relación al 2016, pero el crecimiento de la delincuencia, reflejado en delitos como el hurto, la extorsión, lesiones personales, etcétera, sigue en alza. En este acápite de la seguridad hay un programa de intervención social denominado los Tios (territorios de inclusión y oportunidades), el cual debemos evaluar posteriormente para conocer sus alcances.

 

2) El funcionamiento de Emcali, la empresa pública de servicios. Emcali viene de una intervención de la Superintendencia y su calvario no termina, en su futuro solo se avizora la posibilidad de una venta del componente de Telecomunicaciones, lo que significaría la división de la empresa dejando al garete, desfinanciado, el alcantarillado y el acueducto; su falta de gerencia y gestión la amenazan con la quiebra; problemática agravada por el interés particular de un sector de la élite caleña por vender la empresa o recortarle su carácter público. Sobre este particular, lo único claro con el Alcalde es que no ha pasado nada, su ausencia ha sido total en las decisiones y el fantasma de la privatización de verdad ya asusta.

 

3) El transporte masivo (MIO). Este sí es un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos. El MIO tiene una flota de buses articulados, padrones y complementarios de 900 vehículos que se esperaban en operación, hoy esta flota está debilitada, hay graves problemas de cobertura y cubrimiento de la totalidad de la ciudad, además de la ineficiencia por la demora de los traslados. El transporte masivo, como resultado de un inadecuado manejo y una deficiente planeación, está a punto de colapsar, del parque automotor solo funciona el 70 por ciento; el hecho más grave de esta crisis es la quiebra de los operadores, sin capacidad financiera para renovación de vehículos, ni tampoco para garantizar la operación del sistema. Ante esta realidad, la ciudad está invadida por motos, cuyas ventas crecieron en un 60 por ciento, paralelo a lo cual el transporte pirata se prolonga como la “solución” desesperada para miles de usuarios, víctimas del descalabro del MIO. Corrupción y erróneas inversiones tienen al borde de una intervención a Metrocali, la empresa del transporte masivo en la ciudad.

 

Otras áreas públicas

 

Salud: los logros son escasos. Aunque la ciudad ha librado con éxito la lucha contra los brotes epidémicos del dengue, chikunguya y zika, el municipio ha sido poco incidente en la grave crisis de la red hospitalaria, donde el principal y más grande hospital público (el Universitario del Valle) está al borde de la liquidación, sin una solución efectiva para los miles de usuarios que acuden a sus instalaciones por atención.

 

Educación: se perfilan políticas integrales de mediano y largo plazo tendientes a subsanar el problema de la educación pública; está en trámite un crédito ante el BID para la construcción y dotación de instituciones educativas en las zonas de mayor poblamiento y necesidad.

 

Un problema que afecta la educación oficial es la corrupción, manifiesta en los llamados colegios de cobertura, los mismos que absorben el 60 por ciento de la demanda educativa en los estratos 1-2. El nuevo Alcalde no ha roto con esta política, prolongando una problemática muy seria de calidad, tanto por las condiciones físicas de los colegios como por la formación y remuneración de los docentes. Con recursos públicos se sostienen más de 95.000 niños en establecimientos de carácter privado, que no ofrecen ninguna garantía para el educando.

 

En materia de gestión, el alcalde Armitage es más lo que adeuda que lo realizado en concreción de sus promesas de campaña. El balance refleja una preocupación por atender a los jóvenes, por brindarle capacitación, empleo y reducir tasas de delincuencia.

 

En otros ítems observamos resultados negativos, resaltados en la movilidad, la operación de los servicios públicos –con permanentes cortes de agua y energía–, claroscuros en el tema ambiental (no hay contundencia en las intervenciones en este tema), y una política social rodeada de buenas intensiones pero de limitadas acciones.

 

En definitiva, no basta con ser empresario exitoso ni rico con tiempo disponible para ensayar supuestas capacidades en otros escenarios. En lo público lo fundamental es hacer equipo con el conjunto social, identificando las necesidades más álgidas de la ciudadanía, para darles solución, y desatar las energías ciudadanas para asumir en sus manos los retos que les depara la vida diaria. El empresario venido a político –no dispuesto a romper con su clase– no entendió esté reto, ni lo entenderá en los años que le faltan para culminar su alcaldía.

Publicado enEdición Nº231
La marcha blanca de vendedores en el espacio público

Miles de vendedores salieron a la calle de la capital el 29 de febrero para protestar en contra de las medidas represivas adoptadas en su contra desde el inicio de la administración de Enrique Peñalosa. Decomiso, multas y encarcelamientos son algunos de los ingredientes de la estrategia del Alcalde para “recuperar” –a nombre de todos los habitantes de la ciudad– el espacio público, disfrutado de forma inequitativa por los ciudadanos de la capital. Derecho al trabajo, a la vida, la alimentación, salud, educación (entre otros) vs. Espacio publico. En pugna por su sobrevivencia resisten miles de trabajadores independientes y precarios de la capital. Mientras aquí aprieta, en el otro espacio público, el de los humedales y zonas verdes, cede ante los empresarias de la construcción.

El 29 de febrero Bogotá amaneció refrescada con aires de protesta. Desde cuatro puntos distintos de la ciudad partieron alrededor de 18.000 personas hacia la Plaza de Bolívar, sede de la alcaldía de la ciudad, en una concurrida marcha que tapizó de rostros populares, vestidos de blanco, y arengas reivindicativas por el derecho al trabajo y al pan algunas de sus calles más importantes. Inmensa población: según datos del Instituto para la Economía Social (Ipes) hasta junio del 2015 estaban censados en Bogotá 47.800 vendedores informales; las localidades de Suba con 1.494, y la de Chapinero con 2.284, es donde existe mayor concentración de los mismos.

La masiva concurrencia no era casual. Miles de quienes tienen que rebuscarse por cuenta propia, disimulando el desempleo y la precariedad laboral que reina en el país, sin ingresos seguros ni seguridad laboral ni seguridad social alguna, están cansados que por orden del nuevo alcalde de la ciudad –que le cumple así a los grandes comerciantes que lo financiaron– la policía no los deje ofrecer sus mercancías con tranquilidad.

Su paso fue constante, y sus voces fuertes. Una y otra vez gritaron su rechazo a las pretensiones del alcalde Peñalosa, la cual los excluye, desconociendo el derecho que todo ciudadano colombiano tiene para ganarse la vida de forma honrada, mucho más cuando el Estado no supera su incapacidad para ofrecer condiciones mínimas para la sobrevivencia de miles de familias de escasos recursos.

Según sus organizadores, esta marcha es la primera jornada multitudinaria a partir de las cuales exigen un diálogo abierto y franco al Alcalde. Por su lado el mandatario capitalino sigue insistiendo ante los medios de comunicación en que lo realizado cada día por los vendedores ambulantes es una “invasión del espacio público”, lo cual deforma e impide que Bogotá sea la ciudad que él sueña: una pulcra capital, desprovista de pobres, ojalá proscritos a la lejana periferia capitalina.

Tal vez en sus noches de insomnio, en las cuales suma los beneficios que recibe por los negocios derivados de cada una de las medidas que toma en beneficio de los más ricos de la ciudad, el Alcalde, habitante consuetudinario de ciudades gringas y europeas, olvida que en estas tierras del Divino Niño y del Sagrado Corazón de Jesús, ni el pan, ni el techo, educación o salud, han sido garantizados por el Estado, siquiera en los mínimos necesarios para conservar la dignidad de sus ciudadanos, por lo cual la urbe desde hace décadas, terminó por ahogarse chapoteando entre los legamos del neoliberalismo.

Algo que muchos no alcanzan a comprender. Cuando millones de ciudadanos han sido abandonados a su suerte por parte del Estado, al azar de las escasas posibilidades de encontrar compradores para su fuerza de trabajo poco calificada, sigue siendo legitimo, tal y como lo sostuvieron los vendedores, ocupar el espacio para ganar los recursos que les permita sobrevivir en esta selva de cemento.

El problema es complejo, los vendedores desarrollan un tipo de trabajo precario pero las condiciones socioeconómicas de muchos distan de serlo, es cierto. Además de esto en diversas zonas de la ciudad algunos tienen que pagar alquiler a parceladores de andenes para que les permitan trabajar. Sin embargo no son todos, ni siquiera la mayoría como pregona el Alcalde; mucho menos puede predicarse que los ambulantes sean los sujetos infractores, dúctiles, maleables, sin consciencia, que devela el imaginario de Peñalosa por cuenta de sus intervenciones. Son hombres, mujeres, jóvenes, padres de familia, líderes barriales, estudiantes, subvalorados ciudadanos, ponderados por la abusiva métrica de lo que entorpecen y no por aquella con que contempla lo que aportan a la sociedad.

Han prometido los vendedores callejeros una larga lucha, un prolongado pulso que puede ir calentándose ante las persistencia del poder local por negar, ignorar, despreciarlos como ciudadanos que bregan en las calles para sobrevivir, pero que deben ser reconocidos como acreedores de plenos derechos al igual que cualquier ciudadano de vestido o alpargatas en este país. Así lo entendieron instancias jurídicas cuando fallaron tutelas a favor de vendedores ambulantes, quienes a pesar del crujir de dientes de la administración distrital, retornarán con sus carros y chazas a repoblar el espacio público de la capital para seguir ganando su sustento.

Poco les falla la memoria a los vendedores. Aún lcargan nítidas en sus cerebros y retinas el recuerdo de las persecuciones, golpes, encarcelamientos, multas y decomisos que sufrieron durante la primera administración de Enrique Peñalosa ¬–1997-2000–, pero en esta oportunidad están dispuestos a defenderse, y para ello están mejor organizados y dispuestos a desplegar acciones de mayor contundencia. Siguen dispuestos a hablar, llaman al Alcalde a la creación de una mesa de concertación que permita construir soluciones entre todos, que el Distrito renuncie a la imposición unilateral de la voluntad del burgomaestre apoyada en los gases y el bolillo de sus perros del Esmad.

La larga maracha blanca ya empezó...

Publicado enColombia
Trabajadores del café: los más precarios e informales de la agroindustria colombiana

Históricamente la caficultura ha sido una de las fuentes de empleo más importantes en Colombia, responsable del 63% del empleo rural. Pero también es una de las mayores fuentes de empleo informal, entendido por esté el que tiene ingresos precarios, inestabilidad laboral, desprotección en seguridad social básica e imposibilidad de ejercer el derecho de la asociación sindical y negociación colectiva.

De ahí la importancia de analizar el rol de los trabajadores de la agroindustria cafetera, sus condiciones laborales y su entorno de vida, que es lo que se hizo en un estudio adelantado este año por la Escuela Nacional Sindical con apoyo de la ONG SOMO, de Holanda, en 4 grandes regiones cafeteras del país, del cual hacemos una amplia reseña en este informe.

A diferencia de los otros cultivos agrícolas de gran escala, en el del café siempre han primado los minifundios y las fincas de tamaño mediano, sin negar la importancia del rol de las grandes haciendas cafeteras. Según el Departamento Nacional de Planeación, en 2012 el 96% de los productores de café explotaba menos de 5 hectáreas y participaba con el 71,4% del área y el 69% de la producción. Esto no se da en otros sectores de la agroindustria.

También difiere por su expansión geográfica. Mientras que la agroindustria de las flores de exportación se concentra en Cundinamarca y Antioquia, el 96% del banano se concentra en Antioquia y Magdalena, y la palma de aceite en Meta, Cesar, Magdalena y Santander, en 2012 el 84.6% de las 974 mil hectáreas cultivadas en café estaban repartidas en 10 departamentos .

En ese mismo año la caficultura generó 717 mil empleos directos, y de ella vivían 560 mil familias. Las flores contribuyeron con 130 mil empleos directos e indirectos en 2014 , la palma de aceite con 141 empleos directos e indirectos en 2012, y el banano generó 100 mil de estos empleos en Antioquia y Magdalena.

Pero la gran diferencia entre la agroindustria cafetera y las otras grandes industrias agrícolas, es el régimen laboral, que en la caficultura es más precario y de alta informalidad. Esto porque son trabajadores olvidados dentro de la cadena de producción. El Estado y la institucionalidad cafetera se han centrado en el apoyo a la organización de productores bajo diferentes figuras: cooperativas, asociaciones, comités locales, etc., pero no hay experiencias relacionadas con la organización de los trabajadores ni la defensa de sus derechos.

La Federación Nacional de Cafeteros, fundada hace 88 años, siempre ha trabajado para promocionar la industria cafetera, nunca ha intentado implementar una política que favorezca a los miles de trabajadores asalariados, quienes no tienen ni propiedad para cultivar el grano, ni capital no humano para invertir en el sector. Nunca han tenido una organización de tipo sindical ni negociación colectiva, y en muy pocos han podido garantizar un sueldo igual o mejor que el mínimo legal.

 

El cafetero, un trabajo precario e informal

 

La caficultura demanda mano de obra constantemente porque el laboreo es todo el año: siembra, desyerbe, poda, recolección, despulpado, fermentado, lavado, secado, almacenamiento y venta. Y es el proceso de recolección el más importante para un caficultor, aunque sea estacional, no superan las 5 semanas.

Hay 3 clases de recolectores. Están los propietarios de fincas cafeteras pequeñas, que no superan las 2 hectáreas, donde el trabajo lo realiza principalmente la misma familia. Otros son los pequeños propietarios de tierra, cafeteros o no, que en épocas de cosecha ingresan como recolectores para poder subsanar los gastos familiares, vendiendo su mano de obra a vecinos o propietarios de fincas más grandes. Y están los recolectores "andariegos", que conforman una población flotante que deambula de región en región según los tiempos de la cosecha. Es muy heterogénea, tanto en términos económicos como culturales y sociales; y es altamente vulnerable, empobrecida y subvalorada.

Una modalidad de pago en la caficultura es por jornal, o día laborado, y varía entre $15.000 y $30.000, dependiendo de las regiones y de si incluye o no la alimentación. Son jornadas de trabajo entre 8 y 10 horas. Es una modalidad muy utilizada para épocas de inicio o fin de cosechas y para sostenimiento y renovación de cafetales.

Para la tarea de recolección de café en época de cosecha la modalidad más usada es el pago al "destajo", llamado también "kileo". Consiste en estipular un precio por kilo de café recolectado en cereza, que suele variar entre $400 y $550, dependiendo de las regiones, épocas de las cosechas y la disponibilidad de mano de obra en la zona. La remuneración del trabajador se hace sobre este cálculo y normalmente la recibe cada fin de semana. Para un recolector que quiera trabajar a mayor velocidad y sacar mejores salarios, este tipo de contratación le resulta mejor.

Para el caso de las fumigaciones, el destajo funciona por la cantidad de galones vaciados o el número de hectáreas fumigadas. Para el mantenimiento o renovación de cafetales, aunque no es lo común, aplica el destajo por hectáreas trabajadas o palos de café sembrados, podados o deschuponados.

Como las cosechas se dan en tiempos diferentes según la altura y condiciones climáticas, siempre habrá regiones necesitadas de recolectores, que hoy escasean porque ya pocos quieren laborar en el campo. De esto da cuenta una reciente noticia que da cuenta de un déficit de 20.000 trabajadores para recolectar café en Andes, un municipio cafetero del suroeste de Antioquia. Ver enlace: http://www.las2orillas.co/buscan-20-000-trabajadores-para-la-recoleccion-de-la-cosecha-de-cafe/

Son recurrentes las quejas del gremio por la carencia de recolectores en tiempo de cosecha, que se explica por los programas de renovación de cafetales que aumentaron la productividad y la cantidad de café para recolectar. Pero también por la migración de trabajadores rurales a las ciudades o a otros sectores económicos, por la inconformidad y bajos salarios, y por la falta de renovación generacional en los trabajadores del café.

En efecto, es cada vez mayor la migración de trabajadores permanentes del café hacia otros sectores. Por ejemplo, las vías 4G han disparado en los territorios una gran demanda de mano obra que no requiere mucha experiencia laboral ni educativa, por lo que los trabajadores del café ven en ésta opción una oportunidad para cambiar de ocupación y mejorar sus ingresos. Además de poder contar con un empleo que provee afiliación al sistema de seguridad social, algo que nunca lograrían trabajando como recolectores. También hay migración hacia las regiones mineras , o a hacia otros productos agrícolas (cacao, curuba, granadilla, etc.), que ofrecen sueldos igual o mejores que los del café y con menos esfuerzo.

Carentes de relaciones laborales formales que los amparen, los recolectores andariegos venden su mano de obra al mejor postor mediante contratos verbales e informales, que en la mayoría de casos no se pactan con los dueños de las fincas sino con otros trabajadores que hacen las veces de patrones de corte, jefes de cuartillas o agregados. Contratan su trabajo por día, al jornal; o al destajo, por kilos o arrobas. Pero por lo general sus remuneraciones no superan el salario mínimo legal, y raras veces cuentan con los requerimientos laborales aplicables por ley.

Sin tierra para trabajar, sin hogar para vivir, sin familia establecida, sin dependencia de un jefe o trabajo estable, los recolectores andariegos valoran la libertad y viven el día a día, pero desprotegidos en su seguridad social. El hacinamiento y las deficientes condiciones de higiene en los "cambuches" donde se alojan, la mala alimentación que les dan en algunas fincas, la soledad y la desprotección en caso de enfermedad, sumado a lo lejos que están de sus seres queridos, son algunas de las cosas ingratas de su oficio.

Así las cosas, la decisión de seguir o no en una finca está mediada por el buen trato de sus superiores, las condiciones del campamento, la alimentación, el ambiente de trabajo y relación con los compañeros, las condiciones del terreno, la densidad de la siembra y tiempo de vida de los cafetales, las variedades de café y la cantidad de café existente en el corte.

Por el lado de los dueños y administradores de las fincas, la decisión de continuar con sus trabajadores la condiciona la calidad de la labor de éstos, su productividad y la disponibilidad de mano de obra en la región.

Por otra parte, es un sector altamente masculinizado. La presencia de mujeres es minoritaria, y las pocas que hay no son migrantes. En las fincas grandes su actividad principal es la preparación de alimentos en los campamentos, y en las fincas pequeñas, de producción familiar, se encargan de apoyar el beneficio del café, la recolección y la administración de las fincas. Hacen un trabajo familiar que no suele ser remunerado. En el estudio adelantado por la ENS se estableció que en el 31% de las fincas no hay mujeres trabajadoras, y en el 46.5% la contratación de mujeres es inferior al 10% del total.

Otro cuello de botella en la caficultura es la edad de los trabajadores. Según un estudio del PNUD realizado en el eje cafetero en 2014, la edad promedio de los trabajadores del café está en 55 años. No hay mucho joven laborando y quienes tienen más de 55 años ya no los enganchan, entre otras cosas porque no los cubre el seguro de accidentes laborales, que es una especie de seguro usado para evadir la afiliación a riesgos profesionales. Así que después de toda una vida dedicada al café, y muchas veces sin familia, estos trabajadores mayores caen en la pobreza, porque la gran mayoría nunca ha cotizado al sistema de pensiones. O sea que están totalmente desprotegidos.

El otro agravante es la ausencia absoluta de sindicatos que defiendan a los trabajadores del café. Libertad sindical y negociación colectiva son términos desconocidos en el sector. Casi todos los sistemas de certificación tienen capítulos sobre exigencias socio-laborales, que plantean que la libertad de asociación sindical y negociación colectiva son requerimientos para la certificación de productores de café. No obstante en Colombia tales requerimientos no tienen aplicabilidad.

Varias dificultades confluyen en esta situación: la falta de unidad de los trabajadores debido a su constante movilidad, la falta de un liderazgo claro que movilice el tema, el desinterés de los gremios cafeteros y la institucionalidad para apoyar la organización de los trabajadores, el riesgo que implica reclamar o exigir mejores condiciones en territorios rurales por fenómenos de violencia, la falta de información sobres los derechos y formas de exigirlos, y la falta de educación de los trabajadores.

 

Dificultades de la formalización laboral

 

En la industria cafetera los costos laborales participan con el 60% de todos los costos , un porcentaje que está muy por encima de casi todas las otras actividades económicas en Colombia.

Para formalizar el trabajo se requiere que el empleador afilie sus trabajadores al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), además de pagarle las prestaciones sociales (cesantías, prima de servicio) y proveerle vacaciones. En total, la formalización laboral implica que el costo de un trabajador de salario mínimo aumenta en un 30% , un porcentaje alto considerando la debilidad económica de los pequeños caficultores.

En el tema pensiones es altamente preocupante. El 94% de los encuestados para el estudio que adelantó la ENS no cotiza a pensión, y el 80% no lo ha hecho nunca en su vida. Incluso el 85% de los trabajadores con más de 53 años no tiene ni una semana cotizada, y los que están entre los 18 y 27 años tampoco lo hacen. Son cifras dramáticas, mucho más si se tiene en cuenta el envejecimiento de la mano de obra en este sector. Cabe agregar que tanto los trabajadores como los pequeños productores y sus familias carecen de dicha protección.

Para esta generalizada desprotección pensional existen varias explicaciones y puntos de vista. Del lado de los productores, la principal dificultad se relaciona con la incapacidad que dicen tener para ofrecer condiciones de formalidad y estabilidad laboral a sus trabajadores. También por el carácter estacional de las cosechas, el perfil migrante y temporal de la mano de obra, y la variación constante del precio del café, que impide tener una proyección de los márgenes de ganancia frente a los costos de producción, de los cuales la mano de obra copa el 60% del total de costos.

Del lado de los trabajadores está la imposibilidad de llegar a la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres) con la cotización mínima en tiempo, debido precisamente a la generalizada informalidad laboral en el sector. Pero también hay asuntos de orden cultural que también desmotivan la cotización a pensiones, como la falta de una conciencia del ahorro, limitada además por los bajos ingresos; y la falsa creencia en que la asistencia social (régimen subsidiado de salud y otras ayudas sociales a la pobreza) sustituye la seguridad social.

Desde el 2010 el Presidente de la República y la Federación Nacional de Cafeteros suscribieron el Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015, por el cual se acordó formalizar el empleo de 300 mil empresarios cafeteros, quienes entrarían al sistema de seguridad social. Pero lo hecho hasta ahora es insignificante frente a la dimensión del problema. Además con la total ausencia del Ministerio de Trabajo y la inspección de las relaciones laborales en la caficultura, es casi imposible pensar en la formalización.

 

Los sistemas de certificación no inciden

 

En los últimos tiempos han ganado fuerza y presencia en el mercado internacional los llamados cafés especiales y los sistemas de certificación de calidad, que marcan una nueva época y tienen implicaciones en materia laboral.

La mayoría de los sistemas de certificación incluyen exigencias en el manejo del medioambiente, pero también transparencia administrativa, requisitos que están relacionados con las condiciones laborales en las fincas cafeteras certificadas.

Por ejemplo, el sistema UTZ Kapeh exige que se adopten buenas prácticas de salud y seguridad del trabajador, de acuerdo con los convenios de OIT sobre trabajo forzoso e infantil, discriminación, igualdad, libertad de asociación y jornada de trabajo. Starbucks hace exigencias muy similares en temas socio-laborales y resalta la necesidad de garantizar la libertad de asociación y negociación.

Son exigencias que suenan bonito y son buena mezcla de estándares mínimos y derechos fundamentales. No obstante, teniendo en cuenta que la industria cafetera colombiana se estructura sobre condiciones informales, por fuera de la regulación estatal y el Código Sustantivo del Trabajo, hay pocas posibilidades de que se garantice la implementación de esos estándares mínimos laborales.

La discrepancia entre las exigencias de los sistemas internacionales de certificación y la realidad vivida por miles de trabajadores cafeteros del país, es un asunto que requiere mucha más intervención, trabajo y compromiso, tanto por los mismos sistemas de certificación como por la FNC, y sobre todo por el Estado colombiano.

 

Perfil de 3 recolectores

 

"Uno no es de aquí o de allá, uno es del café, de donde esté rojo y maduro el grano", dice Alejandro Pujimuy, oriundo de Putumayo. Su estatura, el color de su piel y los rasgos de su rostro delatan su sangre indígena. Tiene 19 años y es recolector andariego desde los 16, pues esa es una práctica común en su familia y en esa zona del país, donde aprendió oficios agrícolas en la pequeña parcela de sus padres.

Alejandro trabaja hace 3 meses en Andes, suroeste de Antioquia, en una finca cafetera mediana que emplea informalmente a 18 trabajadores, la mayoría andariegos como él. Llegó allí por recomendación de unos paisanos después de trasegar por Huila y Caldas. En su mochila lleva lo necesario para su vida trashumante: ropa, botas, el machete, artículos de aseo, un radio para escuchar música en el cafetal y un celular para comunicarse con los suyos. De sus costumbres indígenas y tradiciones musicales poco conserva. Ahora disfruta del reggaetón, la música electrónica y Facebook para comunicarse con sus amistades.

Prefirió radicarse en Andes por el buen trato de los capataces de las fincas y por el mejor pago del kilo recolectado. En una semana recolecta 480 kilos, y por ellos recibe $192.000, suma que le permite cubrir la cuota de alimentación en la finca, ahorrar para los pasajes de su próximo viaje (al Tolima), y enviar algo de dinero a sus padres.

Otra vida andariega es la de Antonio Usma, de 48 años y recolector desde los 10 años, oficio que aprendió en su pueblo natal, donde es tradición que luego de la jornada escolar los niños vayan a los cafetales a coger granos en compañía de sus padres. De 15 años se fue de la casa a buscar suerte, y como recolector ha trabajado en el norte del Valle, en Tolima y Caldas, lo cual ha tenido efecto en la constitución de su familia: tiene 3 hijos con mujeres diferentes y en la medida de lo posible responde por ellos como padre.

De todas las labores del café, Antonio la recolección pagada por kilo o arroba es la que le resulta más atractiva. Aunque implica no tener sueldo fijo ni contrato estable, es para él la más rentable dado que sus ingresos dependen de su esfuerzo y el tiempo que le dedique a la labor. Por las labores de mantenimiento y renovación de cafetales las remuneran con salarios que casi nunca superan el mínimo, y sin prestaciones sociales; o por un jornal al día que casi nunca supera los $20.000 en el sur del país y $25.000 en Antioquia, descontando la comida.

Antonio prefiere trabajar en fincas pequeñas, pues en las grandes, que en cosecha reclutan más de 150 o 200 trabajadores, la convivencia se hace complicada por la diversidad de culturas y genios de la gente. Y entre todas las regiones prefiere el suroeste de Antioquia, porque los "cuarteles" allí son más adecuados, hay más control y aseo. En cambio en Tolima, por ejemplo, hay partes a las que llega y no hay ni siquiera agua, tiene que bañarse en las quebradas.

Antonio nunca ha cotizado a pensión, pues todo lo que gana, dice, se le va en el gasto diario. Entre tanto el tiempo pasa, su cuerpo se desgasta, y en unos años le resultará difícil acceder a un trabajo, pues a los finqueros no les gusta contratar a personas de edad avanzada para no asumir riesgo de accidentes o enfermedades. "Uno ve mucha gente que ha malgastado la vida en este oficio y llega a la vejez sin un peso, que terminan como indigentes porque lamentablemente el trabajo del recolector no es muy apreciado, y no hay una entidad que apoye para que tengamos una pensión", dice Antonio.

Y está el caso de Jorge Meneses, de 28 años, de La Unión, Nariño. Sus padres lo introdujeron en la recolección de café desde niño. De 13 años arrancó para el norte del Tolima, donde por $12 mil diarios trabajaba de 7 am. a 5 pm. en labores de cosecha, deshierbe, fumigación y mantenimiento de cafetales.

Cansado por las agotantes jornadas y aburrido con el pago, volvió a su casa en Nariño, para descubrir que ese lugar ya no le pertenecía, que prefería recorrer el país como cosechero. A los 16 años viajó a Ciudad Bolívar, Antioquia, donde vagó de finca en finca, mal pagado y con malas condiciones de alojamiento, por lo que decidió trasladarse al departamento de Caldas, y de ahí al Huila, donde trabajó en varios municipios. Desde entonces es interminable lista de municipios donde ha cogido café.

"Este es un trabajo duro, toca cargar grandes pesos y aguantar lluvia y sol de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y rendir bien en el trabajo para sacar 120 kilos al día en cosechas normales, y 250 kilos en cosechas buenas, A veces uno está contento y a veces aburrido, hasta desesperado, porque lo que uno gana ni alcanza para ayudar a la familia", dice Jorge, para quien lo más duro de este oficio es la inestabilidad, la falta de garantías y de prestaciones sociales.

Publicado 28 de septiembre de 2015.

Publicado enColombia
El trabajo informal y precario domina el mercado laboral en Colombia

El mercado laboral colombiano muestra un resultado paradójico respecto del comportamiento de la economía: mientras el crecimiento económico se desacelera (3.0% creció el PIB en el II trimestre de 2015, frente a 4.7% del mismo periodo en el 2014), la tasa de ocupación aumenta: de 58.1% subió a 58.8% entre mayo/julio de 2014/15), y baja la tasa de desempleo: de 9.1% al 8.7% en el mismo período.

 

Estos son los datos que muestran los medios y que resalta el gobierno. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es en relación, primero con los sectores que están generando empleos, y segundo con la calidad del empleo que se está generando en términos de ingresos, de estabilidad laboral y de protección social, componentes todos de lo que la OIT define como "Trabajo Decente".

 

Frente a lo primero, las actividades económicas que más incrementaron la ocupación en el último año fueron, en su orden: comercio, hoteles, bares y restaurantes (58 de cada 100 nuevos empleos), actividades inmobiliarias (29.7%) y construcción (22.8%). En cambio disminuyó el empleo en la agricultura (se perdieron 68.000 puestos de trabajo), en la industria (menos 38.000), minería, (menos 18.000) y electricidad, gas y agua (8.000 puestos de trabajo menos).

 

Respecto de la calidad del empleo que se está generando hay que decir, primero, que los sectores con mayor crecimiento en empleo son también los que tienen mayores índices de trabajo informal (más del 60%). Es decir, de trabajo precario, que no asegura ingresos dignos y estables, en el que el empleo es ocasional o por temporadas, o a término fijo, y en los que la protección social (afiliación a salud, riesgos laborales y pensiones) es muy baja. Esta es la característica, por ejemplo, del empleo en el comercio, que incluye el trabajo en los andenes y semáforos, las ventas en kioscos, las ventas puerta/puerta; o del empleo en bares y restaurantes, y en el sector de la construcción.

 

Por su parte, el empleo en el sector inmobiliario también presenta una tasa de informalidad muy alta (más del 47%), e incluye muchas actividades que se realizan por épocas y de manera transitoria, como los estudios de mercado y la realización de encuestas de opinión pública, o actividades de autoempleo por parte de trabajadores con formaciones y habilidades muy específicas, como los fotógrafos; o el empleo en negocios de alquiler de toda clase de bienes; o el empleo por cuenta propia de muchos profesionales que le venden sus servicios a las empresas. Aquí también se ubica el empleo mediante agencias de empleo temporal, que actualmente ocupan a más de medio millón de trabajadores, con contratos que en su mayoría no se ajustan a lo establecido por la ley 50 de 1990 sobre trabajadores en misión.

 

Así que la mayoría del empleo que se está generando en Colombia es informal, sin estabilidad laboral, sin ingresos que aseguren una vida digna y decente, y sin protección social. Como el Estado Social es muy débil en Colombia, y los desempleados y trabajadores cesantes no cuentan con un ingreso mínimo que los proteja de caer en la pobreza, no pueden darse el lujo de quedarse en casa, deben salir a la calle a rebuscarse cualquier ingreso, y lo encuentran principalmente en trabajos informales.

Fuente: DANE, Ministerio del Trabajo, CEPAL, cálculos de la ENS.
Crece más el empleo informal que el Trabajo Decente

 

Como se ve en la tabla, aunque el trabajo asalariado (empleado particular) ha incrementado su participación en el empleo total (3.8 pp en 4 años), todavía más de la mitad de la población ocupada lo está en posiciones donde el trabajo informal es dominante, como el trabajador por cuenta propia (categoría ocupacional en la que 8 de cada 10 trabajadores son informales), las trabajadoras domésticas (informalidad laboral superior al 98%), los trabajadores familiares sin remuneración (100% informales), los trabajadores sin remuneración en otras empresas (100% informales), y los jornaleros o peones (más del 90% informales), categorías ocupacionales que aquí hemos reunido bajo el concepto de "trabajador precario".

 

Adicionalmente, según la encuesta del DANE 19.8 trabajadores de cada 100 que figuran como asalariados o empleados particulares, son informales. En este sentido el trabajo informal no disminuye en la misma proporción en que crece el empleo y se incrementa el trabajo asalariado. Y aún mantiene niveles escandalosos: en este período la tasa de informalidad que mide el DANE pasó del 52.5% en las 23 ciudades y áreas metropolitana, al 49.5%, una disminución de 3 pp, o de 0.7 pp promedio año, resultado que sin embargo se logró en los dos últimos años de este período, pues en los años anteriores la variación no había sido significativa.

 

Este resultado se situó además por debajo de la meta que se había propuesto el Plan Nacional de Desarrollo, que era bajarlo al 54.4% para todo el país y al 46% para las 13 áreas metropolitanas. Y eso que las estadísticas sobre trabajo informal que entrega el DANE se refieren únicamente al tamaño de las empresas (empresas que ocupen hasta 5 personas) ubicadas en 23 ciudades, no a todas las empresas, ni a todos los municipios y ciudades del país.

 

Así que el trabajo informal en Colombia es todavía mayor que el que entrega el DANE en sus estadísticas. Por ejemplo, en 2012 el Ministerio del Trabajo le atribuía a la informalidad la baja cobertura que tenía el régimen pensional en Colombia, señalando que "la informalidad laboral es alta: 14.3 millones de colombianos, el 68.8% de los ocupados, no cotizan a pensiones". Dos años después, en su informe al Congreso de la República, señalaba: "Una de las principales problemáticas del mercado laboral colombiano es el alto índice de trabajadores que no cuentan con una protección en seguridad social, así lo refleja el porcentaje de ocupados cotizantes a pensiones, que a pesar de haber aumentado en los últimos años, tan solo alcanza el 34.2%.

 

En el contexto departamental la informalidad sigue siendo alta. En 2014 los departamentos con mayor tasa de informalidad fueron Sucre (82,7%), Córdoba (81,7%), Nariño (81,2%), Caquetá (80,1%) y La Guajira (80,0%), en las zonas Pacífica y Caribe colombianas. De otro lado, los entes territoriales con menor informalidad fueron Bogotá (45,7%), Antioquia (52,2%), Caldas (58,8%), Risaralda (59,5%) y Valle del Cauda (60%), localizados en la zona Andina del país.

 

Los derechos a la protección social de los trabajadores informales son bastante precarios. Según el DANE, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, de cada 100 trabajadores informales, 62 son trabajadores por cuenta propia y 19 empleados particulares, es decir, asalariados. De estos trabajadores, apenas el 10% de los cuenta propia cotizaban a pensiones en 2014; y de los asalariados, el 21.7% no cotizaba. Proporciones peores se presentan en relación con el acceso a la protección social en riesgos laborales.

 

Estas exclusiones le imponen retos al Estado en relación con el impulso a políticas públicas efectivas que mejoren estos indicadores, las cuales, hasta el 2014 estaban completamente ausentes. Únicamente a partir del 2014 se diseñó un programa para vincular a los trabajadores informales al régimen pensional a través de un programa de ahorro individual y del suministro de un subsidio (programa BEPS), programa que puede quedarse sólo en buenas intenciones por causa de la baja capacidad de ahorro que tiene la población a la que está dirigida, la mayoría con ingresos inferiores, o acaso iguales, a un salario mínimo. Mientras tanto, en materia de protección a riesgos laborales no existe ninguna iniciativa.

 

En relación con los trabajadores asalariados y dependientes informales, la mayoría de estos se ubican en las actividades del comercio, hoteles, bares y restaurantes (67%), construcción (62.2%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (59.6%), industria (39.1%), servicio sociales, personales y comunales (36.9%, y en las actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas (36.6%). Gran parte de esta informalidad laboral es consecuencia de la falta de inspección laboral por parte del Estado, pues muchos empleadores, pudiendo pagar las obligaciones laborales que se derivan del contrato de trabajo, no lo hacen. Están seguros de que ninguna autoridad los va a vigilar o a intervenir, y menos a sancionar, por lo que es necesario fortalecer el sistema de inspección laboral y garantizar su presencia activa y efectiva en todos los municipios del país, pues la debilidad del Estado en este terreno estimula la ilegalidad laboral.

 

Y en relación con la informalidad laboral en la industria, ésta se presenta principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, mucha de la cuales no tienen las condiciones de competitividad para formalizarse y cumplir con las obligaciones laborales con sus trabajadores. En y este terreno es clave el impulso a políticas para promover su competitividad mediante estrategias que mejoren su productividad, calidad, desarrollo tecnológico, acceso a crédito de fomento, y acceso a mercados, factores todos que inciden directamente en las posibilidades de su formalización.

 

Adicionalmente, es esencial vigilar las cadenas de subcontratación en la que están inmersas este tipo de empresas, dominadas por la grandes compañías del país, cuyas imposiciones leoninas les dejan márgenes de rentabilidad tan precarios que no les permiten financiar su formalización.

 

*Analista Escuela Nacional Sindical

Publicado el 14 septiembre de 2015.

Publicado enColombia
Aumentó a 50 millones el número de desempleados del G20 de 2008 a la fecha

El desempleo en el G20, que agrupa a las mayores 20 economías del mundo, afecta a 50 millones de personas más respecto del comienzo de la crisis en 2008, reportó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El crecimiento de los salarios ha experimentado una desaceleración significativa que, unida al déficit de empleos, ha provocado una disminución de la participación del trabajo en la renta nacional y un incremento de las desigualdades en la mayoría de las economías del G20, indica el reporte preparado para la reunión en Ankara.


La debilidad de la recuperación económica sigue agobiando los mercados laborales del G20, mientras que la persistencia del déficit de empleos decentes perjudica la recuperación, declaró Guy Ryder, director general de la OIT, quien participó en la reunión conjunta de los ministros de Trabajo y Empleo con los ministros de Finanzas del G20.


El informe del organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas en conjunto con la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial titulado Los mercados laborales del G20: estrechar los vínculos entre el crecimiento y el empleo muestra que las economías del G20 registraron un crecimiento promedio de 3.2 por ciento a lo largo de los tres últimos años, frente a 4.1 por ciento entre 2000 y 2007.


La tasa de desempleo del G20 –que aumentó de 5.1 a 6.0 por ciento entre 2007 y 2009– permaneció elevada, en 5.8 por ciento durante 2014. Esto ha dado lugar a un déficit aproximado de 50 millones de empleos en todo el G20 en relación con el comienzo de la crisis, señala el documento. En términos comparativos, esa cantidad supera a la población económicamente activa de México (PEA), que es de 43 millones de personas.


Según el informe, la causa principal de la lenta creación de empleo y desalentadora no es la disminución en la intensidad del empleo en el crecimiento económico, sino más bien que el crecimiento económico en sí mismo es demasiado débil para crear empleos suficientes.


Señaló que el desafío no está relacionado solamente con la cantidad, sino también con la calidad de los empleos. Explicó que en numerosos países del G20 la mayoría de los empleos creados entre 2009 y 2014 fueron trabajos a tiempo parcial. Debido a que generalmente ofrece salarios medios inferiores, niveles más bajos de seguridad del empleo y una cobertura más débil de la protección social, este tipo de empleos proporciona menos apoyo al consumo de los hogares y a la demanda agregada que el trabajo a tiempo completo.


En 2014, en las economías emergentes del G20, 51 por ciento de los trabajadores estaban en empleo vulnerable (considerado como trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados). Esto representa una reducción de 3.9 puntos porcentuales en comparación con 2009. El documento señala que si bien estas tendencias avanzan en la dirección correcta, la gran proporción de trabajadores que siguen en empleo vulnerable muestra que la informalidad, los salarios bajos y la escasa productividad siguen siendo desafíos constantes y persistentes.


Debemos adoptar un enfoque global y multisectorial para revertir el actual círculo vicioso que asocia el lento crecimiento, la débil creación de empleo, el crecimiento deficiente de los salarios y de los ingresos y las inversiones insuficientes, dijo Ryder y agregó que sólo con políticas que reviertan estas tendencias alarmantes hacia el incremento de las desigualdades pueden acelerar la recuperación económica y hacer que el crecimiento sea más inclusivo.

Publicado enEconomía
Los jóvenes de Latinoamérica se debaten entre el desempleo y la informalidad

Recientemente la OIT presentó un informe sobre el trabajo juvenil en América Latina, en el que muestra la penosa situación de informalidad laboral y desempleo que padecen los jóvenes de esta región (13% en promedio), muy superior al desempleo de los adultos; y analiza las políticas que han aplicado los diferentes países para contrarrestar este flagelo.

El estudio, titulado Juventud e informalidad: formalizando la informalidad juvenil. Experiencias innovadoras en América Latina y el Caribe, revela que en América Latina hay 108 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, y de ellos apenas un poco más de la mitad están empleados.

Destaca que la economía latinoamericana ha mejorado, y con ello también las oportunidades para sus habitantes. Pero esta mejoría no es evidente para los jóvenes. "Estamos ante la generación más educada que hayamos tenido, en países donde la pobreza se ha reducido, pero estas mejorías no son evidentes para los jóvenes que salen en busca de un empleo digno, dice Elizabeth Tinoco, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

Los empleos que consiguen los jóvenes son mal remunerados, inestables y con malas condiciones laborales. Unos 27 millones de jóvenes tienen que conformarse con estos empleos precarios, los únicos que se les ofrece. Además, una vez los asumen tienen dificultad para salir de ellos.

Lo preocupante, anota Tinoco, es que la falta de empleos y la condición precaria de estos puede tener repercusiones sociales, económicas y políticas, y alterar la gobernabilidad de los países. Los jóvenes en Latinoamérica no están siendo bien aprovechados por la economía y cerca de 20 millones de ellos prefieren quedarse en sus casas sin ocupación ni estudio. Los llamados Ni-ni.

El estudio revela la tasa general de informalidad en la región es del 47%, teniendo en cuenta todos los trabajadores, cifra que aumenta en los trabajadores de menores ingresos, donde esta tasa puede llegar al 75%.La tasa de informalidad específica para jóvenes supera el 55%. Para 2013 la mayor informalidad en el trabajo juvenil se presentó en Perú, Guatemala, Paraguay y Honduras, donde 8 de cada 10 trabajadores jóvenes se empleaban en la informalidad. Y el que menor informalidad tuvo fue Uruguay: 33%.

Los jóvenes que trabajan en la informalidad tienen menos beneficios que los empleados de otros grupos de edad que realizan los mismos trabajos. En promedio los jóvenes trabajadores informales son menores un año en edad que los formales, tienen dos años menos de educación, viven menos en zonas urbanas y se ubican en los hogares más pobres. El 9,3% de los trabajadores jóvenes que están en la informalidad reciben menos de 2,5 dólares al día.

En cuanto a la permanencia de los jóvenes en sus empleos informales, el estudio analizó 4 países: Brasil, Méjico, Argentina y Chile, en los que durante un año se midió el porcentaje de los trabajadores jóvenes en la informalidad. En México el 57% de ellos permaneció al año siguiente, en Argentina el 50%, en Brasil el porcentaje que se mantuvo en la informalidad fue más bajo: 35%, y en Chile 19%.

 

Qué están haciendo los gobiernos

 

El estudio de la OIT visibiliza los esfuerzos y las intervenciones de los gobiernos para reducir las tasas de precariedad y desempleo juvenil; esfuerzos que son muy recientes y no han sido aún objeto de evaluaciones para analizar su efectividad. Asimismo afirma que la efectividad de las intervenciones es más robusta cuando se combinan varias políticas públicas.

Según este estudio, en materia de políticas de formalización laboral de los jóvenes, las intervenciones de los gobiernos son de tres categorías. Una primera corresponde al fomento de incentivos a las empresas que creen puestos de trabajo formales, como son los subsidios para el desarrollo o expansión de negocios y del empleo, y los programas dirigidos a aumentar las calificaciones de la fuerza de trabajo.

La segunda categoría tiene que ver con iniciativas dirigidas específicamente a formalizar trabajos y unidades informales, como son los regímenes de "blanqueo", los esquemas de inspección laboral y el apoyo a la formalización de micro-negocios de baja productividad.

Y una tercera categoría agrupa las iniciativas de extensión de coberturas sociales a trabajadores informales, aún sin la formalización de su puesto de trabajo, como son los programas de protección social del tipo prestaciones por desempleo, cobertura de servicios de salud y protección a la maternidad.

En algunos casos, bajo una misma iniciativa, se pueden identificar componentes que abarcan más de una de las anteriores categorías, es decir, pluralidad de instrumentos detrás del mismo objetivo de formalización. La mayoría de esas iniciativas las han aprobado los congresos de los distintos países, pero hay otras que son producto de decretos de gobiernos locales.

 

Cómo está Colombia

 

Nuestro país no es la excepción en relación con la problemática de desempleo e informalidad laboral juvenil en América Latina. Según las cifras más recientes del DANE, la tasa de desempleo juvenil es del 16%, es decir 7,1 puntos porcentuales arriba de la tasa de desempleo global del país, que en el pasado mes de marzo fue de 8,9%.

En cuanto a informalidad, mientras la tasa de informalidad para las 13 áreas es del 48,3%, la tasa de informalidad para los jóvenes es mucho mayor. El estudio de la OIT la calcula en 64%, lo cual va en detrimento de sus condiciones de vida, pues muchos de ellos no tienen seguridad social ni prestaciones. El 30,5% de los jóvenes colombianos trabajan como cuentapropistas, que en su mayoría son trabajos informales.

En lo relativo a salarios, los jóvenes colombianos que tienen un empleo formal aproximadamente duplican en salario a los que trabajan en la informalidad. Y en el tema de seguridad social en salud, el porcentaje de los jóvenes informales que están asegurados es mínimo: entre el 12% y 16%.

En Colombia hay 5 sectores de actividades priorizados por el gobierno nacional, a través de la estrategia Colombia Formaliza, para mejorar la generación de empleos: comercio, construcción, transporte, restaurantes y hoteles, y servicios.

Veamos:

 

 

El estudio resalta que el gobierno colombiano ha emprendido acciones para disminuir el desempleo en todos los grupos etarios. Para el grupo de los jóvenes específicamente menciona la "Ley de formalización y generación del empleo" (Ley 1429 de 2010), los programas de emprendimiento y los de formalización de empresas.

También resalta la importancia del diálogo social, como herramienta para aportar a la construcción de mejores relaciones entre las políticas nacionales y los programas locales para mejorar la situación de los jóvenes.

Plantea que debe haber una mejor sistematización de los programas y políticas, a fin de que los beneficiarios tengan mejor acceso a la información y de esta manera las políticas públicas tengan un mayor impacto.

Finalmente, resalta que las políticas públicas para abordar el tema de desempleo e informalidad juvenil deben ser pertinentes, y para ello deben estar respaldadas con investigaciones y conocimientos previos.

 

El informe completo se puede ver en:
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_362579/lang--es/index.htm

Publicado 16 de mayo de 2015.

Publicado enSociedad
Precariado: ¿una clase nueva o nueva lucha de clases?

Las últimas décadas eran las décadas de las teorías del fin: se acababan –supuestamente– los conflictos ideológicos y la vieja lucha de clases (Fukuyama). Moría el trabajo (Rifkin).


Más que un reflejo de la realidad, fue una cortina de humo para el recrudecimiento de la guerra de clases bajo el neoliberalismo –un proyecto esencialmente clasista, David Harvey dixit– y los cambios en las modalidades del capital.
El antagonismo (o contradicción) capital/trabajo no desaparecía, se intensificaba; la explotación no disminuía, aumentaba; también la clase trabajadora como un sujeto no bajaba de la escena de la historia, sino crecía a escala global (¡China!), pasando al mismo tiempo –eso sí– por una profunda transformación.


Pero incluso algunas teorías que parecían explicar los nuevos fenómenos en torno al trabajo y el paso al posfordismo –flexibilización, desregulación, deslocalización, outsourcing, etcétera– resultaban igualmente problemáticas que las que tomaban al trabajo por muerto.

Este es el caso de Guy Standing, el economista británico, ex experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del precariado, término que éste popularizó para hablar de una nueva clase emergente –" class-in-the-making"–, distinta al proletariado, atomizada y unida sólo por el miedo y la inseguridad (El precariado, la nueva clase peligrosa, 2011).


Zygmunt Bauman aplaudió el término y a Guy Standing incluso por haberlo acuñado (¡sic!) –en realidad el precariado apareció en Francia e Italia ya en los años 80 y reapareció con la crisis actual–, viéndolo igual como una clase nueva (" the un-class"), formada cuando el capital sólido se volvió líquido (Social Europe, 14/6/11). Pero eran las críticas las que resultaban más interesantes.

Jan Breman, poniendo la creciente inseguridad laboral (empleo temporal, autoempleo, etcétera) en el contexto del avance neoliberal (privatización, desindustrialización, etcétera) y ataque a la capacidad organizativa del trabajo –algo ignorado por Standing–, concluía que nada de esto es nuevo bajo el capitalismo y que el precariado es un... término chafa (New Left Review, no. 84, 11-12/13).

El mismo Standing, respondiendo a esta crítica insistía en las características singulares del precariado, tratando de poner su argumento en términos marxistas: mientras el proletariado hacía el trabajo de acuerdo con sus capacidades, el trabajo del precariado es muy inferior a éstas (Open Democracy, 4/3/14).


Pero así sólo confirmaba que su narrativa sobre el retroceso (y fin de un cierto contrato social) partía de una visión estrecha de la clase trabajadora élite con su formación especializada y sus logros sociales, un fenómeno históricamente y geográficamente limitado.

No obstante, el capital siempre vivía de los trabajadores precarios e inestables, sujetos a diferentes modalidades del empleo. Marx los llamaba el ejército industrial de reserva, una raison d'être del modo de producción capitalista. Esta siempre fue la cara del proletariado, sobre todo a escala global. La inseguridad y no la estabilidad fue la condición original de la proletarianización. Hoy el grupo de los trabajadores precarios vuelve a crecer, pero apenas ayer estuvo con nosotros.

Sigue en las páginas del Manifesto comunista (1848): La creciente competencia entre burguesía y las crisis comerciales hacen los salarios de los trabajadores más volátiles y el desarrollo de la maquinaria hace sus vidas más y más precarias, lo que lleva a una creciente confrontación entre las dos clases.

O de El Capital (1867): El movimiento de la industria moderna reside en la transformación constante de la gente trabajadora en desempleados y semiempleados.

También Richard Seymour –autor de Against austerity, 2014– vio al precariado como un término poco convincente e impresionista, rechazando categóricamente –desde el marxismo y la mirada de Nicos Poulantzas– el erróneo afán de Standing de tratarlo como una clase nueva e incluso de suplantar las viejas clases por un sistema actualizado –¡sic!– (New Left Project, 10/2/12 y los intercambios siguientes: New Left Project, 15/3/12, y Lenin's Tomb, 15/3/12).


A unas conclusiones parecidas llegó Jarek Urbanski, sociólogo polaco y activista sindical, en su nuevo libro (Prekariat i nowa walka klas/El precariado y la nueva lucha de clases, 2014), donde argumenta que lo que cambia no son las clases, sino las estrategias del capital para dominar al trabajo y moldearlo según sus necesidades y ciclos productivos, ocasionando –también mediante la precarización– la recomposición de la clase trabajadora (confundida a menudo con su fin).

Apoyándose en la teoría de la composición de clase, que enfatiza el tema del conflicto, subraya que los cambios dentro del sistema no son sólo resultado del avance del capital, sino también de la reacción de los trabajadores, que pasan por un proceso constante de transformación. Así, los trabajadores precarios no emergen como una clase nueva, sino fruto de una nueva fase (neoliberal) de la lucha de clases.


Bien recordaba Seymour que la clase es un concepto relacional que no existe empíricamente por sí solo: se forma sólo en relación con otras, algo fundamentalmente antagónico centrado en el capitalismo en torno a la producción y la reproducción del sistema.

Aquí resulta atinada la percepción (dialéctica) de Noam Chomsky que, hablando de la situación del mundo de trabajo –muy diferente, por ejemplo, a la de los años 30–, apunta al reverso del precariado: el uno por ciento y la plutonomía, economía gobernada por y para los ricos.

Cita un folleto de Citigroup que invitaba a los ricos a invertir en bienes de lujo en el mundo dividido entre la plutonomía y el resto; subraya, en el contexto estadunidense, el papel de la Fed en empujar la inseguridad laboral para someter a los trabajadores y hacerlos más dóciles, evidenciando que la precarización no es algo objetivo, vinculado, por ejemplo, sólo con el cambio tecnológico, sino fruto de la campaña de los de arriba (Counterpunch, 8/5/12).


Warren Buffet, el cuarto hombre más rico del mundo, dijo una vez (algo que le gusta mucho repetir a Harvey): Claro que existe la lucha de clases, y es mi clase la que va ganando.

*Periodista polaco
Twitter: @periodistapl

Publicado enEconomía
El crecimiento económico en América Latina no reduce la informalidad

Casi la mitad de los trabajadores de América Latina, un 47,7%, tiene un empleo informal. De los 275 millones de personas que forman la fuerza laboral de la región, solo 145 millones poseen un trabajo formal. Así lo indica el informe Programa Laboral 2013 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentado este martes en Lima. La directora regional de ese organismo, Elizabeth Tinoco, calificó la situación de "preocupante" pues si bien el desempleo urbano en América Latina y el Caribe bajó a una tasa mínima histórica de un 6,3%, ello no se debió a una mayor generación de empleo, sino a las personas que salieron del mercado laboral. El año anterior ese indicador fue de un 6,4%.


La representante del organismo dijo que, pese al crecimiento económico registrado en años anteriores, "el ritmo de reducción de la informalidad no ha sido acelerado y las perspectivas de reducción son casi las mismas. Si sigue como está la tasa de desempleo, con este crecimiento económico y con estas pocas medidas para combatirlo, va a mantenerse igual". En 2009 la tasa de informalidad en la región era de 50% y en 2011 de 47,7%.

Los índices de mayor empleo informal se registran en Centroamérica: Guatemala con 76,8% y Honduras con 72,8%, mientras que Perú, que el año pasado fue el segundo país en la región con mayor crecimiento, tiene el 68,8% de personas con ocupación informal.


El 50% de las mujeres y el 45% de los hombres trabajan en condición informal. Así como la informalidad ataca más a ellas, el desempleo también: de los 14,8 millones de latinoamericanos que buscan empleo sin conseguirlo, más de la mitad son mujeres: 7,7 millones, además, hay unos 22 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. "Seis de cada diez jóvenes tienen empleo informal", precisa a este diario Juan Chacaltana, especialista en empleo y mercado de trabajo de la oficina regional de la OIT.


"No es casual que en diversas ciudades sean los jóvenes quienes encabezan protestas cuestionando el sistema y las instituciones", indica el prólogo del reporte.


Tinoco destacó que la preocupación acerca del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe también se debe a lo ocurrido con los salarios mínimos: estos aumentaron en 2012 en un 6,9% pero solo un 2,6% en 2013.


"En 2012 el crecimiento económico se ha desacelerado y también, en consecuencia, la generación de empleo. El impacto en el mercado de trabajo es de menor remuneración por salario, baja productividad que incide en la redistribución de la riqueza, alta informalidad mantenida y no reducida, cobertura de protección ineficiente y alto porcentaje de desempleo juvenil al alza", refirió Tinoco.


La OIT hizo un llamado a los gobiernos a "tomar medidas económicas pues no pueden estar divorciadas y separadas de la necesidad de generar más y mejores empleos", acotó la directora regional.


La funcionaria indicó que el desempleo juvenil que viven más de seis millones de latinoamericanos tiene "repercusión en la gobernabilidad de nuestras sociedades. La falta de esperanza y de posibilidades de insertarse genera frustración, no necesariamente violencia. Ésta se está acumulando en el espíritu de los jóvenes porque no tiene respuesta de parte del gobierno", añadió.


La tarde del sábado, tres jóvenes peruanos cantaban hip hop en un microbús que circulaba por el distrito de Miraflores, de clase media: se quejaban de la corrupción, de los políticos. Con su melodía y un aparato reproductor, pedían un apoyo a su arte a falta de oportunidades. Ellos, como otros miles que suben a vehículos de transporte o se buscan un ingreso en las calles, entran en la calificación de personas con empleo de acuerdo a la OIT, aunque dependiendo de su formación y sus ingresos, pueden considerarse en el subempleo y la informalidad. Quien trabaja al menos una hora por semana y obtiene un ingreso es considerado una persona con empleo.


El Panorama Regional de la OIT también destacó que América Latina registra índices de productividad por debajo del promedio mundial, e hizo también una invocación a los gobiernos en ese sentido pues es la región más rezagada en comparación con Europa y Asia. Desde el 2000 al 2010 apenas creció en 10% la productividad. "Si no hay productividad, ¿qué se va a redistribuir?", afirma Tinoco.
Ante este panorama, el organismo multilateral recomienda a los gobiernos a que tomen medidas para un mayor di

álogo con los sindicatos, mejorar la productividad, incrementar el empleo formal, promover el empleo juvenil, reducir el trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil, entre otras. Sin embargo, no hay nada que obligue a los gobiernos y agentes económicos a actuar en ese sentido. "Es común moverse mucho por coyuntura y por indicadores de corto plazo, luego surge la preocupación cuando bajan algunos precios de materias primas, pero cuando tratamos el tema de diversificación económica los agentes económicos suelen responder 'eso demora'. Hay que empezar en algún momento", explicó Chacaltana a la consulta acerca de este obstáculo.

 

Publicado enInternacional