Domingo, 24 Abril 2022 13:03

Castigo carcelario, una pena ilícita

Sofia Carvalho, prision, https://www.flickr.com/photos/29118734@N04/6928319649/

Más de 21.000 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, hacinadas, humilladas, en condiciones degradantes e inhumanas, llevó a la Corte Constitucional a extender el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, que fue declarado en segunda oportunidad en el año 2013 y que ahora también cubre a las personas privadas de la libertad en estos lugares.

Mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la política criminal era contrario a la Constitución, en esta oportunidad analizada la situación que se vive en los centros de detención transitoria, concluyó que es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De este modo, por medio de la sentencia SU 122 de marzo 31, se extiende el estado de cosas inconstitucional a las personas privadas de la libertad en estos lugares transitorios.

Desde hace varios años las personas privadas de la libertad no pueden ser enviadas a las cárceles, porque están totalmente hacinadas, haciéndose invivibles. Por esta razón acudieron al uso de las estaciones e inspecciones de policía y las unidades de reacción inmediata de la fiscalía para alojar a los detenidos preventivos, pero tampoco fueron suficientes y ahora están más hacinadas que los presidios, y ahora son una verdadera bomba de tiempo que deja al desnudo la incapacidad para atender esta problemática.

Hacinamiento, condiciones inhumanas de encarcelamiento, violación de los derechos humanos de las personas sometidas al encierro, todo ello deja en evidencia el equivocado manejo de la política criminal en el país, el deficiente papel cumplido por la rama legislativa, las graves omisiones del ejecutivo y el pobre desempeño de la rama judicial. Toda una derrota de nuestro incipiente Estado social y democrático de derecho, que como estructura solo queda en el papel cuando se le confronta con la situación que se vive en estos centros de detención transitorios. Las próximas generaciones se horrorizarán al enterarse de esta situación, más que el horror que sentimos nosotros cuando recordamos los famosos campos de concentración.

El horror ante nuestros ojos, y la indiferencia mayoritaría del país; una realidad fundamental, sin debate en el curso de la campaña electoral. Se trata de la situación de las personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata –URI– y del hacinamiento que reina en estos lugares que alcanzan cifras inimaginables (ver Cifras del hacinamiento).

 

 

Se trata de lugares que no fueron construidos ni diseñados para alojar personas por más de 36 horas, y que no cuentan con ventilación, ni espacios adecuados para conciliar el sueño o descansar, ni con posibilidades de disfrutar del Sol, y tienen carencias en los servicios sanitarios; tampoco cuentan con espacios adecuados para las entrevistas con los familiares o abogados, mucho menos para garantizar el derecho a mantener intimidad con la pareja el día de visita conyugal, pero además son lugares en los cuales es constante la violencia entre las personas que allí son albergadas, y en los que los problemas de salubridad y brotes de enfermedades se multiplican y no se solucionan, entre otras razones por la carencia de agua, de espacio para tratar a quienes estén infectadas, en fin, donde no se suministran alimentos adecuados ni implementos de aseo. En una palabra: el mismísimo infierno.

Recuerda la Corte en su reciente pronunciamiento, que el Estado debe garantizar las condiciones dignas de detención a esta población que, por el hacinamiento en cárceles y penitenciarias, no ha sido trasladada a los lugares de reclusión ordinarios, entendiendo que la libertad como garantía fundamental puede estar sujeta a restricciones definidas expresamente en la ley, pero atendiendo estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque la restricción a la libertad es absolutamente excepcional y, además, la relación de sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades, la obligación de protección de aquellos derechos que no son susceptibles de limitación.

Es decir, durante el tiempo que la persona permanezca privada de la libertad, las autoridades deben garantizar condiciones dignidad y evitar cualquier tratamiento que se configure en tortura o sea cruel, inhumano o degradante.

Esta violación sistemática de los derechos, ampliamente conocida por las autoridades en nuestro país, obligó a la intervención del juez constitucional para, en sus palabras, orientar la coordinación y articulación efectiva entre las distintas entidades del orden nacional y territorial, que, desde sus competencias deben resolver una situación que atenta intensamente contra las garantías constitucionales, por lo que exige al Estado adoptar un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano. Así las cosas, la Corte formuló un plan de acción, en dos fases: una transitoria, con órdenes urgentes y de cumplimiento inmediato, y otra definitiva, con órdenes a mediano y largo plazo.

Las medidas ordenadas por la Corte: Un saludo a la bandera

La primera medida urgente que se ordena es el traslado de aquellos detenidos preventivos y de los condenados a los cuales el juez les concedió el domicilio como lugar de reclusión. Según la Defensoría del Pueblo, si acaso serán 110 las personas que se encuentran en esta situación, de suerte que en poco o nada servirá para atender y superar la gravísima problemática a la que nos enfrentamos, (ver Situación jurídica).

Además, se ordena que en un término de 2 meses se traslade a los condenados, a las penitenciarías a cargo del Inpec. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, de un conjunto de 21.074 personas que permanecen en los centros de detención transitoria, no suma más de 1.995 las condenadas, los demás son detenidos preventivos. Pero, además, no se puede olvidar que en los centros penitenciarios reina desde décadas atrás el hacinamiento y la violación sistemática de los mínimos constitucionales (T-153 de 1993). Es decir, con esta orden, se traslada el problema de un lugar a otro.

Las prisiones en el país, sus condiciones de deterioro y, además, la superpoblación que alberga exceden los márgenes tolerables conforme a los estándares internacionales, en especial los de las Naciones Unidas (señala una densidad máxima admisible de 120%) y sus reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad (reglas Mandela).

En estas condiciones, el Estado ha perdido el manejo del orden interno de estos lugares, el cual queda en manos de los propios presos miembros de bandas o grupos con estructura delincuencial. Y el control en estas condiciones se torna violento, sometiendo a los que no forman parte de la banda dominante a humillaciones y servidumbres, incluso sexuales.

Son lugares con un alto saldo de víctimas y escenas de inusitada crueldad, que se normalizan en la creación de realidad mediática como supuestas manifestaciones de la violencia natural de la delincuencia.

¿Acaso los magistrados no conocen la realidad que se vive en estos centros carcelarios? Alguien proponía, y no le falta razón, que sería importante que pasaran al menos una noche en estos lugares.

La detención preventiva y la pena
de prisión, convertidas
en medidas ilegales

La Corte señala que la violación de las garantías mínimas de las personas detenidas en estas instituciones es sistemática, y de esta manera reconoce que la privación de la libertad en estas condiciones se ha convertido en un trato degradante, inhumano, en una verdadera pena ilegal. Consecuente con este reconocimiento, ordena que en un término de 4 meses se garantice a las personas privadas de la libertad en estos lugares condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficiente, así como la separación tanto de hombre y mujeres, como entre menores y mayores de edad.
Incluso dispone crear otros espacios, con requerimientos mínimos, para alojar a los detenidos preventivos, creación para la que concede un término de un año, nuevas locaciones que solo podrán ser utilizadas durante 6 años, momento para el cual se debe contar con cárceles departamentales o municipales suficientes para albergar a esta población.

El fallo de la Corte Constitucional es un avance, pero en lo declarado olvida algo fundamental, y es que el hacinamiento no solo se resuelve con más cárcel. También, y sobre todo, se resuelve con menos cárcel. Existen precedentes en nuestra región que más adelante retomaremos.

Además, la Corte exhorta al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que capacite a los jueces y fiscales, en torno al carácter excepcional de la medida de detención preventiva, y en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en estos centros de reclusión transitoria.

Si bien la capacitación de los funcionarios (jueces y fiscales) no deja de ser importante, los magistrados de la Corte deben ser los primeros en aceptar las enseñanzas que en esta materia ha dictado desde décadas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Decimos lo anterior porque a pesar de existir una línea consolidada de la Cidh en la materia, la Corte Constitucional en la Sentencia C 469 de 2016, avaló las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículo 310) que permiten la detención preventiva con fines precautelativos, en casos en los cuales las normas de tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana la prohíbe, lo cual ha contribuido de forma importante para que tengamos un panorama tan vergonzoso en materia de castigo penal, como el que obligó a declarar el estado de cosas inconstitucional.

Para la Cidh, la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible con la Convención. Este Tribunal ha indicado que “[…] la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” (Párr. 312). (Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, 12 de noviembre de 1997, párr. 77, y Caso J. Vs. Perú, párr. 157).
Además, la Cidh ha enseñado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva (Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159). Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto (Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, 17 de noviembre de 2009, párr. 115, y Caso J. Vs. Perú, párr.159). Pero la Corte Constitucional en nuestro país nunca ha reconocido estas decisiones. Consecuentes con lo decidido con respecto a otros funcionarios de la Rama, deberían empezar por dar ejemplo, lo cual irradiaría todas las decisiones que al respecto se deban adoptar, en cualquier instancia legislativa o jurisdiccional.

Ahora bien, las pruebas recaudadas en los trámites de las tutelas que revisó la Corte y las innumerables evidencias que recogió la Defensoría del Pueblo durante la visita que por más de un año realizó a estos lugares, dan cuenta de las torturas, malos tratos, lesiones o sufrimientos impuestos a las personas privadas en las dependencias de detención transitoria, es decir, en las estaciones de policía, las sedes de la fiscalía, etcétera.

La Defensoría del Pueblo durante el año 2021 realizó más de 50 visitas en campo y corroboró que “[…] en el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues, aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la SIJIN de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%)”.

Se trata de la privación de libertad bajo constante amenaza para la vida y la salud, la mala alimentación, el riesgo de enfermedades infecciosas, el sometimiento a grupos violentos de presos, humillante y muchas veces servil, sin dormitorios, sin baños suficiente, sin ventilación, sin patio para recibir el sol, sin un mínimo de privacidad, con mala alimentación, sin salud, con maltrato a los visitantes, carencia de medicamentos, una forma o modalidad de tortura, así lo enseña el artículo 2º de la Convención Interamericana contra la tortura.

Estas penas ilícitas son calificadas como penas crueles, inhumanas y degradantes, prohibidas por el art. 2,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

No se trata de las habituales carencias conocidas de las prisiones, ni tampoco de una sobrepoblación dentro de límites ‘tolerables’, ni de los defectos por todos conocidos, sino de una deformación absoluta de esta pena, que deja de ser una mera privación de libertad para pasar a ser una pena corporal con consecuencias que no serán nunca reversibles.

Así las cosas, es hora de reconocer que a las personas detenidas les están imponiendo penas ilícitas. No es posible seguir guardando silencio frente a esta situación. Los jueces y fiscales están permitiendo que, frente a la realidad del ejercicio del poder punitivo, se concede razón a la afirmación de que el derecho es un mero instrumento de las clases dominantes.

No es posible sostener que fiscales y jueces no son responsables de esta situación debido a su formación positivista jurídica, lo que les obliga a obedecer la ley. Basta recordar la existencia de normas internacionales válidas, de máxima jerarquía, que prohíben esa clase de penas.

La Constitución y el Derecho Internacional son las normas fundamentales que se deben tomar en cuenta para la construcción de una solución jurídica. El juez de garantía y los jueces de conocimiento (ver pág. 17), solo deben habilitar las medidas de aseguramiento y las penas lícitas, teniendo en cuenta las circunstancias concretas.

Como enseña la Cidh: “Cuando las condiciones del establecimiento se deterioran hasta dar lugar a una pena degradante como consecuencia de la sobrepoblación y de sus efectos antes señalados, el contenido aflictivo de la pena o de la privación de libertad preventiva se incrementa en una medida que deviene ilícita o antijurídica”. (Considerando 92, resolución de la CIDH de 22 de noviembre de 2018, medidas provisionales. Asunto del Instituto penal Plácido de Sá Carvalho)”.

Estamos ante un estado de cosas que no es imaginado sino verídico, padecido por miles de personas, que debe ser resuelto de manera cierta. Existen soluciones jurídicas para el caso en que el agravamiento de las condiciones de privación de libertad sea tan extremo que resulte violatorio del artículo 5.2 de la Convención Americana o de sus equivalentes constitucionales nacionales, en razón de que esa pena impone un dolor o aflicción que excede en mucho el que es inherente a toda pena o privación de libertad:

i. La directa liberación de los presos, considerando que es intolerable que un Estado de derecho ejecute penas que son, por lo menos, degradantes. (En este sentido, Supremo Tribunal Federal. Interpretación Vinculante –Súmula Vinculante– nº 56, de 8 de agosto de 2016: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”. RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8- 2016, Tema 423).
ii. La otra alternativa consiste en que de algún modo se provoque una disminución de la población penal, por lo general mediante un cálculo de tiempo de pena o de privación de libertad que abrevie el tiempo real, atendiendo al mayor contenido aflictivo, producto de la sobrepoblación penal.

En este sentido, el precedente citado y resaltado por la Cidh, enseña que “En principio, y dado que es innegable que las personas privadas de libertad en el IPPSC pueden estar sufriendo una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el inherente a la mera privación de libertad, por un lado, resulta equitativo reducir su tiempo de encierro, para lo cual debe atenerse a un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida en la parte antijurídica de su ejecución. Las penas ilícitas, no por su antijuridicidad dejan de ser penas y, lo cierto es que se están ejecutando y sufriendo, circunstancia que no puede obviarse para llegar a una solución lo más racional posible dentro del marco jurídico internacional. Lo anterior es concordante con el mandamus del Supremo Tribunal Federal establecido en la Súmula Vinculante No. 56”. (Considerando 120).

“Dado que está fuera de toda duda que la degradación en curso obedece a la superpoblación del IPPSC, cuya densidad es del 200%, o sea, que duplica su capacidad, de ello se deduciría que duplica también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o de medida preventiva ilícita realmente sufrida se les computase a razón de dos días de pena lícita por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes”. (Considerando 121).

Ahora, es claro el efecto reproductor de violencia que se padece en las cárceles y centros de detención transitoria, una realidad que lejos de servir para cualquier objetivo que en algún momento permita al preso su reintegro a la vida libre en condiciones por lo menos no más negativas que las que determinaron su ingreso.

Estamos ante una realidad de espanto, horror, y sometimiento a la total indignidad de los encarcelados por infringir una u otra norma que afecta la convivencia pacífica de la comunidad, que evidencia que la pena de prisión fracasó y como sociedad no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. .

 

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Publicado enColombia
Martes, 19 Abril 2022 10:43

Castigo carcelario, una pena ilícita

Sofia Carvalho, prision, https://www.flickr.com/photos/29118734@N04/6928319649/

Más de 21.000 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, hacinadas, humilladas, en condiciones degradantes e inhumanas, llevó a la Corte Constitucional a extender el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, que fue declarado en segunda oportunidad en el año 2013 y que ahora también cubre a las personas privadas de la libertad en estos lugares.

Mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la política criminal era contrario a la Constitución, en esta oportunidad analizada la situación que se vive en los centros de detención transitoria, concluyó que es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De este modo, por medio de la sentencia SU 122 de marzo 31, se extiende el estado de cosas inconstitucional a las personas privadas de la libertad en estos lugares transitorios.

Desde hace varios años las personas privadas de la libertad no pueden ser enviadas a las cárceles, porque están totalmente hacinadas, haciéndose invivibles. Por esta razón acudieron al uso de las estaciones e inspecciones de policía y las unidades de reacción inmediata de la fiscalía para alojar a los detenidos preventivos, pero tampoco fueron suficientes y ahora están más hacinadas que los presidios, y ahora son una verdadera bomba de tiempo que deja al desnudo la incapacidad para atender esta problemática.

Hacinamiento, condiciones inhumanas de encarcelamiento, violación de los derechos humanos de las personas sometidas al encierro, todo ello deja en evidencia el equivocado manejo de la política criminal en el país, el deficiente papel cumplido por la rama legislativa, las graves omisiones del ejecutivo y el pobre desempeño de la rama judicial. Toda una derrota de nuestro incipiente Estado social y democrático de derecho, que como estructura solo queda en el papel cuando se le confronta con la situación que se vive en estos centros de detención transitorios. Las próximas generaciones se horrorizarán al enterarse de esta situación, más que el horror que sentimos nosotros cuando recordamos los famosos campos de concentración.

El horror ante nuestros ojos, y la indiferencia mayoritaría del país; una realidad fundamental, sin debate en el curso de la campaña electoral. Se trata de la situación de las personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata –URI– y del hacinamiento que reina en estos lugares que alcanzan cifras inimaginables (ver Cifras del hacinamiento).

 

 

Se trata de lugares que no fueron construidos ni diseñados para alojar personas por más de 36 horas, y que no cuentan con ventilación, ni espacios adecuados para conciliar el sueño o descansar, ni con posibilidades de disfrutar del Sol, y tienen carencias en los servicios sanitarios; tampoco cuentan con espacios adecuados para las entrevistas con los familiares o abogados, mucho menos para garantizar el derecho a mantener intimidad con la pareja el día de visita conyugal, pero además son lugares en los cuales es constante la violencia entre las personas que allí son albergadas, y en los que los problemas de salubridad y brotes de enfermedades se multiplican y no se solucionan, entre otras razones por la carencia de agua, de espacio para tratar a quienes estén infectadas, en fin, donde no se suministran alimentos adecuados ni implementos de aseo. En una palabra: el mismísimo infierno.

Recuerda la Corte en su reciente pronunciamiento, que el Estado debe garantizar las condiciones dignas de detención a esta población que, por el hacinamiento en cárceles y penitenciarias, no ha sido trasladada a los lugares de reclusión ordinarios, entendiendo que la libertad como garantía fundamental puede estar sujeta a restricciones definidas expresamente en la ley, pero atendiendo estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque la restricción a la libertad es absolutamente excepcional y, además, la relación de sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades, la obligación de protección de aquellos derechos que no son susceptibles de limitación.

Es decir, durante el tiempo que la persona permanezca privada de la libertad, las autoridades deben garantizar condiciones dignidad y evitar cualquier tratamiento que se configure en tortura o sea cruel, inhumano o degradante.

Esta violación sistemática de los derechos, ampliamente conocida por las autoridades en nuestro país, obligó a la intervención del juez constitucional para, en sus palabras, orientar la coordinación y articulación efectiva entre las distintas entidades del orden nacional y territorial, que, desde sus competencias deben resolver una situación que atenta intensamente contra las garantías constitucionales, por lo que exige al Estado adoptar un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano. Así las cosas, la Corte formuló un plan de acción, en dos fases: una transitoria, con órdenes urgentes y de cumplimiento inmediato, y otra definitiva, con órdenes a mediano y largo plazo.

Las medidas ordenadas por la Corte: Un saludo a la bandera

La primera medida urgente que se ordena es el traslado de aquellos detenidos preventivos y de los condenados a los cuales el juez les concedió el domicilio como lugar de reclusión. Según la Defensoría del Pueblo, si acaso serán 110 las personas que se encuentran en esta situación, de suerte que en poco o nada servirá para atender y superar la gravísima problemática a la que nos enfrentamos, (ver Situación jurídica).

Además, se ordena que en un término de 2 meses se traslade a los condenados, a las penitenciarías a cargo del Inpec. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, de un conjunto de 21.074 personas que permanecen en los centros de detención transitoria, no suma más de 1.995 las condenadas, los demás son detenidos preventivos. Pero, además, no se puede olvidar que en los centros penitenciarios reina desde décadas atrás el hacinamiento y la violación sistemática de los mínimos constitucionales (T-153 de 1993). Es decir, con esta orden, se traslada el problema de un lugar a otro.

Las prisiones en el país, sus condiciones de deterioro y, además, la superpoblación que alberga exceden los márgenes tolerables conforme a los estándares internacionales, en especial los de las Naciones Unidas (señala una densidad máxima admisible de 120%) y sus reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad (reglas Mandela).

En estas condiciones, el Estado ha perdido el manejo del orden interno de estos lugares, el cual queda en manos de los propios presos miembros de bandas o grupos con estructura delincuencial. Y el control en estas condiciones se torna violento, sometiendo a los que no forman parte de la banda dominante a humillaciones y servidumbres, incluso sexuales.

Son lugares con un alto saldo de víctimas y escenas de inusitada crueldad, que se normalizan en la creación de realidad mediática como supuestas manifestaciones de la violencia natural de la delincuencia.

¿Acaso los magistrados no conocen la realidad que se vive en estos centros carcelarios? Alguien proponía, y no le falta razón, que sería importante que pasaran al menos una noche en estos lugares.

La detención preventiva y la pena
de prisión, convertidas
en medidas ilegales

La Corte señala que la violación de las garantías mínimas de las personas detenidas en estas instituciones es sistemática, y de esta manera reconoce que la privación de la libertad en estas condiciones se ha convertido en un trato degradante, inhumano, en una verdadera pena ilegal. Consecuente con este reconocimiento, ordena que en un término de 4 meses se garantice a las personas privadas de la libertad en estos lugares condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficiente, así como la separación tanto de hombre y mujeres, como entre menores y mayores de edad.
Incluso dispone crear otros espacios, con requerimientos mínimos, para alojar a los detenidos preventivos, creación para la que concede un término de un año, nuevas locaciones que solo podrán ser utilizadas durante 6 años, momento para el cual se debe contar con cárceles departamentales o municipales suficientes para albergar a esta población.

El fallo de la Corte Constitucional es un avance, pero en lo declarado olvida algo fundamental, y es que el hacinamiento no solo se resuelve con más cárcel. También, y sobre todo, se resuelve con menos cárcel. Existen precedentes en nuestra región que más adelante retomaremos.

Además, la Corte exhorta al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que capacite a los jueces y fiscales, en torno al carácter excepcional de la medida de detención preventiva, y en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en estos centros de reclusión transitoria.

Si bien la capacitación de los funcionarios (jueces y fiscales) no deja de ser importante, los magistrados de la Corte deben ser los primeros en aceptar las enseñanzas que en esta materia ha dictado desde décadas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Decimos lo anterior porque a pesar de existir una línea consolidada de la Cidh en la materia, la Corte Constitucional en la Sentencia C 469 de 2016, avaló las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículo 310) que permiten la detención preventiva con fines precautelativos, en casos en los cuales las normas de tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana la prohíbe, lo cual ha contribuido de forma importante para que tengamos un panorama tan vergonzoso en materia de castigo penal, como el que obligó a declarar el estado de cosas inconstitucional.

Para la Cidh, la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible con la Convención. Este Tribunal ha indicado que “[…] la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” (Párr. 312). (Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, 12 de noviembre de 1997, párr. 77, y Caso J. Vs. Perú, párr. 157).
Además, la Cidh ha enseñado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva (Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159). Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto (Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, 17 de noviembre de 2009, párr. 115, y Caso J. Vs. Perú, párr.159). Pero la Corte Constitucional en nuestro país nunca ha reconocido estas decisiones. Consecuentes con lo decidido con respecto a otros funcionarios de la Rama, deberían empezar por dar ejemplo, lo cual irradiaría todas las decisiones que al respecto se deban adoptar, en cualquier instancia legislativa o jurisdiccional.

Ahora bien, las pruebas recaudadas en los trámites de las tutelas que revisó la Corte y las innumerables evidencias que recogió la Defensoría del Pueblo durante la visita que por más de un año realizó a estos lugares, dan cuenta de las torturas, malos tratos, lesiones o sufrimientos impuestos a las personas privadas en las dependencias de detención transitoria, es decir, en las estaciones de policía, las sedes de la fiscalía, etcétera.

La Defensoría del Pueblo durante el año 2021 realizó más de 50 visitas en campo y corroboró que “[…] en el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues, aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la SIJIN de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%)”.

Se trata de la privación de libertad bajo constante amenaza para la vida y la salud, la mala alimentación, el riesgo de enfermedades infecciosas, el sometimiento a grupos violentos de presos, humillante y muchas veces servil, sin dormitorios, sin baños suficiente, sin ventilación, sin patio para recibir el sol, sin un mínimo de privacidad, con mala alimentación, sin salud, con maltrato a los visitantes, carencia de medicamentos, una forma o modalidad de tortura, así lo enseña el artículo 2º de la Convención Interamericana contra la tortura.

Estas penas ilícitas son calificadas como penas crueles, inhumanas y degradantes, prohibidas por el art. 2,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

No se trata de las habituales carencias conocidas de las prisiones, ni tampoco de una sobrepoblación dentro de límites ‘tolerables’, ni de los defectos por todos conocidos, sino de una deformación absoluta de esta pena, que deja de ser una mera privación de libertad para pasar a ser una pena corporal con consecuencias que no serán nunca reversibles.

Así las cosas, es hora de reconocer que a las personas detenidas les están imponiendo penas ilícitas. No es posible seguir guardando silencio frente a esta situación. Los jueces y fiscales están permitiendo que, frente a la realidad del ejercicio del poder punitivo, se concede razón a la afirmación de que el derecho es un mero instrumento de las clases dominantes.

No es posible sostener que fiscales y jueces no son responsables de esta situación debido a su formación positivista jurídica, lo que les obliga a obedecer la ley. Basta recordar la existencia de normas internacionales válidas, de máxima jerarquía, que prohíben esa clase de penas.

La Constitución y el Derecho Internacional son las normas fundamentales que se deben tomar en cuenta para la construcción de una solución jurídica. El juez de garantía y los jueces de conocimiento (ver pág. 17), solo deben habilitar las medidas de aseguramiento y las penas lícitas, teniendo en cuenta las circunstancias concretas.

Como enseña la Cidh: “Cuando las condiciones del establecimiento se deterioran hasta dar lugar a una pena degradante como consecuencia de la sobrepoblación y de sus efectos antes señalados, el contenido aflictivo de la pena o de la privación de libertad preventiva se incrementa en una medida que deviene ilícita o antijurídica”. (Considerando 92, resolución de la CIDH de 22 de noviembre de 2018, medidas provisionales. Asunto del Instituto penal Plácido de Sá Carvalho)”.

Estamos ante un estado de cosas que no es imaginado sino verídico, padecido por miles de personas, que debe ser resuelto de manera cierta. Existen soluciones jurídicas para el caso en que el agravamiento de las condiciones de privación de libertad sea tan extremo que resulte violatorio del artículo 5.2 de la Convención Americana o de sus equivalentes constitucionales nacionales, en razón de que esa pena impone un dolor o aflicción que excede en mucho el que es inherente a toda pena o privación de libertad:

i. La directa liberación de los presos, considerando que es intolerable que un Estado de derecho ejecute penas que son, por lo menos, degradantes. (En este sentido, Supremo Tribunal Federal. Interpretación Vinculante –Súmula Vinculante– nº 56, de 8 de agosto de 2016: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”. RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8- 2016, Tema 423).
ii. La otra alternativa consiste en que de algún modo se provoque una disminución de la población penal, por lo general mediante un cálculo de tiempo de pena o de privación de libertad que abrevie el tiempo real, atendiendo al mayor contenido aflictivo, producto de la sobrepoblación penal.

En este sentido, el precedente citado y resaltado por la Cidh, enseña que “En principio, y dado que es innegable que las personas privadas de libertad en el IPPSC pueden estar sufriendo una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el inherente a la mera privación de libertad, por un lado, resulta equitativo reducir su tiempo de encierro, para lo cual debe atenerse a un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida en la parte antijurídica de su ejecución. Las penas ilícitas, no por su antijuridicidad dejan de ser penas y, lo cierto es que se están ejecutando y sufriendo, circunstancia que no puede obviarse para llegar a una solución lo más racional posible dentro del marco jurídico internacional. Lo anterior es concordante con el mandamus del Supremo Tribunal Federal establecido en la Súmula Vinculante No. 56”. (Considerando 120).

“Dado que está fuera de toda duda que la degradación en curso obedece a la superpoblación del IPPSC, cuya densidad es del 200%, o sea, que duplica su capacidad, de ello se deduciría que duplica también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o de medida preventiva ilícita realmente sufrida se les computase a razón de dos días de pena lícita por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes”. (Considerando 121).

Ahora, es claro el efecto reproductor de violencia que se padece en las cárceles y centros de detención transitoria, una realidad que lejos de servir para cualquier objetivo que en algún momento permita al preso su reintegro a la vida libre en condiciones por lo menos no más negativas que las que determinaron su ingreso.

Estamos ante una realidad de espanto, horror, y sometimiento a la total indignidad de los encarcelados por infringir una u otra norma que afecta la convivencia pacífica de la comunidad, que evidencia que la pena de prisión fracasó y como sociedad no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. .

 

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Publicado enEdición Nº290
En la imagen, Elon Musk (izquierda) y Jeff Bezos (derecha), los dos oligarcas más adinerados de EE.UU.

Mirando los medios corporativos, a menudo escuchamos la palabra “oligarca” precedida por el adjetivo “ruso”. Pero los oligarcas no son solo un fenómeno ruso ni son un concepto extranjero. Claro que no. Estados Unidos tiene su propia oligarquía.

Hoy, en los Estados Unidos, las dos personas más ricas poseen más riqueza que el 42 por ciento inferior de nuestra población (es decir, más de 130 millones de estadounidenses) mientras que el uno por ciento más rico ya posee más capital que el 92 por ciento de la población. Durante los últimos 50 años hubo una transferencia masiva de riqueza en nuestro país, pero en la dirección equivocada. La clase media se está reduciendo, mientras que a los de arriba le está yendo mejor que nunca.

Además, en términos de la economía global, no hay duda de que estamos viendo un aumento enorme y destructivo en la desigualdad de ingresos y de acumulación de riqueza. Mientras que las personas muy, muy ricas se vuelven mucho más ricas, la gente común tiene dificultades para subsistir y los más desfavorecidos se mueren de hambre.

Si bien existían niveles masivos de desigualdad antes del surgimiento de COVID, esta situación ha empeorado mucho en los dos últimos años.

Hoy, en todo el mundo, los diez hombres más ricos poseen más riqueza que 3.100 millones de personas, casi el 40 por ciento de la población mundial. Increíblemente, la riqueza de estos diez multimillonarios se ha duplicado durante la pandemia, mientras que los ingresos del 99 por ciento de la población mundial han disminuido.

Los oligarcas gastan enormes cantidades de dinero en lujosos yates, mansiones y obras de arte, mientras que 160 millones de personas en todo el mundo se han hundido en la miseria. Según Oxfam (“Comité de Oxford contra la hambruna”), la desigualdad global de ingresos y riqueza causa la muerte de más de 21.000 personas por día en todo el mundo como resultado del hambre y la falta de acceso a la atención médica. Sin embargo, los 2.755 multimillonarios del mundo vieron aumentar su riqueza en 5 billones de dólares (5 trillones en inglés) desde marzo de 2021, pasando de 8,6 billones a 13,8 billones de dólares.

Pero no se trata solo del aumento de la brecha de ingresos y riqueza entre los muy ricos y el resto del mundo. Es una creciente concentración de la propiedad y el poder económico y político. Algo de lo que no se habla mucho, ni en los medios ni en los círculos políticos, es la realidad de que un puñado de firmas de Wall Street, Black Rock, Vanguard y State Street, ahora controlan más de $21 billones en activos, suma equivalente a todo el PIB de los Estados Unidos. Esto le da a un pequeño número de directores ejecutivos un enorme poder sobre cientos de empresas y sobe la vida de millones de trabajadores. Como resultado,  en los últimos años hemos visto a los ultrarricos aumentar significativamente su influencia sobre los medios, la banca, la atención médica, la vivienda y muchas otras partes de nuestra economía. De hecho, nunca antes tan pocos poseyeron y controlaron tanto.

Todo esto no es otra cosa que una fuerte tendencia hacia la oligarquía en nuestro país y en el mundo, donde un pequeño número de multimillonarios ejercen un enorme poder político y económico.

Entonces, en medio de esta realidad, ¿hacia dónde debemos dirigirnos?

Claramente, mientras enfrentamos la oligarquía, el COVID, los ataques a la democracia, el cambio climático, la horrible guerra en Ucrania y otros desafíos, es fácil comprender por qué muchos caen en el cinismo y la desesperanza. Sin embargo, este es un estado mental que debemos superar, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hijos y las generaciones futuras. Hay demasiado en juego y la desesperación no es una opción. Debemos unirnos y luchar.

Lo que la historia siempre nos ha enseñado es que el cambio real nunca ocurre de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esa es la historia del movimiento laboral, de la lucha por los derechos civiles, por los derechos de la mujer, de los gays y por la protección del ambiente. Esa es la historia de cada esfuerzo que ha producido un cambio transformador en nuestra sociedad.

Esa es la lucha que debemos librar hoy.

Debemos unir a la gente en torno a una agenda progresista. Debemos educar, organizar y construir un movimiento popular que ayude a crear un tipo de nación y un mundo basado en los principios de justicia y solidaridad, no en la codicia y la oligarquía.

Nunca debemos perder nuestro sentido de indignación cuando tan pocos tienen tanto y tantos tienen tan poco.

No debemos permitir que nos dividan por el color de nuestra piel, por el lugar donde nacimos, por nuestra religión o por nuestra orientación sexual.

La mayor amenaza de la clase multimillonaria no es simplemente su riqueza y su poder ilimitados, sino su capacidad para crear una cultura que nos hace sentir débiles y desesperanzados y así disminuir la fuerza de la solidaridad humana.

Ahora, como resultado de la horrible invasión rusa de Ucrania y del extraordinario valor y solidaridad del pueblo ucraniano, los países de todo el mundo se están dando cuenta de que se está produciendo una lucha mundial entre la autocracia y la democracia, entre el autoritarismo y el derecho de las personas a expresar libremente sus opiniones.

Ahora es el momento de construir un nuevo orden global progresista que reconozca que cada persona en este planeta comparte una humanidad común y que todos nosotros, sin importar dónde vivamos o el idioma que hablemos, queremos que nuestros hijos crezcan sanos, tengan una vida digna, una educación y puedan respirar aire puro y vivir en paz.

Lo que estamos viendo ahora no es solo la increíble valentía de la gente en Ucrania, sino miles de rusos que han salido a las calles para exigir el fin de la guerra de Putin en Ucrania, sabiendo que es ilegal hacerlo y que probablemente serán arrestados por ello.

También hemos visto el coraje de los trabajadores aquí en nuestro país que se unen para enfrentarse a la avaricia empresarial y organizarse por mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo.

Hermanas y hermanos, en este momento estamos en una lucha entre un movimiento progresista que se moviliza en torno a una visión compartida de prosperidad, seguridad y dignidad para todas las personas, contra uno que defiende la oligarquía y la desigualdad mundial masiva de ingresos y riqueza.

Es una lucha que no podemos perder; es una lucha que podemos ganar, siempre y cuando estemos unidos.

En solidaridad,

Bernie Sanders

Traducción de Jorge Majfud

Publicado enEconomía
  El ex presidente de Uruguay, José Mujica, en un momento de la entrevista. — CARAS Y CARETAS

El presidente de Uruguay entre los años 2010 y 2015 refleja su sencillez y humanidad en una emotiva entrevista personal que remueve los engranajes del pensamiento social y político más convencional. "Sabio, ejemplar, grande" son algunos de los calificativos que provocan sus palabras.

Aunque sólo la pandemia por la covid-19 precipitó su retirada de la actividad política para dedicarse a la militancia popular, José Mujica está lejos de pretender jubilarse a sus 86 años. Líder del Movimiento de Participación Popular, grupo mayoritario del partido de izquierdas Frente Amplio de Uruguay, 'Pepe' sigue siendo un filósofo sencillo y un sabio humilde, ejemplo singular ─casi único─ de grandeza en el panorama político latinoamericano.

Maestro de la palabra, el ex político y ahora militante habló con el periodista Miguel Alejandro en el medio uruguayo Caras y Caretas para el programa A este lado del paraíso, en una entrevista que ofrecemos ahora para los lectores de Público y que se puede ver íntegramente en este vídeo.

Durante los poco más de 40 minutos que dura la entrevista, Mujica habla de su concepción del ser humano viajando a lo más profundo de se alma, "en el fondo creo en el hombre", pero siempre con una mirada constructiva sobre el futuro, "si el hombre logra sobrevivir a sus contradicciones tiene capacidad de convertirse en algo mejor". Su desconfianza general sobre la naturaleza humana le mantiene en un estado de vigilancia constante hacia el comportamiento humano, por lo que asegura que "hay que conservar el oficio de la misantropía", casi como un escudo, como una protección frente a los poderosos.

Casado desde 2005 con Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020, y también dirigente del MPP, Mujica conoce bien el amor y habla sobre el hombre frente a la mujer, "en la conducta masculina me parece ver la necesidad de una madre que nos gobierne", pero también el valor de la vida, a la que califica como "el único milagro que hay para cada uno de nosotros".

Su particular visión del hombre contemporáneo, del que participa de la sociedad y la vida pública, nos abre los ojos al entendimiento entre las personas, "poner la otra mejilla no es debilidad, es apuntar lejos", y nos cambia el prisma al describir al odio como un ser "tramposo, tan ciego como el amor, pero que nos termina destruyendo".

En su discurso de amor por la vida, asegura querer llegar a vivir hasta los cien años "y seguir de largo", sobrevuela su pasado guerrillero, sus ideas y su vida moderada y discreta. Dedicado al cultivo de flores como su principal fuente de ingresos, y dejada ya atrás su etapa como presidente de Uruguay, este panteísta reconocido deja en esta entrevista una frase lapidaria: "Por ahora la muerte es lo único fantásticamente democrático que existe".

Madrid

03/12/2021 22:04Público

Publicado enSociedad
Viernes, 05 Noviembre 2021 06:19

Nuestra América, la más desigual

Nuestra América, la más desigual

La pobreza no se resuelve con políticas asistencialistas y focalizadas, no es un asunto de subsidios puntuales al mejor estilo neoliberal: se trata de un asunto de justicia en la repartición de la producción en el propio proceso social del trabajo.

 

Dicen algunos que el socialismo es un fracaso, que genera hambre y miseria. En contraposición, y como parte del discurso hegemónico que ha logrado calar en el imaginario de miles de millones de personas, afirman que el capitalismo es el modelo a seguir. Según ellos, este último es exitoso.

Los hechos y los números muestran todo lo contrario, más del 95% de los países a nivel mundial son capitalistas, y sin embargo, la humanidad está plagada de hambre, pobreza y miseria a pesar de todo lo que se ha producido: desde 1800 hasta 2016, la producción mundial per cápita aumentó 1.234% (Maddison Project Database 2020), es decir, estos últimos dos siglos de capitalismo la producción aumentó en mayor proporción que la población, pero 2.300 millones de personas pasan hambre diariamente y 6 millones mueren todos los años por no tener qué comer. Quienes se encuentran mayoritariamente en estas condiciones son los de la clase trabajadora, los asalariados. ¿Y es que acaso no ha sido la clase obrera la que agregó valor y aumentó la producción con su fuerza de trabajo?

La causa principal y determinante de la pobreza en este mundo es la desigualdad, no es, como algunos dicen, porque se produce poco, mucho menos está asociada al discurso manipulador y malintencionado en el que se afirma que el pobre es pobre porque no es productivo, o porque es flojo, vago y de paso despilfarrador. El problema radica en la manera desigual cómo se ha distribuido dicha producción, la cual, en capitalismo, se concentra en pocas manos (la clase burguesa dueña del capital) dejando migajas para que sean repartidas entre las grandes mayorías (la clase obrera, dueña de la fuerza de trabajo y verdaderos productores). Según OXFAM, en 2018, el 1% de la población mundial se apropió del 80% de todo lo que se produjo, y el 20% restante fue lo que se repartió entre el 99% de la población.

En Nuestra América, a excepción de Cuba, todos los países son capitalistas, hay hambre y hay miseria, somos la región con mayor pobreza y la más desigual del mundo. En 2016, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dijo: “América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región. Según los cálculos de Oxfam, si esta tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante”.

En pandemia, los pronósticos se quedaron cortos: en 2020, el número de multimillonarios en la región subió 41%, de 76 multimillonarios (personas con patrimonio superior a US$ 1.000 millones) pasaron a 107, y su fortuna acumulada aumentó 61%, pasó de US$284.000 millones a US$480.000 millones en un año. Los países con más multimillonarios son: Brasil (66), México (14), Chile (9), Perú (6), Colombia (5), Argentina (5) (BBC News Mundo, julio 2021).

Conocer dónde y cómo se originan estas desigualdades es fundamental. La distribución de lo producido se concreta en el propio proceso social de producción, es en ese momento en el que dicha producción se distribuye entre los trabajadores y los dueños del capital. El que se destine más o menos a cada uno depende del nivel de salario, si este es mayor, la ganancia será menor y viceversa. Esta distribución la miden y publican todos los países del mundo siguiendo los manuales del FMI, se conoce como distribución factorial del ingreso, y para ello usan dos categorías: 1) remuneración de los asalariados y 2) excedente bruto de explotación (así mismo como lo están leyendo, el mencionado organismo, que no es marxista, se refiere a la ganancia calificándola de explotación). Por lo tanto, dada una producción, en la medida en que la remuneración a los asalariados es menor, la explotación (o ganancia) será mayor.

En América Latina y el Caribe la producción se ha distribuido en promedio de la siguiente manera: por cada 100 dólares que se producen, 37 corresponden a la remuneración de los asalariados y 52 han ido a parar al excedente bruto de explotación, la diferencia, 11 dólares, se destina a impuestos y consumo de capital (Alarco Germán, “Ciclos distributivos y crecimiento económico en América Latina. 1950-2014”). Con el agravante de que, en promedio, por cada capitalista hay, por lo menos, 10 asalariados, por lo tanto, esos 37 dólares de salarios, a su vez, debían repartirse entre 10 veces más personas que los 52 de ganancia.

A mayor desigualdad, más pobreza, más hambre y más miseria

Según la CEPAL, en 2020, de cada 100 habitantes de América latina y el Caribe, 34 se encontraban en pobreza, es decir, sus ingresos (en su gran mayoría provenientes del salario) no cubrían la canasta básica. De esos 34 habitantes, 13 se encontraban en pobreza extrema, es decir, no solo no podían cubrir la canasta básica, sino que ni siquiera les alcanzó para la canasta alimentaria. Estamos hablando de 209 millones de personas pobres en 2020 (22 millones más que el 2019) y 78 millones en situación de pobreza extrema (8 millones más que en 2019).

El hambre es una manifestación de la pobreza, como lo es la indigencia o la mortalidad por causas prevenibles o el analfabetismo o el hacinamiento. De acuerdo con datos de la CEPAL, en 2020, la inseguridad alimentaria (grave y moderada) alcanzó el 40% de la población de Nuestra América, es decir, 249 millones de personas no tuvieron acceso regular y suficiente a alimentos (en 2019 la inseguridad alimentaria fue 33,8%). Simultáneamente, en este sistema capitalista que predomina en nuestra región, se desechan (se botan al basurero) 220 millones de toneladas de alimentos al año, el 11,6% de los alimentos que se producen, lo que equivale a US$ 150.000 millones (FAO, “El Estado de la Alimentación y la Agricultura de 2019”).

Mientras tanto, en 2020, la riqueza de los multimillonarios de la región aumentó 61%, en un escenario en el que, de paso, la producción cayó 6,8%. Entonces, si la torta a repartir es menor porque se produjo menos y los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres, es porque dicha torta se repartió de manera mucho más desigual que antes: lo que se destinó a salarios, en proporción fue mucho menor y lo que se destinó a la explotación/ganancia (parafraseando al FMI) fue mucho mayor. ¿Es o no la pobreza y sus manifestaciones (hambre y miseria) una consecuencia de la desigualdad de la distribución de lo que se produce? 

Disminuir la pobreza es una bandera de lucha importante, por supuesto que lo es, así como lo es la lucha contra el hambre y la miseria, pero este problema no se resuelve con políticas asistencialistas y focalizadas hacia los pobres extremos, no es un asunto de subsidios puntuales o bolsas de comida al mejor estilo neoliberal, el problema va más allá, es un asunto de justicia en la repartición de la producción en el propio proceso social del trabajo, lo cual pasa por disminuir la brecha entre el salario y la explotación/ganancia, que solo es posible (en el marco de la propiedad privada de los medios de producción) mediante mayores niveles de salario para impedir que, el burgués, se apropie indebidamente del valor de la fuerza de trabajo del obrero que es quien, al final, agrega valor a la economía, o sea el que produce.

05/11/2021

Publicado enEconomía
Con una fortuna de 2.5 mil mdd Donald Trump no alcanzó a ingresar a la lista de los 400 estadunidenses más ricos, el mínimo requerido es de 2.9 mil mdd. A la derecha, Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien repite por cuarto año consecutivo en el número uno de los más ricos del país. Ambos en imagen de archivo. Foto Ap

Incrementaron sus fortunas 40% en año de pandemia // Trump sale de la lista de Forbes por primera vez en 25 años // Pagan tasas muy por debajo de la mayoría de los contribuyentes

 

Nueva York., Los 400 estadunidenses más ricos incrementaron su riqueza total 40 por ciento el año pasado, en plena pandemia, cuyas consecuencias económicas han devastado a millones de personas en este país y el resto del mundo, elevando el monto de su fortuna colectiva a 4.5 billones de dólares.

Casi todos en este exclusivo club tienen más dinero ahora que hace un año, pero entre las excepciones está un ex presidente, según la lista anual de los 400 más ricos de Estados Unidos calculada y publicada por Forbes.

Muchos de estos mismos individuos y sus empresas legalmente pagaron poco o nada de impuestos federales, con tasas muy por debajo de la gran mayoría de los contribuyentes, a tal extremo que no requieren de los servicios para ocultar sus fortunas del fisco en cuentas y entidades offshore como las reveladas por los Papeles de Pandora esta semana.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, repitió por cuarto año consecutivo en su puesto número uno en la lista de Forbes de los estadunidenses más ricos con una fortuna personal de 201 mil millones de dólares (su ahora ex esposa MacKenzie Scott está en el número 15 con 58.5 mil millones). Elon Musk, de Tesla, le sigue con una fortuna de 190.5 mil millones y en tercero está Mark Zuckerberg, de Facebook, con 134.5 mil millones. Bill Gates está en cuarto puesto con 134 mil millones (su ex esposa Melinda French Gates ocupa el número 158 con 6.3 mil millones). Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin ocupan los siguientes dos lugares, y entre los 20 más ricos también están Michael Bloomberg, y en los sitios 11, 12 y 13 están los integrantes de la familia Walton, dueños de Walmart. (Para ver la lista completa: https://www.forbes.com/forbes-400/).

Para ingresar a este exclusivo club de los 400 más ricos, se requiere una fortuna mínima de 2.9 mil millones. Unos 51 fueron expulsados de la lista de ricos supremos, entre ellos, el ex presidente Donald Trump, quien por primera vez en 25 años no figura en la lista, su fortuna se calcula en sólo 2.5 mil millones. Fue uno de los pocos ricos que no disfrutaron del auge de los multimillonarios del año pasado, con la fortuna del autoproclamado "genio" empresarial perdiendo 600 millones.

La concentración de riqueza que este club representa es parte de la mayor desigualdad económica en la historia de Estados Unidos desde 1928, tema que está al centro del debate político y social nacional. El hecho de que se volvieran más ricos que nunca durante una pandemia con consecuencias económicas masivas para las mayorías en el país expresadas en mayor pobreza, más hambre, y por un tiempo con niveles de desempleo dramáticos, sólo confirmó para muchos un sistema que algunos críticos –como el senador Bernie Sanders o intelectuales como Noam Chomsky, Cornel West y Robert Reich– califican de llegar casi a una oligarquía.

Los Papeles de Pandora, proyecto de investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que está provocando un terremoto al revelar los clientes y cómplices de una economía clandestina internacional para los ricos y sus métodos de operación, arrojó una interrogante al no encontrar a muchos estadunidenses entre los individuos ultra-rricos que suelen usar los llamados paraísos fiscales.

Una razón de ello, concluyen algunos de los investigadores, es que estos estadunidenses no necesitan esos paraísos fiscales para ocultar sus fortunas, ya que bajo las leyes y el sistema tributario de su país logran evitar el pago de impuestos de manera legal.

Los más ricos de Estados Unidos, Bezos, Musk, Bloomberg... pagan casi nada en impuestos federales sobre sus ingresos, y muchas veces ni un solo centavo, confirma una investigación reciente de ProPublica. La organización de periodismo de investigación obtuvo un enorme acervo de la agencia federal de impuestos –el IRS– de los datos sobre miles de los individuos más ricos del país a lo largo de15 años, y concluyó que "destruye el mito de la piedra angular del sistema de impuestos estadunidense: que todos pagan su justa parte y que los más ricos pagan más que todos". Los documentos oficiales muestran que los más ricos, de manera legal, logran pagar apenas una mínima fracción en impuestos sobre el crecimiento por cientos de millones, y hasta miles de millones, de sus fortunas.

La tasa media de impuestos federales de un hogar estadunidense es de 14 por ciento, y el más alto sobre una pareja llega a 37 por ciento si tienen ingresos superiores a 628 mil 300. Pero el análisis realizado por ProPublica descubre que lo que llaman la "tasa real de impuestos" sobre el incremento de riqueza cada año de los 25 estadunidenses más ricos es de sólo 3.4 por ciento. La tasa real para Jeff Bezos entre 2014 y 2018, cuando su fortuna creció 99 mil millones, fue de 0.98 por ciento, la de Warren Buffett de 0.10 por ciento, y así (https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax).

En algunos años, estos megarricos pagaron cero en impuestos –fue el caso de Bezos, entre otros–, en 2007 y lo mismo en 2011.

Fideicomisos para heredar

A la vez, más de la mitad de los 100 estadundienses más ricos usan fideicomisos para evitar el pago de impuestos cuando trasladan sus fortunas a sus herederos, descubrió ProPublica. Bloomberg, los hermanos Koch, la viuda del fundador de Apple están entre los que usan estos mecanismos especiales, todo lo cual lleva a que las arcas públicas pierdan, según algunos cálculos, cientos de miles de millones.

Chuck Collins, especialista en maniobras de los más ricos para proteger sus fortunas y coordinador del programa sobre desigualdad económica del Institute for Policy Studies (https://inequality.org), bautiza a los banqueros, abogados y contadores dedicados a esta sagrada misión como "la industria de defensa de los ricos" en su libro Los acaparadores de la riqueza.

Así, los estadunidenses con más dinero ya viven esencialmente en un paraíso fiscal, y no necesitan recurrir al extranjero, o sea, offshore, bajo las reglas del juego actuales en su país para evitar pagar impuestos, aunque muchos desean ocultar partes de sus fortunas por otras razones, y varias empresas estadunidenses siempre buscan formas de trasladar parte de sus activos a otros "paraísos", a fin de reducir sus impuestos.

Con las revelaciones de los Papeles de Pandora, junto con el trabajo de otros como ProPublica e IPS, es cada vez más difícil fingir que los más ricos en Estados Unidos viven bajo las mismas reglas que los demás.

Todo eso está provocando un debate nacional que buena parte de la cúpula económica y los políticos cómplices de este juego clandestino habían logrado evitar durante años sobre la existencia, transparencia y legitimidad del paraíso de los ricos

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Los contrastes económicos en las grandes urbes del mundo se intensifican con la actual crisis y pronostican que se mantendrán por varios años. En la imagen una panorámica de Santa Fe, en la Ciudad de México.Foto José Carlo González

La crisis causada por la pandemia se mantendrá hasta 2030: BM

 

Los hombres y mujeres más acaudalados del mundo aumentaron su riqueza 18 mil dólares durante el año pasado por cada "nuevo pobre" que, según estimados del Banco Mundial (BM), ha dejado la crisis por el Covid-19. El organismo financiero estima que 100 millones de personas se sumaron a la pobreza el año pasado. Es la primera vez que esta tendencia crece desde 1998 y, como secuela, la desigualdad aumentará en 78 de las 91 economías de las que se disponen datos.

"La búsqueda para acabar con la pobreza ha sufrido su peor revés" y “con toda seguridad, los efectos de la actual crisis se mantendrán en la mayoría de los países hasta 2030; (…) a largo plazo, es probable que la crisis aumente la desigualdad dentro de los países por primera vez en una generación”, proyecta el Banco Mundial.

Mientras la economía tuvo su mayor caída en 90 años y millones de personas perdieron sus empleos, las 500 personas más ricas del mundo –que equivalen a 0.001 por ciento de la población mundial– vieron el mayor crecimiento de sus fortunas en ocho años, muestra el Índice de Multimillonarios que realiza Bloomberg. Ganaron un billón 800 mil millones de dólares el año pasado, 31 por ciento más que al cierre de 2019.

Como resultado, cinco personas –cuatro de ellos estadunidenses y dueños de los principales negocios de tecnología cuya regulación tributaria sigue en vilo a nivel mundial– ahora poseen una riqueza que supera 100 mil millones de dólares. Son Elon R. Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (Louis Vuitton-Moët Hennessy) y Mark Zuckerberg (Facebook).

También seis mexicanos se encuentran en el listado: Carlos Slim con una fortuna de 57 mil 600 millones de dólares, al sábado pasado; la familia Larrea, Sara Mota y Germán, con una riqueza conjunta de 26 mil 140 millones de dólares; Ricardo Salinas, con 13 mil 200 millones; Alberto Bailleres, con 10 mil 600 y Juan Beckmann, con 8 mil 470 millones de dólares.

Mientras los multimillonarios de la tecnología abultaron su riqueza en medio de la crisis, el Banco Mundial expuso que, aun sin la pandemia, reducir la pobreza extrema a menos de 3 por ciento para 2030 –que nadie sobreviva con menos 1.90 dólares al día (alrededor de 38 pesos)– ya daba visos de ser una meta irrealizable. Ahora, dada la crisis, es "más difícil de alcanzar que nunca", reconoció.

En el informe Un cambio de suerte, explicó que antes del Covid-19, millones de personas habían conseguido eludir la pobreza extrema por escaso margen, pero la recesión de 2020 se recargó en los más pobres y vulnerables; y abrió el perfil de la pobreza.

Además de los que el Banco Mundial llama "pobres crónicos" –población rural dedicada al agricultura y la ganadería–, la pandemia evidenció "nuevos pobres" en las ciudades, entre personas con mayores grados educativos, dedicada a los servicios, la construcción y la manufactura, y sobre todo entre la población más joven (hasta hace dos años la mitad de los pobres en el mundo eran niños menores de 15 años).

El Banco Mundial estima que con una contracción de hasta 8 por ciento en el producto interno bruto (PIB) per cápita el año pasado, la pobreza extrema habría aumentado hasta 1.5 puntos porcentuales en 2020 y 1.9 puntos porcentuales en 2021. Eso significa una tasa de pobreza extrema de 9.4 por ciento para ambos años, similar a los niveles que se tenían en 2017.

En adelante, aún con escenarios optimistas "los efectos empobrecedores de la pandemia serán colosales", advirtió. Para 2030, las proyecciones más positivas muestran que 6.7 por ciento de la población mundial vivirá con menos de 1.9 dólares al día, prácticamente el doble de la meta del organismo. Pero esta podría llegar hasta 8.6 por ciento si siguen avanzando los indicadores de desigualdad.

El Banco Mundial subrayó que la pandemia, los conflictos armados y el cambio climático son los tres factores cuya confluencia está impulsando la crisis actual y extenderá su impacto hacia el futuro. Así que "sin intervenciones enérgicas, la crisis puede desencadenar ciclos de mayor desigualdad de ingresos, menor movilidad social entre los grupos vulnerables y menor resiliencia frente a futuras conmociones", manifestó.

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Miembros de la Policia Nacional Bolivariana patrullan en un barrio de Caracas, Venezuela.Rodrigo Abd / AP

La letal intervención de las fuerzas de seguridad en un barrio controlado por bandas criminales se produce en medio del escrutinio internacional por las ejecuciones extrajudiciales

 

Al menos 23 personas murieron durante el fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y las pandillas criminales en Caracas, la capital de Venezuela, después de que comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana entraran el viernes al barrio La Vega, en el oeste de la ciudad. La refriega es una más de las protagonizadas por este grupo policial acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, reclamó la disolución de esta fuerza en 2019 por las graves violaciones de las que es acusada. Las FAES son un grupo de fuerzas especiales creado en 2016 por Nicolás Maduro.

Con mano dura, han asumido el control del combate a la la delincuencia, pero también operan junto con las fuerzas de choque del chavismo en la represión de manifestaciones y la persecución de opositores.

Los policías desplegados en el barrio de La Vega han matado a miembros de una poderosa banda dedicada a los secuestros que supuestamente intentaba extender su radio de acción a otros barrios de Caracas. En la operación policial también murieron vecinos a causa de las balas perdidas, entre ellos Nelson Villalta, un profesor de música de 50 años, que estaba en la puerta de su casa mientras los delincuentes se estaban enfrentando a los agentes policiales.

Los vídeos de los disparos de armas de distinto calibre han corrido por las redes sociales desde el viernes, cuando el barrio entró en una especie de toque de queda que obligó al cierre de comercios. Los vecinos han vivido horas de miedo y horror por las balaceras. El comandante de las FAES, Miguel Domínguez, dijo en su cuenta de Twitter que el cuerpo policial se encontraba desplegado en la zona “brindando seguridad y protección a la parroquia”. Dominguez están sancionado desde 2019 por Washington.

La violencia en Venezuela —que en los últimos años ha liderado la tasa de homicidios de la región junto con Honduras y El Salvador— ha dejado de estar en manos de los delincuentes. El último informe del Observatorio Venezolano de Violencia reportó en 2020 una tasa de 45,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina. El año cerró con al menos 11.891 muertos, incluidos 4.231 fallecimientos catalogados por las autoridades como resistencia a la autoridad y que se sospecha que fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales. El año pasado los delincuentes perpetraron 4.153 homicidios, otras 3.507 muertes están bajo investigación.

“La letalidad policial se ha extendido por todo el país, parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementando. En 12 estados la policía mató más que los delincuentes. Es decir, en la mitad de entidades federales la letalidad policial fue superior a la letalidad delincuencial”, explica el informe divulgado la última semana de diciembre.

Las acusaciones contra las FAES y otros cuerpos policiales han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales y sustentan el caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, que ya ha señalado que se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017. La misión de investigación de la ONU también recogió en su informe, presentado el pasado septiembre, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Por Florantonia Singer

Caracas - 10 ene 2021 - 22:32 UTC

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Caso Assange: No pudieron matar al mensajero

No sé si el nombre de Vanessa Baraitser, magistrada del Tribunal Penal Central de Londres, pasará a la historia del Derecho Penal Internacional o a la de las extradiciones de su país, pero la decisión que ha emitido este lunes marcará un antes y un después en su carrera, al denegar la entrega de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a los Estados Unidos de Norteamérica. Así ocurrió, como antecedente, con el juez Ronald Bartle cuando concedió la extradición de Augusto Pinochet en 1999.

Es cierto que podía, y quizás debía, haber optado por una decisión más enérgica, anteponiendo claramente la defensa de la libertad de expresión como motor de su sentencia, pero ha optado por acudir a la variable menos complicada para la justicia británica, siempre tan equilibrada y políticamente correcta; es decir a los motivos humanitarios.

Al rechazar la extradición de Julian Assange como solicitaba Estados Unidos, ha propiciado un suspiro colectivo de alivio. La jueza ha venido a resolver lo que tantas veces hemos puesto de manifiesto desde el equipo de defensores que coordino: la salud de Julian Assange ha sufrido un deterioro evidente, fruto de tantos años de encierro obligado y del acoso permanente que ha padecido durante este largo asedio. “El riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición era elevado”, explica Baraitser. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos”.

Es cierto. He visto con mis propios ojos cómo el periodista y fundador de WikiLeaks ha sido tratado de forma inhumana por fuerzas poderosas y omnipresentes que por todos los medios han intentado callarle, neutralizarle y acabar con él. No lo han conseguido. Ha sido una pelea propia de David contra Goliat la que emprendimos para combatir la impunidad de Estados Unidos, desde que un 19 de junio de 2012 Julian se recluyera en la embajada de Ecuador en Londres en demanda de asilo, que le fue concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, valiente frente a la imponente administración norteamericana. Nos jugábamos la libertad de expresión, la libertad de información y, ante todo, el derecho de los ciudadanos a conocer quiénes manejan los hilos que mueven el mundo, qué es lo que no quieren que sepamos y hacia dónde pretenden dirigirnos. Es decir, estaba en juego la esencia misma de la democracia.

Assange plantó cara

Julian Assange plantó cara y ha pagado por ello. Le acusaban de cometer 18 delitos, 17 de ellos bajo Ley de Espionaje de 1917 –ya ven de qué época hablamos– y uno relacionado con la supuesta ayuda informática a la militar Chelsea Manning, quien alega Estados Unidos que fue la fuente de WikiLeaks. Los 175 años de cárcel que le reclaman tienen que ver con la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los archivos de Guantánamo y los cables del Departamento de Estado. Lo que puso de manifiesto Assange fue la comisión de diferentes delitos por parte de las autoridades norteamericanas: crímenes de guerra, torturas y diversos crímenes internacionales.

Ha vivido un auténtico calvario desde entonces. Lo puso de manifiesto el Relator de la ONU contra la tortura, Nils Melzer. Como también el Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias de la ONU y el Relator de salud de la misma Organización, con informes reiterados y contundentes. A mayor abundamiento, el trato recibido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh desde su expulsión de la embajada en abril de 2018, ha llevado a la convicción judicial de que cualquier proceso que se siguiera contra él y que concluyera en condena, sería cruel y podría desembocar en una muerte segura.

Esta resolución evidencia la desproporcionalidad de las posibles penas y las dudas que el sistema penitenciario norteamericano, máxime en tiempos de pandemia, suscita en la magistrada y provoca que en su resolución leamos la aparente contradicción de afirmar que el proceso sería justo en el país reclamante, pero la ejecución de la pena no, porque podría llevar irreversiblemente a la muerte del sujeto afectado. Esta afirmación es de mayor gravedad si cabe que haber dicho claramente que la persecución de Julian Assange ha sido política y represiva del derecho a la libertad de expresión, como en realidad lo es desde la óptica de la defensa. La sentencia, descalifica, en definitiva, a todo el mecanismo penitenciario norteamericano, como ya lo hiciera hace apenas ahora dos años la misma justicia del Reino Unido con el caso de Lauri Love, de Anonymous, al denegar, por la misma razón, su extradición a USA en febrero de 2018.

Siete años de encierro y acoso

La solidaridad y el ánimo justo del presidente Correa evitó que, al refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange fuera entregado a Suecia por una oscura acusación que se desinfló con el tiempo sin que se formularan cargos y se cerró sin evidencias, pero que daba pie a la firme sospecha de que todo había sido una estrategia para provocar su extradición a Estados Unidos. Ese era el juego.

Siete años pasó en la Embajada, en una estancia sin luz solar, sin aire fresco, sufriendo todo tipo de padecimientos físicos y psicológicos. Siendo espiado de forma constante. El cambio de gobierno en Ecuador con la llegada al poder de un presidente, Lenin Moreno, que se mostró sumiso con EEUU, supuso la expulsión de la embajada y el ingreso en una prisión de alta seguridad que amenazaba con acabar destrozando el frágil estado del periodista. En mi última visita a esa prisión, cuando nos despedimos, entre lágrimas, con un largo abrazo, temí realmente por su vida y dudé de que la justicia en el caso de Julian Assange pudiera calibrarse de tal, mientras que ninguno de los graves hechos denunciados por él había sido investigado por el país que le reclamaba para silenciarlo.

En esta confrontación, el acoso se extendió a su entorno próximo. Sus abogados fuimos también objeto de espionaje por parte de la empresa de seguridad española (UC Global) presente en la embajada de Ecuador y presuntamente relacionada con los servicios de inteligencia norteamericanos, extremo que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional española. De tal vigilancia no se libró siquiera el bebé, hijo de Assange, cuya vida –aun en términos tan minimalistas– era revisada y analizada de manera exhaustiva.

Matar al mensajero

El gran pecado que cometió el periodista fue, sin duda, fundar WikiLeaks, la agencia de noticias que estableció un sistema de cortafuegos en las IPs de manera que cualquier whistleblower del mundo pudiera enviar a esta plataforma información relacionada con la comisión de delitos. La fuente se mantenía anónima. Años después, una directiva europea sobre estos alertadores se plantea en los mismos términos.

Matar al mensajero ha sido siempre el recurso de los malvados, de los delincuentes, de aquellos que no saben cómo ocultar el mal que detentan. El silencio es la medicina que aplican de forma contundente en la creencia de que así sus pecados no verán la luz. A veces lo consiguen, pero en este caso la jugada no les ha salido bien. Assange no estaba solo, eran cientos de miles las voces que han clamado pidiendo libertad para el periodista en todo el mundo. Aunque también es verdad que se han producido muchos mutismos oficiales y descalificaciones personales inaceptables. Pero al final, y de momento, a la espera del más que probable recurso de apelación, se ha hecho justicia en un momento clave, cuando Donald Trump, rabioso por su calidad de mandatario saliente, da sus últimos coletazos aplicando mano dura en todos aquellos asuntos que puede resolver con su estilo en los escasos –y largos días– que restan para el relevo presidencial. No quiero pensar qué hubiera supuesto la extradición de Assange en estas circunstancias.

Creo que el mejor resumen lo hizo Noam Chomsky, cuyo testimonio leímos en el juicio ante la magistrada británica. En opinión del filósofo, Assange prestó un servicio enorme a la libertad de expresión y a la democracia. “El gobierno norteamericano busca criminalizarle por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”. Esa es la gloria de Assange y la miseria de Estados Unidos. Hoy, el mensajero sigue vivo. Y nosotros sus abogadas y abogados continuaremos defendiendo que solo cumplió, ni más ni menos, con su deber como periodista en beneficio de todos.

* Esta nota se publicó originalmente en el sitio español infoLibre. Baltasar Garzón es coordinador de la defensa de Julian Assange.

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Una mujer sostiene la bandera de Venezuela en una protesta por la muerte en un naufragio de migrantes venezolanos, el 17 de diciembre.YURI CORTEZ / AFP

Un informe de IDEA Internacional alerta sobre la profundización de la desigualdad, la pobreza y la polarización política

 

Un informe de IDEA Internacional, una organización intergubernamental que apoya la democracia sostenible en todo el mundo, ha alertado que durante la pandemia se ha profundizado en América Latina la desigualdad, pobreza, polarización política, corrupción, altos niveles de delincuencia y debilidad estatal, aunque la resiliencia se mantiene. De acuerdo al documento In focus, dado a conocer en las últimas horas, la crisis sanitaria “ha golpeado severamente” a una región “asediada por problemas estructurales no resueltos”, donde algunos países sufrían de “procesos de erosión y retroceso democrático” o de “fragilidad y debilidad democrática” incluso antes de que se desatara en marzo la pandemia en esta zona del planeta.

La covid-19 no solo ha segado la vida de cientos de miles de personas, sino agravado más aún problemas estructurales como la desigualdad, pobreza, polarización política, corrupción, altos niveles de delincuencia y debilidad estatal”, analiza Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional.

El informe destaca que las reformas políticas y socioeconómicas, largamente pospuestas en Latinoamérica, han agravado las crisis económicas y de salud pública provocadas por la pandemia. Se le suma un nuevo factor: las medidas restrictivas a los derechos fundamentales para contener la propagación del coronavirus han incrementado el riesgo de afianzar o exacerbar aún más las preocupantes tendencias que presentaba la democracia en la región antes de la crisis sanitaria.

La magnitud de la emergencia llevó a emplear a las Fuerzas Armadas para reforzar cuarentenas, transportar pacientes y distribuir insumos médicos, que vinieron a complementar la acción de las policías. “Pero ni eso detuvo los avances de la delincuencia y la violencia persistente”, añade Zovatto. “En algunos casos, la misma respuesta estatal contempló abusos por parte de agentes del orden, vulneración a la privacidad de datos para rastrear contagios (Ecuador) y restricciones a la libertad de expresión para evitar la alarma pública (en México, el jefe de Estado atacó verbalmente a periodistas y medios por su cobertura)”, agrega el director regional de IDEA Internacional.

En al menos ocho países de la región se ha instruido a las Fuerzas Armadas a intervenir para manejar la atención de la pandemia, especialmente en áreas como logística, transporte, servicios de salud y rastreo de contactos. Pero en algunos países también se les ha otorgado poderes más controversiales, tales como el mantenimiento del orden público y la implementación de medidas restrictivas a la libertad de circulación y asamblea, durante toques de queda y estados de sitio y emergencia. Ejemplifican con Chile, donde los toques de queda y el despliegue de las Fuerzas Armadas se han vuelto comunes desde las revueltas que arrancaron en octubre de 2019. Debido a la pandemia, el país ha decretado el estado de excepción constitucional desde finales de marzo, con prohibición para circular entre medianoche y las cinco de la mañana, actualmente.

No todos los sectores se vieron igualmente perjudicados por la pandemia: mujeres, la comunidad LGTBI y pueblos originarios han padecido con creces la desprotección y el desigual acceso a la justicia, explica Zovatto. El informe indica que en estos meses ha aumentado la violencia doméstica y las brechas entre hombres y mujeres: “Las desigualdades de género se han ido ensanchando durante la pandemia, con el cierre de escuelas y las medidas de confinamiento, lo que ha incrementado la carga de trabajo doméstico de las mujeres, a lo que se le suma una participación ya desequilibrada en las tareas domésticas entre hombres y mujeres en la región”, señala In focus. De acuerdo al estudio, es probable que esto afecte la capacidad de las mujeres para permanecer en el mercado laboral, postularse a cargos públicos y participar en igualdad de condiciones en las esferas económica y política.

Entre los desafíos para la democracia en la región durante la pandemia se incluyen el aplazamiento de procesos electorales. “Hubo una postergación generalizada de elecciones de todo tipo, por atendibles razones sanitarias, pero que en su mayoría pudieron realizarse”, añade Zovatto. Pero pese a los impactos negativos de la pandemia en las democracias, afortunadamente siguen siendo mayoritarias en la región, agrega el director de IDEA Internacional, “con las excepciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde los regímenes han profundizado aún más su naturaleza autoritaria”.

Es un cuadro donde no resulta extraño que las protestas sociales del 2019 estén sufriendo un rebrote que desafía hasta las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, como se ha visto en Colombia, de forma reciente en Argentina y en Guatemala. “La frustración en ciertos sectores más que suspenderse, parece haber estado alimentándose de nuevas razones de descontento”, comenta Zovatto que, sin embargo, ve posibilidades en esta crisis. “Existe un sentido de urgencia que puede ser aprovechado positivamente para hacer reformas largamente postpuestas para optimizar la gobernabilidad democrática y desactivar el clima de frustración reinante, aquel que se expresó en las protestas de 2019 y que abre la puerta a los populismos de distinto cuño”, analiza el politólogo argentino

 

Santiago De Chile - 18 DIC 2020 - 17:41 COT

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