Por abusos sexuales a menores, piden la renuncia de 120 obispos franceses

Es a partir del informe publicado hace días por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia donde certifican al menos 330 000 abusos sexuales y violaciones, así como el encubrimiento institucional de estos crímenes.

 

La Iglesia católica de Francia se ha convertido en la punta de iceberg de los escándalos de pedofilia que atraviesan desde hace años a la milenaria institución a nivel mundial. Tres importantes personalidades se manifestaron por la renuncia en conjunto de la cúpula eclesiástica de este país. Se trata de la teóloga Anne Soupa, la directora editorial del semanario Témoignage chretien, Christine Pedotti y del ex presidente de la asociación de víctimas “La Palabra Liberada”, François Devaux.

El informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase) publicado el 5 de octubre fue lapidario: 216 000 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual por religiosos desde el año 1950. El 32% de estos crímenes fueron violaciones. Y a esto se agregan crímenes similares cometidos por laicos vinculados a la Iglesia como directores de coros o líderes grupos de boy scouts, entre otros.

Así, las víctimas ascienden a 330 000 menores. Esto equivale a 12 niños abusados todos los días desde aquel año. En ese terrorífico contexto, el informe señala que la Iglesia encubrió a más de 3 000 pedófilos. Y hay que tener en cuenta que muchos abusadores ya murieron, con lo cual los números globales podrían ser mucho mayores.

El escándalo llega a tal nivel que incluso personalidades de la propia Iglesia salen a marcar distancia y pedir medidas concretas para salvar la institución. "Nunca sabremos el alcance de esta tragedia absoluta", señaló en tono crítico Véronique Margron, teóloga y presidenta de la Conferencia de religiosos y religiosas en Francia.
Pierre Vignon, sacerdote del departamento de Drôme y reconocido crítico de las prácticas criminales de miembros de la Iglesia, dijo por su parte que “una renuncia colectiva tendría sentido. Sería un gesto fuerte que impactaría en el público” y que “aunque no todos los obispos lo hayan cubierto, sería una forma de ser solidarios con sus antecesores, y de asumir colectivamente esta responsabilidad”.

Estos referentes son parte de lo que podríamos llamar el sector renovador o reformista de la Iglesia cuya principal figura es el papa Francisco, quien desde el Vaticano señaló que este tipo de hechos le causan “vergüenza”. Pero no hay que llamarse a engaño. Este ala de la Iglesia no difiere en lo esencial de la doctrina ultraconservadora y antiderechos que es la base ideológica de los abusadores pedófilos. Están en contra del elemental derecho democrático al aborto para las mujeres, incluso en casos de violación o del uso del preservativo, entre otras barbaridades oscurantistas propias del medioevo.

La realidad es que la Iglesia en su conjunto es responsable. Como señala el informe de la Ciase, "Los actos cometidos, caratulados como delitos de derecho común, han sido a menudo calificados por sus autores o por funcionarios eclesiásticos como simples ‘gestos inapropiados’, ‘desviación’, ‘torpeza’ o incluso ‘imprudencia’”. Simplemente indignante.

Pero hay más. Luego de conocerse el informe, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort, dijo que “la confesión se impone a los religiosos y el secreto es más fuerte que las leyes de la República; abre un espacio de libertad de expresión, que se hace ante Dios”. Por si no queda claro, para la Iglesia las normas confesionales están por encima de las leyes y los religiosos pueden guardar silencio (o sea ser cómplices) sobre las aberraciones que cometen sus pares.

El propio gobierno del derechista Emmanuel Macron tuvo que separarse de semejantes declaraciones que violan la propia legalidad del Estado capitalista. El 12 de octubre ante la Asamblea Nacional, el ministro de Interior, Gérald Darmanin, señaló: “Quiero reiterar aquí las leyes de la República: el secreto de la confesión se conoce desde hace casi doscientos años en nuestro derecho como secreto profesional al igual que los médicos o los abogados. Sin embargo, adolece de excepciones cuando se trata, en particular, de delitos cometidos contra niños menores de 15 años."

La Iglesia como institución tiene que pagar por esas prácticas aberrantes y en particular todos los responsables directos y sus cómplices con cárcel común. Como había señalado François Devaux, cuya asociación destapó escándalos de pederastia en la iglesia de Lyon en 2018, "Ustedes deben pagar por todos estos crímenes". Devaux también denunció que el papa Francisco "está ausente" ante esta realidad y que la iglesia francesa se escuda en "una estrategia fétida" de indemnizaciones a las víctimas.

Sábado 16 de octubre

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Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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Policía antinarcóticos durante un operativo en una propiedad de Carlos Mario Jiménez, en Caucasia, Colombia, el 13 de marzo de 2009. William Fernando Martinez (AP)

Los documentos emergieron durante un juicio al exjefe paramilitar Macaco por el asesinato del líder y periodista Eduardo Estrada

El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil presentada a nombre de varias víctimas. La justicia ordenó también el pago de 12 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Para llegar a esa conclusión, Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado, que han sido publicados por el portal informativo National Security Archive en distintos momentos. Se trata de una serie de informes, memos y cables diplomáticos que dan cuenta de la colaboración entre esos escuadrones y el Estado colombiano, una verdad a voces en el país que era conocida también por el Gobierno estadounidense, como ahora se demuestra.

“El Ejército los trató ‘bien”

En 2001, la CIA reportó que meses antes del asesinato de Estrada, el Ejército colombiano “trató bien” a los paramilitares del BCB y a otro bloque de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El documento indica que debido a una operación estatal los paramilitares fueron “temporalmente obligados a reubicarse”, y algunos fueron detenidos. Sin embargo, “los capturados durante la operación fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”.

“Esta decisión (el fallo contra Macaco) es el resultado de la incansable lucha de las víctimas por su derecho a la verdad y a la justicia, cuando por poco les fue arrebatado este derecho al ser Macaco extraditado exclusivamente por cargos de narcotráfico”, señala a EL PAÍS Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompañó el caso junto al Center for Justice and Accountability (CJA). “La decisión demostró lo que Macaco por muchos años negó en tribunales colombianos, su participación y responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, ya que argumentaba que no se encontraba en la región del Magdalena Medio para la época de estos hechos”, explica Gallón.

“No los persiguen activamente”

Otro de los documentos divulgados por NSA es un análisis de la embajada de Estados Unidos en Bogotá fechado en 1999 que asegura que “las Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla”.

El mismo informe señala que los paramilitares controlan los cultivos de uso ilícito en la región del sur de Bolívar, la zona de operaciones de Macaco. El exjefe paramilitar empezó su vida criminal escudándose en el oficio de ganadero, y ascendió hasta encabezar el Bloque Central Bolívar, uno de los más poderosos de las extintas AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el Gobierno del Álvaro Uribe.

Militares y su versión de la aterradora masacre de El Salado

Documentos del mismo año refuerzan la idea de que los altos mandos del Ejército colombiano no veían necesario combatir a los paramilitares. El general (Néstor) Ramírez dijo durante la reunión que no era asunto del Ejército perseguirlos “porque estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaron el orden constitucional a través de actividades subversivas”, se lee en el cable.

Mientras el Ejército hacía la vista gorda, miles de poblaciones colombianas eran azotadas por las masacres. Una de las más crueles fue la de El Salado, en la que 450 integrantes de las AUC asesinaron a 60 personas después de torturarlas durante 6 días sin que el Ejército ni la Policía intervinieran. La prensa llamó a esa matanza “fiesta de sangre”, por los detalles macabros de cómo obligaron a los habitantes a tocar música de tambores antes de ejecutarlos en la cancha de fútbol del pueblo; o la cruel lotería en la que los obligaban a contar hasta 30 para definir el orden de los asesinatos.

En 2009 el portal NSA publicó un cable de la Embajada que evidenciaba su preocupación por el rol que las fuerzas militares tuvieron en esta masacre. “El Ejército sabía por inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre”, dice una fuente a la Embajada en el texto. De los 450 paramilitares apenas fueron capturados 11. Años después, la Corte Suprema de Colombia condenó a un capitán y otros oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina por “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron El Salado”

El General Del Río y la “cooperación” con los paramilitares

En un documento de 1998, se registró que un oficial del Ejército le dijo a la Embajada, en calidad confidencial, que el general Rito Alejo del Río, comandante para esa época de la Brigada 17 en la región del Urabá, era uno de los dos militares más corruptos del Ejército. “La fuente afirmó que Del Río le dijo al personal de la Brigada que cooperaran con los paramilitares cuando él estuviera físicamente ausente del área”, indica el cable. También, que el general hoy retirado y que fue condenado a 25 años por el homicidio del campesino Marino López Mena había desviado “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Región del Magdalena Medio en 1985″.

Actualmente Del Río entrega su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, en la que 120 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), se desplazaron en dos aviones militares desde el Urabá antioqueño, sede de la brigada 17, hasta San José del Guaviare, en el suroriente de Colombia, para asesinar a 49 personas. Ante la JEP, que investiga los delitos cometidos en el conflicto armado, Del Río negó su participación.

Macaco exploraba una nueva alianza paramilitar desde prisión

Entre el 2004 y el 2006, los jefes paramilitares se desmovilizaron bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. A cambio de entregar las armas, ofrecer la verdad sobre los crímenes y no reincidir podían acceder a un tipo de justicia transicional y pagar una pena de cárcel de ocho años. Sin embargo, en 2008, por orden de Uribe, varios de los más sanguinarios fueron extraditados a Estados Unidos. Durante el proceso por su responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, fue citado otro cable de 2007 que indicaba que este exjefe paramilitar habría seguido delinquiendo desde la cárcel.

En Estados Unidos, Macaco cumplió 11 años de prisión –de una sentencia original de 33 años– por cargos relacionados con narcotráfico, no con violaciones de derechos humanos, y en 2019 fue repatriado a Colombia, donde permanece bajo custodia. A principios de este año reconoció violencia sexual, homicidios, desplazamientos, desapariciones, torturas y otras conductas ilícitas en las que habría participado el Bloque Central Bolívar, con un saldo de al menos 250 víctimas, de acuerdo con la Fiscalía. Un proceso que sigue en marcha. Entre los años de 1997 y el 2006, solo esa estructura paramilitar, la mayor de cuantas se agrupaban bajo la sombrilla de las AUC, operó en 13 de los 32 departamentos de Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de reconocer su responsabilidad en el caso de Estrada, su defensa ha solicitado la preclusión de la investigación, ya que han pasado más de 20 años desde que se dieron estos hechos, explica Gustavo Gallón. “De esta forma, la sentencia proferida por la Corte Distrital del Sur de Florida debe ser un referente para el fiscal encargado de la investigación en el caso colombiano, ya que demuestra que el asesinato de Eduardo Estrada se dio en un contexto de sistematicidad y generalidad, gracias a la ayuda y tolerancia de las fuerzas armadas colombianas, catalogándose este homicidio como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, un delito imprescriptible”, apunta

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EU, uno de los más grandes paraísos fiscales del mundo

Nueva York., Pocos estadunidenses se imaginarían que vivían en uno de esos países que ofrecen servicios para que los ultrarricos –empresarios, políticos, criminales– oculten sus fortunas, pero entre las revelaciones más sorprendentes de los Papeles de Pandora es que Estados Unidos se ha vuelto uno de los mayores paraísos fiscales del planeta; menos sorprendente es que empresas y ricos estadunidenses, incluyendo muchos bajo sospecha o investigación criminal, continúan escondiendo sus fortunas en paraísos fiscales en el extranjero.

La "economía clandestina" de empresas fantasmas y fideicomisos bajo prestanombres en paraísos fiscales es un lucrativo negocio internacional con el propósito de ayudar a los ricos a evadir impuestos o investigaciones criminales o para lavar dinero, o sencillamente para disfrazar sus activos. Sobre todo, el servicio esencial es la discreción absoluta y por ello la investigación nombrada Papeles de Pandora por un equipo de 600 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), basada en la mayor filtración financiera en la historia, con casi 12 millones de documentos provenientes de 14 empresas dedicadas a este negocio, está generando un sismo en el paraíso de los ricos y sus cómplices.

Establecer estas empresas o cuentas no es ilícito en sí, pero los Papeles de Pandora revelan que varios de los clientes –tanto individuos como empresas– son criminales o han sido acusados de conductas sospechosas, delitos, abusos y violaciones de derechos humanos en el extranjero.

Este negocio es cada vez mayor en Estados Unidos, país cuyos gobernantes no dejan de hablar de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por cierto, la tarde de ayer la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en respuesta a preguntas sobre las revelaciones, afirmó que "el presidente (Joe Biden) está comprometido a llevar transparencia adicional a los sistemas financieros de Estados Unidos y el internacional, y uno puede ver eso en las políticas que ha propuesto y apoyado".

La investigación revela que Estados Unidos –con esta industria centrada en los estados de Dakota del Sur, Florida, Texas, Delaware y Nevada entre otros– se está convirtiendo en uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, sobre todo para fideicomisos que son establecidos para ocultar fortunas de megarricos, e identificó 206 fideicomisos ligados a individuos en 41 países, entre ellos 28 que parecen estar vinculados con clientes acusados de conducta sospechosa o criminal en el extranjero, incluyendo soborno, fraude y violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos está superando a Suiza como el país que más asiste a individuos a ocultar sus finanzas de las autoridades.

Los Papeles de Pandora revelan que el estado de Dakota del Sur se ha vuelto rival de los famosos paraísos fiscales en el Caribe y Europa con aproximadamente 360 mil millones de dólares en este tipo de cuentas, y con algunas de las protecciones legales mas extensas del mundo.

Entre los clientes con cuentas en Dakota del Sur se ha identificado a personajes como Carlos Morales Troncoso, ex vicepresidente de la República Dominicana y ejecutivo en jefe de la mayor empresa azucarera de la isla, la familias del conglomerado ecuatoriano Grupo Isaías, el magnate de jugo de naranja brasileño Horst Happel y el empresario textilero colombiano José Douer Ambar, entre otros –todos bajo algún tipo de investigación o acusados de abusos laborales–.

A la vez, los Papeles de Pandora revelan cómo estadunidenses ricos bajo sospecha por maniobras ilícitas o investigados por delitos usaron los servicios para ocultar sus fondos, incluso de las víctimas de sus crímenes. Entre ellos se identifica a Marc Collins Rector, un ejecutivo del mundo del espectáculo en Los Ángeles que abusó sexualmente de jóvenes en los 90. Evitó pagar las demandas logradas por las familias de algunas de las víctimas ocultando sus millones en cuentas offshore en Belice.

Otros clientes de ese paraíso incluyeron a un dentista que defraudó a la aseguradora federal Medicaid, un cómplice de la mafia, un productor de drogas adulteradas y un rico que acaba de ser condenado por el homicidio de un amigo en 2000, y un empresario acusado de lavado de dinero, entre otros.

Uno de los principales actores internacionales en este negocio de finanzas clandestinas es el bufete de abogados mas grande de Estados Unidos, Baker McKenzie, con 4 mil 700 abogados en 46 países. Christine Lagarde, actual jefa del Banco Central Europeo y anteriormente del Fondo Monetario Internacional fue una abogada y ejecutiva del bufete en las oficinas en París a principios de los años 2000.

"Cuando multimillonarios, multinacionales y los políticamente conectados buscan ocultar riqueza y evitar impuestos, frecuentemente voltean a Baker McKenzie", reporta el ICIJ, identificando al bufete como “arquitecto y pilar de una economía en las sombras, frecuentemente llamada offshore que beneficia a los ricos a expensas de las tesorerías de naciones y las carteras de los ciudadanos ordinarios”.

Baker McKenzie, según lo que revelan los documentos, ayudó a establecer empresas fantasmas en Chipre para la megamultinacional RJR Nabisco, canalizar miles de millones de ganancias de Facebook a cuentas en Irlanda con sus bajas tasas de impuestos, y a Nike ocultar beneficios en cuentas holandesas. Pero no es todo: entre sus clientes están varios implicados en corrupción política, fraudes empresariales y otros vinculados a regímenes autoritarios. Entre ellos está Najib Razak, prófugo autor intelectual del robo multimillonario de un fondo público de inversiones en Malasia, el fabricante de armas ruso Rostec, la esposa del financiero brasileño Daniel Birmann, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski Bacal, además de empresas acusadas de evadir impuestos, como Apple.

Chuck Collins, coordinador del proyecto sobre desigualdad económica del Institute for Policy Studies en Washington, quien asesoró a algunos de los periodistas de Pandora, comentó sobre las revelaciones que "todos nosotros aquí en Estados Unidos deberíamos de estar absolutamente avergonzados de que nos hemos convertido en un imán para fortunas cleptocráticas. Nuestros políticos necesitan clausurar el sistema de riquezas ocultas".

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Pandora Papers y el impuesto global a las multinacionales

Los Pandora Papers reavivaron el reclamo por una mayor justicia tributaria. Críticas al presidente norteamericano Joe Biden

 

"Se necesita un ambicioso impuesto mínimo global sobre las multinacionales, mucho más alto que el 15 por ciento que está ahora sobre la mesa y lo más cercano posible al 25 por ciento, para acabar con la dañina competencia fiscal entre países y reducir el incentivo de las multinacionales a trasladar sus beneficios a los paraísos fiscales", señaló la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Impositivo Corporativo (ICRICT).

El pedido de este grupo de expertos, entre los que sobresale el Nobel Joseph Stiglitz, y el reconocido economista Thomas Piketty, es en respuesta al informe "Pandora Papers" publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que destapó una larga serie de operaciones por medio de empresas fantasmas que permiten a las personas más ricas del mundo transferir enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.

El ICRICT propone gravar las ganancias de las multinacionales no en función de dónde establecen su casa matriz, que suele ser en lugares de opacidad fiscal como Luxemburgo, Suiza, Hong Kong o el Reino Unido, sino en base a sus actividades reales, es decir, dónde se ubican los factores clave: empleo, ventas y activos.

También la prestigiosa organización Tax Justice Network se hizo eco del informe Pandora Papers. "Cada año, el mundo pierde 427 mil millones de dólares en impuestos a raíz de los paraísos fiscales. Eso equivale al salario anual de una enfermera que se pierde cada segundo en favor de las corporaciones y los individuos más ricos del mundo. No es casualidad que el pequeño club de países ricos que tienen el control de las reglas globales impositivas sean los responsables de dos tercios de los abusos tributarios. Los principales bloqueos a la transparencia son responsabilidad de los Estados Unidos y el Reino Unido. El Presidente Joe Biden debe hacerse cargo de su propia retórica sobre bajarle la persiana a las finanzas ilícitas comenzando con su propio país", indicó Alex Cobham, CEO de la entidad.

Pandora 

Los Pandora Papers surgieron a partir del estudio de 12 millones de documentos durante un año por 150 medios de prensa del planeta. Entre los nombres que destapan están el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa; el ex director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; el rey Abdalá II de Jordania; el círculo más próximo al presidente ruso de Vladimir Putin; los músicos Julio Iglesias, Shakira, Elton John y Ringo Starr; el entrenador del Manchester City Pep Guardiola y el primer ministro de República Checa, Andrej Babis.

La lista también incluye a 14 jefes de Estado de América Latina, de los cuales tres están en el poder: Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de las firmas off-shore. Entre los nombres púbicamente conocidos destacan Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; Mariano Macri, hermano menor del ex presidente; el futbolista Angel Di María y el fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del difunto presidente Néstor Kirchner. También aparece el ex consultor político de Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Impacto

"La elusión y la evasión fiscal tienden a reducir los ingresos públicos, pero también han generado un cambio en la composición tributaria hacia los impuestos indirectos, especialmente en los países en desarrollo, lo cual ha contribuido claramente a aumentar la regresividad del sistema. La forma más eficaz de acabar con los paraísos fiscales sería adoptar lo que podría ser un acuerdo internacional verdaderamente histórico: que todos los beneficios mundiales de las multinacionales tributen en función de sus actividades reales en cada país mediante un prorrateo formulario y que se adopte un ambicioso impuesto mínimo efectivo global del 25 por ciento sobre las multinacionales", señaló José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y presidente de la ICRICT.

La evasión tributaria a partir de la operatoria con paraísos fiscales está estrechamente ligada con la desigualdad, en la medida en que permite a las personas ricas no pagar dinero cuyo uso por parte del Estado tiende a equilibrar la balanza social de los ingresos.

"Cuando las compañías más grandes y las personas más ricas engañan con sus impuestos, todos sufrimos de peores servicios públicos. Los gobiernos cuentan con menos recursos para redistribuir y aumenta la inequidad", explica Cobham.

Gabriel Zucman, profesor asociado de economía en la Universidad de California, Berkeley, y miembro de la ICRICT dijo que "las empresas ficticias, es decir, sociedades sin sustancia económica, cuyo único propósito es eludir los impuestos u otras leyes, deben ser prohibidas. La manera de conseguirlo no es complicada: necesitamos un acuerdo mundial. Y los principales obstáculos para acabar con las empresas ficticias no son las Islas Vírgenes Británicas o Vanuatu, a las que probablemente se pueda obligar a unirse a un acuerdo de este tipo, sino los grupos de personas en Estados Unidos y en Europa que utilizan a los gobiernos de los paraísos fiscales como excusa".

5 de octubre de 2021

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El presidente anunció el proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, a las afueras de Cusco. Quiero dejar claro que esta reforma no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad, destacó. Uno de los ejes es dar a los agricultores acceso justo a los mercados. Foto Presidencia de Perú. Agencias

Se estima que dará a más de 2 millones de agricultores un acceso más justo a los mercados

 

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció ayer una segunda reforma agraria en el país y anticipó que, a diferencia de la primera de hace 52 años, ésta se hará sin expropiaciones.

"Quiero dejar muy claro que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad a nadie", dijo el mandatario desde Cusco.

Castillo anunció la puesta en marcha de este proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en las afueras de Cusco.

Uno de los ejes de este plan consiste en dar a los agricultores "acceso más justo a los mercados", agregó el presidente peruano.

La llamada segunda reforma agraria prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.

El gobierno estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a los más de 2.2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar.

La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan, según las autoridades.

La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista leninista.

"En la segunda reforma agraria vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de dar terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Ahora el gobierno está en deuda con el trabajador y agricultor", explicó Castillo.

El gobierno ha descartado que el plan signifique expropiar tierras, como ocurrió durante la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

En junio de 1969, Velasco promulgó una radical reforma agraria que en la práctica adjudicó alrededor de 11 millones de hectáreas propiedad de hacendados y latifundistas a cooperativas y comunidades campesinas.

Castillo eligió como fecha para lanzar la reforma el 3 de octubre, la misma fecha en que ocurrió en 1968 el golpe de Estado del general Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde.

La clase política también conmemoró la efeméride, aunque desde distintos puntos de vista. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuya familia ha estado vinculada al gobierno derrocado por Velasco, tuiteó ataques contra el general, que además de la reforma agraria impulsó nacionalizaciones.

El ex canciller Héctor Béjar, declaró a la agencia Prensa Latina que "lo que hicieron Velasco y sus compañeros, aunque no puede repetirse, sirve de orientación e inspiración a las nuevas generaciones".

Señaló que "53 años después del inicio de aquel gobierno, Perú se encuentra buscando orientación y gobierno, después de medio siglo de destrucción del país" y anotó que "parte del pueblo ha logrado desplazar del gobierno a los políticos tradicionales".

La vicepresidenta, Dina Boluarte, comentó que a Velasco "no lo dejaron avanzar más porque intervino Francisco Morales Bermúdez (quien lo derrocó en 1975) porque el poder económico no quiere que los pueblos se desarrollen".

El ex parlamentario y analista político Gustavo Espinoza comentó que es importante reflexionar sobre el gobierno del general, ahora que Perú vive "un proceso en esencia similar", tras la elección del maestro rural Pedro Castillo como presidente, y añadió que las mismas fuerzas que acosan hoy al mandatario "centraron sus baterías contra Velasco y sus colaboradores".

Espinoza señaló que Velasco "tuvo el mérito histórico de romper la cadena de dominación que nos ataba a Estados Unidos", siendo su primera medida la toma militar de los yacimientos de La Brea y Pariñas, explotados ilegalmente por una subsidiaria de la trasnacional estadunidense Standar Oil.

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Decenas de miles marcharon ayer en las principales ciudades de Brasil y de otros 17 países para exigir la destitución del presidente ultraderechista. En la Cámara de Diputados hay más de 100 solicitudes de juicio contra el gobernante, asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y caótica gestión de la pandemia, que ha dejado casi 600 mil muertos. Mientras, la fiscalía abrió una investigación contra su esposa, Michelle Bolsonaro, por favorecer a sus amigos con créditos durante la pandemia. La imagen, en Sao Paulo. Foto Ap / Afp y Europa Press

Las consignas "fuera presidente" e “impeachment ya” resonaron en 300 urbes brasileñas y de 17 países

Río de Janeiro. Con pancartas que decían: ¡Fuera Bolsonaro!, decenas de miles de personas protestaron ayer en las principales ciudades de Brasil y en naciones como Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra para pedir la destitución del presidente brasileño en momentos en que el gobierno atraviesa su mayor desgaste.

Asimismo, la fiscalía federal abrió una investigación contra Michelle Bolsonaro, esposa del mandatario, y la Caixa Econômica Federal, por una denuncia sobre su intervención para favorecer a empresas de amigos en la concesión de créditos del programa de emergencia de la entidad bancaria durante la pandemia de coronavirus.

Las protestas en Río de Janeiro, Salvador, São Paulo y Brasilia, además de otras 300 ciudades brasileñas y en 17 países, fueron convocadas por la Campaña Nacional Fuera Bolsonaro, respaldada por una decena de partidos de izquierda, centrales sindicales y el grupo Direitos Já!, que reúne a líderes de 19 bancadas.

Aunque las manifestaciones lograron mayor adhesión de partidos que en movilizaciones pasadas, las bancadas de derecha que rompieron con el gobierno se negaron a participar.

En el céntrico barrio Candelaria en Río de Janeiro, cientos de personas marcharon portando pancartas que decían "Fuera presidente" “Frente amplio, impeachment ya”.

En las concentraciones se veía un espectro más amplio de banderas, no sólo las rojas del Partido de los Trabajadores (PT), del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que suelen predominar, sino también estandartes de la Central Única de Trabajadores, el movimiento LGBT y la de Brasil, usada como símbolo en las marchas pro-Bolsonaro. Había además banderas de los partidos Socialista Brasileño (PSB), Democrático Laborista (PDT) y Comunista (PC do B), entre otros.

“Vamos a lograr sacarlo, la apuesta del pueblo presente en las calles es que haremos que los parlamentarios sean presionados y acaben pidiendo el impeachment” de Bolsonaro, dijo Elizabeth Simoes, profesora jubilada de 69 años.

En la Cámara de Diputados aguardan más de un centenar de pedidos de juicio político contra Bolsonaro, pero su presidente, Arthur Lira, aliado del gobierno, ha dado señales de que no serán tramitados.

Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que ha dejado casi 600 mil muertos, la popularidad de Bolsonaro se desplomó en los meses recientes a 22 por ciento, su nivel más bajo desde que llegó al poder en enero de 2019.

"Todo está muy caro, la culpa es de Bolsonaro", se leía en pancartas en el Salvador o junto a una bombona inflable de gas en Río de Janeiro.

A un año de las elecciones de 2022, el presidente ultraderechista obtendría 26 por ciento de los sufragios en la primera vuelta, frente al 44 por ciento para Lula, según una encuesta del Instituto Datafolha del 17 de septiembre.

Esta semana, el mandatario se enfocó en celebrar con actos e inauguraciones sus mil días de gobierno, dejando de lado los ataques a las instituciones que mantuvo durante semanas, especialmente contra el poder judicial.

Las movilizaciones de ayer ocurren después de que el 7 de septiembre Bolsonaro lideró masivas manifestaciones en Brasilia y São Paulo, donde se concentraron unos 125 mil simpatizantes.

En cuanto a la investigación en la fiscalía a Michelle Bolsonaro, se señaló que ésta medió para incluir a pequeños empresarios, como una confitería de la capital, en el Programa Nacional de Apoyo a las Microempresas y Pequeñas Empresas. Esas firmas recibieron “tratamiento vip” y préstamos por encima de los límites previstos por ley. La investigación se basa en información de un artículo publicado por la revista Crusoé. El banco llegó a abrir una investigación interna tras la detección de un "fallo extraño" en el sistema de control. La auditoría identificó las siglas PEP (persona expuesta políticamente) y llegó finalmente a las indicaciones de la esposa del mandatario.

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Magnicidio en Haití: el Primer Ministro destituyó al fiscal que quiere investigarlo por el asesinato de Jovenel Moise

Ariel Henry comunicó la remoción en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el Gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por parte de Claude

 

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció este martes la destitución del fiscal Bel-Ford Claude, horas después de que este solicitara a un juez abrir una investigación al jefe de Gobierno en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moise. Un nuevo fiscal jefe prestó juramento el martes horas después.

Henry comunicó la destitución del fiscal en una carta fechada el lunes, pero divulgada hoy por el Gobierno, en la que se justifica el cese por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por parte de Claude.

“Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry y pedir su acusación directa”, había escrito Claude antes de ser reemplazado por Frantz Louis Juste, un fiscal que supervisó el caso de la muerte de más de una docena de niños en un incendio en un orfanato cerca de Puerto Príncipe el año pasado.

Claude había solicitado al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe que investigue a Henry como imputado en el caso del magnicidio, por las sospechas causadas por las conversaciones telefónicas que supuestamente mantuvo Henry con uno de los principales sospechosos del magnicidio pocas horas después de que sucediera el crimen.

En una carta dirigida al director del Departamento de Inmigración y Emigración haitiano, Joseph Cianculli, y recogida por el diario Gazette Haiti, Claude traslada que “el señor Ariel Henry tiene prohibido abandonar por vía aérea, marítima y terrestre el territorio nacional por las graves acusaciones de asesinato del presidente Jovenel Moise”.

Henry tiene que presentarse a declarar este martes en el marco de la investigación, que ha hallado varias llamadas telefónicas entre el actual primer ministro y uno de los principales sospechosos del asesinato y que habrían tenido lugar el mismo día del magnicidio.

Moise fue asesinado el 7 de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami regentada por un venezolano.

Hasta ahora, 44 personas han sido detenidas, entre ellos una veintena de ex militares colombianos y cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías. Ninguno de los guardias de seguridad del presidente resultó herido en el ataque.

El comisionado del gobierno de Puerto Príncipe, el equivalente a un fiscal federal, pidió al juez que investigaba el asesinato que acusara a Henry de estar involucrado en el caso debido a las supuestas llamadas telefónicas que Henry hizo con uno de los principales sospechosos.

“Hay suficientes elementos comprometedores que forman (mi) convicción sobre la conveniencia de procesar al Sr. Henry y solicitar su acusación directa”, escribió Bed-Fort Claude, el comisionado, en una carta oficial dirigida a un tribunal de Puerto Príncipe.

A Henry ya se le había pedido que compareciera para ser interrogado en el caso para dar explicaciones sobre las supuestas conversaciones que tuvo unas horas después del asesinato de Moise con un ex funcionario del gobierno buscado en relación con el asesinato.

El viernes, Claude le había pedido a Henry que se presentara el martes para responder preguntas sobre las llamadas.

La policía sigue buscando activamente al ex funcionario Joseph Felix Badio, quien trabajaba en la unidad anticorrupción del Ministerio de Justicia.

El teléfono de Badio supuestamente fue rastreado hasta el área cercana a la residencia de Moise cuando Badio llamó a Henry dos veces en las primeras horas del 7 de julio, después de que el presidente fuera asesinado.

En su carta al juez, Claude dijo que las llamadas duraron un total de siete minutos. También señaló que un funcionario del gobierno tuiteó el mes pasado que Henry afirmó que nunca habló con Badio.

Henry criticó el sábado la solicitud anterior y dijo: “Estas tácticas de distracción, diseñadas para crear confusión y evitar que la justicia siga su curso con calma, no se mantendrán”.

“Aquellos que sean verdaderamente culpables, los autores intelectuales del odioso asesinato del presidente Jovenel Moise y quienes lo ordenaron, serán encontrados, llevados ante la justicia y castigados por sus acciones”.

Un primer ministro legalmente no puede ser interrogado a menos que el presidente lo autorice, pero tras el asesinato de Moise, Haití no tiene presidente.

Henry fue nombrado primer ministro por Moise días antes de la muerte del presidente y prestó juramento el 20 de julio, comprometiéndose a mejorar la terrible seguridad del país y a organizar elecciones retrasadas durante mucho tiempo.

14 de Septiembre de 2021

(Con información de EFE, Europa press y AFP)

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En protestas sí hubo uso indiscriminado de la violencia por parte de la Policía: fallo del Consejo de Estado

El alto tribunal ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización de protección de los derechos de los manifestantes en medio de las manifestaciones

 

El Consejo de Estado ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana, con respeto de los derechos constitucionales que garantizan este tipo de movilizaciones, como las marchas, la libre reunión y la libertad de expresión.

La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, interpuso un ciudadano contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional que se vive en Colombia desde el 28 de abril del 2021, violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.

La orden, que fue impartida a la Policía, deberá tener en cuenta acciones preventivas sobre el uso de armas y dispositivos menos letales, como el lanzacohetes Venon. Esto, en atención a la jurisprudencia de las altas cortes sobre la salvaguarda del derecho a la protesta pacífica y no violenta.

El tribunal recalcó que los uniformados deben actuar más como agentes de paz y garantizar el derecho de marchantes y los que no lo son, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.

 “Hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes. Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa”, señaló el Consejo de Estado.

En el fallo, también se conmina al organismo de control disciplinario y a la Fiscalía a investigar posibles faltas y delitos que se hayan cometido a partir del 28 de abril, con el fin de evitar que las conductas prescriban, “toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”. Esto, sin perder de vista los posibles delitos que hayan dado lugar a la afectación de bienes privados, públicos e integridad de los agentes de la fuerza pública durante las protestas.

El Consejo de Estado invitó a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos a la protesta pacífica y libre reunión sin alterar el orden público y denunciando a quienes desconozcan estos y otros límites, abusando de las garantías constitucionales que vienen siendo protegidas en este caso.

Por otra parte, solicitó que se ordenara al jefe de Gobierno emitir directrices para que el Ministerio Público acompañe y asesore a las víctimas y a sus familiares, adelantando los controles de rigor frente a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en torno a las manifestaciones ciudadanas. También pidió que se le ordenara al presidente asegurar que los comandantes de cada fuerza se vieran en obligación de dejar constancia escrita del armamento asignado a cada uno de los integrantes de cada organismo asignados a los operativos, patrullaje y acciones de recuperación del orden público. Finalmente, requirió que el jefe del Ejecutivo prohíba vuelos bajos de helicópteros, uso de gases lacrimógenos, cohetes, bengalas y bombas aturdidoras.

8 de Septiembre de 2021

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El crecimiento económico de China ha generado más multimillonarios que EE.UU.: ¿por qué Pekín comienza ahora su regulación?

800 millones de chinos han salido de la pobreza, sin embargo, todavía hay 600 millones viviendo con 150 dólares al mes.

El Partido Comunista Chino (PCC) está intentando reestructurar la sociedad del país mediante la regulación de los nuevos multimillonarios y la redistribución de la riqueza de forma más equitativa entre sus habitantes, lo que algunos expertos consideran es un plan de autolegitimación.

Durante la décima reunión del Comité Central de Finanzas de China, encabezada el 17 de agosto por el presidente chino Xi Jinping, se reiteró la necesidad de fortalecer en el país la regulación de los ingresos "excesivamente altos" y de alentar a los grupos y empresas de altos beneficios a "regresar más a la sociedad" para garantizar "la prosperidad común".

"La prosperidad común es la prosperidad de todo el pueblo. Es la vida tanto material como espiritual de las personas. No es la prosperidad de unos pocos, ni tampoco es un igualitarismo uniforme", defendió el líder chino. 

¿Funcionaría la "prosperidad común" en Occidente?

Algunos observadores argumentan que el objetivo de la "prosperidad común" es una misión sin precedentes que solo podría alcanzarse en China bajo el liderazgo del PCC, mientras que otros países occidentales, aunque generen cierto aumento del bienestar social de los trabajadores, están condenados al fracaso.

"La naturaleza del sistema capitalista de los países occidentales es la búsqueda de beneficios y, como resultado, la riqueza solo se concentra en las manos de los capitalistas que acumulan activos explotando a los trabajadores. Esta forma de gestionar los recursos sociales solo conducirá a ampliar la brecha de la riqueza", declaró Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin de China en Pekín, al Global Times.

Cong Yi, decano de la Escuela de Marxismo de la Universidad de Finanzas y Economía de Tianjin, indicó que cualquier país o región que supere la trampa de la renta media y entre en el 'ranking' de la renta media se enfrentará a la cuestión de la prosperidad común de su población, y no abordarla provocará graves contradicciones sociales que envenenarán el desarrollo económico.

En este sentido, "en EE.UU., su política de impuestos para los ricos no pudo arreglar la creciente brecha en un sentido fundamental, lo que significa que la sociedad estadounidense está acelerando sus divisiones", dijo Cong. "En China, podemos ver una serie de medidas marcadas por ajustes institucionales flexibles para abordar los problemas, lo que constituye nuestra mayor ventaja".

"Una oportunidad para presentarse como un gobierno con visión de futuro" 

Algunos expertos afirman que, para el PCC, detrás del objetivo de una mayor igualdad de ingresos hay una lógica de autopreservación: "El Gobierno chino es consciente de que tanto el público nacional como el internacional lo está observando", dijo Austin Strange, profesor asistente de política en la Universidad de Hong Kong. "Es una oportunidad para presentarse como un gobierno con visión de futuro que se preocupa por sus ciudadanos, incluidos los que están en la parte inferior de la distribución de la riqueza".

En los últimos años se ha producido una desaceleración general del estratosférico crecimiento económico del país, que había sido un "pilar crucial de la legitimidad política del Partido Comunista Chino", agregó Strange.

En China, más de 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1978, según el Banco Mundial, y más de la mitad de la población se considera de clase media. El año pasado había 1.058 multimillonarios viviendo en China, frente a los 696 de Estados Unidos, afirma Hurun.

Sin embargo, alrededor de 600 millones de personas, casi el doble de la población estadounidense, viven con el equivalente a unos 150 dólares al mes, según declaró el año pasado el primer ministro Li Keqiang.

Ryan Hass, investigador de la Brookings Institution de Washington, indicó que ahora que "la era del desarrollo económico vertiginoso ha terminado, los líderes chinos están cambiando su enfoque hacia la mejora de la calidad de vida como una nueva fuente de legitimidad en su desempeño".

Objetivos alcanzados 

Anteriormente, Pekín declaró que la pobreza extrema en el país había sido erradicada a finales del año pasado, lo que supuso un paso más para cumplir el objetivo del primer centenario del PCC, que era "construir una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos". 

Ahora, según el informe del comité, el gigante asiático sigue avanzando hacia la meta del segundo centenario, que es "convertir China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos", dijo Xi Jinping en julio en el marco de las celebraciones por los 100 años del partido.

Publicado: 7 sep 2021

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