Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia. Imagen de archivo. EFE/Martin Divisek/

La decisión del alto tribunal fue tomada teniendo en cuenta que este mecanismo no califica como delito y que, por el contrario, está amparado por la Constitución Política

 

La Corte Constitucional, a través de un fallo histórico debido a la discusión suscitada en diferentes sectores sociales y políticos, legalizó el Suicidio Médicamente Asistido como procedimiento permitido en Colombia para tener una muerte digna.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta una ponencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo que registró una votación de seis votos a favor y tres en contra. Al togado lo acompañaron en su tesis, Diana Fajardo, Natalia Ángel, Gloria Ortiz y Alejandro Linares, quienes a través del fallo, sacaron del Código Penal una prohibición que pesaba sobre los médicos al momento de asistir a personas con el deseo de morir dignamente

Cabe señalar que esta determinación de la Corte se produjo tras el estudio de una demanda presentada por los ciudadanos Camila Jaramillo Salazar y Lucas Correa Montoya, ambos miembros del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DescLAB-, contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, el cual castiga la inducción al suicidio otorgando penas carcelarias de entre 16 y 36 meses a quienes guíen a una persona hacia el suicidio con el fin de terminar con intenso sufrimiento producto de enfermedades graves o incurables.

Ante esto, el alto tribunal ratificó que el hecho de asistir a un paciente que desea morir dignamente no se configura como un delito y que, por el contrario, es un proceso amparado por la Constitución en las condiciones ya mencionadas.

Asimismo, la demanda precisaba que penalizar el suicidio médicamente asistido vulnera el derecho a morir con dignidad, así como el libre desarrollo de la personalidad por impedir el acceso a una ayuda médica para poner fin a la vida del paciente bajo consenso.

La demanda señala que, “Algunas personas pueden preferir la eutanasia, unas veces porque no pueden causar su propia muerte y otras veces porque no quieren. En otros casos, las personas prefieren poner ellas mismas fin a sus vidas (suicidio médicamente asistido) y al hacerlo buscan tener la ayuda necesaria para lograrlo de forma segura, acompañada y protegida”, añadiendo que la legalización del SMA lo vuelve un acto transparente y seguro.

¿Qué diferencia hay entre el Suicidio Médicamente Asistido y la eutanasia?

Básicamente, mientras que en el primer mecanismo el paciente se autoadministra el medicamento para causar la muerte, en la eutanasia, el médico es quien facilita el deceso. En ese sentido, los demandantes promovieron varias iniciativas indicando que, así como la eutanasia se puede ejecutar bajo determinados parámetros, para el suicidio médicamente asistido deben cumplirse las mismas normas.

Vale resaltar, además, que durante el estudio de la demanda el ministro de Salud Fernando Ruiz, dijo que, en Colombia, “la inclusión de otra opción de muerte médicamente asistida en el país, requiere una discusión a profundidad, cuya competencia recae en el Legislador”.

El jefe de la cartera de la salud añadió en su momento que el Congreso debe abordar este tema “con un desarrollo por vía estatutaria, en especial, teniendo en cuenta la complejidad que supondría la inclusión del SMA como proceso asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Misma conclusión tuvo la Procuraduría.

Para el Ministerio Público, el SMA no es una alternativa desconocida; sin embargo, es el legislativo el que debe reconocerlo como válido, pero teniendo en cuenta la decisión tomada este miércoles por la Corte, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia.

En el mundo, los países que tienen ambos procedimientos reglamentados son Suiza, Canadá, Luxemburgo, España, los estados de Western Australia y Victoria, en Australia y Suiza, así como también Países Bajos y Luxemburgo.

11 de Mayo de 2022

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Ecuador: tras la masacre, la ONU exigió una reforma urgente del sistema penitenciario

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su "alarma" por la situación penitenciaria de Ecuador luego de que se registraran 44 muertos en un motín que tuvo lugar el lunes, y reclamó una reforma "urgente" que involucre también al sistema judicial. El incidente, ocurrido poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador, que el gobierno de Guillermo Lasso atribuye a una encarnizada lucha de bandas ligadas al narcotráfico.

Decenas de personas, en su mayoría mujeres, esperaban este martes noticias de sus familiares presos en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, a unos 80 kilómetros de Quito, donde un choque entre pandillas dejó 44 muertos y decenas de heridos, mientras que las autoridades empezaban a recapturar a parte de los 220 detenidos que escaparon durante los desmanes.

Responsabilidad estatal y reforma urgente

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo Bachelet en un comunicado leído por su vocera en una rueda de prensa en Ginebra. El gobierno ecuatoriano debe considerar una hoja de ruta que le propusieron "para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción", precisó la expresidenta chilena.

En el caso de lo ocurrido el lunes, la violencia habría estallado en la cárcel de Santo Domingo por el traslado de un preso, pero Bachelet destacó que no se trata de un caso aislado. "Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario", manifestó la funcionaria de la ONU, quien recordó que todo Estado tiene como "responsabilidad" la seguridad de las personas bajo custodia, por lo que es también culpable indirecto de lo que ocurre en las cárceles y debe emprender una "plena investigación".

La espera de los familiares

Decenas de familiares de los reclusos se desesperaban por segundo día frente a las puertas del penal sin tener noticias de sus seres queridos, mientras militares armados con escopetas custodiaban las inmediaciones. "No nos dan ninguna información. Dicen que los jóvenes que se escaparon por salvar sus vidas van a ser trasladados y entre esos está un hermano mío", afirmó Leisi Zambrano. "Hay muchas madres que hasta la actualidad no les han dado noticias de sus hijos, de si están vivos", agregó la mujer ama de casa, de 48 años.

Ni bien supo de los enfrentamientos, Zambrano dijo haber acudido con otros familiares al penal en la madrugada y escuchaba que desde el interior "los presos pedían auxilio, que no los dejaran morir", y definió la escena como una "carnicería".

En el motín en Santo Domingo en un principio se había confirmado la muerte de 41 reclusos. Minutos después la Fiscalía volvió a actualizar la cifra a 43, y al cierre de la jornada se confirmó otra muerte. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó temprano el mismo lunes que la mayoría de los cuerpos "fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas".

La mayoría de las víctimas murió por armas blancas en sus celdas, y luego algunos presos usaron armas de fuego en su intento de fuga. Las autoridades hallaron fusiles, pistolas, cuatro granadas y municiones en el penal. En este nuevo motín, que se inició en torno a la 1.30 hora local, se fugaron de los pabellones al menos 220 presos ya sea para salvar su vida o recuperar su libertad, y hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112.

El ministro Carrillo señaló que los responsables de este motín pertenecen a la misma organización delictiva que llevó a cabo otra masacre en la cárcel de El Turi, un mes atrás. Según las autoridades, los enfrentamientos del lunes fueron provocados por el traslado a Bellavista de unos de los líderes del denominado grupo "R7", gracias a una medida judicial. "Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios", dijo el jefe de los servicios penitenciarios, Pablo Ramírez.

El gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste (Guayas, Manabí y Esmeraldas), las más golpeadas por el tráfico de drogas, ante la violencia en las calles del país atribuida al narcotráfico.

Una crisis sistémica

Esta nueva masacre es más la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros 10 resultaron heridos. Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, según afirmó el ministro Carrillo en una rueda de prensa, con una organización llamada "Los Lobos" como la supuesta causante de estas masacres al atacar al grupo disidente que se hace llamar R7.

Antes de estos episodios el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presumía de que en los tres primeros meses de 2022 apenas habían fallecido ocho presos en las cárceles ecuatorianas, y que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90 por ciento sobre el año anterior, cifras que saltaron por los aires con las dos últimas matanzas.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.

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Comunicado a la opinión pública: Ante la 1º audiencia de reconocimiento de responsabilidades del caso 003 - JEP

Hoy que la Guerra no ha cesado quiero emitir este Comunicado para invitar a la reflexión en una semana en la que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concede beneficios a miembros del Ejército implicados en miles de crímenes de Lesa Humanidad mientras las cifras de asesinatos a líderes, a firmantes de la Paz o a cualquier persona que no está en esas categorías no para de aumentar, mientras asistimos a la negación de un Estado que sigue manteniendo la práctica de las ejecuciones extrajudiciales como lo ocurrido en el Putumayo hace un mes.

En Colombia no hay garantías de no repetición

Y como sociedad tenemos que pensar cuál es el verdadero legado que estamos dejando.

Desde que se firmaron los Acuerdos en el 2016 asistimos a un recrudecimiento de la violencia que viene de la mano del extractivismo y del despojo de nuestros territorios, a la vez que a una confusión constante en los términos. Por eso, con este Comunicado quiero expresar mi derecho a que las víctimas seamos reconocidas desde nuestra heterogeneidad invitando a un debate público, que como sociedad no hemos tenido todavía.

Llevo casi 15 años de lucha exigiendo Justicia y respeto a la Vida y a los Derechos Humanos, recorriendo muchas regiones de Colombia, acompañando y escuchando a muchas víctimas. He sido invitada a nivel internacional en varias ocasiones a denunciar los crímenes de Estado. He dado incontables conferencias y charlas en todos los espacios imaginables haciendo pedagogía y denunciando estos crímenes. Por esa lucha incasable fui elegida para participar en la primera delegación de víctimas que viajó a las Mesas de Conversaciones en La Habana. Es decir, desde que mi hijo fue asesinado he dedicado mi vida entera a la denuncia de los crímenes de Estado y a construir Paz en este país.

Pero lamentablemente tenemos que reconocer que Colombia no está en Paz. En este contexto de violencia es que se ha realizado la 1º Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad del Caso 003 realizada en Ocaña, el 26 y 27 de abril de 2022, el mismo día que en el Congreso se debatía la moción de censura al Ministro de Defensa por la masacre perpetrada por miembros del Ejército en Puerto Leguízamo en Putumayo.

Lo que nos lleva a reflexionar si realmente está contribuyendo a la Paz, la celeridad de la JEP para mostrar resultados y otorgar beneficios, incluida la libertad, a los militares responsables de crímenes de Lesa Humanidad.

Yo no acudí a esa Audiencia, ni estoy de acuerdo con las decisiones que la JEP está tomando en relación a los mal llamados “falsos positivos”, quiero compartir mis motivos invitando a la reflexión, con todo respeto, desde la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros.

En mi caso, no necesito que quien asesinó a mi hijo reconozca que Fair Leonardo no era un guerrillero, ni un delincuente. Eso ya lo sabía yo, mi familia, el barrio y todo los que lo conocieron. Mi hijo era inocente y así consta también en la sentencia por la que se condenó a los 6 militares que estuvieron directamente implicados en su asesinato. Fue el Tribunal Superior de Cundinamarca el 30 de julio de 2013 quien declaró que el asesinato de mi hijo es un crimen de Lesa Humanidad. Fueron 5 años de proceso judicial para lograr lo que muy pocos hemos tenido derecho, una sentencia condenatoria y una investigación detallada y exhaustiva. Lamentablemente, sin que nadie me lo comunicara y con el riesgo para mi vida que implica, los seis militares fueron puestos en libertad al acogerse a la JEP a pesar de tener condenas a 53 y 54 años de prisión. Incluido el Mayor Marcos Wilson Quijano quien estuvo prófugo de la ley y quien fue detenido cuando su mujer lo denunció por maltrato.


- La JEP me ha insistido en que participe, y así lo hice el 17 de octubre de 2019, cuando acudí a la 1º Audiencia Pública en la que la JEP escuchó “a familiares de los jóvenes de Soacha”. Ese día solicité a la Sala una serie de investigaciones y aún sigo esperando una respuesta de su parte. Ese día también, la Magistrada Catalina Díaz, me interrumpió mandándome a callar. Tuve 15 minutos a diferencia de todo el tiempo que tuvieron los militares, para poder dar todas mis observaciones a las múltiples versiones que me facilitaron apenas unos días antes. Aquel día expresé mi preocupación por el contenido de las versiones que los militares estaban dando a la JEP y por ese perdón frío y calculador que estaban dándonos. Indicando que la versión dada por el Mayor Marcos Wilson Quijano y por el Teniente Diego Aldair Vargas, quienes son los responsables del asesinato de mi hijo, no contribuyen ni aportan nada a la verdad que yo no supiese anteriormente. Por lo que vuelvo a preguntar ¿cuál es el aporte que ellos están haciendo a cambio del beneficio de su libertad?

- Como víctima no puedo estar de acuerdo en que muchos de los miles de casos de ejecuciones
extrajudiciales vayan a quedar impunes por “criterios metodológicos de selección y priorización”, que implican que “no todo puede ser judicializado, no todos los agresores serán llamados a reconocer responsabilidad en audiencia pública, ni todos los hechos victimizantes serán objeto de sanción”. Al menos, en la Justicia Ordinaria, a pesar de su lentitud, de los múltiples impedimentos que los militares y sus abogados realizan y todas las dificultades que quienes hemos luchando durante años en el sistema judicial conocemos, teníamos el derecho a un juicio por cada uno de nuestros casos.

- Respecto al Auto 125, me gustaría saber, por qué las víctimas y la Procuraduría dicen que son más de 480 víctimas y no 120 como así aparece en dicho Auto, ¿qué reconocimiento de Verdad han hecho estos 11 máximos responsables si todavía no hay claridad de cual es el universo de víctimas?

Y aún es más, a pesar de las múltiples páginas que componen el Auto sigo sin saber el argumento de por qué imputaron a estos 11 como máximos responsables y no a otros como el Comandante de la 2º División, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz o incluso a Medardo Ríos, quien en su versión insistió en reconocer hasta lo que no ha hecho con tal de no volver a prisión.

También quiero expresar mi preocupación de por qué no se les acusa de tortura si existen múltiples evidencias de que algunos de nuestros familias fueron torturados antes de ser asesinados, como se evidencia en los informes forenses.

Además de lo anterior, me gustaría presentar mis objeciones sobre dos de los imputados en la Audiencia, Sandro Pérez y Alexander Carretero.

- Respecto a Sandro Pérez, quien pudo haber detenido las muertes del caso Soacha y no lo hizo, creo que es importante dar a conocer que este señor estuvo prófugo de la ley todos estos años. Tiene más de 7 órdenes de captura en Colombia y varios procesos judiciales abiertos. Durante el 2009 estuvo en diálogos con la Fiscalía, negociando su condena y cuando supo que cumpliría años de prisión se fugó a Venezuela, como así lo reconoce en la versión que dio ante la JEP. Durante todos estos años, nunca le importó contribuir a la verdad de los hechos, ni tuvo respeto por nosotras las víctimas. Y tal es su descaro que en esa versión reconoció a la magistrada Catalina Díaz que ha vuelto a Colombia porque la JEP le garantiza que las ordenes de capturas serán retiradas y él gozará de libertad.

- Respecto a Alexander Carretero, informarle a la JEP que no es la primera vez que reconoce su responsabilidad. En un preacuerdo que logramos en 2017, Alexander Carretero reconoció su responsabilidad como coautor de los delitos de Desaparición forzada en concurso homogéneo y sucesivo de homicidio agravado de 14 jóvenes, incluido Fair Leonardo Porras, aceptando 44 años de prisión. Desde entonces Alexander ha intentando negociar en varios ocasiones una reducción de su condena, prometiendo reconocer más casos, destacando que en el preacuerdo se comprometió a ser testigo de la Fiscalía. Entonces, la pregunta que me surge es si el compromiso del cual hablaba estos días sólo se da si hay libertad de por medio. Por lo que no comparto porque la JEP no sólo lo ha puesto en libertad sin consultarnos a quienes realizamos aquel preacuerdo, sino que la imputación de cargos es menor, al imputarle el homicidio a título de complicidad.

Del mismo modo y para contribuir con el proceso actual quiero señalar que Alexander Carretero incurrió en falso testimonio tanto en su versión que recoge el Auto 125 como en su reconocimiento de responsabilidad en la Audiencia Pública, al mentir sobre cómo y cuándo conoció a mi hijo, Fair Leonardo Porras Bernal, así como en lo referente a que él no sabía que lo entregaba para ser asesinado. Su culpabilidad es mayor a la reconocida.

Por ello, solicitó que la Sala correspondiente de la JEP revise todos los testimonios que Alexander Carretero ha aportado en todos estos años de proceso judicial desde las primeras diligencias de indagatoria que dio el 6 de mayo de 2009, y sino en la sentencia que yo misma entregué a la JEP el 17 de octubre de 2019, en ella se incluyen los extractos de esos testimonios y de las investigación que aseguran que Alexander Carretero en la tienda “los costeños” en Soacha, se reunía para seleccionar sus víctimas y que conocía a mi hijo desde mucho antes de llevárselo para se asesinado, porque mi hijo le ayudaba con la venta de empanadas.

Han sido muchos años de lucha, de esfuerzos, de amenazas, por mi parte y por muchas organizaciones, colectivos, instituciones, víctimas, investigadores y un sin fin de personas que han querido denunciar estos crímenes de Estado, contando con toda la información precisa necesaria. A muchos les ha costado la vida y otros se han visto obligados a exiliarse. Por ello, creo que no debemos caer en falsas ilusiones, ni jugar con la esperanza ni el dolor que tenemos las víctimas. Tenemos una gran desafío por delante, en el que debemos seguir trabajando juntos siendo conscientes de los retos y consecuencias que las decisiones tomadas con celeridad por la JEP pueden conllevar y más cuando los victimarios han pasado a ser el centro de esta Institución y no ya las víctimas.

Escribo todo esto, hoy 28 de abril, cuando se cumple un año del Estallido Social, en el que la Fuerza Pública volvió asesinar a jóvenes que expresaban su indignación ante la desigualdad y la falta de oportunidades. Por una Paz con Justicia Social.

 

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En riesgo, el aborto legal en Estados Unidos

Washington. Un borrador de opinión que circuló entre los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos sugiere que en febrero la mayoría de ellos apoyó la anulación del histórico caso de 1973 Roe v. Wade que legalizó el aborto en todo el país, según un informe publicado anocheen el portal Politico.

No está claro si el borrador representa la última palabra de la Suprema Corte sobre el asunto.

Ningún proyecto de decisión en la historia moderna del máximo tribunal se había hecho público mientras un caso estaba pendiente, por lo que significa una revelación sin precedente, señaló el New York Times.

Politico publicó lo que se denominó un "primer borrador" de la "opinión de la Corte" en un caso que impugnaba la prohibición del aborto en Misisipi después de 15 semanas, caso conocido como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Según el borrador, la corte anularía la decisión del caso Roe v. Wade para un derecho constitucional federal al aborto. La opinión sería la decisión de este tema más importante en décadas y transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos, indicó CNN.

El impacto inmediato del fallo, tal como está redactado, permitiría que cada estado decidiera si restringe o prohíbe los abortos, reportó el portal.

La Suprema Corte aún tiene que emitir un fallo en el caso, y se sabe que las opiniones, e incluso los votos, cambian durante el proceso de redacción. Se espera que el tribunal se pronuncie antes de que concluya su mandato, a finales de junio o principios de julio.

El borrador está firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de 6-3 de la Suprema Corte.

"Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", señala el borrador. "Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo".

Politico dice que autentificó el borrador, pero la agencia Ap no pudo confirmar su veracidad.

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Jenny al lado del recuerdo vivo de su hijo. Foto por Angélica Bohórquez.

“Tribunal popular busca justicia para las doce víctimas de la represión en Siloé, dice Isabela Albán

 

El martes 3 de mayo se instala en Cali el Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’, que escuchará los testimonios de familiares de las doce personas de este sector de la capital del Valle asesinadas en la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo caleño.

En el Tribunal Popular, que contará con jueces internacionales, también serán escuchados testimonios de familiares de muchas otras de las 48 personas asesinadas por la Fuerza Pública en Cali y de los afectados por las violaciones masivas de derechos humanos en las que incurrieron agentes del régimen de Duque en la represión contra los participantes en el Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021.

La instalación del Tribunal se efectuará a las 5:00 p.m. del martes 3 de mayo, en el Parque de la Horqueta de Siloé, sur occidente de Cali.

Entre el 4 de mayo y el 8 de septiembre se hará el acopio de pruebas y la contrastación de evidencias, en tanto que el 9 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de juicio, acusación e impugnación.

El 10 de diciembre se conocerá la sentencia de este juicio social, orientado a evitar que haya impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas a órdenes del gobierno de Duque.

Impulsan este ejercicio de control y justicia social los familiares de las víctimas, el Museo Popular de Siloé, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Unicatólica, el colectivo Nomadesc, el movimiento N21 Incluyente y Diverso y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos.

El Tribunal cuenta también con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali, la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Asociación Americana de Juristas (Capítulo Colombia), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo 28A, entre muchas otras organizaciones, además de varias instituciones internacionales.

PERIODISMO LIBRE dialogó sobre el Tribunal con la socióloga Isabella Albán H., integrante del Museo Popular de Siloé y una de las organizadoras del certamen, quien sostuvo que el evento procura, entre otros objetivos, que haya justicia para la memoria de las doce personas asesinadas en la represión llevada a cabo por los órganos armados del Estado contra la comunidad de Siloé entre abril y junio de 2021.

El Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’ se cumple al conmemorarse un año de iniciado el Paro Nacional y el levantamiento social contra las políticas neoliberales y violatorias de los derechos humanos del gobierno de Duque.

La Operación Zapateiro hace referencia al plan que anunció el régimen a través del comandante del Ejército, general Enrique Zapateiro, quien sostuvo ante Duque que en una semana “recuperaría el orden en Cali”, anunció que tuvo terribles consecuencias que serán objeto de documentación en el Tribunal Popular de Siloé.

Cali, domingo 1 de Mayo de 2022.

Periodismo libre

 

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Domingo, 24 Abril 2022 13:03

Castigo carcelario, una pena ilícita

Sofia Carvalho, prision, https://www.flickr.com/photos/29118734@N04/6928319649/

Más de 21.000 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, hacinadas, humilladas, en condiciones degradantes e inhumanas, llevó a la Corte Constitucional a extender el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, que fue declarado en segunda oportunidad en el año 2013 y que ahora también cubre a las personas privadas de la libertad en estos lugares.

Mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la política criminal era contrario a la Constitución, en esta oportunidad analizada la situación que se vive en los centros de detención transitoria, concluyó que es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De este modo, por medio de la sentencia SU 122 de marzo 31, se extiende el estado de cosas inconstitucional a las personas privadas de la libertad en estos lugares transitorios.

Desde hace varios años las personas privadas de la libertad no pueden ser enviadas a las cárceles, porque están totalmente hacinadas, haciéndose invivibles. Por esta razón acudieron al uso de las estaciones e inspecciones de policía y las unidades de reacción inmediata de la fiscalía para alojar a los detenidos preventivos, pero tampoco fueron suficientes y ahora están más hacinadas que los presidios, y ahora son una verdadera bomba de tiempo que deja al desnudo la incapacidad para atender esta problemática.

Hacinamiento, condiciones inhumanas de encarcelamiento, violación de los derechos humanos de las personas sometidas al encierro, todo ello deja en evidencia el equivocado manejo de la política criminal en el país, el deficiente papel cumplido por la rama legislativa, las graves omisiones del ejecutivo y el pobre desempeño de la rama judicial. Toda una derrota de nuestro incipiente Estado social y democrático de derecho, que como estructura solo queda en el papel cuando se le confronta con la situación que se vive en estos centros de detención transitorios. Las próximas generaciones se horrorizarán al enterarse de esta situación, más que el horror que sentimos nosotros cuando recordamos los famosos campos de concentración.

El horror ante nuestros ojos, y la indiferencia mayoritaría del país; una realidad fundamental, sin debate en el curso de la campaña electoral. Se trata de la situación de las personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata –URI– y del hacinamiento que reina en estos lugares que alcanzan cifras inimaginables (ver Cifras del hacinamiento).

 

 

Se trata de lugares que no fueron construidos ni diseñados para alojar personas por más de 36 horas, y que no cuentan con ventilación, ni espacios adecuados para conciliar el sueño o descansar, ni con posibilidades de disfrutar del Sol, y tienen carencias en los servicios sanitarios; tampoco cuentan con espacios adecuados para las entrevistas con los familiares o abogados, mucho menos para garantizar el derecho a mantener intimidad con la pareja el día de visita conyugal, pero además son lugares en los cuales es constante la violencia entre las personas que allí son albergadas, y en los que los problemas de salubridad y brotes de enfermedades se multiplican y no se solucionan, entre otras razones por la carencia de agua, de espacio para tratar a quienes estén infectadas, en fin, donde no se suministran alimentos adecuados ni implementos de aseo. En una palabra: el mismísimo infierno.

Recuerda la Corte en su reciente pronunciamiento, que el Estado debe garantizar las condiciones dignas de detención a esta población que, por el hacinamiento en cárceles y penitenciarias, no ha sido trasladada a los lugares de reclusión ordinarios, entendiendo que la libertad como garantía fundamental puede estar sujeta a restricciones definidas expresamente en la ley, pero atendiendo estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque la restricción a la libertad es absolutamente excepcional y, además, la relación de sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades, la obligación de protección de aquellos derechos que no son susceptibles de limitación.

Es decir, durante el tiempo que la persona permanezca privada de la libertad, las autoridades deben garantizar condiciones dignidad y evitar cualquier tratamiento que se configure en tortura o sea cruel, inhumano o degradante.

Esta violación sistemática de los derechos, ampliamente conocida por las autoridades en nuestro país, obligó a la intervención del juez constitucional para, en sus palabras, orientar la coordinación y articulación efectiva entre las distintas entidades del orden nacional y territorial, que, desde sus competencias deben resolver una situación que atenta intensamente contra las garantías constitucionales, por lo que exige al Estado adoptar un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano. Así las cosas, la Corte formuló un plan de acción, en dos fases: una transitoria, con órdenes urgentes y de cumplimiento inmediato, y otra definitiva, con órdenes a mediano y largo plazo.

Las medidas ordenadas por la Corte: Un saludo a la bandera

La primera medida urgente que se ordena es el traslado de aquellos detenidos preventivos y de los condenados a los cuales el juez les concedió el domicilio como lugar de reclusión. Según la Defensoría del Pueblo, si acaso serán 110 las personas que se encuentran en esta situación, de suerte que en poco o nada servirá para atender y superar la gravísima problemática a la que nos enfrentamos, (ver Situación jurídica).

Además, se ordena que en un término de 2 meses se traslade a los condenados, a las penitenciarías a cargo del Inpec. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, de un conjunto de 21.074 personas que permanecen en los centros de detención transitoria, no suma más de 1.995 las condenadas, los demás son detenidos preventivos. Pero, además, no se puede olvidar que en los centros penitenciarios reina desde décadas atrás el hacinamiento y la violación sistemática de los mínimos constitucionales (T-153 de 1993). Es decir, con esta orden, se traslada el problema de un lugar a otro.

Las prisiones en el país, sus condiciones de deterioro y, además, la superpoblación que alberga exceden los márgenes tolerables conforme a los estándares internacionales, en especial los de las Naciones Unidas (señala una densidad máxima admisible de 120%) y sus reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad (reglas Mandela).

En estas condiciones, el Estado ha perdido el manejo del orden interno de estos lugares, el cual queda en manos de los propios presos miembros de bandas o grupos con estructura delincuencial. Y el control en estas condiciones se torna violento, sometiendo a los que no forman parte de la banda dominante a humillaciones y servidumbres, incluso sexuales.

Son lugares con un alto saldo de víctimas y escenas de inusitada crueldad, que se normalizan en la creación de realidad mediática como supuestas manifestaciones de la violencia natural de la delincuencia.

¿Acaso los magistrados no conocen la realidad que se vive en estos centros carcelarios? Alguien proponía, y no le falta razón, que sería importante que pasaran al menos una noche en estos lugares.

La detención preventiva y la pena
de prisión, convertidas
en medidas ilegales

La Corte señala que la violación de las garantías mínimas de las personas detenidas en estas instituciones es sistemática, y de esta manera reconoce que la privación de la libertad en estas condiciones se ha convertido en un trato degradante, inhumano, en una verdadera pena ilegal. Consecuente con este reconocimiento, ordena que en un término de 4 meses se garantice a las personas privadas de la libertad en estos lugares condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficiente, así como la separación tanto de hombre y mujeres, como entre menores y mayores de edad.
Incluso dispone crear otros espacios, con requerimientos mínimos, para alojar a los detenidos preventivos, creación para la que concede un término de un año, nuevas locaciones que solo podrán ser utilizadas durante 6 años, momento para el cual se debe contar con cárceles departamentales o municipales suficientes para albergar a esta población.

El fallo de la Corte Constitucional es un avance, pero en lo declarado olvida algo fundamental, y es que el hacinamiento no solo se resuelve con más cárcel. También, y sobre todo, se resuelve con menos cárcel. Existen precedentes en nuestra región que más adelante retomaremos.

Además, la Corte exhorta al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que capacite a los jueces y fiscales, en torno al carácter excepcional de la medida de detención preventiva, y en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en estos centros de reclusión transitoria.

Si bien la capacitación de los funcionarios (jueces y fiscales) no deja de ser importante, los magistrados de la Corte deben ser los primeros en aceptar las enseñanzas que en esta materia ha dictado desde décadas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Decimos lo anterior porque a pesar de existir una línea consolidada de la Cidh en la materia, la Corte Constitucional en la Sentencia C 469 de 2016, avaló las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículo 310) que permiten la detención preventiva con fines precautelativos, en casos en los cuales las normas de tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana la prohíbe, lo cual ha contribuido de forma importante para que tengamos un panorama tan vergonzoso en materia de castigo penal, como el que obligó a declarar el estado de cosas inconstitucional.

Para la Cidh, la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible con la Convención. Este Tribunal ha indicado que “[…] la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” (Párr. 312). (Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, 12 de noviembre de 1997, párr. 77, y Caso J. Vs. Perú, párr. 157).
Además, la Cidh ha enseñado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva (Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159). Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto (Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, 17 de noviembre de 2009, párr. 115, y Caso J. Vs. Perú, párr.159). Pero la Corte Constitucional en nuestro país nunca ha reconocido estas decisiones. Consecuentes con lo decidido con respecto a otros funcionarios de la Rama, deberían empezar por dar ejemplo, lo cual irradiaría todas las decisiones que al respecto se deban adoptar, en cualquier instancia legislativa o jurisdiccional.

Ahora bien, las pruebas recaudadas en los trámites de las tutelas que revisó la Corte y las innumerables evidencias que recogió la Defensoría del Pueblo durante la visita que por más de un año realizó a estos lugares, dan cuenta de las torturas, malos tratos, lesiones o sufrimientos impuestos a las personas privadas en las dependencias de detención transitoria, es decir, en las estaciones de policía, las sedes de la fiscalía, etcétera.

La Defensoría del Pueblo durante el año 2021 realizó más de 50 visitas en campo y corroboró que “[…] en el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues, aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la SIJIN de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%)”.

Se trata de la privación de libertad bajo constante amenaza para la vida y la salud, la mala alimentación, el riesgo de enfermedades infecciosas, el sometimiento a grupos violentos de presos, humillante y muchas veces servil, sin dormitorios, sin baños suficiente, sin ventilación, sin patio para recibir el sol, sin un mínimo de privacidad, con mala alimentación, sin salud, con maltrato a los visitantes, carencia de medicamentos, una forma o modalidad de tortura, así lo enseña el artículo 2º de la Convención Interamericana contra la tortura.

Estas penas ilícitas son calificadas como penas crueles, inhumanas y degradantes, prohibidas por el art. 2,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

No se trata de las habituales carencias conocidas de las prisiones, ni tampoco de una sobrepoblación dentro de límites ‘tolerables’, ni de los defectos por todos conocidos, sino de una deformación absoluta de esta pena, que deja de ser una mera privación de libertad para pasar a ser una pena corporal con consecuencias que no serán nunca reversibles.

Así las cosas, es hora de reconocer que a las personas detenidas les están imponiendo penas ilícitas. No es posible seguir guardando silencio frente a esta situación. Los jueces y fiscales están permitiendo que, frente a la realidad del ejercicio del poder punitivo, se concede razón a la afirmación de que el derecho es un mero instrumento de las clases dominantes.

No es posible sostener que fiscales y jueces no son responsables de esta situación debido a su formación positivista jurídica, lo que les obliga a obedecer la ley. Basta recordar la existencia de normas internacionales válidas, de máxima jerarquía, que prohíben esa clase de penas.

La Constitución y el Derecho Internacional son las normas fundamentales que se deben tomar en cuenta para la construcción de una solución jurídica. El juez de garantía y los jueces de conocimiento (ver pág. 17), solo deben habilitar las medidas de aseguramiento y las penas lícitas, teniendo en cuenta las circunstancias concretas.

Como enseña la Cidh: “Cuando las condiciones del establecimiento se deterioran hasta dar lugar a una pena degradante como consecuencia de la sobrepoblación y de sus efectos antes señalados, el contenido aflictivo de la pena o de la privación de libertad preventiva se incrementa en una medida que deviene ilícita o antijurídica”. (Considerando 92, resolución de la CIDH de 22 de noviembre de 2018, medidas provisionales. Asunto del Instituto penal Plácido de Sá Carvalho)”.

Estamos ante un estado de cosas que no es imaginado sino verídico, padecido por miles de personas, que debe ser resuelto de manera cierta. Existen soluciones jurídicas para el caso en que el agravamiento de las condiciones de privación de libertad sea tan extremo que resulte violatorio del artículo 5.2 de la Convención Americana o de sus equivalentes constitucionales nacionales, en razón de que esa pena impone un dolor o aflicción que excede en mucho el que es inherente a toda pena o privación de libertad:

i. La directa liberación de los presos, considerando que es intolerable que un Estado de derecho ejecute penas que son, por lo menos, degradantes. (En este sentido, Supremo Tribunal Federal. Interpretación Vinculante –Súmula Vinculante– nº 56, de 8 de agosto de 2016: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”. RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8- 2016, Tema 423).
ii. La otra alternativa consiste en que de algún modo se provoque una disminución de la población penal, por lo general mediante un cálculo de tiempo de pena o de privación de libertad que abrevie el tiempo real, atendiendo al mayor contenido aflictivo, producto de la sobrepoblación penal.

En este sentido, el precedente citado y resaltado por la Cidh, enseña que “En principio, y dado que es innegable que las personas privadas de libertad en el IPPSC pueden estar sufriendo una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el inherente a la mera privación de libertad, por un lado, resulta equitativo reducir su tiempo de encierro, para lo cual debe atenerse a un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida en la parte antijurídica de su ejecución. Las penas ilícitas, no por su antijuridicidad dejan de ser penas y, lo cierto es que se están ejecutando y sufriendo, circunstancia que no puede obviarse para llegar a una solución lo más racional posible dentro del marco jurídico internacional. Lo anterior es concordante con el mandamus del Supremo Tribunal Federal establecido en la Súmula Vinculante No. 56”. (Considerando 120).

“Dado que está fuera de toda duda que la degradación en curso obedece a la superpoblación del IPPSC, cuya densidad es del 200%, o sea, que duplica su capacidad, de ello se deduciría que duplica también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o de medida preventiva ilícita realmente sufrida se les computase a razón de dos días de pena lícita por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes”. (Considerando 121).

Ahora, es claro el efecto reproductor de violencia que se padece en las cárceles y centros de detención transitoria, una realidad que lejos de servir para cualquier objetivo que en algún momento permita al preso su reintegro a la vida libre en condiciones por lo menos no más negativas que las que determinaron su ingreso.

Estamos ante una realidad de espanto, horror, y sometimiento a la total indignidad de los encarcelados por infringir una u otra norma que afecta la convivencia pacífica de la comunidad, que evidencia que la pena de prisión fracasó y como sociedad no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. .

 

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Crisis de hacinamiento y la responsabilidad de los Jepms y los JCG

De acuerdo a la normatividad jurídica, quien no ha sido vencido en juicio, siempre y cuando no represente un peligro evidente y cierto para la sociedad, no debería ser sometido a prisión, y mientras es investigado y vencido en juicio tendría que ser recluido en su sitio de vivienda. Pero en la práctica se ha impuesto lo contrario y la mayoría de quienes son detenidos e investigados por la comisión de un delito son reducidos a prisión, y allí pasan meses y hasta años mientras se realiza el juicio a que tienen derecho.

En estas sociedades vengadoras, donde el supuesto sentido de resocialización realmente no tiene lugar, prima someter a los detenidos, investigados o condenados, a largos años de prisión, en condiciones por demás deplorables. Todo un exabrupto.

Una realidad en la cual podrían actuar, para evitar que así suceda, los Jueces de Control de Garantías, y los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. ¿Por qué no sucede así? ¿Cuáles son las funciones de estos Jueces? Adentremonos por el sendero que nos permite entender su función, el sentido original de la misma y su actuar real.

Funciones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Entre otras se informa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad1 (Jepms), garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales; como autoridad judicial competente –para hacer seguimiento al cumplimiento de la sanción penal– deberá realizar visitas periódicas a los establecimientos de reclusión que le sean asignados. Resaltamos aquellas funciones que los Jepms tienen frente a los condenados, en cuanto a las condiciones de los lugares de cumplimiento de las penas privativas de la libertad:

- De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables.
- Hacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integración social del interno. Para ello deberá conceptuar periódicamente sobre el desarrollo de los programas de trabajo, estudio y enseñanza.
- Conocer de las peticiones que los internos formulen en relación con el Reglamento Interno y tratamiento penitenciario, en cuanto se refiera a los derechos y beneficios que afecten la ejecución de la pena.
- Para el caso colombiano, los Jepms conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia; así mismo, conocen del cumplimiento de las sentencias condenatorias. Se observa un cambio con relación a la situación de los condenados antes de la entrada en vigencia de los Jueces de Ejecución, y es que siempre estarán sujetos al Jepms más próximo o correspondiente al circuito o la jurisdicción del centro penitenciario donde se encuentre, lo cual, al menos, acorta los problemas de distancia para efecto de la gestión de trámites y supone, también en teoría, la facilitación de intermediación del Juez de Ejecución con el Centro Penitenciario de su jurisdicción.

Esa es la norma, pero pese a lo que esta estipula, pareciera que el Juez de Ejecución quedó transformado en un órgano determinado a cumplir unas pocas funciones de las muchas que se le asignan, dejando en manos del Inpec2 aquellas que tienen que ver con derechos fundamentales, dedicándose a decidir asuntos y peticiones que les hacen los sujetos objeto de la acción penal, sin preocuparse por la situación carcelaria en que estos se encuentran, esto es se han vuelto jueces de oficina, y de decisión, no de garantía y de vigilancia. (negrilla intencional).

La supervisión y control de la actividad penitenciaria no son verificables ni en la realidad ni normativamente, pues la función del juez se ha limitado a la concesión de beneficios y no se dirige a ese prometido control de la actividad penitenciaria; lo que indica que la relación Inpec–Juez de Ejecución es descoordinada, algo evidente, así se diga que entre estos órganos deba realizarse una colaboración mutua, algo imposible de hacer realidad, porque los Jueces de Ejecución de Penas tienen competencia únicamente en las penitenciarias de los municipios donde despachan, mientras que el Inpec desarrolla su actividad en todo el territorio nacional, y es quien maneja los recursos necesarios para ello. Tenemos, entonces, un trastoque de funciones: el Inpec desarrolla unas que le corresponden al Juez de Ejecución de Penas, y viceversa, presentándose una total descoordinación entre ambos.

 

Funciones del Juez de Control de Garantías

 

La ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal (CPP), aporta precisamente como una novedad del denominado sistema penal acusatorio la aparición del Juez de Control de garantías, y de conformidad con el artículo 39, en concordancia con el 153 y 154 del mismo Código, le establece una función preponderante con relación a todas las audiencias preliminares, entre ellas la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, una de las más importantes en las que debe actuar.

Para efectos de este artículo, la misma se regula en el capítulo III del Título IV, artículos 306 y siguientes del CPP, y valga decirlo de una vez, al Juez de Control de Garantías le encargaron la administración, cuidado y tutela, nada más y nada menos que del principio de libertad, regulado en el artículo 2 del CPP, de título de Principios rectores y garantías procesales, es decir, que informa toda condición de aplicación de las normas internas del procedimiento penal, sometida entonces como no, todas las condiciones para la imposición de la medida de aseguramiento.


Si bien, tanto el Juez de Penas y Medidas de Seguridad, como el de Control de Garantías, tienen que ver con la aplicación de la libertad en diferentes momentos del proceso (el de Penas al momento final del proceso, verificando todo lo relativo al cumplimiento de la pena, y el de garantías justo durante todo el régimen de investigación del proceso penal), es al Juez de control quien tiene expresamente el apellido de “Garantías”, más claro no podría ser su función expresa con relación al cuidado, tutela y protección de las garantías dentro del proceso penal, por lo que, valga decirlo desde ya, es inexcusable que no pueda cumplir tal función de manera categórica y así favorecer las garantías que le encomiendan proteger, siendo una de las más relevantes: la libertad.

 

El sistema carcelario y los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

 

Las cárceles a nivel latinoamericano se caracterizan por el hacinamiento. La problemática de las prisiones es muy similar en estos países, la deplorable situación en que pagan su condena decenas de miles de personas, la cantidad de personas que mueren entre rejas, todo lo cual actúa como estímulo para las constantes revueltas que se registran al interior de estos centros del oprobio.

La deficiencia en los servicios públicos asistenciales, la violencia, la extorsión, la corrupción, la vulneración constante a los Derechos de los condenados, y una carencia de medios que le permitan a los internos resocializarse, como lo plantea el Derecho Penal, todo ello ante una sociedad y Estado que se han quedado paralizados e indiferentes ante esta situación.


Es esta realidad, precisamente, la que exige rescatar las funciones y obligaciones de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y de los Jueces de Control de Garantías; siendo importante recordar que el individuo privado de la libertad no deja sus Derechos Fundamentales en la puerta del establecimiento carcelario, y menos en su condición de sindicado, en aquellos edificios que han llamado eufemísticamente “centros de reclusión transitoria”, es decir estaciones de policía, todas ellas sin condiciones mínimas para operar como cárceles, por lo cual se transforman en focos de violación de los Derechos Humanos, degradando la condición human de quien es sometido a pasar días, semanas, meses y hasta años tras rejas, compartiendo hasta con cientos espacios definidos para ser habitados por unas pocas personas, en algunos casos dos o tres docenas. “Olvida” el Estado que debe asegurar las garantías y buenas condiciones de vida de quienes quedan a cargo del sistema penal y penitenciario.

En Colombia, la realidad demuestra que las funciones de los Jepms, no pueden llegar a ser desarrolladas en su totalidad, pues a simple vista se nota que la ineficiencia y la falta de tiempo caracterizan el resultado de sus funciones, porque el hacinamiento y la violación de derechos padecidos por las personas privadas de la libertad no es algo desconocido por el país, sino, al contrario, es la realidad reinante desde hace décadas en los más de cien centros penitenciarios y carcelarios con que cuenta el país.

Lo anterior se ve reflejado en la situación que padecen los condenados en las penitenciarias colombianas, pues no existe un órgano que vigile su estructura y condiciones físicas mínimas con que debieran contar, así como órganos que le hagan seguimiento a las órdenes de cumplimiento obligatorio para superar las precarias condiciones que las caracterizan.

Además, los órganos a los que les han encargado la protección de los Derechos Fundamentales de los internos, solo solucionan aquellos que son evidentemente vulnerados, los de mayor gravedad y connotación, dejando de lado muchos Derechos que si bien se encuentran revestidos de cierta importancia, y a pesar de su continúa vulneración, no están en el foco de atención y protección de estas entidades, como el Inpec y las mesas de trabajo de las penitenciarias.

Ante esta situación, los Jueces de Ejecución de penas esperan la petición por parte de los mismos internos, que a través de la Tutela buscan la protección y el respeto de esos Derechos Fundamentales. Tutelas que a pesar de ser falladas en su favor, no son cumplidas. Por ejemplo, ante el hacinamiento expresan que no hay recursos económicos para darle solución a tal problemática, y dejan su resolución en manos de otras entidades.

Una realidad sobre la cual se ha pronunciado la Corte Constitucional Colombiana, teniendo que declarar la existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario desde un famoso fallo de Tutela de 1998, que incluso dio órdenes concretas al Ejecutivo para tomar medidas con respecto a esta situación3 y que a la fecha, tras 24 años de su Sentencia, no se ha cumplido, de modo que la Corte Constitucional ha reiterado sus fallos en esta materia sin éxito alguno en la realidad penitenciaria y carcelaria.

Uno de los factores más graves de la situación carcelaria es el hacinamiento, así reconocido por la misma autoridad penitenciaria: De seis regionales penitenciarias en todo el país, en todas ellas existe hacinamiento superior al veinte por ciento, en otras incluso superior al 50 por ciento.

Cuando hay tantos internos en un mismo centro penitenciario, se reducen sus posibilidades de atención médica y psicológica, la posibilidad de tramitar sus permisos de tipo administrativo con agilidad, pero también se presenta la imposibilidad de garantizar oportunidades de trabajo o estudio para descontar pena en condiciones de igualdad y, en general, cuaja un clima de corrupción que mediatiza y limita el reconocimiento de un derecho elevado por una persona común y corriente que esté confinada.

Es cierto que los Jepms tienen conocimiento de sus funciones, pero también lo es que por falta de tiempo no logran desarrollarlas en su totalidad, dedicándose solo a conocer y resolver peticiones de libertades, redenciones de pena por trabajo o estudio, aplicar principio de favorabilidad por cambios normativos, rebaja de penas, entre otras peticiones, es decir, se limitan a un trabajo de oficina y la real vigilancia en los establecimientos carcelarios la han dejado de lado como, algo secundario y accesorio a sus funciones, y no como un punto fundamental dentro de ellas.

Una de sus funciones principales es verificar las condiciones de las cárceles para el cumplimiento de penas en condiciones de dignidad humana, y hemos hablado de un hacinamiento hasta del 50 por ciento en muchas de las cárceles del país, pero el Jepms ni se puede presentar al establecimiento carcelario (no tiene físicamente tiempo para hacerlo) ni toma medidas para obligar al ejecutivo a invertir en el sistema carcelario y frenar la situación de indignidad, cuando como garante de la ejecución de la pena es el primer llamado a tomar acciones en dicho sentido.


Los “centros transitorios de reclusión” y los Jueces de Control de Garantías



Los Jueces de Control de Garantías (JCG) tienen la misma y total incidencia en el sistema carcelario que los Jepms, con funciones ahora ampliadas a los mal denominados centros transitorios de reclusión, ya que precisamente durante la etapa de investigación tienen en sus manos una de las audiencias preliminares más importantes para definir la libertad o no de una persona humana sometida al proceso penal.

Resaltamos persona humana, ya que quienes están en prisión están siendo tratados como meros “objetos” del proceso penal, toda vez que en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento no hacen respetar el principio de libertad que se les ha confiado y, por el contrario, flagrantemente se han dedicado a desconocerlo.

Se estilan cifras superiores al 70 por ciento con relación a la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad por parte de los “mal llamados” JCG, es decir, de cada 10 audiencias que se realizan en 7 la medida a imponer es restrictiva de libertad, entonces, ¿A qué estamos jugando? ¿Dónde queda su papel de garantes del principio de libertad? ¿De qué ha servido la separación funcional que implicó el nuevo sistema procesal acusatorio para que el mismo fiscal que ordenaba la captura validara sus detenciones, en lo que se conocía como resolución de la situación jurídica, si los jueces de control de garantías no cumplen en garantía su papel y aceptan cualquier pretexto para imponer la restricción de la libertad, conocedores de un sistema atomizado no solo en las cárceles como tal sino en todos los centros de reclusión transitoria?

Es tan notorio el desastroso papel de los JCG, en impedir el hacinamiento carcelario, llámese en cárceles o centros de detención transitoria, que a la declaratoria de estado de cosas inconstitucional de 1998, de 2013 y de 2015, se suma ahora por parte de la Corte Constitucional la decisión del 4 de abril de los corrientes, que declara también el estado de cosas inconstitucional en los mal llamados “centros de detención transitoria”, al constatar hacinamientos superiores al 1.300 por ciento en determinadas estaciones de policía y lugares de paso, precisamente no adecuados para tener personas privadas de la libertad ni en fase de detención preventiva ni mucho menos en fase de ejecución de la pena.

Por ello, es imposible creer que los JCG no tengan responsabilidad, si bien no total, si una gran responsabilidad en lo que está sucediendo en estos “centros de detención transitoria” pues son ellos quienes están enviando, al estilo “Pilatos”, a la mayoría de procesados a dichos centros de detención, haciéndose los de la “vista gorda” o ignorando incluso lo que la Corte Constitucional ha tenido que declarar como Estado de Cosas Inconstitucional, y a los que la misma Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-142832019 (104983), Oct. 15/19, con ponencia de la Magistrada Patricia Salazar, les ha recordado que quien solicite las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tiene la carga de probar que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento, y que muchas veces los JCG no pasan más que de un control meramente formal.

Como colorario de todo lo dicho, nadie se explica cómo en Colombia, existiendo este tipo de jueces exclusivamente para la verificación de la etapa de ejecución penal y del privación de libertad en la fase inicial del proceso, existan cárceles con un hacinamiento superior al cien por ciento, y centros transitorios de detención con un hacinamiento superior al mil por ciento, que las condiciones de ambos centros sean deplorables y que a menudo se sucedan revueltas, motines y desórdenes en los que mueren internos con la complicidad pasiva de quienes fueron creados precisamente para obrar como órgano de protección.

1 Art. 51 de La Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario y también en el vigente Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, aparecen relacionadas en el Art. 38.
2 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, órgano administrativo de las cárceles del país adscrito al Ministerio de Justicia y del Interior, de ahora en adelante Inpec.
3 Tutela T 153, Corte Constitucional de Colombia 28 de abril 1998, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.

 

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Crisis de hacinamiento y la responsabilidad de los Jepms y los JCG

De acuerdo a la normatividad jurídica, quien no ha sido vencido en juicio, siempre y cuando no represente un peligro evidente y cierto para la sociedad, no debería ser sometido a prisión, y mientras es investigado y vencido en juicio tendría que ser recluido en su sitio de vivienda. Pero en la práctica se ha impuesto lo contrario y la mayoría de quienes son detenidos e investigados por la comisión de un delito son reducidos a prisión, y allí pasan meses y hasta años mientras se realiza el juicio a que tienen derecho.

En estas sociedades vengadoras, donde el supuesto sentido de resocialización realmente no tiene lugar, prima someter a los detenidos, investigados o condenados, a largos años de prisión, en condiciones por demás deplorables. Todo un exabrupto.

Una realidad en la cual podrían actuar, para evitar que así suceda, los Jueces de Control de Garantías, y los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. ¿Por qué no sucede así? ¿Cuáles son las funciones de estos Jueces? Adentremonos por el sendero que nos permite entender su función, el sentido original de la misma y su actuar real.

Funciones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Entre otras se informa que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad1 (Jepms), garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales; como autoridad judicial competente –para hacer seguimiento al cumplimiento de la sanción penal– deberá realizar visitas periódicas a los establecimientos de reclusión que le sean asignados. Resaltamos aquellas funciones que los Jepms tienen frente a los condenados, en cuanto a las condiciones de los lugares de cumplimiento de las penas privativas de la libertad:

- De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables.
- Hacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integración social del interno. Para ello deberá conceptuar periódicamente sobre el desarrollo de los programas de trabajo, estudio y enseñanza.
- Conocer de las peticiones que los internos formulen en relación con el Reglamento Interno y tratamiento penitenciario, en cuanto se refiera a los derechos y beneficios que afecten la ejecución de la pena.
- Para el caso colombiano, los Jepms conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia; así mismo, conocen del cumplimiento de las sentencias condenatorias. Se observa un cambio con relación a la situación de los condenados antes de la entrada en vigencia de los Jueces de Ejecución, y es que siempre estarán sujetos al Jepms más próximo o correspondiente al circuito o la jurisdicción del centro penitenciario donde se encuentre, lo cual, al menos, acorta los problemas de distancia para efecto de la gestión de trámites y supone, también en teoría, la facilitación de intermediación del Juez de Ejecución con el Centro Penitenciario de su jurisdicción.

Esa es la norma, pero pese a lo que esta estipula, pareciera que el Juez de Ejecución quedó transformado en un órgano determinado a cumplir unas pocas funciones de las muchas que se le asignan, dejando en manos del Inpec2 aquellas que tienen que ver con derechos fundamentales, dedicándose a decidir asuntos y peticiones que les hacen los sujetos objeto de la acción penal, sin preocuparse por la situación carcelaria en que estos se encuentran, esto es se han vuelto jueces de oficina, y de decisión, no de garantía y de vigilancia. (negrilla intencional).

La supervisión y control de la actividad penitenciaria no son verificables ni en la realidad ni normativamente, pues la función del juez se ha limitado a la concesión de beneficios y no se dirige a ese prometido control de la actividad penitenciaria; lo que indica que la relación Inpec–Juez de Ejecución es descoordinada, algo evidente, así se diga que entre estos órganos deba realizarse una colaboración mutua, algo imposible de hacer realidad, porque los Jueces de Ejecución de Penas tienen competencia únicamente en las penitenciarias de los municipios donde despachan, mientras que el Inpec desarrolla su actividad en todo el territorio nacional, y es quien maneja los recursos necesarios para ello. Tenemos, entonces, un trastoque de funciones: el Inpec desarrolla unas que le corresponden al Juez de Ejecución de Penas, y viceversa, presentándose una total descoordinación entre ambos.

 

Funciones del Juez de Control de Garantías

 

La ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal (CPP), aporta precisamente como una novedad del denominado sistema penal acusatorio la aparición del Juez de Control de garantías, y de conformidad con el artículo 39, en concordancia con el 153 y 154 del mismo Código, le establece una función preponderante con relación a todas las audiencias preliminares, entre ellas la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, una de las más importantes en las que debe actuar.

Para efectos de este artículo, la misma se regula en el capítulo III del Título IV, artículos 306 y siguientes del CPP, y valga decirlo de una vez, al Juez de Control de Garantías le encargaron la administración, cuidado y tutela, nada más y nada menos que del principio de libertad, regulado en el artículo 2 del CPP, de título de Principios rectores y garantías procesales, es decir, que informa toda condición de aplicación de las normas internas del procedimiento penal, sometida entonces como no, todas las condiciones para la imposición de la medida de aseguramiento.


Si bien, tanto el Juez de Penas y Medidas de Seguridad, como el de Control de Garantías, tienen que ver con la aplicación de la libertad en diferentes momentos del proceso (el de Penas al momento final del proceso, verificando todo lo relativo al cumplimiento de la pena, y el de garantías justo durante todo el régimen de investigación del proceso penal), es al Juez de control quien tiene expresamente el apellido de “Garantías”, más claro no podría ser su función expresa con relación al cuidado, tutela y protección de las garantías dentro del proceso penal, por lo que, valga decirlo desde ya, es inexcusable que no pueda cumplir tal función de manera categórica y así favorecer las garantías que le encomiendan proteger, siendo una de las más relevantes: la libertad.

 

El sistema carcelario y los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

 

Las cárceles a nivel latinoamericano se caracterizan por el hacinamiento. La problemática de las prisiones es muy similar en estos países, la deplorable situación en que pagan su condena decenas de miles de personas, la cantidad de personas que mueren entre rejas, todo lo cual actúa como estímulo para las constantes revueltas que se registran al interior de estos centros del oprobio.

La deficiencia en los servicios públicos asistenciales, la violencia, la extorsión, la corrupción, la vulneración constante a los Derechos de los condenados, y una carencia de medios que le permitan a los internos resocializarse, como lo plantea el Derecho Penal, todo ello ante una sociedad y Estado que se han quedado paralizados e indiferentes ante esta situación.


Es esta realidad, precisamente, la que exige rescatar las funciones y obligaciones de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y de los Jueces de Control de Garantías; siendo importante recordar que el individuo privado de la libertad no deja sus Derechos Fundamentales en la puerta del establecimiento carcelario, y menos en su condición de sindicado, en aquellos edificios que han llamado eufemísticamente “centros de reclusión transitoria”, es decir estaciones de policía, todas ellas sin condiciones mínimas para operar como cárceles, por lo cual se transforman en focos de violación de los Derechos Humanos, degradando la condición human de quien es sometido a pasar días, semanas, meses y hasta años tras rejas, compartiendo hasta con cientos espacios definidos para ser habitados por unas pocas personas, en algunos casos dos o tres docenas. “Olvida” el Estado que debe asegurar las garantías y buenas condiciones de vida de quienes quedan a cargo del sistema penal y penitenciario.

En Colombia, la realidad demuestra que las funciones de los Jepms, no pueden llegar a ser desarrolladas en su totalidad, pues a simple vista se nota que la ineficiencia y la falta de tiempo caracterizan el resultado de sus funciones, porque el hacinamiento y la violación de derechos padecidos por las personas privadas de la libertad no es algo desconocido por el país, sino, al contrario, es la realidad reinante desde hace décadas en los más de cien centros penitenciarios y carcelarios con que cuenta el país.

Lo anterior se ve reflejado en la situación que padecen los condenados en las penitenciarias colombianas, pues no existe un órgano que vigile su estructura y condiciones físicas mínimas con que debieran contar, así como órganos que le hagan seguimiento a las órdenes de cumplimiento obligatorio para superar las precarias condiciones que las caracterizan.

Además, los órganos a los que les han encargado la protección de los Derechos Fundamentales de los internos, solo solucionan aquellos que son evidentemente vulnerados, los de mayor gravedad y connotación, dejando de lado muchos Derechos que si bien se encuentran revestidos de cierta importancia, y a pesar de su continúa vulneración, no están en el foco de atención y protección de estas entidades, como el Inpec y las mesas de trabajo de las penitenciarias.

Ante esta situación, los Jueces de Ejecución de penas esperan la petición por parte de los mismos internos, que a través de la Tutela buscan la protección y el respeto de esos Derechos Fundamentales. Tutelas que a pesar de ser falladas en su favor, no son cumplidas. Por ejemplo, ante el hacinamiento expresan que no hay recursos económicos para darle solución a tal problemática, y dejan su resolución en manos de otras entidades.

Una realidad sobre la cual se ha pronunciado la Corte Constitucional Colombiana, teniendo que declarar la existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario desde un famoso fallo de Tutela de 1998, que incluso dio órdenes concretas al Ejecutivo para tomar medidas con respecto a esta situación3 y que a la fecha, tras 24 años de su Sentencia, no se ha cumplido, de modo que la Corte Constitucional ha reiterado sus fallos en esta materia sin éxito alguno en la realidad penitenciaria y carcelaria.

Uno de los factores más graves de la situación carcelaria es el hacinamiento, así reconocido por la misma autoridad penitenciaria: De seis regionales penitenciarias en todo el país, en todas ellas existe hacinamiento superior al veinte por ciento, en otras incluso superior al 50 por ciento.

Cuando hay tantos internos en un mismo centro penitenciario, se reducen sus posibilidades de atención médica y psicológica, la posibilidad de tramitar sus permisos de tipo administrativo con agilidad, pero también se presenta la imposibilidad de garantizar oportunidades de trabajo o estudio para descontar pena en condiciones de igualdad y, en general, cuaja un clima de corrupción que mediatiza y limita el reconocimiento de un derecho elevado por una persona común y corriente que esté confinada.

Es cierto que los Jepms tienen conocimiento de sus funciones, pero también lo es que por falta de tiempo no logran desarrollarlas en su totalidad, dedicándose solo a conocer y resolver peticiones de libertades, redenciones de pena por trabajo o estudio, aplicar principio de favorabilidad por cambios normativos, rebaja de penas, entre otras peticiones, es decir, se limitan a un trabajo de oficina y la real vigilancia en los establecimientos carcelarios la han dejado de lado como, algo secundario y accesorio a sus funciones, y no como un punto fundamental dentro de ellas.

Una de sus funciones principales es verificar las condiciones de las cárceles para el cumplimiento de penas en condiciones de dignidad humana, y hemos hablado de un hacinamiento hasta del 50 por ciento en muchas de las cárceles del país, pero el Jepms ni se puede presentar al establecimiento carcelario (no tiene físicamente tiempo para hacerlo) ni toma medidas para obligar al ejecutivo a invertir en el sistema carcelario y frenar la situación de indignidad, cuando como garante de la ejecución de la pena es el primer llamado a tomar acciones en dicho sentido.


Los “centros transitorios de reclusión” y los Jueces de Control de Garantías



Los Jueces de Control de Garantías (JCG) tienen la misma y total incidencia en el sistema carcelario que los Jepms, con funciones ahora ampliadas a los mal denominados centros transitorios de reclusión, ya que precisamente durante la etapa de investigación tienen en sus manos una de las audiencias preliminares más importantes para definir la libertad o no de una persona humana sometida al proceso penal.

Resaltamos persona humana, ya que quienes están en prisión están siendo tratados como meros “objetos” del proceso penal, toda vez que en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento no hacen respetar el principio de libertad que se les ha confiado y, por el contrario, flagrantemente se han dedicado a desconocerlo.

Se estilan cifras superiores al 70 por ciento con relación a la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad por parte de los “mal llamados” JCG, es decir, de cada 10 audiencias que se realizan en 7 la medida a imponer es restrictiva de libertad, entonces, ¿A qué estamos jugando? ¿Dónde queda su papel de garantes del principio de libertad? ¿De qué ha servido la separación funcional que implicó el nuevo sistema procesal acusatorio para que el mismo fiscal que ordenaba la captura validara sus detenciones, en lo que se conocía como resolución de la situación jurídica, si los jueces de control de garantías no cumplen en garantía su papel y aceptan cualquier pretexto para imponer la restricción de la libertad, conocedores de un sistema atomizado no solo en las cárceles como tal sino en todos los centros de reclusión transitoria?

Es tan notorio el desastroso papel de los JCG, en impedir el hacinamiento carcelario, llámese en cárceles o centros de detención transitoria, que a la declaratoria de estado de cosas inconstitucional de 1998, de 2013 y de 2015, se suma ahora por parte de la Corte Constitucional la decisión del 4 de abril de los corrientes, que declara también el estado de cosas inconstitucional en los mal llamados “centros de detención transitoria”, al constatar hacinamientos superiores al 1.300 por ciento en determinadas estaciones de policía y lugares de paso, precisamente no adecuados para tener personas privadas de la libertad ni en fase de detención preventiva ni mucho menos en fase de ejecución de la pena.

Por ello, es imposible creer que los JCG no tengan responsabilidad, si bien no total, si una gran responsabilidad en lo que está sucediendo en estos “centros de detención transitoria” pues son ellos quienes están enviando, al estilo “Pilatos”, a la mayoría de procesados a dichos centros de detención, haciéndose los de la “vista gorda” o ignorando incluso lo que la Corte Constitucional ha tenido que declarar como Estado de Cosas Inconstitucional, y a los que la misma Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-142832019 (104983), Oct. 15/19, con ponencia de la Magistrada Patricia Salazar, les ha recordado que quien solicite las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tiene la carga de probar que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento, y que muchas veces los JCG no pasan más que de un control meramente formal.

Como colorario de todo lo dicho, nadie se explica cómo en Colombia, existiendo este tipo de jueces exclusivamente para la verificación de la etapa de ejecución penal y del privación de libertad en la fase inicial del proceso, existan cárceles con un hacinamiento superior al cien por ciento, y centros transitorios de detención con un hacinamiento superior al mil por ciento, que las condiciones de ambos centros sean deplorables y que a menudo se sucedan revueltas, motines y desórdenes en los que mueren internos con la complicidad pasiva de quienes fueron creados precisamente para obrar como órgano de protección.

1 Art. 51 de La Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario y también en el vigente Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, aparecen relacionadas en el Art. 38.
2 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, órgano administrativo de las cárceles del país adscrito al Ministerio de Justicia y del Interior, de ahora en adelante Inpec.
3 Tutela T 153, Corte Constitucional de Colombia 28 de abril 1998, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.

 

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Publicado enEdición Nº290
Martes, 19 Abril 2022 10:43

Castigo carcelario, una pena ilícita

Sofia Carvalho, prision, https://www.flickr.com/photos/29118734@N04/6928319649/

Más de 21.000 personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, hacinadas, humilladas, en condiciones degradantes e inhumanas, llevó a la Corte Constitucional a extender el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, que fue declarado en segunda oportunidad en el año 2013 y que ahora también cubre a las personas privadas de la libertad en estos lugares.

Mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la política criminal era contrario a la Constitución, en esta oportunidad analizada la situación que se vive en los centros de detención transitoria, concluyó que es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De este modo, por medio de la sentencia SU 122 de marzo 31, se extiende el estado de cosas inconstitucional a las personas privadas de la libertad en estos lugares transitorios.

Desde hace varios años las personas privadas de la libertad no pueden ser enviadas a las cárceles, porque están totalmente hacinadas, haciéndose invivibles. Por esta razón acudieron al uso de las estaciones e inspecciones de policía y las unidades de reacción inmediata de la fiscalía para alojar a los detenidos preventivos, pero tampoco fueron suficientes y ahora están más hacinadas que los presidios, y ahora son una verdadera bomba de tiempo que deja al desnudo la incapacidad para atender esta problemática.

Hacinamiento, condiciones inhumanas de encarcelamiento, violación de los derechos humanos de las personas sometidas al encierro, todo ello deja en evidencia el equivocado manejo de la política criminal en el país, el deficiente papel cumplido por la rama legislativa, las graves omisiones del ejecutivo y el pobre desempeño de la rama judicial. Toda una derrota de nuestro incipiente Estado social y democrático de derecho, que como estructura solo queda en el papel cuando se le confronta con la situación que se vive en estos centros de detención transitorios. Las próximas generaciones se horrorizarán al enterarse de esta situación, más que el horror que sentimos nosotros cuando recordamos los famosos campos de concentración.

El horror ante nuestros ojos, y la indiferencia mayoritaría del país; una realidad fundamental, sin debate en el curso de la campaña electoral. Se trata de la situación de las personas privadas de la libertad en inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata –URI– y del hacinamiento que reina en estos lugares que alcanzan cifras inimaginables (ver Cifras del hacinamiento).

 

 

Se trata de lugares que no fueron construidos ni diseñados para alojar personas por más de 36 horas, y que no cuentan con ventilación, ni espacios adecuados para conciliar el sueño o descansar, ni con posibilidades de disfrutar del Sol, y tienen carencias en los servicios sanitarios; tampoco cuentan con espacios adecuados para las entrevistas con los familiares o abogados, mucho menos para garantizar el derecho a mantener intimidad con la pareja el día de visita conyugal, pero además son lugares en los cuales es constante la violencia entre las personas que allí son albergadas, y en los que los problemas de salubridad y brotes de enfermedades se multiplican y no se solucionan, entre otras razones por la carencia de agua, de espacio para tratar a quienes estén infectadas, en fin, donde no se suministran alimentos adecuados ni implementos de aseo. En una palabra: el mismísimo infierno.

Recuerda la Corte en su reciente pronunciamiento, que el Estado debe garantizar las condiciones dignas de detención a esta población que, por el hacinamiento en cárceles y penitenciarias, no ha sido trasladada a los lugares de reclusión ordinarios, entendiendo que la libertad como garantía fundamental puede estar sujeta a restricciones definidas expresamente en la ley, pero atendiendo estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad, porque la restricción a la libertad es absolutamente excepcional y, además, la relación de sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades, la obligación de protección de aquellos derechos que no son susceptibles de limitación.

Es decir, durante el tiempo que la persona permanezca privada de la libertad, las autoridades deben garantizar condiciones dignidad y evitar cualquier tratamiento que se configure en tortura o sea cruel, inhumano o degradante.

Esta violación sistemática de los derechos, ampliamente conocida por las autoridades en nuestro país, obligó a la intervención del juez constitucional para, en sus palabras, orientar la coordinación y articulación efectiva entre las distintas entidades del orden nacional y territorial, que, desde sus competencias deben resolver una situación que atenta intensamente contra las garantías constitucionales, por lo que exige al Estado adoptar un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano. Así las cosas, la Corte formuló un plan de acción, en dos fases: una transitoria, con órdenes urgentes y de cumplimiento inmediato, y otra definitiva, con órdenes a mediano y largo plazo.

Las medidas ordenadas por la Corte: Un saludo a la bandera

La primera medida urgente que se ordena es el traslado de aquellos detenidos preventivos y de los condenados a los cuales el juez les concedió el domicilio como lugar de reclusión. Según la Defensoría del Pueblo, si acaso serán 110 las personas que se encuentran en esta situación, de suerte que en poco o nada servirá para atender y superar la gravísima problemática a la que nos enfrentamos, (ver Situación jurídica).

Además, se ordena que en un término de 2 meses se traslade a los condenados, a las penitenciarías a cargo del Inpec. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, de un conjunto de 21.074 personas que permanecen en los centros de detención transitoria, no suma más de 1.995 las condenadas, los demás son detenidos preventivos. Pero, además, no se puede olvidar que en los centros penitenciarios reina desde décadas atrás el hacinamiento y la violación sistemática de los mínimos constitucionales (T-153 de 1993). Es decir, con esta orden, se traslada el problema de un lugar a otro.

Las prisiones en el país, sus condiciones de deterioro y, además, la superpoblación que alberga exceden los márgenes tolerables conforme a los estándares internacionales, en especial los de las Naciones Unidas (señala una densidad máxima admisible de 120%) y sus reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad (reglas Mandela).

En estas condiciones, el Estado ha perdido el manejo del orden interno de estos lugares, el cual queda en manos de los propios presos miembros de bandas o grupos con estructura delincuencial. Y el control en estas condiciones se torna violento, sometiendo a los que no forman parte de la banda dominante a humillaciones y servidumbres, incluso sexuales.

Son lugares con un alto saldo de víctimas y escenas de inusitada crueldad, que se normalizan en la creación de realidad mediática como supuestas manifestaciones de la violencia natural de la delincuencia.

¿Acaso los magistrados no conocen la realidad que se vive en estos centros carcelarios? Alguien proponía, y no le falta razón, que sería importante que pasaran al menos una noche en estos lugares.

La detención preventiva y la pena
de prisión, convertidas
en medidas ilegales

La Corte señala que la violación de las garantías mínimas de las personas detenidas en estas instituciones es sistemática, y de esta manera reconoce que la privación de la libertad en estas condiciones se ha convertido en un trato degradante, inhumano, en una verdadera pena ilegal. Consecuente con este reconocimiento, ordena que en un término de 4 meses se garantice a las personas privadas de la libertad en estos lugares condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficiente, así como la separación tanto de hombre y mujeres, como entre menores y mayores de edad.
Incluso dispone crear otros espacios, con requerimientos mínimos, para alojar a los detenidos preventivos, creación para la que concede un término de un año, nuevas locaciones que solo podrán ser utilizadas durante 6 años, momento para el cual se debe contar con cárceles departamentales o municipales suficientes para albergar a esta población.

El fallo de la Corte Constitucional es un avance, pero en lo declarado olvida algo fundamental, y es que el hacinamiento no solo se resuelve con más cárcel. También, y sobre todo, se resuelve con menos cárcel. Existen precedentes en nuestra región que más adelante retomaremos.

Además, la Corte exhorta al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que capacite a los jueces y fiscales, en torno al carácter excepcional de la medida de detención preventiva, y en materia de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en estos centros de reclusión transitoria.

Si bien la capacitación de los funcionarios (jueces y fiscales) no deja de ser importante, los magistrados de la Corte deben ser los primeros en aceptar las enseñanzas que en esta materia ha dictado desde décadas atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Decimos lo anterior porque a pesar de existir una línea consolidada de la Cidh en la materia, la Corte Constitucional en la Sentencia C 469 de 2016, avaló las normas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículo 310) que permiten la detención preventiva con fines precautelativos, en casos en los cuales las normas de tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana la prohíbe, lo cual ha contribuido de forma importante para que tengamos un panorama tan vergonzoso en materia de castigo penal, como el que obligó a declarar el estado de cosas inconstitucional.

Para la Cidh, la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible con la Convención. Este Tribunal ha indicado que “[…] la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” (Párr. 312). (Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, 12 de noviembre de 1997, párr. 77, y Caso J. Vs. Perú, párr. 157).
Además, la Cidh ha enseñado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva (Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69, y Caso J. Vs. Perú, párr. 159). Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto (Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, 17 de noviembre de 2009, párr. 115, y Caso J. Vs. Perú, párr.159). Pero la Corte Constitucional en nuestro país nunca ha reconocido estas decisiones. Consecuentes con lo decidido con respecto a otros funcionarios de la Rama, deberían empezar por dar ejemplo, lo cual irradiaría todas las decisiones que al respecto se deban adoptar, en cualquier instancia legislativa o jurisdiccional.

Ahora bien, las pruebas recaudadas en los trámites de las tutelas que revisó la Corte y las innumerables evidencias que recogió la Defensoría del Pueblo durante la visita que por más de un año realizó a estos lugares, dan cuenta de las torturas, malos tratos, lesiones o sufrimientos impuestos a las personas privadas en las dependencias de detención transitoria, es decir, en las estaciones de policía, las sedes de la fiscalía, etcétera.

La Defensoría del Pueblo durante el año 2021 realizó más de 50 visitas en campo y corroboró que “[…] en el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues, aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la SIJIN de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%)”.

Se trata de la privación de libertad bajo constante amenaza para la vida y la salud, la mala alimentación, el riesgo de enfermedades infecciosas, el sometimiento a grupos violentos de presos, humillante y muchas veces servil, sin dormitorios, sin baños suficiente, sin ventilación, sin patio para recibir el sol, sin un mínimo de privacidad, con mala alimentación, sin salud, con maltrato a los visitantes, carencia de medicamentos, una forma o modalidad de tortura, así lo enseña el artículo 2º de la Convención Interamericana contra la tortura.

Estas penas ilícitas son calificadas como penas crueles, inhumanas y degradantes, prohibidas por el art. 2,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

No se trata de las habituales carencias conocidas de las prisiones, ni tampoco de una sobrepoblación dentro de límites ‘tolerables’, ni de los defectos por todos conocidos, sino de una deformación absoluta de esta pena, que deja de ser una mera privación de libertad para pasar a ser una pena corporal con consecuencias que no serán nunca reversibles.

Así las cosas, es hora de reconocer que a las personas detenidas les están imponiendo penas ilícitas. No es posible seguir guardando silencio frente a esta situación. Los jueces y fiscales están permitiendo que, frente a la realidad del ejercicio del poder punitivo, se concede razón a la afirmación de que el derecho es un mero instrumento de las clases dominantes.

No es posible sostener que fiscales y jueces no son responsables de esta situación debido a su formación positivista jurídica, lo que les obliga a obedecer la ley. Basta recordar la existencia de normas internacionales válidas, de máxima jerarquía, que prohíben esa clase de penas.

La Constitución y el Derecho Internacional son las normas fundamentales que se deben tomar en cuenta para la construcción de una solución jurídica. El juez de garantía y los jueces de conocimiento (ver pág. 17), solo deben habilitar las medidas de aseguramiento y las penas lícitas, teniendo en cuenta las circunstancias concretas.

Como enseña la Cidh: “Cuando las condiciones del establecimiento se deterioran hasta dar lugar a una pena degradante como consecuencia de la sobrepoblación y de sus efectos antes señalados, el contenido aflictivo de la pena o de la privación de libertad preventiva se incrementa en una medida que deviene ilícita o antijurídica”. (Considerando 92, resolución de la CIDH de 22 de noviembre de 2018, medidas provisionales. Asunto del Instituto penal Plácido de Sá Carvalho)”.

Estamos ante un estado de cosas que no es imaginado sino verídico, padecido por miles de personas, que debe ser resuelto de manera cierta. Existen soluciones jurídicas para el caso en que el agravamiento de las condiciones de privación de libertad sea tan extremo que resulte violatorio del artículo 5.2 de la Convención Americana o de sus equivalentes constitucionales nacionales, en razón de que esa pena impone un dolor o aflicción que excede en mucho el que es inherente a toda pena o privación de libertad:

i. La directa liberación de los presos, considerando que es intolerable que un Estado de derecho ejecute penas que son, por lo menos, degradantes. (En este sentido, Supremo Tribunal Federal. Interpretación Vinculante –Súmula Vinculante– nº 56, de 8 de agosto de 2016: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”. RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8- 2016, Tema 423).
ii. La otra alternativa consiste en que de algún modo se provoque una disminución de la población penal, por lo general mediante un cálculo de tiempo de pena o de privación de libertad que abrevie el tiempo real, atendiendo al mayor contenido aflictivo, producto de la sobrepoblación penal.

En este sentido, el precedente citado y resaltado por la Cidh, enseña que “En principio, y dado que es innegable que las personas privadas de libertad en el IPPSC pueden estar sufriendo una pena que les impone un sufrimiento antijurídico mucho mayor que el inherente a la mera privación de libertad, por un lado, resulta equitativo reducir su tiempo de encierro, para lo cual debe atenerse a un cálculo razonable, y por otro, esa reducción implica compensar de algún modo la pena hasta ahora sufrida en la parte antijurídica de su ejecución. Las penas ilícitas, no por su antijuridicidad dejan de ser penas y, lo cierto es que se están ejecutando y sufriendo, circunstancia que no puede obviarse para llegar a una solución lo más racional posible dentro del marco jurídico internacional. Lo anterior es concordante con el mandamus del Supremo Tribunal Federal establecido en la Súmula Vinculante No. 56”. (Considerando 120).

“Dado que está fuera de toda duda que la degradación en curso obedece a la superpoblación del IPPSC, cuya densidad es del 200%, o sea, que duplica su capacidad, de ello se deduciría que duplica también la inflicción antijurídica sobrante de dolor de la pena que se está ejecutando, lo que impondría que el tiempo de pena o de medida preventiva ilícita realmente sufrida se les computase a razón de dos días de pena lícita por cada día de efectiva privación de libertad en condiciones degradantes”. (Considerando 121).

Ahora, es claro el efecto reproductor de violencia que se padece en las cárceles y centros de detención transitoria, una realidad que lejos de servir para cualquier objetivo que en algún momento permita al preso su reintegro a la vida libre en condiciones por lo menos no más negativas que las que determinaron su ingreso.

Estamos ante una realidad de espanto, horror, y sometimiento a la total indignidad de los encarcelados por infringir una u otra norma que afecta la convivencia pacífica de la comunidad, que evidencia que la pena de prisión fracasó y como sociedad no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. .

 

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Publicado enEdición Nº290
Putin y el crimen de agresión. Entrevista con Philippe Sands

“La verdad, me gustaría estar en Leópolis”, afirma Philippe Sands desde su oficina de Londres. "Es por mi relación con la gente que conozco y que hoy vive allí. Pero es que también es el lugar en el que nació mi abuelo. Se escapó cuando tenía diez años. La estación de tren de Leópolis es la misma desde la que mi abuelo huyó de los rusos. La historia da muchas vueltas".

Destacado abogado internacional, que ha actuado como asesor de las Islas Salomón, Georgia y Gambia en el Tribunal Internacional de Justicia, Sands es también un autor célebre. En Calle Este-Oeste relata la invención de dos conceptos jurídicos – el de "crímenes contra la humanidad" y el de "genocidio"- y su intersección con la vida de su abuelo. Sands desveló de qué modo dos hombres, Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin, estuvieron en el orígen de esos conceptos enfrentados mientras eran profesores de Derecho en la ciudad que fue primero Lemberg, luego Lwów y ahora es Lviv [Leópolis]. Se trata de una compleja disputa jurídica que cambió el curso de los juicios de Núremberg y el futuro del Derecho internacional.

Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, Sands sostuvo en el Financial Times que, si bien apoyaba las recién anunciadas investigaciones del Tribunal Penal Internacional sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, debería haber también una investigación inmediata por el crimen de agresión.

La propuesta de Sands no tardó en cobrar fuerza, y el ex primer ministro británico Gordon Brown se sumó a Sands para proponer la creación de un tribunal especial que pudiera investigar el crimen de agresión. Entre los firmantes del plan se encuentran decenas de personalidades de la política y el Derecho internacionales, así como escritores e intelectuales públicos.

Sam Wolfson, del diario The Guardian, conversó con Sands para entender los orígenes del crimen de agresión y su importancia en la guerra de Ucrania.

¿Podría explicarnos por qué es importante comenzar ahora las investigaciones y hasta iniciar procesos judiciales, mientras las bombas siguen cayendo, la gente sigue muriendo y la guerra no tiene un final evidente a la vista? ¿Cuál es la urgencia de una respuesta legal? Núremberg tuvo lugar después de que terminara la Segunda Guerra Mundial.

Las distintas comunidades hacen lo que pueden. En esos momentos, la comunidad médica proporciona asistencia médica, la comunidad artística proporciona apoyo moral, los escritores redactan peticiones. ¿Y qué pueden hacer los abogados? Somos bastante inútiles, pero tenemos el Derecho.  Eso es lo que conocemos.

Lo que es diferente, por ejemplo, de 1939, es que hay un conjunto de normas, hay tribunales: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. Así que el litigio de los conflictos es algo que ha ido subiendo en la agenda. Pero la cuestión más importante es qué se consigue con ello.

En primer lugar, creo que proporciona esperanzas a las personas que están sufriendo el horror. Sé por los mensajes que estoy recibiendo, desde Kiev, desde Leópolis, que les da esperanzas, porque la gente siente que no está sola.

En segundo lugar, nos ofrece un medio de deslegitimar ciertos comportamientos.

En tercer lugar, en términos muy prácticos, políticos: si toda Ucrania cae, hay procedimientos en marcha, que el gobierno actual, existente y legal de Ucrania podrá llevar adelante.

En cuarto lugar, en algún momento habrá que llegar a un acuerdo, y eso le da a Ucrania mucha más influencia. No puede hacer que el fiscal del TPI deje de investigar o procesar. No puedes decirle al TIJ que deje sus instrumentos a un lado y pare el caso su caso. Así que se convierte en otro factor en el proceso, y eso deslegitima a Putin.

El TPI está investigando crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra, pero ha argumentado usted que es necesario crear un tribunal especial para investigar un tercer crimen, el de agresión. ¿Por qué es tan importante y hay tanta diferencia entre los tres crímenes?

A partir de 1939, hubo básicamente un solo crimen internacional relevante, que eran los crímenes de guerra.

Luego, en 1945, en Londres, los redactores de lo que se convirtió en el estatuto de Núremberg, se sentaron y analizaron por qué iban a procesar y acusar a los nazis. No había delitos, así que básicamente tuvieron que idearlos. Los llamaron crímenes contra la humanidad, genocidio y lo que entonces llamaron crímenes contra la paz, que es hoy el crimen de agresión: librar una guerra manifiestamente ilegal.

Desde 1945, esos han sido los cuatro crímenes que hemos tenido (he pasado gran parte del último año trabajando en un quinto crimen, que es el ecocidio, pero podemos dejarlo de lado por el momento).

En teoría, el TPI tiene jurisdicción sobre los cuatro. Sin embargo, cuando se adoptó la normativa del TPI en 1998 se tomó la decisión de no otorgarle jurisdicción sobre el crimen de agresión, porque algunas grandes potencias se mostraban preocupadas: ¿va a volverse en nuestra contra?

Cinco años después, tuvimos la guerra de Irak. Así que decidieron no otorgar al TPI la competencia sobre el crimen de agresión hasta que definieran el crimen de agresión, y eso llevó casi 20 años. Finalmente, acordaron una definición en 2017 en Kampala y 43 países la han ratificado. Pero la definición reza: no se puede ejercer la jurisdicción del TPI en relación con el crimen de agresión contra una persona que sea nacional de un país que no sea parte de la norma del TPI.

.Así que, para que lo entiendan los legos: Karim Khan, fiscal del TPI, puede investigar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en el territorio de Ucrania. Pero no puede investigar el crimen de agresión porque Rusia no ratificó el estatuto [de Roma].

La dificultad de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra es que hay que demostrar una conexión directa entre el acto que constituye el crimen y el perpetrador del mismo. Así, por ejemplo, hemos visto algunos vídeos horribles en los que aparentemente se dispara contra unas personas. Como el soldado ruso que le disparó a un hombre que salía de su coche con las manos en alto. Eso parecería un crimen de guerra a primera vista. Entonces, ¿quién entra en ese marco? El soldado ruso, sí. Su oficial al mando probablemente, por autorizar las normas para entablar combate, que permitieron que eso sucediera.

¿Pero llega esto hasta los generales? ¿Alcanza al mando civil? ¿Llega hasta Putin? Son preguntas realmente complejas.

Si nos centramos en los crímenes contra la humanidad y en los crímenes de guerra, acabaremos dentro de siete años con juicios a gente de un nivel medio. Y el gran tema, librar una guerra ilegal, nunca va a llegar a la justicia. Por eso es por lo que he escrito que las investigaciones de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad por sí solas podrían dejar libre de culpa al principal responsible.

¿Esperaba que el artículo condujera a algo más concreto?

No esperaba las consecuencias que se derivaron del artículo. Pero me alegro de que haya habido consecuencias, porque, francamente, el delito de agresión es cosa hecha. Hemos hecho grandes progresos. Estamos hablando informalmente con un pequeño grupo de países sobre la posibilidad de establecer una oficina provisional para investigar. Estamos hablando con posibles fiscales de amplia experiencia.

La acusación se escribe sola. No hay dificultades con las pruebas. No hay gran dificultad con las evidencias. No se trata sólo de la decisión de librar la guerra, se trata de la decisión de seguir haciéndola incluso ahora, después de que el Tribunal Internacional de Justicia haya declarado en una decisión legal vinculante: detente, retira las tropas. Todo acto, todo ataque, toda bomba en un teatro con mil personas dentro constituye un crimen de agresión. No quiero dejar que esta gente quede libre de culpa.

¿Hay algún obstáculo para la creación de un tribunal de este tipo?

Los dos gobiernos que creo que causarán más problemas al respecto serán el británico y el francés. No tiene nada que ver con los principios. Tiene todo que ver con el miedo a crear un precedente y a lo que pueda ocurrirles. Tenemos que dedicar bastante tiempo a animar a los gobiernos británico y francés a reflexionar sobre si quieren ser los que efectivamente dejen libre de culpa a Putin por su propio miedo a verse ante algún tribunal en el futuro.

El presidente Biden ha llamado a Putin criminal de guerra y Zelenskiy ha invocado la palabra genocidio para describir lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Por qué se siente incómodo con su lenguaje?

Me pregunto hasta qué punto es prudente que los políticos de alto nivel tachen a determinados individuos de criminales de guerra. Creo que se puede decir que el señor Putin ha librado una guerra que es manifiestamente ilegal. No hay ninguna defensa o justificación concebible para ello en la ley. Pero ¿diría yo que el señor Putin es un criminal de guerra? No. No estoy seguro de que el presidente Biden haya elegido sus palabras con especial cuidado. ¿Estaba diciendo que había violado las convenciones de Ginebra? No me siento del todo cómodo con ese tipo de etiquetas adheridas a individuos concretos.

¿Y qué hay de Zelenskiy, que dijo que "se está cometiendo un genocidio con los ucranianos"?

Creo que lo ha utilizado en sentido político. Por lo que he visto, no se está produciendo un genocidio de la población ucraniana en términos de lenguaje jurídico. No veo intención de destruir un grupo en su totalidad o en parte, en el sentido de la convención de 1948.

¿Son los ucranianos conscientes de que estos conceptos tuvieron su origen en su país?

Cuando llegué por vez primera a Lviv en octubre de 2010, la gente de la Facultad de Derecho, con una sola excepción, un profesor muy mayor, no sabía que los creadores de los conceptos de crímenes contra la humanidad y genocidio habían estudiado en su Facultad de Derecho, y que se podían rastrear los orígenes de esos dos delitos hasta llegar a esa ciudad, hasta esa Facultad de Derecho, hasta una sola sala. Cuando volví, un año después, había fotos de Lauterpacht y Lemkin, y hoy hay placas conmemorativas en [los que fueron] sus domicilios, hay bustos de ellos en sus aldeas y en la facultad de Derecho.

Y eso debe haber sido una satisfacción

Ha sido una satisfacción. Lo interesante de esto es que es muy complejo, porque [Lauterpacht y Lemkin] eran judíos polacos, y lo cierto es que en el periodo entre 1941 y 1944, algunos ucranianos se mostraron muy activos apoyando a los alemanes. De esa compleja historia he hablado a menudo estando en Ucrania, y ellos quieren comprometerse con ello. Me preocupa mucho que Putin aproveche eso para afirmar que Ucrania es un país nazi. No lo es.

Pero poco a poco, con el paso de los años, han llegado a asumirse esos datos de Lauterpacht y Lemkin.

¿Hay razones para ser optimistas?

Es una llamada de atención. Creo que nos hemos vuelto increíblemente complacientes en Occidente, imaginándonos que la guerra en Europa había terminado para siempre.

El mundo cambió en 1945. Fue un momento revolucionario. Por primera vez, los estados aceptaron que no eran absolutamente soberanos, que no podían liquidar individuos ni aniquilar grupos.

Quienes verdaderamente atacaron el legado de 1945 fueron Gran Bretaña y los Estados Unidos. Hoy en día, el "Make America Great Again" y el Brexit nos han recordado la singular importancia de ese momento de 1945.

¿Quién podía imaginarse hace un mes que el Senado de los Estados Unidos admitiría una resolución del senador Lindsey Graham en la que se pedía el apoyo total a la investigación del Tribunal Penal Internacional? Y que se aprobaría por unanimidad. Eso supone un cambio radical, y es un cambio radical realmente significativo.

No se puede aprobar una resolución diciendo que el TPI tiene jurisdicción sobre los ciudadanos rusos, mientras se afirma que no tiene jurisdicción sobre los norteamericanos. Así que, no es que sea otro momento como 1945, pero con un poco de suerte, reforzará lo que se enmendó en 1945 y le dará una vida renovada. Y eso es una buena cosa.

 

Philippe Sands, abogado y profesor de Derecho en el University College de Londres, ha intervenido en destacados jui­cios internacionales celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Penal Internacional de La Haya, en casos como el de Pi­nochet, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak o Guantánamo. Algunos de sus libros más conocidos se han publicado en castellano, como “Calle Este-Oeste” (Anagrama, Barcelona, 2017) o “Ruta de escape” (Anagrama, Barcelona, 2021).

Fuente: The Guardian, 30 de marzo de 2022

Traducción: Lucas Antón

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